Primera parte. Derecho Constitucional General

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1. DISTINCIÓN ENTRE DERECHO

PÚBLICO Y DERECHO PRIVADO

El derecho se puede dividir de diferentes maneras. Una de

ellas es la que lo divide en Derecho Público y Derecho privado.

Más adelante, tendremos la oportunidad de tratar sobre la división

entre derecho positivo y derecho natural. En lo que se reﬁere a la

primera división mencionada, podemos deﬁnir brevemente que,

mientras el Derecho Privado trata sobre las relaciones jurídicas

entre particulares, el Derecho Público trata sobre las relaciones

jurídicas, entre los particulares y el Estado, o de varios Estados

entre sí.

De acuerdo con lo anteriormente expresado son ejemplos

del derecho privado, el derecho civil, y el derecho comercial,

y ejemplos del derecho público, el derecho penal, el derecho

internacional público, y el derecho constitucional. Entre las

diversas ramas del derecho se podría concebir doctrinalmente,

y de acuerdo con lo anteriormente expresado, que el derecho

laboral podría entrar, al mismo tiempo, en el derecho privado,

y en el derecho público, esto así, porque entraría en el derecho

privado en el sentido en que trata sobre las relaciones jurídicas

entre los trabajadores y los patronos, pero también se podría

catalogar, como formando parte del derecho público, ya que las

disposiciones contenidas en las leyes laborales y el Código de

Trabajo, se consideran como de orden público, son imperativas,

y en la República Dominicana, solo pueden ser modiﬁcadas en

su aplicación en las relaciones entre trabajadores y patronos,

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

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cuando dichas modiﬁcaciones beneﬁcien o no perjudiquen al

trabajador.

En ﬁn, hemos llegado a que el derecho constitucional forma

parte del derecho público. En ese sentido, el profesor Lic. Ma-

nuel A. Amiama, en su obra “Notas sobre Derecho Constitucional”

deﬁne este, como “,la rama del derecho público que regula

fundamentalmente la organización y funcionamiento del Esta-

do, en el sentido más amplio de este vocablo”. A continuación

explicaremos brevemente la aclaración hecha por el profesor

Amiama, sobre el vocablo Estado, ya que éste, en sentido es-

trecho o estricto, se reﬁere al conjunto de gobernantes de una

nación, mientras que, en sentido amplio, Estado es sinónimo

de nación, o la sociedad más perfectamente organizada hasta el

momento actual.

2. ORÍGENES O SIGNIFICACIÓN HISTÓRICA

DEL DERECHO CONSTITUCIONAL

El derecho constitucional apareció como materia en la uni-

versidad de París, al comienzo del siglo XIX; pero desaparecía y

volvía a aparecer, según los diferentes regímenes conservadores

y liberales, que se establecían en Francia. Quedó deﬁnitiva-

mente inscrito como materia en la facultad de derecho en Pa-

rís, según lo expone el profesor Maurice Duverger, en el primer

centenario de la Revolución Francesa, en el año 1889.

El primer profesor de esta materia en Francia fue un ita-

liano, ya que el derecho constitucional existía en Italia desde

ﬁnes del siglo XVIII. A partir de la Revolución Francesa y de

la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano,

la idea sobre la Constitución de un país o nación implicaba,

en la mayoría de los casos, un texto escrito, una organización

Manual de Derecho Constitucional

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racional de los poderes u órganos diversos del Estado, y una

concepción liberal, ya que se incluía en ellas, los derechos civiles

y políticos de los ciudadanos. A esta concepción de Constitu-

ción se refería el derecho constitucional. De lo anteriormente

expuesto se desprende la lucha ideológica establecida en el siglo

XIX, entre los partidarios de las ideas políticas conservadoras, y

los partidarios de las ideas políticas liberales o revolucionarias,

en lo que se reﬁere al establecimiento de las constituciones.

Los primeros (los conservadores), eran partidarios de la su-

perioridad de las instituciones políticas arcaicas, tales y como

las había establecido la tradición histórica. Del otro lado, los

partidarios de ideas liberales y revolucionarias quienes conside-

raban la superioridad de las constituciones escritas, sobre esas

instituciones tradicionales, fundadas en el concepto señalado,

en el sentido de que las constituciones establecidas entrañaban

en forma clara y deﬁnitiva la organización racional sobre los

diversos poderes del Estado y el establecimiento claro, de dere-

chos civiles y políticos de las personas, los cuales deberían ser

reconocidos, aceptados y respetados.

Pero más luego, con el desarrollo social y político de las na-

ciones, se llegó a la conclusión de que las constituciones escritas

solamente contenían lo esencial en materia de organización y

funcionamiento del Estado, ya que muchas disposiciones a ese

respecto se encontraban en instituciones políticas que ﬁguraban

en disposiciones desarrolladas ampliamente fuera de constitu-

ción, como son los sistemas electorales, los partidos políticos, etc.

De igual manera, el derecho constitucional abarca no solamente

esas otras instituciones establecidas fuera de la constitución, sino

también, disposiciones instauradas por la tradición, la doctrina

y la jurisprudencia. Por todo eso se reconoce actualmente que el

derecho constitucional es mucho más amplio que el concepto de

constitución y que en deﬁnitiva se puede expresar, que el estudio

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

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del derecho constitucional abarca el estudio de todas las institu-

ciones políticas, tanto las contenidas en la constitución como las

que están fuera de ellas.

En síntesis, el derecho constitucional es el derecho de las

instituciones políticas.

3. INSTITUCIONES POLÍTICAS

A ﬁn de determinar que son las instituciones políticas,

examinaremos ambos vocablos por separado. El Diccionario

Pequeño Larousse, edición 1963, deﬁne institución, como “Ac-

ción de instituir, cosa establecida”, y sobre instituir, dice que es

(establecer algo que no existía antes). En ese sentido, también

encontramos: “Institución: Establecimiento o fundación de una

cosa, cosa establecida o fundada: cada una de las organizaciones

fundamentales de un estado, nación o sociedad” (ver diccionario

enciclopédico abreviado Espasa-Calpe,1974, pág. 1057.

Para Littre, ﬁlósofo francés del siglo XIX, “institución es

todo lo que es inventado y establecido por los hombres, en opo-

sición a lo que es de la naturaleza. El acto sexual, por ejemplo,

es un fenómeno natural, siendo el matrimonio una institución”

(citado por Maurice Duverger, en su otra obra “Instituciones

políticas y derecho constitucional”). En cambio, para Dur-

kheim, prestigioso sociólogo francés de comienzos de este

siglo, también citado por Duverger, las instituciones son las

“ideas, las creencias, los usos, las prácticas sociales que el in-

dividuo encuentra preestablecidas frente a él. Un conjunto de

actos o de ideas establecidas, que los individuos encuentran

delante o frente a ellos y que más o menos, se imponen a

ellos. Para Duverger”, instituciones es “un conjunto de ideas,

de creencias y de usos, que forman un todo coordinado y

Manual de Derecho Constitucional

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organizado’’. Por ejemplo, el matrimonio, la familia, las elec-

ciones, la propiedad, etc.

En el diccionario enciclopédico abreviado de Espasa Calpe,

S.A., edición de 1974, página 671, se deﬁne: “Política: Arte de

gobernar y dar leyes y reglamentos, para mantener la tranquilidad y

seguridad pública’’. Es decir, que se reﬁere a las actuaciones de los

gobernantes del Estado. De lo anteriormente expuesto se puede

colegir, que instituciones políticas son aquellas instituciones que

se reﬁeren a la organización y funcionamiento del Estado, en

sentido amplio. En consecuencia, veremos a continuación, que

vamos a examinar brevemente, todas, o casi todas las institucio-

nes políticas.

4. DE LOS REGÍMENES POLÍTICOS

Al estudiar las diversas instituciones políticas, notaremos

que las mismas están entrelazadas unas con otras, de cuyo con-

junto obtendremos lo que se denomina como régimen político.

Esto, el régimen político, se podría deﬁnir como el conjunto

coherente y coordinado de instituciones políticas que funcionan

en un país dado y en un momento determinado.

En la base de todo régimen político se encuentra el fenóme-

no esencial del poder o autoridad.

Inmediatamente examinaremos, a través de la interacción

de las diversas instituciones políticas que forman los regímenes

políticos, cuales son diferentes elementos que integran dichos

regímenes. Estos elementos son: a) La autoridad o poder de los

gobernantes b) la forma de designación, elección o llegada al

poder de los gobernantes, c) las estructuras o formas de estar

integrados dichos gobernantes, y d) las fronteras o límites en el

ejercicio del poder o autoridad de dichos gobernantes.

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

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Cuadro no. 1

Régimen político:

Es el conjunto

coherente y

coordinado de

instrucciones políticas

que funcionan

en un país dado

y en momento

determinado. En

su base, se encuentra el

fenómeno esencial de la

autoridad, del poder.

Como consecuencia de la

anterior denición, todo

régimen político responde o

es resultado de las respuestas

que se aporten a cuatro

órdenes principales de

elementos o fundamentos,

los cuales son:

{{{{

1ro. Fundamentos relativos a

la autoridad o poder de los

gobernantes.

2do. Fundamentos relativos a la

forma de escoger o designar a

los gobernantes.

3ro. Fundamentos relativos a la

estructura de los gobernantes.

4to. Fundamentos relativos a la

limitación de los gobernantes.

a) Fundamentos del principio

de autoridad o poder;

b) Cuadro fundamental del

poder: el Estado.

1. Poder y naturaleza.

2. Poder y coerción.

3. Poder y creencias o

doctrinas.

4. Poder y derecho.

Manual de Derecho Constitucional

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5. AUTORIDAD O PODER DE LOS

GOBERNANTES

En la base de todos los regímenes políticos se encuentra el

fenómeno social de la autoridad o poder. De tal manera, que ese

fenómeno social de autoridad o poder, lo podemos encontrar en

todos los grupos humanos desde los tiempos más primitivos has-

ta los tiempos modernos. Aún más, ese fenómeno de autoridad

se puede encontrar en las sociedades de animales vertebrados

superiores.

Pero esa autoridad, ese poder, ¿cómo les llega o les viene a

los diversos entes sociales? ¿Cuáles son los fundamentos y oríge-

nes del mismo? Veremos, a continuación, los diferentes orígenes

y fundamentos de autoridad. Y luego, después de examinar los

mismos, nos aventuramos a estudiar, cuáll es el cuadro o marco

esencial donde se desarrolla esa autoridad o poder, es decir, el

Estado.

En lo que se reﬁere a los fundamentos y orígenes, encon-

traremos que dicha autoridad o dicho poder está íntimamente

ligado, primero, a la naturaleza; segundo, a la coerción o cons-

treñimiento; tercero, a las creencias o doctrinas; y cuarto, al

derecho.

5.1 PODER Y NATURALEZA

La autoridad o poder de los gobernantes está íntimamente

ligado a la naturaleza, porque en cierto sentido, ese poder o auto-

ridad tiene cierto carácter biológico. Encontramos esa autoridad

o poder inclusive en las sociedades de animales vertebrados su-

periores, donde por instinto, por razones inconscientes, en cada

grupo de esas sociedades de animales vertebrados superiores, hay

algunos de ellos, de esos animales vertebrados superiores, que

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

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ejercen una autoridad sobre los demás integrantes del mismo.

Ejemplos de esto se pueden ver, en una manada de elefante,

cuando transitan de un lugar a otro, van en ﬁla, siguiendo al

que hace de jefe del grupo, que generalmente es el más viejo;

también en un grupo de aves migratorias, casi siempre vuelan en

forma de V, siguiendo al jefe que va a la cabeza del mismo.

En lo que se reﬁere a las sociedades humanas, el carácter

natural del ejercicio de la autoridad o poder, lo podemos deter-

minar desde tres aspectos distintos: En primer lugar, encontra-

mos los fenómenos de prestigio; en segundo, el psicoanálisis y

las fuentes inconscientes del poder; y en tercer lugar, el poder

proveniente de la conciencia.

En lo relativo a los fenómenos de prestigio como fuente

natural de autoridad o poder, encontramos que en todas las

sociedades humanas hay un ser que es el que más se destaca, aún

en las sociedades más primitivas, sobre todos los demás, el cual

tiene un poder, no por ser el más inteligente o el más fuerte o el

que ejerce más autoridad, sino que actúa como jefe del grupo por

el prestigio que posee como un don natural. Ese don natural de

prestigio, en algunos diccionarios se deﬁne “fascinación mágica”,

es decir, es un don natural del que están rodeados algunos seres

humanos, que es un producto de su naturaleza misma.

Otro de los aspectos de ese carácter natural del poder, provie-

ne del psicoanálisis y las fuentes inconscientes del poder. Desde

Freud, podemos encontrar que según expresa él en su teoría, el

niño es el padre del hombre, con lo cual quiere decir que muchas

veces, los seres humanos cuando somos adultos, actuamos, nos

expresamos por los recuerdos inconscientes de nuestra infancia,

por recuerdos inconscientes de impresiones vividas en la infancia y

que nos hace actuar en el momento presente, no por razonamien-

to voluntario, sino por rasgos de inconsciencia. Más luego, esos

rasgos inconcientes, desarrollados en los estudios sobre psicoaná-

Manual de Derecho Constitucional

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lisis, en los seres humanos, encontramos que el poder o autoridad

proviene de la conciencia de cada ser humano. Al crecer y desarro-

llarse el ser humano, dejando aparte los recuerdos inconscientes

del psicoanálisis, encontramos que el ser humano, el hombre, llega

a la sociedad ya adulto y ve que él se encuentra rodeado de cierta

autoridad o poder que se genera en el Estado o nación, al cual él

debe obedecer, y entonces recuerda que cuando era niño debía

obedecer a sus padres, más luego en la escuela a los maestros, y

ya, cuando llega a ser adulto, conscientemente se da cuenta de

que aún al ser adulto, ya no tiene que obedecer a aquellos poderes

o autoridades que se ejercían sobre él cuando era niño, pero ya

tiene frente a él, una autoridad o poder al cual debe obedecer igual

que lo hacían en el pasado sus padres. El ejercicio de este poder,

produce sobre los seres humanos, una sensación contradictoria:

por un lado, nos sentimos seguros frente al ejercicio democrático

del poder; pero también a los seres humanos, en ciertos momen-

tos, nos perturba o molesta las acciones de los gobernantes en el

ejercicio de sus poderes.

5.2 PODER Y COERCIÓN

Vamos ahora a examinar el segundo de los fundamentos de

la autoridad o poder que señalamos anteriormente. Es decir, la

coerción o constreñimiento. La coerción del pasado, es decir, la

que se ejercía sobre los seres humanos por medio de la educación

cuando era un niño, se convierte en una coerción presente o

material. Esta coerción puede ser material, o ejercida por medios

sutiles, como es la propaganda. A su vez, la coerción material

puede ser física, económica o por agrupamiento colectivo.

El primer aspecto de la coerción material es la coerción

física. Desde los Estados primitivos hasta los actuales, los go-

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

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bernantes que ejercen su autoridad, recurren a la coerción física,

la cual, cuando es ejercida con mucha frecuencia, se corre el

riesgo de que produzcan un cambio en las formas de gobierno,

por intranquilidad política, que necesita de esa coerción física

frecuente, lo cual ocurre muchas veces porque se pierde la credi-

bilidad en el gobernante de turno. Aunque no es conveniente el

uso frecuente de la fuerza física por parte de los gobernantes, se

dice que no hay Estado o nación que pueda existir sin una fuerza

policial, sin unas fuerzas armadas, para guardar el orden interno

y la supervivencia del Estado-nación.

Otro aspecto de la coerción material, es la coerción eco-

nómica. En la historia, a través del tiempo, con frecuencia se

ha observado, que los medios gubernamentales, los medios de

autoridad o poder, estuvieron en un principio en manos de

los terratenientes, en la época en la cual la tierra era la mayor

fuente de producción nacional. Con el desarrollo del comercio

y la industria, creación de sindicatos, de grandes asociaciones

de empresarios, ese poder ha pasado con la coerción económica

ejercida por los que detentan los medios de producción en la

época moderna, a los grandes empresarios, grandes industriales y

grandes comerciantes. De tal manera que algunas ideas políticas

han llegado a fomentar que en las democracias occidentales, hay

un poder oculto y un poder presente o real. El poder presente

o real es el llamado poder político, que está en manos de los

gobernantes elegidos por el pueblo, y el poder oculto, según

establecen esas ideas, o establecían esas ideas, está en manos de

los grandes empresarios que presionan en determinado sentido

favorable a sus posiciones o creencias.

Pero hay tratadistas, como Duverger, que niegan que eso sea

exactamente tal y como lo expresa esa idea, del poder político

en manos de unos, y el poder económico, o el poder oculto, en

manos de otros, porque si bien los grandes empresarios tratan

Manual de Derecho Constitucional

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de presionar en su favor, también ya, en la época moderna, hay

grandes organizaciones sindicales, grandes organizaciones profe-

sionales, grandes organizaciones juveniles, grandes organizacio-

nes de creencias religiosas, grandes congregaciones campesinas,

que en cierto sentido, así como los empresarios presionan en su

favor, cada una de ellas presiona por igual a favor de su clase.

Finalmente, el otro aspecto de la coerción material, es la

llamada coerción por agrupamiento colectivo. En algunas socie-

dades hemos visto que las autoridades del poder, en sus inicios,

se fundaron en grandes agrupaciones colectivas, organizadas

muchas de ellas en forma piramidal, desde las bases humanas,

hasta la cúspide, donde están los dirigentes o ejercedores del

poder o de la autoridad. Esa es una coerción menos sentida por

parte de las bases del agrupamiento. Se cita como ejemplo, la

organización de los partidos comunistas en células que les dio

un gran resultado en su desarrollo y crecimiento político. Esto

así, al decir de autores franceses, nosotros, como dominicanos,

decimos que antes que esas organizaciones comunistas en forma

de Células, tuvimos nosotros la organización de La Trinitaria,

que también era una agrupación de tres en tres, y que logró al

ﬁn, con esa organización piramidal y por agrupamiento colecti-

vo y junto a otras circunstancias más, obtener nuestra libertad,

nuestra independencia del vecino estado de Haití.

Pasamos ahora a otro tipo de coerción, más sutil, que es

la propaganda política. Esta se puede deﬁnir como el esfuerzo

realizado por los gobernantes para tratar de convencer o per-

suadir a los gobernados de que quien ejerce el poder, es un

buen gobernante, y que, por lo tanto, debe ser obedecido. Aquí

encontramos una innovación. En vez de coercer o constreñir, se

trata de convencer o persuadir. Esto así porque todos los gober-

nantes a través del tiempo, o casi todos, tratan al mismo tiempo

de poder ejercer su autoridad, de ganarse el amor, el aprecio, el

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

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cariño de los gobernados, del pueblo, y por tanto, entonces, en

vez de coercer, tratan de convencer en el sentido de que deben

ser obedecidos. El desarrollo de la propaganda ha existido desde

la antigüedad y tuvo su principal crecimiento, en tiempos de la

segunda guerra mundial, sobre todo en los regímenes fascistas,

donde tuvo una gran expansión como instrumento político para

alcanzar la obediencia, en la cual época, en esos regímenes se

llegaron a crear los ministerios de propaganda.

En sentido general, la propaganda ha cambiado sus técni-

cas. En la antigüedad se recurría a los ﬁlósofos, los artistas, los

autores de obras literarias para tratar de engrandecer el poder de

los gobernantes. En épocas modernas se han copiado las técni-

cas de la propaganda comercial, trasplantando estas técnicas al

ejercicio del poder político. Naturalmente, que hay diferencias

entre la propaganda comercial y a la propaganda política, porque

mientras en la propaganda comercial, quienes experimentan la

misma, a quienes va dirigida la misma, pueden darse cuenta

rápidamente, a pesar de la mucha propaganda que se desarrolle,

de si un producto es bueno o malo, lo usan o lo dejan de utilizar.

Pero en materia de propaganda política este conocimiento ﬁnal

de los gobernados a quienes va dirigida la propaganda política,

muchas veces es a largo plazo que esas personas se vienen a dar

cuenta de que lo que se ofreció en una campaña, no es lo que se

les da después como gobernados. Entre las diversas técnicas de

esa propaganda política encontramos que las mismas proceden

por aﬁrmaciones radicales, no hay puntos intermedios, solamen-

te existe lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro; además, existe

el carácter obsesional de la propaganda, que es la repetición

indeﬁnida y obsesional de un mismo tema.

Otra técnica consiste en que, la propaganda política que

sale de quienes ejercen el poder trata de esparcir la idea de que

todo lo que hacen los gobernantes es bueno, y lo que hace la

Manual de Derecho Constitucional

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oposición es malo. Al contrario, también existe una propaganda

política ejercida por la oposición, que consiste en hacer ver, o ha-

cerle creer al pueblo, que lo que ellos como oposición prometen

y dicen que van a hacer es lo bueno, y que lo que está haciendo el

gobierno en el poder es lo malo. De todas maneras, entre la pro-

paganda y la coerción, con frecuencia, hay fronteras muy sutiles,

casi imperceptibles. Son famosas las frases de gobernantes o mi-

litares, que al mostrar o exhibir su poder, trataban de demostrar

físicamente sus fuerzas armadas, sus ejércitos, porque decían ellos

que era preferible convencer antes de coercer para ser obedecidos.

Aún en los tiempos modernos, sutilmente todos o casi todos los

Estados-naciones, en sus fechas nacionales, de independencia. o

de libertad o surgimiento de la nación-estado, toman esa fecha

como motivo para hacer grandes desﬁles militares. Esta es una

forma sutil de recordarles a muchos que es mejor, es más con-

veniente obedecer, y que esas fuerzas están allí para defender la

independencia y la estabilidad del gobierno y la nación.

