Parte XI. La constitución de la consulta popular del 26 de enero de 2010

• Páginas: 443-474
• Autor: Wenceslao Vega B.

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Por ser tan importante esta Constitución, su estudio lo

hemos dividido en dos partes: Un preámbulo y el proceso for-

man la primera; y la segunda, la dedicamos a estudiar las no-

vedades de la misma.

PRIMERA PARTE

ANTECEDENTES

Esta Constitución, la 38va. en la historia dominicana

es una de las más importantes de todas ellas. No se parece a

ninguna otra en extensión y conceptos, en nuevos órganos e

instituciones. Se puede asegurar que la Constitución domi-

nicana del año 2010, rompió los esquemas tradicionales del

país. Siendo en cierto sentido heredera del texto del 1963, es

mucho más importante que ella, pues aquella tuvo una corta

duración, cinco meses y por tanto no produjo efectos reales.

La del 2010, por el contrario, lleva vigencia de 12 años (sin

contar con el pequeño cambio del texto del 2015 que no afec-

tó en nada sus principales lineamientos) y ha impactado pro-

fundamente la vida institucional de la República Dominicana.

La Constitución del año 2010 es además el resultado de

las aspiraciones de muchos dominicanos de modernizar el

Estado, de introducir nuevos principios, nuevos conceptos y

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WENCESALO VEGA B.

nuevos órganos administrativos. También ha traído nuevos

derechos sociales y mayor participación directa del pueblo en

el manejo del Estado. La lista tradicional de derechos indivi-

duales y sociales ha sido ampliada con órganos de protección

al ciudadano. A través del estudio que haremos más adelante,

veremos cuáles han sido esas novedades y cuáles han sido sus

efectos en la sociedad dominicana, a 177 años de promulgada

la primera Constitución de la República.

Los 30 años entre 1966 y 1996 fueron de paz y estabi-

lidad social para el pueblo dominicano, con gobiernos que

poco a poco fueron democratizando la vida institucional del

país, con elecciones periódicas y la llegada al poder de diversos

partidos políticos. También hubo estabilidad económica, aun-

que con algunos momentos de crisis. Pero en general, los do-

minicanos de hoy, si analizan bien la historia de nuestro país,

podemos sentirnos satisfechos de que han logrado, al fin, la

estabilidad en nuestra vida política. El último cambio violento

del poder sucedió en 1963, la última revolución en 1965 y el

último gobierno provisional y no constitucional también en

ese último año.

EL PROCESO

La subida al poder en 1996 del Partido de la Liberación

Nacional (PLD), formado por Juan Bosch en el año 1973, tra-

jo nuevos hombres y nuevas ideas al gobierno. La muy men-

cionada necesidad de dar al país una constitución moderna

figuraba entre los planes más destacados de ese nuevo gobier-

no. Pero no se pudo concretar ese deseo en los primeros años

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HISTORIA CONSTITUCIONAL DOMINICANA

del mismo. Se podía seguir gobernando con la Constitución

de 1966 que era conservadora, y que daba amplios poderes al

Ejecutivo por lo que muchos cambios institucionales pudie-

ran realizarse sin cambiar la constitución. El cambio más ne-

cesario, el de independizar al Poder Judicial, si necesitaba una

nueva Carta Magna y ello se había logrado en la Constitución

de 1994.

Como vimos, las elecciones de mayo del año 1996 ha-

bían llevado al poder al Partido de la Liberación Dominicana

(PLD) en su primer período hasta el año 2000. En ese año fue

sustituido por el Partido Revolucionario Dominicana (PRD)

quien gobernó cuatro años hasta el 2004, cuando de nuevo

el PLD ganó las elecciones presidenciales de ese año y luego

las del 2008. Leonel Fernández del PLD e Hipólito Mejía del

PRD se repartieron el poder en esos años.

En el segundo gobierno de Fernández y ante el viejo re-

clamo generalizado para que se proveyera al país una consti-

tución ajustada a los tiempos, dicho Presidente dictó el 3 de

agosto de 2006 el Decreto 323-06 para iniciar el proceso. En

vez de convocar a una Asamblea Constituyente, se dispuso en

ese Decreto la formación de una Comisión de Juristas, con la

misión de:

“preparar, mediante las consultas que fueren necesarias, un do-

cumento en el que se acojan las propuestas que hayan sido iden-

tificadas en torno a los aspectos a ser modificados, así como las

recomendaciones de modificaciones que hayan alcanzado el ma-

yor nivel de consenso”.

Esa Comisión debía rendir su informe a más tardar el 31

de diciembre de ese año 2006. Estuvo compuesta por 13 abo-

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WENCESALO VEGA B.

gados destacados y que tenían diferentes afiliaciones políticas

o ninguna, de modo que su dictamen fuese el de un con-

senso nacional. Ellos fueron Raymundo Amaro Guzmán, Ju-

lio Cesar Castaños Guzmán, Pelegrin Castillo, Flavio Darío

Espinal Jacobo, Aura Celeste Fernández, Luis Gómez Pérez,

Milton Ray Guevara, Eduardo Jorge Prats, Licelott Marte,

Cesar Piña Toribio, Leyda Margarita Pina, José Darío Suarez

y Adriano Miguel Tejada. Varias generaciones de abogados

componen esa lista.

Esa comisión trabajó arduamente durante meses e inclu-

sive se trasladó a las provincias a recoger las opiniones de sus

habitantes. Prepararon un largo Informe que presentaron el

3 de febrero de 2007 en un voluminoso libro denominado:

“Consulta Popular para la Reforma Constitucional”1.

Al mismo tiempo tuvo lugar un gran debate entre los me-

dios de comunicación, con sectores, sociales, religiosos, po-

pulares, laborales, profesionales, empresariales y otros, don-

de con mucha libertad se analizaron y debatieron las muchas

propuestas presentadas. Fue sin duda el caso más abierto en la

historia constitucional del país para buscar un consenso sobre

lo que debía tener la nueva constitución dominicana.

No obstante, hay que recordar que la Constitución do-

minicana de esos años (igual que la de ahora) disponía que la

misma solo puede ser reformada por el Congreso Nacional,

mediante la reunión de ambas cámaras legislativas reunidas

como Asamblea Nacional. Esto quiere decir que no importa

las muchas propuestas sometidas por la comisiones o por la

sociedad civil, eran los legisladores quienes decidirían lo que

debía incluir la nueva constitución. Esos legisladores fueron

electos en los comicios de mayo del año 2006, siendo la gran

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HISTORIA CONSTITUCIONAL DOMINICANA

mayoría de ellos afiliados al PLD por lo que puede decirse que

esa Constitución llevaría la impronta de ese Partido.

