Un preámbulo necesario

• Páginas: 26-47
• Autor: Justo Pedro Castellanos Khoury

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

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y ha tenido, y tiene y tendrá, sus tensiones, avances, enredos y

retrocesos.

Así, en el marco de ese proceso, los dominicanos y

dominicanas –en particular, la comunidad jurídica y, más

particularmente, los jueces del Tribunal Constitucional

dominicano– hemos ido encontrando y descubriendo lo mismo

obviedades que sutilezas, luces que sombras, preguntas que

respuestas, inquietudes que satisfacciones.

Las normas antedichas y, especialmente, las decisiones –los

precedentes– del Tribunal Constitucional abordan los aspectos

esenciales de nuestro actual sistema de justicia constitucional y

sirven, en este sentido, como instrucciones para su uso. En lo

que le toca, el Tribunal Constitucional, principalmente con sus

decisiones, ha hecho su aporte para que los asuntos bajo su fuero

alcancen el mejor destino posible. El proceso de gestación de

tales decisiones no siempre ha sido –ni es ni será, por cierto–

pacífico. Con frecuencia, por el contrario, ha sido escenario de

discrepancias, en el cual se mueven las mareas de las mayorías y

de las minorías y, entre ellas, las posiciones o votos particulares

–en ocasiones, individuales y solitarios– de los miembros del

Tribunal Constitucional. Nada, por supuesto, que no sea

propio de la democracia y del pluralismo de ideas, que no sea

característico de un órgano que, vale decir, afortunadamente ha

practicado a plenitud aquella democracia y este pluralismo.

De hecho, coherente con el principio democrático, con la

independencia de cada juez y con su libertad fundamental para

expresarse, la Asamblea Nacional Revisora concibió un mecanismo

facultativo a través del cual los magistrados pueden exponer su

posición motivada sobre cómo –a su entender– ha debido el

colectivo afrontar y resolver el caso, aquel que recién anuncié: el

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voto particular2. El artículo 186 de la Constitución dominicana

al respecto reza: “Los jueces que hayan emitido un voto disidente

podrán hacer valer sus motivaciones en la decisión adoptada”3.

Un elemento que resalta de este artículo, y que en su

momento –en nuestros tempranísimos inicios– fue objeto

de agudas discusiones, fue la expresión “podrán hacer valer”,

lo que hablaba, para algunos, de una posibilidad, que no de

una obligación. De tal forma que, apegados al significado del

texto, así formulado en tales términos, los jueces disidentes, al

tiempo de expresar nuestra disidencia en la discusión del asunto,

tendríamos la opción de “hacer valer” nuestras motivaciones en

la decisión tomada.

Ese artículo se analizó conjuntamente con el artículo 30 de

la LOTCPC, que dispone: “Los jueces no pueden dejar de votar,

debiendo hacerlo a favor o en contra en cada oportunidad. Los

fundamentos del voto y los votos salvados y disidentes se consignarán

en la sentencia sobre el caso decidido”4. Según este último, los jueces

2 Zagrebelsky, con puntería, sobre el voto de los miembros del colegiado constitucional,

afirma lo siguiente: “El voto es el momento catártico con el que se pasa a través de una

prueba de fuerza numérica de la tensión a la distensión. Quien vence puede afirmar: he

luchado y he ganado mi batalla, he cumplido con mi deber; quien pierde puede afirmar lo

mismo: he peleado mi batalla, he cumplido con mi deber y, de esta manera, he sembrado

lo que tal vez pueda recoger en otra ocasión. En ambos casos pueden afirmar: éstas son

las reglas de la política parlamentaria y tanto la mayoría como la minoría, cualquiera

que sea el resultado, pueden sentirse orgullosas de haber desempeñado su papel”. Cfr.

ZAGREBELSKY (Gustavo), Principios y votos. El Tribunal Constitucional y la

política, TROTTA, 2008, España, p. 47.

3 Constitución de la República Dominicana, reforma del 26 de enero de 2010, en

Tribunal Constitucional de la República Dominicana, CASTELLANOS KHOURY

(Justo Pedro) y TEJADA (Leonor) (coord.), La constitución dominicana y sus reformas

(1844-2010), primera edición, tomo II, editora Búho, Santo Domingo, República

Dominicana, 2014, p. 1432.

4 Ley número 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales (LOTCPC), promulgada el 13 de junio de 2011 y publicada en

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estaban obligados a votar en cada caso, pero esa obligación se

refería al ejercicio de participación en la discusión y decisión de

los casos. Y aunque a continuación habla de que los fundamentos

de los votos y los votos salvados y disidentes se consignarán en la

sentencia, no abordó con claridad suficiente si tal cosa constituía

una opción o una obligación, por lo que la indeterminación de

ambos textos, incluyendo uno constitucional, terminó primando

en la discusión y en la decisión del asunto.