5.3 PODER Y CREENCIAS O DOCTRINAS

Después de haber examinado dos de los fundamentos de la

autoridad o poder, que son, primero, la naturaleza, y en segundo

lugar, la coerción o constreñimiento, vamos ahora a entrar al

tercer fundamento de la autoridad o poder de los gobernantes,

que son las creencias o doctrinas. Con la propaganda, que es el

tipo de coerción sublime o sutil que hemos explicado anterior-

mente, los gobernantes esparcen algunas creencias o doctrinas

acerca de que deben ser considerados como un buen gobierno,

en su forma de actuar o de ejercer el poder, y que, por lo tanto,

deben ser obedecidos. Es decir, con la propaganda pasamos de la

coerción o constreñimiento, a las creencias.

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

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Esas creencias que esparcen los gobernantes, son siempre

a su favor, es decir, para llegar a la conclusión de que él debe

ser obedecidos. Siempre, a través de la historia, los seres huma-

nos han forjado doctrinas o creencias relativas al poder. Esas

doctrinas o creencias tienden a deﬁnir ﬁlosóﬁcamente o desde

el punto de vista moral, cuáles son las condiciones que debe re-

unir el poder o autoridad para ser considerado como legítimo,

y que, por lo tanto, debe ser obedecido. De tal manera que la

noción de legitimidad está en el centro de todas las creencias

relativas al poder.

La legitimidad, en un sentido corriente, ordinario, tiene

un carácter ﬁlosóﬁco, pero además, en los tiempos modernos,

esa noción ﬁlosóﬁca de legitimidad tiende a tornarse en una

noción sociológica. Vamos a ver primero la noción ﬁlosóﬁca de

la legitimidad.

Esta, desde ese punto de vista ﬁlosóﬁco, se puede deﬁ-

nir como la calidad que presenta un gobierno de ser o actuar

conforme a la teoría del poder que cada persona estima como

verdadera. De esa manera, tiene un carácter subjetivo, es decir, es

una noción que puede variar de un sujeto o persona a otro, para

los cuales tiene su concepto de legitimidad un carácter absoluto

y casi, digamos, religioso, o cuasireligioso. Es una noción en la

que el individuo aplica ese concepto de una manera absoluta, sin

aceptar ningún cambio o diferencia con la realidad. En cambio,

la noción sociológica de legitimidad, no es una noción absoluta

como la anterior, sino que, para los sociólogos, es legítimo el go-

bierno que actúa y ejerce su autoridad o poder en conformidad

con la doctrina imperante al respecto.

Sociológicamente, el gobierno es legítimo cuando en ese

país, en ese tiempo, la actuación de su autoridad, el ejercicio de

su autoridad o poder, coincide con la doctrina imperante en esa

sociedad, relativa a la forma de ejercer el poder. Es decir, que se

Manual de Derecho Constitucional

35

puede deﬁnir la legitimidad sociológicamente como la creencia

dominante en materia de legitimidad, en un lugar dado y en un

tiempo determinado.

Como dijimos anteriormente, para los sociólogos, la con-

cepción de legitimidad evoluciona a través del tiempo y el espacio

o lugar en el cual se desarrolla esa doctrina. En otros tiempos, en

siglos atrás, predominaba la doctrina de la legitimidad democrá-

tica, y en algunos lugares, en algunos países, llegó a tener cierto

auge otra doctrina sobre la legitimidad democrática llamada la

democracia popular. En sentido sociológico, esta doctrina de la

legitimidad no implica una toma de posición, no se considera a

una falsa y a otra verdadera, sino que, para el sociólogo, como

dijimos, la noción de legitimidad es la predominante en el grupo

social en el cual se desenvuelve y en un momento determinado,

acerca del ejercicio o la forma de ejercerse el poder.

Max Weber, sociólogo alemán, distingue tres tipos de legi-

timidades sociológicas: Primero, el ejercicio del poder en forma

tradicional, es decir, el gobierno del príncipe. En segundo lugar,

el ejercicio del poder en forma carismática, es decir, el gobierno

cuyo jefe es caliﬁcado por su prestigio. Y en tercer lugar, cuando

se considera el poder como racional, que es el gobierno de au-

toridades que están investidas por la ley, en la democracia, por

las leyes electorales y las disposiciones constitucionales. Es decir,

investidas por las reglas de derecho creadas, en forma mayorita-

ria, por el hombre. Todas las creencias relativas a la legitimidad

se reﬁeren o conciernen al origen del poder, y la forma de ser

ejercido el mismo.

Por ejemplo, en nuestra vigenteconstitución y en casi todas

las anteriores, hay una disposición al respecto. En el artículo 2

de nuestra Constitución se expresa lo siguiente: ‘‘La soberanía

nacional corresponde al pueblo, de quien emanan todos los

poderes del estado, los cuales se ejercen por representación’’.

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

36

Aquí podemos ver determinado, que en el texto de nuestra Ley

sustantiva, se explica quién es el titular original del poder, de

acuerdo con la doctrina imperante sobre la democracia en nues-

tro país, desde hace mucho, en nuestra constituciones.

El problema fundamental de la legitimidad descansa en la

idea de soberanía, es decir, en el soberano, que es la fuente o

titular original del poder. A quien el poder pertenece por natu-

raleza. Todas las autoridades reciben de él, es decir, del soberano,

el derecho a gobernar.

Las doctrinas o creencias acerca de la soberanía, partiendo

de la idea de legitimidad, son muy numerosas.

Explicaremos, no todas, sino algunas, o las principales. Es-

tas se pueden dividir en dos grandes grupos, los cuales han con-

tribuido a formar el pensamiento político moderno. En primer

lugar, tenemos las doctrinas teocráticas de la soberanía divina,

que se reﬁeren o tienden a deﬁnir una legitimidad autocrática; y

segundo, las doctrinas llamadas de la soberanía del pueblo, que

tienden a deﬁnir una legitimidad democrática.

Vamos a examinar ahora, las doctrinas más antiguas acerca

de la legitimidad. Estas son las doctrinas teocráticas de la sobe-

ranía divina, que tienden a deﬁnir una legitimidad autócratica.

A su vez, estas doctrinas se han dividido históricamente en tres

doctrinas distintas, las cuales se han ido desarrollando sucesiva-

mente desde la antigüedad.

Primero encontramos la doctrina de la naturaleza divina de

los gobernantes. Esta es la más antigua de todas, que consistía

en que los gobernantes eran considerados como dioses. De tal

manera, que detentaban al mismo tiempo, el poder político y el

poder religioso.

Más luego, a partir del Cristianismo, surgió una nueva doc-

trina de la legitimidad, que es llamada doctrina de la investidura

divina de los gobernantes. Según esta doctrina, los gobernantes

Manual de Derecho Constitucional

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no eran dioses, sino seres humanos que recibían su poder direc-

tamente de Dios. Casi todas las monarquías de los siglos XVIII y

XIX, estaban sujetas o fundadas en esta doctrina, según la cual,

los gobernantes recibían el poder de Dios, y al mismo tiempo,

Dios les daba el derecho de transmitir ese poder a sus descen-

dientes. El tercer aspecto de la doctrina de la soberanía divina, es

la que ha surgido a partir de la Edad Media, que es la doctrina de

la investidura providencial. Es decir, que los gobernantes no son

considerados como Dioses, ni tampoco los gobernantes reciben

ese derecho de Dios, con la facultad de poderlo transmitir a sus

herederos, sino que los gobernantes llegan al poder o adquieren

el poder por medio del uso de mecanismos humanos, por pro-

cedimientos humanos, mediante la actuación de la providencia

divina. Esta doctrina surgida desde la edad media, es una de las

que han servido al surgimiento de los partidos socialcristianos,

los cuales se fundamentaban en ese doctrina de la investidura

providencial.

Más luego, ha surgido la doctrina de la soberanía del pue-

blo, que da lugar a la llamada legitimidad democrática. Esta a su

vez, ha revestido tres formas distintas, que son: La doctrina de

la soberanía popular o fraccionada; la doctrina de la soberanía

nacional; y la doctrina de la soberanía proletariana (así llamada

por M. Duverger).

En sentido general, la doctrina de la soberanía del pueblo,

que da lugar a la legitimidad llamada democrática, ha sido atri-

buida por muchos a los ﬁlósofos del siglo XVIII, pero se puede

decir que estos no han hecho más que recopilar, laicizar y desa-

rrollar las ideas ya esparcidas por los pensadores católicos de la

época de la Edad Media; entre ellos, muy notablemente, Santo

Tomás De Aquino. Después, fueron desarrolladas por todos los

oponentes de la monarquía y sobre todo tuvo su mayor auge con

el desarrollo de lo que se llamó la escuela del derecho natural

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

38

y de gente, entre cuyos precursores está Juan Jacobo Rousseau.

En sentido general, como hemos dicho, esta doctrina de la

soberanía popular, que da lugar a la legitimidad democrática,

reposa fundamentalmente en la idea de la constatación de la

igualdad existente entre todos los seres humanos. Con relación

al desarrollo de esta idea de la igualdad de los seres humanos, un

teólogo católico del siglo XVIII (Belarmini), citado por Duver-

ger, expresaba que no hay razón para que en una multitud de

hombres iguales, uno domine a los demás y que estos tengan que

obedecer, puesto que el poder, según él, pertenece a la multitud,

es decir, al pueblo.

En la relación con esta última concepción, en sentido de que

el poder pertenece a la multitud, al pueblo, es que la doctrina de

la soberanía popular, que tiende a la legitimidad democrática, se

ha dividido en varias ramas que hemos enunciado anteriormente.

La primera, que es la llamada doctrina de la soberanía popu-

lar o fraccionada, tiene como uno de sus principales precursores

a Juan Jacobo Rousseau, quien en su obra ‘El contrato social’,

considera que la soberanía del pueblo, no es más que la suma o

la adición de las diferentes fracciones de la soberanía de que está

dotado cada individuo, cada persona humana, y al fusionarse, al

adicionarse todas esas soberanías individuales, es como se forma

lo que se llama la soberanía del pueblo; de ahí, su nombre.

Como consecuencia de esta teoría, al tener cada ser huma-

no, cada individuo de la sociedad, una fracción de la soberanía

del pueblo, esto entraña su participación en la elección de los

gobernantes de una nación. Es decir, que es un derecho que

tiene cada ciudadano de votar en forma secreta, para elegir a

los gobernantes, a ﬁn de que ejerzan el poder en su nombre y

representación.

Más luego, esta teoría que fue contestada por las doctrinas

burguesas de la asamblea francesa de los años 1789 y 1791,

Manual de Derecho Constitucional

39

combatiendo la misma al expresar que la soberanía del pueblo

equivale a la soberanía de la nación, pretendiendo que nadie es

titular individual de la soberanía, y que, por lo tanto, no tiene

derecho a participar en la elección de los gobernantes, sino que

la única soberana es la nación como tal, y solamente ella puede

disponer quiénes son los que tienen derecho a participar en la

selección de los gobernantes. De acuerdo con esta última teoría

de la soberanía nacional, la elección de los gobernantes consti-

tuye el ejercicio de una función pública, que sólo pueden ejercer

determinados individuos que revisten condiciones especiales,

económicas o sociales, para poder participar con su voto en la

elección de los gobernantes.

De nuevo expresamos, que la llamada doctrina de la so-

beranía del pueblo, que tiende a la legitimidad democrática,

hace algunas décadas, varias décadas, llegó a tomar una tercera

forma, que aún persiste en algunos estados o naciones, que,

es la doctrina de la soberanía proletariana, como la llama

Duverger, al expresar que según esa doctrina, no todos los

individuos son soberanos, es decir, que no pertenece a todos

y cada uno de los individuos una fracción de la soberanía

del pueblo, sino que de este conjunto de entes humanos que

forman la sociedad o nación, hay que distinguir entre la clase

explotada y la clase explotadora, y esta última, la clase ex-

plotadora, que según los partidarios de esa doctrina debía ser

eliminada, aniquilada, no participa de ese derecho, sino que

solamente puede participar para que llegue al poder la llamada

clase trabajadora o proletariado, el cual, según esa doctrina,

por ser la clase mayoritaria, es la que representa al pueblo.

De ahí que, en esa teoría desarrollada hace algunos años por

las doctrinas comunistas, consideraban que solamente la clase

trabajadora es la única que goza de este derecho de elegir a los

gobernantes y participar en el poder.

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

40

5.4 PODER Y DERECHO

Hemos expuesto anteriormente, de los cuatro fundamen-

tos del poder enunciados, tres de ellos: La naturaleza, la coerción

o constreñimiento, y anteriormente, las creencias o doctrinas

como fundamentos del poder. Vamos a entrar ahora, al cuarto

fundamento de la autoridad o poder, a nuestro entender, si no el

más importante, uno de los más importantes de ellos: El derecho.

La idea o concepto de derecho, es inseparable de la idea

del poder o autoridad de los gobernantes. Todas las deﬁniciones

que se puedan dar acerca del derecho, se reﬁeren de una u otra

manera, a la coerción social, a la autoridad pública, al sistema

de sanciones organizadas por la autoridad o poder, para castigar

a quienes violan las reglas de derecho. Pero en la relación con

el poder mismo, es necesario hacer una distinción o diferencia,

entre Derecho Positivo y el Derecho Natural.

En principio, el derecho positivo refuerza el ejercicio del poder,

es decir, que, en principio, el derecho positivo sirve de instrumento

del poder, mientras que, en principio también, el derecho natural

sirve como un medio de limitar el ejercicio del poder o autoridad.

6. DERECHO POSITIVO

Vamos a examinar primero el derecho positivo, y su inﬂuencia

sobre la autoridad o poder. El derecho positivo puede deﬁnirse

como el efectivamente aplicado en una sociedad determinada y

en un momento dado; es decir, es el contenido en constituciones,

códigos, leyes, decretos, reglamentos, costumbres, sentencias de los

tribunales, convenciones o acuerdos entre partes contratadas, etc.

Continuando con la noción del derecho positivo, en-

contraremos que en todos los grupos sociales se constata la

existencia de reglas de conducta, que algunos llaman normas,

Manual de Derecho Constitucional

41

de las cuales, unas constituyen simples usos sociales, como la

urbanidad, la cortesía, etc. Otras de esas reglas, son las llama-

das reglas morales, como las religiosas, etc. Y otras, en ﬁn, son

las reglas de derecho.

¿Cómo podemos distinguir entre todas esas reglas sociales,

las reglas de derecho de las demás enunciadas? Podemos ver que

las reglas de derecho se distinguen de las demás reglas sociales, en

que, algunas de ellas son establecidas por la autoridad pública y

en segundo lugar, pero de manera principal, porque la violación

a toda regla de derecho, conlleva una sanción, aplicada por esa

autoridad pública.

Según esas diferentes reglas sociales, las que constituyen

simples usos sociales, cuando son violadas, tienen la reprobación

de la sociedad, la burla o crítica de la sociedad, porque uno ha

violado una regla de cortesía o de urbanidad.

Cuando uno viola una regla moral, existe la sanción del remor-

dimiento de la conciencia o también las sanciones metafísicas que

establecen algunas religiones a sus violadores. Pero desde que una

regla social es violada, y la misma conlleva una sanción por la auto-

ridad pública; esa regla social se deﬁne como una regla de derecho.

Históricamente, en las sociedades primitivas, casi todas las

reglas sociales eran reglas morales, pero con el transcurso del

tiempo se llegó al momento en el cual los grupos primitivos

decidieron sancionar a los violadores de esas reglas. Ahí se puede

decir que surgió la conciencia de que al establecer las sanciones

por parte de los detentadores, o por quienes ejercen la autoridad

o poder, esa antigua regla moral se convirtió en una regla de

derecho. Por tanto, se puede decir, que el mejor criterio para

caracterizar una regla de derecho, es la sanción de su violación,

establecida por una autoridad pública, por un poder.

Algunos autores han criticado en el sentido de que este

criterio de la sanción por la autoridad pública, sea el carácter

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

42

determinante de la regla de derecho. Así lo entienden, porque

en el derecho internacional público, muchas violaciones a esas

reglas de derecho, que se consideran reglas de derecho positivo,

que ﬁguran en tratados internacionales, convenciones interna-

cionales y organismos internacionales, existe una ausencia de

sanción; pero, en realidad, esa ausencia de sanción, no les quita

el carácter de regla de derecho sino que en estos casos, donde

no se aplican efectivamente sanciones, no quiere decir que esa

deja de ser una violación a una regla de derecho, sino que podría

considerarse esto como una regla de derecho imperfecto, pero

regla de derecho, al ﬁn, que por circunstancias especiales no se

llegan a aplicar los correctivos de lugar a sus transgresores.

Como dijimos, las reglas de derecho se distinguen de las de-

más reglas sociales, porque sus violaciones son sancionadas por

la autoridad pública, como hemos explicado sumariamente, y

dijimos también con anterioridad, que algunas de esas reglas de

derecho, son establecidas por la autoridad pública. Como pode-

mos ver, decimos que algunas de esas reglas son establecidas por

la autoridad pública, por el hecho de que no todas las reglas de

derecho son establecidas por la autoridad pública. Esto ratiﬁca

que el carácter principal para caracterizar una regla social como

regla de derecho, es la sanción por parte de la misma autoridad

pública contra los violadores de la misma.

En lo que se reﬁere al establecimiento por parte de la autori-

dad pública de algunas reglas de derecho, se explica, porque hay

reglas de derecho que no son establecidas por esa autoridad. A las

que son establecidas por la autoridad pública, les llaman derecho

escrito o legislación, (constituciones, leyes, decretos, etc.); pero

hay otras reglas de derecho positivo, que no son establecidas por

la autoridad pública, como son las costumbres o derecho con-

suetudinario, y el llamado derecho convencional, que se reﬁere a

los contratos o acuerdos establecidos entre particulares.

Manual de Derecho Constitucional

43

Cuadro no. 2

DERECHO

A) Positivo

B) Derecho Natural

{{

a) Derecho escrito (o legislación)

b) Derecho Costumbrista

(Consuetudinario)

c) Derecho convencional (Art. 1134

Código Civil dominicano)

Si

No

Si

Establecido por

autoridad pública:

Sancionada su violación

por autoridad pública

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

44

En casi todos los países, entre estos República Dominica-

na, tienen disposiciones parecidas a las que establece el código

civil dominicano, el artículo 1134, donde se establece que las

convenciones legalmente contraídas por las partes contratantes,

tienen fuerza de Ley entre ellas. Es decir, cuando en una conver-

sación, en un contrato entre dos o más personas se acuerda algo,

y ese acuerdo está dentro de la ley, si una de las partes lo viola, la

autoridad pública, cuando es apoderada de esa violación, puede

sancionar a causa de la misma, a su violador. Quiere decir que el

carácter de regla de derecho, del derecho llamado convencional

o contractual le viene, no porque es establecida por la autoridad

pública, porque al contrato o acuerdo se llega entre las partes por

una convención entre las mismas, sino que el carácter de regla de

derecho le viene porque si una de las partes lo viola, la otra puede

obtener una sanción por esa violación, por parte de la autoridad

pública. Esto conﬁrma, al igual que cuando se viola, en los países

que se rigen por derecho consuetudinario o costumbrista, una

regla de costumbres y las autoridades sancionan su violación,

que el carácter principal de la regla de derecho, que lo distingue

y lo diferencia de las demás reglas sociales, es la sanción por parte

de la autoridad pública, además del otro carácter de que, algu-

nas de esas reglas de derecho son establecidas por la autoridad

pública, como son las que tienen su origen en el derecho escrito

o legislación.

Ahora examinaremos la inﬂuencia del derecho positivo

sobre el poder.

En relación con esta inﬂuencia, vamos a ver primero el

derecho positivo como instrumento del poder, y después vamos

a examinar el derecho positivo como garantía contra el poder.

En primer lugar, el derecho positivo, en principio, sirve

como instrumento del poder: primero, porque lo organiza, o

sea que institucionaliza el poder; en segundo lugar, sirve para

Manual de Derecho Constitucional

45

legitimar el poder; y en tercer lugar, el derecho positivo sirve

como medio de expresión del poder. Vamos a ver primero, el

derecho positivo como organizador del poder.

A través de las constituciones, leyes, reglamentos, etc., po-

demos determinar que el derecho positivo sirve para organizar el

poder, es decir, crea los diferentes órganos de la estructura guber-

namental o de la autoridad o poder, su competencia o atribución

y su funcionamiento. De tal manera, que al organizar o estable-

cer los organismos del ejercicio del poder, los diferentes poderes

del Estado, se institucionaliza el poder, es decir, se despersonaliza

el poder; desaparece, como dicen algunos, lo que se denomina

‘‘el hecho del príncipe’’, que consiste en la actuación fantasiosa,

unilateral de los gobernantes de antaño, no regidos por reglas de

derecho, porque ya se crean organismos y estructuras que indi-

can o señalan cómo pueden funcionar esos poderes, por medio

de reglas de derecho. De tal manera que al institucionalizar el

poder, los ciudadanos, los seres humanos, dejamos de obede-

cer a una persona por un nombre y apellido, o por un título, y

venimos a obedecer a la autoridad ejercida por una institución,

llámese órgano legislativo que crea las leyes; órgano ejecutivo o

poder ejecutivo que pone en vigencia esas reglas de derecho con

otras de derecho que son los decretos y reglamentos, o también

obedecemos a los tribunales cuando dictan sus sentencias, sus

resoluciones, que vienen a ser, también, reglas de derecho que

debemos cumplir.

Esto hace que el derecho positivo sea trascendente, es decir,

trasciende la vida de los seres humanos, porque dejamos de obe-

decer a personas, obedecemos a instituciones que permanecen

aún con la desaparición física de las personas que desempeñan

esas instituciones.

En segundo lugar, el derecho positivo sirve para legitimar

el poder. Esto así, porque al haber una autoridad o un poder, de

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

46

acuerdo con las diversas doctrinas, o la doctrina imperante en

una sociedad, quien ejerce esa autoridad o poder de acuerdo con

las leyes vigentes, y después de posesionado en el mismo, a la

vista de la opinión pública, llega un momento en el cual se legi-

tima. Aunque es importante diferenciar lo que es la legitimidad

y la legalidad, las cuales con frecuencia, son confundidas.