El Informe de la Comisión de Juristas sirvió de base para

las discusiones, que fueron libres y muy diversas y atrajo la

atención de toda la ciudadanía. Pero obviamente, el criterio

dominante era el del PLD, cuyos congresistas tomaron algu-

nas de las propuestas de la Comisión, pero otras fueron de la

decisión de los dirigentes de ese partido. En efecto, analizando

el Informe frente al texto constitucional aprobado, vemos que

coincidieron en muchos términos, conceptos y declaraciones,

salvo algunas excepciones importantes como por ejemplo, en

el Informe se disponía que el Presidente de la República podía

“Optar por un segundo periodo constitucional consecutivo, así

como luego del intervalo de un mandato presidencial diferente”.

Mientras que el texto aprobado dice: “El Poder Ejecutivo se

ejerce por el o la Presidente de la República, quien será elegido

cada cuatro años por voto directo y no podrá ser electo para el pe-

riodo constitucional siguiente”. Lo que nos indica que la Comi-

sión favorecía la reelección inmediata y otra tras un intervalo,

mientras que lo que se puso en la Constitución era más rígido

y prohibía la reelección inmediata.

Otra diferencia entre el Informe y la Constitución aparece

al tratar la nacionalidad, pues el informe declara como domini-

canos a “los nacidos en el territorio nacional de padres desconocidos

o apátridas” y esto no aparece en la Constitución aprobada.

En otro caso el Informe proponía que el Senado tuviera,

además de un senador por cada provincia, dos en representa-

ción de la comunidad dominicana en el exterior y esto no se

incluyó en el texto. Otra diferencia importante es que en el

Informe se proponía que en caso de vacancia de la presidencia

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WENCESALO VEGA B.

y vicepresidencia de la república, la Asamblea Nacional de-

bía elegir al sustituto con el voto favorable de más de las dos

terceras partes de los miembros presentes, mientras que en

la Constitución ese número se llevó a más de la mitad de los

miembros presentes.

En el capítulo sobre el Poder Judicial es que vemos una

gran diferencia entre el Informe y el texto constitucional y es

en lo tocante a la composición del Consejo Nacional de la

Magistratura. En el Informe se agregaban a los componen-

tes ya existentes en la Constitución anterior, a tres jueces de

la Corte de Apelación, un abogado escogido por el Colegio

de Abogados, un representante de las facultades de derecho

y un ex juez de la Suprema Corte, lo que daría a ese cuerpo

una amplia representación, pero el texto aprobado de la Cons-

titución no solo los desechó, sino que agregó al Procurador

General de la República. Como este funcionario es designado

por el Presidente de la República, este logró un voto más en

ese Consejo.

El Informe proponía la creación de una Sala Constitucio-

nal en la Suprema Corte de Justicia para conocer los recursos

de inconstitucionalidad por vía directa, pero en la Constitu-

ción se optó por crear un órgano nuevo e independiente, el

Tribunal Constitucional, lo que se ha considerado como un

avance en la materia al dejar e manos de éste ultimo las fun-

ciones que se proponían para la Sala Constitucional.

Un verdadero cambio hubiera sido si se llevara el proce-

so constitucional a través de una asamblea de elección popular

convocada al efecto, y no por legisladores ordinarios. Pero no

se hizo así y se ha mantenido el sistema de Asamblea Nacional

compuesta por los miembros de ambas cámaras, lo que hace el

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HISTORIA CONSTITUCIONAL DOMINICANA

proceso más sencillo pero menos democrático. Por esa razón es

tan fácil en la República Dominicana modificar la Constitución.

Pasaron tres años desde el Decreto 323-06, el 27 de fe-

brero de 2009, cuando se vino a dictar la Ley No. 70-09 que

convocó a la Asamblea Nacional para conocer la propuesta de

reformar la Constitución. Ese largo periodo fue como de un

reposo antes de iniciar el largo proceso. En esa ley se especi-

ficaron los criterios para el proceso y los puntos que debían

incluirse. Fueron siete: El sistema de pesos y contrapesos, el

Estado de Derecho y cumplimiento de la ley, la transparencia,

los instrumentos para el desarrollo integral de la nación; la

persona, la familia y la sociedad y la necesidad de incorporar

nuevas figuras jurídicas.

En el artículo tres de la ley indicaba “la reforma consti-

tucional tendrá por objeto” y a seguida mencionaba 75 temas.

El articulo 4 indicaba que la reforma debía incluir los

artículos 1 a 122 (o sea todos) y finalmente se ordenó que

la Asamblea Nacional debía reunirse dentro de los 15 días

siguientes a la publicación oficial de esa ley.

Bajo esas disposiciones y tras su instalación formal, el día

14 de Marzo de 2009 se iniciaron los debates. Era un total de

236 asambleístas, sin duda la matrícula más alta hasta enton-

ces en la historia constitucional dominicana.

Los debates duraron casi un año, con interrupciones en

las sesiones, habida cuenta que los asambleístas eran al mis-

mo tiempo legisladores y deban cumplir con sus obligaciones

como tales. Durante ese periodo se iban conociendo los artí-

culos que se aprobaban, pero siempre con muchos debates en

la sociedad civil y fuertes críticas o alabanzas en los medios so-

ciales. Entre los mismos legisladores hubo agrias discusiones.

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WENCESALO VEGA B.

EL largo proceso para promulgar la nueva constitución,

lo resume Vidal Potentini así:

“1.- El 18 de septiembre de 2008 se sometió al Congreso el pro-

yecto de reforma.

2.- El 20 de enero del 2009 el Senado aprobó el proyecto y el 11

de febrero lo hizo la Cámara de Diputados.

3.- El 27 de febrero de 2009, se promulgó la Ley No. 79-09

que declaraba la necesidad de reformar la Constitución.

4.- El 24 de marzo de 2009 el Congreso Nacional aprobó el

Reglamento que debía regir el proceso en la Asamblea

5.- El 14 de abril de ese año la Asamblea se reunió y empezaron

los debates que duraron varios meses.

6.- El 25 de agosto del 2009 se dio la primera lectura al proyec-

to de nueva Constitución

7.- El 17 de septiembre del 2009 se inició la segunda lectura

del texto.

8.- El 2 de octubre del 2009 se da fin a la segunda lectura del

texto.

9.- El 16 de noviembre 2009 se dio lectura al texto final.

10.- Entre los días 7 y 11 de diciembre del 2009, los constituyentes

fueron firmando el texto de la nueva constitución. Lleva la

firma de 210 de los 222 miembros de la Asamblea.Dicha

Asamblea fue presidida por el Presidente del Senado, Reynal-

do Pared Pérez y el Presidente de la Cámara de Diputados,

Julio Cesar Valentín, como vicepresidente de la Asamblea.

