Libertad de tránsito. Artículo 46

• Páginas: 169-188
• Autor: Geovanny Nina Cruz

ÍNDICE

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LIBERTAD DE TRÁNSITO.

ARTÍCULO 46

Artículo .- Libertad de tránsito. Toda persona que se encuentre en territorio

nacional tiene derecho a transitar, residir y salir libremente del mismo, de

conformidad con las disposiciones legales.

) Ningún dominicano o dominicana puede ser privado del derecho a ingresar

al territorio nacional. Tampoco puede ser expulsado o extrañado del mismo,

salvo caso de extradición pronunciado por autoridad judicial competente,

conforme la ley y los acuerdos internacionales vigentes sobre la materia;

) Toda persona tiene derecho a solicitar asilo en el territorio nacional, en caso

de persecución por razones políticas. Quienes se encuentren en condiciones

de asilo gozarán de la protección que garantice el pleno ejercicio de sus

derechos, de conformidad con los acuerdos, normas e instrumentos

internacionales suscritos y ratificados por la República Dominicana. No se

consideran delitos políticos, el terrorismo, los crímenes contra la humanidad,

la corrupción administrativa y los delitos transnacionales.

ASPECTOS GENERALES

Palabras claves:

A. Conceptualización del derecho al libre tránsito y jurisprudencia

comparada

B. Dimensiones del derecho al libre tránsito

C. Regulación internacional del derecho al libre tránsito

A. Aspecto general: Conceptualización

del derecho al libre tránsito y juris-

prudencia comparada.

SENTENCIA

TC/0391/18

q. En ese sentido, vale acotar que el derecho

al libre tránsito implica la posibilidad de

que toda persona pueda desplazarse de

manera libre no solo en las vías públicas,

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sino en los espacios públicos o privados de

uso público como ocurre en la especie, pues

en dicha plaza funcionan establecimientos

a los cuales debería acceder el ciudadano

común, tal y como se expresa en la letra t

del presente título.

r. Por ello, el Tribunal Constitucional de

Perú se refirió al derecho al libre tránsito

indicando: La facultad de libre tránsito

comporta el ejercicio del atributo de ius

movendi et ambulandi. Es decir, supone la

posibilidad de desplazarse autodetermina-

tivamente en función a las propias necesi-

dades y aspiraciones personales, a lo largo

y ancho del territorio, así como a ingresar

o salir de él, cuando así se desee. Asimismo,

ha señalado que el derecho al libre tránsito

es un elemento conformante de la libertad

y una condición indispensable para el libre

desarrollo de la persona; y que esta facultad

de desplazamiento se manifiesta a través

del uso de las vías de naturaleza pública o

de las vías privadas de uso público, derecho

que puede ser ejercido de modo individual

y de manera física o a través de la utiliza-

ción de herramientas tales como vehículos

motorizados, locomotores, etc. Sin embargo,

como todo derecho fundamental, la liber-

tad de tránsito no es un derecho absoluto,

ya que puede y debe ser limitado por di-

versas razones. (Tribunal constitucional de

Perú Expediente N.º 2876-2005-PHC).

s. Así mismo, la Corte Constitucional de

Colombia en su Sentencia T-747/15 ha

prescrito: La libertad de locomoción es un

derecho fundamental al ser una expresión

de la libertad, inherente al ser humano,

cuya mínima manifestación consiste en

la posibilidad de transitar o desplazarse

de un lugar a otro –valga la redundancia,

libremente- dentro del territorio del país,

incluido especialmente, las vías y espacios

públicos. Aunque no se trate de un derecho

absoluto por lo cual está sujeto a restriccio-

nes, la libertad de locomoción es afectada

legítimamente cuando se da aplicación

de sanciones penales. Sin embargo, ésta se

vulnera cuando, por ejemplo, se impide

el tránsito de una persona en espacios de

carácter público, que deben ser accesibles

para todos los miembros de la sociedad, en

igualdad de condiciones.

B. Aspecto general: Dimensiones del

derecho al libre tránsito.

SENTENCIA

TC/0126/15

8.3. El derecho a la libertad de tránsito cons-

tituye una de las libertades fundamentales

y una condición que resulta indispensable

para el desarrollo de las personas. Puede

ser ejercido desde distintas dimensiones,

como es el derecho a transitar libremente,

ya sea dentro de su país, como dentro del

país donde se encuentra como visitante. En

este último caso –y, como no, también en el

primero, la ley regula este derecho, por lo

que no se trata de un derecho absoluto; no

obstante, al momento de ser regulado, no

debe anularse su núcleo esencial, pues ello

conllevaría a una violación a ese derecho.

Implica además la posibilidad de entrar y

salir de un país cualquiera libremente, y

se encuentra consagrado no sólo en nuestra

Constitución sino además, en el marco

internacional, lo encontramos en el artícu-

lo 13 de la Declaración Universal de los

Derechos Humanos, así como en el artículo

12 del Pacto Internacional de los Derechos

Civiles y Políticos.

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C. Aspecto general: Regulación inter-

nacional del derecho al libre tránsito.

Sentencia TC/0071/13

n) En este mismo sentido, el Pacto Interna-

cional de Derechos Civiles y Políticos, en

su artículo 12, indica: Toda persona que se

halle legalmente en el territorio de un Es-

tado tendrá derecho a circular libremente

por él y a escoger libremente en él su resi-

dencia. De igual manera, el artículo 13 de

la Declaración Universal de los Derechos

Humanos expresa: Toda persona tiene

derecho a circular libremente y a elegir su

residencia en el territorio de un Estado.

o) De esto se colige que el derecho al libre

tránsito y al libre acceso a los demás de-

rechos que se pueden ver afectados por la

no libertad de estos, están garantizados no

sólo por nuestra Constitución, sino por el

bloque de constitucionalidad que compo-

nen los pactos y tratados a los que como

república, somos signatarios.

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Palabras claves:

1. Ausencia de vulneración al derecho de libre tránsito: expulsión del territorio

nacional de un extranjero

2. Ausencia de vulneración al derecho de libre tránsito: implementación de

medidas de seguridad

3. Ausencia de vulneración al derecho de libre tránsito: restricciones legales

impuestas a los alcaldes para poder ausentarse del municipio

4. Libertad de tránsito dentro de una plaza comercial para acceder a servicios

públicos

5. Libre acceso a los bienes de dominio público: área de playa

6. Vulneración al derecho de libre tránsito: bloqueo de acceso a la comunidad

7. Vulneración al derecho de libre tránsito: impedimento de contratar

libremente servicios de transporte

8. Vulneración al derecho de libre tránsito: impedimento de salida del país sin

proceso penal abierto

9. Vulneración al derecho de libre tránsito: instalación de garitas de seguridad

en la vía pública sin autorización

1. AUSENCIA DE VULNERACIÓN AL DERECHO DE LIBRE TRÁNSITO:

EXPULSIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL DE UN EXTRANJERO

CRITERIO:

No se vulnera el derecho a la libertad de tránsito cuando una

institución pública (en este caso, la Dirección General de Migración)

procede a retirar los documentos migratorios de un extranjero y

posteriormente tramitar la expulsión del territorio nacional por haberse

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dado las condiciones legales para ello (deportación, vinculación a un

proceso penal en el extranjero por el cual fue condenado, y libertad

condicional).

