Ley Nº 80-25. (esta ley contiene una fe de errata publicada en la gaceta oficial 11226) orgánica del ministerio de justicia. deroga los artículos 7, 8, 9 y 10 de la ley núm. 113-21 que regula el sistema penitenciario y correccional y el numeral 7 del artículo 13 de la citada ley núm. 113-21. deroga la ley núm. 224 del año 1984. deroga además los artículos 6, 8, 9, 10, 12, 16 y 19 de la ley núm.1486 del 1938, sobre representación del estado en los actos jurídicos. deroga los artículos 20, 26 y 27 del artículo 30 de la ley núm. 133-11, orgánica del ministerio público. deroga los numerales 2 y 3 del artículo 34 de la citada ley núm. 133-11. deja sin efecto el numeral 8 del artículo 2, de la ley núm. 37-12, que reorganiza el ministerio de industria y comercio.

• Fecha de disposición: 07 Agosto 2025
• Fecha de publicación: 15 Agosto 2025
• Número de Ley: 80-25
• Número de Gaceta: 11211

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Ley núm. 80-25 Orgánica del Ministerio de Justicia. Deroga los artículos 7, 8, 9 y 10 de

la Ley núm. 113-21 que regula el Sistema Penitenciario y Correccional y el numeral 7

del artículo 13 de la citada Ley núm. 113-21. Deroga la Ley núm. 224 del año 1984.

Deroga además los artículos 6, 8, 9, 10, 12, 16 y 19 de la Ley núm.1486 del 1938, sobre

Representación del Estado en los Actos Jurídicos. Deroga los artículos 20, 26 y 27 del

artículo 30 de la Ley núm. 133-11, Orgánica del Ministerio Público. Deroga los

numerales 2 y 3 del artículo 34 de la citada Ley núm. 133-11. Deja sin efecto el numeral

8 del artículo 2, de la Ley núm. 37-12, que reorganiza el Ministerio de Industria y

Comercio. G. O. No. 11211 del 15 de agosto de 2025.

EL CONGRESO NACIONAL

En Nombre de la República

Ley núm. 80-25

Considerando primero: Que la República Dominicana constituye un Estado Social y

Democrático de Derecho, lo cual, en materia de justicia, implica la concepción y ejecución

de normas y políticas públicas orientadas a fortalecer el acceso a la justicia y la protección

de los derechos de las personas en el marco del sistema de justicia;

Considerando segundo: Que la Constitución consagra desde su preámbulo la justicia como

valor supremo y principio fundamental, y en su articulado hace referencia al sistema de

justicia que debe operar para sus fines y propósitos, cuya concretización normativa delega al

legislador;

Considerando tercero: Que el Ministerio de Justicia formó parte de la estructura estatal

dominicana durante los primeros 120 años de la República, con breves períodos de

interrupción, desde la proclamación de la Constitución de San Cristóbal, el 6 de noviembre

de 1844, hasta la promulgación de la Ley núm.485, del 10 de noviembre de 1964, que suprime

la Secretaría de Estado de Justicia y pasa sus atribuciones a la Procuraduría General de la

República;

Considerando cuarto: Que la parte capital del artículo 169 de la Constitución de la

República establece: “El Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable

de formular e implementar la política de persecución penal contra la criminalidad, dirigir la

investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad”;

Considerando quinto: Que el artículo 169, párrafo II, de la Constitución de la República

establece: “La ley regulará el funcionamiento del sistema penitenciario bajo la dirección del

Ministerio Público u otro organismo que a tal efecto se constituya”;

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Considerando sexto: Que se hace necesario delimitar las atribuciones de persecución

criminal, naturales al Ministerio Público, de ciertos servicios meramente funcionales y

administrativos, tales como la gestión del sistema penitenciario, el registro y la certificación

de documentos oficiales y notariales, la prestación de ciertos servicios a la ciudadanía y

asociaciones sin fines de lucro, funciones todas que deberían concernir más bien a un órgano

creado para tales fines, dentro de la estructura de la Administración Pública Central;

Considerando séptimo: Que el artículo 166 de la Constitución de la República establece:

“El Abogado General de la Administración Pública es el representante permanente de la

Administración Pública ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La ley establecerá

los requisitos que debe cumplir y regulará la representación de los demás órganos y

organismos del Estado ante la misma jurisdicción”;