Tras los recesos de navidad y año nuevo, finalmente, el 26 de

enero, día del nacimiento del Padre de la Patria, Juan Pablo

Duarte, se proclamó formalmente la Constitución”.2

La Constitución del 2010 ha tenido, y tiene, sus alaban-

zas y sus críticos. Entre los críticos citamos a Luis Scheker

Ortiz, quien decía:

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HISTORIA CONSTITUCIONAL DOMINICANA

“El proyecto de reforma de la Constitución sometido por el Presi-

dente Dr. Leonel Fernández Reyna, fue definido por éste reitera-

das veces, como una verdadera revolución democrática integral,

siendo precedido de una Consulta Popular basada en un cues-

tionario técnico elaborado por una comisión de juristas desig-

nada al efecto por el Poder Ejecutivo y con pretensión de operar

como especie de plebiscito no vinculante, encaminado a tantear

la opinión de los consultados en numerosos aspectos previstos en

el proyecto de reforma tendentes a la modernización del Estado,

mediante cambios sustanciales”.3

Más adelante ese jurista opina que:

“Al pueblo le fue enajenado su derecho natural, la oportunidad

de darse su propia Constitución atribuida a la Asamblea Re-

visora, atada a intereses partidarios por lo que desde su inicio,

fue objeto de serios cuestionamientos, como de fervientes de-

fensores, prevaleciendo, en definitiva, el carácter conservador

y burocrático”.

Nos parece algo exagerado este criterio, pues si bien es

cierto que prevaleció la propuesta del partido en el poder,

pensamos que muchos de los cambios introducidos en esta

Constitución eran ampliamente deseados por el pueblo. Pero

ciertamente la Constitución Dominicana de 2010 es conser-

vadora y burocrática. Muy diferente a la de 1963, donde hubo

cambios profundos en cuanto al derecho de propiedad y otros

elementos clamados por el socialismo democrático. El autor

del presente trabajo ha opinado que:

“El constituyente dominicano del 2010 quiso introducir nove-

dades para modernizar el Estado Dominicano, Pero este cons-

tituyente estuvo apegado a los conceptos tradicionales que han

regido e constitucionalismo dominicano que ha prevalecido en

casi todos los textos, quizás con la única excepción la del 1963”.4

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WENCESALO VEGA B.

“La Constitución vigente es la misma de 1966, lo cierto es que,

en el fondo, se trata de una nueva Constitución fruto de una

reforma constitucional integral y total. No se trata de cambios

cosméticos: lo que se ha producido es una profunda reforma,

aunque el espíritu democrático y republicano de la misma ha

sido redimensionado y consolidado por la inserción de la cláusula

del Estado Social y Democrático de Derecho y todo lo que de ella

deriva. Es una cita de Eduardo Jorge Prats, en un artículo en

la prensa”.5

Por su lado, Trajano Vidal Potentini nos dice:

“Podemos afirmar que el análisis conceptual y doctrinal sobre la

reformada constitución nos lleva a concluir que estamos en pre-

sencia de un texto constitucional moderno que refleja las nuevas

tendencias avances del Derecho”.6

No ha habido, ni habrá, unanimidad de pareceres sobre

la Constitución del 2010, pero su texto debe ser analizado con

profundidad entre abogados, jueces, legisladores y los medios

de comunicación, pues es la estructura actual del Estado Do-

minicano y la exposición de los derechos del pueblo.

SEGUNDA PARTE

Analizaremos aquí lo más importante y las principales

novedades de este nuevo texto constitucional. Son muchas y

abarcan casi todos los elementos del mismo

Para empezar, contiene un largo Preámbulo que invoca

a Dios, a los Padres de la Patria y los Próceres de la Restaura-

ción. La última Constitución que se había puesto bajo la invo-

cación de Dios fue la del año 1907 y en cuanto a los Padres de

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HISTORIA CONSTITUCIONAL DOMINICANA

la Patria y Próceres de la Restauración, esta ha sido la primera

vez en nuestra historia constitucional que se proclama. Este

preámbulo además anota:

“[…] los valores supremos y los principios fundamentales de dig-

nidad humana, como lo son la libertad, la igualdad, el imperio

de la ley, la justicia, la solidaridad, la convivencia fraterna, el

bienestar social, el equilibrio ecológico, y el progreso y la paz,

todos para promover la unidad de la Nación Dominicana”.

Esos altos conceptos luego serán objeto de disposiciones

concretas, como veremos.

El principio de soberanía popular que aparece en el ar-

tículo 2 difiere poco del que vimos en los textos anteriores,

excepto que señala que se ejerce por representación o en forma

directa. Con estas últimas dos palabras, se prevé que más ade-

lante se instituirán el Plebiscito y el Referéndum.

En cuanto el Principio de No Intervención, éste se man-

tiene como en las constituciones anteriores, pero se ha añadi-

do al artículo 26 la siguiente frase:

“La República Dominicana reconoce y aplica las normas del De-

recho Internacional general y americano, en la medida que sus

poderes públicos las hayan adoptado”, pero en el nuevo texto

ese principio se amplía para incluir :“La solidaridad económi-

ca entre los países de América y apoya toda iniciativa en defensa

de sus productos básicos, materia prima y biodiversidad”.

Por otra parte, el principio de separación de poderes y la

división de ellos en Legislativo, Ejecutivo y Judicial no ha sido

cambiado de los textos anteriores, pero se agregan dos nuevos

conceptos del Fundamento y la Supremacía de la Constitu-

ción, tal como aparece en el artículo seis.

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WENCESALO VEGA B.

Una importante novedad es el establecimiento de un

nuevo capítulo denominado Del Estado Social y Democráti-

co de Derecho, donde se proclama que la función esencial del

Estado es la protección de los derechos de las personas.

En cuanto al territorio nacional el texto anterior se man-

tiene casi sin cambio, reconociendo que los límites occiden-

tales de la Nación fueron fijados definitivamente por el Tra-

tado Fronterizo de 1929 y su Protocolo de Revisión de 1936.

Mantiene el derecho de la nación sobre su mar territorial, el

suelo y subsuelos marinos, el espacio aéreo y “el espectro elec-

tromagnético”7.

El importante tema de la nacionalidad ha traído grandes

enfrentamientos entre los dominicanos recientemente, debido

a lo oscuro que era el texto de las constituciones hasta el 2010

sobre quiénes eran dominicanos. Entre los que no eran do-

minicanos estaban los hijos de extranjeros “en tránsito”, frase

que trajo mucha discusión, pues se negaba la nacionalidad

dominicana a niños nacidos en el país hijos de padres indocu-

mentados, a quienes se les tildó de estar “en tránsito” aunque

hubieran estado en el país por largos años. La Constitución

del 2010 resolvió esto incluyendo las palabras. “o residan ile-

galmente en el país” como señala ahora el párrafo 3 del artículo

18. Por lo tanto quienes hayan nacido en el territorio nacional

de padre o madre sin residencia legal no son dominicanos.

