Libertad de asociación. Artículo 47

• Páginas: 189-197
• Autor: Geovanny Nina Cruz

ÍNDICE

189

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN.

ARTÍCULO 47

Artículo .- Libertad de asociación. Toda persona tiene derecho de asociarse

con fines lícitos, de conformidad con la ley.

ASPECTOS GENERALES

Palabras claves:

A. Concepción de libertad de asociación y no asociación

B. Esencia de la libertad de asociación

C. Contenido esencial del derecho a la libertad de asociación

D. Diferencia entre corporaciones de derecho público y de derecho

privado desde la concepción de libertad de asociación

E. Aplicabilidad de la libertad de asociación según la corporación de

derecho de que se trate

F. Forma de creación de las corporaciones públicas y privadas

A. Aspecto general: Concepción de li-

bertad de asociación y no asociación.

Sentencia TC/0163/13

9.2.1. En lo que respecta a la libertad de

asociación, esta es considerada como un

derecho civil y político esencial, garanti-

zado por el artículo 20 de la Declaración

Universal de los Derechos Humanos. Es

un derecho humano que consiste en la

facultad de que disponen los seres humanos

de unirse y formar grupos, asociaciones u

organizaciones libremente, con objetivos

de concreción lícitos, la libertad de retirar-

se de las mismas en caso de así decidirlo.

También comprende el derecho a no ser

obligado a pertenecer a una asociación.

B. Aspecto general: Esencia de la li-

bertad de asociación. Sentencia

TC/0043/12

7.6. La libertad de asociación es uno

de los derechos humanos que posibilita,

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

190 | Art. 46

ÍNDICE

esencialmente, la unión de personas que se

identifican con un interés legítimo y que

persiguen objetivos lícitos. Asimismo, otor-

ga la posibilidad de constituir agrupaciones

permanentes que buscan un mismo fin.

C. Aspecto general: Contenido esencial

del derecho a la libertad de asocia-

ción. Sentencia TC/0513/17

d. Con respecto al contenido esencial de

este derecho, ha de precisarse que: Una

asociación no es cualquier agrupación hu-

mana, sino sólo aquella que reúne dos ca-

racterísticas: ser de naturaleza voluntaria,

y perseguir un fin común a sus miembros.

[…] Si falta alguno de estos rasgos, no cabe

hablar, a efectos constitucionales, de asocia-

ción. Por otro lado, incluso en presencia de

agrupaciones voluntarias que persiguen un

fin común, no hay asociación si, además,

esas agrupaciones no poseen una cierta

vocación de permanencia y, por consiguien-

te, si no están dotadas de un mínimo de

organización. Precisamente, en este dato

de la estabilidad radica […]una de las

diferencias entre el derecho de asociación y

los derechos de reunión y manifestación.17

e. De ahí que el derecho a la libertad de

asociación se constituye como el derecho

a crear grupos sociales que permitan

el desarrollo de la personalidad de los

miembros que la integran. El ejercicio

de este derecho transciende al ámbito de

los partidos políticos para alcanzar a los

ámbitos religiosos, culturales, deportivos,

sociales y económicos. Este derecho

permite a la sociedad auto-organizarse a

través de la creación de asociaciones en

las que sus miembros puedan explorar

17 DÍEZ-PICAZO, L. (2013): Sistema de derechos fundamentales, 4.a ed., Pamplona, España, pág. 346.

aquellos ámbitos de la vida que sean de

su interés, para lo cual podrán establecer

normas de obligado cumplimiento para

sus integrantes, con la única limitante de

que todo su actuar sea conforme a la ley.

D. Aspecto general: Diferencia entre

corporaciones de derecho público y

de derecho privado desde la concep-

ción de libertad de asociación. Sen-

tencia TC/0163/13

9.2.2. Pero en el contexto de la facultad

de libre asociación que está configurada

en el artículo 47 de nuestra Constitución,

se hace preciso determinar si estamos ante

una corporación de derecho público o de

derecho privado. Las corporaciones de dere-

cho público están definidas como aquellas

entidades autónomas que representan los

intereses de ciertos sectores sociales ante los

poderes públicos y desempeñan funciones

públicas de ordenación de dicho sector;

mientras que las corporaciones de derecho

privado son consideradas como estableci-

mientos fundados y regidos por particulares,

que actúan a veces bajo la vigilancia y con

el permiso de la administración, pero sin

ninguna delegación del poder público.

