Libertad de reunión. Artículo 48

• Páginas: 199-202
• Autor: Geovanny Nina Cruz

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LIBERTAD DE REUNIÓN.

ARTÍCULO 48

Artículo .- Libertad de reunión. Toda persona tiene el derecho de reunirse,

sin permiso previo, con fines lícitos y pacíficos, de conformidad con la ley.

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Palabras claves:

1. Violación del derecho de libre reunión: limitar ejercicio del derecho de

manifestación y protesta

1. VIOLACIÓN DEL DERECHO DE LIBRE REUNIÓN: LIMITAR

EJERCICIO DEL DERECHO DE MANIFESTACIÓN Y PROTESTA

CRITERIO:

Constituye una vulneración al derecho de libre reunión las

acciones llevadas a cabo por las autoridades de limitar y constreñir el

ejercicio del derecho de manifestación y protesta. Impedir el acceso

al punto de protesta (previamente notificado) de los manifestantes

mediante el uso de la fuerza constituye una acción arbitraria que limita

el ejercicio del derecho de reunión.

SENTENCIA TC/0092/18

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que una organi-

zación social procedió a convocar y realizar varias manifestaciones

de protesta pacíficas frente a una institución pública. Con el alegato

de que fueron víctima de agresiones por parte de la Policía Nacional,

un grupo de manifestantes acudió ante la jurisdicción constitucional

en materia de amparo invocando vulneración al derecho de libre

reunión y expresión.

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Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

g. El Tribunal Constitucional español,

en cuanto a la libertad de reunión, y de

expresión que permite que los ciudadanos

protesten públicamente, en su Sentencia

36/1982 del dieciséis (16) de julio de mil

novecientos ochenta y dos (1982), esta-

bleció: El derecho de reunión, como todo

derecho fundamental, tiene sus límites, por

no ser un derecho absoluto e ilimitado. Es,

indudablemente, un derecho subjetivo de

ejercicio colectivo, que al ser realizado, in-

cide en el derecho y en los intereses de otros

ciudadanos y en la utilización exclusiva de

bienes públicos, posibilitando, a veces, la

alteración de la seguridad ciudadana y del

orden general, que corresponde garantizar

y salvaguardar al poder público […].

[…] si bien es cierto que la misión de la

Policía Nacional es salvaguardar la segu-

ridad ciudadana, prevenir y controlar los

delitos y mantener el orden público para

proteger el libre ejercicio de los derechos de

las personas y la convivencia pacífica de

conformidad con la Constitución y las leyes,

no menos cierto es que en el ejercicio de esas

facultades que le otorga la Constitución, no

puede menoscabar el derecho a la libertad

de expresión.

j. En el caso del ejercicio a la manifesta-

ción o protesta social, esta constituye una

expresión del control ciudadano frente a la

autoridades que ejercen potestades públicas

y procuran que el Estado ofrezca respuestas

concretas u acometa acciones ante sus de-

mandas; este es un medio legítimo de poder

ciudadano que opera como contrapeso en el

orden democrático, que debe ser preservado,

por lo que sus actuaciones de la autoridad

deben estar enmarcadas en las facultades

que le otorga la ley y la Constitución.

k. En relación con el derecho de reunión,

el artículo 20, numeral 1, de la Declara-

ción Universal de los Derechos Humanos,

dispone: “Toda persona tiene derecho a la

libertad de reunión y de asociación pacífi-

cas”. En ese mismo sentido, el artículo 21

del Pacto Internacional de Derecho Civiles

y Políticos (PIDCP) dispone: Se reconoce

el derecho de reunión pacífica. El ejercicio

de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las

restricciones previstas por la ley que sean

necesarias en una sociedad democrática,

en interés de la seguridad nacional, de la

seguridad pública o del orden público, o

para proteger la salud o la moral públicas o

los derechos y libertades de los demás.

m. Respecto al derecho de reunión, se refi-

rió la Corte Constitucional de Colombia

en su Sentencia T-456-92, del catorce (14)

de julio de mil novecientos noventa y dos

(1992), que dispone: Generalmente las

limitaciones al ejercicio del derecho de reu-

nión y manifestación se encuentran vincu-

ladas al mantenimiento del orden público.

Con el fin de evitar posibles arbitrariedades

se han establecido criterios para calificar

las hipótesis de hecho en las cuales se justi-

fica disolver o impedir el desarrollo de una

reunión. En líneas generales estos criterios

deben estar dirigidos exclusivamente a evi-

tar amenazas graves e inminentes. Por lo

general, es insuficiente un peligro eventual

y genérico, un simple temor o una sospecha.

