Políticas públicas para el sector justicia

 
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"Políticas públicas para el sector justicia"

Rosalía Sosa Pérez

rsosa@justicia-gobern.com

Durante mucho tiempo el sistema de justicia permaneció ausente del proceso de cambio, debido a la resistencia de aplicar políticas públicas que le vinculen al proceso de reforma y a la transformación del Estado.

La modernización del sector Justicia, si bien implementada por los Estados de forma independientemente, en toda América Latina se ha desarrollado progresivamente como si fuera una necesidad.

Un elemento común que se puede identificar es que las instituciones del sector Justicia (Poder Judicial, Ministerio Público, Abogado de Oficio), no concentraban la fuerza necesaria para impulsar sus propias reformas. La historia demuestra que juega un papel secundario, situación que tiene sus antecedentes en la concentración de poder con que contaba el monarca, ya que, por ejemplo, la Justicia era una institución burocrática y delegada que auxiliaba al rey para el ejercicio de dicha función.

La necesidad de cambiar hace posible romper con las deficiencias del modelo colonial, buscando contar con un Poder Judicial que por lo menos formara parte de manera formal de la estructura del Estado.

Partiendo de este supuesto, los tribunales tendrían competencia para controlar la actuación de los ciudadanos y en la medida de lo posible a los demás poderes. A partir de la Constitución de 18441, el Poder Judicial ha estado presente desde la formación del Estado dominicano. El desarrollo del sector Justicia consolida el modelo colonial y los operadores de entonces no entendían la importancia de las teorías de "separación de los poderes" o "sólo el poder controla al poder", restando importancia a la concepción de que el Poder Judicial es un poder del Estado.

No podemos obviar que el "Juez es boca de la ley", herencia del sistema europeo continental, donde las decisionesjudiciales carecían de efectos generales y su operador no podía interpretar la ley, tarea reservada al Poder Legislativo", limitando la función judicial a influir en el funcionamiento del Estado.

Los beneficiarios responsables de esa herencia han generado una cultura jurídica de "pronunciar el derecho" dentro de un formalismo o culto a las formas, desvinculándose de los problemas concretos de su entorno social y de los principios generales del derecho en pos de una prudencia que atenta contra su propia independencia funcional, logro por el que hombres y mujeres lucharon y que hoy se percibe cuestionado. En...

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