SENTENCIA TC/0280/19

—Ver en este sentido el criterio

relativo al derecho de protección de las personas menores de edad (art. 56)—

CRITERIO 2:

La concesión de visa o residencia no supone la admisión

incondicional al territorio dominicano, y pueden ser revocadas por las

autoridades migratorias en los casos previstos en la ley, especialmente

aquellos relativos a la no admisión, a la deportación y a la expulsión.

Resumen del caso: El conflicto se originó con la deportación e

impedimento de entrada al territorio dominicano, a requerimiento

de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL),

de un extranjero de nacionalidad alemana; además, se le retuvo su

carnet de residencia provisional y su cédula de identidad. Ante esta

situación, el extranjero acudió ante la jurisdicción constitucional en

materia de amparo para que la Dirección General de Migración le

devuelva sus documentos y cese toda persecución en su contra.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] la alegada acción realizada por parte

de la D.G.M., es parte del proceso migra-

torio que se estaba realizando en contra del

accionante, Peter Dr. Reinhart, pues es la

misma norma que estipula, que previo a

hacer efectiva la deportación o expulsión

del extranjero se procederá a retirarle los

documentos que acrediten su estatus mi-

gratorio en el país. Por consiguiente, este

colegiado rechaza el referido pedimento, al

no haber detectado vicios de arbitrariedad

en el cumplimiento de dicha disposición.

e. Respecto a la segunda violación invocada

por el accionante, señor Peter Dr. Reinhart,

este solicita que se le ordene a la Dirección

General de Migración, el levantamiento

del impedimento de entrada al país que

ostenta en su contra, pues dicha actuación

le impide poder transitar y salir libremente

del territorio dominicano, violentando el

derecho al libre tránsito consagrado en el ar-

tículo 46 de la Constitución dominicana…

g. Resulta oportuno destacar que la Di-

rección General de Migración es el órgano

encargado de regular el flujo de los extran-

jeros, su entrada, permanencia y salida del

territorio nacional (artículo 1 y 2 de la Ley

núm. 285-04); además, que dentro de sus

funciones se encuentra hacer efectiva la no

admisión, deportación o la expulsión orde-

nada por autoridad competente (artículo

6.12 de la referida ley núm. 285-04).

h. Además, el artículo 15 de la Ley núm.

285-04, sobre Migración, establece que:

No serán admitidos en el país los extranje-

ros comprendidos en alguno de los siguien-

tes impedimentos:3 7. Tener antecedentes

penales, excepto que los mismos no denoten

en su autor una peligrosidad tal que haga

inadecuada su incorporación a la sociedad

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dominicana. A tales efectos se valorará

la naturaleza de los delitos cometidos, la

condena aplicada, su reincidencia y si la

pena o acción penal se encuentra extingui-

da; 9. Haber sido objeto de deportación o

expulsión y no contar con autorización de

reingreso, y quienes tengan expresamente

prohibida la entrada a la República, de

acuerdo a órdenes emanadas de las autori-

dades competentes. i. En la especie, si bien

es cierto que los extranjeros tienen el dere-

cho a residir, transitar y salir libremente

del país, siempre y cuando cumplan con las

condiciones establecidas en la Constitución

y las normas, no menos cierto es que el señor

Peter Dr. Reinhart, está impedido de entrar

al país por haber sido objeto de deportación,

el veintitrés (23) de noviembre de dos mil

nueve (2009); además, que fue procesado

por la justicia alemana y recae en su contra

una condena privativa de libertad de seis

(6) años por el delito de estafa y, actual-

mente, se encuentra en libertad condicio-

nal hasta noviembre de dos mil diecinueve

(2019) (ver literal b, numeral 10, de la

presente sentencia). De lo que se colige que

la Dirección General de Migración, al ser

la institución facultada para regular la

entrada y salida de los extranjeros al te-

rritorio nacional de conformidad con una

correcta aplicación de las disposiciones de

la ley que regula la materia, lo que, en el

caso de examen, no se puede traducir como

una violación al derecho a la libertad de

tránsito del accionante.

j. Este tribunal reitera los fundamentos

establecidos en la Sentencia TC/0538/15,

del primero (1ro) de diciembre de dos mil

quince (2015), al establecer, en el numeral

11, literal p parte infine, y literal q, que:

En efecto, amparada en los principios de

soberanía y de seguridad pública y del Es-

tado, la ley faculta al Estado dominicano a

no admitir en su territorio extranjeros que

hayan sido objeto de deportación o expul-

sión, o que no cuenten con autorización de

reingreso. De hecho, la concesión de una

visa o de una residencia no suponen la

admisión incondicional al territorio domi-

nicano, pudiendo los mismos ser revocados

por las autoridades migratorias en los casos

previstos en la propia ley, especialmente,

aquellos relativos a la no admisión, a la

deportación y a la expulsión.

2. AUSENCIA DE VULNERACIÓN AL DERECHO DE LIBRE TRÁNSITO:

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD

CRITERIO:

No se vulnera el derecho al libre tránsito cuando una junta

de vecinos decide implementar medidas de seguridad para velar por el

bien de la comunidad, siempre que se haga observando el procedimiento

previsto para su implementación.

SENTENCIA TC/0349/15

—Precedente

reiterado mediante sentencia TC/0255/19—

Resumen del caso: El conflicto se origina cuando un propietario de

un inmueble que se encuentra dentro de un residencial se opone a

que dicho residencial tome medidas restrictivas para el acceso. Ante

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tal situación, el propietario acudió ante la jurisdicción constitucional

en materia de amparo invocando vulneración al libre tránsito por

parte de la junta de vecinos.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

m. De conformidad con los hechos denun-

ciados por el recurrente, la Junta de Vecinos

“Home & Property Owners Association

Playa Laguna II & Escondido Bay” ha

transgredido en reiteradas ocasiones los

derechos fundamentales al libre tránsito

(libre circulación) y a la libertad de empresa

al señor Eckard Stuckmann toda vez que

las medidas de seguridad empleadas por la

directiva como, lo son v.gr., detener a los vi-

sitantes transeúntes y exigir documentos que

les identifiquen, limitar el acceso en motoci-

cletas a mensajeros, igualmente en bicicletas,

requerir que dejen los indicados medios de

transporte en la caseta de los vigilantes y

entrar “a pies”, recibir la correspondencia

de las facturas por concepto de los servicios

públicos y privados en la denominada “ga-

rita” del cuerpo de seguridad o vigilantes al

servicio del Complejo Inmobiliario, entre

otros.

o. Nos parece que los argumentos planteados

por el recurrente resultan insuficientes e in-

compatibles para configurar un supuesto de

violación a los derechos fundamentales que

invoca le han sido alegadamente transgredi-

dos por la parte recurrida. De igual modo,

no hay una relación de causa y efecto entre

las violaciones acusadas y los hechos que

denuncia el señor Eckard Stuckmann; tam-

poco elementos probatorios que revelen visos

de arbitrariedad por las medidas ejecutadas

en el residencial, razón por la cual la acción

de amparo debe ser desestimada.

p. En efecto, las medidas de seguridad adop-

tadas por las Juntas de Vecinos debidamente

organizadas, convergen en procurar y garan-

tizar todas aquellas iniciativas que interesan

al bien de la comunidad en general; de ahí

que discrepancias en torno a ella por uno de

los habitantes del conglomerado frente a la

mayoría no configura, en modo alguno, un

matiz injusto o conculcatorio de los derechos

y garantías fundamentales. Además, el accio-

nante no ha podido probar que los accionados

violaron los indicados procedimientos. Las

referidas medidas son adoptadas en torno

a la celebración de asambleas y reuniones,

debidamente convocadas, con quórum esta-

blecido en sus estatutos, y armonizadas por la

comunidad, entre otras reglas.

