Los peligros del populismo penal

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"Los peligros del populismo penal"

Eduardo Jorge Prats

Todos estamos familiarizados con el populismo político y sus consecuencias. Las reformas económicas estructurales emprendidas a partir de los 80 y el hegemónico discurso político neoliberal han terminado de desacreditarlo, a pesar de lo que pudiera indicar el renacimiento de la izquierda populista (Chávez, Evo Morales y Kirchner). Lo interesante es que, aun en los países en donde se han asentado las reformas neoliberales (Europa y Chile, por citar dos ejemplos), el único populismo que no ha sido desterrado de la arena pública es el "populismo penal".

¿Qué se entiende por populismo penal? La expresión ha sido popularizada por el jurista francés Denis Salas. Con ella se alude a la estrategia que despliegan los actores políticos y del sistema penal cuando hay problemas de inseguridad ciudadana y que consiste en calmar el clamor popular mediante apelaciones al aumento de las penas, el endurecimiento de los castigos, la disminución de la imputabilidad penal juvenil, y una serie de leyes que posteriormente, a la hora de la implementación, no tienen un impacto real en la prevención y disminución del delito.

La República Dominicana no escapa al influjo del populismo penal como se evidencia claramente en los reclamos por una modificación del Código Procesal Penal, por el restablecimiento de la pena de muerte, la propuesta de la castración química como sanción contra los agresoressexuales, la solicitud de que los menores de edad sean juzgados como adultos, y, en sentido general, el clamor por "mano dura" en la policía.

El populismo penal es antigarantista porque propugna por la disminución de las garantías; es maniqueo porque orienta al combate de la criminalidad como cruzada contra el mal; es panpenalismo porque considera al Derecho Penal como remedio de todos los males sociales, como sanalotodo social; y es simbólico y demagógico porque sólo crea la ilusión de que soluciona los problemas vía la intervención penal.

El populismo penal como discurso y como práctica se radicaliza cuando se mezcla con una serie de tendencias y hábitos institucionales y culturales que caracterizan el sistema penal dominicano. De manera que, en síntesis apretada, podríamos decir que el populismo penal se caracteriza en República Dominicana por los siguientes rasgos, quea su vez constituyen sus mayores peligros para el Estado de Derecho y la protección de los derechos de las personas:

1. La disolución del principio de legalidad penal. El populismo penal ha implicado, en los países en donde ha prevalecido, la modificación de la legislación penal para endurecer las penas o para penalizar conductas anteriormente despenalizadas. Por eso se dice que el populismo penal es panpenalista en la medida en que entiende que el Derecho Penal no es la última ratio sino solución ideal para todos los problemas sociales.

   A pesar de que el legislador dominicano no ha escapado a los influjos del populismo penal, como se evidencia en las últimas legislaciones penales adoptadas, principalmente la propuesta de Código Penal, los populistas penales no han necesitado de cambios legislativos porque cuentan con adeptos dentro de la judicatura dispuestos a licuarel principio de legalidad penal, disolver los tipos penales y adecuarlos a las necesidades crecientes de penalización. En otras palabras, algunos jueces dominicanos, muy estrictos a la hora de interpretar las leyes en el ámbito civil o administrativo, son bastante creativos a la hora de aplicar la ley penal y así vemos cómo pueden sancionar muchos delitos de corrupción no previstos en la ley bajo los antiguos tipos penales de la estafa, el abuso de confianza o el robo.

2. El decisionismo judicial. Esto nos lleva a la segunda característica del populismo penal en nuestro país: el decisionismo judicial. Algunos jueces penales, a pesar de que la obligación de motivar es de carácter constitucional y de que ha sido consagrado en la Resolución 1920-2003 de la Suprema Corte de Justicia, fallan intuitivamente los casos, sin tomar en cuenta las pruebas y sin resistirse a la presión popular o del aparato burocrático en aras de conservar sus puestos. Otros son influidos por las líneas que bajan los voceros de la judicatura o las organizaciones ciudadanas que presionan en los tribunales por sus políticas públicas en detrimento de la independencia y la imparcialidad judicial.

   Esto se evidencia a diario. Jueces que condenan sin pruebas o mediante pruebas introducidas de contrabando en el proceso. Ciudadanos que, sin ser formalmente acusados o habiendo siendo excluidos en los procedimientos preliminares, son incluidos como acusados por tribunales superiores en flagrante violación de todos los principios del debido proceso. Apertura de más de un procedimientos penal en violación a la garantía de que nadie puede ser procesado más de una vez por los mismos hechos.

   Todo esto ocurre sin que los tribunales superiores, incluyendo la Suprema Corte de Justicia, censuren estas flagrantes violaciones cometidas por los...