La legitimidad de una autoridad o gobernante, es la con-

formidad de su origen y de sus actuaciones, en el ejercicio del

poder, con la doctrina de la soberanía imperante en esa sociedad.

Por otro lado, la legalidad es la conformidad del ejercicio de la

autoridad o poder, con el derecho positivo o vigente; en especial,

cuando se reﬁere a la conformidad con una ley, ya que, cuando

se trata de conformidad con la Constitución, se trata entonces

de Constitucionalidad.

En tercer lugar, encontramos que el derecho positivo sirve

como un medio de expresión del poder y la autoridad. Esto lo pode-

mos ver, examinando la forma en la cual se expresa cada uno de los

poderes del Estado. El legislador, o el órgano legislativo, se expresa

por medio de reglas de derecho de carácter general e impersonal,

que son las leyes; el poder ejecutivo se expresa por reglas del dere-

cho positivo, de carácter particular, que son los llamados decretos

o reglamentos; y el poder judicial se expresa por medio de reglas

de derecho, que son las sentencias o resoluciones dictadas por los

tribunales; siendo estos tres poderes independientes el uno del otro,

de acuerdo con la doctrina democrática de la soberanía popular.

En ocasión de este último resultado del derecho positivo

como medio de expresión, Duverger cita que ‘‘el derecho positi-

vo viene siendo al poder, lo que la palabra es al ser humano, su

medio de expresarse’’.

Ya concluimos brevemente, la inﬂuencia en principio del

derecho positivo sobre el poder. Vamos a ver ahora el derecho

positivo como garantía contra el ejercicio del poder.

Manual de Derecho Constitucional

47

En primer lugar, el derecho positivo, en su desarrollo social

a través de la historia, ha contribuido a la desaparición de lo que

se llamaba ‘‘el hecho del príncipe’’, es decir, que desaparezcan las

decisiones antojadizas y arbitrarias que tomaban los monarcas

absolutistas de los siglos pasados, porque ya pasamos con el de-

sarrollo de la regla de derecho positivo a la institucionalización

del poder, a la despersonalización del poder. También, el derecho

positivo crea procedimientos protectores de los individuos, es

decir, procedimientos de limitación del ejercicio del poder.

Existe ya, desde hace algunos siglos, una institución que tuvo

su origen en Inglaterra y se ha desarrollado a través de todos

los regímenes democráticos, que es el llamado procedimiento

de Habeas Corpus, que es un procedimiento existente en todas

las democracias para salvaguardar a los individuos, a los seres

humanos, contra las detenciones o encierros arbitrarios de parte

del poder. Además, hay muchas disposiciones en los códigos de

procedimiento de diversos países, que garantizan el derecho de

defensa, el derecho de que se celebren audiencias públicas para

conocer de los juicios penales contra los seres humanos; de los

plazos legales para uno estar obligado a comparecer a juicio, y

de cumplir con determinadas reglas procesales de derecho. En-

tre todos esos procedimientos de protección al individuo, nos

encontramos que, en la Declaración Universal de los Derechos

Humanos, que forma parte de la carta de las Naciones Unidas, y

que es obligatorio su cumplimiento por parte de todos los países

suscribientes de esa carta de las Naciones Unidas, hay una dis-

posición de derecho positivo que garantiza un derecho humano,

que es el artículo once, inciso primero. En este se expresa que

toda persona a que se acusa de un delito, tiene derecho a que se

presuma su inocencia, mientras no se compruebe su culpabili-

dad, conforme a la Ley y en un juicio público, en el que se le ha-

yan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Este

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

48

consiste en uno de los de más importantes derechos humanos,

que todos los individuos, todos los seres humanos, deberíamos

conocer a fondo y ejercerlo y defenderlo plenamente, con todas

las fuerzas necesarias.

En reaﬁrmación de ese derecho humano, nuestra vigente

Constitución de 1994, en su artículo 10, dispone lo siguiente:

‘‘La enumeración contenida en los artículos 8 y 9 no es limitativa,

y por consiguiente no excluye otros derechos y deberes de igualdad

naturaleza’’. Es decir, que abarca todos los derechos que forman

parte de la ‘‘Declaración de los Derechos Humanos’’, por parte

de las Naciones Unidas, en el año 1948, los cuales son obliga-

torios para todas las naciones suscribientes de la ‘‘Carta de las

Naciones Unidas’’.

7. DERECHO NATURAL

Después de haber examinado el derecho positivo como

uno de los fundamentos del poder o autoridad, vamos ahora

a examinar, un poco más brevemente, el derecho natural, con

ese mismo carácter de fundamento del poder o autoridad de los

gobernantes.

El derecho natural se podría considerar como un conjunto de

creencias o doctrinas esparcidas a través del tiempo y en diferentes

lugares, que han contribuido en gran manera a crear en la mente

y conciencia de los seres humanos, la existencia de un derecho no

escrito, pero que se impone a gobernantes y gobernados.

Maurice Duverger deﬁne el derecho natural como ‘‘el

conjunto de principios que la naturaleza ha puesto en la razón

humana, que pertenecen a la naturaleza misma del hombre, y

que el legislador debería tener en cuenta, incluyéndolo en el

derecho positivo’’.

Manual de Derecho Constitucional

49

El diccionario enciclopédico abreviado Espasa-Calpe edic.

1974, pág. 823, deﬁne el derecho natural de la siguiente manera:

‘‘primer principio que inspira invariablemente la naturaleza acerca

del bien y del mal’’.

7.1 NOCIÓN DE DERECHO NATURAL

Las concepciones referentes a dicho tipo de derecho, son

muy diversas, y han dado lugar a numerosas discusiones. Esas

concepciones se pueden ordenar en dos grandes categorías: las

concepciones metafísicas, y las concepciones cientíﬁcas o socio-

lógicas. Examinemos primero las concepciones metafísicas.

Todas esas concepciones parten de la aﬁrmación de que el

derecho positivo debe ser la expresión de principios que se im-

ponen a las autoridades públicas, a causa de su valor propio: los

principios del derecho natural. Se aﬁrma, que existe un derecho

superior a los gobernantes, al cual ellos deben obedecer, al cual

los ciudadanos deben someterse, aún cuando deban desobedecer

para esto, a las leyes del Estado. De ahí (ese deber) que podamos

ver, que el derecho natural está íntimamente ligado a la moral.

Además, el derecho natural y la de legitimidad están muy próxi-

mas, ya que la legitimidad es uno de los aspectos que presenta

el derecho natural. Mientras que el derecho natural se extiende

a todas las relaciones sociales, la legitimidad solamente se reﬁere

a un solo tipo de relaciones sociales: aquellas que se reﬁeren al

poder, y a la obediencia que le es debida al mismo.

En sentido sociológico, para el sociólogo, el derecho na-

tural es un conjunto de creencias que están esparcidas en un

gran número de sociedades y en diferentes tiempos o momentos

históricos, en los cuales juega un papel muy importante, gracias

a su valor propio.

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

50

En su desarrollo histórico, el derecho natural ha existido

desde la antigüedad clásica. Mas luego, en la Edad Media, los

teólogos de esa época, invocaban principios de derecho natural

para tratar de limitar la autoridad o poder de los monarcas y em-

peradores de ese entonces. De ahí que veamos, que en la época

de la Edad Media, esos teólogos católicos, desarrollaron la idea

de la legitimidad del derecho de resistencia contra la opresión y

las leyes injustas (de manera destacada, Santo Tomás de Aquino).

Más luego, en el siglo XVIII, los ﬁlósofos de esa época,

racionalizaron esas ideas expuestas por los teólogos de la Edad

Media, llevándolas al campo de la razón. De ahí surgió la idea

o los principios de la Declaración de los Derechos del Hombre

y del Ciudadano, a continuación de la Revolución Francesa, los

cuales se extendieron por todo el mundo.

Por otra parte, el derecho natural ha servido como fuente

del derecho positivo desde varios aspectos. En primer lugar,

el derecho natural sirve con frecuencia de motivación o de

justiﬁcación al legislador del derecho positivo, para que, al

dictar o probar diversas leyes que consideran que su aplicación

es necesaria, las motivan mediante considerandos que abarcan

ideas de derecho natural, como el bien común, el interés social,

etc., a ﬁn de justiﬁcar la ley que es aprobada y para que sea

cumplida por todos. Por ejemplo, el Principio I del Código

de Trabajo Dominicano, señala lo siguiente: ‘‘El Trabajo es

una función social que se ejerce con la protección y asistencia

del Estado. Este debe velar porque las normas del derecho de

trabajo se sujeten a sus ﬁnes esenciales, que son el bienestar hu-

mano y la justicia social’’. Igualmente, cuando en algunas leyes

hay ambigüedad, obscuridad o silencio, los jueces necesitan

entonces apelar a conceptos, a nociones de derecho natural,

para decidir o fallar según la equidad, que es un principio bá-

sico del derecho natural.

Manual de Derecho Constitucional

51

Además, algunas constituciones han llegado a establecer

en sus reglas o normas de carta fundamental, la idea de la legi-

timidad de la resistencia contra las leyes injustas, es decir, que

han llevado al campo de esas reglas de derecho positivo, de la

carta fundamental, la idea de derecho natural, de la legitimidad

del derecho de resistencia contra las leyes injustas.

Por ejemplo, en nuestra Constitución del año 1963, en su

artículo 81, se estableció ese principio de derecho natural, pero

entonces, establecido en la Constitución como regla de derecho

positivo: ‘‘Art. 81.- Se declara legítima la resistencia encaminada

a la protección de los derechos humanos consagrados más arriba,

los cuales no excluyen los demás que esta Constitución estable-

ce, ni otros de igual naturaleza o que sea una resultante de la

soberanía del pueblo y del régimen democrático’’.

7.2 INFLUENCIA DEL DERECHO NATURAL

SOBRE EL PODER

Como hemos dicho, la teoría del derecho natural, ha sido

elaborada, ha sido esparcida a través del mundo, como una idea

para resistir el poder. Es decir, que por lo general, sus partida-

rios son los oponentes del poder. Al utilizarse como medio de

resistencia al poder, arguyendo que hay un derecho que está por

encima del poder de los gobernantes, que está por encima de los

gobernados, y que todos deben obedecer, se aﬁrma la idea de la

trascendencia del derecho. O sea, que hay un derecho que tras-

ciende al poder de los gobernantes, que va más allá de la vida de

los gobernantes. Esta idea, es combatida por algunos al denegar

la existencia del derecho natural, y exponer que el único derecho

válido, es el que se encuentra en las reglas del derecho positivo.

A estos partidarios de la negativa sobre la existencia del derecho

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

52

natural, y de la aﬁrmación de que el único derecho existente es

el positivo, se les llama la Escuela o los teóricos del positivismo

jurídico, que considera que el único derecho existente es el crea-

do por el ser humano.

Como hemos dicho, el derecho natural, sirve como medio

de resistencia al poder, para oponerse al poder, pero, algunas

veces, ese derecho natural ha sido utilizado como un medio de

aﬁanzamiento del poder de los gobernantes. En el mundo, a

través de la historia, han existido gobernantes que se apoyan en

el derecho natural, para lograr aﬁanzar, reforzar su poder. Por

ejemplo, en España, el generalísimo Francisco Franco, mientras

gobernó, hizo imprimir una moneda con la eﬁgie de él, donde

se leía más o menos, ‘‘Francisco Franco, caudillo español, por la

gracia de Dios’’. Aquí, en nuestra República Dominicana, Rafael

Leónidas Trujillo se hizo llamar, y otorgar el título de Benefactor

de la Patria y Padre de la Patria Nueva, y en una ocasión, hubo

algunas personas que intentaron darle el título de Benefactor de

la Iglesia, lo cual no fue logrado, porque al parecer, fue rechazado

por el Vaticano.

De todas maneras, han existido gobernantes, que utili-

zando principios de derecho natural, han tratado, lográndolo

algunas veces, aﬁanzar o conﬁrmar, o reforzar su poder de

gobernantes.

Hasta aquí, hemos completado los diferentes fundamentos

de la autoridad o poder, que señalamos más arriba, que son: la

naturaleza, la coerción o constreñimiento, las creencias o doctri-

nas, y el derecho. En relación con el derecho, vimos los conceptos

e inﬂuencia del derecho positivo, y los del derecho natural.

Vamos a examinar ahora, con respecto a la autoridad o

poder de los gobernantes, el cuadro o marco esencial, dentro

del cual se desarrolla el concepto de la autoridad o poder, que

es el Estado.

Manual de Derecho Constitucional

53

Lo examinaremos como el marco o cuadro fundamental del

ejercicio del poder, pero tomando en cuenta además, los otros

cuadros o marcos sociales, donde se ejercita el poder.

8. EL ESTADO

El fenómeno del poder se maniﬁesta en todos los grupos

humanos, en todas las sociedades.

Cada uno de ellos es el cuadro o marco esencial en cuyo

interior se desarrolla un poder. Pero esos grupos sociales

o marcos donde se maniﬁesta el poder o autoridad en di-

ferentes formas y grados, no están aislados unos de otros;

todos están unidos por una interrelación de sus poderes o

autoridades. Según el Lic. Manuel Amiama, ‘‘El Estado es

una comunidad social, más o menos numerosa, con una or-

ganización gubernativa propia e independiente de toda otra

comunidad, y asentada en un territorio propio’’. De todas

maneras, el Estado, es una sociedad, a nuestro entender la

más perfecta, hasta el momento actual, a pesar de ciertas

tendencias internacionales, donde se desarrolla el poder o

autoridad de los gobernantes, sobre el grupo social que en

conjunto se llama Estado.

Harold J. Laski, político inglés, en su libro ‘‘Introducción a la

política’’, edición 1960, expresa lo siguiente: ‘‘El Estado es un me-

dio de regular la conducta humana, por eso, el Estado solo tiene

derecho a la victoria, cuando prueba a sus conciudadanos, que sus

leyes han de serle de mayor provecho, por lo tanto, su soberanía

depende de la calidad de vida que proporcione a sus miembros’’.

El profesor Georges Bourdeau, autor de la obra ‘‘Derecho

Constitucional e Instituciones Políticas’’, edición 1962, deﬁne el

Estado de la siguiente manera: ‘‘El Estado es el titular abstracto

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

54

y permanente del poder, del cual los gobernantes no son más que

agentes de ejercicio esencialmente pasajeros. El Estado, es una

explicación, una justiﬁcación, y una utilización del fenómeno

social que es el poder’’.

En relación con el vocablo Estado, Maurice Duverger, en su

obra ‘‘Instituciones Políticas y Derecho Constitucional’’, edición

de 1962, dice lo siguiente: ‘‘La palabra Estado tiene dos sentidos

diferentes. Sin duda, un parentesco visible relaciona esas dos

signiﬁcaciones. El Estado, en el primer sentido, es decir, Esta-

do-gobierno, designa al conjunto de gobernantes de una nación

soberana, o sea, de un Estado en el segundo sentido, es decir,

Estado-nación. En deﬁnitiva, el segundo sentido, de Estado

nación, es más amplio que el primero, y en cierto sentido, lo

engloba.’’

8.1 EL ESTADONACIÓN

Continuando, Maurice Duverger expresa que ‘‘Estado-Na-

ción es un grupo humano, una comunidad la cual se distingue de

las otras por varios criterios; los lazos de solidaridad son particu-

larmente intensos en ellos, y su organización es particularmente

poderosa. Los Estados-naciones–continúa diciendo Duverger-

constituyen en la hora actual, las comunidades humanas mejores

organizadas políticamente’’.

En relación con los dos sentidos o acepciones del vocablo

Estado, el Estado-gobierno y el Estado-nación, vamos a exa-

minar por ahora, lo que es el Estado-nación, o el grupo social

por excelencia, donde se desarrolla el poder o autoridad. Más

adelante, trataremos el concepto de Estado-gobierno, cuando

veamos las diferentes estructuras gubernamentales.

Manual de Derecho Constitucional

55

8.2 SOBERANÍA DEL ESTADONACIÓN

El Estado-nación, se diferencia de los demás grupos huma-

nos por dos características esenciales: primero, por la perfección

de la organización gubernamental; y segundo, por la intensidad

de los lazos de solidaridad de los miembros integrantes del Esta-

do. Veamos primero, la primera característica mencionada.

En relación con el carácter de la perfección de la organi-

zación gubernamental superior del Estado, veremos primero,

la relación o división de trabajo entre gobernantes; segundo,

el sistema de sanciones organizadas; y tercero, la disposición

de la fuerza material más grande. Examinemos a continuación

el primer concepto: en todo Estado-nación moderno, existen,

sobre todo en las llamadas democracias, una división de pode-

res (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), encargados cada uno, de

una de las ramas de los tres poderes del Estado. El Legislativo

es el encargado de establecer las reglas de derechos generales,

impersonales, adjetivas. El Ejecutivo es el encargado de poner

en vigencia, por actos materiales, o por reglas de derechos parti-

culares, las reglas de derecho general establecidas anteriormente

por el Poder Legislativo. El Poder Judicial, por último, pero con

tanta importancia como los anteriores, es el encargado de juzgar

y sancionar a quienes cometen las transgresiones a las reglas de

derecho del Estado. Esta división de trabajo del Estado-nación,

es muy superior a cualquier otra división de trabajo, en socieda-

des comerciales, sociedades incorporadas, sociedades políticas,

sociedades culturales, cientíﬁcas, religiosas, etc. Es decir, que

esa división de trabajo en el Estado nación es muy superior a

la división de trabajo y de organización que existe en los demás

grupos humanos.

En segundo lugar, en lo que se reﬁere a los sistemas de san-

ciones organizadas, encontraremos que en el Estado, existen le-

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

56

yes en general, códigos penales, códigos de procedimientos, etc.

en los cuales se establecen las sanciones que deben ser aplicadas

a cada ciudadano cuando transgrede o viola una regla derecho.

Además de existir esas reglas sancionadoras, existen los tribuna-

les, que son los organismos encargados de poner en vigencia o

aplicación, esas reglas sancionadoras. Y, luego que es dictada la

sentencia por los tribunales, vienen entonces los sistemas can-

celarios, los sistemas en los cuales se da cumplimiento efectivo

y práctico, a las sanciones decididas por el Poder Judicial. Este

sistema de sanciones organizadas, es muy superior, a cualquie-

ra que exista en otros grupos sociales, tales como los comités

de vigilancia, los comités de disciplina, etc., los cuales pueden

aplicar sanciones transitorias, o expulsiones o suspensiones de

miembros del grupo social.

En tercer lugar, en caso de conﬂicto entre las disposiciones

legales y sancionadoras del Estado y las disposiciones estatutarias

o reglamentarias de los demás grupos sociales, naturalmente,

el Estado dispone, para aplicar con toda la fuerza necesaria, su

fuerza material, que es mucho más grande y más organizada,

para poner en vigencia sus decisiones, por encima de las demás

decisiones de los otros grupos humanos.

El otro carácter que sirve para diferenciar al Estado de los

demás grupos humanos, en lo que reﬁere al ejercicio del poder

dentro de cada uno de esos grupos sociales, está la intensidad

de los lazos de solidaridad. En el Estado nación, hasta ahora,

los lazos de solidaridad humana, que se llaman patriotismo,

nacionalismo, etc., son muy superiores a los lazos de solidaridad

que existen en los demás grupos humanos, como la solidaridad

deportiva, religiosa, cultural, técnica, etc.

Los elementos que determinan esa solidaridad entre los

miembros del Estado-nación, que determinan lo que se llama

comunidad nacional, son: por un lado los llamados elementos

Manual de Derecho Constitucional

57

espirituales y elementos materiales; y por otro lado, también

entra en juego, el papel de la historia en cada Estado-nación, y

los prototipos que se crean con esas historias.

Ente los elementos materiales y/o espirituales están la co-

munidad de religión, la comunidad de lengua, comunidad de

territorio, comunidad de aspiraciones sociales del grupo llamado

Estado, y los ideales comunes en sentido general que abarcan

esa comunidad nacional, que se llega a llamar, o que llega a

integrar lo que comúnmente se denomina como nacionalismo.

Además, entre esos elementos que determinan la intensidad de

los lazos de solidaridad, se encuentra la historia que se forja sobre

sí mismo cada pueblo. Con frecuencia, se ve que en cada nación

se forja una historia de los hechos que abarcan, algunas veces,

desde su vida de antes de ser independiente hasta los tiempos

recientes, que es una historia, muchas veces no objetiva, sino

en las cuales entran en juego muchos mitos históricos, que son

creados por los historiadores, con el ﬁn de determinar el surgi-

miento de propósitos a ser seguidos por los demás miembros de

la sociedad, es decir, a ser seguidos o copiados por los miembros

de la sociedad, a ﬁn de lograr el desarrollo colectivo humano,

económico, político y religioso de una nación.

Vamos a ver ahora la relación entre el Estado nación, sus

características de perfección de organización gubernamental y de

intensidad de los lazos de solidaridad, en relación con los otros

cuadros o marcos sociales donde se ejerce el poder.

Hasta el momento actual, y por lo que se ha explicado, exis-

te una supremacía del Estado, que ha dado origen a la teoría de

la soberanía del Estado, es decir, que está por encima de los otros

grupos humanos. En cierto sentido, el Estado y su estructura

tienden a absorber las comunidades más pequeñas, que funcio-

nan en su interior. Por ejemplo, las sociedades comerciales nece-

sitan y tienen, para nacer, vivir o actuar, de disposiciones legales,

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

58

de derecho comercial, que establecen la forma en la cual pueden

surgir, y en la cual pueden mantenerse, por medio de leyes co-

merciales, leyes adjetivas emanadas del organismo legislativo del

Estado. Otras sociedades incorporadas, que no persiguen bene-

ﬁcios pecuniarios, para nacer y actuar con personalidad jurídica,

necesitan llenar los requisitos de la Ley 520 del Estado, para que

puedan actuar en la vida jurídica y social; es decir, dependen

también de disposiciones o reglas de derecho establecidas por

el Estado. Igualmente, las demás sociedades culturales, deporti-

vas, técnicas, religiosas, necesitan para su surgimiento a la vida

activa y para su mantenimiento, de reglas de derecho positivo

establecidas por el órgano legislativo del Estado. De ahí que se

compruebe, la superioridad del Estado sobre todas las comuni-

dades más pequeñas que funcionan en su interior.