9.2.3. En lo atinente a las corporaciones de

derecho público, cabe destacar que la defi-

nición dada en el párrafo anterior le otorga

a estas entidades una doble dimensión, las

cuales, por un lado, tienen base privada, al

estar constituidas con el fin de representar

y defender los intereses de un determinado

colectivo; y, por el otro, tienen al mismo

tiempo una dimensión pública determi-

nada por el ejercicio de funciones públicas

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 46 | 191

ÍNDICE

administrativas, las cuales le otorgan una

naturaleza propia similar a los órganos de

la Administración Pública, por el ámbito

propio de su actividad, la cual lo acerca a

la esfera del derecho administrativo. En este

concepto entrarían los colegios profesionales

y las federaciones deportivas, entre otras.

E. Aspecto general: Aplicabilidad de la

libertad de asociación según la cor-

poración de derecho de que se trate.

Sentencia TC/0163/13

Se precisa señalar que los colegios profe-

sionales constituyen una típica especie

de corporación, reconocida por el Estado,

dirigida no solo a la consecución de fines

estrictamente privados, lo que podría

conseguirse con la simple asociación, sino

esencialmente a garantizar que el ejercicio

de la profesión, lo cual constituye un servi-

cio al común de indudable interés público,

se ajuste a las normas o reglas que aseguren,

tanto la eficacia, como la eventual respon-

sabilidad en tal ejercicio, que, por otra

parte, ya ha garantizado en principio el

Estado con la expedición del exequátur.

9.2.12. En ese sentido, el derecho de libertad

de asociación es aplicable a las asociaciones

que tienen un carácter privado, por lo que

cuando las entidades tienen tal naturaleza,

a nadie se le puede obligar a formar parte

de las mismas sin que medie su voluntad,

por no tener estas un fin de carácter público

de delegación de facultades estatales que

dimanen de una ley.

F. Aspecto general: Forma de creación

de las corporaciones públicas y priva-

das. Sentencia TC/0535/15

Asimismo, puede señalarse como uno de los

elementos que diferencian estos dos tipos de

corporaciones el hecho de que mientras las

de naturaleza pública son creadas median-

te ley u algún otro instrumento normativo

del Estado, las corporaciones privadas

surgen del acuerdo libre de sus miembros.

C  T C

Palabras claves:

1. Libertad de asociación y ayuda económica del Estado: federación deportiva

2. Limite válido al derecho de asociación en las sociedades de gestión colectiva

de derechos de autor

3. Restricción válida al derecho de asociación en las corporaciones de derecho

público: Colegio de Abogados de la República Dominicana

4. Restricción válida al derecho de asociación en las corporaciones de derecho

público: Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República

Dominicana

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

192 | Art. 46

ÍNDICE

1. LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y AYUDA ECONÓMICA DEL ESTADO:

FEDERACIÓN DEPORTIVA

CRITERIO:

El ejercicio del derecho de asociación no está condicionado

al recibimiento por parte del Estado de ayudas económicas para la

concreción de su objeto. No se vulnera el derecho a la libertad de

asociación cuando existe un reconocimiento legal de una federación

deportiva, pero el Comité Olímpico Dominicano no la reconoce

como afiliada y no le entrega fondos.

SENTENCIA TC/0513/17

—Ver en

este sentido el criterio relativo al derecho al deporte (art. 65 CRD)—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que la Federa-

ción Dominicana de Dominó alega no haber sido reconocida por

el Comité Olímpico Dominicano y, por tanto, no recibir fondos

para realizar sus actividades. En vista de lo anterior, la referida

federación acudió ante la jurisdicción constitucional en materia

de amparo invocando vulneraciones a derechos fundamentales de

libre asociación.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

f. De acuerdo con los documentos que

conforman este expediente y, en particular,

de la certificación emitida por la Procura-

duría General de la República el primero

(1°) de septiembre de dos mil ocho (2008)

–mediante la cual se certifica la Resolución

núm. 0051, del veintiséis (26) de agosto

de dos mil ocho (2008)– la FEDEDODO

fue reconocida como asociación creada de

conformidad con la Ley núm. 122-05, que

rige el fomento y registro de las asociaciones

sin fines de lucro en República Dominica-

na, del ocho (8) de abril de dos mil cinco

(2005).

