Gilbert Armijo La justicia constitucional en Costa Rica, antes, despues de 1989

 
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Gilbert Armijo La justicia constitucional en Costa Rica: antes y después de 1989

Hermógenes Acosta de los Santos

Gilbert Armijo; MAGISTRADO DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE COSTAS RICA

Hermógenes Acosta:

  1. ¿El sistema constitucional costarricense tiene la posibilidad de dar respuesta a violaciones a derechos fundamentales ocurridos en día feriados y/o

    fuera del horario oficial que funcionan los tribunales?

    Gilbert Armijo:

  2. La Sala Constitucional funciona 24 horas al día y todos los días de la semana. Hay un horario diurno de 7:30 de la mañana a 4:30 p.m. de la tarde, en el cual el Tribunal actúa oficialmente, aunque los magistrados seguimos trabajando normalmente hasta las 6 y 7 de la noche de lunes a viernes, pero, a partir de las 4:30 p.m. siempre hay un Magistrado que está de turno, el cual debe agotar el horario comprendido entre las 4:30 p.m. y las 7:30 de la mañana del día siguiente y durante una semana, que inicia un viernes y termina el siguiente.

    Los magistrados nos rotamos durante dicho turno extraordinario, de forma tal que en algún momento a cada juez le toca agotar el mismo. La finalidad es muy evidente: atender cualquier caso de violación a derechos fundamentales que se le presente a un ciudadano cualquier día de la semana y a cualquier hora.

  3. Entre las competencias que tiene la Sala está la de revisar las reformas constitucionales, reforma que sólo puede versar sobre el procedimiento. En el ejercicio de dicha competencia la Sala dictó la polémica sentencia No. 2771 del año 2003, ¿cuál es la valoración que usted hace sobre la referida sentencia?

  4. Este es un tema que tiene muchos matices; es decir, hasta donde la Sala actúa como un contralor constitucional y político también. Esta sentencia, que simal no recuerdo es la No. 2771 del 2003 tiene que ver con la reelección presidencial, lo que se discutía era si es lícito para nuestro legislador modificar la Constitución siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 195 de la Constitución o si esa reforma tenía que llevarse a cabo siguiendo el procedimiento del artículo 196 de la Constitución, previsto para la reforma de las cuestiones esenciales de nuestro ordenamiento constitucional y que requiere, necesariamente, la convocatoria de una constituyente.

    Esta sentencia ha generado, desde el punto de vista constitucional, muchos debates en el ámbito académico y otros.

    Pero, me parece que lo relevante en este caso concreto es que la Sala retoma un punto que es esencial dentro de su línea de razonamiento y se refiere a si debe devolvérsele al pueblo la capacidadde opinar. Y es que si nuestros políticos deciden quitarnos derechos, que el constituyente originario nos dio, tiene que ir primero a una constituyente para que el pueblo opine, y luego si el pueblo está de acuerdo puede refrendarlo mediante el procedimiento contemplado en el artículo 196 de la Constitución.

    Lo que dice la Sala en esta sentencia es que siempre que requiera reformar la Constitución para otorgarle mayores derechos a los ciudadanos puede hacerse por la vía del 195, pero cuando se pretenda despojar al pueblo de esos derechos, éste debe ser consultado por la vía del artículo 196 constitucional y la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente.

    Desde este punto de vista la sentencia ha sido muy polémica, pues la gente la ha analizado sobre la posibilidad de un expresidente de volver a participar en elecciones.

    Nuestra norma original, el artículo 132 de la Constitución, lo que contemplaba era que una vez una persona fuera electo a la presidencia tenía que esperar ocho años antes de volver a aspirar. La reforma fue para eliminar del todo la posibilidad de que pudiera regresar, en tal sentido se produjo un cercenamiento tanto para el que se postulaba como para el elector, en lo concerniente al derecho a votar como a ser elegido.

    El enfoque de la Sala se hizo bajo la concepción de los derechos humanos, en relación al derecho a votar y a ser electo. Pero básicamente, para mi, lo esencial aquí es que la Sala retoma otra vez el tema y le indica, aún al legislador, usted puede modificar la Constitución, pero si le va a quitar derechos al ciudadano, pregúntele primero.

  5. ¿El recurso de amparo es muy formalista o, por el contrario, se trata de un recurso sencillo y accesible al ciudadano común?