3. AUSENCIA DE VULNERACIÓN AL DERECHO DE LIBRE TRÁNSITO:

RESTRICCIONES LEGALES IMPUESTAS A LOS ALCALDES PARA

PODER AUSENTARSE DEL MUNICIPIO

CRITERIO:

Las restricciones legales impuestas a los alcaldes para poder

ausentarse temporalmente del municipio que dirigen o del país no

vulneran el derecho fundamental al libre tránsito. Los alcaldes tienen

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amplias y significativas obligaciones administrativas que requieren su

presencia permanente.

SENTENCIA TC/0520/16

—Ver en este sentido el

criterio relativo al derecho de libre desarrollo de la personalidad (art. 43 CRD)—

Resumen del caso: El alcalde de Santo Domingo Este sometió una

acción directa de inconstitucionalidad en contra de dos artículos

de la Ley núm. - que regula aspectos municipales. En esencia,

estos artículos establecen regulaciones sobre su ausencia temporal del

municipio que dirige o del país y sobre las autoridades que deben

otorgar dicho permiso. El accionante plantea que dichas normas

vulneran el derecho fundamental de libre tránsito.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

10.1.4. Los textos cuestionados establecen,

sin dudas, una restricción a la libertad de

tránsito, pero esta restricción se justifica por-

que los destinatarios de las mismas ejercen

las funciones de ejecutivos de los gobiernos

locales, lo cual implica que manejan presu-

puestos importantes, al menos en algunos

casos y, consecuentemente, tienen amplias y

significativas obligaciones administrativas,

que requieren de su presencia permanente.

10.1.5. Por otra parte, es pertinente desta-

car que la limitación de referencia también

se aplica al presidente y al vicepresidente de

la República, según las disposiciones esta-

blecidas en el inciso 1, letra ñ, del artículo

93 y el 131, de la Constitución de la Re-

pública. En este caso, la justificación de la

restricción es la misma, ya que recae sobre

funcionarios electos por el voto popular y

responsables de las funciones ejecutivas a

nivel nacional.

4. LIBERTAD DE TRÁNSITO DENTRO DE UNA PLAZA COMERCIAL

PARA ACCEDER A SERVICIOS PÚBLICOS

CRITERIO:

Constituye una vulneración al derecho de libre tránsito

la negativa, sin justificación razonable, de los dueños de una plaza

comercial de permitirle a un ciudadano ingresar a la plaza en donde

hay oficinas públicas que prestan servicios destinados a satisfacer

necesidades de interés colectivo y cuya prestación, sea por el Estado

o por particulares, debe responder a los principios de universalidad,

accesibilidad y eficiencia.

SENTENCIA TC/0391/18

CRITERIO 2:

El derecho al libre tránsito implica la posibilidad de

que toda persona pueda desplazarse de manera libre no solo en la

vía pública, sino también en los espacios públicos o privados de uso

público. —Precedente reiterado en la sentencia TC/ TC/0126/19—

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

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Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que una plaza

comercial había tomado la medida de impedir la entrada de una

persona que se dedicaba a prestar dinero en los pasillos de dicho

establecimiento. El señor había solicitado el levantamiento de esa

medida y ante la negativa del centro comercial, acudió ante la juris-

dicción constitucional en materia de amparo invocando vulneración

al libre tránsito.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

i. En relación con estos argumentos y des-

pués de analizar los documentos y piezas

que conforman el presente caso, este órgano

de justicia constitucional especializada ve-

rifica que ciertamente la Operadora Cen-

tros del Caribe, S.A.S, prohibió la entrada

a sus instalaciones del señor Rudy Eliezer

Olivo Naranjo, tomando como fundamen-

to que como plaza comercial no permiten

acceso a particulares ajenos a esta instala-

ción con el objeto de desarrollar un negocio

sin cumplir con los requisitos allí estableci-

dos, ya que la intención del accionante es

desarrollar un negocio de préstamos dentro

de dicha plaza, emplazándolo la referida

plaza a que se abstuviera de hacerlo.

j. En lo relativo a la negativa de la Ope-

radora Centros del Caribe, S.A.S, a que el

accionante penetre a sus instalaciones, este

tribunal constitucional se ve precisado a

indicar que ciertamente el referido centro

comercial está constituido bajo las reglas

del régimen especial de copropiedad instau-

rado por la Ley núm. 5038, en el cual todos

los propietarios de locales son codueños del

terreno y de todas las partes del edificio que

no estén afectadas al uso exclusivo de algu-

no de ellos. Dicha normativa regula todo

lo concerniente al ejercicio del derecho de

propiedad en función de un bien inmueble

que tiene varios dueños, dado que no existe

en la República Dominicana una regula-

ción específica para las copropiedades que

operan para uso comercial, por lo que se

hace necesario analizar si dicha regulación,

esencial fuente para la ordenación de los

asuntos de la copropiedad, alcanza para

regir los derechos de los terceros que tran-

sitan y visitan los centros comerciales para

desarrollar alguna actividad no relaciona-

da con el régimen de copropiedad.

[…] Partiendo de este postulado, debemos

recordar que la empresa accionada com-

parte un régimen especial dentro del de-

sarrollo de la copropiedad instaurado por

la Ley núm. 5038, normativa esta que le

da potestad para dictar las normas de con-

vivencia dentro de la referida plaza, por

esta razón, en el presente proceso, la parte

accionada tiene la potestad de restringir la

entrada de cualquier persona que pretenda

de manera ilegal desarrollar una actividad

comercial, sin cumplir con las formalidades

que dispone la norma que rigen los con-

dominios y los reglamentos de convivencia

de los propietarios y copropietarios de la

indicada plaza, sin que la prohibición de

la entrada bajo esas condiciones pueda ser

entendida como una violación a los dere-

chos fundamentales de la parte accionante.