Fui de los que entendió que, en rigor, tales formulaciones

no podían ser entendidas de otra manera y, pues, no podían

trascender su señalada opacidad. Por ello, estuve de acuerdo

con que decidiéramos darle otro alcance a la cuestión, en

aras de la transparencia y de la democracia, no solo hacia lo

interno del Tribunal, sino también, y diría que, sobre todo,

hacia lo externo del colegiado, hacia la sociedad dominicana

y, más aún, hacia el ámbito universal, en vista de que esas

decisiones, por virtud de la tecnología, se conocerían –como

en efecto sucede– en todas partes. Vale decir que el resultado

de aquella discusión fue la aprobación de una propuesta

que presentó, bien recuerdo, el magistrado presidente Ray

Guevara, en el sentido de formalizar, a falta de una norma

clara, un acuerdo solemne entre los jueces de que, al margen de

lo que se considerara que decían o que no decían los artículos

en cuestión, nuestras posiciones particulares, cuales fueran

estas (disidentes o salvadas), las expresaríamos, no solo en las

discusiones de los casos, sino también, formal y expresamente,

en votos particulares, nutridos del sentido que tuvieran en cada

Gaceta Oficial número 10622, del 15 de junio de 2011, modificada por la Ley

número 145-11; Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Santo

Domingo, Editora Tele 3, primera edición, reimpresa en abril de 2015, p. 21.

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caso, mediante votos disidentes o votos salvados. Una decisión

trascendente, inteligente y repleta de bondades en más de un

sentido, particularmente en los ya señalados de la transparencia

y de la democracia. Así ha sido, pues, desde entonces. Eso

puede que haya recargado de trabajo nuestros escritorios, pero

ha sido, sin dudas, lo mejor. A la distancia, celebro aquella

decisión, como celebro también haber sido partícipe de ella, la

que, por demás, he ejercido intensamente, como se echará de

ver en estas páginas.

Otro elemento que resalta de todo esto es que, desde el texto

supremo, se refiere únicamente la posibilidad de emitir votos

disidentes, si bien la LOTCPC agrega el voto salvado.

Asimismo, más adelante, el Reglamento Jurisdiccional del

Tribunal Constitucional, discutido y aprobado por nosotros

mismos, fija algunos presupuestos elementales que todo

juez debe observar previo a manifestar su intención de voto

particular y, en efecto, presentar un escrito motivando las

razones por las que toma distancia del criterio mayoritario5.

Tales son: a) respetar a sus pares y al Tribunal; b) defender su

posición discrepante en la deliberación del caso; y c) exponer

5 Los jueces del Tribunal Constitucional, para elaborar un voto particular –salvado

o disidente, individual o en conjunto–, conforme al artículo 16 del Reglamento

Jurisdiccional del TC, disponen de un plazo de diez (10) días hábiles computables a

partir de la comunicación de la sentencia por parte de la secretaría general del TC,

con fines de formular su voto particular; ante el hipotético de que el juez o la jueza no

emita su voto dentro del plazo prefijado, tendrá una gracia de cinco (5) días hábiles

para hacerlo, contada a partir de la publicación de la sentencia; el voto en estas

circunstancias se publicará posteriormente, por separado, en el portal institucional,

y junto con la sentencia en el boletín del Tribunal. Cfr. Artículo 16 Reglamento

Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, aprobado el 17 de diciembre de 2014;

Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Santo Domingo, Editorial

Arianna, primera edición, 2015, pp. 19-20.

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ante el Pleno los fundamentos que desarrollará en su voto6. De

igual forma, esta normativa contempla, en la parte final del

artículo 16, que “los magistrados tendrán siempre la potestad de

renunciar al voto particular mediante comunicación escrita a la

Secretaría”7.

Retomando el hilo argumentativo anterior, digo, pues,

que tales decisiones –las del Tribunal Constitucional– no

siempre han sido –ni son ni serán– tomadas por unanimidad.

Y cuando no es así, es decir, cuando los fallos son tomados

por una mayoría –más o menos amplia, que ese detalle nada

importa–, las posiciones que tales decisiones promueven no

necesariamente llevan, en lo que atiene a la razón jurídica,

más pertinencia, más tino, más certeza que aquellas que

resultan minoritarias. Quiero decir: jurídica y filosóficamente

hablando, las decisiones, mayoritarias y todo, pueden estar

equivocadas; y, asimismo, las minoritarias pueden resultar más

pertinentes. De igual modo, las posiciones minoritarias, aun

solitarias, no por ello son equivocadas. Todo sin perjuicio de

esa otra posibilidad –tan real que ya forma parte de la propia

historia del colegiado dominicano, a tan solo doce años de

funcionamiento– que supone el que las decisiones mayoritarias

de hoy sean las minoritarias de mañana, y viceversa.

En esos escenarios democráticos, de mayorías y de minorías,

se mueven los votos particulares de los jueces: los salvados, si

concurren a la decisión, pero discrepan en los argumentos que

conducen a ella; los disidentes, si difieren de la decisión que se

está tomando.

