Preliminar de la primera edición

• Páginas: 27-33
• Autor: José Alejandro Vargas Guerrero

PRELIMINAR DE LA PRIMERA EDICIÓN

La reforma constitucional de 2010 dio lugar a un texto

amplio del catálogo de derechos humanos. Entre los artículos

37 al 67, ambos incluidos, se citan como derechos humanos

los «colectivos y del medio ambiente», los derechos «cultura-

les y deportivos», el «derecho a la salud» y otros que, simple-

mente, carecían de mención específica en las constituciones

precedentes, aunque eran protegidos por la cláusula del Art.

10 en los textos de 1994 y 2002. A la «superioridad aritmética

de derechos» habría que añadir la creación de nuevos mecanis-

mos de protección, principalmente el habeas data 1.

De manera tal que, actualmente, la protección jurisdic-

cional de los derechos fundamentales corresponde al Tribunal

Constitucional (TC), aunque los tribunales ordinarios con-

serven el control difuso de constitucionalidad. Es de observar

que por lo menos en referencia con el habeas data, el habeas

corpus y el amparo, los tribunales ordinarios mantienen su

radio de acción jurisdiccional en términos amplios, y el TC

conoce esos procedimientos constitucionales solamente como

tribunal de segundo grado, ejerciendo control mediante el re-

curso de revisión.

La conveniencia de introducir mecanismos de protección

de derechos fundamentales en la carta magna, como el recur-

so de amparo–cuyo antecedente más inmediato procede de la

28 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

Ley de 12 de mayo de -1951 alemana– ha sido discutida en

nuestro país particularmente desde la óptica de la estructura

de control. En efecto, hace muy poco tiempo la discusión más

importante en relación con el tema giraba en torno a si era

preferible una Sala a un TC y a la posibilidad de que una vez

creado este último, su capacidad de revisar decisiones de la

Suprema Corte de Justicia produjera un «choque de trenes»,

que subvirtiera gravemente la seguridad jurídica nacional.

Se recordará que en los textos de 1994 y 2002, la Suprema Cor-

te de Justicia era la estructura institucional competente para

garantizar los derechos fundamentales, como resultaba, entre

otros, de la disposición del artículo 13 de la Ley Nº 25 de 1991,

que facultaba al Pleno de la Suprema Corte de Justicia para co-

nocer de «asuntos constitucionales». De la misma manera, creó

el recurso de inconstitucionalidad para ser conocido por dicha

Suprema Corte, amén de que el diseño jurídico del recurso de

casación permitía solventar cuestiones relacionadas con viola-

ciones de derechos humanos. Los recursos y acciones constitu-

cionales para la protección de los derechos fundamentales son:

a) la inconstitucionalidad, de la que conocen los jueces de

todos los niveles cuando se lo planteaban en el curso

de una instancia, con efectos inter partes, y de manera

directa ante la Suprema Corte de Justicia, en virtud del

cual las partes autorizadas pretendían la nulidad de cier-

tas normas2;

2 De acuerdo al Art. 67.1 de la Constitución dominicana de 2002 podían recurrirse en

inconstitucionalidad las «leyes», a instancias del Poder Ejecutivo, de uno de los presidentes

de las Cámaras del Congreso Nacional o de parte interesada. Los actos recurribles no eran

«leyes» en sentido estricto, porque la doctrina jurisprudencial interpretó laxamente el

Art. 46 de la citada Constitución 2002, entendiendo que cuando ese texto … «pro-

clama que son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución o acto contrarios a esta

Constitución … es evidente que no está aludiendo a la ley en sentido estricto, esto es, a las dis-

posiciones de carácter general y abstracto aprobadas por el Congreso Nacional y promulgadas

por el Poder Ejecutivo, sino a la norma social obligatoria que emane de cualquier órgano de

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EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

b) el habeas corpus: una institución originalmente inglesa con

amplias repercusiones y profusa utilización en el derecho

penal y procesal penal dominicano, particularmente duran-

te la vigencia del Código de Procedimiento Criminal fran-

cés.5 Actualmente su uso ha descendido de manera consi-

derable con la imposición de exigentes requerimientos para

la detención y encierro de imputados, aunque subsisten

ciertas prácticas procesalmente nocivas que le mantienen

en vigencia; c) el amparo: al parecer adoptado por primera

vez como resultado de la doctrina jurisprudencial, que ter-

minó aceptando un antiguo procedimiento francés para su

tramitación, el referimiento, regulado por ley desde 2006 y

constitucionalmente desde 2010 (Ley N.º 437-06, de fecha

30 de noviembre de 2006)3.