La controversia sobre este asunto fue luego abordada por una

Sentencia del Tribunal Constitucional del año 2013 y la ley

No. 169/14 sobre el Régimen Especial para la Naturalización.

De todos modos, el nuevo texto constitucional y las citadas

sentencia y ley ya no dejan margen a dudas sobre la claridad

de este espinoso tema.

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HISTORIA CONSTITUCIONAL DOMINICANA

En un análisis profundo de la nueva Constitución Do-

minicana, vemos la existencia de muchos nuevos capítulos

con principios, disposiciones y reglas que no se habían visto

antes o en algunos casos solo aparecían de forma escueta en

diferentes temas. Podemos mencionar. De la División Política

y Administrativa, (Arts.12 y 13); De los Recursos Naturales

(arts. 14-17); Del Régimen de Extranjería (Art. 25); De las

Relaciones Internacionales (Art. 26); De la Representación en

Parlamentos Internacionales (Arts. 27 y 28); Del Idioma y

Símbolos Patrios (Arts. 29-36); De los Derechos Fundamen-

tales (Arts. 37 a 49) De los Derechos Económicos y Sociales

(Arts. 50-63); De los Derechos Culturales y Deportivos ( Arts.

64 y 65); De los Derechos Colectivos y del Medio Ambiente

(Arts. 66 y 67); De las Garantías a los Derechos Fundamen-

tales (dividido en Tutela Jurídica y Debido Proceso, Habeas

Data, Habeas Corpus, Acción de Amparo y Nulidades de los

actos contrarios a la Constitución (Arts. 68 a 73); De la Inter-

pretación de los Derechos Fundamentales (Art. 74) y De los

Deberes Fundamentales (Art. 75).

Luego, en cada capítulo se detallan esos derechos y sus

formas de protección.

No hay dudas que se trata de nuevos conceptos o con-

ceptos viejos pero reforzados y ampliados en el nuevo texto,

que es una de las razones por la cual la Constitución del año

2010 es la de más larga extensión en la historia de la República

Dominicana.

En este punto nos detenemos para analizar los argumen-

tos sobre lo que debe contener una Constitución. Hay doc-

trinas de que sus textos deben ser breves y contener solo lo

esencial para la organización del Estado y la protección de los

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WENCESALO VEGA B.

Derechos Ciudadanos. El caso típico es el de la Constitución

de los Estados Unidos que contiene solo 7 artículos aparte de

27 “enmiendas” introducidas a través del tiempo, pero que

deja al Congreso y a los Estados disponer sobre amplios aspec-

tos de la organización federal.

A medida que han pasado los años y tras guerras y revo-

luciones, el sistema socialista democrático de gobierno ha sido

introducido poco a poco en muchas naciones y eso llevó a sus

constituyentes a ampliar los textos de sus Leyes Fundamenta-

les, para incluir en detalle los derechos sociales, económicos,

culturales, sindicales, ambientales y otros, que ha ocasionado

una mayor extensión de los textos, además de que en la mayo-

ría de ellas el articulado es seguido de disposiciones transito-

rias a veces de larga extensión.

Viendo someramente esta situación, nos percatamos que

el sistema de constituciones largas y detalladas ha ido ganando

terreno.

Así vemos que la Constitución de Haití tiene 298 artícu-

los, la de España 169, la de México 136, la venezolana 350,

la argentina con 129 al igual que la de Chile, la de Cuba 229.

Más cortas son las de Francia con 89 artículos, la de Japón

con 103.

El otro concepto es que siendo soberanas las Asambleas

Constitucionales y representando el sentir popular, ellas de-

ben fijar con exactitud y detalles los derechos fundamentales

de los ciudadanos y los límites del poder de los gobiernos, de

modo que no sea fácil vulnerarlos. Esta teoría ha ido impo-

niéndose y es la que prima en estos momentos, por lo que la

extensión de la Constitución dominicana de 2010, con 277

artículos, no es una excepción a esa tendencia.

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HISTORIA CONSTITUCIONAL DOMINICANA

Volviendo a analizar las novedades de la Constitución del

2010, vemos que las regulaciones sobre la bandera, escudo e

himnos nacionales que aparecían antes en las Disposiciones

Generales han sido llevadas en la del 2010 a un capítulo apar-

te, el VII del Titulo 1. No han tenido cambios importantes,

salvo que, en cuanto al Escudo Nacional se señala que el Libro

que aparece en el centro del mismo es la Biblia y abierto al

“Evangelio de San Juan, Capítulo 8, versículo 32”. Esa cita

bíblica nos dice que:

“ y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”.

Un nuevo artículo agrega que “El Lema Nacional es Dios,

Patria y Libertad”.

Los Derechos Fundamentales son divididos en el Título

II, con sus respectivos artículos, en; “Derecho a la Vida”, “De-

recho a la igualdad”, “Derecho a la libertad y seguridad perso-

nal”; “Prohibición de la esclavitud”, “Derecho a la integridad

personal”, “Derecho al libre desarrollo de la personalidad”,

“Derecho a la intimidad y el honor personal” “Derecho de

Conciencia y de culto” “Libertad de tránsito”, “Libertad de

asociación” “Libertad de reunión” y “Libertad de expresión”.

Luego siguen los artículos dedicados a los derechos eco-

nómicos y sociales, divididos en “ Libertad de empresa” “De-

recho a la propiedad intelectual”, “Derechos del consumidor”,

“Seguridad alimentaria,” “Derechos de la familia”, “Protec-

ción de las personas menores de edad,” “Protección de las per-

sonas de la tercera edad” “Protección de las personas con dis-

capacidad”, “Derecho a la vivienda”, “Derecho a la seguridad

social”, “Derecho a la salud”, “Derecho al trabajo” y “Derecho

a la educación”.

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WENCESALO VEGA B.

La siguiente sección trata del Derecho a la Cultura y del

Deporte.

Más adelante vienen los Derechos Colectivos y del Me-

dio Ambiente, divididos en “Derechos colectivos y difusos” y

“Protección del medio ambiente”.

Esa extraordinaria e impresionante lista de derechos y de

protecciones a los dominicanos es en cada capítulo o sección

objeto de detalles, lo que, a nuestro juicio, deja poco espacio a

la actuación del legislador, aunque vemos que las leyes que se

han dictado sobre los mismos recientemente son muy exten-

sas y detalladas. Es en este aspecto que nuestros tribunales y en

especial el Constitucional, tienen mucho que decir.