6 Cfr. Ibid., artículo 15, p. 19.

7 Ibid., artículo 16, p. 20.

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Pero esta facultad no siempre se ha tenido por aceptada,

ni se tiene del todo todavía, principalmente en la jurisdicción

ordinaria, que comprende a los tribunales colegiados del Juzgado

de Primera Instancia y a las Cortes de Apelación; pues, tal y

como afirma Rodríguez Gómez, “[l]a cuestión del voto disidente

en los tribunales colegiados ha sido objeto de importantes discusiones

en el ámbito jurisdiccional nacional, sobre todo porque ha existido

una práctica de rechazo hacia esta institución en ciertos sectores de

la judicatura y del mundo jurídico en general”.8

Aparte el repudio recibido por dicha institución jurídica y

la falta de concientización sobre la relevancia de la libertad de

expresión del juez a través de los votos particulares, la realidad es

que, a la fecha, esta prerrogativa se mantiene vigente y vigorosa

porque emitir un voto disidente o salvado es reflejo de una

democracia jurisdiccional en la que impera un “clima de libertad

e independencia en el ejercicio del criterio por parte de los integrantes

de los tribunales colegiados”9.

Y es que, en palabras de Ollero, exmagistrado del Tribunal

Constitucional español, un voto particular tiene indiscutible

importancia en virtud de que sirve de vehículo para que los

puntos más discutibles de la doctrina sentada por el Tribunal

puedan rebatirse y, en consecuencia, acabar formando parte de la

historia10. Además, la existencia de una facultad confeccionada

con el propósito de que el juez en minoría exprese su posición

frente a la decisión del colectivo, se estima necesaria para “la

8 GÓMEZ RODRÍGUEZ (Cristóbal), “Comentarios al artículo 186 de la

Constitución dominicana”, en Constitución comentada, tercera edición, Santo

Domingo, Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., 2012, p. 394.

9 Ídem.

10 OLLERO (Andrés), Votos particulares, Tirant lo blanch, Valencia, 2022, p. 15.

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realización de una administración de justicia apegada a los

presupuestos del Estado de derecho”11.

En fin, que el designio de un juez del Tribunal

Constitucional en emitir un voto particular está conectado a

su responsabilidad de contribuir a una sana administración de

la justicia constitucional. Llevar a cabo tal cosa de una forma

idónea implica hacerlo sin responder o sucumbir ante actitudes

caprichosas, antojadizas, impulsivas –diríase, incluso, que

infantiles, lo que, por cierto, no las hace inusuales–, fundadas en

el estado de ánimo del día o en la apreciación que se tenga del

tema en cuestión o, incluso, del juez que presenta el proyecto

–caprichos personales, en fin– o en una disconformidad debida

a que su criterio resultare minoritario o sucumbiera ante el

pensamiento mayoritario; implica, pues, hacerlo ajeno y lejano

a todo eso, ciñéndose a esbozar una visión diferente del derecho

que se opone a la tesis sostenida por el colectivo, para lo cual

conviene tener presente el pasaje bíblico de Éxodo 23:2 que,

sobre justicia y caridad, reza: “no seguirás a la mayoría para hacer

el mal, ni responderás en litigio inclinándote a la multitud para

hacer agravios”12. Es decir, que el juez constitucional no tiene que

apoyar a la mayoría cuando a su consideración existan razones

para tomar distancia del pensamiento colectivo con el propósito

de alcanzar la justicia correspondiente acorde a los principios,

valores y reglas de derecho. Pero tampoco generará un conflicto

con sus pares por ello, sino que plasmará su parecer en un voto

11 GÓMEZ RODRÍGUEZ (Cristóbal), ob. cit., p. 395.

12 Libro de Éxodo 23:2, en REINA-VALERA, La Santa Biblia, Iglesia de Jesucristo

de los Santos de los Últimos Días: Salt Lake City, Utah, 2009, p. 134, [en línea];

recuperado de: https://www.churchoesuschrist.org/bc/content/shared/content/

spanish/pdf/language-materials/83800_spa.pdf; [consulta: 20 de junio de 2023].

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

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particular, atendiendo a su disconformidad con lo acordado por

la mayoría.

En mi caso, no siempre he compartido ni comparto las

decisiones del Pleno. Como muchos de mis colegas, puedo

exhibir un portafolio de votos particulares –que son el eje de

esta obra– en los cuales he discurrido exponiendo la versión de

la razón jurídica que, a mi juicio, vivía en cada caso. Por cierto,

que, en esas andanzas, he recordado –diría que repetidamente–

a Gaviria Díaz, magistrado de la Corte Constitucional de

Colombia desde 1993, a dos años de creado dicho colegiado por

la Constitución de 1991, hasta 2001.

En efecto, al inicio de mis días como juez del Tribunal

Constitucional, tuve la oportunidad de participar en un par de

conferencias –hoy, que desde 2015 ya no está entre nosotros,

lamento no haber tenido la oportunidad para otras– impartidas

por él en nuestro país. Esos encuentros, aunque pocos, tuvieron

un impacto importante y múltiple en mí. Uno primero, por demás

personalísimo, pero que igual comparto: me retrotrajeron a las

ocasiones, siempre felices, en que tuve el privilegio de participar

en conferencias o charlas de nuestro Poeta Nacional, Pedro Mir.

