Ley Nº 99-25. De presupuesto general del estado dominicano para el ejercicio presupuestario del año 2026

• Fecha de disposición: 16 Diciembre 2025
• Fecha de publicación: 17 Diciembre 2025
• Número de Ley: 99-25
• Número de Gaceta: 11223

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Ley núm. 99-25 de Presupuesto General del Estado para el ejercicio presupuestario del

año 2026. G. O. núm. 11223 del 17 de diciembre de 2025.

EL CONGRESO NACIONAL

En Nombre de la República

Ley núm. 99-25

Considerando primero: Que corresponde al Poder Ejecutivo la elaboración del proyecto de

Ley de Presupuesto General del Estado, el cual contempla los ingresos probables, los gastos

propuestos y el financiamiento requerido, fundamentado en un marco de sostenibilidad fiscal,

asegurando que el endeudamiento público sea compatible con la capacidad de pago del

Estado;

Considerando segundo: Que, como jefe de Gobierno, le corresponde al presidente de la

República, por mandato constitucional, velar por la buena recaudación y fiel inversión de las

rentas nacionales;

Considerando tercero: Que, el proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 se

formula en un contexto internacional complejo, caracterizado por tensiones geopolíticas

persistentes, volatilidad en los precios de materias primas y un crecimiento global moderado,

no obstante, la economía nacional mantiene fundamentos sólidos, estabilidad

macroeconómica y capacidad de adaptación, lo que permite proyectar con confianza las

prioridades del próximo ejercicio fiscal;

Considerando cuarto: Que la Ley de Presupuesto General del Estado para el 2026, como

un instrumento de política fiscal activa, prioriza la asignación eficiente de recursos orientados

a la protección de los segmentos más vulnerables de la población, al tiempo que incorpora

medidas para fortalecer la capacidad de los sectores productivos con la finalidad de que estos

contribuyan al crecimiento económico sostenido y estable, al mismo tiempo que impulsa la

reactivación productiva y preserva la estabilidad macroeconómica;

Considerando quinto: Que el Estado debe realizar una asignación equitativa del gasto

público en el territorio, sujeto a la Ley de Responsabilidad Fiscal en las Instituciones

Estatales, y que su planificación, programación, ejecución y evaluación responderán a los

principios de subsidiaridad y transparencia, así como a los criterios de eficiencia, prioridad y

economía;

Considerando sexto: Que el presupuesto físico financiero refleja la vinculación de la

planificación y el presupuesto, articulando las estimaciones financieras de los presupuestos

institucionales, respecto a los bienes y servicios, con las metas físicas asociadas para su

prestación, con base en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, los planes estratégicos

y operativos, permitiendo evaluar el cumplimiento durante la ejecución presupuestaria;

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Considerando séptimo: Que todos los presupuestos públicos, conforme al principio de

programación, dispuesto en la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, deben

estar basados en las políticas, objetivos y metas establecidas en el programa de gobierno;

Considerando octavo: Que, la administración tributaria y aduanera continuarán

fortaleciendo sus esfuerzos para asegurar la disponibilidad de recursos destinados al

cumplimiento de los compromisos sociales del Estado, con especial énfasis en las medidas

conjuntas que permitan combatir el comercio ilícito y la planificación fiscal, con base en las

mejores prácticas internacionales, lo cual contribuye al fortalecimiento de una administración

tributaria más moderna, eficaz y transparente;

Considerando noveno: Que, desde septiembre 2020, se inició la implementación de

reformas en la gestión del gasto público orientadas hacia la mejora en la calidad y eficiencia,

tales como: eliminación de duplicidad de funciones, priorización y racionalización en el

manejo de recursos públicos, actualización y fortalecimiento para el tratamiento de activos

estatales, entre otros;

Considerando décimo: Que el presupuesto es la expresión política y social de un Gobierno

que responde con eficiencia a los retos del entorno que apuesta a la inversión como motor de

desarrollo, y que coloca a la ciudadanía en el centro de cada decisión, bajo el principio de

que cada peso de lo nuestro debe rendir frutos para la gente y para el futuro de la nación;