Hacemos una pausa en los comentarios sobre las nove-

dades de la Constitución del 2010, para anotar que tanto el

constituyente dominicano como su legislador, han optado

por el concepto de igualdad de género de una manera poco

gramatical, que es dividir a las personas en hombres y muje-

res. Así, ya no dice dominicanos, Presidente, Senador, Dipu-

tado, alcalde, juez, etc., sino que los divide en dominicanos

y dominicanas, presidente y presidenta, senador y senadora,

juez y jueza, alcalde y alcaldesa, etc. Para luego dejar de usar

esos términos en muchos artículos, cuando, por ejemplo, al

mencionar al Poder Ejecutivo, en el artículos 122, nos dice.

”El Poder Ejecutivo es ejercido en nombre del pueblo por la

Presidenta o el Presidente de la República” y a seguidas indicar

cuáles son los requisitos para ser “Presidente de la Repúbli-

ca”, sin mencionar “presidenta” con una incongruencia que

se repite en muchos artículos. Todo esto sin tomar en cuenta

que la propia constitución en su artículo 273 proclama la

igualdad de género. Nos parece, a título personal, que lo

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HISTORIA CONSTITUCIONAL DOMINICANA

decidido, para complacer a las feministas del país, llega a

veces a lo absurdo, olvidando las reglas básicas del idioma

oficial del país que es el español, donde existen normativas

gramaticales.

No hay dudas de lo importante que son muchas de las

novedades de la Constitución que estamos estudiando aquí.

Se han reforzado los derechos individuales con muchos pun-

tos que no aparecen en constituciones anteriores, como los

casos de confiscación de bienes (prohibida por razones políti-

cas) pero mantenidas como sanción adicional a los crímenes

contra el patrimonio público, el narcotráfico y delincuencia

transnacional (artículo 51 párrafo 5).

El principal derecho humano ha sido y es el de la vida.

Nuestro país prohíbe la pena de muerte sin excepciones, desde

la constitución del año 1966 y es repetida en el 2010. Pero en

este nuevo texto, la vida se define como “desde la concepción

hasta la muerte” por lo que de manera clara queda prohibido

el aborto en cualquiera de sus formas. Esa restricción ha traído

fuertes confrontaciones con quienes entienden que prohibir

el aborto es asegurar la muerte de madre e hijo en ciertas cir-

cunstancias, lo que en efecto los lleva a la pena de muerte.

Ese debate continúa y se analizan posibles soluciones médicas

para no vulnerar esa prohibición en casos de extremo peligro,

pero a la fecha nada formal ha sido consensuado.

Los demás derechos humanos que aparecen en los tex-

tos anteriores, han sido mantenidos, con pocos cambios y

algunas extensiones de clarificación. Por ejemplo tenemos

nuevos párrafos del listado de esos derechos que consagran

el derecho a la intimidad, la dignidad humana y al honor

personal, en momentos en que la tecnología hace más vul-

460

WENCESALO VEGA B.

nerable la vida privada de los dominicanos. También aparece

como una novedad el derecho de asilo de extranjeros perse-

guidos políticamente en sus países. A la libertad de expresión

se le agregó la de información, que autoriza al ciudadano

a buscar, investigar, recibir y difundir información pública

de todo tipo, como indica el artículo 49 en su párrafo 1.

La libertad de conciencia y de cultos se consagra en forma

absoluta sin dar preferencias a ninguna religión. Entre los

dominicanos ya no hay prejuicios religiosos o ideológicos, lo

que significa un gran avance en la tolerancia y la paz y esto se

refleja en la Constitución que tan escuetamente lo dispone

en el artículo 45 al declarar:

“El Estado garantiza la libertad de conciencia y de cultos, con

sujeción al orden público y respeto a las buenas costumbres”

Los derechos medioambientales son consagrados en de-

talle, en momentos en que el mundo se enfrenta a un calenta-

miento global, que los ríos, lagos y océanos se llenan de basura

humana, en que la deforestación se acelera y la contaminación

llega a límites peligrosos. El Constituyente dominicano esta-

blece en sus artículos 66 y 67, normas y prohibiciones para

que nuestro país se defienda lo más posible de esos desastres.

Esos textos hablan de la conservación del equilibrio ecológico

y de la fauna y flora, la protección del medio ambiente, y la

preservación del patrimonio cultural, histórico, urbanístico,

artístico, arquitectónico y arqueológico, estableciendo normas

generales y limitaciones en el uso de esos recursos.

En cuanto a la organización del Estado Dominicano, la

Constitución del año 2010 ha realizado cambios profundos,

creando nuevos órganos y competencias.

461

HISTORIA CONSTITUCIONAL DOMINICANA

No hubo cambios en la división clásica del Estado en los

tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, pero sus atribu-

ciones han sido objeto de ampliación o detallada.

El Poder Legislativo, continúa compuesto por las cámaras

de senadores y de diputados, siendo objeto en la nueva cons-

titución de ciertas precisiones y ampliaciones. Por ejemplo, en

el párrafo 4 del artículo 77 se establece que los legisladores no

están ligados por mandato imperativo, sino que deben actuar

en representación del pueblo que los eligió, lo que significa

que no están obligados a votar como lo quiera imponer el

partido al cual pertenecen,

En cuanto al Senado, continuó con la atribución de elegir

a los miembros de la Junta Central Electoral y al Defensor del

Pueblo, con la novedad de que se requería el voto calificado

de dos tercios de los miembros presentes en ambos casos. Ade-

más, corresponde al Senado autorizar la presencia de tropas

extranjeras en el territorio dominicano y el envío al extranjero,

de “tropas en misiones de paz”.

La Cámara de Diputados tiene en esta nueva Constitu-

ción un límite de sus miembros. Ahora son 178 en represen-

tación de sus provincias, 5 diputados a nivel nacional y 7 en

representación de las comunidades dominicanas en el extran-

jero, para un total de 190.

Las atribuciones del Congreso sufrieron pocas modifica-

ciones. Pero vemos que el derecho de crear o suprimir tri-

bunales requiere ahora que se consulte a la Suprema Corte,

lo que no era necesario en los textos anteriores. Las Cámaras

Legislativas recibieron el derecho de interpelar a ministros, vi-

ceministros, al Gobernador del Banco Central y los adminis-

tradores de instituciones descentralizadas del Estado y las que

462

WENCESALO VEGA B.

administren fondos públicos sobre asuntos de sus competen-

cias. Podrían también las distintas comisiones del Congreso

invitar a esos funcionarios a ofrecer informaciones sobre asun-

tos a su cargo, con sanciones penales si rehúsan, según reza el

artículo 94 y su párrafo.