Estas de Gaviria, como aquellas de Mir, fueron experiencias

deliciosas –tal es el término que quiero usar–, intelectual y

humanamente deliciosas. A estas, como a aquellas, las saboreé

y disfruté intensa y profundamente. La enjundia y la sabiduría

contenidas en sus exposiciones –aunque no siempre de acuerdo

con ellas–, así como la locuacidad –que no la estridencia, que

eso es otra cosa– brillante y exquisita de sus discursos y, en fin,

sus formas de interactuar con quienes, atónitos y arrobados, le

escuchábamos, hicieron de esas conferencias unas experiencias

dulces, por demás inolvidables. De él escuché por primera vez

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

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el concepto de “herejías constitucionales”. Lo había usado como

subtítulo de su libro Sentencias. Herejías constitucionales. Nos

habló de ello entonces, en el mismo sentido en que lo hizo en

su libro.

Con el paso de mis días en el colegiado constitucional

dominicano se me fue revelando un mundo –por demás,

totalmente inesperado– de posibilidades expresivas particulares,

lo mismo mediante votos salvados que disidentes –estos últimos,

con frecuencia, solitarios más que minoritarios–, y en esa

andadura he ido recordando repetidamente aquellas herejías del

magistrado Gaviria, si bien con un sentido o matiz diferente.

Por más de una razón, las de Gaviria eran herejías mayores,

con las que, por supuesto, no oso comparar las mías. Para

comenzar, las suyas devenían tales a partir de una figura que

no existe entre nosotros, la del juez ponente. Ellas nos remiten,

por tanto, a las sentencias que él tuvo a bien elaborar y exponer

ante el pleno de la Corte y que esta, entonces, con el apoyo

de la mayoría, las hizo sentencias. Son herejías, además, por el

contenido de las mismas, por el alcance e impacto que tuvieron

en la sociedad colombiana y, también, en la jurisprudencia

comparada; hablamos de temas como el consumo de drogas, la

eutanasia, el incesto. Porque, como él mismo explica, la Corte

Constitucional, durante el período referido, “señaló nuevos

rumbos a la jurisprudencia colombiana para bien o para mal, según

quien evalúe”13. Y a ello agrega que “frente a la ortodoxia secular

de la jurisprudencia colombiana (de excelente calidad en una alta

proporción) la del nuevo tribunal aparece francamente herética”14.

13 GAVIRIA DÍAZ (Carlos), Sentencias. Herejías constitucionales, Fondo de Cultura

Económica, primera edición, Colombia, 2002, p. XIII.

14 Ídem.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

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Mis herejías no son, por las razones que ya he explicado,

sentencias. Por el contrario, remiten a las posiciones particulares

que he defendido y asumido frente a las sentencias adoptadas

por el colectivo dominicano. En este sentido, mis herejías lo son,

más que por el alcance e impacto que pudieran tener –social,

política, cultural, procesal, jurídicamente–, por el hecho de que,

como ya sugería, constituyen expresiones minoritarias o, incluso,

solitarias frente a temas decididos por el Tribunal Constitucional

dominicano. Tal es, pues, su rasgo esencial.

Estas herejías mías, asimismo, no se definen, como podría

parecer, por un alejamiento de la realidad, de la verdad, de la

razón jurídica, de la certeza, del tino. En este sentido compiten

en condiciones de total igualdad con las posiciones mayoritarias,

por mucho que estas lo sean. Mis herejías son tales, sobre todo,

por su calidad de minoritarias o solitarias y expresan, en todo

caso, mi visión de la verdad y de la razón jurídica, mis certezas,

mis convicciones. En fin, que en mi discurrir en el Tribunal

Constitucional dominicano, así caracterizado, he dedicado

tiempo a algunos temas, muchos de naturaleza procesal y otros

que, con un alcance más sustantivo, discurren sobre temas

constitucionales definidos por el Tribunal Constitucional

mediante sus decisiones.

En la brega que ha correspondido al órgano dominicano,

en su corta y trascendente trayectoria, he tenido el privilegio de

participar, exponer mis puntos de vista y, más aún, fijar posiciones

particulares –esas que llamo herejías y certezas–, en virtud de

lo cual puedo ahora presentar este compendio que desplegaré

en las páginas que siguen. Se trata de mi herética visión, como

juez constitucional, en torno a un amplio sílabo de problemas

jurídicos resueltos por el Tribunal Constitucional dominicano

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

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en sus primeros doce años; todo desde las posiciones que al

respecto –reitero– he asumido y defendido.

En ese período, hasta la fecha en que escribo estas líneas, a

finales de junio de 2023, desde mi despacho se han producido,

aproximadamente, quinientos setentaiún (571) sentencias, que

se desglosan de la siguiente manera: cuarenta (40) en materia de

control concentrado de constitucionalidad; dieciséis (16) respecto

de controles preventivos de tratados internacionales; ciento

setentainueve (179) sobre recursos de revisión constitucional de

decisiones jurisdiccionales; doscientos sesenta (260) relativas a

revisiones de amparo; seis (6) amparos directos; cuarentaisiete

(47) demandas en suspensión; diecisiete (17) recursos de

casación; cuatro (4) solicitudes de corrección de error material;

un (1) incidente sobre la ejecución de una sentencia del Tribunal

Constitucional y una (1) solicitud de liquidación de astreinte.

