Los medios de prueba ante la jurisdicción inmobiliaria: un enfoque jurisprudencial

 
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Los medios de prueba ante la jurisdicción inmobiliaria: un enfoque jurisprudencial

Américo Moreta Castillo

americo.moreta@castillo.com.do

El Derecho probatorio ha tenido un desarrollo tal, que hace más de un siglo se estudia como disciplina jurídica independiente de su fuente que es el Derecho procesal. Por tanto, ha motivado múltiples tratados y monografías, aunque aún en nuestras universidades se siga estudiando en el ámbito concreto de cada materia.

Algo muy parecido ha sucedido entre nosotros con el Derecho Inmobiliario, rama desprendida del frondoso árbol del Derecho civil, la cual ya tiene ochenta y nueve años de localización y adaptación plena al Derecho positivo dominicano. No obstante, sigue teniendo estrechas vinculaciones con la disciplina de la cual derivó; una de éstas es en materia de pruebas, donde a pesar de dominar las reglas del Derecho común, se advierten algunas especificaciones particulares, generalmente vinculadas al papel activo que tradicionalmente ha tenido los jueces de tierras, que actualmente ha sido atenuado con la reforma de la Ley 108-05 del 23 de marzo de 2005, y a la libertad de pruebas, que en principio domina importantes ámbitos de la materia.

Es evidente que después de la reforma procesal de 1978 hemos visto al juez de lo civil asumir un papel más activo como buscador de la verdad, y, por ende, menos pasivo. Así se revela en los medios de prueba.

Una de las pocas menciones que la Ley 108-05 hace de los medios de prueba se encuentra en su Principio IX Noveno, al expresar: “En aquellos procedimientos de orden público contemplados por la presente Ley, se admite la más amplia libertad de prueba para el esclarecimiento de la verdad y la sana administración de justicia”. Por lo cual, inferimos que se ha mantenido el Derecho común de las pruebas para todo litigio que se desarrolle ante esta jurisdicción, particularmente en las litis sobre derechos registrados.

Aunque la admisión de testigos fue siempre muy flexible en nuestra materia de tierras, tal y como lo ha sido después de 1978 también en materia civil, entendemos que igualmente se pueda considerar inexistente la tacha de testigos en la Jurisdicción Inmobiliaria. De esto nada dice la Ley 108-05, ni tampoco el Reglamento para los Tribunales de Tierras, por lo cual el procedimiento a seguir debe ser el de la Ley 834 del 15 de julio de 1978.

Sin embargo, respecto al peritaje la nueva Ley de Registro Inmobiliario se refiere en su artículo 65 a este medio de prueba trazando un procedimiento especial que prevé que si se ordenare un peritaje el juez designará un perito oficial y las partes podrán nombrar, a su costo, los peritos que estimen convenientes, los cuales deben ser juramentados por el tribunal. En el Derecho común el juez tiene mayor control en el nombramiento de los peritos.

No debemos olvidar que la prueba es el instrumento que nos sirve para demostrar la verdad de las pretensiones (o de un alegato), la existencia y regularidad del acto o el hecho jurídico que se invoca, y que a cada medio de prueba le corresponde un procedimiento particular de administración de la misma. De este modo, a la prueba escrita le corresponde la comunicación de documentos; a la confesión y el juramento decisorio, la comparecencia personal de las partes; siendo los tres medios anteriores, medios de prueba perfectos. Por otro lado, al testimonio, el informativo testimonial; a la presunción, las comprobaciones personales realizadas por el juez o surgidas de su íntima convicción; y al juramento supletorio, también, la comparecencia personal de las partes, para completar los denominados medios de prueba imperfectos.

Quedan fuera de esta clasificación doctrinal el peritaje o experticio, y la comprobación de la cosa o descenso de lugares, tan...

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