La jurisdicción contenciosa administrativa de primera instancia

 
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"La jurisdicción contenciosa administrativa de primera instancia"

Argenis García del Rosario

Juez del Tribunal Superior de Tierras, Dpto. Este; docente de Derecho Público en UCE, UASD y CAPGEFI, magíster en Derecho de la Administración del Estado y en Derecho Tributario y Procesal Tributario.

derechouce@gmail.com

RESUMEN: Luego de la reforma constitucional de 2010, las esperanzas de ver materializado el anhelo del legislador del 1947 en torno a los tribunales administrativos de primera instancia cobró un nuevo aliento. En efecto, el indicado texto del constituyente, de forma expresa y clara, creó estos tribunales de primera instancia aunque relegó su integración, ubicación y competencia a la ley que, dicho sea de paso, aún no ha sido aprobada ni promulgada. Sin embargo, recientemente un precedente constitucional ha removido los cimientos de este importante tema para la vida nacional e institucional en el orden administrativo. En esta entrega se analiza la repercusión jurídica procesal que podría tener la indicada decisión.

PALABRAS CLAVES: Jurisdicción, doble grado de jurisdicción, contencioso-administrativo, tributario, instancia, Constitución, competencia, derecho administrativo, República Dominicana.

INTRODUCCIÓN

Se ha definido la jurisdicción como la función estatal mediante la cual el poder público satisface pretensiones . La jurisdicción tiene rango constitucional —dado que posee origen constitucional— y, por lo general, si entramos en divisiones o clasificaciones de la jurisdicción, fácilmente se cae en el concepto de la competencia, concepto este, que usualmente es confundido con el de jurisdicción, pero que es importante separar, en especial para los intereses explicativos de este artículo. Con la competencia se designa la aptitud que posee un juez o tribunal para atender un caso con exclusión de cualquier otra jurisdicción. En ese orden de ideas, todos los jueces tienen jurisdicción (de lo contrario dejarían de serlo), pero no todos son competentes para conocer de todos los asuntos. Si la jurisdicción es la facultad de juzgar, la competencia son los límites dentro de los cuales el juez ejerce su jurisdicción, de tal forma que cada juez ejerce su jurisdicción en la medida de su competencia .

El doble grado de jurisdicción obedece a un tema de mera organización judicial. Existe, en nuestro caso, la Ley número 821 de 1927, sobre Organización Judicial, que establece parámetros generales de ubicación territorial y división de las diferentes jurisdicciones. Empero, vale aclarar que ese marco general ha recibido múltiples modificaciones producto de leyes especiales o generales posteriores, y, en algunos casos, por efecto de la propia Constitución de la República, como ha ocurrido en el caso de la jurisdicción contenciosa administrativa. El doble grado de jurisdicción aduce a la idea de que un asunto sometido a los tribunales de justicia pueda recorrer dos niveles de examen, es decir, ante un primer juez en grado inicial y luego ante un segundo, a título de alzada. El principio de doble grado de jurisdicción es de orden público, pero no es de orden constitucional, por lo que el legislador puede suprimirlo, como en efecto lo ha hecho en algunos casos para que se conozcan en instancia única . Esto último es lo que ocurre, por ejemplo, en los casos contenciosos administrativos municipales llevados por ante el juez de primera instancia de la cámara civil y comercial correspondiente.

Ahora bien, ¿quién determina lo que puede conocer o no una jurisdicción?, y, además, ¿quién determina si el asunto que se conoce puede cursar dos grados de jurisdicción? La respuesta a ambas preguntas es la misma: la ley. Solo la ley puede crear, ampliar o suprimir jurisdicciones, pero también solo la voluntad del legislador puede decidir qué materias específicas conocerá. Se debe acotar que al usar el término ley acá es aceptable también extenderlo a la ley de leyes, pues la Constitución de la República también —por decisión del constituyente— es atributiva de competencia a la jurisdicción, y no en pocos casos crea a la propia jurisdicción. En las líneas que siguen nos enfocamos en este aspecto, a propósito de la sentencia núm. 598/18 del 10 de diciembre de 2018 dictada por el Tribunal Constitucional dominicano y la aparente "atribución" de competencia a las jurisdicciones civiles para conocer los conflictos contenciosos administrativos.

LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE...

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