Asimismo, durante este intervalo de tiempo se han formulado,

aproximadamente, mil cuatrocientos veintitrés (1,423) votos

particulares, de los cuales quinientos ochentaicuatro (584) son

disidentes y ochocientos treintainueve (839) salvados; muchos de

ellos, por supuesto, tanto de los primeros como de los segundos,

que constituyen la reiteración de las posiciones sostenidas en

otros casos con perfiles parecidos. Lo que se incluye en esta obra

es, como ya resulta obvio, una selección de esos votos, realizada,

sobra decirlo, a partir de mi particular criterio. Por cierto, que

algunos de esos votos han sido formulados junto a otros colegas,

lo que ha ocurrido en unas veintidós (22) ocasiones, de las cuales

veintiuna (21) fueron concurrentes con la decisión acordada

por la mayoría y solo una (1) discrepante; ocasiones que, en

realidad, se reducen a cinco (5) posiciones o criterios colectivos

–reiterados, entonces, en las demás oportunidades señaladas–,

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

37

cuatro (4) votos salvados y uno (1) disidente, las cuales forman

parte de esta recopilación.

En este sentido, se impone reconocer que esos votos

deben su existencia no tan solo a mí, sino también a un equipo

de hombres y mujeres, jóvenes, talentosos, responsables,

comprometidos, creativos, acuciosos, que, en el marco de

las discusiones generadas por los casos sometidos a nuestro

escrutinio, ora para opinar sobre las propuestas de otros colegas,

ora para identificar las mejores soluciones a los casos propios –los

asignados a nuestro despacho–, alumbraron ideas y aportaron

esfuerzos, lo mismo en la realización de investigaciones y

análisis que en la elaboración de textos, con todo lo cual se

conformaron muchas de las posiciones que hoy figuran aquí. A

todos ellos agradezco lo que les toca, que es mucho, les expreso

el honor que ha sido compartir el esfuerzo, así como el orgullo

de haber dirigido al que, con todo respeto y cariño hacia todos

los demás, siempre fue considerado y reconocido –incluso, al

margen mío, a quien nunca se le había ocurrido tal cosa hasta

que un buen día lo descubrí en los corrillos del Tribunal– como

un equipo estrella, el mejor equipo de Letrados del colegiado.

Quiero, pues, mencionarlos: Patricia Santana, Renny Reyes,

Kharim Maluf, Ángelo Gómez, William Vizcaíno, Maycar

Mejía, Minerva Cocco, Alain Perdomo y Ricardo Romero;

la mayoría de los cuales ya no están en la institución y, por

decisiones personales, fraguan sus pasos por otros caminos. Por

supuesto, que no sobra decir que la responsabilidad de los votos

–como, por cierto, de la de los proyectos de sentencias–, fue y

es únicamente mía. Fui yo quien cada vez decidió cada una de

esas posiciones, con las que, en ocasiones, bien lo sé, algunos no

estuvieron de acuerdo.

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38

Los aportes de los juristas recién señalados explican ciertas

diferencias, lo mismo en el razonamiento que en la estructuración

de las posiciones y en el estilo de su exposición, las cuales,

aguzando la mirada, se pueden apreciar entre unos votos y otros,

a pesar de mi intervención modificadora y unificadora, incluso

ahora, a propósito de su consolidación en este libro, en el marco

de la cual he aplicado algunas mejoras, especialmente en cuanto

a la forma y al estilo.

A propósito de esto, comparto la anécdota –que, además,

sin ningún ánimo presuntuoso, dejo para la historia de la

institución– de que fui yo quien inauguró en el Tribunal –me

cabe, pues, la calidad de pionero al respecto– la posibilidad,

que luego fue usada por los demás, de emitir votos particulares

respecto de mis propios proyectos de sentencias, esbozados

estos bajo las tesis sostenidas por la mayoría. La idea me surgió,

bien lo recuerdo, leyendo el libro Principios y votos. El Tribunal

Constitucional y la política, de Zagrebelsky, ilustre jurista y

expresidente del Tribunal Constitucional italiano. En la parte

dedicada a la Colegialidad, el autor explicaba una característica

central de aquel colectivo, cual era que no existía la posibilidad

de votos particulares, lo que explicaba en los términos siguientes:

El carácter colegial y unitario del Tribunal asume un particular

significado por la ausencia de votos particulares. Esto comporta que,

a diferencia de lo que está admitido en otros sistemas de justicia

constitucional, las posiciones de los jueces y sus motivos individuales no

encuentran manifestación externa y están confinados en la discusión de

la sala de deliberaciones. Esta ausencia, que algunos consideran una

carencia, es objeto de discusión por sus muchos pros y contras. Incluso

el mismo Tribunal se ha interrogado sobre la posibilidad jurídica

y sobre la oportunidad de una autorreforma, a través de sus normas

reglamentarias. Hasta ahora ha prevalecido la exigencia de garantizar

la unidad de la voz del Tribunal, a costa de acallar las voces individuales

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

39

de sus jueces. La razón más profunda hay que buscarla en la exigencia

de unidad: uno de los tantos valores de la colegialidad15.