n. Contrario sería que la prohibición de

acceso a las instalaciones de la Operadora

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

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Centros del Caribe, S.A.S., se realizara sin

tener ninguna justificación válida, en vir-

tud de que en la indicada plaza comercial

existen locales que se dedican a prestar ser-

vicios públicos, los cuales están destinados a

satisfacer necesidades de interés colectivo y,

por tanto, su prestación, sea por el Estado

o por particulares debe responder a los

principios de universalidad, accesibilidad,

eficiencia, entre otros, de lo que resulta que

al impedírsele la entrada al accionante de

modo absoluto se genera una limitante al

acceso a los servicios públicos que en dicha

plaza se prestan, como, por ejemplo, el

servicio de energía, cuyas oficinas están

en dicha plaza, lo cual hace parte de los

denominados derechos colectivos y difusos

implícitos, en atención a lo dispuesto por

el artículo 147 de la Carta Sustantiva del

Estado (no puede pagar, hacer reclamacio-

nes, etc).

o. La referida limitación a derechos funda-

mentales queda verificada por el hecho de

que la naturaleza de las actividades que se

desarrollan dentro de la plaza tienen como

destino final el público en general, donde

se prestan servicios públicos como son pago

de servicios de electricidad en la oficina de

EDEESTE, instituciones bancarias e in-

cluso la oficina del Registro de Títulos de la

Jurisdicción Inmobiliaria de la provincia

Santo Domingo, así como aulas de estudios

de la Universidad O&M y la Academia

Europea, por lo que hasta se puede compro-

meter derechos fundamentales al impedirse

el acceso, de manera que el accionante

solo podrá acceder a las tiendas y oficinas

de servicios de la Operadora Centros del

Caribe, S.A.S., salvo realizar actividades

comerciales no consentidas por las autori-

dades del centro de que se trata.

p. Cabe señalar que la restricción de acceso

a una plaza comercial debe tener alguna

justificación que se enmarque dentro de lo

razonable, sin que en ningún modo pueda

afectarse derechos fundamentales de las

personas que acuden a plazas comerciales,

máxime cuando no se verifica en la glosa

procesal que se hubieren registrado actos

que pusieren en peligro la seguridad y el

orden en la plaza.

q. En ese sentido, vale acotar que el derecho

al libre tránsito implica la posibilidad de que

toda persona pueda desplazarse de manera

libre no solo en las vías públicas, sino en los

espacios públicos o privados de uso público

como ocurre en la especie, pues en dicha

plaza funcionan establecimientos a los cuales

debería acceder el ciudadano común…

t. En ese orden, cabe precisar que las res-

tricciones del acceso a las plazas comerciales

deben estar encaminadas a procurar el cese de

cualquier acto que vaya en contraposición a

sus disposiciones reglamentarias contenidas en

su régimen de condominio. Así mismo, deben

estar dirigidas en evitar la ocurrencia de actos

que puedan representar un ultraje al pudor,

pongan en riesgo la seguridad del público o

vayan en contraposición del orden público, lo

cual no quedó verificado en la especie.

u. Siendo así, para este tribunal constitucio-

nal se afectan los derechos a la libre determi-

nación y tránsito del accionante, señor Rudy

Eliezer Olivo Naranjo, cundo se le prohíbe

ingresar a la plaza e instalaciones de la em-

presa Operadora Centros del Caribe, S.A.S.,

siempre que este no persiga dedicarse a las

actividades comerciales dentro del indicado

centro comercial, salvo que agote los proce-

dimientos establecidos para ello.

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5. LIBRE ACCESO A LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO: ÁREA DE

PLAYA

CRITERIO:

Constituye una vulneración al derecho de libre tránsito la

restricción aplicada por una empresa hotelera consistente en limitar

el acceso al área de playa colocando medidas de control que afectan a

usuarios y propietarios. Garantía de libre acceso a bienes de dominio

público.

SENTENCIA TC/0378/16

—Precedente reiterado mediante sentencia

TC/0106/19 (Restricción al acceso público de la Playa Encuentro en el

municipio de Sosúa, Puerto Plata), y sentencia TC/0126/19 (Restricción a

vías de acceso público en complejos turísticos de Puerto Plata)—

Resumen del caso: El conflicto se origina cuando una corporación

hotelera procede a instalar una garita con custodia de un guardia y

una barrera para controlar la circulación de una calle que da acceso

a un área de playa. Estas medidas fueron objetadas por una empresa

hotelera que plantea que son injustas y que afectan el libre tránsito de

sus empleados y clientes al área de playa y a un club que se encuentra

dentro de dicha área, al final de la calle. En este sentido, esta empresa

acudió ante la jurisdicción constitucional en materia de amparo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

k. El proyecto Playa Dorada consta de

cuatro pasos, estratégicamente ubicados

para dar servicio a todos los hoteles del

complejo, sin que tengan carácter de exclu-

sividad para ningún proyecto en particular.

Por otra parte, existe constancia en el

expediente de una certificación expedida

por la Asociación de Propietarios de Ho-

teles y Condominios, Inc., en donde esta

entidad afirma que la compañía Sunsea

Place, LTD (parte recurrente en el presente

proceso) “tiene derecho exclusivo de un área

de playa de este proyecto”, añadiendo que

“los huéspedes y empleados del mencionado

hotel tienen derecho de libre acceso y

transporte…por los caminos internos del

Complejo Playa Dorada”.

l. Este tribunal constitucional, luego del

estudio de los documentos depositados

en el expediente, y después de realizado

el descenso al Proyecto Playa Dorada,

Puerto Plata, a cargo de la comisión de

magistrados designada, ha advertido que,

efectivamente, existe una barrera consis-

tente en la colocación de una garita y de

un brazo movible en la denominada calle

“A”, justo donde empieza la propiedad del

Condominio Riviera Azul, custodiada por

un vigilante, el cual ejerce un proceso de

control de acceso por esa vía que conduce

al área de playa.

m. La comisión designada por el Tribunal

Constitucional ha podido comprobar

por los documentos y piezas probatorias

contenidas en el expediente, y las participa-

ciones suscitadas durante el conversatorio

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

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producido con el motivo del traslado al

lugar del conflicto, que ciertamente, en

algunas ocasiones, la parte accionante ha

confrontado dificultades para que algunos

de sus clientes y de su personal laboral y

administrativo puedan acceder al área de

playa por la entrada en la cual se encuen-

tra colocado el señalado control, es decir,

por la denominada calle “A”, que es la vía

de acceso más directa para sus clientes y

empleados a la playa.

n. Vale subrayar que dicho acceso, no

obstante servir de control a la entrada al

Condominio Riviera Azul, a la vez cons-

tituye una vía de entrada al área de la

playa, la cual no pertenece a ningún hotel

en específico, sino que es una vía de uso

común para todos los hoteles instalados

en el Complejo Turístico Playa Dorada

y, por consiguiente, para sus clientes y

personal.

o. Si bien por razones lógicas de garantizar

la seguridad integral de las personas aloja-

das en el complejo y la organización y des-

envolvimiento interno de las instalaciones

hoteleras, estas pueden, en correlación con

la asociación que agrupe a los copropieta-

rios, establecer controles de acceso, dichos

controles no pueden traducirse en una li-

mitación para que el público pueda acceder

al disfrute pacífico de los recursos naturales

que son bienes propiedad del Estado y, por

ende, del dominio público, por lo que debe

ser garantizado el disfrute de los mismos

a la colectividad, tal y como lo dispone la

parte in fine del párrafo del artículo 15 de

la Constitución.

p. En virtud de lo anterior, debe garan-

tizarse el acceso al área de playa, para

que todos los inversionistas del complejo

puedan cumplir con sus clientes a los

cuales ofertan el paquete de “turismo de

playa”, que es la modalidad de turismo

ejecutada en las localidades costeras y que

mayores flujos de viajeros aporta a escala

internacional a las empresas turísticas. q.