La Constitución del año 2010 varió ese esquema, crean-

do un TC cuya misión esencial es «garantizar la supremacía

de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la

poder reconocido por la Constitución y las leyes pues, aparte de que el artículo 46 de la Cons-

titución no hace excepción ni distinción al citar los actos de los poderes públicos que pueden

ser objeto de una acción en nulidad o inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia,

como guardiana de la Constitución de la República y del respeto de los derechos individuales

y sociales consagrados en ella, está en el deber de garantizar, a toda persona, a través de

la acción directa, su derecho a erigirse en centinela de la conformidad de las leyes, decre-

tos, resoluciones y actos en virtud del principio de la supremacía de la Constitución. Esta

interpretación consta en la sentencia No. 1, de agosto de 1998, recurso incoado por

Sederías California, CxA contra el Estado dominicano. Hay un ejemplar electrónico

disponible de la Constitución en la página de la Base de Datos Políticos de las Américas,

http://pdba.georgetown.edu/constitutions/domrep/domrep02.html, y de la sentencia

en http://www.suprema.gov.do/sentscj/sentencia.asp?B1=VR&llave=105310001.

3 La Ley núm. 275-97, artículo 11 creo el amparo electoral, primera forma de amparo en

la legislación dominicana, con el texto siguiente: «Todo elector afectado en sus inmunida-

des, libertad o seguridad, o privado del ejercicio del sufragio, podrá solicitar amparo por

sí o por intermedio de cualquier otra persona, por escrito o verbalmente, denunciando el

hecho a cualquier juez o autoridad, y especialmente ante la Junta Central Electoral o por

ante la junta electoral correspondiente». Es prácticamente el mismo texto actualmente

dispuesto por el artículo 216 de la Ley 15-19, Orgánica de Régimen Electoral, exceptuan-

do la mención a la autoridad jurisdiccional (el Tribunal Superior Electoral).

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protección de los derechos fundamentales» (art. 184 de la

Constitución), en calidad de órgano supremo de interpreta-

ción y control de la constitucionalidad (Art. 1, Ley Nº 137-

11, citada). Así pues, el Tribunal Constitucional es el órgano

competente para conocer de las «garantías constitucionales» o,

lo que es igual, de las vías aptas para la protección de derechos

fundamentales. Es válido afirmar, en materia de protección

de derechos fundamentales, que aun siendo muy importantes

los únicos cambios han sido precisamente esos dos: la exten-

sión del catálogo de derechos protegidos y el traslado de la

competencia de la Suprema Corte de Justicia al Tribunal, en

términos estrictos.

Otros cambios de importancia en el diseño garantista

de los derechos fundamentales se refieren al recurso de in-

constitucionalidad, con el cual se ha impuesto un retroceso

inaceptable en relación con la legitimidad activa para ejercer

el recurso. Originalmente la reforma constitucional de 1924

consagró la figura del denunciante de la inconstitucionalidad4

en términos tan abiertos que aceptaba el recurso interpuesto

por cualquier persona, bajo el entendido de que un asunto

relativo a inconstitucionalidad era un grave trastorno del sis-

tema jurídico y, por ello, debía facultarse a cualquier persona

para pretender una solución. Luego se aceptó la interposición

4 Se estima que así lo hizo porque la redacción del artículo 61.5 de dicha Carta atri-

buía a la Suprema Corte de Justicia «Decidir en primera y última instancia sobre la

constitucionalidad de las leyes, decretos, resoluciones y reglamentos, cuando fueren

objeto de controversia entre partes ante cualquier tribunal, el cual, en este caso, debe-

rá sobreseer su decisión sobre el fondo hasta después del fallo de la Suprema Corte; y

en interés general, sin que sea necesario que haya controversia entre partes, cuando se

trate de leyes, decretos, resoluciones y reglamentos atentatorios a los derechos indivi-

duales consagrados por la presente Constitución». La disposición, pues, crea también

la actualmente denominada «cuestión de constitucionalidad» (el tribunal consulta

con la Suprema Corte de Justicia sobre la constitucionalidad de la norma).

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EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

del recurso contra normas de rango legal solo por parte de

aquellas personas con interés legítimo jurídicamente protegi-

do, una figura restrictiva de las posibilidades de acción, in-

cluso políticamente utilizado, o que lo ha sido en el pasado,

cuando se ha querido inadmitir ciertas pretensiones. La Sen-

tencia TC/0093/2012 retomó la figura del denunciante de la

inconstitucionalidad.