Y, pues, a propósito de ese elemento característico de

aquel colegiado, su presidente continuaba explicando una de

las dinámicas de trabajo que, en aquel contexto, discurrían al

interior del órgano. Contaba:

El eventual disenso sólo puede darse cuando el ponente es distinto

del juez que redacta, para el colegio, la motivación de la resolución.

Generalmente ambos coinciden; cuando esto no sucede –de lo que se da

cuenta en el texto de la resolución–, el disenso está autorizado. No más

que esto, sin embargo; los motivos del conflicto resultan desconocidos en

el exterior. En cambio, no cabe lo recíproco: la coincidencia ponente-

redactor no significa consenso. Casi siempre el ponente que queda

en minoría acepta igualmente redactar la motivación de la

resolución, haciéndose intérprete de las razones de la mayoría. El

rechazo es excepcional y no está bien visto (…)16.

Zagrebelsky continúa aportando detalles sobre esa parte del

trabajo del colegiado, y comparte lo siguiente:

(…) Según el artículo 18, párrafo 3, de las Normas adicionales, tras la

resolución el Tribunal (no el presidente, como sucede en otros órganos

judiciales) nombra un juez para la redacción del auto o de la sentencia.

Es decir, no existe automatismo. Se puede pensar que la designación

del redactor es independiente de la precedente función de ponente de

la causa. Y se puede pensar que la designación cae sobre el juez que, en

la discusión, haya interpretado mejor la línea argumentativa que se ha

afirmado, con exclusión de los que no la han compartido. (…) De hecho,

en el Tribunal, la redacción de la sentencia recae automáticamente

en el ponente, salvo que este excepcionalmente se niegue. No se toma

ninguna decisión sobre ello, porque no hay necesidad, es natural que

15 ZAGREBELSKY (Gustavo), ob. cit., pp. 63-64.

16 Ibid., p. 66. Las negritas son nuestras.

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así suceda. Si el Tribunal quisiese imponerse para confiar a otro juez

la redacción de la sentencia, el ponente, aunque hubiera quedado

en minoría, advertiría la existencia de una arbitrariedad, de una

violencia: como si se dudase de su capacidad o de su lealtad hacia el

colegio. Se ha observado que las motivaciones de las resoluciones

escritas por quien no ha compartido su contenido son las más

escrupulosamente redactadas, como si el redactor estuviese

investido de un suplemento de escrúpulo al servicio de la

colegialidad. (…)17.

Fue de tales pormenores, de esas posibilidades de

desdoblamiento, insospechadas para mí hasta entonces,

de donde me surgió la idea de que un ponente podía muy

bien formular la propuesta de solución conforme al criterio

–ya conocido en casos de similar perfil– de la mayoría y, al

mismo tiempo, hacer valer su posición particular al respecto,

ora disidente ora salvada. Era, al tiempo que una expresión

de versatilidad jurisdiccional, un testimonio de respeto a

la posición mayoritaria, pero también a los colegas que la

sostenían, a los que se les evitaba la posibilidad de verse

envueltos repetidamente en las mismas discusiones que ya

habían sido resueltas antes; y, con todo ello, además, se

hacía congeniar la posibilidad del voto particular. En suma,

se armonizaba la posición mayoritaria con la minoritaria, se

aportaba a la armonía del colectivo y a la eficacia del trabajo

jurisdiccional en la medida en que nos permitía avanzar; y todo

ello se acoplaba con la posibilidad de ejercer el voto particular.

Recuerdo perfectamente la expresión de algunos de mis

colegas y compañeros la primera vez que planteé tal cosa,

17 Ibid., pp. 66- 67. Las negritas son nuestras.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

41

cuando, presentado el proyecto a mi cargo, manifesté, a poco, mi

disidencia respecto del mismo. Algunos incluso cuestionaron tal

posibilidad, casi como si hubiera planteado un disparate, si bien

al final, calmadas las aguas ante semejante invento, estuvimos

de acuerdo en que era perfectamente posible y, en efecto, desde

entonces ha sido usada en innumerables ocasiones y, pues, ha

operado sin inconvenientes.

El primer voto particular que tuve no fue individual. Tuvo

lugar en 2012, en ocasión de la sentencia n.º TC/0061/12, del

9 de noviembre de 2012 –es decir, nueve meses después del

inicio de nuestras labores jurisdiccionales–, y se trata de un voto

salvado en conjunto con el magistrado emérito Gómez Ramírez

–recogido en esta obra– en el que expusimos las razones por las

que, si bien compartimos la decisión de la mayoría, tomamos

distancia de los argumentos presentados en la sentencia. Tres

meses después de aquella primera experiencia, tuve otro voto

salvado, este en la sentencia n.º TC/0007/13 sobre una acción

directa de inconstitucionalidad, y el primer voto disidente, en

la sentencia n.º TC/0009/13 sobre un recurso de revisión de

decisiones jurisdiccionales, ambas del 11 de febrero de 2013,

con los que inicié mi andadura en solitario, ambos incluidos

aquí.

