El plan antimora de la Suprema Corte de Justicia: avances y retos

• Autor: César José García Lucas
• Cargo: Abogado, maestría en Derecho Administrativo por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, doctorando en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca, España
• Páginas: 1-12

EL PLAN ANTIMORA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA: AVANCES Y

RETOS

César José García Lucas

Abogado, maestría en Derecho Administrativo por la Pontificia Universidad Católica Madre y

Maestra, doctorando en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca, España. Es

secretario general de la Suprema Corte de Justicia en el Poder Judicial dominicano.

Resumen: En este ensayo desarrollamos los resultados obtenidos de la aplicación del Plan

antimora del Pleno de la Suprema Corte de Justicia y el uso de las tecnologías de la información

y comunicación (TIC) al corte del año 2021. Más allá eliminar la mora judicial, el plan tiene

como fin elevar la eficiencia del servicio judicial. Exhibimos también las fortalezas y resultados

alcanzados a diciembre de 2021, así como los retos que en adelante deberá enfrentar el sistema

para consolidar las mejoras alcanzadas, entre ellas la iniciativa de la Ley de Uso de Medios

Digitales en el Poder Judicial para adaptar la justicia al siglo XXI.

Palabras claves: Tutela judicial efectiva, seguridad jurídica, transformación digital, mora

judicial, uso de medios digitales, la buena administración de justicia y compromiso institucional,

Poder Judicial, República Dominicana.

INTRODUCCIÓN

El catedrático costarricense Jaime Ordóñez, en la obra Estudios de derechos humanos VI1,

citando a Norberto Bobbio en su obra La crisis de la democracia y la lección de los clásicos,

afirma que las democracias contemporáneas tendrían que afrontar retos de gobernabilidad; señala

que estos problemas de gobernabilidad “están estrechamente relacionados con la legitimación

ciudadana del sistema, lo cual implica no únicamente la percepción (por parte del ciudadano) de

que el modelo político de un gobierno legítimo, esto es, que representa adecuadamente no sólo

los intereses colectivos sino, además, que se trata de un sistema político que lo incluye y lo hace

formar parte”. Es en esas atenciones que Ordóñez establece con claridad meridiana que “la

administración de justicia constituye uno de los ámbitos decisivos que permiten verificar la

vigencia o prescindencia de los derechos fundamentales en las sociedades contemporáneas”.

Es así que la carta magna consagra los mecanismos de tutela y protección de los derechos

fundamentales de la persona, para brindar la posibilidad de obtener la satisfacción de sus

derechos frente a los sujetos obligados o deudores de estos. Esta tutela a los derechos

fundamentales vincula a todos los poderes públicos —entre ellos el Poder Judicial— y los

compele a ser garantes del contenido de la Constitución y las leyes desde sus respectivas

1 [En línea]: https://www.corteidh.or.cr/tablas/r23386.pdf consultado el 15 de diciembre de 2021.

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