La naturaleza del derecho de reunión, en

sí mismo conflictivo, no puede ser la causa

justificativa de normas limitativas del

mismo. No se puede considerar el derecho

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de reunión y manifestación como sinónimo

de desorden público para restringirlo per se.

n. La referida corte constitucional, en su

Sentencia C-223/17, dictada el veinte

(20) de abril de dos mil diecisiete (2017),

consideró lo siguiente: 4.6.4. En ese sentido,

puede decirse que el ámbito irreductible

de protección del derecho a la reunión,

manifestación y protesta, es la conglome-

ración de personas, identificadas con fines

comunes, cuyo fin es manifestarse –libertad

de expresión- frente al funcionamiento del

gobierno –control político-, a través de la

presión en la calle y mediante un actuar

pacífico y sin armas. En otras palabras, el

Legislador no podrá, por vía de legisla-

ción estatutaria, establecer medidas que

cercenen la facultad ciudadana de ejercer

control al poder político, de manifestarse u

opinar libremente y de intentar establecer

un diálogo con el Estado sobre asuntos

esenciales. Por ejemplo, el Estado no podrá

tomar medidas que anulen el ejercicio del

derecho –restricción plena de vías, medidas

de excepción que suspendan indefinida-

mente el derecho de protesta, entre otros-,

o que criminalice el derecho –creación de

tipos penales, ejercicio directo o indirecto

de censura, entre otros-. De esta condición

principal, derivan condiciones concretas.

o. En ese mismo sentido, en relación con el

contenido y límites del derecho de reunión,

el Tribunal Constitucional español, en su

Sentencia 38/2009, del nueve (9) febrero

de dos mil nueve (2009), estableció: Según

tenemos reiterado, el derecho de reunión ‘es

una manifestación colectiva de la libertad

de expresión ejercitada a través de una

asociación transitoria, siendo concebido

por la doctrina científica como un derecho

individual en cuanto a sus titulares y co-

lectivo en su ejercicio, que opera a modo

de técnica instrumental puesta al servicio

del intercambio o exposición de ideas, la

defensa de intereses o la publicidad de

problemas o reivindicaciones, constituyen-

do, por lo tanto, un cauce del principio

democrático participativo, cuyos elementos

configuradores son, según la opinión do-

minante, el subjetivo una agrupación de

personas, el temporal su duración transito-

ria, el finalístico licitud de la finalidad y el

real u objetivo lugar de celebración’ (STC

85/1988, de 28 de abril, FJ 2; doctrina

reiterada en las SSTC 66/1995, de 8 de

mayo, FJ 3;196/2002, de 28 de octubre,

FJ 4; 301/2006, de 23 de octubre, FJ 2).

p. Conforme a la jurisprudencia citada, el

derecho a reunirse, a expresarse libremente

y a la protesta social, su ejercicio es de

naturaleza social y su titularidad indi-

vidual, lo que significa que toda persona

tiene derecho a ejercerlos en libertad, con

las limitaciones que le impone el orden

público, el ejercicio de los derechos de los

ciudadanos y la seguridad pública, es decir,

que no se trata de un derecho absoluto; sin

embargo, en los casos en que el derecho a la

reunión, la libre expresión y protesta social

desborde el límite establecido y justifique la

intervención de la autoridad, esta no pue-

de ejercer su deber de mantener el orden

público, haciendo uso de la arbitrariedad,

el uso innecesario de la fuerza y vulnerar

el derecho a la integridad física de los

manifestantes.

[…] si bien los accionantes integrantes de

la “Coalición Poder Ciudadano” habían

notificado al Ministerio de Interior y Poli-

cía, la celebración de una cadena humana

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frente a la Oficina de Ingenieros Supervi-

sores de Obras del Estado (OISOE) con

el fin de prevenir a la autoridad a tomar

las medidas precautorias y necesarias para

garantizar no solo su derecho a la reunión,

a la protesta social y libre expresión, sino

también para garantizar el ejercicio de

los derechos ciudadanos que pudieren ser

entorpecidos con la actividad, en ningún

modo esta notificación podía generar una

acción de la autoridad que procurara que

los manifestantes llegaran hasta al punto

escogido para la protesta, el cual había sido

notificado, sin que la autoridad, previo a

la celebración de la protesta, hubiere hecho

objeciones, por lo que haber evitado el

acceso de los manifestante al punto de la

protesta a través del uso de la fuerza con-

figura una acción arbitraria que vulnera

los derechos fundamentales alegados por los

recurridos.

s. El argumento del recurrente de que los

ciudadanos no pueden protestar en el lugar

que su imaginación o capricho decida, pues

alterarían el orden público y la paz social,

encuentra fundamento en que ningún de-

recho individual es absoluto ni puede ame-

nazar, limitar o impedir el goce y ejercicio

de los derechos de los demás, ni alterar el

orden público y la seguridad ciudadana,

cuya preservación, la Constitución y la ley

ponen a cargo de la Policía Nacional, por

lo que, el derecho a la reunión, la libre

expresión y a la protesta frente a los lugares

públicos solo puede ser impedido por la

autoridad cuando exista una razón que

justifique la limitación de estos derechos;

en ningún modo, se podría alegar un pe-

ligro eventual o un prejuicio de considerar

una manifestación social como sinónimo

de desorden o de conspiración al orden

constitucional.

t. Por las consideraciones y justificaciones

anteriores, este tribunal considera correcta

la decisión adoptada por el juez de amparo

de acoger la acción reconociendo los dere-

chos fundamentales de los accionantes a

expresar libremente sus ideas, reunirse pa-

cíficamente y a protestar contra actuaciones

de la autoridad, sin alterar el orden público,

porque lo contrario sería desconocer, repri-

mir o silenciar derechos tan vitales en el

marco de un Estado social y democrático de

derecho; esta censura constituye un mayor

riesgo para la calidad de la democracia que

permitir el ejercicio de los mismos…