g. Asimismo, no consta en ningún docu-

mento que dicho reconocimiento haya sido

revocado, ni tampoco ha sido alegado por

las partes recurridas que dicha asociación

no cumple con los requisitos necesarios para

seguir siendo reconocida como tal. h. En

este sentido, es imperativo poder aclarar

que el ejercicio del derecho de asociación

no está condicionado al recibimiento por

parte del Estado de ayudas económicas

para la concreción de su objeto. En efecto,

ni la Constitución ni la Ley núm. 122-05,

que rige el fomento y registro de las asocia-

ciones sin fines de lucro en República Do-

minicana, del ocho (8) de abril de dos mil

cinco (2005), garantizan a las asociaciones

creadas el otorgamiento de ayudas públicas

para el desempeño de sus funciones.

j. Es así que no podría alegarse que el no

reconocimiento por parte del COD de la

FEDEDODO y, por tanto, el no acceso

de dicha institución a los fondos a los que

se refiere el artículo 36.a) de la Ley núm.

356-05, de Deporte, del treinta (30) de

agosto de dos mil cinco (2005) (en adelante,

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 46 | 193

ÍNDICE

“Ley de Deporte”), para el ejercicio de sus

actividades, constituye una vulneración

al derecho de asociación. De manera que

dicha asociación quedó investida de la

autorización que le permitiría hacer pleno

uso de su derecho a la libertad de asociación.

2. LIMITE VÁLIDO AL DERECHO DE ASOCIACIÓN EN LAS

SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA DE DERECHOS DE

AUTOR

CRITERIO:

No constituye una vulneración al derecho de asociación

la previsión legal de limitar por rama o especialidad las sociedades

de gestión colectiva de derechos de autor. Posibilidad de gestionar

dichos derechos individualmente o a través de un apoderado.

SENTENCIA TC/0244/14

Resumen del caso: Varias personas presentaron una acción directa

de inconstitucionalidad en contra del artículo  de la Ley núm.

- sobre Derecho de Autor. Este artículo establece en esencia las

sociedades de gestión colectiva que pueden constituirse en relación

con la rama o especialidad. Los accionantes plantean que dicho

artículo constituye una limitación al derecho de asociación, de igual-

dad y de libertad de empresa.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

11.6. Al quedar expresamente estableci-

do en la ley el carácter facultativo y no

obligatorio de ejercer la prerrogativa de

asociarse colectivamente, se puede adver-

tir que en modo alguno, el no asociarse

colectivamente constituye un impedi-

mento para que los autores gestionen por

sí mismos sus derechos, a través de un

apoderado. De ahí que el quantum y

especialidad requeridos para constituir las

sociedades de gestión colectiva no son atri-

butos que conspiran contra el ejercicio de

los derechos a la libertad de empresa, o el

tratamiento igualitario que ha de confe-

rirle el ente rector, en este caso la Oficina

Nacional de Derechos de Autor (ONDA)

adscrita al Ministerio de Cultura, al (a

los) ciudadano (s) a los fines de otorgarles

legitimidad a través de su registro luego

del cumplimiento de los requisitos a estos

fines.

11.7. Además, la Ley núm. 65-00 en su

artículo 162 establece la creación de “una

sociedad de gestión colectiva por cada rama

o especialidad literaria o artística de los ti-

tulares de derechos reconocidos por esta ley”.

De manera que si en nuestro país solo exis-

tieran como sociedades de gestión colectiva

la Sociedad Dominicana de Productores

Fonográficos (SODINPRO) y la Sociedad

General de Autores, Compositores y Editores

Dominicanos de Música (SGACEDOM),

los autores de obras de distintos géneros a

aquellas (obras pictóricas o plásticas, obras

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

194 | Art. 46

ÍNDICE

dramáticas, obras fotográficas, entre otras)

pueden organizarse y constituir sus propias

sociedades de gestión colectiva y de esta

forma lograr una auténtica representación

no solo de sus derechos, sino también de los

derechos de sus colegas extranjeros, siempre

y cuando las sociedades mantengan contra-

tos de representación recíproca. De ahí que

no se verifica el argumento en el sentido

de que tal forma de organización reduce

la posibilidad de constituir sociedades de

gestión colectiva.