Este tribunal considera que con el impe-

dimento o dificultad de ingreso al área

de playa se produce una limitación del

derecho a la libertad de tránsito que afec-

ta la facultad de la empresa recurrente a

ejercer el pleno uso, disfrute y disposición

de su propiedad.

[…] ordenar a los accionados, Corporación

Antillana de Hoteles, S.R.L., al Condomi-

nio Riviera Azul y al señor Marco Antonio

Villanueva Camps, abstenerse de limitar o

restringir de forma alguna el libre acceso al

área de playa del personal y clientes de la

parte accionante, a través del control que

funciona en la calle “A” del proyecto Playa

Dorada, para que pueda realizar allí las

actividades propias que conllevan su oferta

turística, ya que dicha actuación violenta

a la empresa accionante, su derecho al libre

tránsito y, por consiguiente, afecta el pleno

ejercicio del uso, disfrute y disposición de su

derecho de propiedad.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

180 | Art. 46

ÍNDICE

6. VULNERACIÓN AL DERECHO DE LIBRE TRÁNSITO: BLOQUEO

DE ACCESO A LA COMUNIDAD

CRITERIO:

Se vulnera la libertad de tránsito cuando una institución

pública (en este caso, una empresa contratada por el Ministerio de

Obras Públicas) realiza una construcción vial que bloquea el acceso

lógico y natural de una comunidad.

SENTENCIA TC/0071/13

Resumen del caso: El conflicto se origina con la construcción por

parte una empresa contratada por el Ministerio de Obras Públicas

de la Autovía del Este, de barreras metálicas de defensa que cierran

el acceso a la comunidad de Los Solares, ubicada en el municipio

de Guayacanes, provincia de San Pedro de Macorís, cerca de Juan

Dolio. Ante esta situación, una de las personas afectadas acudió

ante la jurisdicción constitucional en materia de amparo alegando

vulneración al derecho fundamental de libre tránsito.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

j) Ahora bien, de acuerdo con el contrato

de concesión firmado por el Ministerio

de Obras Públicas y Comunicaciones

(MOPC) y la sociedad Concesionaria

Dominicana de Autopistas y Carreteras,

S. A. (CODACSA), esta última tiene el

control del mantenimiento y gestión de

la vía como encargada del cobro del peaje.

En ese sentido, le corresponde garantizar,

conjuntamente con el Ministerio de Obras

Públicas y Comunicaciones (MOPC), el

acceso de entrada y salida del sector Los

Solares y las servidumbres que se pudie-

ran establecer, por estar ambas entidades

comprometidas con el diseño, construcción,

ejecución, gestión y el mantenimiento de

ese tramo de la Autovía del Este, según se

desprende de la documentación que sirve

de base al expediente de que se trata.

k) En el informe técnico emitido por el Mi-

nisterio de Obras Públicas y Comunicacio-

nes (MOPC) se evidencia la conculcación

del derecho al libre tránsito y, además, la

afectación de otros derechos fundamentales

como el derecho a la educación y el derecho

al trabajo. Ello se deduce de la circunstan-

cia de que, debido al cierre de la indicada

vía de acceso, los pobladores de Los Solares

se han visto impedidos de acceder de

manera lógica y natural a sus escuelas y

centros de trabajo, obligándoseles a recorrer,

innecesariamente, entre diez (10) y catorce

(14) kilómetros.

q) Por todo lo anterior, resulta evidente que

el cierre del acceso a la comunidad de Los

Solares, localizada a la altura del kilómetro

10 de la Autovía del Este, municipio Gua-

yacanes, provincia San Pedro de Macorís,

conculca el derecho relativo al libre tránsito

y el derecho a la dignidad humana.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 46 | 181

ÍNDICE

7. VULNERACIÓN AL DERECHO DE LIBRE TRÁNSITO:

IMPEDIMENTO DE CONTRATAR LIBREMENTE SERVICIOS DE

TRANSPORTE

CRITERIO:

Constituye una vulneración al derecho de libre tránsito la

falta de cumplimiento por parte de las instituciones del Estado que

regulan el servicio de transporte de pasajeros y de carga en los puertos y

aeropuertos, la no implementación de medidas que protejan la libertad

de los dominicanos de poder contratar libremente tanto el servicio de

transporte de pasajeros como el de carga dentro del territorio nacional,

así como de poder entrar o sacar mercancías en los aeropuertos y puertos

del país, ya sea para importar o exportar.

SENTENCIA TC/0380/18

—Ver

en este sentido el criterio relativo a la libertad de empresa (art. 50 CRD)—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que varios

sindicatos de transporte público de pasajeros y de carga restringían

el acceso y el tránsito por puertos y aeropuertos a otros vehículos

que no estuvieran afiliados a ellos. Ante esta situación, el Consejo

Nacional de la Empresa Privada (CONEP) acudió ante la jurisdic-

ción constitucional en materia de amparo ordinario y de amparo

en cumplimiento de varias normas cuyo cumplimiento recae en

instituciones del Estado: el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de

Industria y Comercio (MIC), el Ministerio de Defensa, la Policía

Nacional, el Ministerio de Interior y Policía, la Oficina Técnica de

Transporte Terrestre (OTTT) y el Ministerio de Turismo. La restric-

ción del libre tránsito y el incumplimiento de las normas que regulan

a los sindicatos y al transporte público transgreden según el CONEP

sus derechos fundamentales a la libertad de empresa, a la libertad de

contratación, a la libre competencia y a la libertad de tránsito.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

En relación con el Ministerio de Trabajo

[…] se evidencia que contrario a lo plan-

teado por el Ministerio de Trabajo, como

medio de defensa en el sentido de que la

Ley núm. 578, se encuentra derogada por

la Ley núm. 290 y posteriormente por la

Ley núm. 70-70, se ha podido observar,

que dichas leyes no han sido derogadas,

sino que son legislaciones complementarias

que regulan funciones del comercio interno

y de los puertos del país, y que no liberan

al Ministerio de Trabajo de la obligación

puesta a su cargo en el artículo 4 de la

referida ley núm. 578.

uu. Además, señala que la indicada norma

garantiza la participación del colectivo

interesado en los trabajos de carga, des-

carga, transporte y sacadores de buques en

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

182 | Art. 46

ÍNDICE

los muelles del país, evitando con esto el

establecimiento de monopolios en provecho

de particulares y en detrimento de otros

sectores necesitados del pueblo dominicano

y así preservar el acceso al trabajo de las

personas que consideren dedicarse a dichas

actividades en igualdad de condiciones.

vv. En tal sentido, el tribunal a quo señaló

que el Ministerio de Trabajo debe velar

para que las personas físicas y morales, sin

distinciones, puedan acceder de manera

libre al transporte de mercancía desde los

puertos nacionales; en consecuencia, ha

sido comprobada la validez de dicha nor-

ma, en razón de su vigencia.