  6. El recurso de amparo está pensado para que el ciudadano común tenga acceso a la justicia de una forma simple tal y como lo establece el Pacto de San José. De modo que es completamente informal, puede ser presentado por telegrama, personalmente, por manuscrito, está exonerado de impuestos, y no se requiere del ministerio de abogado. Lo único que el interesado tiene que decirle a la Sala es en qué considera que alguien que detenta poder le está afectando sus derechos como ciudadano, y lo demás lo hace la Sala.

  7. ¿La Sala Constitucional, previo a decidir los recursos de amparo, celebra audiencia o vistas?

  8. La Ley de la Jurisdicción Constitucional prevé la celebración de audiencia, pero no es obligatorio para la Sala, sino facultativo. En determinados recursos de amparo, por su complejidad, sí se celebran audiencia. Por ejemplo, el recurso presentado por un ciudadano contra una compañía multinacional que pretendía instalar una granja para cultivar atunes, bajo el fundamento de que dicha granja iba a producir una contaminación ambiental terrible para la zona.

    En tal caso, la celebración de audiencia se justificaba por tratarse de un asunto en que se manejaban muchos criterios técnicos, y la prudencia aconsejaba que se escuchara a las partes. Otro caso en que se entendió prudente la celebración de una vista, fue aquel en que un estudiante de Derecho de tercer año presentó un recurso contra el presidente de la República por haber éste apoyado la guerra de Iraq.

  9. El artículo 30 letra b) de la ley de la jurisdicción constitucional prohíbe el amparo contra decisiones judiciales, ¿usted considera positiva dicha prohibición?

  10. Como le decía, nuestro sistema es muy peculiar, es un híbrido de los dos modelos que se destacan en el mundo.

    En el derecho continental europeo es posible recurrir en amparo las sentencias de los jueces, pero tienen reglas, únicamente puede atacarse vía amparo la sentencia que haya agotado todas las instancias previstas en el ordenamiento jurídico y luego que haya ido a casación; en tal caso el Tribunal Constitucional Español puede revisar lo que se hizo con esa sentencia. Ello implica que en muchas ocasiones han transcurrido 5 ó 6 años antes que pueda ser conocido el asunto por el tribunal.

    En nuestro sistema permitimos, por ejemplo, que se revisen inmediatamente ciertas cosas, a través del hábeas corpus, como son las que tienen que ver con la libertad. Igualmente permitimos que se revise inmediatamente lo que ha hecho un juez incorrectamente, como el atraso indebido de la causa.

    Pero, lo que no permite el sistema es que la Sala se convierta en una tercera instancia de todos los procesos. En definitiva, de lo que se trata es de una decisión de política constitucional, no sé si es mejor o si es peor, pero si sé que es un sistema, una respuesta diferente a un problema.

    También es pertinente recordar que la Sala Constitucional resolvió 18 mil asuntos el año anterior. Pero como le decía, de lo que se trata es de una alternativa de política constitucional, que enun futuro pudiera ser diferente, pero habría que pensar en el mecanismo previsto en el sistema español, en que el amparo sólo es admisible contra sentencias cuando se han agotado los procesos ordinarios.

  11. ¿Puede la Sala Constitucional establecer, en ocasión del conocimiento de un recurso de amparo, sanciones pecuniarias?

  12. Normalmente la Sala lo que hace es establecer a cargo de las autoridades públicas involucradas órdenes muy concretas; es decir, obligaciones de hacer muy concretas. Pero puede, en algunos casos, prohibir a la Contraloría que autorice determinados presupuestos para determinada municipalidad, hasta que se cumpla una orden de la Sala.

    Tampoco se debe olvidar la condenatoria automática en daños y perjuicios que prevén los artículos 51 y 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, ante la estimatoria de un recurso de amparo o de hábeas corpus.

    En definitiva, el establecimiento de sanciones económicas no es una política común de la Sala

  13. ¿Usted considera que la acción en inconstitucionalidad de la ley prevista en el ordenamiento costarricense es restringida o abierta?

  14. Nuestro sistema tiene un recurso de amparo completamente abierto a cualquier ciudadano, es un recurso completamente popular, pero la acción en inconstitucionalidad se reserva a determinadas personas, por ejemplo, al Contralor General de la República o al Defensor de los Habitantes.

    Sin embargo, cualquier ciudadano que sea parte en un proceso que se desarrolla ante un tribunal ordinario puede interponer una acción de inconstitucionalidad, en la hipótesis en que surja alguna duda de inconstitucionalidad en relación a una norma pertinente para el caso concreto. Pero, no está legitimado para interponer una inconstitucionalidad en abstracto, porque en nuestro sistema no existe la denominada acción popular.

    No obstante lo anterior, existen casos en que cualquier ciudadano está legitimado para interponer la...

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