Presentación a la segunda edición

• Páginas: 23-26
• Autor: José Alejandro Vargas Guerrero

PRESENTACIÓN A LA SEGUNDA EDICIÓN

En 2013 tuvimos a bien dar al conocimiento público la

primera edición de esta obra, una de las primeras en su gé-

nero y propósitos. Habiendo transcurrido 10 años desde su

aparición, entendimos necesario renovarla, corregirla e incluir

contenido nuevo, particularmente relacionado con el Dere-

cho Procesal Constitucional, cuya definición adoptamos des-

de las propuestas de Héctor Fix-Zamudio, como se dirá más

adelante.

Como ha señalado el magistrado Ray Guevara en innu-

merables ocasiones, pero sobre todo en el liminar de la obra

«La Constitución de San Cristóbal» de Emilio Rodríguez De-

morizi, la Constitución «además de ser es un mecanismo de

limitación del poder de los gobernantes, constituye un Pro-

yecto de Nación»1. Esta apreciación tiene claro fundamento

en la Carta Sustantiva de 2010, que trajo entre sus novedades,

además de la cita expresa de un catálogo sin precedentes de

derechos fundamentales, la incorporación de la cláusula del

Estado Social y Democrático de Derecho. La consagración de

los derechos «fundamentales», en aras de poder satisfacer su

1 RODRÍGUEZ DEMORIZI (Emilio), La Constitución de San Cristóbal, 1844-1854,

Santo Domingo, República Dominicana, Tribunal Constitucional de la República

Dominicana, 2017, p. VII.

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necesidad de protección determina la creación de garantías

–básicamente la acción constitucional de amparo, el recur-

so contencioso administrativo, el habeas corpus y el habeas

data-, la revisión de decisiones jurisdiccionales, el conflicto de

competencia y el control preventivo de los tratados.

Así las cosas, es ya evidente que el Tribunal Constitucio-

nal se ha convertido en una fuerza telúrica impresionante para

la generación de una cultura constitucional en expansión y

consolidación, en virtud de la cual su jurisprudencia divulga

valores y principios, protege derechos fundamentales y tanto

la Administración pública como los particulares, jueces, pro-

fesionales del Derecho y ciudadanos, difunden, reclaman y

defienden estos derechos.

De otro lado, reafirmando el papel estelar del Tribunal

Constitucional en el cumplimiento de las inestimables fun-

ciones que desempeña, es constante y ha hecho lugar común

en la doctrina considerar las sentencias constitucionales como

instrumentos que coadyuvan, tanto al funcionamiento del sis-

tema jurídico como a la enseñanza del Derecho.

Esto así, porque las sentencias constitucionales eviden-

cian posiciones de creación, de construcción y, sobre todo,

de racionalización del Derecho. Su efecto es modelador, de-

finidor o corrector de situaciones jurídicas determinadas, de

manera tal que al adoptarse la decisión, se crea con ella un pre-

cedente que deberá ser respetado por todos los poderes públi-

cos, cuyo carácter es de ley, que tanto atiende la facticidad del

caso resuelto por ella como también concretiza el significado

de otras disposiciones normativas.

En otras palabras, el precedente constitucional es una

norma de origen jurisprudencial, adscrita al ordenamien-

to. Así, las sentencias constitucionales permiten al operador

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EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

jurisdiccional como a sus usuarios, identificar los criterios uti-

lizados para proteger la norma suprema, los derechos funda-

mentales y sus garantías… lo que, a su vez, juridifica el ejerci-

cio del poder en el Estado Social y Democrático de Derecho.

La seguridad y certidumbre derivadas de las formas de

resolución de conflictos constitucionales tienden a dotar de

previsibilidad y estabilidad la aplicación de las normas y la

gestión administrativa del Estado. Por ello, los precedentes

constitucionales fungen como instrumentos idóneos para la

transmisión de conocimientos, habilidades y técnicas de ines-

timable valor para todos.

Los procedimientos constitucionales, y señaladamente

la acción de amparo en sus diferentes formas y el recurso de

revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, se han

convertido en instrumentos de uso tan frecuente que, en oca-

siones, se duda de que el Tribunal Constitucional, en la prác-

tica, no haya sido convertido por sus usuarios en una tercera o

cuarta instancia, algo que, desde luego, no es.

El uso intensivo de los procedimientos constitucionales

es, en sí mismo, revelador de que en la generalidad de las oca-

siones impera el convencimiento de que las fallas de la justicia

y las vulneraciones de derechos fundamentales pueden corre-

girse y, por supuesto, que el Tribunal Constitucional puede

corregirlas.

De allí la necesidad, perentoria incluso, de intentar expli-

car en términos sencillos qué es la jurisdicción constitucional,

cuáles son los procedimientos propios de su égida jurídica;

cómo y cuándo se interponen, pues se trata de mecanismos

al alcance de todos los interesados, que pueden interponerlos

sin distinciones, preferencias ni discriminaciones, que están

concebidos para defender la supremacía constitucional y que

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con su solo trámite evidencian su propósito de fungir como

instrumentos aptos para la protección y defensa del orden

constitucional.

De la anterior edición conservamos gran parte; enten-

demos que mejorando lo necesario y ampliando contenidos,

particularmente respecto de la justicia y jurisdicción consti-

tucional, el derecho constitucional y procesal constitucional

desde su conceptualización a su finalidad, origen, surgimien-

to, evolución y períodos, como todo lo atinente a los presu-

puestos jurídicos, objetivos y conformación de la jurisdicción

constitucional dominicana.

En cuanto a los procedimientos constitucionales, en tér-

minos de garantías de derechos fundamentales, se ha hecho

esfuerzo consistente por integrar el contenido más actualizado

de la doctrina del TC, que sin duda es amplia, variada y con-

sistente en la defensa de los criterios o precedentes instituidos

a lo largo de los últimos doce años.

José Alejandro Vargas Guerrero

Mayo, 2023