En relación con el Ministerio de Industria

y Comercio

ww. En relación con el requerimiento

del cumplimiento del artículo 2, literal

“b” apartado “g” de la Ley núm. 290-66

por parte del Ministerio de Industria y

Comercio, en cuanto a dictar y vigilar el

cumplimiento de normas que garanticen

la libre competencia y los niveles de precios,

la Segunda Sala del Tribunal Superior

Administrativo determinó que la regula-

ción incluye el transporte de carga como

actividad económica nacional.

xx. Asimismo, señala que: …es criterio

de esta Segunda Sala que la libertad de

empresa abarca, en pro de los individuos,

el derecho de iniciar y beneficiarse de las

actividades económicas que prefieran, sea

por vía de los medios colectivos legales o

a título particular, con las limitaciones

establecidas en la ley, y que el ministerio

o cualquier institución Estatal está en la

obligación de dar cumplimiento a lo que

establece la ley.”

yy. Además, la parte accionada Ministerio

de Industria y Comercio no ha demostrado

que cumplió con el requerido deber legal

establecido en el artículo 2, literal b, apar-

tado g, de la Ley núm. 290-66, consistente

en dictar normas que garanticen la libre

competencia y los niveles de precio, en lo re-

lativo al transporte terrestre de carga en el

país, viéndose afectadas tanto las personas

físicas como las personas morales al acceso,

violentándose así el derecho constitucional

a la libre empresa, no solo el accionante,

sino de la colectividad.

En relación con la Oficina Técnica de

Transporte Terrestre (OTTT)

zz. En relación con el requerimiento del

cumplimiento del deber previsto en los

referidos artículos 1 y 2 del Decreto núm.

489-12, del veintiuno (21) de septiembre

de mil novecientos ochenta y siete (1987),

a cargo de la Oficina Técnica de Transporte

Terrestre, el juez de amparo, a través de los

documentos anexos, ha podido evidenciar

que emitieron normas tales como: Nor-

mativa para la operación de transporte

de moto concho, Normativa para la pres-

tación del Servicio de transporte público

de pasajeros en República Dominicana,

Norma para el Cálculo, Revisión y Modifi-

cación de las Tarifas del Transporte Público

de Pasajeros en República Dominicana,

Normativa para la Prestación del Servicio

de Transporte de Personal, Manuel de

Procedimientos, solicitud de servicios, entre

otras documentaciones, […], sin embargo

al examinar, este Tribunal dichas normas,

hemos constatado que las mismas no han

sido suficientes para garantizar el control

y organización del transporte terrestre de

pasajeros en la República Dominicana, ya

que no se evidencia que se hayan adoptado

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 46 | 183

ÍNDICE

todas las medidas necesarias para tales fines,

de acuerdo a las necesidades nacionales

imperantes, por lo que, con la omisión

del cumplimiento de su deber, la Oficina

Técnica de Transporte Terrestre, ha permi-

tido las prácticas anticompetitivas, siendo

su deber impedir a cualquier entidad que

no sea la propia, que intervenga o domine

la concertación de precios en materia de

transporte de pasajeros.

En relación con el Ministerio de turismo

aaa. En relación con lo argumentado por

el Ministerio de Turismo, en cuanto al

cumplimiento del deber relativo al referido

artículo 2 literal g, de la Ley núm. 84- 79,

que modifica la Ley núm. 541, del treinta

y uno (31) de diciembre de mil novecientos

sesenta y nueve (1969), señala que: …ha

comprobado este Tribunal, que las pruebas

aportadas por el Ministerio de Turismo

se trata de autorizaciones, recepción de

solicitudes, licencias para el transporte

turístico terrestre de autobuses, lo que es

parte de las funciones que tiene a su car-

go, sin embargo no satisfacen del todo el

cumplimiento del deber legal atribuido por

la ley, al permitir, con su desidia, acciones

anticompetitivas en el transporte terrestre

de turistas, provenientes de las prácticas y

acuerdos entre los sindicatos y federaciones,

que han limitado el acceso de personas

físicas y morales interesadas en incursionar

en la actividad económica del transporte

terrestre de turistas, si éstos no pertenecen

a una de sus agrupaciones, lesionando el

derecho al trabajo y a la libre empresa del

colectivo de personas interesadas permisión

que se traduce en la inobservancia del

mandato constitucional en los términos

fijados por los precedentes del Tribunal

Constitucional antes referidos, que resultan

vinculantes, conforme al artículo 182 de la

Constitución Dominicana.

En relación con el Ministerio de Defensa

bbb. En cuanto al cumplimiento del deber

legal a cargo del Ministerio de Defensa, de

acuerdo con lo dispuesto en el antes referido

artículo único del Decreto núm. 104- 91,

el tribunal de amparo pudo determinar

que el accionante no ha demostrado que

dicha institución haya denegado la debida

protección a alguna persona que la haya

requerido. En este sentido, sí ha podido

determinar que la parte accionada no ha

podido probar que cuyo cumplimiento ha

sido del todo, por lo que estima el tribunal

de amparo, la procedencia de ordenar a

dicho ministerio que, en su condición de

instancia dependiente del Poder Ejecutivo,

garante de los intereses y la estabilidad na-

cional, asegure que el objetivo del referido

decreto sea cumplido.

En relación con el Ministerio de Inte-

rior y Policía y la Policía Nacional

ccc. En torno a la falta de cumplimiento

de lo dispuesto en el antes señalado artículo

25 de la Ley núm. 247-12, del catorce (14)

de agosto de dos mil doce (2012), por parte

del Ministerio de Interior y Policía, esta

sala ha podido determinar que, en cuanto

a lo alegado de la derogación del referido

decreto núm. 104-91, por la promulgación

de la nueva Ley núm. 139-13, al crear

cuerpos especializados para garantizar la

seguridad en puertos y aeropuertos del país,

así como en la zona fronteriza, no deroga,

ni reemplaza lo establecido en el citado

decreto sino que, mas bien, resulta ser una

regulación que refuerza y complementa la

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

184 | Art. 46

ÍNDICE

intención estatal de preservar la seguridad

nacional.

ddd. En tal sentido, continúa argumenta-

do el juez de amparo de cumplimiento, que

el Ministerio de Interior y Policía, como

superior de la Policía Nacional, por impe-

rio del artículo 25 de la Ley núm. 247-12,

Orgánica de la Administración Pública,

debe cerciorarse de que la Policía Nacional

cumpla con los deberes encomendados con

observancia de los rigores constitucionales y

legales; en consecuencia, ordena mediante

la decisión adoptada que cumpla con el

deber de supervisar respecto de la responsa-

bilidad a cargo de la Policía Nacional en

los términos antes expuestos.

