Justicia, desarrollo sostenible y presupuesto

 
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Justicia, desarrollo sostenible y presupuesto

Rosalía Sosa Pérez

Mirar a la justicia con otros ojos es reflexionar sobre su impacto en el desarrollo económico de nuestro país. Hablamos mucho de la modernización deI Estado y del proceso de reforma de la justicia dominicana, pero acaso nos hemos preguntado lo siguiente: ¿Qué significa la seguridad jurídica desde el punto de vista de las inversiones? ¿Cuál es el papel de la justicia para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas? ¿Cuál es el rol de la justicia para la estabilidad política y social? ¿En qué medida influye nuestro sistema de justicia en la estabilidad y crecimiento de nuestra economía? ¿Cómo influye la justicia en el desarrollo sostenible y la gobernabilidad? ¿Qué importancia tiene el rol del poder judicial en el desarrollo de nuestro país?

Si bien es cierto que la justicia dominicana fue hasta hace poco la cenicienta de los tres poderes del Estado, no deja de ser cierto que en estos momentos no hay una idea clara sobre su impacto en el proceso de reforma y modernización del Estado. El tema del presupuesto es un reflejo de que al sistema de justicia no se le mira como un elemento clave que influye básicamente en las inversiones, en el desarrollo sostenible y la gobernabilidad.

La justicia y la seguridad jurídica son responsabilidades básicas del Estado, y cuando me refiero al Estado, entiéndase no sólo Poder Judicial, sino además, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. La estructura tradicional de la sociedad depende en gran medida del sistema legal y en consecuencia del rol que juega el Poder Judicial como protector de la eficacia y el respeto de este sistema legal. No podemos pretender alcanzar una economía de mercado competitiva y sustentable, si no contamos con un Estado eficiente y un Poder Judicial de calidad.

Cuando los inversionistas ponen sus ojos en esta tierra, lo primero que preguntan es cómo marcha la seguridad jurídica y el marco legal de la República Dominicana. Es natural que los inversionistas exijan no sólo estabilidad política, sino también condiciones de confianza legal y de seguridad que presuponen un marco legal adecuado para el desarrollo, la protección de los derechos fundamentales, particularmente los de propiedad, libertad contractual y un sistema de justicia independiente que inspire confianza, que sea suficientemente moderno, que asegure un ambiente propicio no sólo para el sistema democrático sino para el desarrollo económico...

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