En cuanto al amparo, se han interpuesto restricciones

ostensibles a las posibilidades de interposición de este pro-

cedimiento, pero se han abierto otras en relación directa con

la cantidad potencialmente superlativa de casos ingresantes a

los tribunales y al TC (como recurso de revisión de sentencia

de amparo). De todas formas, cabe afirmar que el amparo ha

cambiado su naturaleza procesal, transformándose de una ac-

ción rápida y sencilla para solucionar afectaciones de derechos

fundamentales hasta ser una acción constitucional compleja,

en la que frecuentemente pueden observarse ataques al fondo

de una vulneración de derechos y que, en definitiva, puede

perder rápidamente su carácter de vía rápida y preferente.

El TC ha lucido sus mejores galas al establecer criterio

en relación con la admisibilidad del amparo y al aceptar la

responsabilidad objetiva, así como al definir la jerarquía de

tratados internacionales, entre otras decisiones importantes.

Como precedente respecto de la admisibilidad del amparo,

se decidió en la TC/0021/2012 que, si bien es una facultad

de jueces y tribunales decidir si existen o no vías preferentes

al amparo, es a condición de que se identifique la vía judicial

que el tribunal considere idónea, así como a que explique las

razones por las cuales la misma reúne los elementos de eficacia

requeridos por el legislador. En el caso de referencia, el TC

admitió que al no explicar cuáles eran tales vías preferentes al

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amparo, se incurrió en un vicio relacionado con las deficien-

cias de motivación.

Se sabe que el problema de la admisibilidad del amparo es

muy extendido. En España los recursos de amparo interpues-

tos evolucionaron, entre 2002 y 2006, desde 7.285 a 11.471;

las providencias de inadmisión evolucionaron de 4.900

(2002) a 7.370 (en 2006). Hasta ese último año, se encontra-

ban pendientes de admisión 13.883 demandas de amparo y

37 cuestiones de inconstitucionalidad; y admitidos, pero no

resueltos 270 recursos de amparo y 606 procesos competencia

del Pleno (entre ellos, 183 recursos de inconstitucionalidad y

354 cuestiones de inconstitucionalidad). Se ha dicho al res-

pecto lo que sigue:

Estas cifras permiten comprobar que el recurso de ampa-

ro, o más bien su interposición desmedida, dado que apenas

un 4% superaban el trámite de admisión, estaban afectando

gravemente al Tribunal Constitucional y a las competencias

que conforme a la Constitución tiene atribuidas de modo ex-

clusivo, pues llegó a suponer un retraso de hasta diez años en

recursos y cuestiones de inconstitucionalidad5.

Pues bien, el objeto principal de este trabajo y se en-

tiende que en ello reside su valor e interés actual, consiste en

valorar las perspectivas locales en relación con la jurisdicción

constitucional, analizando, sobre todo, los efectos generados

hasta el momento por la creación del Tribunal Constitucio-

nal, visualizado como jurisdicción garante de los derechos

fundamentales.

5 ESPINOSA DÍAZ (Ana), El recurso de amparo: problemas antes, y después, de la refor-

ma. Barecelona, revista InDret para el Análisis del Derecho, ISSN-e 1698-739X, Nº.

2, 2010. Vale retener que tras la reforma de 2007 no se observa disminución alguna

en el ingreso de casos, cuando menos que hubiere sido atribuida a la reforma.

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EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Se plantean en el desarrollo de la obra cuestiones relativas

a los derechos humanos y fundamentales, la justicia constitu-

cional, la relación entre el principio de tutela judicial efectiva y

la garantía de derechos fundamentales, y las inadmisibilidades

de peticiones de protección jurisdiccional de derechos. Luego

de realizado el análisis del constitucionalismo y los sistemas

de control de la constitucionalidad, se aborda el acceso a la

justicia como parte esencial de un sistema garantista verdade-

ro, esto es, uno dentro del cual existan posibilidades reales de

acceder a la jurisdicción constitucional.

Las garantías de derechos fundamentales, esto es, el re-

curso de inconstitucionalidad, el habeas data, habeas corpus

y amparo son analizados en la tercera parte de esta obra, en la

cual se ha hecho hincapié en describir con detalle los requi-

sitos de interposición, el origen y la evolución, la legitimidad

o calidad de las partes, los plazos y, en general, los aspectos

procesales atinentes al proceso constitucional de que se trate.

Finalmente, se consideran las sentencias constitucionales des-

de la óptica de sus tipos y efectos, particularmente lo atinente

a la cosa juzgada constitucional. Esperamos con ello ofrecer

un aporte teórico y práctico, contribuyendo de esta manera a

formar el derecho procesal constitucional dominicano.

José Alejandro Vargas Guerrero

Santo Domingo, R.D.

Enero, 2013