En cuanto a otras comunidades sociales tan grandes como

el Estado, que forman otros Estados-naciones, a través de la

historia se han hecho grandes esfuerzos en darles una fuerza ju-

rídica internacional, que sea superior a la soberanía del Estado.

Esto todavía no se ha logrado mundialmente, en el sentido de

que todos los Estados-naciones tengan una absoluta igualdad de

derechos.

Aún más, en los últimos años se ha tratado de poner en vi-

gencia la teoría de la globalización, donde se tratan de equiparar

normas de tributación aduanal, iguales para todas las naciones;

eso está todavía en vías de aplicación y de cumplimiento ﬁnal en

varios años, lo cual, según nuestra modesta opinión, perjudicará

a los pequeños Estados-naciones, y beneﬁciará a los grandes, con

superior desarrollo económico y social.

Es bueno aclarar algunos puntos en relación con los orga-

nismos internacionales, OEA, Naciones Unidas, Comunidad

o Unión Europea, etc. Esas instituciones internacionales están

integradas por delegados o embajadores, miembros de cada

Manual de Derecho Constitucional

59

Estado-nación soberano y que, por tanto, el papel de esos dele-

gados, es expresar allí, los deseos, las intenciones y las decisiones

emanadas de los gobiernos soberanos que les designaron como

representantes o embajadores. Además, hay ciertas diferencias,

como la institución denominada Organización de Naciones

Unidas, donde hay un organismo, el Consejo de Seguridad,

formado por las grandes naciones y varias pequeñas naciones, en

el cual las grandes naciones tienen el llamado derecho al veto, lo

que rompe la supuesta igualdad entre todos los Estados sobera-

nos, y le da cierta preeminencia, a los Estados-naciones grandes,

sobre los pequeños Estados-naciones.

8.3 SUPREMACÍA DEL ESTADO Y SOBERANÍA

DEL ESTADO

Todavía en la época actual se habla de la supremacía del

Estado. Esta supremacía, es un hecho material, el hecho mate-

rial de que el Estado está aún por encima de los demás grupos

humanos que existen en su interior. Esa supremacía del Estado,

se traduce al campo del derecho, para que se hable entonces, de

soberanía del Estado. Mientras la supremacía del Estado es un

hecho material, la soberanía del Estado, signiﬁca o encierra una

doctrina en la cual se expresa el hecho material de la supremacía

del Estado, pero dentro del campo del derecho. Es decir, que la

soberanía del Estado es una doctrina o teoría jurídica que expre-

sa en el campo del derecho, el hecho material de la supremacía

del Estado.

Al hablar de soberanía, nos encontramos que ya, anterior-

mente, habíamos expresado algo sobre la soberanía. Pero, entre lo

que se ha hablado anteriormente sobre soberanía, y la soberanía

de la que estamos hablando ahora, hay una diferencia. La sobe-

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

60

ranía de que se habló anteriormente es la soberanía en el Estado,

es decir, que consagra al soberano, al titular o dueño original

del poder, que es a lo que se reﬁere la soberanía en ese sentido

(en el Estado), y que en los Estados democráticos modernos,

donde predomina la doctrina de la soberanía popular, o llamada

fraccionada, el pueblo es el soberano, o sea, que cada ciudadano

tiene una porción proporcional de la soberanía y que la suma de

esas fracciones, forman la soberanía total en el Estado, es decir,

del titular o dueño original del poder.

Esta doctrina de la soberanía en el Estado está consagrada

en el artículo 2 de nuestra constitución dominicana, donde se

expresa que el pueblo es el soberano, y donde consta textual-

mente que: “la soberanía nacional corresponde al pueblo, de quien

emanan todos los poderes de Estado, los cuales se ejercen por repre-

sentación’’, o sea, que la teoría de la soberanía en el Estado se

reﬁere al dueño titular original del poder en el Estado. Esa es la

doctrina de la soberanía que ya hemos explicado al comienzo de

la materia.

La teoría de la soberanía a la que nos referimos ahora, es la

teoría de la soberanía del Estado, que corresponde a la nación,

que está consagrada en el artículo 3 de nuestra Constitución,

donde se establece textualmente: ‘‘La soberanía de la nación

dominicana, como Estado libre e independiente, es inviolable.

La República, es y será siempre libre e independiente de todo

poder extranjero. Por consiguiente, ninguno de los poderes pú-

blicos organizados por la presente constitución, podrán realizar

o permitir la realización de actos que constituyen una interven-

ción directa o indirecta, en los asuntos internos y externos de

la República Dominicana, o una injerencia que atente contra

la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que

se le reconocen y consagran en esta constitución. El principio

de la no-intervención, constituye una norma invariable de la

Manual de Derecho Constitucional

61

política internacional dominicana, etc.” Es decir, que la sobe-

ranía del Estado se reﬁere a lo que acabamos de explicar, que

es la expresión jurídica de la supremacía del Estado sobre los

demás grupos sociales que funcionan en su interior, o los demás

grupos humanos que constituyen Estados-naciones, al igual del

que se señala.

Esa soberanía del Estado, es decir, la que se reﬁere a la su-

premacía del Estado desde el punto de vista jurídico, además

de estar sometida a ideas o tendencias modernas de interna-

cionalización, de globalización, está sujeta a ciertas tendencias

que tienden a disminuir esa soberanía del Estado, que consisten

o se reﬁeren a la existencia de los llamados Estados federales.

Los Estados federales, son aquellos en cuyo interior, hay grupos

humanos que gozan de cierta autonomía, denominados Estados

federados, que, unidos, constituyen el total del Estado federal.

Pero siempre, el Estado federal, donde existe, permite o admite,

ciertas reglas interiores de los Estados federados, que no pueden

ser violadas. Según tengan importancia esas reglas de derecho

de los Estados federados, hay o no una limitación, más o menos

fuerte, a la fuerza del Estado federal. En los Estados federales,

además de existir una constitución federal, existen las consti-

tuciones de los Estados federados, que por norma general, no

pueden contener reglas que contradigan a las disposiciones de la

constitución federal. Ejemplo de esos Estados federales son, los

Estados Unidos de Norte América, Estados Unidos del Brasil,

Estados Unidos de México, etc.

Como dijimos al iniciar estas ideas acerca del derecho cons-

titucional, en lo que se reﬁere a los problemas de la autoridad

o poder de los gobernantes, que se encuentran en la base de

todos los regímenes políticos, señalamos que primero exami-

naríamos los problemas relativos a la autoridad o poder de los

gobernantes. Ya hemos estudiado los fundamentos del mismo, y

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

62

el cuadro fundamental donde se ejerce; dijimos que, en segundo

lugar, examinaríamos la forma de escoger, o de ser designados los

gobernantes; en tercer lugar, examinaríamos la estructura de los

gobernantes, es decir, como están conformados los distintos ór-

ganos del Estado o del gobierno; y que, en cuarto lugar, veríamos

los límites que conlleva el ejercicio del poder. De tal manera, que

vamos ahora a entrar a la segunda parte señalada: la forma de ser

escogidos o electos los gobernantes.

9. DESIGNACIÓN DE LOS GOBERNANTES

En relación con la designación, escogimiento o elección de

los gobernantes, debemos comenzar señalando, que en la antigüe-

dad, los gobernantes no eran elegidos. Ellos detentaban el poder

porque eran considerados, con frecuencia y en la gran mayoría,

como Dioses. Además de ser dioses, ejercían el poder sobre la so-

ciedad donde regían, el poder político. El ejercicio de su poder, era

considerado algo natural, como ver llover, ver que sale el sol, que

cae la noche, etc., como un don de la naturaleza, como un don

perteneciente a dioses.

La idea de elegir a los gobernantes es una idea moderna, de

tal manera, que hoy en día, en las llamadas democracias de los

países occidentales, existe la tendencia a deﬁnir a los regímenes

democráticos, como los regímenes donde los gobernantes son ele-

gidos por votos o sufragios, ejercidos libremente y sin estar sujetos

a ninguna condición de capacidad o de posición económica.

Las teorías democráticas han dado a través de la historia, una

importancia o signiﬁcación distinta al sufragio o elección. Esta

diferencia de importancia, ha tenido su origen en las diferentes

controversias que han existido, entre las distintas sociedades, en

relación con el problema de la representación política.

Manual de Derecho Constitucional

63

Ni en las democracias antiguas, ni en las teorías de

Rousseau, la democracia se deﬁne por el sufragio. En realidad,

es en el siglo XIX, que se han relacionado íntimamente esos

dos conceptos. En las democracias antiguas, como la ateniense,

había elecciones en las ciudades griegas, para la designación de

algunos magistrados, pero su concepto de democracia, descan-

saba principalmente, en la participación directa del gobernado

(el pueblo ateniense) en las tomas de decisiones. Este pueblo se

reunía en Asamblea en la colina Pnyx, donde tomaba decisiones

directamente; en ella elegían a los magistrados para el ejercicio

de determinadas funciones. Pero esas elecciones, no las hacían

por medio de sufragios o votos, como en los tiempos modernos,

sino que elegían a la suerte porque para ellos, elegir a la suerte

era dejar las decisiones en manos de los dioses; y en su concepto

de democracia, procuraban que esa elección de los magistrados

y funcionarios tuvieran cortos períodos de duración en sus fun-

ciones y además, era prohibida la reelección de los funcionarios.

Tales procedimientos tenían como ﬁn la posibilidad de que cada

ciudadano ateniense tuviera muchas oportunidades en su vida,

de haber sido magistrado o funcionario, y esto constituía uno de

los principios en los que descansaba su concepto de democracia.

De tal manera, el concepto fundamental de democracia

en Atenas descansaba, primero, en la participación del pueblo

en la toma directa de decisiones; segundo, en la elección de los

magistrados y funcionarios a la suerte; y tercero, en la votación

frecuente y los cortos períodos de ejercicio en sus funciones de

esos magistrados, para darle muchas oportunidades a cada ciu-

dadano, de llegar a ser funcionario o magistrado, por lo menos

una vez en su vida.

En realidad, es en el siglo XVIII, con el crecimiento y

expansión de los Estados Naciones, donde ya era imposible

utilizar el método del pueblo ateniense de reunirse a tomar sus

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

64

decisiones directamente, cuando nace la idea y la necesidad de

crear la representación nacional para ﬁnes del ejercicio del poder

en esas sociedades grandes, y comienza entonces a asimilarse la

idea del sufragio y el concepto de democracia.

Por otra parte, con el desarrollo de la historia, nos encontra-

mos con que, en las llamadas democracias marxistas, se pensaba

en el sufragio o la elección de los gobernantes por parte del pue-

blo, como una cuestión secundaria, ya que en estas democracias

marxistas se concebía que en realidad no había una elección

sincera donde participaran conjuntamente la clase explotada y

la clase explotadora, y que, por lo tanto, donde regía un régimen

marxista, no era necesario realizar una elección o sufragio como

en las demás democracias occidentales, ya que para los marxis-

tas, el poder está en manos del pueblo, considerando al pueblo

como la clase mayoritaria, o clase explotada, constituida por

trabajadores y empleados. Por esta razón, se consideraba siempre

en los regímenes marxistas, que el pueblo estaba en el poder,

descartando de esa manera la idea de que el sufragio o elección

era un derecho ciudadano para escoger a los gobernantes. Real-

mente, es en el siglo XIX, cuando comienza a desarrollarse con

más fuerza la asimilación o semejanza, entre democracia como

régimen político, y el sufragio o elección, ya que todas las luchas

políticas de este siglo, han girado alrededor de la elección o del

sufragio, tratando cada vez más, de ensanchar el derecho del voto

de la ciudadanía. Pero esa lucha ha dado lugar a que se amplíe

esa concepción de asimilación de democracia y sufragio, y se ha

llegado a asimilar también a las democracias donde se ejerce el

voto, con la idea de régimen liberal, en el cual los gobernados

gozan de las libertadas públicas fundamentales.

Como ya dijimos, al crecer los Estados Naciones en número

de habitantes y territorio, el ejercicio del poder en forma directa

por parte del pueblo, fue considerado como imposible. De tal

Manual de Derecho Constitucional

65

manera que, siendo el pueblo el soberano y el titular original del

poder, y al no ser posible ejercerlo directamente debido al gran

número de habitantes, se encuentra ese, entonces, en la necesi-

dad de llegar a establecer representantes que ejerzan ese poder

en su nombre y lugar. De ahí, que las primeras deﬁniciones que

se han dado sobre la elección, son las que consideran como “el

acto por el cual el pueblo escoge o designa a sus representantes,

para que ejerzan el poder en su nombre y representación”. De

tal manera que en ese concepto democrático, de elegir a todos

los gobernantes (los del Poder Ejecutivo, presidentes, ministros,

etc.; los que detentan el poder Legislativo para dictar o elaborar

reglas de derecho generales; y los que detentan el poder Judicial,

que imparten justicia en los tribunales), ninguno de ellos viene

a ser titular original del poder, ninguno tiene un poder propio,

sino que ese poder se mantiene como algo que es propiedad del

pueblo soberano, y esos funcionarios vienen siendo representan-

tes del pueblo para ejercer el poder, sea este legislativo, ejecutivo

o judicial.

10. DEMOCRACIA Y REPRESENTACIÓN

POLÍTICA

Pero al desarrollar esa idea de que por medio del sufragio o

elección, el pueblo soberano, titular original del poder, elige a sus

representantes para que ejerzan el poder en su nombre, se asimi-

ló el concepto de elección, con el concepto de representación, el

cual ha variado a través del tiempo y según diferentes doctrinas.

Por ejemplo, para Montesquieu, Locke y Rousseau, la idea de

la representación dio lugar a que ellos elaboraran las primeras

doctrinas acerca de la misma, pero al tratar la representación

política, ellos tomaban la palabra “representación” en sentido

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

66

jurídico, de tal manera, que en sentido general y en síntesis, para

ellos, la representación que se produce en elegir a los gobernan-

tes, consistía en un mandato jurídico, y lo asimilaban con la idea

del contrato de mandato establecido en el código civil, deﬁnido,

más o menos, como el acto mediante el cual una persona llamada

mandante, que en este caso sería el pueblo, le da a otra persona

llamada mandatario, que vendría siendo el gobernante, un poder

o autorización, para hacer o dejar de hacer determinados actos

en nombre o representación del mandante, quedando obligado

el mandante por los actos que realice su mandatario.

De ahí que esa teoría jurídica de considerar el poder ejerci-

do por los gobernantes en nombre del pueblo como un contrato

jurídico, conllevara a que se pretendiera con frecuencia, consi-

derar que cuando los representantes o mandatarios, ejerciendo el

poder en virtud del mandato jurídico, no cumplían, o cumplían

mal, el mandante, en este caso el pueblo, tenía derecho a revo-

car ese poder, es decir, a destituir esos gobernantes.

Más luego, con el desarrollo en el tiempo de las ideas po-

líticas acerca de la democracia, se fue echando de lado esa idea

del mandato jurídico y de la representación jurídica, para caer

entonces en la idea o doctrina de una representación sociológi-

ca. Se quería que, con la elección de los gobernantes por parte

de los ciudadanos, el resultado de esa elección conllevaría una

asimilación o un parecido entre los gobernantes elegidos, con la

aspiración o voluntad del pueblo, es decir, como lo expone M.

Duverger, se quería conseguir como cuando se pinta un paisaje,

que el pintor (que viene siendo el pueblo), al pintar un cuadro

sobre un paisaje, el cuadro se asemeje a la realidad del paisaje na-

tural pintado. Entonces esta idea se asimiló, de tal manera, que

el resultado de la elección determinara que el gobernante elegido

y sus acciones, sus creencias, sus doctrinas, y su sistema político,

se asemejara al deseo o la voluntad política de los ciudadanos

Manual de Derecho Constitucional

67

que lo eligieron. A esto fue que se llamó una representación

sociológica.

En relación con este tipo de representación, se ha llegado

a distinguir entre los partidarios de esa doctrina, que existen dos

tipos de representación sociológica: representación de opiniones

y representación de voluntades.

Por ejemplo, para algunos tratadistas partidarios de esa idea,

en los países grandes, con numerosas poblaciones y numerosos

partidos políticos, donde existen partidos mayoritarios y parti-

dos minoritarios, cuando se hace una elección, se produce una

representación de opiniones, es decir, que los partidos minori-

tarios, a sabiendas de que no van a obtener el poder ni a tener

representantes debido a ser minoritarios, sus partidarios emiten

sus votos de todas maneras, para expresar su opinión sobre el tipo

de gobierno ideal que ellos quisieran que ejerciera el poder en su

Estado Nación, y por esto se le llama sistema de representación

de opiniones de los miembros de numerosos partidos. Ejemplo

de esto ocurre en Francia e Italia.

Pero por otro lado, esa idea de representación sociológica

da lugar, a que en otros casos, se diga que sociológicamente hay

una representación de voluntades, por ejemplo, en Inglaterra,

con dos grandes partidos mayoritarios (aunque hay otro muy

minoritario), cuando los ciudadanos ingleses depositan su voto

para elegir los representantes para que los gobiernen, se conside-

ra que se maniﬁesta una representación de voluntades, porque

el ciudadano inglés vota con la voluntad de que su partido sea

en esa ocasión de voluntades, porque el ciudadano ingles vota

con la volunta de que su partido sea en esa ocación mayoritario

y que ejerza el poder siguiendo los principios democráticos de

ese partido.

Los estudiosos de la representación sociológica tam-

bién han llegado a considerar dos tipos de democracias: la

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

68

democracia directa y la democracia mediatizada. Duverger, en su

obra Instituciones Políticas y Derecho Constitucional, llama demo-

cracia directa a un “régimen político en el cual los ciudadanos

designan ellos mismos, en hecho, directamente (cual que sea el

procedimiento jurídico) al jefe del gobierno. Tal es el caso en

Gran Bretaña y en los Estados Unidos, por medio de procedi-

mientos diferentes”. En cambio, Duverger considera también

que en los Estados del oeste del continente europeo, donde el

régimen parlamentario funciona con partidos numerosos, el jefe

de gobierno es designado por directores de los partidos, según

combinaciones que escapan a la voluntad de los ciudadanos y

que se realizan sin la expresión o decisión directa de ellos; en este

sistema, los electores eligen solo a los diputados o miembros del

Parlamento, después estos eligen libremente al jefe de gobierno,

y lo revocan también libremente. Ellos juegan a ese respecto, un

papel de mediadores, de ahí que entonces, Duverger llame a ese

tipo de sistema, democracia mediatizada.

11. LA ELECCIÓN O SUFRAGIO: DIVERSAS

IDEAS ACERCA DE LA MISMA.

La idea de democracia implica que en un país rija fran-

camente el sufragio universal, es decir, el voto de todos los

ciudadanos por igual. Pero esa idea siempre fue peligrosa en

los inicios de la puesta en práctica de las elecciones, ya que

existían varios grupos políticos que veían amenazadas sus pre-

rrogativas políticas y económicas frente a las masas populares.

Es decir, después de la Revolución francesa, en la cual triunfó

la burguesía sobre la aristocracia, y sus posteriormente a esa

revolución, se fueron desarrollando ideas por la lucha entre la

clase burguesa triunfante y la clase popular mayoritaria. La

Manual de Derecho Constitucional

69

clase burguesa le temía a las clases populares, no quería que se

llegase a la idea del desarrollo de un sufragio donde todos los

ciudadanos participasen por igual, sino que trataron, medios

desviados, mantener al pueblo en una situación en la cual no

tuvieran derecho al sufragio todos los ciudadanos.

En la mayoría de las naciones donde ha surgido la idea de

sufragio o elección de los gobernantes, como consecuencia del

establecimiento de un régimen democrático, no se estableció

directamente, desde su inicio, el sufragio universal, sino que este

fue precedido de una fase transitoria, la cual llamado sufragio

restringido.

De tal manera, que en la lucha política despúes de la re-

volución francesa, en la mayoría de los países, se han esparcido

las ideas de lo que se conoce como electorado-derecho y electo-

rado-función. La teoría del electorado-derecho tiene su funda-

mento en la doctrina patrocinada por Juan Jacobo Rousseau, de

la llamada soberanía fraccionada, según la cual, cada ciudadano

es propietario de una porción proporcional de la totalidad del

poder, y que la suma de todas esas fracciones de poder que po-

seen los ciudadanos, es lo que conforma la soberanía popular, y

por tanto, en virtud de esa porción de soberanía que tiene cada

ciudadano, él mismo tiene el derecho de participar con su voto

para escoger los gobernantes de una nación, y en consecuencia,

al ejercer cada uno este derecho, según le indique su conciencia

y voluntad, quedará en libertad de usar o no el mismo, en virtud

de la fracción de soberanía que le pertenece, según hemos indi-

cado anteriormente.

Por el contrario, se desarrolló otra doctrina a la par de la

soberanía popular o fraccionada, llamada la soberanía nacional,

cuyos principales autores eran los burgueses que dominaban la

sociedad después de su triunfo sobre la aristocracia. Barnave,

político francés, citado por Maurice Duverger en su obra, expre-

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

70

saba lo siguiente. “La calidad de elector no es más que una función

pública a la cual nadie tiene derecho, y la cual la sociedad dispensa

según como lo mande o prescriba su interés”. A seguidas, continúa

Duverger citando: “Si la nación estima que su interés lo exige, ella

podrá disponer la obligatoriedad del ejercicio del poder electoral, pro-

hibiendo las abstenciones”. Es decir, con la doctrina de la soberanía

nacional, se dio inicio a lo que se llama doctrina del electorado-

función, que sugiere que cada ciudadano que participe en una

elección, actúa como un funcionario cuando la nación le permi-

te ejercer esa función. El cómo los ciudadanos pueden ejercer

esa función, lo veremos más adelante al desarrollar la teoría del

sufragio restringido.

