Antes de que ocurra… Pedro Delgado Malagón

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ANTES DE QUE OCURRA…*

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió

activar (el 24 de febrero de 2004, luego del derrocamiento de

Jean-Bertrand Aristide) unas fuerzas multinacionales para

“contribuir a hacer más seguro y estabilizar el ambiente en la

capital haitiana y en todo el país. La presencia de esas tropas

se consideró, en principio, sólo por seis meses, pero sucesivas

resoluciones del Consejo de Seguridad (diecisiete, en total) han

extendido por diez años la presencia en el territorio haitiano de

la MINUSTAH (Misión de Naciones Unidas para la Estabilidad

en Haití).

Esta delegación diplomática y militar, integrada en lo

básico por unos doce mil “cascos azules” (soldados y policías

de cincuenta países del planeta, con malaria, desmanes y abusos

incluidos), pese a todo, ha preservado ya durante un decenio las

dosis mínimas de ley y de garantías civiles requeridas para evitar

el desmoronamiento haitiano.

En un medio huérfano de reglas jurídicas y de instituciones

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no gubernamentales) se han constituido en los principales

receptores e intermediarios de la ayuda humanitaria internacional

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enero del 2010.

Una enviada de teleSUR a Haití, Madeleine García, informó

que el Ejecutivo haitiano estima que sólo el “uno por ciento de

los cuatro mil millones de ayuda humanitaria se ha utilizado en

programas sociales”, mientras el resto se convirtió en un negocio

para pagar sueldos de funcionarios y organizaciones sociales de

otros países. De igual manera, el embajador de Venezuela en Haití,

Pedro Canino, denunció que la Comisión para la Reestructuración

de Haití ha manejado esos millones de dólares, “pero nadie sabe,

ni el propio gobierno sabe, a dónde ha ido ese dinero. No se ha

puesto en práctica ningún programa de cooperación concreto,

palpable. Muchos países lo que han hecho es un gran negocio de

* Delgado Malagón, Pedro. El Caribe, 5 de junio de 2014.

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LA SENTENCIA 168-13. ANTOLOGÍA DE UNA DEFENSA ESENCIAL

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el diplomático.

A modo de contraste, y como quien hablara de tersas

realidades celestiales, despunta la palabrería pomposa de Sandra

Honoré, jefa de la MINUSTAH desde julio del pasado año.

Dice ella: “La búsqueda de caminos que faciliten el diálogo y el

consenso entre los haitianos son factores esenciales a la hora de

construir un país capaz de sostenerse por sí solo con instituciones

democráticas que den respuesta a los numerosos desafíos que

quedan por delante”.

Uno, en tal caso, turbado, se haría las preguntas naturales:

¿Diálogo, consenso, posibilidad de construir el país, en la

matriz de una aglomeración humana donde cuatro de cada

diez individuos deambulan como espectros, como naturalezas

irreales, inexistentes, al no disponer siquiera de un apunte de

identidad? ¿Instituciones democráticas y seguridad jurídica, sin

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los mecanismos de coerción para administrar los espasmos de la

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¿Caminos ideales que faciliten el diálogo, en una comarca donde

no existen aún ni caminos materiales que hagan posible la

transportación de los alimentos y de la población escolar y de los

enfermos? ¿Instituciones democráticas que den respuesta a los

desafíos, en un entorno sin agua potable, ni obras de saneamiento

ambiental, ni hospitales, ni escuelas? ¿Creería alguien, de verdad,

que ese parloteo de la señora Honoré (tópico, vacío, insustancial)

en algo contribuye a mitigar la desdicha del pueblo haitiano?

Algunos han pensado que el éxito en la batalla contra la

pobreza muy pocas veces resulta palpable a través de indicadores

económicos globales, tan abstractos como impersonales. En

términos prácticos, más bien se trataría de propiciar el que cada

individuo dispusiera de medios de vida por encima de una cota

mínima de dignidad humana, conforme al ambiente en que

se desenvuelve y en el marco de sus hábitos y sus tradiciones.

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gigantescos, de gran complejidad y con el concurso de toda la

población mundial.

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guerra contra la miseria debe plantearse en cinco frentes: (1) llevar

a cabo una nueva revolución verde, que permita el resurgimiento

de la silvicultura y de los rebaños; (2) instaurar en cada lugar

una democracia responsable que permita a los pobres ser

responsables de sí mismos; (3) poner a cada persona en situación

de crear riqueza ofreciéndole los microcréditos necesarios; (4)

trabajar para que todos tengan acceso a los servicios sociales

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mortalidad infantil y materna; y (5) crear instrumentos mundiales

de trasvase de recursos, como ya existen internacionalmente.

Si ése fuere el caso, ¿quién en Haití, de manera cierta,

tendría la responsabilidad y la competencia indispensables para

implantar, impulsar y administrar, digamos, un programa similar

al que sugiere Jacques Attali? ¿Acaso las doce mil ONG’s, o la

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clase política haitiana? La pregunta, se me ocurre, queda todavía

sin una respuesta plausible.

