Ley Nº 18-24. De la cámara de cuentas de la república dominicana. deroga la ley núm. 10-04 del 20 de enero de 2004. crea en su artículo 6 el sistema nacional de control y fiscalización, y en el artículo 16 dispone que la cámara de cuentas está compuesta por 5 miembros elegidos por el senado de la república. dispone que la máxima autoridad de dicha cámara será el pleno y éste designará la secretaría general, y en el artículo 82 establece que dicha cámara dispondrá de una dirección de gestión de calidad.

• Fecha de disposición: 27 Junio 2024
• Fecha de publicación: 28 Junio 2024
• Número de Ley: 18-24
• Número de Gaceta: 11154

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Ley núm. 18-24 de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Deroga la Ley núm.

10-04 del 20 de enero de 2004. Crea en su artículo 6 el Sistema Nacional de Control y

Fiscalización, y en el artículo 16 dispone que la Cámara de Cuentas está compuesta por 5

miembros elegidos por el Senado de la República. Dispone que la máxima autoridad de dicha

cámara será el Pleno y éste designará la secretaría general, y en el artículo 82 establece que

dicha cámara dispondrá de una Dirección de Gestión de Calidad. G. O. No. 11154 del 28 de

junio de 2024.

EL CONGRESO NACIONAL

En Nombre de la República

Ley núm. 18-24

Considerando primero: Que la Constitución de la República ha configurado la existencia de un

sistema único, uniforme, integrado y armonizado de contabilidad para ejercer el control de los

fondos públicos;

Considerando segundo: Que el sistema de control de la República Dominicana está conformado

por dos componentes esenciales: control interno y control externo;

Considerando tercero:Que la Constitución dominicana establece que: “La Cámara de Cuentas es

el órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos

y del patrimonio del Estado”;

Considerando cuarto: Que la Constitución dominicana establece que: “Son atribuciones de la

Cámara de Cuentas, además de las que le confiere la ley: 1) Examinar las cuentas generales y

particulares de la República; 2) Presentar al Congreso Nacional los informes sobre la fiscalización

del patrimonio del Estado; 3) Auditar y analizar la ejecución del Presupuesto General del Estado

que cada año apruebe el Congreso Nacional, tomando como base el estado de recaudación e

inversión de las rentas presentado por el Poder Ejecutivo, de conformidad con la Constitución y las

leyes, y someter el informe correspondiente a éste a más tardar el 30 de abril del año siguiente, para

su conocimiento y decisión; 4) Emitir normas con carácter obligatorio para la coordinación

interinstitucional de los órganos y organismos responsables del control y auditoría de los recursos

públicos; 5) Realizar investigaciones especiales a requerimiento de una o ambas cámaras

legislativas”;

Considerando quinto: Que, para desempeñar una efectiva labor de las actividades de control y

fiscalización del patrimonio del Estado, es menester que el Congreso Nacional dicte un instrumento

legal que establezca las herramientas mediante las cuales la Cámara de Cuentas ejerza sus

atribuciones constitucionales e incentive una cultura de transparencia en el uso de los recursos

públicos, un examen objetivo de las cuentas del Estado y una rendición de cuentas de conformidad

con los procedimientos técnicos correspondientes;

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Considerando sexto:Que la integración y armonización de las acciones de fiscalización conferidas

por la Constitución a la Cámara de Cuentas y al Congreso Nacional, contribuye a fomentar el uso

transparente de los fondos públicos;

Considerando séptimo: Que la Cámara de Cuentas requiere mecanismos que le permitan ejercer

de forma contundente su función fiscalizadora y sancionadora en aras de prevenir y combatir los

actos de corrupción pública;

Considerando octavo: Que en el proceso de reforma integral en que se encuentra inmerso el

sistema de control y fiscalización del Estado dominicano, impera la necesidad de que la Cámara de

Cuentas sea actualizada conforme a las disposiciones de la Constitución y a la exigencia de los

nuevos tiempos, en procura de garantizar una gestión pública apegada a la ética, eficiencia, eficacia,

celeridad y transparencia;

Considerando noveno: Que, de conformidad con los términos de la Constitución de la República,

la finalidad principal del Estado consiste en la protección efectiva de los derechos de la persona

humana y el mantenimiento de los medios que le permitan perfeccionarse progresivamente dentro

de un orden de libertad individual y justicia social, compatible con el orden público, el bienestar

general y los derechos de todos.

Vista: La Constitución de la República Dominicana.

Vista: La Sentencia del Tribunal Constitucional núm.TC/0001/15, del 28 de enero de 2015.

Visto: El Decreto núm.2213, del 17 de abril de 1884, del C.N. sancionando el Código Civil de la

República.

Visto: El Decreto núm.2214, del 17 de abril de 1884, del C.N. sancionando el Código de

Procedimiento Civil de la República.

Visto: El Decreto núm.2274, del 20 de agosto de 1884, sancionando el Código Penal de la

República.

Vista: La Ley núm.633, del 16 de junio de 1944, sobre Contadores Públicos Autorizados y sobre

la Escuela de Peritos Contadores.

Vista: La Ley núm.126-01, del 27 de julio de 2001, que crea la Dirección General de Contabilidad

Gubernamental, que funcionará bajo la dependencia de la Secretaría de Estado de Finanzas.

Vista: La Ley núm.76-02, del 19 de julio de 2002, que establece el Código Procesal Penal de la

República Dominicana.

Vista: La Ley núm.126-02, del 4 de septiembre de 2002, sobre el Comercio Electrónico,

Documentos y Firmas Digitales.

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Vista: La Ley núm.183-02, del 21 de noviembre de 2002, que aprueba la Ley Monetaria y

Financiera.

Vista: La Ley núm.10-04, del 20 de enero de 2004, de la Cámara de Cuentas de la República

Dominicana.

Vista: La Ley núm.200-04, del 28 de julio de 2004, Ley General de Libre Acceso a la Información

Pública.

Vista: La Ley núm.567-05, del 30 de diciembre de 2005, Ley de Tesorería Nacional.

Vista: La Ley núm.6-06, del 20 de enero de 2006, de Crédito Público.

Vista: Ley núm.340-06, del 18 de agosto de 2006, sobre Compras y Contrataciones de Bienes,

Servicios, Obras y Concesiones.

Vista: La Ley núm.423-06, del 17 de noviembre de 2006, Ley Orgánica de Presupuesto para el

Sector Público.

Vista: La Ley núm.10-07, del 8 de enero de 2007, que instituye el Sistema Nacional de Control

Interno y de la Contraloría General de la República.

Vista: La Ley núm.13-07, del 5 de febrero de 2007, que crea el Tribunal Contencioso Tributario y

Administrativo.

Vista: La Ley núm.176-07, del 17 de julio de 2007, del Distrito Nacional y los Municipios.

Vista: La Ley núm.41-08, del 16 de enero de 2008, de Función Pública y crea la Secretaría de

Estado de Administración Pública.

Vista: La Ley núm.28-11, del 20 de enero de 2011, Ley Orgánica del Poder Judicial.

Vista: La Ley núm.133-11, del 7 de junio de 2011, Ley Orgánica del Ministerio Público.

Vista: La Ley núm.1-12, del 25 de enero de 2012, que Establece la Estrategia Nacional de

Desarrollo 2030.

Vista: La Ley núm.247-12, del 9 de agosto de 2012, Ley Orgánica de la Administración Pública.

Vista: La Ley núm.107-13, del 6 de agosto de 2013, sobre los Derechos de las Personas en sus

Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo.

Vista: Ley núm.105-13, del 6 de agosto de 2013, sobre Regulación Salarial del Estado dominicano.