En relación con el incumplimiento de

las instituciones del Estado

kkk. En consecuencia, al evidenciar que

el accionante en amparo ordinario, hoy

recurrido constitucional, lo que pretende es

la restauración de alegados derechos funda-

mentales por el incumplimiento del deber

legal por parte de instituciones del Estado,

tales como el Ministerio de Trabajo, el

Ministerio de Industria y Comercio (MIC),

el Ministerio de Defensa, la Policía Na-

cional, el Ministerio de Interior y Policía

y el Ministerio de Turismo, en relación a

adoptar medidas tendentes al correcto des-

envolvimiento de la actividad económica

del transporte de carga y de pasajeros en el

país, dicho incumplimiento les han violen-

tados sus derechos a la libertad de empresa,

a la libertad de contratación, a la libre

competencia y a la libertad de tránsito. En

tal sentido es correcta la decisión adoptada

por el juez de amparo, de que estamos ante

la exigencia del cumplimiento de preceptos

legales, por lo que, a través del amparo de

cumplimiento se restablecerían los derechos

fundamentales alegadamente violentados.

xxx. Ante la evidencia de que continua

la inercia que existe por parte de las

instituciones estatales (Ministerio de Tra-

bajo, Ministerio de Industria y Comercio,

Ministerio de las Fuerzas Armadas, ahora

Ministerio de Defensa, Policía Nacional,

Ministerio de Industria de Interior y Poli-

cía) sometidas por la acción de amparo de

cumplimiento, en torno a las normas rela-

tivas al correcto desarrollo y desenvolviendo

de los servicios de transporte de pasajeros y

de cargas, que originó la sentencia objeto

del recurso de revisión constitucional en

materia de amparo que nos ocupa, se le

han vulnerado los derechos fundamentales

de la libertad de empresa, libertad de

contratación, libre competencia, libertad

de tránsito a los ahora recurridos constitu-

cionales, Consejo Nacional de la Empresa

Privada (CONEP)

cccc. En este aspecto, el Estado dominicano

ha establecido a través del artículo 4 de la

Ley núm. 578, del dieciséis (16) de enero

de mil novecientos sesenta y cuatro (1964),

que le otorga facultad al Ministerio de

Trabajo de dictar normas que prohíban el

establecimiento de monopolios y prácticas

anticompetitivas. En relación con los servi-

cios de tránsito tanto de pasajeros como de

cargas, se ha podido evidenciar que no se

han elaborado ni dictado normas tenden-

tes a regular dicho sector económico, en el

cual no se formen monopolios que realicen

prácticas anticompetitivas, por lo que no

permiten que se garantice el ejercicio al de-

recho de la libre empresa y libre competen-

cia, ya que no pueden dedicarse libremente

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 46 | 185

ÍNDICE

al desarrollo de la empresa; en consecuencia,

merma el desarrollo económico de ellas y

por consiguiente, de los ciudadanos.

eeee. En tal sentido, es evidente que los ciu-

dadanos de República Dominicana se ven

afectados al no poder contratar libremente,

tanto el servicio de transporte de pasaje-

ros como el transporte de carga, a fin de

trasladarse libremente dentro del territorio

nacional, así como de entrar o sacar mer-

cancías en los aeropuertos y puertos del país,

ya sean por importar o exportar mercancías

respectivamente, en vista de que no han

sido suficientes las medidas adoptadas al

respecto, tanto por el Ministerio de Traba-

jo como por el Ministerio de Industria y

Comercio, conforme a las normas que las

rigen, ya anteriormente referidas.

8. VULNERACIÓN AL DERECHO DE LIBRE TRÁNSITO:

IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS SIN PROCESO PENAL

ABIERTO

CRITERIO:

Constituye una vulneración al derecho de libre tránsito el

mantenimiento del impedimento de salida por parte de la Dirección

General de Migración en perjuicio de una persona que ya no tenía

ningún proceso penal en su contra.

SENTENCIA TC/0197/19

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que un señor

acudió ante la jurisdicción constitucional en materia de amparo para

procurar el cese de la medida consistente en impedimento de salida;

el señor lleva más de un año sin poder salir del país a pesar de no

tener ningún proceso abierto que justifique tal medida.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] Ciertamente, en la presente especie

está en juego la libertad de tránsito, re-

conocida como un derecho fundamental

por el artículo 46 de la Constitución de la

República. Este texto dispone, en su parte

capital: “Toda persona que se encuentre en

territorio nacional tiene derecho a transitar,

residir y salir libremente del mismo, de

conformidad con las disposiciones legales

[…]”. Siendo así, procede dar a este caso

el tratamiento que, a la luz de la Constitu-

ción y de la Ley núm. 137-11, se reconoce

a las personas que procuran, mediante la

acción de amparo, la protección de sus de-

rechos fundamentales, ámbito que justifica

la intervención de este órgano colegiado,

llamado, como guardián de nuestra Ley

Fundamental, para determinar si en el

caso que nos ocupa, se ha materializado, en

contra del señor Mohammad Ayaz Khan

Nawa Bibi, la violación a la libertad de

tránsito, como él alega en sustento de su

acción de amparo.

10.5 De conformidad con los documentos

que figuran en el expediente, este tribu-

nal da por establecido lo siguiente: a) el

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

186 | Art. 46

ÍNDICE

veinticuatro (24) de octubre de dos mil

diecisiete (2017), la señora Ambalina

del Carmen Taveras Henríquez interpuso,

ante la Procuraduría Fiscal del Distrito

Nacional, formal querella, por estafa, fal-

sedad y violencia de género, contra el señor

Mohammad Ayaz Khan Nawa Bibi, con

quien procreó dos hijos durante una “so-

ciedad de hecho” de varios años; demanda

que se sumó o a la que se sumaron varias

acciones más: una demanda en participa-

ción de bienes por ante la Séptima Sala de

la Cámara Civil y Comercial del Juzgado

de Primera Instancia del Distrito Nacio-

nal, un embargo retentivo sobre los bienes

muebles del señor Nawa Bibi, una que-

rella por manutención de menores y otra

querella por violencia de género; b) como

consecuencia de estas acciones de la señora

Taveras Henríquez, la Dirección General

de Migración interpuso un impedimento

de salida contra el señor Mohammad

Ayaz Khan Nawa Bibi a solicitud de la

Procuraduría General de la República,

colocado mediante el Oficio núm. 00586,

del siete (7) de febrero de dos mil diecio-

cho (2018), a requerimiento del Juzgado

de Paz de la Cuarta Circunscripción del

Distrito Nacional; c) el catorce (14) de

febrero de dos mil dieciocho (2018) los

señores Ambalina del Carmen Taveras

Henríquez y Mohammad Ayaz Khan

Nawa Bibi suscribieron un acuerdo tran-

saccional en el que se hace constar, entre

otras cosas:

[…] 4to.) que la señora Taveras Hen-

ríquez declaraba no tener interés en la

permanencia del impedimento de salida

contra el señor Nawa Bibi, razón por la

cual consentía en el levantamiento de

dicho impedimento y que haría todas las

diligencias posibles para que ello fuese así,

“ya que en la especie el mismo se ejecutó

por su propia anuencia”; y 5to.) que las

partes acordaban que suscribían el referi-

do acuerdo, en virtud de lo dispuesto por

los artículos 1134, 1135, 2044 y 2055

del Código Civil; y d) como resultado de

lo anteriormente relatado y, de confor-

midad con el Oficio DI-núm. 0040-18,

emitido por la Dirección General de

Migración el veintiuno (21) de febrero

de dos mil dieciocho (2018), el referido

impedimento de salida fue levantado de

manera provisional desde el veinte (20)

de febrero de dos mil dieciocho (2018)

hasta el catorce (14) de febrero de dos mil

diecinueve (2019).

