Nace el FRANKENSTEIN societario

 
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"Nace el FRANKENSTEIN societario"

José Luis Taveras

Especialista en Derecho Comercial y Societario, antiguo director del Departamento de Ciencias Jurídicas de la PUCMM. Director de Gaceta Judicial.

A los 2,823 abogados que calentaron los pupitres hasta consumir dos décadas de mi vida al Derecho Comercial. De la tiza al data show, camino nunca surcado sin el vital aliento del alma: la pasión. Ella es responsable de yerros infaustos y aciertos rutilantes; agridulce encanto de la vida.

A pesar de las desbordadas reacciones que suscitaron nuestros planteamientos sobre la contrarreforma societaria en un sector menudo pero muy influyente, seguimos tratando el tema con rigor técnico, pero con alto sentido de responsabilidad académica. Antes, recordemos la posición que hemos coherentemente mantenido desde que fue promulgada la Ley 479-08 y que resumimos así:

  1. La ley erige un nuevo paradigma imponiendo la técnica y los principios sustantivos sobre una práctica formalista y empírica;

  2. Lo dilatado y abierto del escrutinio público de la reforma societaria produjo una ley que ameritaba reparos y mejoras más de forma que de fondo;

  3. Era preciso una modificación a la ley para que esta madurara en su aplicación y que los agentes y usuarios del sistema se adecuaran a la nueva cultura;

  4. Todo esfuerzo de reforma a la ley tenía que ser un trabajo cuidadoso, técnico y razonablemente consensuado.

    El referido artículo, bajo el título: “!Peligro! Contrareforma Societaria”, advertía sobre las graves deficiencias del proyecto original de la reforma preparado por la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) a la Ley 479-08. Fue una visión sustancialmente dogmática. Obviamente, la revelación, en ese ensayo, del cuadro de intereses implicados en la trama reformadora fue el argumento usado por una parte de sus proponentes para “personalizar” una valoración totalmente técnica. Ahora, después de prácticamente consumada “la reforma a la reforma”, nos convoca la obligación de estudiar críticamente esta aventura.

    Como estamos formados más en el debate de las ideas que en las mediciones de méritos, optamos por no participar directamente en las tensas discusiones de los proyectos de reforma a la Ley 479-08; era una olimpíada de celos y protagonismos para la cual no teníamos nivel competitivo. No obstante, antes, trabajamos con un calificado equipo que por más de seis meses estuvo -por cuenta del Consejo Nacional de la Competitividad (CNC)- elaborando una propuesta de consenso abruptamente interrumpida para discutir los proyectos impuestos por la FINJUS y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), que como estaban entramados por los mismos intereses constituyeron un solo bloque en la defensa de sus propuestas. En ese proceso, preferimos asistir colateralmente, y a través de consultas permanentes, a algunas entidades públicas que intervinieron en los efímeros debates.

    Los pocos que en su oportunidad nos estigmatizaron por develar los intereses atados a este temprano emprendimiento reformador deben, al menos, concedernos razón después que se revelara quién estaba detrás de los bastidores: el CONEP.

    En una cultura de gratuitas complacencias y dobleces, como la nuestra, asumir los riesgos de la sana crítica es una osadía de tontos, porque la disensión, por más científica que sea, se paga con reprobación personal, pero quienes conocen la filosofía editorial de esta publicación saben que no tenemos ídolos y que llamamos las cosas por sus nombres con pocos disimulos y algunas irreverencias; más en una materia que ha consumido casi la mitad de nuestra vida. Por eso, a seguidas, pasamos a considerar el contexto de la reforma a la Ley 479-08 con estricto apego a la realidad de los hechos.

    Después del hermetismo masón con el que la FINJUS elaboró su anteproyecto, que debía ser estudiado, debatido y consensuado, optó por presentarlo unilateralmente al Poder Ejecutivo, quien a su vez, lo sometió al Senado de la República. Esta propuesta fue expresión de un amedrentamiento al empresariado insuflado por ciertas firmas legales a través de estridencias tremendistas sobre la Ley 479-08 a partir de lecturas presurosas y prejuiciosas; interpretaciones peregrinas y claros intereses en acreditar protagonismo en una reforma que prontamente invalidara el impacto de la ley.