3. RESTRICCIÓN VÁLIDA AL DERECHO DE ASOCIACIÓN EN

LAS CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO: COLEGIO DE

ABOGADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

CRITERIO:

La obligación legal de que el abogado que defienda a un

imputado tenga que estar matriculado en el Colegio de Abogados

de la República Dominicana (CARD) no es violatoria del derecho

fundamental de asociación.

CRITERIO 2:

El CARD es una corporación de derecho público y

su matriculación es obligatoria. Restricción válida del derecho de

asociación.

SENTENCIA TC/0163/13

—Precedente reiterado mediante

sentencia TC/0389/19 con relación al Colegio Dominicano de Notarios—

Resumen del caso: Un ciudadano presentó una acción directa ante

el Tribunal Constitucional en contra del artículo  del Código

Procesal Penal que establece el requisito de estar matriculado en el

CARD y juramentado ante la SCJ para ser abogado defensor en la

jurisdicción penal. El accionante plantea que este requisito viola el

derecho fundamental de asociación.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

9.2.8. Sobre este planteamiento, cabe

precisar que el Colegio de Abogados de la

República Dominicana, como bien se dijo

en los párrafos anteriores, tiene una fun-

ción pública, y que las normas imperativas

de derecho público, que obligan a los indi-

viduos a asociarse en colegios profesionales

es válida, y no puede considerarse contraria

a la libertad de asociación que dispone el

texto constitucional, cuando los referidos

colegios cumplen fines que trascienden

el interés privado, por cuanto el Estado

delega en estos fines que procuran el bien

común, además tal colegiación obligatoria

no impide asociarse a otro u otros gremios

de abogados. La eliminación de la colegia-

ción obligatoria supondría la facilitación

del intrusismo y el deterioro de la calidad

de los servicios de la abogacía en la que

convergen valores constitucionales como la

libertad y el patrimonio de las personas.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 46 | 195

ÍNDICE

9.2.10. En consecuencia, la colegiación

constituye una necesidad para lograr un

verdadero control sobre el ejercicio profe-

sional, específicamente en profesiones de

libre ejercicio como es la abogacía. Sobre

este punto han resuelto otros tribunales

constitucionales y la Corte Interame-

ricana de Derechos Humanos, y han

determinado que la obligatoriedad de la

colegiación no es violatoria de los derechos

de libre asociación ni de libertad de tra-

bajo. En efecto, el principal objeto de la

colegiación debe ser garantizar el acceso

efectivo a la justicia para los individuos,

específicamente en cuanto a la labor que

corresponde a los abogados encargados de

representar a las partes en conflicto ante

el tribunal, dado que estos profesionales

cumplen con la importante misión de

plantear el conflicto ante el juez y alegarle

los elementos necesarios para que pueda

tomar una decisión. Por ello, de su buen

actuar pudiera depender que el juez im-

parta justicia. La consecución de los fines

que han sido delegados en el Colegio de

Abogados de la República Dominicana

dependerá de que este desempeñe, efec-

tivamente, las funciones de tutela del

interés de quienes son destinatarios de los

servicios prestados por los profesionales

que lo integran.

9.2.11. A tono con lo anterior, se precisa

señalar que los colegios profesionales cons-

tituyen una típica especie de corporación,

reconocida por el Estado, dirigida no solo

a la consecución de fines estrictamente

privados, lo que podría conseguirse con

la simple asociación, sino esencialmente a

garantizar que el ejercicio de la profesión,

lo cual constituye un servicio al común

de indudable interés público, se ajuste a

las normas o reglas que aseguren, tanto la

eficacia, como la eventual responsabilidad

en tal ejercicio, que, por otra parte, ya ha

garantizado en principio el Estado con la

expedición del exequátur.

9.4.2. En este punto es preciso reiterar que

las funciones del Colegio de Abogados de

la República Dominicana son públicas, y

que ello obedece a una delegación pública

estatal. Tal carácter no lo tienen otros gre-

mios de abogados existentes en el país, los

cuales están concebidos como entidades de

carácter privado, las que pueden lograr la

consecución de sus fines sin necesidad de

estar investidas del carácter de corporacio-

nes de derecho público. De manera que no

estamos frente a situaciones análogas.

