LEY No. 155-17 CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, de 1 de Junio de 2017

 
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Por su importancia para los abogados del país, publicamos la nueva Ley Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (No. 155-17), promulgada por el Poder Ejecutivo el primero de junio del presente año. Esta nueva legislación sustituye y deroga la Ley No. 72-02, Sobre el Lavado de Activos Provenientes del Trafico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002.

EL CONGRESO NACIONAL

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

Considerando primero: Que la República Dominicana es signataria de las convenciones internacionales que han sido promovidas para homogeneizar los instrumentos normativos de prevención, detección y sanción de los fenómenos delictivos de naturaleza transnacional, como son la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, la Convención de Naciones Unidas contra el Terrorismo de 1999, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000, y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción del año 2003;

Considerando segundo: Que en la esencia de la política mundial de combate a los delitos transnacionales se encuentra el fortalecimiento de los mecanismos jurídicos que permitan tipificar de manera autónoma las conductas orientadas a la legitimación de recursos que tienen su fuente en actividad delictiva, así como establecer un sistema eficaz de cooperación y asistencia judicial internacional que posibilite desarticular las organizaciones criminales transnacionales mediante el decomiso de los patrimonios ilícitos generados con su actividad ilegal;

Considerando tercero: Que uno de los principales problemas y desafíos desde comienzos del presente siglo es el terrorismo, lo que ha generado una importante focalización de los esfuerzos de los distintos Estados en la detección y decomiso de los recursos destinados al financiamiento de tan deleznable actividad;

Considerando cuarto: Que la Constitución de la República dispone en su artículo 260 que es de alta prioridad nacional en materia de seguridad y defensa el combate a las actividades criminales transnacionales que pongan en peligro los intereses de la República y de sus habitantes;

Considerando quinto: Que el 7 de junio de 2002 la República Dominicana dictó la Ley Núm. 72-02 que, entre otros aspectos, tipificó las conductas de lavado de activos provenientes de infracciones graves y estableció un sistema de prevención y detección de operaciones de lavado de activos, un régimen de sanciones administrativas por inobservancia de las obligaciones de prevención y una serie de reglas en materia de decomiso y cooperación judicial internacional;

Considerando sexto: Que en el marco de las convenciones internacionales indicadas en el CONSIDERANDO PRIMERO se han establecido grupos de trabajos internacionales que de manera permanente han monitoreado los comportamientos o patrones delictivos de la delincuencia organizada en lo que respecta particularmente al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo, con miras a estudiar y dar respuestas a la compleja actividad delictiva transnacional;

Considerando séptimo: Que con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Núm. 72-02, sobre Lavado de Activos, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), tomando en cuenta el monitoreo universal sobre las maneras a través de las cuales la delincuencia organizada transnacional trata de eludir las reglamentaciones dictadas para la prevención y detección del lavado de activos, ha introducido transformaciones significativas a sus recomendaciones en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo;

Considerando octavo: Que las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) constituyen el principal referente en materia de homogenización de las legislaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo;

Considerando noveno: Que, dada la importancia de los cambios antes referidos, se hace necesario dictar una nueva ley que regule de manera eficaz el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo conforme a los últimos lineamientos internacionales, con la finalidad de proteger nuestras instituciones democráticas, la economía, la balanza de pagos, la estabilidad de precios y la competencia desleal en las actividades comerciales y productivas legítimas;

Considerando décimo: Que, adicionalmente, la República Dominicana se adhirió en el año 2013 al Foro Global para la Transparencia e Intercambio de Información con fines Fiscales, a través del cual se compromete a cumplir con estándares que garanticen la disponibilidad de información de los agentes económicos, de sus actividades y de los beneficiarios finales de las mismas;

Considerando decimoprimero: Que como resultado de la implementación de la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, No.479-08 y su modificación, un número importante de agentes económicos no han actualizado sus informaciones y en muchos casos están en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) sin que hayan realizado actividades durante un largo período, lo que dificulta la disponibilidad de información exigida por el estándar de Foro Global para la Transparencia;

Considerando decimosegundo: Que es necesario establecer un mecanismo expedito para la liquidación de esas sociedades que permita el saneamiento del Registro Mercantil y del Registro Nacional de Contribuyentes, a los fines de ejercer un mejor control y supervisión de todas personas que ejercen actividades comerciales;

Considerando decimotercero: Que el no cumplimiento de esos estándares colocarían a la República Dominicana en una lista de países no cooperantes, con la posterior consecuencia sobre la reputación, acceso al crédito tanto del sector público como de agentes económicos del sector privado y asistencia de organismos internacionales;

Considerando decimocuarto: Que dada la importancia de los cambios antes referidos, se hace necesario dictar una nueva ley que regule de manera eficaz el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y que incorpore los elementos de transparencia tributaria que le permitan a la administración disponer de la información actualizada de la identidad de todas las sociedades y entes sin personalidad jurídica que operan en el país, conforme a los últimos lineamientos internacionales.

VISTA: La Constitución de la República;

VISTA: La Ley No.72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002;

VISTA: La Ley No.76-02, contentiva del Código Procesal Penal, de 19 de julio de 2002, y sus modificaciones;

VISTA: La Ley No.476-08, sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, del 11 de diciembre de 2008;

VISTA: La Ley No.107-13, sobre derechos de las personas en su relación con la Administración y de Procedimiento Administrativo, del 6 de agosto de 2013;

VISTA: La Ley No.141-15, de Restructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes, del 7 de agosto de 2015; U

VISTAS: Las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre terrorismo y financiamiento del terrorismo, especialmente la RCSNU 1267 y 13 73 y sus resoluciones sucesoras;

VISTAS: Las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de febrero de 2012, destinadas a concebir y promover estrategias para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como también el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva;

VISTO: El Estándar de Foro Global para la Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

CAPÍTULO I Artículo 1

OBJETO DE LA LEY

Artículo 1 Objeto

Esta ley tiene por objeto establecer:

  1. Los actos que tipifican el lavado de activos, las infracciones precedentes o determinantes y el financiamiento del terrorismo, así como las sanciones penales que resultan aplicables;

  2. Las técnicas especiales de investigación, mecanismos de cooperación y asistencia judicial internacional, y medidas cautelares aplicables en materia de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo;

  3. El régimen de prevención y detección de operaciones de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y del financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva, determinando los sujetos obligados, sus obligaciones y prohibiciones, así como las sanciones administrativas que se deriven de su inobservancia;

  4. La organización institucional orientada a evitar el uso del sistema económico nacional en el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

CAPÍTULO II Artículo 2

DEFINICIONES

Artículo 2 Definiciones

Salvo indicación expresa en contrario, las siguientes definiciones se aplicarán con exclusividad a todo el texto de la presente ley:

1) Activo o bien: Se entiende por activos o bienes el dinero valores, títulos, billetes o bienes de todo tipo, tales como pero sin limitarse a, bienes muebles e inmuebles, tangibles o intangibles, recursos naturales, como quiera que hayan sido adquiridos, los documentos legales o instrumentos en cualquier forma, incluyendo electrónica o digital, que evidencien la titularidad de, o la participación en, tales fondos u otros bienes;

2) Autoridades Competentes: Son las autoridades que, de...

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