Hará más de quince años que sugerí, en un escrito en la

Revista Rumbo, el imperativo de garantizar una gestión valiente

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las condiciones en que sobrevive el pueblo haitiano. Pensé, de

tal suerte, que la mejor conducción podría ejecutarse a través de

un sistema supervisado, esto es, bajo una tutoría responsable y

competente. Dicha tutela, no cabe duda, tendría características

menos deshonrosas, a la vez que más inteligentes y productivas,

que la custodia desarrollada por los soldados de la MINUSTAH.

Por igual, sin tantas ONG’s y con menos intermediarios, piadosos

y desinteresados, a cargo del manejo de la ayuda humanitaria

internacional. De manera concreta me refería al montaje de un

proyecto con acciones precisas en cinco grandes escenarios: el

militar, el político, el económico, el social y el migratorio. Grosso

modo, fueron éstas las ideas planteadas en aquella ocasión.

En lo concerniente a la esfera militar, el tutelaje requeriría:

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(b) desmantelar efectivamente aparatos militares vinculados

a gobiernos y liderazgos anteriores (algunos de ellos ocultos

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en la sombra); (c) desarmar grupos sediciosos vinculados a

organizaciones del crimen internacional; (d) formar un cuerpo de

policía con el objeto exclusivo de mantener el orden público y de

auxiliar al sistema judicial.

Las acciones en el terreno político incluirían: (a) formación

de un Consejo de Gobierno de cinco miembros, constituido por

dos funcionarios seleccionados por las Naciones Unidas (uno

de ellos lo presidiría), por una personalidad de relieve mundial

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dos ciudadanos haitianos del mayor prestigio; (b) suspensión

durante cincuenta años de la franquicia a los partidos políticos;

(c) disolución durante cincuenta años de las cámaras legislativas;

(d) establecimiento de programas educativos que, en diferentes

planos, instruyan a la población acerca de los valores y el

funcionamiento de las instituciones democráticas; (e) aplicación

de un sistema para registrar y proveer de documentos de

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El diseño económico comprendería: (a) apertura absoluta de

la economía haitiana, con eliminación total de aranceles y barreras

no arancelarias al comercio; (b) apertura absoluta a la inversión

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10% por un plazo de cincuenta años; (c) establecimiento de

concesiones en los casos económicamente factibles (según el

modelo chileno o colombiano) con el objeto de realizar inversiones

en infraestructura básica de transporte, energía, saneamiento,

irrigación, etcétera; (d) contratación de expertos internacionales

para gestionar las empresas públicas existentes; (e) creación de

un fondo multinacional que provea anualmente 5,000-6,000

millones de dólares, con el objeto de incrementar el gasto social

en salud y educación y, asimismo, de conservar la infraestructura

existente de transporte, irrigación, saneamiento urbano, etcétera;

(f) creación de un sistema para organizar el registro de tierras y

proveer de títulos a sus propietarios.

La acción social abarcaría iniciativas internacionales

orientadas a: (a) distribuir masivamente alimentos a los sectores

más desvalidos; (b) emprender programas destinados a reducir

el analfabetismo y a elevar la cobertura del sistema de educación

primaria; (c) realizar campañas de desparasitación, vacunación y

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prevención de enfermedades infantiles; (d) ampliar los servicios

de medicina curativa; (e) dotar de ropa y calzados a la población

menesterosa.

Como política migratoria cabrían las disposiciones

siguientes: (a) establecer controles rigurosos para el cruce de la

frontera dominicana (pasaporte, visado, declaración de aduanas,

etcétera); (b) gestionar el traslado de núcleos de haitianos que

voluntariamente deseen emigrar hacia aquellos países que

han demostrado una especial amistad hacia Haití (Estados

Unidos, Canadá, Francia, Venezuela); (c) tramitar la inmigración

permanente a Haití de 50-60 mil familias europeas (albanesas,

croatas, rusas, rumanas, polacas, bosnias) e hispanoamericanas

(cubanas, venezolanas, argentinas), cuyos miembros puedan

desempeñarse como maestros, médicos, ingenieros, artesanos,

agricultores y trabajadores industriales.

Este mandato tendría como objetivo –básico, impostergable--

la construcción en Haití de un Estado moderno, dirigido por

instituciones civilizadas y con raíces en el afán de progreso de

una comunidad que mira con ilusiones hacia el futuro.

Mis dudas tienen un vínculo cierto, debo decirlo, con

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Por ejemplo: ¿Hasta qué día permanecerá la MINUSTAH como

garante del orden público haitiano? ¿Frente al vacío de poder,

cuál sería la fórmula escogida por las naciones que rigen Haití

desde hace una década? ¿Tendría capacidad, dicha fórmula, para

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¿De no ser así, quién, en esa hora del poder deshabitado, podrá

contener la avalancha de cuatro millones de seres sin identidad,

defraudados (como espectros, cual naturalezas irreales), cuando

pugnen a través del frágil equilibrio de nuestra raya fronteriza?

Es cuestión que, sin más, me atraviesa la mente, no sé cuánto

tiempo antes de que ocurra…

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