11.1 SUFRAGIO RESTRINGIDO

Se llama sufragio restringido aquel en el cual el poder elec-

toral no es concedido a todos los individuos, sino solamente a

los que llenan determinados requisitos o condiciones de posición

económica o de capacidad. Es decir, que este tipo de sufragio

está condicionado por niveles de fortuna o de capacidad. Este

sistema se ha dividido dos formas distintas: Voto censatario o

censal y el voto capacitario o de capacidad.

El sufragio censatario o censal era aquel en el cual los

ciudadanos, para poder participar con su voto en la elección

de los gobernantes, debían pagar una suma o tasa electoral,

llamada censo electoral, generalmente bastante alto. Con esto

se eliminaba del voto a las clases de bajo nivel económico que

no podían cubrir o pagar el citado censo o tasa electoral. Fren-

te a las grandes críticas que se desarrollaron en varios países,

arguyéndose que si las clases más pobres estaban obligadas a

defender una nación al igual que las clases adineradas, pues era

Manual de Derecho Constitucional

71

justo que ellos tuviesen el derecho al voto. Al ﬁn, bajo presiones

y luchas políticas, se cedió el paso al voto sin el pago del censo.

Por otra parte, se invocó también el llamado sufragio capacita-

rio, el cual exigía para ejercer el voto, cierto grado de capacidad

intelectual. Esta forma también ha ido desapareciendo, y sola-

mente subsiste en algunos países donde se mantiene todavía ese

sistema y donde no se permite el voto a personas analfabetas,

ya que se considera que no tienen conciencia de lo que van a

hacer al no saber leer o escribir. Este sistema de prohibición a

los analfabetos, no parecería antidemocrático, en las naciones

donde existe un índice bajo de analfabetismo (Costa Rica, por

ejemplo), ya que serían muy pocas las personas que dejarían de

ejercer el derecho al voto; pero en los países subdesarrollados o en

vía de desarrollo, que tienen un alto porcentaje de analfabetos, el

sufragio capacitario que solo permite el voto a los que saben leer

y escribir, este sistema entonces sí resulta ser antidemocrático, y

va en contra del derecho al sufragio como un derecho surgido

de la soberanía del pueblo. En nuestra primera constitución

de 1844, para citar un ejemplo, aunque se decía al comienzo

de la misma que regia la democrácia fundada en la soberanía

popular, existía un sufragio restringido, a consecuencia de las

doctrinas que imperaban para esa fecha en diversas naciones.

En esa primera Constitución, en su artículo 160, se decía lo

siguiente respecto del voto: “para ser sufragante en las asambleas

primarias, es necesario: Primero, ser ciudadano en el pleno goce de

los derechos civiles y políticos; Segundo, ser propietario de bienes

raíces, empleado u oﬁcial del ejército de tierra o mar, o patentado

por el ejercicio de alguna industria o profesión, o profesor de alguna

ciencia o arte liberal, o arrendatario por seis años a lo menos de

un establecimiento rural en actividad de cultivo”. De tal manera,

que lo establecido realmente por nuestra primera constitución

era un sufragio restringido, censal en el sentido en que exigía la

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

72

posesión de determinados bienes o rentas, pero también capa-

citario, en la medida en que exigía cierta capacidad para ejercer

el voto. (Es necesario tener en cuenta las doctrinas imperantes

en la época, a mediados del siglo pasado, cuando se elaboró esta

primera constitución de 1844).

11.2 SUFRAGIO UNIVERSAL

El sufragio universal se puede considerar desde el punto

de vista jurídico, aquel sistema en el cual el elector no está

sujeto a ningún requisito o condición, ni de capacidad ni de

posesión de bienes o fortuna, para participar en unas elec-

ciones con su voto. Es decir, que el sufragio universal, donde

existe, es en virtud de la vigencia de la doctrina del electora-

do-derecho. O sea, que los ciudadanos en la democracia de

la soberanía popular o fraccionada, con su sufragio ejercido

libremente, ejercen un derecho para elegir a los gobernantes,

a ﬁn de que los representen en el ejercicio del poder, el cual

deben ejercer en nombre y representación del pueblo, titular

original y único del mismo. Pero aun tratándose del sufragio

universal, en algunas épocas y países, se han permitido algunas

limitaciones en este sistema, que si no son graves, no atentan

a la universalidad del derecho al voto. Estas limitaciones son

de 5 tipos:

• Las limitaciones por el sexo.

• Las limitaciones por la edad.

• Las limitaciones por causa de indignidad.

• Las limitaciones por la raza.

• Las limitaciones relacionadas con la condición de mili-

tar.

Vamos a examinar cada una de ellas:

Manual de Derecho Constitucional

73

11.2.1 LAS LIMITACIONES POR EL SEXO

En numerosos países, el sexo ha sido una limitante

para el ejercicio del sufragio. De tal manera que a través del

tiempo, en muchas naciones, el voto era ejercido de manera uni-

versal solamente por los hombres. Se argüía que el papel de las

mujeres en la sociedad era un papel familiar, que debía desarro-

llarse en el hogar, sin salir al campo político, fuera de ese hogar.

Francia, una de las grandes naciones mundiales, estableció por

primera vez el voto de las mujeres, alrededor del año de 1945, tres

años más tarde que en la República Dominicana, donde se esta-

bleció el sufragio femenino en la constitución de 1942, cuando el

dictador Rafael Leónidas Trujillo, en medio de su creencia en la

supuesta adoración que profesaba su pueblo hacia él, quiso que la

mujer también participara de esa supuesta adoración, al ejercer el

voto en su favor. En Suiza, nación considerada como prototipo de

democracia, se estableció el voto de la mujer, a ﬁnales de la década

del 70 del siglo pasado, alrededor de 1977. Cada vez que en Suiza

se hacía un referéndum para conocer el parecer del pueblo en

cuanto a establecer el voto femenino, como en estos referéndums

participaban hombres, solamente, siempre se votaba en contra de

permitir el voto a las mujeres. Pero actualmente, en la mayoría de

las democracias, se le da igualdad al derecho del voto masculino

y al derecho del voto de la mujer, para considerarse como un país

genuinamente democrático.

11.2.2 LAS LIMITACIONES POR LA EDAD

En todas las naciones existe un cierto límite mínimo

de edad para que los individuos puedan ejercer el sufragio.

Este límite se considera como inofensivo a la democracia y al

sufragio universal, ya que un niño o un joven en la pubertad, no

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

74

poseen conciencia de lo que es la elección de los gobernantes.

Lo que no ha existido es una edad ﬁja universal, que determine

cuándo una persona en una nación se encuentra en aptitud de

ejercer el derecho al voto, pero generalmente esa edad ha ﬂuc-

tuado entre los 18 y 22 años de edad, asimilándose en la mayoría

de los casos la edad electoral con la mayoría de edad civil. En

cuanto a la edad máxima, no conocemos hasta la fecha ningún

obstáculo para que las personas de cierta edad avanzada puedan

participar en el voto.

11.2.3 LAS LIMITACIONES POR CAUSA DE

INDIGNIDAD

Se considera, en la mayoría de las democracias, que existen

ciertas causas de indignidad que impiden que algunos ciuda-

danos puedan ejercer el derecho al sufragio. Esta indignidad se

produce en las personas que han sido sometidas ante los tribu-

nales competentes por crímenes graves cometidos, y que son

condenadas a penas altas de prisión, debido a la gravedad de la

infracción cometida. Es natural entonces, que se considere que

esas personas no tienen derecho a participar en las elecciones con

su voto cuando están cumpliendo esas penas, o hasta tanto no

hayan sido rehabilitadas civilmente.

Esto no atenta contra la universalidad del pueblo derecho al

voto, ya que el porcentaje de esas personas condenadas de esa ma-

nera, en relación con la totalidad de los votantes de una nación,

es mínima, y no es atentatorio ni a la democracia ni a ese derecho.

Aún más, en algunas naciones, después que una persona cumple

la pena o es indultada, existe un procedimiento de rehabilitación

civil del ciudadano, que hasta que no se lleve a cabo el mismo,

esa persona no puede todavía ejercer su derecho al sufragio.

Manual de Derecho Constitucional

75

11.2.4 LAS LIMITACIONES POR LA RAZA

En relación con la limitación por la raza, encontramos

que, en diversas naciones, grandes y pequeñas, han ocurrido por

tiempos determinados, en algunos casos cortos, en otros largos,

limitaciones al derecho al voto de los nacionales, por razones

raciales; por ejemplo, en tiempos de Hitler de la Alemania Na-

cional Socialista o NAZI, se prohibía a los judíos, aunque fueran

alemanes (y millones de ellos eran alemanes, pero eran judíos)

el derecho al voto por su raza. En Francia, hubo una época en

la cual a los que ellos llamaban los nacionales del “otro lado del

mar”, o sea a los habitantes o nacidos en colonias de Francia, en

cierto sentido se les impedía votar. Esto hasta mediados de la

década del 50, cuando se eliminó esa limitación. En estos dos

casos, existieron restricciones al derecho del voto, por lo tanto se

podría considerar que no había sufragio universal.

En la Unión Sudafricana algunos tratadistas llaman limita-

ción al derecho al voto, al sufragio universal, pero resulta que la

inmensa mayoría de las personas de la Unión Sudafricana eran

personas de color, y una minoría blanca, que había constituido

ese Estado de una antigua colonia de países europeos; esos eran

los únicos que tenían derecho a votar, a elegir y a ser elegidos.

Desde hace algunos años se les ha permitido, por la presión

nacionalista y cívica de la gran mayoría de los habitantes de la

Unión Sudafricana y por presiones de las Naciones Unidas, que

entren en igualdad de derechos, blancos y negros para el sufra-

gio, habiendo sido electo, no hace muchos años, una persona

de color que había sido desde tiempo más atrás, un líder de esos

derechos y ansias de libertad.

En los Estados Unidos, en algunos Estados del sur, también

había limitaciones para que las personas de color tuvieran dere-

cho al voto, al sufragio universal, pero esto ocurría repetimos,

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

76

en algunos Estados del sur y la limitación no la declaraban

ellos como una oposición o restricción por la raza, sino que

a la gente de color se le exigían determinadas especialidades,

como saber leer y escribir o explicar partes de la constitución,

con lo cual esas personas, cuya educación estaba muy limitada

por razones de raza, no podían votar. Pero felizmente, después

de la Ley de Derechos Civiles, introducida al Congreso de los

EEUU por el ﬁnado presidente John F. Kennedy y terminada

de aprobar en tiempos de su sucesor, esa ley estableció realmen-

te la igualdad obligatoria en las escuelas, sitios públicos, vías

de comunicaciones, para que pudieran viajar, estudiar o ir a

comer o comprar en supermercados o tiendas, así como votar,

tanto a los blancos, como a los negros, en igualdad o paridad

de derechos.

11.2.5 LAS LIMITACIONES RELACIONADAS CON LA

CONDICIÓN DE MILITAR

A continuación trataremos, la que anteriormente indicamos

como la quinta limitación al derecho de sufragio o de voto demo-

crático, que es la limitación por razón de ser militar una persona.

En relación con este tema, ha habido diferencias de criterios

entre profesores y tratadistas de derecho, y aun últimamente, en

República Dominicana entre otros políticos. El fundamento de

que los militares no puedan votar, no tengan derecho al voto,

es en primer lugar, para que no se rompa la disciplina militar,

con la posibilidad de que altos oﬁciales puedan presionar a las

clases, o sea a los soldados rasos, o de inferior rango, para votar

en determinado sentido, porque esto podría conllevar a actos de

rebeldía de los rangos inferiores sobre los superiores y se afec-

taría como hemos dicho la disciplina militar. Pero otra razón

también de peso es que si esto se permitiera a los militares, dicen

Manual de Derecho Constitucional

77

numerosos tratadistas y políticos, la política entraría a los cam-

pamentos o recintos militares, lo cual es un riesgo y un peligro a

la estabilidad política de determinadas naciones, sobre todo en

las latinoamericanas, y en consecuencia para la democracia.

Hay cierto consenso entre tratadistas, por ejemplo, Duver-

ger explica, que en una nación donde exista una ley de servicio

militar obligatorio, en el cual entran jóvenes de edad y por un

período de varios años, si se les privara del derecho al voto,

estaría privándose en la nación a un gran número de personas

jóvenes que podrían aportar ideas y tendencias políticas para

el desarrollo de la nación. Pero en los países donde no hay un

servicio militar obligatorio, sino que hay las llamadas Fuerzas

Armadas o Militares, que son profesionales, en las cuales sus

militantes entran voluntariamente a las mismas, no se concibe

que se les otorgue el derecho al voto por las dos razones señaladas

anteriormente, por el peligro de la indisciplina militar, y ademá,

por el peligro de que entre la política en los campamentos de las

Fuerzas Armadas, lo que todavía es un riesgo en los países sub-

desarrollados o países en desarrollo, ya que esto atentaría contra

la institucionalidad de la nación.

En relación con esto último vamos a señalar, por ser de

interés, algo que indica Jacques Lambert, autor francés, en su

obra “América Latina, Estructuras Sociales e Instituciones Políticas”:

Lambert razona, que en América hace algunas décadas existían

los golpes de Estado frecuentes, y los gobiernos militares, por la

sencilla razón, considera él, de que la América Latina del siglo

XIX hacia acá, en su lucha por la liberación de las naciones que

la tenían como colonia, la mayoría de ellas naciones europeas,

tuvieron como primeras instituciones en desarrollarse, profe-

sionalizarse y tener auge y fuerza, a las instituciones militares,

creadas en esas naciones latinoamericanas en su lucha por la

independencia y la libertad. Pero felizmente, ya desde hace dos

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

78

o tres, quizás cuatro décadas, que han surgido, con el desarrollo

de las entidades industriales, sindicales, comerciales, empresa-

riales, estudiantiles, campesinas, religiosas, fuerzas civiles que se

han ido preparando y estructurando de tal manera, que ya han

ido, afortunadamente, desapareciendo los golpes militares, los

gobiernos militares que se convertían en dictaduras o tiranías,

que es todavía más grave.

Aquí ya hemos concluido las llamadas limitaciones

al derecho al voto democrático, al sufragio universal. En

relación con lo cual repetimos, que con frecuencia hay diferentes

criterios doctrinales, en el sentido de determinar cuáles de esas

limitaciones, por su gravedad, dejan de ser simples limitaciones

al sufragio universal y vienen a ser graves restricciones al derecho

al voto, por imponer condiciones que afectan el resultado de

las elecciones democráticas, con lo cual son verdaderamente

restricciones a ese derecho. Con el desarrollo de la democracia,

en muchas naciones han ido desapareciendo estas restricciones al

voto, por las presiones de los propios nacionales, de los ciudada-

nos, para que exista un sufragio universal fundado en la doctrina

de la soberanía popular o fraccionada, según la cual, votar es un

derecho ciudadano, con el ﬁn de que el pueblo, titular original

del Poder, pueda escoger o elegir a los gobernantes que ejercerán

el Poder en su nombre y representación.

11.3 PONDERACIÓN Y MODIFICACIÓN. EL

VALOR DEL VOTO

Al desaparecer las referidas restricciones, siempre han sur-

gido tendencias de grupos políticos, que le temen a la igualdad

del derecho al voto; entonces ha surgido lo que se ha llamado

las tentativas para ponderar el derecho al voto, es decir, buscar,

Manual de Derecho Constitucional

79

aún dentro del sufragio universal donde participan todos los

ciudadanos, ciertas desigualdades en el valor del derecho al voto

de ellos.

El principio democrático supone o requiere que haya una

igualdad en el derecho al voto de cada ciudadano y de todos los ciu-

dadanos. Pero se han desarrollado ideas y aplicado en algunos países

lo que se llama el sufragio desigual en algunos casos; en otros se han

buscado e institucionalizado ciertas desigualdades de hecho en la

representación. Vamos a ver en primer lugar, el sufragio desigual

propiamente dicho.

En relación con el sufragio desigual propiamente dicho,

este supone que haya algunos ciudadanos que disponen de

varios votos, o también hay otros que no tienen más que una

sola voz o voto pero con valor múltiple. Jurídicamente hay

diferencias entre el voto múltiple y el voto plural: el voto múl-

tiple por ejemplo, existió en Inglaterra hasta el 1951, bajo el

sistema de las franquicias electorales; este sistema que suponía

establecer una desigualdad en el valor del voto, determinaba que

cada ciudadano tenía derecho a ejercer su voto: en la oﬁcina

electoral de su domicilio, también podía ejercerlo en la oﬁcina

electoral cercana a la universidad donde se graduó, pero también

podría ejercer el derecho al voto en la oﬁcina electoral cercana

a donde tuviera su estudio, bufete, comercio o industria, si te-

nía tiempo naturalmente, de ejercer ese voto en esos tres sitios

o dos de esos sitios, con lo cual se le daba un valor superior a su

voto que el del voto de los ciudadanos que eran simples obreros

o trabajadores, que no eran graduados en universidades y que

no tenían estudios, consultorios, bufetes ni comercios propios,

quienes entonces tenían derecho a votar en un solo lugar, una

sola vez, un solo voto.

Ese era un voto múltiple, pero también había otro sistema-

jurídicamente, que era el voto plural. Como existió en Francia,

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

80

al decir de Maurice Duverger, que había una ley francesa llamada

del doble voto, del año 1820, en el cual se hacía algo parecido a

las franquicias electorales inglesas y se permitía a determinados

ciudadanos tener dos votos por sus condiciones sociales y econó-

micas, mientras que los demás tenían un solo voto. Más luego en

Francia (citado también por M. Duverger), se estableció políti-

camente una desigualdad de voto con el llamado voto o sufragio

familiar, en el cual se les permitía a los ciudadanos casados, con

hijos menores de edad viviendo bajo el mismo techo, ejercer un

voto por él y un voto por cada uno de los hijos menores de edad

que vivieran en su misma casa. Esto produjo discusiones y luchas

políticas que lograron cambiar el resultado de ese voto desigual,

que era llamado el voto familiar integral; y crear un voto familiar

atenuado, es decir, en el cual se le permitía al hombre casado con

varios hijos menores, ejercer un voto por él y un solo voto adi-

cional por los hijos menores de edad que tuviera bajo su techo.

Estos últimos dos sistemas se tomaron en cuenta como un

medio, se decía, para desarrollar la idea de la unidad familiar,

pero que los políticos han tratado de eliminar eso, aduciendo

que por el hecho de que una persona sea soltera no quiere decir

que no goce de cualidades personales muy superiores a las de un

hombre casado y con varios hijos, y que eso rompería la igualdad

del derecho al voto y por tanto la igualdad al sufragio universal

democrático.

Todos estos sistemas de desigualdades en el derecho al voto,

han sido eliminados poco a poco en todas las naciones; pero aún

subsisten las ideas políticas de algunas tendencias conservadoras

de establecer y mantener ciertas desigualdades, fundándose en la

idea de la representación. Estas desigualdades se crean sutilmen-

te, estableciéndose el derecho al voto en diferentes divisiones

territoriales, donde en localidades con muy pocos habitantes

electores o ciudadanos, se les da derecho de voto que iguala y

Manual de Derecho Constitucional

81

supera en mucha proporción a las divisiones territoriales con

una población extensa.

Para comprender fácilmente esto, en República Dominica-

na, por ejemplo, tenemos que el Distrito Nacional que tiene

más de dos millones de habitantes, tiene en el Senado un solo

senador, de 30 senadores que forman esa cámara legislativa, con

importantes atribuciones, mientras que, por ejemplo, hay varias

provincias fronterizas que tienen diez, quince o veinte veces me-

nor población que la del citado Distrito Nacional y sin embargo,

cuatro o cinco de esas provincias tienen cuatro o cinco senado-

res, uno por cada provincia, mientras el Distrito Nacional tiene

solamente uno. Y cada uno de los senadores tiene un derecho

por igual como legislador y una capacidad para realizar diversos

actos y atribuciones establecidos en la Constitución, como facul-

tades de los senadores; con ese hecho solamente, como ocurre en

muchas naciones, se establece una desigualdad del voto debido

a la idea de representación política; por ejemplo, una localidad

con cien mil habitantes que tenga un senador iguala en derecho

a una localidad que tenga quinientos mil habitantes con un se-

nador también. Es decir, el voto de los ciudadanos de la primera

localidad vale cinco veces lo que vale el voto de los ciudadanos

de la localidad donde hay quinientos mil habitantes.

Se debe llegar con el tiempo y el desarrollo de la idea

de la democracia sincera, a que todos los partidos políticos de

las diversas naciones eliminen como han sido eliminadas todas

las restricciones y demás ponderaciones de voto por calidades de

las personas, y aplicar las necesarias medidas de representación,

de manera que se llegue a una verdadera y real igualdad en el

peso del voto de cada ciudadano, con respecto a la nación donde

vive. Que el voto de cada ciudadano tenga un peso igual, jurídi-

camente hablando, no importando su clase, su idea política, el

territorio donde vive, el número de la población de su división

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

82

territorial, etc.; todo ciudadano blanco, negro, rico, pobre, de

divisiones territoriales densas, divisiones territoriales con poca

población, que cada uno tenga una representatividad igual en

el derecho de su voto, de su poder soberano para elegir a sus

representantes.

12. MANIOBRAS Y TRUCOS POLÍTICOS

PARA DEFORMAR RESULTADOS

ELECTORALES

Vamos a examinar ahora diversas tentativas para cambiar o

modiﬁcar los resultados de una elección.

