JUSTICIA DOMINICANA SIN TOGA NI BIRRETE

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JUSTICIA DOMINICANA SIN TOGA NI BIRRETE

Ruth Ruiz

El Poder Judicial (PJ) dominicano comienza a mostrar las consecuencias de la escasez de medios y recursos en que la mantiene la reducida asignación que le otorga el Poder Ejecutivo dentro del presupuesto general de la nación.

Tribunales que operan en edificaciones en mal estado y con evidentes señales de deterioro, personal insuficiente, cúmulo de casos y retrasos en su resolución, ausencia de comodidades mínimas como sanitarios limpios y aire acondicionado, entre otros, son solo algunos de los inconvenientes que viven día a día los usuarios de los servicios judiciales en las diferentes jurisdicciones del país.

PRINCIPIO DE ILEGALIDAD:

El mal de fondo detrás de la deficiente asignación presupuestaria para el PJ radica en una flagrante violación a la ley sobre la materia por parte de los otros dos poderes del Estado.

La Ley núm. 46-97, del 18 de febrero de 1997, consagró la autonomía administrativa del PJ. También la Constitución dominicana promulgada en el 2010 garantiza su autonomía funcional, administrativa y presupuestaria, en el párrafo uno del artículo 149.

Pero antes, el 12 de agosto del 2004, se promulga la Ley núm. 194-04 que establece el nivel mínimo de participación en el presupuesto nacional para el Ministerio Público, la Cámara de Cuentas, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Esta ley asigna un 4.10 % de los recursos internos del país al Poder Judicial y la Procuraduría General de la República, a ser distribuido de la siguiente manera: el 65 % (2.66 %) al Poder Judicial y el 35 % (1.44 %) a la Procuraduría General de la República.

A pesar de todo ese entramado legal, el monto asignado a PJ nunca ha sido más del 2.4 %; más bien, el promedio de los últimos ocho años ronda apenas el 1.55 %.

En comparación con países de América Latina, la República Dominicana ocupa uno de los últimos lugares en cuanto al nivel de participación del PJ en el presupuesto nacional con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), por debajo de países como Panamá, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Venezuela, Chile, El Salvador y Costa Rica.

NADANDO CONTRA LA CORRIENTE:

Según reportes del área de Planificación y Proyectos del PJ, la asignación porcentual establecida por ley debería cubrir sus necesidades, planes y programas de desarrollo. Pero esta nunca ha sido otorgada en su totalidad, sino que se ha mantenido con escasa variación desde el año 2006 hasta el presente 2013.

Informes de gestión dan cuenta de que el PJ impulsa acciones para incrementar la eficiencia del sistema de administración de justicia mediante la creación de tribunales de diferentes jurisdicciones —entre ellos los tribunales especializados y juzgados de paz—; ha construido o rehabilitado tribunales, dotándolos de los equipos y mobiliarios indispensables, y se capacita a los jueces de todo el país a fin de incrementar la productividad en la gestión jurisdiccional y administrativa.

En el PJ se prevé que de mantenerse los niveles de asignación presupuestaria actuales sus actividades se verían afectadas sensiblemente, pues prácticamente se estancaría su funcionamiento y desarrollo, por las siguientes razones:

• Se paralizarían los planes de innovación;

• Mermaría el alcance de la capacitación de jueces y demás servidores judiciales;

• Los tribunales pendientes no podrían ser puestos en funcionamiento, y

• Habría deterioro y obsolescencia de equipos, entre otros efectos negativos.

EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA Y CRECIMIENTO OPERATIVO:

Desde el año 2006, el...