Una interesante novedad en la Constitución del 2010 es

la “Iniciativa legislativa popular” que aparece en el artículo 97,

mediante el cual un número de ciudadanos no menor del 2%

de los inscritos en el Registro Electoral, pueden presentar un

proyecto de ley ante el Congreso. A 12 años de dictarse esta

Constitución aún no se han dictado las leyes que implemen-

ten estos novedosos procesos de participación directa de la

ciudadanía. Una lástima.

Bajo los artículos 111, 112 y 113 se establecieron dos

tipos de leyes en esta Constitución. Las ordinarias y las

orgánicas. Las orgánicas requieren para su aprobación el

voto favorable de las dos terceras partes de los presentes en

ambas cámaras. Las otras, llamadas ordinarias, requieren

solo el voto favorable de la mayoría absoluta de votos de

los presentes en cámara. Las leyes orgánicas son aquellas

relacionadas a “los derechos fundamentales; la estructura y

organización de los poderes públicos; la función pública; el

régimen electoral; el régimen económico financiero; el pre-

supuesto, planificación e inversión pública; la organización

territorial; los procedimientos constitucionales; la seguri-

dad y defensa; las materias expresamente referidas por la

Constitución y otras de igual naturaleza”. Pero vemos que

como se trata de mayorías, no de la totalidad de los miem-

bros de cada cámara, sino mayoría de los presentes en una

sesión, en realidad esas leyes pueden votarse con menos de

463

HISTORIA CONSTITUCIONAL DOMINICANA

la mitad de los votos de la totalidad de los componentes de

ambas cámaras.

Las atribuciones del Poder Ejecutivo son las que apare-

cen en las constituciones anteriores, con algunas excepciones.

Hubo un cambio en el orden de esas atribuciones pero los

cambios fueron:

1.- Indicar que el Presidente de la República es el “Jefe del

Estado y del Gobierno”. Antes, solo se mencionaba que

era el Jefe de la Administración Pública y Jefe Supre-

ma de las Fuerzas Armada y la Policía Nacional. Esta

novedad de las atribución al Presidente resulta extraño

y solo se viene utilizando en las monarquías constitu-

cionales de Europa, donde el Rey es el Jefe del Estado y

el Primer Ministro el Jefe del Gobierno. Unir esos dos

conceptos en uno solo bajo un sistema presidencialis-

ta no parece tener sentido. Pero de todos modos en el

texto se dividen las funciones y se detallan las mismas

en varios párrafos del artículo 128. En unos casos el

Presidente actúa como Jefe del Estado, en otras como

Jefe del Gobierno y hasta unas como Jefes de ambos.

El rol del Presidente sobre las fuerzas militares y poli-

ciales, luce disminuido, pues en vez de declararlo “Jefe

Supremo de todas las fuerzas armadas de la República

y de los cuerpos policiales” como decía antes, solo toca

al Presidente, como Jefe del Estado, las de “Nombrar o

destituir a los integrantes de las jurisdicciones militar y

policial” como reza el inciso c) del párrafo 1 del artículo

128. No pensamos que fuese el propósito de quitarle

poder al Presidente en materia militar y policial, sino

que se confundieron los términos.

464

WENCESALO VEGA B.

2.- El importante tema de la reelección presidencial se solu-

cionó en esta constitución al indicar que el periodo presi-

dencial es de cuatro años y que el Presidente “no podrá ser

electo para el periodo constitucional siguiente”. Así lo indica

el artículo 124.8

3.- El juramento presidencial fue ampliado de su forma

clásica al declarar que el Presidente no solo juraba por

su honor y ante Dios y la Patria, y ahora agregó “ante

el Pueblo”.

4.- Como la Constitución estableció con detalles cuales eran

los estados de excepción, conmoción y emergencia nacio-

nales, al Presidente de la República, entre sus nuevas atri-

buciones, se le autorizaba a tomar las medidas necesarias

para enfrentar esas situaciones.

Una nueva disposición constitucional es que el Presidente

de la República, bajo el párrafo k) del artículos 128, tiene la

facultad de: “hacer arrestar y expulsar, conforme a la ley, a los

extranjeros cuya actividades fueren o pudieren ser perjudiciales al

orden público o la seguridad nacional”.

Igualmente el párrafo i) de ese mismo artículo 28 le auto-

riza prohibir la entrada de extranjeros en el territorio nacional.

Estos poderes tan excepcionales quizás violen preceptos supra

– constitucionales, sobre derechos humanos, ya que existe el

principio universal de que hay derechos tan intangibles que

no pueden limitarse por constituciones y leyes. La eficacia de

ese principio puede discutirse y lo ha sido por juristas que

indican que las declaraciones universales sobre derechos hu-

manos de la ONU y OEA están por encima de cualquier li-

mitación constitucional de un país miembro y quienes aducen

que no lo están.

465

HISTORIA CONSTITUCIONAL DOMINICANA

Al Presidente y Vicepresidente electos o en funciones no

se les puede privar de su libertad, según indica el artículo 133,

todo sin perjuicio de ser llevados a juicio político según otros

textos de esta Constitución.

Vemos aquí una variedad de facultades presidenciales,

como las usuales, tienen también en la Constitución del año

2010 nuevos elementos confusos, pues en algunos casos pare-

ce que se disminuyen esas facultades y en otras se aumentan.

¡Importante tema para jurisprudencia constitucional!

Siguiendo con los cambios, vemos que hay nuevos nom-

bres para los miembros del gabinete presidencial, en vez de ser

Secretarios y Subsecretarios de Estado, ahora se llaman Minis-

tros y Viceministros. Se ha creado como novedad, lo que el

artículo 137 llama “El Consejo de Ministros” con funciones:

“de coordinar los asuntos generales del gobierno y organizar y

agilizar el despacho de los aspectos de la Administración Pública

en beneficio de los intereses generales de la Nación y el servicio de

la ciudadanía”.

Si bien se evidencia que se adoptaron estilos parecidos a

los europeos, no hemos visto lo que se dispuso en esta Cons-

titución sobre la efectividad de ese órgano que es muy usual

en los regímenes políticos europeos. En ese mismo orden los

artículos del 138 a 140 establecen los principios de la Ad-

ministración Pública entre cuyas disposiciones está la que se

establece que a lo funcionarios que manejen fondos públicos

no podrán recibir aumentos salariales sino para un periodo

posterior al que fueron electos o designados.

Tres secciones del Capítulo III se refieren a los organis-

mos autónomos y descentralizados, al Estatuto de la Función

466

WENCESALO VEGA B.

Pública y a los Servicios Públicos, señalando la responsabili-

dad conjunta y solidaria de funcionarios que causen daños y

perjuicios a personas o entidades por actuaciones u omisiones

antijurídicas.