En primer lugar, vamos a encontrar las presiones y

manipulaciones sobre el derecho al voto. En cuanto a las

presiones, estas se ven todavía, sobre todo en los países subde-

sarrollados o en vías de desarrollo y sobre todo en las zonas ru-

rales donde hay un alto porcentaje de analfabetismo, y además,

donde hay personas de condiciones económicas paupérrimas o

de poco nivel económico que son fácilmente susceptibles de ser

presionadas, en determinado sentido, al ejercer su voto, por dife-

rentes grupos políticos antagónicos; o de presiones económicas,

religiosas, militares, etc.; a ﬁn de encaminar o inclinar su voto en

un sentido determinado.

Felizmente estos tipos de presiones han ido desapareciendo

poco a poco con el desarrollo de los pueblos, pero después han

surgido lo que se llaman ciertas manipulaciones ejercidas por

partidos políticos o por políticos antagónicos, que tratan y hacen

el esfuerzo (muy criticable) de falsear documentos de identiﬁca-

ción para los votantes, falsiﬁcar votos, las listas de votantes que

van a las mesas de votantes, la desaparición de urnas, etc.; con el

ﬁn de alterar en un sentido u otro el resultado de las elecciones.

Manual de Derecho Constitucional

83

A medida que los pueblos se desarrollan democráticamente,

esos tipos de manipulaciones, felizmente, van desapareciendo

gradualmente.

Veremos a continuación otro tipo de tentativa para cambiar

el resultado de las elecciones, que ha existido con la creación del

llamado voto público.

El llamado voto público, que en el pasado, en Francia, pre-

tendían auspiciar o establecer algunos políticos, conduce a que

en algunos países, ciertos tipos de masas populares, de posiciones

económicas y educacionales disminuidas, sean fácilmente presio-

nables por los diversos tipos de intereses que hemos mencionado

anteriormente, para que voten en un sentido u otro, ya que el

voto sería público.

La democracia tiende, para que haya un verdadero sufra-

gio universal, libre y democrático, a ser además, secreto y un

voto por igual; pero ha habido épocas en grandes naciones, en

las cuales se ha establecido el voto público, por ejemplo, cita

Duverger lo siguiente: “sin embargo en el siglo XVIII, algu-

nos teóricos entre ellos Montesquieu, preconizaban el voto

público como medio de permitir a los electores ser guiados

por la opinión de los notables; otros como Robespierre, veían

en el voto público un medio de desarrollar el valor cívico y

también sin duda, el control por los buenos ciudadanos, “la

publicidad es la salvaguarda del pueblo” decía Robespierre".

Naturalmente en todos los países democráticos, el secreto del

voto es necesario y es el único considerado como un sufragio

universal democrático. Hay excepciones a esto como por ejem-

plo, en los EE.UU; donde en las llamadas primarias incluso se

declara a qué partido político pertenecen los votantes, pero esto

no afecta en modo alguno el voto democrático en los EE.UU;

porque ellos ya están acostumbrados a esto sin que se pueda ejer-

cer presiones sobre ellos, por el grado de cultura cívica alcanzada.

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

84

13. LIMITACIONES PARA LA ELECCIÓN

DE CANDIDATOS POR LOS PARTIDOS

POLÍTICOS

A continuación vamos a pasar al problema de la elección

de los candidatos.

Para elegir a los candidatos de los partidos políticos hay

ciertas limitaciones que son jurídicas, otras limitaciones

son prácticas. Siendo con frecuencia las últimas de mayor im-

portancia. En lo que se reﬁere a las limitaciones jurídicas, es un

principio universal que hay limitaciones por leyes, por consti-

tuciones, en cuanto a la edad para ser elector y la edad para ser

elegible. Hay también limitaciones jurídicas en lo que se reﬁere a

la nacionalidad del votante y del candidato. Por ejemplo en casi

todas las naciones se exige determinado tiempo a los naturaliza-

dos para ser elector o elegible, es decir que inmediatamente a su

naturalización no pueden ser ni electores ni elegibles, sino que

deben pasar un período que se considera que es el de adaptación

al tipo de vida jurídica, y de hecho, y sobre todo política, en la

nación en la cual se nacionaliza una persona.

También entre las limitaciones jurídicas podemos ver, que

en casi todos los países, se ponen ciertas trabas a las personas

que son funcionarios públicos para la elegibilidad para algunos

cargos, a ﬁn de evitar, con las limitaciones que aún en los sis-

temas democráticos se les ponen a esos funcionarios públicos,

no se atente contra la idea de democracia, evitando que ejerzan

determinadas presiones sobre los electores, en las jurisdicciones

territoriales donde ellos se presenten como candidatos.

Hasta aquí las llamadas limitaciones jurídicas para ser

elector y para presentarse como candidato. Pero además de las

limitaciones jurídicas, en grandes naciones hay lo que llaman

limitaciones prácticas, que en países pequeños no son prácticas

Manual de Derecho Constitucional

85

sino que son jurídicas también, porque están regidas por leyes

adjetivas relativas a los sistemas electorales vigentes. Por ejem-

plo entre estas que llaman los europeos limitaciones prácticas,

están que todos los ciudadanos que reúnen las condiciones ju-

rídicas o limitaciones jurídicas señaladas anteriormente, podían

presentarse como candidatos, pero en realidad en esos pai-

ses, donde las limitaciones que vamos a mencionar son

prácticas, solamente los candidatos que son propuestos y apoya-

dos por los partidos políticos, sobre todo los partidos políticos

principales, los mayoritarios, son los únicos candidatos que

tienen verdadera oportunidad de salir electos.

Los que se presentan como candidatos libres, sin estar apo-

yados por partidos políticos mayoritarios, o apoyados por parti-

dos minoritarios, difícilmente salen electos en sus jurisdicciones.

En la República Dominicana, por ejemplo hay sistemas de leyes

adjetivas, como la ley electoral, que entraña disposiciones no

solamente para los candidatos ser propuestos y ser elegidos, sino

también entraña situaciones jurídicas, que deben seguir los pro-

pios partidos políticos. En relación con la necesidad en grandes

y pequeñas naciones, de que los candidatos sean propuestos por

partidos políticos para poder ser electos en sus jurisdicciones,

hay opiniones de tratadistas políticos que critican esa situación

de que sea necesario que los partidos políticos propongan los

candidatos para estos poder ser electos.

Pero, aunque teóricamente, eso conlleva un ataque a la

idea democrática de la libertad de elección y la libertad de ser

elegibles, en realidad en la práctica no es tan criticable como

aparenta que los candidatos necesiten de la postulación y del

apoyo de los partidos políticos; si se eliminara esta situación

política de que los partidos sean quienes presenten, postulen,

apoyen las candidaturas de los elegibles, pues se presentarían

situaciones más anti-democráticas, porque entonces los ciuda-

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

86

danos para ser postulados y apoyados a ﬁn de hacer posible su

elección o elegibilidad, serían apoyados entonces por los gru-

pos empresariales, los grupos económicos en sentido general,

los grupos religiosos, los grupos militares, con lo cual la

democracia perdería.

Es decir, lo anteriormente expuesto sería peor que la situa-

ción actual en los países democráticos, en el sentido que sean los

partidos políticos quienes postulen y apoyen a los ciudadanos en

sus aspiraciones a ser electos.

14. SISTEMAS DE SELECCIÓN DE

CANDIDATOS POR LOS PARTIDOS

POLÍTICOS

A continuación vamos a describir brevemente los diferentes

sistemas de selección de candidatos por parte de los partidos

políticos.

1. El primer sistema, que es el más antiguo, era el sistema

de que los comités directivos de los partidos políticos eran

quienes seleccionaban los candidatos. A este sistema le

llamaban los ingleses “sistema de caucus”, en sentido peyo-

rativo, como una manera de señalar que dichos candidatos

eran seleccionados nada más que por unos pocos en cada

partido político.

2. Más luego, con el desarrollo de las ideas democráticas, los par-

tidos políticos socialistas establecieron el sistema de selección

de los candidatos por parte de los adherentes. Es decir, lo que

uno llama en la actualidad, los miembros activos debida-

mente inscritos, que cotizan una cuota a favor de los partidos

políticos. Naturalmente este mismo principio de elección

por los adherentes o los militantes de un partido político,

Manual de Derecho Constitucional

87

encierra diversas formas, según los países, pero generalmen-

te hay candidatos que son seleccionados en forma directa,

es decir que son preseleccionados por los equipos locales

o jurisdiccionales para su elección en una circunscripción te-

rritorial determinada. Esto era pasado después a los llamados

comités generales o también a lo que se llaman convenciones

de partidos o algunos llaman Asambleas Generales de los

partidos políticos, que en deﬁnitiva, son los organismos que

generalmente eligen a los candidatos electorales, sobre todo a

los candidatos de jurisdicción nacional.

3. Un tercer sistema, es el que se utiliza en los EE.UU., en el

cual las elecciones se dividen en varias partes; por ejemplo

están las llamadas primarias. En las llamadas primarias,

son los propios electores los que participan con su voto

a seleccionar los candidatos a las candidaturas por los

partidos políticos. Luego de que en esas primarias los

electores participan en la selección de los candidatos a las

candidaturas de los partidos, vienen las “Convenciones” o

asambleas generales de los partidos; ﬁnalmente se celebran

cada dos años las elecciones, en el mes de noviembre de cada

año electoral (en la primera o segunda semana de ese mes), en

las cuales hay elecciones para la totalidad de los representan-

tes o como nosotros llamamos en República Dominicana,

Diputados al Congreso Federal en EE.UU.; que son elegidos

cada dos años en su totalidad, pero en esas mismas eleccio-

nes de cada dos años se elige una tercera parte de los sena-

dores (que en total son cien, dos por cada Estado federado).

Para la elección del tercio del Senado, se van eligien-

do, en un año electoral, los que van a cubrir los cargos de

senadores que ya tienen seis años en su ejercicio; dos años des-

pués, a los que anteriormente habían cumplido cuatro años que

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

88

para dentro de los dos años posteriores han de cumplir seis, se

elige otro tercio del senado; y luego, de la misma manera, el otro

tercio. Es decir que en el Senado hay una renovación o posibi-

lidad de renovación por tercios, mientras que en la Cámara de

Representantes hay la posibilidad de la elección general de la

Cámara en su totalidad, aunque hay las posibilidades de la ree-

lección de candidatos, tanto en lo que respecta al Senado como

en lo que se reﬁere a la Cámara de Representantes.

En lo que se reﬁere en los EE.UU. a la elección del

Presidente, estos tienen una duración en sus funciones de cua-

tro años; son elegidos también en el mes de noviembre en los

años en los cuales hay elegibilidad; y en dichas elecciones (en

noviembre), los ciudadanos norteamericanos, votan para elegir,

no al Presidente, sino a unos llamados electores, en cada Estado

federado, en una cantidad igual a la de legisladores que tiene

cada Estado (es decir, senadores y representantes), siendo estos

los que, en Enero (dos meses después) eligen al Presidente y al

Vicepresidente. Antes, en las elecciones, los candidatos podían

presentarse después, en nuevos períodos para su reelección,

indeﬁnidamente; por ejemplo, el Presidente Franklin Delano

Roosevelt fue electo Presidente por cuatro períodos consecuti-

vos, habiendo fallecido a mitad del cuarto período.

Pero posteriormente a esta elección de Roosevelt, que tuvo

razones especiales su continuidad en el poder, por medio de

reelecciones sucesivas, a nuestro entender, a la crisis económica

en ese país en esa época, y además por la situación de la Segun-

da Guerra Mundial, lo cual dio motivo a que el pueblo de los

EE.UU. lo mantuviera en el poder, por considerarlo necesario

hasta que se llegara a la ﬁrma de la paz. Como decimos, pos-

teriormente a este gobierno de Roosevelt, se estableció una en-

mienda constitucional, según la cual, ningún presidente puede

serlo por más de dos períodos consecutivos.

Manual de Derecho Constitucional

89

Y para el caso de que un vicepresidente sustituyera a un

presidente a falta de este, por renuncia, destitución, muerte,

incapacidad, etc., repetimos, cuando un vicepresidente sustituye

a un presidente y su sustitución implica el ejercicio de dos o más

años, entonces se considera ese ﬁnal de período como un período

completo. Y nada más tendría derecho ese vicepresidente a ser

reelecto por un período adicional nada más.

15. DIFERENTES SISTEMAS ELECTORALES

Vamos a tratar ahora sobre los diferentes sistemas electorales

y las consecuencias políticas que entrañan dichos sistemas.

En un país determinado, el establecimiento de un sistema

electoral conlleva la importancia de determinar mediante cuáles

modalidades o procedimientos técnicos y jurídicos van a ser

repartidos, según el sistema electoral que se aplique, los asientos

o candidaturas de los legisladores en caso de elecciones congre-

sionales o parlamentarias, o cómo serán repartidos los asientos

o candidaturas de los candidatos a elecciones municipales; en

nuestro país, síndicos y regidores y en la elección congresional,

en nuestro país también, la elección de senadores y diputados,

así como para decidir la elección del jefe de Estado o Jefe de

Gobierno.

Los principales sistemas electorales son:

1. El sistema mayoritario, a uno o dos turnos o vueltas

electorales.

2. El sistema de la representación proporcional.

3. Los sistemas mixtos, es decir, que hay combinación

entre el mayoritario y el de la representación proporcional.

Según el sistema electoral que se aplique en un país, esto va

a tener determinadas inﬂuencias o consecuencias sobre, no so-

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

90

lamente los candidatos y los electores, sino de manera principal

sobre los partidos políticos que participan en la elección.

A ﬁnales del siglo XIX el sistema principal establecido

era el del sistema mayoritario a un turno o vuelta, el cual era

aplicado en Gran Bretaña, en los antiguos llamados dominios

británicos, que ahora son Estados independientes, que forman

parte de la Unión, que son Canadá, Australia, etc.; también a

ﬁnales del siglo XIX se aplicaba este sistema mayoritario a un

turno o vuelta en América Latina, en Suecia y en Dinamarca.

Los demás países europeos, excluyendo a Suecia, Dinamarca

y Gran Bretaña, tenían o imitaban el sistema mayoritario francés

a dos turnos o vueltas electorales.

Sin embargo, ya en los últimos años del siglo XIX y a lo

largo del siglo XX, se ha desarrollado un nuevo sistema electoral,

el llamado Sistema de la Representación Proporcional, que fue

impulsado por un político belga en 1899. Luego de iniciado

el desarrollo de ese llamado Sistema de la Representación Pro-

porcional, en diversas naciones del mundo se han establecidos

Sistemas Mixtos. Es decir, que se aplica el Sistema Mayoritario

para la elección de algunos cargos o funciones y el Sistema de la

Representación Proporcional para otros cargos.

Inclusive, en algunos sistemas como el de Alemania, se

han establecido sistemas mixtos para la elección de los miembros

del Parlamento alemán, aplicando en una fase el Sistema Mayori-

tario y en otra fase el Sistema de la Representación Proporcional.

15.1 SISTEMAS MAYORITARIOS

El carácter común de los sistemas mayoritarios es que estos

no aseguran más que una representación indirecta y aproximada

de las minorías, ya que el sistema mismo, en su aplicación impli-

Manual de Derecho Constitucional

91

ca que triunfan el o los candidatos que quedan en primer lugar

o con más votos y quedan derrotados todos los demás, los que

menos votos tienen. A pesar de esa diﬁcultad, en algunos países

donde se aplican estos sistemas en diferentes jurisdicciones,

algunas veces los partidos que resultan mayoritarios en una ju-

risdicción y triunfan sus candidatos, pueden quedar en minoría

en otras jurisdicciones, y resultan electos los candidatos de los

otros partidos en esas otras jurisdicción. De ahí que no sola-

mente triunfan todos los candidatos de un mismo partido, sino

que, según las jurisdicciones, van variando y triunfan o pueden

triunfar los candidatos de diferentes partidos, con la aplicación

de ese Sistema Mayoritario.

Como hemos dicho, en el Sistema Mayoritario, hay

las dos variantes, el Sistema Mayoritario a un turno o vuelta

y el Sistema Mayoritario a dos o más turnos o vueltas. En

el primero, que es el sistema más radical de todos, que es

aquel en el cual el candidato que obtiene más votos resulta ven-

cedor sin tener en cuenta el número de votos de los candidatos

que son perdedores. Es decir, no se tiene en cuenta la proporción

entre los votos del ganador y los votos obtenidos por los derrota-

dos que obtuvieron menos votos.

La otra variante, la del Sistema Mayoritario a dos o más

turnos o vueltas electorales, consiste en que, en este sistema, si el

candidato que obtiene mayoría de votos no alcanza el porcentaje

generalmente establecido en muchos países, de más del 50 por

ciento, o como en algunos países un poco menos del 50 por

ciento, no hay vencedor, entonces es necesario recurrir a un

turno o vuelta electoral que comúnmente le llaman “Escrutinio

de Balotaje”. Aquí, este segundo escrutinio o votación se lleva

a cabo entre los dos candidatos que más votos hayan obtenido

y por tanto, los que quedan del tercer lugar en adelante, con

frecuencia se adhieren a uno o a otro candidato, de los dos que

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

92

quedan en primer lugar, según sus conveniencias políticas; en-

tonces en ese segundo escrutinio de balotaje o segunda votación,

el que tenga más votos de esos dos candidatos que participan en

el escrutinio, ese es el ganador.

Este sistema permite lo que algunos consideran como

algo anti democrático, que consiste en que, el que queda en

segundo lugar, en número de votos obtenidos en la primera

elección, pudiendo ser mucha la diferencia entre sus votos y los

obtenidos por el que ganó en el primer lugar, sin embargo, algu-

nas veces el que queda en segundo lugar, por la suma de los votos

de los demás partidos para el escrutinio de balotaje, entonces

resulta ser electo, en perjuicio del que más votos obtuvo en la

primera votación.

Antes de entrar en el sistema electoral de la representación

proporcional, estudiaremos brevemente algunas variantes de

Sistemas Electorales, sobre todo, variantes o diferentes sistemas

para los cargos o candidaturas que no son unipersonales o de

una sola persona, sino donde hay varios candidatos a elegir. Estas

variantes de escrutinios, son por ejemplo, el llamado Escrutinio

o Elección por Listas o el Escrutinio Uninominal.

Por listas, es cuando ﬁguran en una relación en la votación

o en el voto para los electores elegir; o los Escrutinios Unino-

minales donde nada más ﬁgura en cada voto el nombre de un

candidato, aún dentro del sistema de Listas, que hay más de un

candidato en una circunscripción a elegir. Hay además, el siste-

ma de Listas Cerradas, es decir cuando uno vota por un partido

determinado está votando por todos los candidatos que ﬁguran

en la Lista Electoral de ese partido en esa Circunscripción, re-

sultando electos los candidatos de esa lista, según la cantidad de

votos obtenidos y en el orden que aparezcan los candidatos de

cada lista. También hay, en algunas naciones, el sistema de que

en esa lista uno puede señalar sus preferencias, no en el orden

93

que están señalados los candidatos sino en el orden de las prefe-

rencias personales de los electores, para señalar cuál querría que

saliera en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, etc.

15.2 SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

PROPORCIONAL

Este sistema se puede deﬁnir como el que asegura, más

o menos, a las minorías, una representación en cada circuns-

cripción electoral, en proporción al número de votos obtenidos

por ellas en dichas circunscripciones. Mientras en el sistema

mayoritario triunfaban los candidatos que más votos obtenían y

los demás quedaban derrotados, es decir, las minorías quedaban

derrotadas, en este sistema se trata de solucionar la situación de

las minorías para que, a pesar de su condición como tal, puedan

obtener la elección de algunos de sus candidatos a algunos car-

gos, en proporción al número de votos que obtuvieron ellos en

esa circunscripción electoral.

Aun cuando este sistema aparentemente es el más democrático,

porque favorece no solo a las mayorías sino a las minorías también,

para que tengan representación y voz en el sistema político donde

impere, y aunque de acuerdo con su deﬁnición, aparentemente es de

fácil aplicación, sin embargo es bueno hacer constar que el mismo,

en su aplicación, presenta dos problemas principales:

1) Se trata de determinar según el número de candidatos

presentados, cuántos son elegidos de las listas presentadas

por cada partido, según el número de votos obtenidos. En

otras palabras, se trata de determinar cuántos candidatos de

cada lista que presenta un partido político en una circuns-

cripción electoral son elegidos según el número de votos

obtenidos por esos partidos.

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

94

2) Siempre, cualquiera que sea el sistema electoral que se

aplique para determinar y corregir ese primer problema,

siempre hay restos de votos que pueden ser algunas veces

de grandes cantidades de votos que es necesario buscarle

aplicación mediante los diversos sistemas que se señalarán

más adelante.

Vamos a examinar primero el problema acerca de cuántos

candidatos de cada lista presentada por los partidos políticos son

electos, en vista del número de votos obtenidos en esa circuns-

cripción por esos partidos políticos.

Este primer problema es solucionado en diferentes países

por diferentes modalidades. Tenemos tres modalidades para so-

lucionar ese problema, que son: El llamado Sistema del Cociente

Electoral; el sistema llamado del Número Uniforme; y un tercer

sistema, que no ha tenido importancia, que es el llamado del

Cociente Nacional.

15.3 SISTEMA DEL COCIENTE ELECTORAL

Este primer procedimiento llamado como dijimos antes, del

Cociente Electoral, consiste en dividir en cada circunscripción

electoral el número de votos o sufragios válidos o expresados,

entre el número de cargos a ser cubiertos en esa circunscripción

electoral. El resultado de esa división es lo que se llama el Co-

ciente Electoral, es decir, es el número o cantidad de votos que

necesita obtener o alcanzar cada candidato de cada lista, para ser

declarado ganador o elegido.

Un ejemplo de la aplicación de ese cociente electoral, es

el siguiente: suponiendo que en una circunscripción electoral

se producen 40,000 votos expresados o votos válidos, y que los

cargos o funciones a ser cubiertos son cinco (5), se divide el nú-

Manual de Derecho Constitucional

95

mero de votos válidos anteriormente señalados, entre el número

de cargos a ser cubiertos, es decir, se dividen 40,000 entre 5, y

el resultado, que es el cociente electoral, es de 8,000 votos; lo

cual quiere decir, que cada candidato de los diferentes partidos

políticos, necesitan sacar u obtener 8,000 votos para resultar

electos en la circunscripción de que se trata.