4. RESTRICCIÓN VÁLIDA AL DERECHO DE ASOCIACIÓN EN LAS

CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO: INSTITUTO DE

CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS DE LA REPÚBLICA

DOMINICANA

CRITERIO:

La obligación legal para un contador de registrarse en

el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República

Dominicana (ICPARD) no es violatoria del derecho fundamental

de asociación. El ICPARD es una corporación de derecho público

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

196 | Art. 46

ÍNDICE

y su matriculación es obligatoria. Restricción válida del derecho

de asociación.

SENTENCIA TC/0535/15

—Reiteración y ampliación del

precedente TC/0163/13—

Resumen del caso: El Colegio Dominicano de Contadores Públicos

presentó una acción directa ante el Tribunal Constitucional en contra

de los artículos  de la Ley núm. , sobre Contadores Públicos

Autorizados, y  del Decreto núm. , que establece el Regla-

mento Interno del ICPARD. Estas normas establecen básicamente

la obligatoriedad para todo contador público de matricularse en el

ICPARD. El Colegio Dominicano de Contadores Públicos entiende

que dicha obligatoriedad vulnera sus derechos fundamentales como

la libre asociación.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

11.4. Para determinar si en el presente caso

las normas impugnadas resultan contrarias

al derecho de asociación, consideramos

necesario, al igual que hiciera el Tribunal

en su Sentencia TC/0163/13, del 16 de

septiembre de 2013, analizar la naturale-

za jurídica del ICPARD de acuerdo con

la clasificación de corporación de derecho

público o de derecho privado.

Asimismo, puede señalarse como uno de los

elementos que diferencian estos dos tipos de

corporaciones el hecho de que mientras las

de naturaleza pública son creadas median-

te ley u algún otro instrumento normativo

del Estado, las corporaciones privadas

surgen del acuerdo libre de sus miembros.

11.6. Lo expresado previamente nos permi-

te inferir que el ICPARD constituye una

corporación pública, creada mediante Ley

núm. 633, que textualmente establece en

su artículo 14: El Instituto de Contadores

Públicos Autorizados lo integraran todos

los Contadores Públicos Autorizados que

tengan en vigor el exequátur correspon-

diente, y que satisfagan las cuotas y demás

requisitos exigidos en el Reglamento Inter-

no de dicho Instituto. El Instituto estará

regido en su funcionamiento interior por

un Reglamento que será aprobado por el

Poder Ejecutivo.

11.7. Por su parte, la creación del CO-

DOCON surge de la libre decisión de sus

fundadores, de acuerdo con la normativa

general que rige las asociaciones sin fines

de lucro […] 11.8. Es así que no consti-

tuye vulneración alguna del derecho de

asociación del CODOCON el hecho de

que el Estado, a través de sus instrumentos

normativos y en virtud de las competencias

que le confiere la Constitución, delegue

parte de sus competencias en una corpora-

ción pública creada por él, tal como resulta

el ICPARD. De manera que el ICPARD

no es una entidad conformada por el

acuerdo libre y voluntario de sus miembros,

sino que se crea como una corporación

pública del Estado dominicano, a la cual

se transfiere la competencia de exigir el

cumplimiento de determinados requisitos

para el ejercicio de la profesión de contador

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 46 | 197

ÍNDICE

público autorizado, así como la aplicación

del régimen disciplinario del gremio que

agrupa. El CODOCON, por su parte,

constituye una asociación sin fines de lucro,

cuyas actuaciones son solo vinculantes para

sus miembros, que libre y voluntariamente

decidieron formar parte de ella.

11.10. En efecto, lo expresado por este

tribunal en la referida sentencia en rela-

ción con el Colegio de Abogados podría ser

igualmente aplicable al ICPARD dentro

de su ámbito de actuación. Es así que la

exigencia de registro en esta institución no

puede considerarse violatoria del derecho

de asociación, en la medida en que dicho

registro cumple fines que transcienden al

interés privado de sus miembros, para im-

bricarse en los fines de interés común que

atañen al Estado y que este ha delegado en

el ICPARD en virtud de una ley. A este

respecto, esta misma sentencia ha declarado

que, Sobre este punto han resuelto otros

tribunales constitucionales y la Corte Inte-

ramericana de Derechos Humanos, y han

determinado que la obligatoriedad de la

colegiación no es violatoria de los derechos

de libre asociación ni de libertad de trabajo.