Todas esas nuevas disposiciones tienden a formalizar, y

aumentar la burocracia estatal, que hasta ese momento no

aparecía en las constituciones.

El Poder Judicial ha sido objeto de grandes cambios y

novedades en la Constitución del 2010, como veremos en

seguida.

La creación del Tribunal Constitucional ha sido, quizás, lo

más destacado en materia jurisdiccional que aporta esta Cons-

titución. En las constituciones anteriores al 1994, era la Supre-

ma Corte la que, en recursos de casación, declaraba, en última

instancia, la constitucionalidad o no de una ley, pero como

consecuencia de un litigio iniciado en tribunales inferiores. Era

el control difuso. A partir de la reforma de 1994, además del

control difuso, se estableció el control concentrado de consti-

tucionalidad, a cargo de la Suprema Corte de Justicia.

El tema de donde se juzgaba la inconstitucionalidad de

una ley o disposición administrativa, se debatía en si debía

ser decidido por el Pleno de la Suprema Corte, por la crea-

ción de una Cámara Constitucional en ese alto tribunal o si

debía establecerse una corte especial dedicada exclusivamente

a ese tema. Entre los debates y propuestas para resolver este

importante asunto, se prefirió el de crear un tribunal especia-

lizado y así fue establecido en el Título VII bajo los artículos

184 a 189. Hasta dictarse la Constitución del 2010, era la

Suprema Corte de Justicia la competente para declarar por vía

directa la inconstitucionalidad de una norma, y en lo adelan-

467

HISTORIA CONSTITUCIONAL DOMINICANA

te esto quedó a cargo del nuevo Tribunal Constitucional. Un

año y cinco meses después de promulgada la Constitución del

2010, la Ley No. 137-11 reglamentó las funciones del Tribu-

nal Constitucional. Este cambio tan importante en nuestro

sistema judicial ha permitido que se vaya estableciendo una

copiosa jurisprudencia en la materia constitucional dominica-

na, abriendo una nueva época en nuestro derecho. El Recurso

de revisión en Materia de Amparo, como otros a cargo del Tri-

bunal Constitucional, también ha dado vida a tan importante

vía de protección al ciudadano.

El Tribunal Constitucional ha quedado compuesto de

trece miembros electos por el Consejo Nacional de la Ma-

gistratura por un periodo único de nueve años, sin reelec-

ción, excepto los que en calidad de reemplazantes hayan

ocupado el cargo por menos de cinco años. La composi-

ción de este tribunal se renovará de manera gradual cada

tres años. Por excepción a esta regla, sus primeros trece

integrantes fueron nombrados por distintos períodos de 6,

9 y 12 años para garantizar la renovación gradual de la ma-

trícula del tribunal.

Sus importantes funciones son conocer en única instan-

cia la acciones directas de constitucionalidad contra leyes,

decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia

del Poder Ejecutivo o de una tercera parte de los miembros

del Senado o de la Cámara de Diputados y “cualquier perso-

na con interés legítimo y jurídicamente protegido”. Igualmente

este alto Tribunal tiene la obligación del control preventivo

de los tratados internacionales que celebre la República, antes

de que sean ratificados por el Congreso Nacional. También

sus funciones incluyen fallar sobre conflictos de competencia

468

WENCESALO VEGA B.

entre los poderes públicos. Vemos ahí las muy importantes

funciones que esta Constitución ha dado a este Tribunal. Sus

decisiones, que son definitivas, vinculantes e irrevocables pue-

den ser trascendentales para la vida jurídica, política y social

del país.

El Ministerio Público, que en las constituciones anterio-

res no se mencionaba ni organizaba, en la que estudiamos en

este capítulo, ha sido objeto de todo un capítulo, el V, y cuyos

artículos del 169 al 175 establecen el Estatuto del Ministerio

Público, su integración y su carrera, así como la creación del

“Consejo Superior del Ministerio Público” todo con la finali-

dad de dar fuerza constitucional a este importante elemento

del Estado dominicano.

Los artículos 178 a 183 establecen el Consejo Nacional

de la Magistratura, órgano superior que escoge los jueces de

las altas cortes. Un nuevo miembro de ese Consejo fue agre-

gado en la nueva Constitución, el Procurador General de la

República, de modo que en vez de tener siete miembros ahora

tiene ocho. Esta novedad ha sido criticada porque ese funcio-

nario no es ni de elección popular ni juez, como lo son los

demás.

La Defensa Pública y la Asistencia legal gratuita son dos

nuevos elementos que aparecen por primera vez en una cons-

titución dominicana.

En cuanto a la “Defensoría del Pueblo”, en los artículos

190 a 192 se establece su autonomía, funciones y forma de

elección del Defensor del Pueblo y sus adjuntos, quienes son

designados por seis años por el Senado mediante ternas so-

metidas por la Cámara de Diputados. Ya se había establecido

por la Ley 19-01, pero ahora se le dio rango constitucional.

469

HISTORIA CONSTITUCIONAL DOMINICANA

Estos nuevos funcionarios bajo el artículo 191 tienen como

funciones esenciales:

“[…] contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales de

las personas y los intereses colectivos y difusos establecidos en la

Constitución y las Leyes en caso de que sean violados por funcio-

narios y órganos del Estado, por prestadores de servicios públicos

o particulares que afecten intereses colectivos y difusos”.

Esta nueva figura en nuestro país, desde hace años fue

establecida en las democracias europeas bajo el nombre de

“Ombudsman” a mediados del siglo XX como institución in-

dependiente de contrapeso a los poderes públicos y defensores

de los derechos ciudadanos. Como nueva figura en nuestro

ordenamiento jurídico aún es muy temprano para juzgar sus

actuaciones.

A los órganos territoriales tradicionales de la nación, las

provincias y los municipios, la Constitución del año 2010 le

agrega “las regiones” como “unidad básica para la articulación

y formulación de las políticas públicas en el territorio nacio-

nal”, en base a una ley que las organice, pero como ésta no

se ha dictado todavía, la Región sigue solo como concepto

abstracto. La Constitución divide al país en regiones, provin-

cias, municipios, distritos municipales, secciones y parajes,

dejando a las leyes sus respectivas organizaciones, aunque para

las provincias y los municipios se establecen normas genera-

les, que no modifican sustancialmente las que aparecen en las

constituciones anteriores que solo mencionaban a las provin-

cias y los municipios.

Unos muy novedosos mecanismos de control popular en-

tran por primera vez en la normativa política de la República

470

WENCESALO VEGA B.