Considerando décimo primero: Que conforme a la Ley Orgánica de Presupuesto para el

Sector Público, la estructura y los mecanismos a ser empleados para la formulación de los

anteproyectos de presupuestos de los entes públicos y órganos administrativos bajo su ámbito

de aplicación, constituyen la base para la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto

General del Estado;

Considerando décimo segundo: Que, el presidente de la República, en su condición de Jefe

de Gobierno, tiene la facultad de someter al Congreso Nacional el Proyecto de Ley de

Presupuesto General del Estado para el año correspondiente;

Considerando décimo tercero: Que, es una responsabilidad del Congreso Nacional de la

República la aprobación de la Ley de Presupuesto General del Estado.

Vista: La Constitución de la República;

Vista: La Ley núm. 96-88, del 31 de diciembre de 1988, que autoriza a los casinos de juegos

a operar máquinas tragamonedas, Gaceta Oficial núm. 9750;

Vista: La Ley núm. 11-92, del 16 de mayo de 1992, que aprueba el Código Tributario de la

República Dominicana, Gaceta Oficial núm. 9835;

Vista: La Ley General de Telecomunicaciones núm. 153-98, del 27 de mayo de 1998, Gaceta

Oficial núm. 9983;

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Vista: La Ley núm. 41-00, del 28 de junio de 2000, que crea la Secretaría de Estado de

Cultura, Gaceta Oficial núm. 10050;

Vista: La Ley núm. 112-00, del 29 de noviembre de 2000, que establece un impuesto al

consumo de combustibles fósiles y derivados del petróleo, Gaceta Oficial núm. 10065;

Vista: La Leynúm. 180-01, del 10 de noviembre de 2001, que crea el Consejo Nacional para

la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE), Gaceta Oficial núm.

10109;

Vista: La Ley núm. 140-02, del 4 de septiembre de 2002, que modifica la Ley núm. 80-99,

del 22 de julio de 1999, sobre Bancas de Apuestas al Deporte Profesional, Gaceta Oficial

núm. 10191;

Vista: La Ley núm. 147-02, del 22 de septiembre de 2002, sobre Gestión de Riesgos, Gaceta

Oficial núm. 10172;

Vista: La Ley núm. 88-03, del 1.o de mayo de 2003, que instituye las Casas de Acogidas o

Refugios, en todo el territorio nacional para albergar mujeres, niños, niñas y adolescentes

víctimas de violencia intrafamiliar o doméstica, Gaceta Oficial núm. 10212;

Vista: La Ley núm. 166-03, del 6 de octubre de 2003, dispone que para el año 2004, la

participación de los ayuntamientos en los montos totales de los ingresos del Estado

dominicano pautados en la Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos de la Nación

será de 8%, y a partir del año 2005, se consignará un 10%, incluyendo los ingresos

adicionales y los recargos, Gaceta Oficial núm. 10233;

Vista: La Ley núm. 194-04, del 28 de julio de 2004, dispone que la Procuraduría General de

la República, el Ministerio Público y la Cámara de Cuentas de la República Dominicana,

gozarán de autonomía presupuestaria y administrativa, Gaceta Oficial núm. 10287;

Vista: La Ley núm. 122-05, del 8 de abril de 2005, sobre Regulación y Fomento de las

Asociaciones sin Fines de Lucro en la República Dominicana, Gaceta Oficial núm. 10318;

Vista: La Ley núm. 557-05, del 13 de diciembre de 2005, sobre Reforma Tributaria y

modifica las leyes núm. 11-92 del año 1992; 18-88 del año 1988; 4027 del año 1955; 112-00

y 146-00 del año 2000, Gaceta Oficial núm. 10347;

Vista: La Ley núm. 6-06, del 20 de enero de 2006, de Crédito Público, Gaceta Oficial núm.

10352;

Vista: La Leynúm. 29-06, del 16 de febrero de 2006, que modifica varios artículos de la Ley

núm. 351 del 1964, que autoriza la expedición de licencias para el establecimiento de juegos

de azar, Gaceta Oficial núm. 10361;