10.6 Lo anteriormente indicado pone de

manifiesto que, a pesar de que la señora

Ambalina del Carmen Taveras Henríquez

desistió de las acciones penales y civiles

incoadas por ella contra el señor Moham-

mad Ayaz Nawa Bibi, aún persiste el im-

pedimento de salida que, como resultado

de dichas acciones fue interpuesto contra

dicho señor, ya que este solo fue provisio-

nalmente suspendido por un año, como se

ha dicho. Ello significa que dicho impe-

dimento se mantiene pese a que no existe

ningún motivo que legal o constitucional-

mente lo justifique, lo que constituye una

clara y palmaria violación a la libertad

de tránsito del señor Nawa Bibi, a la luz

del artículo 46 de la Constitución de la

República, que dispone: “Toda persona

que se encuentre en territorio nacional

tiene derecho a transitar, residir y salir

libremente del mismo, de conformidad

con las disposiciones legales”.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 46 | 187

ÍNDICE

9. VULNERACIÓN AL DERECHO DE LIBRE TRÁNSITO:

INSTALACIÓN DE GARITAS DE SEGURIDAD EN LA VÍA PÚBLICA

SIN AUTORIZACIÓN

CRITERIO:

Constituye una vulneración al derecho de libre tránsito la

instalación de medidas de seguridad que restrinjan la entrada y salida de

personas en una vía pública y sin autorización de la autoridad competente

(en este caso, el Concejo de Regidores).

SENTENCIA TC/0083/19

CRITERIO 2:

La potestad de instalar garitas de seguridad en una

urbanización, alegando motivos de seguridad, es exclusiva del Concejo

de Regidores y no puede ser ejercida por la junta de vecinos sin la

autorización correspondiente.

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que una junta de

vecinos decidió instalar puertas de acceso y medidas de verificación

para ingresar y salir de una urbanización. Ante esta situación, una

persona que se consideraba afectada acudió al Ayuntamiento del

municipio de La Romana para que dichas medidas fueran elimina-

das. El Ayuntamiento emitió una resolución en la que ordenaba la

demolición de los portones y obstáculos en la vía pública por no

contar con la debida autorización. Ante la negativa de la junta de

vecinos, la persona acudió a la jurisdicción constitucional en materia

de amparo invocando vulneración al derecho de libre tránsito.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

l. Es preciso indicar que el Consejo de

Regidores se pronunció sobre el conflicto

que envuelve a las partes, en virtud de

las facultades dadas por la Ley núm. 675,

sobre Urbanización, Ornato Público y

Construcciones, en su artículo 25, el cual

prescribe lo siguiente: Queda prohibido

instalar cañerías subterráneas o aéreas, o

hacer zanjas o excavaciones en las vías pú-

blicas para establecer o mantener servicios

públicos o privados, sin previo permiso de

la autoridad municipal correspondiente, y

siempre que a ello no se oponga ninguna

disposición de carácter sanitario o de

ornato y embellecimiento. Todo, salvo los

casos de fuerza mayor y por el tiempo que

ésta dure.

m. Las atribuciones que tiene el Consejo

de Regidores de emitir ordenanzas para

el cumplimiento de la referida ley, se esta-

blecen en la letra f) del artículo 52 de la

Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional

y los Municipios, que indica lo siguiente:

El concejo municipal es el órgano colegiado

del ayuntamiento, su rol es estrictamente

normativo y de fiscalización…Tiene las

siguientes funciones: La letra f) La apro-

bación de los reglamentos y ordenanzas

municipales a iniciativa propia, de la sin-

dicatura y de las instancias sociales que esta

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

188 | Art. 46

ÍNDICE

ley u otra le otorguen derecho a presentar

iniciativas.

n. En sintonía con lo anterior, este órgano

de justicia constitucional especializada

determina que las pretensiones de la parte

accionante en amparo están orientadas a

que se ventile lo relativo a la violación al

derecho al libre tránsito, violación que se

genera con la decisión de la referida junta

de vecinos.

o. En relación con la posibilidad de colocar

garita de seguridad y si esta afecta o no el

derecho al libre tránsito, la Corte de Cons-

titucionalidad de Guatemala mediante

sentencia de veinticinco (25) de agosto de

dos mil cuatro (2004), expediente núm.

2021-2003, estableció que: Si bien es cierto,

son evidentes los hechos justificativos de la

entidad impugnada Asociación de Vecinos

Vientos del Valle, que la motivaron a cons-

tituir voluntariamente medios preventivos

de protección contra la delincuencia, por

la ola de violencia que existe en el país,

también lo es que, la entidad Inmobi-

liaria Nacional, Sociedad Anónima, es

propietaria de las fincas que se encuentran

al fondo o al final de la Colonia Vientos

del Valle, colonia en la cual a su entrada

se ha instalado garita y tranquera para el

control de ingreso de personas y vehículos

Las anteriores circunstancias crean convic-

ción en este tribunal para establecer que

la autoridad recurrida violó la libertad

de acción y la libertad de locomoción de

la entidad amparista; transgrediendo sus

derechos fundamentales protegidos por

la Constitución Nacional. Sí entendido

el problema, no puede, por una parte,

reconocerse una potestad administrativa

cuasi delegada a una asociación particular

de vecinos para que emitan disposiciones

de policía sobre quienes no pertenezcan o

se adhieran libremente al mismo, y, por

la otra, la libertad de locomoción, y en

el caso preciso, de tránsito de las personas,

no puede restringirse por disposiciones

que no provengan legítimamente de una

autoridad fundada en ley, por lo que debe

ampararse a la entidad postulante...

[…] debemos precisar que la facultad de

instalar garita de seguridad en la demarca-

ción de una urbanización, como pretende

la Junta de Vecinos de la Urbanización Las

Orquídeas, alegando motivos de seguridad,

es una potestad exclusiva del Consejo de

Regidores, por lo que no pueden las juntas

de vecinos arrogarse una facultad que es

exclusiva de la administración municipal;

esto deriva del mandato consignado en

el artículo 19, literal a), de la Ley núm.

176-07: a. Competencias Propias del

Ayuntamiento. El ayuntamiento ejercerá

como propias o exclusivas la competencia

en los siguientes asuntos: Ordenamiento

del tránsito de vehículos y personas en las

vías urbanas y rurales.

r. En vista de las consideraciones expues-

tas, este órgano de justicia constitucional

especializada juzga que la colocación de

una garita de seguridad, dentro de un

perímetro, que establece restricción en dos

de las tres entradas de la urbanización, y

sin la autorización del ayuntamiento co-

rrespondiente, se traduce en una violación

al derecho de libre tránsito, consagrado en

el artículo 46 de la Constitución.