Dominicana. Nos referimos al Plebiscito, el Referéndum y la

Iniciativa Normativa Municipal, que son mencionados en el

artículo 203 de la Constitución del 2010. Pero para que en-

tren en funciones es necesario leyes que las organicen, las que

tampoco se han dictado a la fecha. La Constitución dispone

en su artículo 210 que los referéndums no pueden tratar sobre

aprobación o revocación de autoridades electas o designadas

y para su validez requieren que el Congreso las apruebe pre-

viamente con el voto de las 2/3 partes de los presentes en cada

cámara, con lo que su eficacia sería muy escasa.

Hemos ido viendo a través de este estudio de la Constitu-

ción del 2010, que una parte de sus novedosas e importantes

disposiciones requieren leyes que las implementen y que doce

años después, aún no se han incorporado a la legislación na-

cional, por lo que siguen siendo conceptos constitucionales

abstractos, que le ha quitado a esta Constitución gran parte

de su importancia como norma de modernización y apertura

a la voluntad popular.

Siguiendo el estudio de la Constitución, vemos los capí-

tulos destinados al sistema electoral, el régimen económico y

financiero, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de

la República, el Régimen Monetario y Financiero, el Presu-

puesto Nacional, la Planificación, la Tributación y el control

de los fondos públicos. Son sistemas y entidades tradicionales

que se reconocen en la Constitución.

El primero de ellos, el sistema electoral requiere un

comentario aparte ya que se innova en el mismo con la

disposición de que las elecciones se celebran separadamen-

te, unas para escoger al Presidente y Vicepresidente de la

República y legisladores a celebrarse el tercero domingo de

471

HISTORIA CONSTITUCIONAL DOMINICANA

mayo cada cuatro años y las municipales el tercer domingo

de febrero.

Aparte de establecer normas generales para los comicios

electorales, la Constitución ha establecido el Tribunal Superior

Electoral con la misión de decidir con carácter definitivo las

controversias que surjan en lo interno de los partidos y los asun-

tos contenciosos electorales. Como vimos, los jueces de este tri-

bunal son electos por el Consejo Nacional de la Magistratura

y por periodos de cuatro años. La organización de los partidos

políticos es objeto de un artículo en esta Constitución; el 216,

el cual indica que su organización es libre, dentro de un sistema

de democracia interna e indica además cuáles son sus fines esen-

ciales, que son: Participación ciudadana, pluralismo político, y

el bienestar colectivo. Esas novedades serán de importancia para

transparentar los futuros comicios dominicanos.

El capítulo sobre las Fuerzas Armadas mantiene las nor-

mas tradicionales de que son obedientes y sin facultad delibe-

rativa, pero se agrega como novedad la existencia de la Carrera

Militar. En esta se dispone que no haya discriminación en cuanto

al ingreso, nombramiento, ascenso y retiro de los militares, todo,

por supuesto, bajo la ley de la materia. A la Policía Nacional se

le dedica un capítulo separado al de las Fuerzas Armadas, donde

se reconocen su misión, carrera, competencia y régimen discipli-

nario.

Otra novedad de la Constitución del 2010 es la creación

del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, órgano “con-

sultivo” que asesora al Presidente de la República, quien es el

que reglamenta su composición y funcionamiento.

La Constitución ha establecido con detalles los estados de

excepción que define como. “aquellas situaciones extraordinarias

472

WENCESALO VEGA B.

que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las institu-

ciones y de las personas frente a las cuales resulten insuficientes las

facultades ordinarias” según indica el artículo 262. Las divide

en Estado de Defensa, Estado de Conmoción Interior y Esta-

do de Emergencia, dando cortas definiciones de cada uno de

ellos. Se dispone que para implementar esas medidas el Pre-

sidente de la República requiere autorización del Congreso,

pero que si éste no está reunido, aquel lo puede declarar y de

inmediato el Congreso debe reunirse para decidir al respecto.

El párrafo 6 del Artículo 266 indica cuales de los derechos

individuales pueden ser suspendidos durante esos estados

de excepción. Resulta interesante observar que por primera

vez se regule constitucionalmente y en detalles estos asun-

tos en momentos en que el país no padece de crisis política

ni amenaza internacional. Quizás en los casos de Estado de

Emergencia y Calamidad Públicas a resultas de daños graves

de huracanes, terremotos y otros desastres naturales, parecen

necesarias esas medidas. Pero se ha utilizado para establecer

medidas sanitarias en ocasión de la pandemia COVID-19 a

partir del año 2020.

Finalmente, de esta larga lista, debemos mencionar el de

las reformas constitucionales, que tanto han incidido en la

vida republicana de la Nación Dominicana en los más de siglo

y medio de su existencia.

Se supone que siendo la Constitución el elemento clave

de la vida de una nación, su existencia debe ser garantizada

por ella misma, mediante disposiciones que hagan difícil su

modificación o revocación. Dos sistemas han prevalecido. El

primero que es el más democrático, es que cada vez que se

desee modificar la Constitución se disponga de elección po-

473

HISTORIA CONSTITUCIONAL DOMINICANA

pular de los miembros de una Asamblea Nacional cuya única

función es modificar el texto existente. Ese sistema ha prevale-

cido en los casos de doce constituciones dominicanas. El otro,

más sencillo pero menos democrático, es aquel que dispone

que sean las cámaras legislativas, en reunión conjunta, como

Asamblea Nacional, la que disponga las modificaciones. Este

sistema es el actual y más común, ya que aparece en veintidós

constituciones dominicanas. Las iniciativas para las modifica-

ciones provienen del Poder Ejecutivo o de las propias cámaras

legislativas en ambos sistemas.

Esta tan esperada Constitución fue proclamada el día 26

de enero de 2010, en el 197avo. Aniversario del nacimiento

del Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte.

Referencia

1. Consulta Popular para la Reforma Constitucional. Informe Final.

Santo Domingo, 2007.

2. Vidal Potentini, Trajano. Manual de Derecho Constitucional Domini-

cano. Pp. 222-224.

3. Scheker Ortiz, Luis. La Reforma Constitucional, Ley 70/2009. Ante-

cedentes, Comentarios.

4. Vega, Wenceslao, Historia del Derecho Dominicano, Edición 2016, p.

442.

5. Jorge Prats, Eduardo. Artículo en el periódico Hoy del 28 de enero de

2010.

6. Vidal Potentini, Trajano, Op. Cit. P. 422

7. Espectro electromagnético: es el conjunto de longitudes de onda de

todas las radiaciones electromagnéticas. Incluye rayos gamma, rayos

X, radiación ultravioleta (UV), luz visible, radiación infrarroja (IR) y

ondas radioeléctricas.

474

WENCESALO VEGA B.

8

. Ley No. 24-15 que declara la necesidad de reformar la Constitución

de la República, en su artículo 124. G. O. No. 10798 del 3 de junio

de 2015.