Y la justicia civil

 
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Y la justicia civil

José Luis Taveras.

Si algún mérito se le reconoce a la reforma procesal penal es haber descendido a la base social, imponiendo una cultura popular más asentada. Hoy cualquier ciudadano llano tiene una valoración personal de los cambios operados en el entorno de la justicia penal.

La cuota mediática en esa popularización es determinante: la prensa escrita y audiovisual ha traducido muchos principios y técnicas del nuevo ordenamiento procesal en figuras coloquiales del dominio público. Este fenómeno expresa la sensibilización que tiene la sociedad por su segurida de integridad física, un tema que hace diez años no era atención de nadie. Hoy el control de la violencia y la criminalidad comparte interés con el costo de la vida. La concentración ciudadana por la prevención y sanción del crimen asume ribetes neuróticos haciendo de la administración de la justicia represiva un componente cotidiano del debate nacional.

Contrario al cuadro descrito, una dimensión marginada de la atención pública es la justicia privada, aquella que arbitra y tutela las relaciones familiares, patrimoniales y los intereses corporativos. ¿Qué está pasando en nuestros tribunales civiles y comerciales, en las jurisdicciones inmobiliarias o en las instancias administrativas que conocen contestaciones de sectores económicos regulados? Nunca se ha hablado de su desempeño, de sus debilidades institucionales ni de su reforma, fuera de los ámbitos estrictamente académicos o de los foros jurídicos.

Son innúmeros los ciudadanos, las empresas y los inversionistas extranjeros que han sufrido los efectos patrimoniales de un fallo judicial nefasto por un incompetente, tardío o irresponsable manejo jurisdiccional. La reforma procesal civil y comercial es un tema que no se toca desde el 1978...

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