Considerando octavo: Que el artículo 167 de la Constitución de la República establece: “La

Oficina del Abogado General de la Administración Pública es una dependencia del Poder

Ejecutivo, organizada de conformidad con la ley”;

Considerando noveno: Que el artículo 4 de la Constitución consagra el principio de

separación de poderes y dispone: “El gobierno de la Nación es esencialmente civil,

republicano, democrático y representativo. Se divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo

y Poder Judicial. Estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas

funciones. Sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales

son únicamente las determinadas por esta Constitución y las leyes”, tal como ha sostenido el

Tribunal Constitucional en su sentencia TC/0032/13, del 15 de marzo de 2013;

Considerando décimo: Que los artículos 9, 10 y 11 de la Ley núm.247-12, Orgánica de la

Administración Pública, del 09 de agosto del año 2012, consagran otros pilares de la

Administración Pública, tales como la separación de las actividades de regulación y

operación, gestión pública de calidad y gobierno electrónico;

Considerando decimoprimero: Que los artículos 24, 25 y 26 de la Ley núm.247-12, del 9

de agosto de 2012, Ley Orgánica de la Administración Pública, disponen que los ministerios

son los órganos de planificación, dirección, coordinación y ejecución de la función

administrativa del Estado, bajo la autoridad superior del ministro o ministra, cuyas funciones

serán determinadas por ley;

Considerando decimosegundo: Que el artículo 27 de la Ley núm.247-12, del 9 de agosto

de 2012, Ley Orgánica de la Administración Pública, establece: “La organización interna de

los ministerios será establecida mediante reglamento de él o la presidente de la República, a

propuesta del Ministerio de Administración Pública de conformidad con los principios

rectores y reglas básicas de organización y funcionamiento de la Administración Pública”.

Vista: La Constitución de la República Dominicana;

Vista: La Ley núm.1486, del 20 de marzo de 1938, Representación del Estado en los actos

jurídicos;

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Vista: La Ley núm.19-01, del 1.o de febrero de 2001, que crea el Defensor del Pueblo;

Vista: La Ley núm.200-04, del 28 de julio de 2004, Ley General de Libre Acceso a la

Información Pública;

Vista: La Ley núm.277-04, del 12 de agosto de 2004, que crea el Servicio Nacional de

Defensa Pública;

Vista: La Ley núm.122-05, del 8 de abril de 2005, sobre regulación y fomento de las

asociaciones sin fines de lucro en la República Dominicana;

Vista: La Ley núm.423-06, del 17 de noviembre de 2006, Ley Orgánica de Presupuesto para

el Sector Público;

Vista: La Ley núm.13-07, del 5 de febrero de 2007, que crea el Tribunal Contencioso

Tributario y Administrativo;

Vista: La Ley núm.41-08, del 16 de enero de 2008, de Función Pública y crea la Secretaría

de Estado de Administración Pública;

Vista: La Ley núm.454-08, del 27 de octubre de 2008, que crea el Instituto Nacional de

Ciencias Forenses de la República Dominicana;

Vista: La Ley núm.489-08, del 19 de diciembre de 2008, Sobre Arbitraje Comercial;

Vista: La Ley núm.133-11, del 7 de junio de 2011, Ley Orgánica del Ministerio Público;

Vista: La Ley núm.247-12, del 9 de agosto de 2012, Ley Orgánica de la Administración

Pública;

Vista: La Ley núm.107-13, del 6 de agosto de 2013, sobre los derechos de las Personas en

sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo;

Vista: La Ley núm.172-13, del 13 de diciembre de 2013, que tiene por objeto la protección

integral de los datos personales asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos u

otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar informes, sean estos públicos

o privados;

Vista: La Ley núm.150-14, del 8 de abril de 2014, sobre el Catastro Nacional. Deroga la Ley

núm.317 del 14 de junio de 1968;

Vista: La Ley núm.140-15, del 7 de agosto de 2015, del Notariado e instituye el Colegio

Dominicano de Notarios. Deroga las leyes núms.301 y 89-05, de 1964 y 2005,

respectivamente, y modifica el Art.9, parte capital, de la Ley núm.716, del año 1944, sobre

funciones públicas de los cónsules dominicanos;