Pero no fue sino hasta la consolidación de dos de mis solitarias

y reiteradísimas posiciones, mantenidas desde temprano y a lo

largo de estos años, que fue fraguándoseme una reputación de

juez con criterios singulares frente a algunos temas de debate.

Me refiero, concretamente, a mis visiones (i) sobre la correcta

interpretación que debe recibir el artículo 53 de la LOTCPC,

respecto del rigurosísimo régimen de admisibilidad para el

recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales,

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y (ii) sobre el alcance y correcta aplicación de las causales de

inadmisibilidad del amparo por la notoria improcedencia y por

la otra vía judicial efectiva, conforme al artículo 70.3 y 70.1 de

la LOTCPC. Son, por cierto –lo diré desde ya–, dos de mis más

auténticas herejías y, para más señas, dos de los votos que más me

han llenado de satisfacción, por su rigor y su original agudeza, si

bien a ellos se pueden unir otros con similar talante, como, para

mencionar tan solo unos pocos, los relativos al manejo dado por

el Tribunal a casos de expropiación forzosa y a casos que afectaban

la autonomía universitaria –de los que, por cierto, salieron

sendos ensayos publicados en otra parte–, así como aquellos

contra la recalificación realizada por el colegiado de recursos de

casación en materia de amparo a recursos de revisión de amparo

o, también, contra la apertura brindada por el colectivo para

que decisiones de casación en materia de amparo fueran atacadas

mediante recursos de revisión de decisiones jurisdiccionales ante

esta sede constitucional.

En fin, que la obra consta de dos partes. Una, la primera,

en la que esbozo mis posiciones en relación a los procesos

constitucionales, y otra, la segunda, en la que el objeto

de tales posiciones son cuestiones sustantivas del derecho

constitucional; todas contentivas de mi herética visión,

rebatiendo los méritos y alcances jurídicos de las tesis asumidas

por la mayoría del Tribunal Constitucional dominicano para

solventar los conflictos a su cargo.

La primera parte está dividida en cinco bloques, los cuales

atienen a los procesos y procedimientos de justicia constitucional

en cuyos escenarios he tenido lo mismo posiciones concurrentes

que discrepantes. Me refiero, concretamente: (i) al control

concentrado de constitucionalidad mediante la acción directa

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de inconstitucionalidad; (ii) al control preventivo de tratados

internacionales; (iii) a los conflictos constitucionales de

competencia; (iv) a los recursos de revisión constitucional de

decisiones jurisdiccionales; y (v) a la acción constitucional de

amparo y su revisión constitucional. Dentro de cada rubro, los

votos son presentados al hilo de una secuencia temporal.

La segunda no tiene división alguna y alberga una relación

de posiciones, presentadas también en orden cronológico, de

cuestiones sustantivas del derecho constitucional en las que, en

el contexto de las mareas en las que se mueven las discusiones

para resolver los casos en el seno del Tribunal Constitucional,

mis convicciones jurídicas me han llevado tanto a disentir como

a salvar mi posición respecto de las soluciones acordadas por la

mayoría.

Esta obra, por su formato, independientemente del valor

que pueda tener el portafolio de mis principales herejías como

juez constitucional, ofrece al lector la oportunidad de auscultar

el contenido íntegro de cada voto particular como antítesis al

pensamiento mayoritario, así como de confrontar el criterio

mayoritario en paralelo a las tesis minoritarias dentro del

colegiado dominicano. Y esa oportunidad, me parece, tiene un

cierto valor pedagógico, que siempre es importante para impulsar

la cultura constitucional entre nosotros.

No quiero culminar estas palabras sin antes aclarar que esta

obra ofrece todo un firmamento de interpretaciones con un

extenso valor filosófico a los fines de que el lector, forme parte

o no de la comunidad jurídica, entienda las razones que me

han llevado a apartarme en muchas ocasiones del pensamiento

mayoritario. Esto así porque se muestran visiones distintas, las

mías particularmente, sobre los aspectos procesales y sustantivos

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que se abordaban para resolver los casos, en los que entonces

surgieron estas herejías y certezas mías.

Para hacer más diáfana la comprensión de cada una de

las posiciones particulares que componen mi portafolio de

herejías y otras certezas constitucionales, a estas se les asignó una

denominación para esta obra, delimitando su alcance, a la vez

que se introducen cada vez mediante un brevísimo análisis del

caso y una exposición de los precedentes que han originado mis

visiones sobre las interpretaciones que del derecho constitucional

y procesal constitucional hace el Tribunal Constitucional

dominicano en sus sentencias.

