Ley Nº 85-25. Sobre alquileres de bienes inmuebles y desahucios. deroga las leyes 4314 del año 1955 y 17-88, que modifica la citada ley núm. 4314. deroga además el decreto núm. 4807 del año 1959, sobre control de alquileres de casas y desahucios.

• Fecha de disposición: 14 Agosto 2025
• Fecha de publicación: 15 Agosto 2025
• Número de Ley: 85-25
• Número de Gaceta: 11211

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Ley núm. 85-25 sobre Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios. Deroga las leyes

4314 del año 1955 y 17-88, que modifica la citada Ley núm. 4314. Deroga además el

Decreto núm. 4807 del año 1959, sobre Control de Alquileres de Casas y Desahucios. G.

O. No. 11211 del 15 de agosto de 2025.

EL CONGRESO NACIONAL

En Nombre de la República

Ley núm. 85-25

Considerando primero: Que la República Dominicana como Estado Social y Democrático

de Derecho, necesita una legislación sobre alquileres de inmuebles y desahucios que

garantice los derechos de las personas y que responda a la realidad social y económica que

vive la sociedad como consecuencia de los cambios que se han producido en la oferta y la

demanda de inmuebles en las últimas décadas;

Considerando segundo: Que es necesario estimular la incrementación efectiva de la

inversión inmobiliaria pública y privada, nacional y extranjera, con el propósito de contribuir

con la erradicación del déficit habitacional de la República Dominicana, mediante el

desarrollo de proyectos inmobiliarios sostenibles de construcción de inmuebles para

alquileres, para uso de viviendas, para el comercio o para actividades sin fines de lucro;

Considerando tercero: Que al Estado, en su rol de auspiciador de la promoción, fomento e

incentivo de la actividad empresarial y de la iniciativa económica popular, le corresponde

implementar políticas públicas, en función de los ejes de desarrollo de infraestructura que

faciliten la construcción, ofreciendo una señal clara de estímulo basada en la creación de un

marco normativo moderno que garantice la seguridad jurídica y propicie un mayor acceso de

la población a los inmuebles destinados al alquiler;

Considerando cuarto: Que la construcción de viviendas constituye un componente propio

del desarrollo humano que facilita la oferta y acceso a las unidades habitacionales y reproduce

estándares de inclusión social, dentro de un contexto socioeconómico global de políticas

públicas reales que permiten una cohesión social, desde una perspectiva institucional;

Considerando quinto: Que en el ordenamiento jurídico dominicano no existe hasta la fecha,

una norma con fuerza de ley que incluya específicamente los inmuebles destinados al

comercio ni al fondo generado por la actividad sostenida, por lo que también resulta justo y

razonable garantizar la estabilidad jurídica de inmuebles para fines comerciales o para

actividades sin fines de lucro, evitando desahucios arbitrarios y promoviendo así un clima

favorable para el emprendimiento, el comercio local, la promoción del bien social y la

inversión de espacios en alquiler;

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Considerando sexto: Que la legislación en materia de alquiler de bienes inmuebles se

encuentra dispersa, contiene aspectos obsoletos y no ofrece garantía en cuanto a la tutela real

y efectiva del Derecho, por lo que es necesaria la actualización y concentración de toda la

reglamentación sobre esta materia en un único texto;

Considerando séptimo: Que es impostergable que se establezca un marco normativo que

proteja los derechos de los inquilinos o arrendatarios y los propietarios o arrendadores de

inmuebles destinados al alquiler, en consonancia con el pleno respeto de los principios

rectores de la equidad y la libre expresión de la autonomía de la voluntad de las partes que

rijan la relación contractual, desde la perspectiva de una sociedad democrática que garantice

los derechos humanos de todos los agentes que intervienen en el alquiler tanto para vivienda,

como para el comercio o para actividad sin fines de lucro.

Vista: La Constitución de la República;

Visto: El Decreto-Ley núm.2213, del 17 de abril de 1884, del C. N. sancionando el Código

Civil de la República;

Visto: El Decreto-Ley núm.2214, del 17 de abril de 1884, del C. N. sancionando el Código

de Procedimiento Civil de la República;

Vista: La Ley núm.4314, del 22 de octubre de 1955, que regula la prestación, aplicación y

devaluación de los valores exigidos en los depósitos por los dueños de casas a sus inquilinos,

modificada por la Ley núm.17-88, del 5 de febrero de 1988;

Vista: La Ley núm.481, del 7 de marzo de 1973, de Incentivo a la Industria de la

Construcción;

Vista: La Ley núm.8-90, del 15 de enero de 1990, sobre el Fomento de Zonas Francas;

Vista: La Ley núm.489-08, del 19 de diciembre de 2008, sobre Arbitraje Comercial;

Vista: La Ley Orgánica del Ministerio Público núm.133-11, del 7 de junio de 2011,

modificada por la Ley Orgánica de la Policía Nacional, núm.590- 16, de fecha 15 de julio de

2016;

Vista: La Ley Orgánica de la Policía Nacional, núm.590-16, del 15 de julio de 2016;

Vista: La Ley núm.396-19, del 26 de septiembre de 2019, que regula el otorgamiento de la

fuerza pública para llevar a cabo las medidas conservatorias y ejecutorias;

Vista: La Leynúm.160-21, del 1.o agosto de 2021, que crea el Ministerio de la Vivienda,

Hábitat y Edificaciones (MIVHED);

Vista: La Ley núm.339-22, del 21 de julio de 2022, que habilita y regula el uso de medios

digitales para los procesos judiciales y procedimientos administrativos del Poder Judicial;