    Consciente de las omisiones y defectos del anteproyecto de FINJUS y que criticamos en el trabajo antes referido, el CONEP, por su parte, elaboró una propuesta complementaria que introdujo a través del entonces senador Francisco Domínguez Brito a la cámara alta. La coexistencia de dos proyectos forzó la remisión de las piezas a la Comisión de Justicia del Senado de la República, pero, como en el fondo los intereses eran los mismos, el entendimiento de los representantes de ambas entidades fue más rápido que la suerte del pobre. La idea era presentar un informe favorable para su aprobación sumaria y eliminar así el riesgo de un debate disidente. Cuando algunas entidades se percataron de estos furtivos aprestos, advirtieron a la Comisión de Justicia del Senado de la realidad subyacente. Ante este obstáculo, el CONEP activa su mejor defensa: la presión mediática. Así, se leen, en la prensa de la ocasión, crónicas como esta:

    Periódico Hoy. 4 de octubre de 2010. El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) Lic. Lisandro Macarrulla Tavares urgió hoy agilizar la aprobación congresional de la modificación de la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (479-08). Macarrulla ofreció estas declaraciones al encabezar una comitiva de empresarios del más alto nivel que acudieron a reunirse, al Congreso Nacional, con la Comisión de Justicia del Senado de la República para agilizar la aprobación del proyecto de Ley que modifica de Sociedades.

    El Presidente del CONEP declaró que este proyecto de Ley ya ha sido consensuado con los diferentes actores del sector empresarial y organizaciones de la sociedad, incluyendo la FINJUS por lo que se hace necesario su aprobación.

    Como se puede notar, para el presidente de entonces del CONEP, el mundo empresarial dominicano tiene solo dos voces autorizadas: su organización y el brazo legitimador de la FINJUS. Nunca lo hemos dudado.

    Ante esta declaración, respondió el Consejo Nacional de la Competitividad (CNC), responsable de la Ley 479-08, que nunca fue consultado ni siquiera para aclarar, a través de su equipo, el alcance o el espíritu de ciertos textos de la ley como era lo más lógico cuando se proponen cambios a una reforma tan reciente y trascendente. Andrés Van der Horts, Director Ejecutivo, le responde al CONEP en términos muy categóricos:

    5 de octubre de 2010. El director del Consejo Nacional de Competitividad (CNC) rechazó que haya consenso para la modificación de Ley 479-08 sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, como dijera el presidente del Consejo Nacional de Empresa Privada (Conep), Lisandro Macarrulla.

    Al comentar esta declaración del presidente del Conep, el también secretario de Estado, Andrés Van der Horst Álvarez dijo que no se ha consultado al sector oficial para la modificación de esa Ley. “Me extraña que Macarrulla haya dicho que se tiene un consenso para la variación de esa legislación, cuando no se ha consultado al Consejo Nacional de Competitividad, que es el órgano responsable de la creación de esa Ley.”

    El CONEP quiso reaccionar, pero palideció hasta la mudez cuando otra entidad empresarial, de más diversa y amplia base social, le recordó a la primera que ella no era el país (¡¡uuchhh!!). El tema desapareció entonces de los medios, como por arte de magia, cuando la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo, Inc. afirmó, con aguda ironía:

    10 octubre 2010. La Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH) parece discrepar del Consejo Nacional de la Empresa Privada que ha dicho que hay consenso en torno a la ley General de Sociedades Comerciales y ha planteado que se vaya a la mesa del diálogo. La entidad rechazó cualquier intento de grupos minoritarios “de hacerse un traje a la medida” con el marco legal y advirtió que proceder de manera contraria, significaría caer en un retroceso y someter la ley “a los designios de grupos particulares que no representan el conjunto de la sociedad.” En tal sentido, los industriales de Herrera y la Provincia Santo Domingo propugnan por un amplio consenso para modificar la Ley General de Sociedades Comerciales, lo que implícitamente plantea que discrepan del Conep que ha dicho que tal consenso existe coinciden con el director de Consejo Nacional de Competitividad (CNC) que ha planteado que no hay tal acuerdo.

    Ante un desmentís tan contundente y el reclamo de otros sectores, la Comisión de Justicia del Senado de la República, de forma justa y objetiva, decidió someter ambos proyectos a una subcomisión técnica que facilitara “el entendimiento”.

    Los trabajos de este comité se desarrollaron inicialmente en un ambiente muy hostil, constreñido y prejuicioso. Hubo solo diez encuentros de tres horas, para producir un trabajo llamado supuestamente a mejorar el texto de una ley extensa y cuya redacción original demoró casi un año. El bloque FINJUS-CONEP controló la dinámica. Obviamente, es muy poco lo que hay que hacer cuando se tiene la presión del tiempo y los intereses en juego frente a dos proyectos de leyes sustentados por cabildeos del más alto nivel con objetivos estrechamente concertados.

    Los textos a revisar se hicieron superficialmente pese a la resistencia de los representantes de las otras instituciones participantes, quienes reclamaban un tiempo más amplio y mayor apertura en los debates.

    Los gazapos e inconsistencias de la ley quedaron virtualmente intactos y se optó por lo más fácil: eliminar textos y acomodar otros. Total, el propósito era diluir la reforma o mantener virtualmente el statu quo anterior.

    ...

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