En este sentido, es importante revelar que la presentación

de las citas o notas al pie y las referencias que acompañan estas

herejías y otras certezas constitucionales, que ahora comparto

en este consolidado, se reinician con cada voto; es decir, que

no están previstas bajo una secuencia general que discurre

desde el inicio hasta el final de la obra, sino que su cómputo o

conteo se reanuda con cada posición. Ello así, con la intención

de conservar el mayor grado de originalidad posible en la

presentación de mis posiciones particulares, si bien reconozco

que, especialmente en lo que atiene a la exposición de las notas

y referencias, se han producido importantes mejoras, las que,

sumadas a la incorporación, al final de algunos votos, de una

pequeña bibliografía particular y, al final de la obra, de un

recuento bibliográfico general en el que se presentan las fuentes

utilizadas en los votos particulares que presentamos, dan cuenta

de un esfuerzo adicional por trascender la mera consolidación o

compilación de votos y enriquecer este esfuerzo editorial.

Dejamos constancia de que en algunos casos mis posiciones

particulares comparten una estructura argumentativa en la que se

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reiteran aspectos fundamentales de los procesos o procedimientos

de justicia constitucional en cuyo contexto se produjo la sentencia

objeto de tales herejías, para luego dar paso a los elementos

cruciales que congregan cada uno de los criterios apuntalados en

esta obra. Por tanto, con el propósito de conservar lo más posible

de la originalidad de cada voto particular aquí presentado, se ha

optado por no reducir ni eliminar estas repeticiones.

No puedo dejar de señalar, ya al final de este preámbulo,

acaso una obviedad, pero no por ello menos relevante: que el

contenido de este libro tiene, también, un esencial aliento

testimonial, en tanto que es el resultado de mi trabajo como

juez del Tribunal Constitucional, específicamente de mi

trabajo jurisdiccional y, en este sentido, no de los proyectos

que tuve a bien elaborar, sino, más específicamente, de mi

participación en las discusiones jurídicas que dieron al traste con

la orientación final de las proyectos que mis colegas elaboraron

y que terminaron convirtiéndose en sentencias del colegiado

y, pues, de mi posicionamiento frente a ellas, ora como votos

salvados ora como votos disidentes. En ello va –y la resalto, por

cuanto no es obvia– una cuestión que no es menor: el jurista

que sale en estos días no es, en términos puramente jurídicos, el

mismo que entró en 2011. El de ahora supera, por mucho, en

conocimientos y, sobre todo, en pericia expositiva a aquel, y esa

diferencia se puede apreciar, también, al analizar críticamente

estos votos. Por ejemplo, para decirlo de la forma más simple

y gráfica: con el acervo ganado en estos años, hoy obviaría el

uso de alguna bibliografía que utilicé entonces. Sin ánimo de

justificar nada, ese proceso se puede apreciar, también, respecto

de las elucubraciones del propio colegiado: las sentencias de

hoy son, por mucho, superiores a las del inicio. Agréguese al

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tránsito señalado el hecho ineludible de que, con frecuencia,

estas posiciones fueron redactadas con el apremio que imponían

la dinámica laboral, en particular el conocimiento y la discusión

de otros muchos asuntos, y los plazos procesales establecidos

para que los votos pudieran ser incorporados a las sentencias

a las que se referían; obligación que, por cierto, el colegiado

siempre ha hecho valer y que yo, sin embargo, por las mismas

razones recién señaladas, no siempre pude cumplir, por lo que,

en algunos casos, estas posiciones se incorporaron tardíamente a

las sentencias en cuestión.

Confío, pues, en que el lector, comprensivo y generoso,

aprecie los señalados desniveles cualitativos como naturales y

propios de un proceso de crecimiento, de enriquecimiento, de

especialización –que acaso sea común a otros o a todos los que

compartimos esta experiencia fundamental, si bien yo sólo hablo

por mí–, y pueda excusar las inconsistencias, falencias, incluso

contradicciones, que, producto de tales novatadas o inmadureces,

por una parte, y premuras, por la otra, pueda encontrar en su

discurrir por estas páginas.

Así las cosas, en el paquete de expectativas que, de manera

natural, genera este libro para su autor, van también las que

se refieren a este último aspecto relativo al cumplimiento de

las responsabilidades que me fueran asignadas por el Consejo

Nacional de la Magistratura la noche del 21 de diciembre de

2011, en este caso participando –de forma activa, responsable y

transparente– en las discusiones de los asuntos que nos llegaron,

frente a los cuales, pues, no fui actor mudo o escurridizo o

timorato, sino todo lo contrario, como me parece, por cierto,

que corresponde que sea al ejercicio de estas funciones, con todo

lo cual espero que, equivocado o no –que esa es otra historia–,

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el contribuyente dominicano, aquel que pagó por ese trabajo,

quede satisfecho, y ello en la misma medida en que yo lo he

quedado.

Con todo, quedo confiado en que este esfuerzo haya valido

la pena, lo mismo desde el punto de vista jurídico que del

pedagógico y del ciudadano.

Justo Pedro Castellanos Khoury,

Juez miembro del Tribunal Constitucional dominicano,

Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional,

30 de junio de 2023.