15.4 SISTEMA DEL COCIENTE NACIONAL

La aplicación de este sistema no se ha extendido, debido

al problema que tuvo en su utilización original en Francia. Esto

debido a que, para ponerlo en aplicación, fue necesario esperar

el conteo total de votos en el territorio continental (en Francia),

y además, el de los votos en las diversas colonias de Francia en

esa época y situadas en África, América y Asia, para obtener el

cociente nacional, es decir la división del total de los sufragios

válidos producidos en su territorio y en el de sus colonias, entre

el número total de cargos a ser cubiertos en esa elección, lo cual

trajo múltiples diﬁcultades, debido a los problemas de lentitud

por falta de efectividad en las comunicaciones. Por las razones

señaladas, dejó de usarse ese sistema.

15.5 SISTEMA DEL NÚMERO UNIFORME

Este sistema consiste en que, en la legislación electoral a ser

aplicada, se ﬁja de antemano el número de votos que debe ob-

tener cada candidato para ser electo a un cargo. En este sistema

electoral no se ﬁja con anterioridad a las elecciones cuántos car-

gos o funciones a ser cubiertos en una circunscripción electoral

determinada, sino que esa cantidad de cargos es determinada

según el número de votos válidos que son producidos en cada

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

96

circunscripción, para entonces ser divididos entre el “número

uniforme” de votos requeridos y señalados en la Ley electoral o

en la Constitución. Este sistema del “número uniforme” tampo-

co ha tenido mucha aplicación.

De todas maneras, cual que sea el sistema (de los tres válidos

que van a antes citados) que se aplique, a ﬁn de determinar el

número de candidatos de cada partido que son electos en cada

circunscripción electoral, siempre se producen restos de votos,

cuya importancia hace necesario que se le busque solución o

aplicación.

En relación con lo anteriormente expuesto, supongamos

que en una circunscripción electoral se producen cuarenta mil

(40,000.00) votos válidos; y que en esa circunscripción hay cin-

co (5) cargos a ser cubiertos, y, en consecuencia, que el cociente

electoral asciende a ocho mil (8,000.00) votos que necesita cada

candidato para ser electo. A ﬁn de ver el problema de los restos

de votos, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, supon-

gamos que en esa circunscripción electoral participaron en esas

elecciones cinco partidos: A, B, C, D y E, y que los mismos

hayan obtenido, de los 40,000 votos señalados, las siguientes

cantidades: A-15,000 votos, B-11,000 votos, C-7,400 votos,

D-4,600 votos, y E-2,000 votos.

Veremos a continuación la anterior situación en forma

objetiva, en un cuadro (No. 3), y las soluciones en otros cuadros

más adelante:

Manual de Derecho Constitucional

97

Cuadro no. 3

Votos

válidos

40,000

Asientos a ser

cubiertos

5

Cociente

electoral

8,000

Partidos: Votos obtenidos

Asientos o cargos

obtenidos según el

cociente electoral

Restos de votos

no aplicados

A

B

C

D

E

15,000

11,000

7,400

4,600

2,000

1

7,000

3,000

7,400

4,600

2,000

Como se puede ver, al aplicar el sistema del cociente electo-

ral, en el caso planteado, de 8,000 votos, resulta que solamente

los partidos A y B obtuvieron votos suﬁcientes para obtener,

cada uno, un asiento o cargo, quedándoles a ambos partidos un

resto de votos sin aplicar, lo que se puede observar en la última

columna del citado cuadro, junto con los votos no utilizados de

los otros tres partidos; y además con la existencia de tres cargos

o asientos a ser cubiertos en la circunscripción electoral de que

se trata.

Para solucionar la situación planteada, Maurice Duverger

cita dos procedimientos para solucionar ese problema de los res-

tos de votos, y de tratar de cubrir los asientos o cargos electivos

en esa circunscripción electoral; estos procedimientos son: I) el

sistema de los ““mayores restos” y II) el sistema de los “más altos

promedios” o de la “media más alta”.

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

98

15.5.1 PROCEDIMIENTO DE MAYORES RESTOS

Como en la hipótesis del cuadro no. 1 quedan tres (3)

asientos por ser provistos y todos los partidos tienen sobrantes o

restos de votos sin aplicar, se procede del siguiente modo: para

determinar a cuál de los cinco (5) partidos se le debe adjudicar

el tercer asiento, se busca en la última columna (donde ﬁguran

los restos), cuál de los partidos tiene mayor cantidad o restos de

votos sin aplicar, y se verá que lo es el partido C) con 7,400, por

lo cual se le adjudica ese tercer asiento (quedando eliminado, por

haberse aplicado para ese tercer asiento, el resto de los votos de la

columna correspondiente al partido C); para adjudicar el cuarto

asiento, se sigue el mismo procedimiento, y se verá que ese cuarto

asiento le corresponde al partido A) con un resto de 7,000 votos,

por lo cual se le adjudica a ese partido el cuarto asiento, con lo

cual ese partido A) obtiene en total dos (2) asientos o cargos

(quedando con esto eliminados de la columna de los restos, los

7,000 votos del partido A) por haberse aplicado los mismos para

adjudicarle el cuarto asiento); para adjudicar el quinto y último

asiento, se prosigue en la misma forma antes expuesta, y se verá

que ese quinto y último asiento le corresponde al partido D)

con un resto de 4,600 votos, con lo cual se concluye el procedi-

miento de aplicación de los restos de votos entre los asientos a

ser cubiertos o provistos, según el procedimiento de los “mayores

restos”, con el siguiente resultado:

Manual de Derecho Constitucional

99

Cuadro No. 4

Partidos: Votos obtenidos: Asientos o cargos

alcanzados

A

B

C

D

E

15,000

11,000

7,400

4,600

2,000

40,000

2

1

-

15.5.2 PROCEDIMIENTO DE LOS ‘‘MÁS ALTOS

PROMEDIOS’’

Para explicar este procedimiento o sistema se toma como

base también el cuadro no. 3, según el cual han sido atribuidos,

de acuerdo con el “cociente electoral”, dos (2) asientos, quedan-

do tres (3) por ser adjudicados, y los restos de votos señalados

en la última columna de ese cuadro no. 3 para cada uno de los

5 partidos; se ﬁnge atribuir sucesivamente, un asiento adicional

a ﬁn de determinar el promedio, el cual se obtendría dividiendo

los sufragios o votos obtenidos por cada partido, entre el número

de asientos que tendría con la adición ﬁngida antes mencionada

y según el cuadro que sigue:

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

100

CUADRO No. 5

Partidos Votos Asientos

obtenidos

Asientos

por cción

Total de

asientos Promedio Aplicación

nal:

A

B

C

D

E

15,000

11,000

7,400

4,600

2,000

40,000

1

2

1

7,500

5,500

7,400

4,600

2,000

2

1

Luego, para determinar ﬁnalmente a cuáles partidos se les

debe adjudicar en realidad los tres (3) asientos o cargos que

faltaban por ser provistos, se procede del siguiente modo: para

determinar a quién le toca el tercer asiento o cargo, se busca

en la última columna del cuadro anterior (No. 5), cuál de los

partidos tendría el “más alto promedio” en la hipótesis ante-

riormente expuesta, y veremos que ese tercer asiento le toca al

partido A), con el más alto promedio de 7,500, con lo cual este

partido queda en deﬁnitiva con dos (2) asientos o cargos (al

hacer esto, han quedado utilizados en su totalidad los 15,000

votos obtenidos por ese partido); para determinar a cuál parti-

do le corresponde el cuarto asiento o cargo, se procede de igual

manera que para atribuir el tercero antes indicado, compro-

bándose, en la última columna de ese cuadro no. 5, que el “más

alto promedio” lo tiene el partido C) con 7,400 votos, por

lo cual al partido C) le corresponde el cuarto asiento o cargo

(con esto quedan utilizados los 7,400 votos obtenidos por ese

partido); para atribuir el quinto y último asiento o cargo, se

procede de la misma manera, comprobándose que el “más alto

promedio” que ﬁgura en esa última columna del mencionado

101

cuadro no. 5, lo es el partido B) que le toca el quinto y último

asiento o cargo, quedando ese partido en deﬁnitiva, con dos

asientos o cargos atribuidos. El resultado obtenido aplicando

este procedimiento, llamado de los “más altos promedios”,

puede verse en el cuadro que sigue:

Cuadro No. 6

Partidos: Votos obtenidos: Asientos o cargos

Alcanzados

A

B

C

D

E

15,000

11,000

7,400

4,600

2,000

40,000

2

1

-

De ese procedimiento de los “más altos promedios”, existen

variantes en cuanto al método matemático usado para determinar

la utilización de los restos de votos; pero aún con esas variantes

de métodos, el resultado ﬁnal no se altera, sino que es el mismo

obtenido y que ﬁgura en el cuadro no. 6; como ejemplo de esas

variantes, tenemos el sistema llamado de D’Hondt (matemático

belga), por el nombre de su inventor, aplicado en Bélgica en

el año 1899 (según señala Maurice Duverger, en su obra Insti-

tutions Politiques et Droit Constitutionnal, edic. 1962). Este

procedimiento consiste en dividir sucesivamente el número de

sufragios o votos obtenidos por cada partido, por uno, por dos o

tres etc., hasta llegar el al número de lista de partidos participan-

tes, como ﬁgura en el cuadro que sigue (No. 7):

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

102

Cuadro No. 7

División por:

P A R T I D O S

A B C D E

1

2

3

4

5

15,000

7,500

5,000

3,750

3,000

11,000

5,500

3,666.66

2,750

2,200

7,400

3,700

2,466.66

1,850

1,480

4,600

2,300

1,533.33

1,150

920

2,000

1,000

666.66

500

400

Para determinar en este cuadro no. 7 a cuáles partidos se

les adjudican los cinco (5) asientos o cargos a ser provistos,

se buscan en el mismo, y como resultado de esas divisiones

sucesivas, cuáles son los cinco (5) “más altos promedios”, com-

probándose (y por eso hemos subrayado esas cantidades) que

dichos cinco (5) más altos promedios, y como consecuencia

de esto, los cinco (5) asientos o cargos a ser provistos o adju-

dicados corresponden sucesivamente a: el primer asiento, al

partido A) con promedio de 15,000 votos; el segundo asiento,

al partido B) con promedio de 11,000 votos; el tercer asiento,

al partido A) con promedio de 7,500 votos; el cuarto asien-

to, al partido C) con promedio de 7,400 votos; y el quinto

asiento, al partido B) con 5,500 votos. Como podemos ver,

el resultado es el mismo que el obtenido en el cuadro no. 6, o

sea, que al partido A) le son adjudicados 2 asientos; al partido

B) le son adjudicados también 2 asientos; y al partido C) le es

adjudicado 1 asiento.

De acuerdo con lo que hemos expuesto, por los resultados

obtenidos con ambos procedimientos (el de los “mayores restos” y

el de los “más altos promedios”), los cuales ﬁguran en los cuadros

Manual de Derecho Constitucional

103

no. 6 y no. 7, estos resultados diﬁeren en que, mientras el primero

(el de los “mayores restos”) favorecen a los partidos minoritarios;

el segundo (el de los “más altos promedios”) favorece a los par-

tidos mayoritarios. Aunque el primero de ellos, en apariencia, es

más democrático, puesto que le da oportunidad a los partidos

minoritarios de estar representados en los organismos para cuya

integración se haya efectuado la elección, según podemos ver:

Sistemas de ‘‘Mayores restos’’ Sistemas de ‘‘Más alto promedio’’

A

B

C

D

E

2 asiento o cargos

1 asiento a cargo

- - - -

2 asiento o cargos

1 asiento a cargo

- - - -

Sin embargo, en realidad, el de los “mayores restos”

(el que parece más democrático), adolece de un defecto, el

cual consiste en que, muchas veces crea o produce situaciones

bastante injustas, como se puede ver y comprobar en el cuadro

no. 6, en el cual a pesar de la gran diferencia de sufragios o votos

obtenidos por los partidos B), con 11,000 votos, y D) con 4,600

votos, ambos partidos alcanzan, con ese procedimiento de los

“mayores restos”, igual número de asientos o cargos elegidos.

El sistema electoral dominicano, en esta materia (de la

elección para varios cargos en una misma circunscripción

o jurisdicción electoral), es decir de la aplicación del sistema de

la representación proporcional, se rige por lo dispuesto en el art.

179 de la Ley Electoral vigente, en el cual se dispone lo siguiente:

“Art. 179.- Representación Proporcional. - Cuando en una

elección se haya votado por varios partidos o agrupaciones para

más de un cargo de la misma clase, cada uno de los cargos será

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

104

adjudicado, aisladamente, al partido cuyo factor de elección para

ese cargo sea el más elevado.

El factor de elección de un partido, mientras no le haya sido

adjudicado ningún cargo, será el número total de votos por él

obtenidos; será la mitad de dicho número desde que le haya sido

adjudicado un cargo, la tercera parte de dicho número cuando

tenga adjudicados dos cargos, la cuarta parte después que le

hayan sido adjudicados tres cargos, la quinta parte cuando le

hayan sido adjudicados cuatro cargos, y así sucesivamente, hasta

que todos los cargos hayan sido adjudicados.

Los candidatos electos de cada partido serán determinados

según el orden en que aparezcan en la candidatura del partido

(Modiﬁcado por Ley 6068, año 1962).

Este sistema, utilizado en el art. 179 de la Ley electoral

dominicana, conduce al mismo resultado del sistema del “más

alto promedio” explicado anteriormente.

15.6 SISTEMAS MIXTOS

Después de haber analizado los sistemas mayoritarios y de

la representación proporcional, pasamos ahora a estudiar los

sistemas mixtos.

Estos consisten, como su nombre lo indica, en sistemas

electorales en los cuales se combinan, en diferentes grados,

procedimientos mayoritarios y procedimientos fundados en la

representación proporcional.

El sistema electoral dominicano, por ejemplo, es un sistema

mixto, puesto que para elegir presidente, vicepresidente, senado-

res y síndicos, se utiliza el procedimiento o Sistema Mayoritario

a un turno o vuelta (con la vigente Constitución del 1994, la

elección de presidente y vicepresidente, tiene lugar con el siste-

Manual de Derecho Constitucional

105

ma mayoritario a dos turnos o vueltas electorales, para el caso

de que ningún candidato obtenga más del 50 % de votos en la

primera vuelta); y para elegir diputados y regidores, se utiliza el

sistema de la representación proporcional.

Otro sistema mixto existe en Alemania, hasta hace algu-

nos años, donde la combinación de procedimientos o sistemas

mayoritarios y de la representación proporcional consiste, más

o menos, en lo siguiente: para la elección parlamentaria, se le

entregan a cada elector dos papeletas o votos, en una de las

cuales debe poner el nombre de un candidato (“voto unino-

minal”), y en la otra papeleta, en la cual el elector debe votar

por uno de los partidos políticos participantes en la elección,

con el emblema del partido por el que desea votar el elector.

Por medio de las papeletas o votos donde se pone el nombre

de un solo candidato, se elige la mitad del total de asientos

al Bundestag o Cámara; el otro voto o papeleta, que es por

partidos políticos, sirve para que, sumando en total los dos

tipos de votos o papeletas (tanto los votos por partidos como

los votos uninominales), se busca el “cociente electoral” de

acuerdo con el sistema de la representación proporcional, tal

y como hemos explicado, y si de acuerdo con ese cociente

electoral le toca o corresponde a algún partido una cantidad de

asientos menor de los había obtenido con el voto uninominal,

entonces, a ese partido se le adjudica la cantidad de asientos o

cargos que obtuvo con el voto uninominal, que es mayor que

la cantidad resultante de la aplicación del procedimiento de la

representación proporcional; a este sistema alemán se le llama

sistema de la “prima mayoritaria”.

Otro ejemplo de sistema mixto es el de la Ley francesa del

año 1951, el cual se aplicó en Francia en las elecciones de los

años de 1951 y de 1956; de acuerdo con ese sistema mixto, se

permitía hacer alianzas o coaliciones de varias listas o partidos,

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

106

con ocho (8) días de antelación, por lo menos, al día de las

elecciones; en el caso de que hubiera un grupo de partidos

aliados que obtuviera la mayoría absoluta de votos, más del

50 %, entonces, a ese grupo de partidos aliados le hubieran

sido adjudicados la totalidad de los asientos al Parlamento, y

los partidos minoritarios no obtendrían ningún asiento (sis-

tema mayoritario); luego, para determinar entre los partidos

aliados o coaligados cuántos asientos le tocan a cada uno de

ellos, se procede a aplicar entre los mismos el sistema de

la representación proporcional, pero sin tener en cuenta a

los partidos que no estaban aliados y que habían obtenido

la minoría de los votos. Sin embargo, si el grupo de listas

o partidos aliados no obtiene la mayoría absoluta de votos,

como hemos indicado anteriormente, entonces se aplica el

procedimiento o sistema de la representación proporcional,

pura y simplemente, entre todos los partidos participantes en

la elección.

En Italia ha habido un sistema parecido al francés, antes

expuesto, pero que no ha tenido importancia práctica (no hemos

tenido noticias al respecto), puesto que no se ha producido el

caso o situación consignado anteriormente.

De acuerdo con ese sistema, se permite, al igual que en

Francia, hacer las alianzas, y en el caso de que un grupo de par-

tidos aliados obtenga la mayoría absoluta de votos, se le adjudica

a ese grupo, el 64.5 por ciento de los asientos al Parlamento

italiano; en el caso de que ese grupo de partidos aliados no

obtenga la mayoría absoluta de votos, se aplica entonces, entre

todos los partidos que concurren a la elección, el sistema de la

representación proporcional.

Manual de Derecho Constitucional

107

15.7 SISTEMAS ELECTORALES Y PARTIDOS

POLÍTICOS

En la aplicación de los diversos sistemas electorales: ma-

yoritarios, representación proporcional y mixtos, estos no se

limitan a establecer o registrar la opinión de la ciudadanía o de

los electores, ya que también, contribuyen a darle cierta forma,

a crear ciertos modelos.

En ese sentido, los diversos sistemas electorales se maniﬁestan,

en sus resultados, a través de tres (3) leyes sociológicas de cierta

importancia, aunque las mismas admiten algunas limitaciones.

Las tres leyes sociológicas: Históricamente y en diversas

naciones, se pueden distinguir, en lo que se reﬁere a los partidos

políticos, tres sistemas: a) primero, los casos donde hay un solo

partido o monopartidismo o de partido único, en los cuales

se considera que no hay una elección democrática, ya que los

ciudadanos no tienen posibilidad de escoger uno entre varios

candidatos y, por tanto, se considera que en dichas naciones

lo que existen son elecciones plebiscitarias, antidemocráticas o

dictatoriales, en los cuales los ciudadanos se limitarían a votar:si

o no a favor de un solo o único candidato o partido; b) los casos

donde existen dos (2) partidos, o sistemas bipartidistas; y c) los

sistemas en las cuales hay tres (3) o más partidos políticos, o

sistemas multipartidistas.

La existencia en un país, de dos o más partidos políticos,

depende de diversos factores: históricos, económicos, sociales,

raciales, geográﬁcos, etc. pero, en sentido técnico, práctico,

la existencia de esos diversos sistemas de partido, depende en

gran manera, del sistema o procedimiento electoral vigente. De

ahí que, desde hace varias décadas, se hayan desarrollado tres

leyes sociológicas:

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

108

15.7.1 EL SISTEMA ELECTORAL MAYORITARIO A

UN TURNO O VUELTA ELECTORAL

El sistema electoral mayoritario a un turno o vuelta electoral

tiende al dualismo de partidos o bipartidismo de partidos inde-

pendientes. Ejemplos de este sistema son los Estados Unidos de

Norteamérica, y el sistema de Inglaterra. La razón de ser de esta

Ley sociológica radica, según lo hemos explicado anteriormente,

en que el sistema mayoritario a un turno o vuelta electoral, el

partido que más votos obtiene, triunfa y los que menos votos

obtienen, sin importar el porcentaje de estos, salen derrotados,

lo cual impide que nazcan los partidos minoritarios.

15.7.2 EL SISTEMA MAYORITARIO DE DOS

TURNOS O VUELTAS ELECTORALES

El sistema mayoritario de dos turnos o vueltas electorales

tiende al multipartidismo de partidos dependientes. Ejemplo

de esto existe en la actual Constitución (del año 1994) de

la República Dominicana, y otras diversas naciones más.

La razón de ser de esta Ley sociológica radica en que, en el

primer turno o vuelta electoral, varios partidos concurren a

las elecciones, cada uno por su lado, aspirando a obtener el

triunfo, pero condicionada esa aspiración a que, de no obtener

el mismo en la primera vuelta o turno electoral, se adhieren

o alían, según las conveniencias políticas, a uno y otro de los

partidos de más votos obtuvieran, en el primer turno o vuelta

electoral. Este sistema tiene el defecto de que, algunas veces,

el partido que quedó en segundo lugar (por número de votos

obtenidos), no obstante tener una gran diferencia de votos en

relación con el partido que quedó en primer lugar en el primer

turno o vuelta, al celebrarse o llevarse a cabo el segundo turno

Manual de Derecho Constitucional

109

o vuelta, por la adhesión de uno o más partidos minoritarios,

derrotan o triunfan sobre el partido que había quedado en

primer lugar en el primer turno electoral, lo cual luce como

algo antidemocrático.

15.7.3 EL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN

PROPORCIONAL

El sistema de la representación proporcional tiende a la

formación de partidos múltiples o multipartidismo, de partidos

independientes ya que, como hemos explicado anteriormente,

este sistema electoral asegura o garantiza, más o menos, una

representación de los partidos minoritarios en cada circunscrip-

ción electoral, en proporción al número de votos obtenidos por

ellos en dichas circunscripciones.

