Ley núm. 340-22, Que regula el proceso de extinción de dominio de bienes ilícitos

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LEY NÚM. 340-22, QUE REGULA EL PROCESO DE EXTINCIÓN

DE DOMINIO DE BIENES ILÍCITOS

G. O. núm. 11076 del 29 de julio de 2022

EL CONGRESO NACIONAL

En Nombre de la República

Ley núm. 340-22

Considerando primero: Que el artículo 7 de la Constitución de la República establece:

“La República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en

forma de República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos

fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los

poderes públicos”.

Considerando segundo: Que el artículo 51 de la Constitución de la República refiere que

la propiedad tiene una función social que implica obligaciones y que dentro de dichas

obligaciones, aparte de las limitaciones constitucionalmente admisibles para asegurar la

protección de otros derechos fundamentales, está que la propiedad de los bienes sea

originada de manera lícita y que estos no sean utilizados con una finalidad prohibida por el

ordenamiento jurídico.

Considerando tercero: Que el numeral 5 del artículo 51 establece que: “Solo podrán ser

objeto de confiscación o decomiso, mediante sentencia definitiva, los bienes de personas

físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan su origen en actos ilícitos cometidos

contra el patrimonio público, así como los utilizados o provenientes de actividades de

tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o relativas a la delincuencia

transnacional organizada y de toda infracción prevista en las leyes penales”.

Considerando cuarto: Que de la disposición señalada en el numeral 5 del artículo 51 se

infiere claramente que la confiscación o decomiso de bienes ilícitos, ya sea por su origen o

por su utilización o destino, solo podrá producirse como consecuencia de una decisión

judicial, lo que, sin embargo, no impide que el legislador explicite estos mecanismos o

provea otros que establezcan la pérdida de dominio a favor del Estado dominicano cuando

estos se encuentren vinculados a hechos ilícitos;

Considerando quinto: Que es, precisamente, partiendo de esta configuración

constitucional de la confiscación o decomiso de bienes ilícitos, que el numeral 6 del artículo

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51 de la Constitución establece que: “La ley establecerá el régimen de administración y

disposición de los bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios

de extinción de dominio, previstos en el ordenamiento jurídico”. Por tanto, es la propia

Constitución de la República la que explícitamente reconoce a la extinción de dominio de

bienes ilícitos como instrumento adicional a la confiscación o decomiso para declarar la

pérdida del dominio sobre dichos bienes a favor del Estado dominicano;

Considerando sexto: Que no se ha desarrollado la reglamentación legislativa del instituto

de extinción de dominio y del procedimiento y juicio requerido para que éste pueda ser

aplicado, por lo cual dicha omisión debe ser suplida, a fin de que las autoridades puedan

contar con este instrumento reconocido constitucionalmente;

Considerando séptimo: Que según el artículo 26 de la Constitución de la República, el

Estado dominicano es un Estado miembro de la comunidad internacional, abierto a la

cooperación y apegado a las normas del derecho internacional, por lo que reconoce y aplica

las normas del derecho internacional, general y americano, en la medida en que sus poderes

públicos las hayan adoptado;

Considerando octavo: Que la República Dominicana es signataria de la Convención de las

Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas del

año 1988; de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada

Transnacional del año 2000; y de la Convención Internacional contra la Corrupción del año

2003, todas las cuales han sido debidamente ratificadas por el Congreso Nacional;

Considerando noveno: Que la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción

establece en su artículo 54 los mecanismos de recuperación de bienes, mediante la

cooperación internacional para fines de decomiso, estableciendo que cada Estado parte, a

fin de prestar asistencia judicial recíproca con respecto a bienes adjudicados, mediante la

comisión de un ilícito penal tipificado con arreglo a la Convención o relacionados con ese

delito, de conformidad con su derecho interno, considerará la posibilidad de adoptar las

medidas que sean necesarias para permitir el decomiso de esos bienes sin que medie una

condena, en caso de que el infractor no pueda ser enjuiciado por motivo de fallecimiento,

fuga o ausencia, o en otros casos similares.

Considerando décimo: Que en las convenciones se establecen, de manera reiterada, los

compromisos de los Estados de adoptar las medidas que sean necesarias para autorizar el

decomiso de los bienes considerados ilícitos, ya sea porque se originen como consecuencia

de la comisión de los delitos indicados en sus textos, o porque se destinen a esos fines;

Considerando decimoprimero: Que el Estado dominicano forma parte del Grupo de

Acción Financiera Internacional (GAFI), cuyas recomendaciones constituyen el principal

referente en materia de homogeneización de las legislaciones de lavado de activos y

financiamiento del terrorismo, y las cuales para los países latinoamericanos se acuerdan a

través del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT);

Considerando decimosegundo: Que dentro de las cuarenta (40) recomendaciones de la

institución intergubernamental mencionada anteriormente, se encuentran las

recomendaciones números 4 y 38, en las cuales se establece que los países deben contar con

mecanismos, incluso legislativos, para el decomiso y las medidas provisorias sobre bienes

ilícitos, además de establecer mecanismos de asistencia legal mutua a tales fines;

Considerando decimotercero: Que con relación a las recomendaciones citadas, el Grupo

de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha expresado que los países deben considerar la

adopción de medidas que permitan que los bienes que constituyen productos o instrumentos

de hechos ilícitos sean decomisados sin que se requiera una condena penal, o que exijan que

la persona demuestre el origen lícito de dichos bienes, en la medida en que este requisito

sea compatible con los principios de las legislaciones nacionales;

Considerando decimocuarto: Que los procedimientos de extinción de dominio constituyen

una herramienta eficaz para la recuperación de bienes ilícitos en los términos

recomendados, contribuyendo de esa manera a asegurar la función social que la

Constitución atribuye a la propiedad y a sanear las economías al evitar el flujo de capital

ilícito dentro de los mercados;

Considerando decimoquinto: Que el Congreso Nacional tiene una amplia potestad de

configuración legislativa a los fines de disponer que tribunales del sistema judicial

conozcan procesos judiciales y determinar procedimientos de naturaleza especial para el

tratamiento de otras materias distintas a aquellas consideradas como ordinarias;

Considerando decimosexto: Que se hace necesario regular lo relativo al procedimiento y

juicio de extinción de dominio sobre bienes ilícitos, a fin de declarar su titularidad a favor

del Estado dominicano.

Vista: La Constitución de la República;

Vista: La Resolución núm.7-93, del 30 de mayo de 1993, que aprueba la Convención de las

Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas;

Vista: La Resolución núm.333-06, del 8 de agosto de 2006, que aprueba la Convención de

las Naciones Unidas contra la Corrupción, suscrita por el Gobierno de la República

Dominicana en fecha 10 de diciembre del año 2003;

Vista: La Resolución núm.355-06, del 14 de septiembre de 2006, que aprueba la

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, del

15 de noviembre del año 2000, suscrita por la República Dominicana el 15 de diciembre del

citado año 2000;

Vista: La Resolución núm.441-08, del 10 de septiembre de 2008, que aprueba el Convenio

sobre la Eliminación del Requisito de la Legalización de Documentos Públicos Extranjeros,

del 15 de octubre de 1961;