Naturalmente, como hemos señalado antes, estas leyes

sociológicas no tienen, en todas las naciones, un resultado

exacto, en razón de que en algunas de ellas, el nacimiento,

subsistencia y desaparición de los partidos o de algunos par-

tidos tienen fundamentos económicos, históricos, políticos,

o sociales, y los sistemas electorales aplicados no constituyen

más que un factor en la formación y desaparición de los par-

tidos políticos.

También es necesario tener en cuenta, desde el punto de

vista sociológico, que en algunos países, los resultados electora-

les producen lo que se denomina representación de voluntades,

mientras en otros lo que se produce es una representación de

opiniones. Al respecto, Harold Laski (Introducción a la Po-

lítica), expresa lo siguiente: “El resultado es que, mientras en

Inglaterra y en los Estados Unidos el votante sabe claramente la

clase de resultados que trata de conseguir, y puede aﬁrmar que

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

110

una victoria de su partido signiﬁcará una determinada legislación

inherente a ese resultado; en Francia mientras no se trate de los

partidos extremos de derecha e izquierda, no hay relación directa

entre la voluntad expresada del cuerpo electoral y la clase de go-

bierno bajo el cual vivirá”.

16. LA DESIGNACIÓN NO DEMOCRÁTICA

DE LOS GOBERNANTES

Lo natural o corriente en la época actual o moderna, según

las teorías democráticas, es que los gobernantes de las naciones

sean elegidos por el pueblo, mediante sufragio universal, libre y

secreto; pero a través de la historia de la humanidad han existido

algunas formas de los gobernantes llegar al poder, sin haber sido

elegidos por votos de la ciudadanía. Las principales formas son

las siguientes: la herencia, la cooptación y la conquista.

16.1 LA HERENCIA

Es el único de los tres sistemas autocráticos de llegar al po-

der que ha logrado legitimarse durante un largo período.

La herencia, en materia política, puede ser individual o

monárquica, en la cual el poder personal de un rey, monarca

o emperador, se transmite a un heredero; pero también han

existido asambleas hereditarias, cuyos miembros transmiten su

poder a sus herederos (aún subsisten, en la actualidad, asambleas

de este tipo, como lo es la Cámara de los Lores, en Inglaterra).

La herencia en materia de Derecho Constitucional, puede

deﬁnirse como la transposición o traspaso al derecho consti-

tucional del sistema de transmisión de bienes a los herederos

naturales existentes en el derecho privado.

Manual de Derecho Constitucional

111

Luego de la desaparición del imperio Romano, sobre todo

en Europa, la herencia se implantó en diversas naciones de ese

continente, en la opinión pública de esa época, como único

sistema legítimo de un gobernante transmitir su poder a sus he-

rederos. Ese carácter de legitimidad se basaba o fundamentaba,

primero en la concepción matrimonial del poder; y segundo, en

la doctrina teocrática de la soberanía divina.

En lo que se reﬁere a la concepción patrimonial del poder,

esta surgió en la época en la cual la tierra era casi absolutamen-

te, la única o la principal fuente de producción de los países,

surgiendo los señores feudales, terratenientes, que detentaban

entonces el poder económico y el político, los cuales transmitían

a sus herederos. Estas clases feudales dieron origen a las primeras

asambleas aristocráticas que fueron fundadas como un medio de

limitar el poder de los monarcas emperadores de entonces (por

ejemplo: de los Lores, en Inglaterra; y Cámara de los Pares, en

Francia).

La otra concepción, fundada en la doctrina Teocrática de la

Soberanía Divina, apoyaba o impulsaba el poder de los monar-

cas de entonces, considerados como Dioses o que el Poder les

venía de Dios, en virtud de esa concepción doctrinal, es decir,

que detentaban, al mismo tiempo, el poder político y el poder

religioso; hasta el surgimiento del Cristianismo, período en el

cual dejaron de ser considerados como dioses los monarcas y

emperadores; pero aun, y por algún tiempo, continuó la creencia

de que el poder les venía de Dios.

De la herencia, como medio autocrático para llegar al po-

der, todavía quedan vestigios en algunas naciones, pero ya sin

el prestigio que tenían hace algunos siglos; pero, por ejemplo,

en Europa existen aún monarcas o reyes en Inglaterra, España,

Holanda, Bélgica, Noruega, Suecia y Dinamarca.

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

112

16.2 LA COOPTACIÓN

Este es otro sistema de transmitir el poder, el cual no ha

logrado, como la herencia, legitimarse ante la opinión pública.

Duverger cita que por lo escaso de este sistema en el mundo, casi

ningún tratadista de derecho constitucional lo menciona.

La cooptación se puede deﬁnir como la forma de un gober-

nante de turno, designar a su sustituto para el ejercicio del poder.

Ejemplo de este sistema lo hubo en Haití, cuando Duvalier padre

dejó el poder en manos de su hijo, quien lo conservó hasta que

fue derrocado. En Europa, Hitler tenía una especie de testamen-

to político, en el cual ﬁguraban, en orden descendente, tres o

cuatro de sus allegados políticos de más conﬁanza para sucederle

en el poder, lo cual no llego a producirse por la derrota del régi-

men en la Segunda Guerra Mundial. Sobre la cooptación, en los

tiempos contemporáneos, existen manifestaciones de ese siste-

ma, aún dentro de los regímenes democráticos; por ejemplo, en

la República Dominicana, la Constitución establece que cuando

un senador o un diputado renuncia, muere o deja, por cualquier

otra circunstancia, esa posición, cargo o función, no se celebran

elecciones parciales en la circunscripción o jurisdicción electoral

a que pertenecían para elegir a su sustituto sino que el partido al

cual pertenece o pertenecía, dentro de un plazo de treinta (30)

días, debe someter una terna de candidatos por ante la Cámara

respectiva, para que esta elija de este tema, al sustituto. Si el

partido interesado no presenta esa terna en el plazo señalado, la

Cámara queda en libertad de elegir al sustituto.

16.3 LA CONQUISTA

La conquista del poder consiste en un medio autocrático,

más o menos violento y antijurídico de llegar al poder un gober-

Manual de Derecho Constitucional

113

nante. En la llegada al poder de un conquistador, es necesario di-

ferenciar o distinguir: a) primero, los procedimientos o técnicas

utilizados para llegar al poder; b) segundo, los procedimientos o

técnicas utilizados para tratar de legitimar ese poder.

Los principales procedimientos utilizados para llegar o con-

quistar el poder, son dos:

a.- La revolución; y

b.- El golpe de Estado

Comenzaremos por el “b”, es decir, por los golpes de Esta-

do, con una explicación breve y sucinta acerca de estos, ya que

los mismos casi nunca revisten diferencias de acciones o procedi-

mientos y son muy similares todos o casi todos. Consiste en un

movimiento autocrático llevado a ejecución, generalmente por

un pequeño grupo de personas entre los cuales, con frecuencia,

hay allegados o funcionarios del gobierno a ser derrocado, casi

siempre aprovechando un momento o circunstancia de debili-

dad del gobierno a ser sustituido. Muchas veces, los golpes de

Estado son ejecutados con la ayuda o apoyo de una parte, más o

menos importante, de las Fuerzas Armadas.

En la revolución, como medio de llegar al poder, casi

siempre hay una parte más o menos grande de la población

la cual participa o ayuda, en determinadas circunstancias, a

los conquistadores del poder. En esta forma de conquista del

poder, los cabecillas o principales actores en el derrocamiento

del gobierno anterior, esparcen la idea o la propaganda política

de que ellos representan el pensamiento o el sentimiento de la

gran mayoría de la población, aunque esto sea incierto, a ﬁn de

tratar de justiﬁcar el derrocamiento del gobierno anterior. En

la mayoría de los casos, los procedimientos utilizados por los

revolucionarios para llegar al poder son mucho más violentos

que los utilizados por quienes dan un golpe de Estado para

llegar al poder.

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

114

Siempre, tanto en el caso de la revolución como en el del

golpe de Estado, al cabo de cierto tiempo, tratan de legitimar

la obtención del poder, pero en el esfuerzo para obtener dicha

legitimidad ante la opinión pública casi siempre usan uno de dos

posibles sistemas: en el primer caso, tratan de seguir o continuar

la concepción social vigente acerca de la teoría de la soberanía y

la legitimidad; en el otro caso, el conquistador del poder trata de

romper con el esquema o la creencia vigente acerca de la sobera-

nía y la legitimidad.

En el primer caso, se trata de un régimen nuevo, pero con-

servador, en el sentido de seguir la línea o las creencias acerca de

la legitimidad que existía durante el gobierno derrocado.

El segundo caso ocurre, cuando se rompe el concepto de

legitimidad que existía durante el gobierno anterior, y es en este

caso cuando se puede decir que el gobierno surgido por la con-

quista, es un gobierno realmente revolucionario.

A los gobiernos que surgen por la conquista del poder, bien

sea por revolución o por golpe de Estado, por la forma en la cual

generalmente se conducen en los primeros meses o años, se les

llama políticamente dictaduras. Naturalmente, este caliﬁcativo,

para serle aplicado al gobierno que surge es necesario que el mis-

mo suprima toda oposición, que suprima las libertades públicas

y que evite, en forma más o menos violenta, que los ciudadanos

puedan ejercer los derechos humanos.

Las dictaduras, que a veces surgen como gobiernos aparen-

temente legítimos, pero que con las formas de ejercer su poder se

convierten en dictaduras, casi siempre nacen, en algunas nacio-

nes donde se desarrolla, paulatinamente, una crisis, donde una

parte de la población está de acuerdo con una de las doctrinas

de la soberanía y de la legitimidad, mientras que otra parte de

la población esta compenetrada ideológicamente con otra de

las doctrinas de la soberanía. Cuando una población entra en

Manual de Derecho Constitucional

115

un punto álgido de esas crisis ocasionadas por las diferencias

de creencias doctrinales, es cuando surge un nuevo gobierno,

que para poder poner el orden y la paz político-social, actúa

como gobierno dictatorial, en su argumento revolucionario,

suprimiendo generalmente el derecho de la expresión libre del

pensamiento y el derecho de la oposición política.

17. LA ESTRUCTURA GUBERNAMENTAL

Donde ha existido o existe un pequeño núcleo o grupo

social, el poder es ejercido corrientemente por una sola persona;

pero desde el momento en el cual ese pequeño grupo crece o

se aumenta, se produce la necesidad social de que el poder sea

dividido entre varias personas o conjunto gubernamental. En

este último caso, se llama gobierno, en sentido amplio de este

vocablo, al conjunto de gobernantes de una sociedad, la más

perfectamente organizada, llamada Estado o Nación. En sentido

estricto, el vocablo gobierno, es entendido comúnmente como

el órgano o institución estatal denominado también como el

Ejecutivo, para diferenciarlo del Legislativo y del Judicial, cuyas

funciones o atribuciones son distintas a las del Gobierno o Eje-

cutivo.

A ﬁn de facilitar el estudio y comprensión de lo que cons-

tituye la estructura gubernamental, comenzaremos el desarrollo

de ese estudio, señalando que toda estructura gubernamental está

formada o integrada por dos elementos esenciales: los órganos y

las funciones o atribuciones.

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

116

Cuadro No. 8

Elementos de

la Estructura

Gubernamental

Gobierno

o

Ejecutivo

A) Organos

del Estado

B) Funciones

o Poderes

del Estado

{{{

{

{{

a) Individuales

b) Pequeño grupo de

personas o comités

c) Asambleas o

parlamento

I. Moncrático

II. Colegiado

III. Directorial

IV. Dualista

I. Legislativo

II. Ejecutivo

III. Judicial

Poder de decisión

Poder de ejecución

Poder de consulta

Poder de control

a ) Monocromacia real o monarquía

b) Monocromacia dictatorial

c) Monocromacia presidencia

d) Monocromacia electiva

e) Monocromacia cooptada

I. Monocamarista o Monocameral

II. Bicamarista o Bicameral

Poder Político

Poder Administrativo

Poder Gubernamental

Poder Deliberativo

a) Distinción

tradicional

b) Otras Distinciones

I.

II.

III.

Manual de Derecho Constitucional

117

• Los órganos del Estado, los cuales están constituidos por

una persona, un pequeño grupo de personas o comité, o

por un gran número de personas o asamblea, congreso o

parlamento.

• Las funciones o atribuciones del Estado, es decir, las distin-

tas actividades o tareas que deben ser realizadas dentro del

Estado-Nación por los diferentes órganos del mismo.

18. LOS ÓRGANOS DEL ESTADO

Generalmente, los dos primeros tipos de órganos, los

individuales y los comités, forman, en conjunto, lo que co-

múnmente se llama Gobierno o Ejecutivos; y a los órganos for-

mados por un gran número de personas, se les llama asambleas

legislativas, parlamentos, congresos o cámaras legislativas.

18.1 GOBIERNO O EJECUTIVO

Comúnmente, se le llama Gobierno o Ejecutivo, al órgano

de la estructura gubernamental que tiene a su cargo la función o

Poder Ejecutivo, es decir, que tiene las facultades o atribuciones

para dictar reglas de derecho de carácter particular y realizar ac-

tos materiales de ejecución, a ﬁn de poner en vigencia las reglas

de derecho emanadas del Poder Legislativo; mientras que las

asambleas, parlamentos o congresos, tienen a su cargo lo que

comúnmente se llama función legislativa o Poder Legislativo,

es decir, la función o atribución de dictar reglas de derecho de

carácter general e impersonal.

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

118

18.2 DIFERENTES TIPOS DE GOBIERNO O

EJECUTIVOS

En diferentes Estados o naciones han existido o existen

los gobiernos o ejecutivos monocráticos o formados por una

sola persona; en otros, los gobiernos o ejecutivos colegiados o

formados por dos personas; también han tenido existencia los

llamados gobiernos o ejecutivos directoriales o formados por

una especie de directorio, comité o pequeño grupo de personas;

y, por último, los gobiernos o ejecutivos dualistas, constituidos

en forma mixta, por una persona o ejecutivo monocrático y por

ese pequeño grupo de personas o ejecutivo directorial.

18.2.1 EL EJECUTIVO MONOCRÁTICO

Este tipo de ejecutivo, formado por una sola persona, tiene

cinco (5) variantes:

• Monocracia real o monarquía;

• Monocracia dictatorial;

• Monocracia presidencial;

• Monarquía electiva; y

• Monocracia cooptada

a. Monocracia real o monarquía: las palabras mono-

cracia y monarquía tienen un mismo signiﬁcado, es decir,

gobierno de una sola persona; pero a la monocracia real o de

reyes hereditarios se le llama comúnmente como monarquía, es

decir, un gobierno en el cual, quien ejerce el Poder Ejecutivo es

un monarca, rey o emperador, quien es considerado (o lo era)

como un dios, o que recibía el poder de Dios, el cual puede

transmitir a sus herederos.

Manual de Derecho Constitucional

119

b. Monocracia dictatorial: está constituida por un ejecutivo

que generalmente ha llegado al poder por medio de la conquista,

es decir, por un medio antijurídico y generalmente violento, pero

que, ocasionalmente, el ejecutivo puede haber sido elegido por el

sistema democrático del sufragio universal, pero que, en el ejercicio

del poder, suprime las libertades públicas, el derecho de oposición

y, de manera especial, la libertad de expresión del pensamiento.

c. La monocracia presidencial: es aquella donde el Poder

Ejecutivo generalmente es ejercido por un presidente que ha

llegado al poder democráticamente y mediante elecciones por

sufragio universal. El presidente, detentador del Poder Ejecu-

tivo, tiene la facultad de dictar reglas de derecho de carácter

particular y realizar actos materiales de ejecución, a ﬁn de poner

en vigencia las reglas de derecho de carácter general emanadas

del Poder Legislativo.

d. La monarquía electiva: este es un sistema de ejecuti-

vo monárquico, muy raro en la historia, pero que existió en el

antiguo reino de Polonia, donde el monarca era elegido por la

asamblea de señores feudales de esa época, en esa nación.

e. Monocracia cooptada: este es un ejecutivo monocrático,

en el cual, quien detenta ese poder por haber llegado al mismo

por medio de cooptación, es decir, que había sido designado por

su antecesor. Ejemplo: el régimen del hijo de Duvalier, en Haití.

18.2.2 EL EJECUTIVO COLEGIADO

Este se encuentra formado por dos personas o colegas, y se ca-

racteriza por la igualdad de atribuciones, facultades o poderes entre

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

120

ambos, por lo menos teóricamente y, además, porque las decisiones

deben ser tomadas de común acuerdo o a unanimidad. Ejemplo de

este tipo de ejecutivo existió en Roma, en tiempos de “los Cónsules”.

En la República Dominicana, a ﬁnales del año 1964, un

régimen de facto, instaurado después del derrocamiento del

legítimo y democrático gobierno del Prof. Juan Bosch, se con-

formó como “Triunvirato”, el cual, luego de varias diferencias

políticas entre sus integrantes, al ﬁnal quedó formado solamente

y durante varios meses, por dos (2) “triunviros”, hasta que estalló

la guerra civil del año 1965, la cual concluyó al establecerse un

gobierno provisional, el cual convocó a elecciones, que fueron

celebradas en 1966.

18.2.3 EL EJECUTIVO DIRECTORIAL

Es aquel formado por un pequeño grupo de personas, quienes

integran lo que se ha llamado Directorio, o Consejo de Estado, o

Consejo de Gobierno. Generalmente, en este tipo de ejecutivo, las

decisiones son tomadas por mayoría de votos. En algunos casos hay

un presidente al frente del Directorio de manera ﬁja, como fue en

la República Dominicana en el año 1962 (por una modiﬁcación

constitucional de ﬁnales del año 1961); o también, como en el caso

de la República de Uruguay, según su Constitución del año 1917,

pero en este caso, la Presidencia era rotatoria entre sus miembros.

Tenemos entendido, que aún en la época actual, en Suiza, existe un

ejecutivo directorial, denominado Consejo de Estado.

18.2.4 EL EJECUTIVO DUALISTA

Este tipo de ejecutivo es mixto, es decir, que resulta de la com-

binación de un ejecutivo monocrático y un ejecutivo directorial.

Manual de Derecho Constitucional

121

Este tipo de ejecutivo tuvo su origen en Inglaterra, desde

hace unos siglos, donde frente a los Monarcas de entonces y con

el ﬁn de limitar sus poderes, se creó un Consejo de Ministros.

Con el transcurso del tiempo, en Inglaterra se ha llegado a que el

gobierno o ejecutivo lo ejerce el Consejo de Ministros, encabeza-

do por un Primer Ministro, quien funge como jefe de gobierno,

quedando el Monarca o rey, como un jefe de Estado, siendo

común la frase de: “el rey reina pero no gobierna”.

Este sistema de ejecutivo dualista, se ha generalizado entre

todos los regímenes parlamentarios (que son regímenes llamados de

“colaboración de poderes”), distintos a los regímenes “presidencia-

les”, (que son estos últimos, regímenes de “separación de poderes”).

18.3 PARLAMENTOS, CONGRESOS O ASAMBLEAS

Duverger cita a este tipo de órgano de la estructura guber-

namental diciendo que “es el órgano formado por un gran número

de personas”, deﬁnición que él mismo considera como vaga,

mala o confusa, ya que, por ejemplo, el Consejo de Ministros de

Francia tiene alrededor de cuarenta (40) personas y es un órgano

ejecutivo, mientras que hay otros Estado o Naciones en los cuales

sus órganos legislativos, que constituyen Congresos, Asambleas

Legislativas o Parlamentos, apenas llegan a estar constituidos por

ese número de legisladores (en el caso dominicano, el Senado

nada más tiene treinta senadores).

En realidad, lo que caracteriza a este tipo de órgano de la

estructura gubernamental y que lo diferencia del gobierno o

ejecutivo, es que los Parlamentos, Congresos o Asambleas Le-

gislativas tienen la atribución, función o Poder Legislativo, es

decir, la facultad de dictar reglas de derecho de carácter general e

impersonal, denominadas como leyes.

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

122

En relación con este órgano de la estructura gubernamental,

las mayores discusiones políticas se reﬁeren al número de Cáma-

ras que son necesarias o que convienen jurídica y políticamente,

es decir, que existen los tratadistas y políticos partidarios del

bicamarismo, y los que son partidarios del monocamarismo.

Harold Laski, político y tratadista inglés, en su obra “Intro-

ducción a la Política”, impresa en Argentina, expresa lo siguiente

en relación con el bicamarismo: “Una Asamblea legislativa de-

bería componerse, en general, de una sola Cámara. Cuando en un

Estado unitario existe el sistema bicameral, se observa que tiende a

asegurarse, como en la Cámara de los Lores ingleses, el predominio

en el Estado de algún interés especial. En teoría, es difícil compren-

der la razón que pueda justiﬁcar una segunda Cámara…”

El bicamarismo en los regímenes presidenciales tuvo su ori-

gen en los Estados Unidos, desde la época de su independencia

proclamada por las antiguas trece (13) colonias, las cuales vinie-

ron a ser los primeros trece Estados de esa nación federal, entre

los cuales había algunos grandes, de mucha población, y otros

pequeños, de poca población. Cuando se discutía la elaboración

de su primera Constitución, los grandes Estados (federados),

querían que el órgano legislativo estuviera constituido por una

cámara, en la cual tuvieran representación todos los Estados fe-

derados, en proporción del número de habitantes que tenía cada

uno de ellos. En cambio, los pequeños Estados deseaban que la

representación de los diversos Estados en el órgano legislativo

a ser creado fuera una representación igualitaria, es decir, con

un número de representantes por igual, tanto para los Estados

grandes como para los pequeños Estados. Como no se podían

poner de acuerdo con lo expuesto, al ﬁnal y como transacción,

surgió la idea de crear dos cámaras legislativas, una (la Cámara

de Representantes), según el querer de los grandes Estados, en

la cual cada Estado tendría una representación proporcional al

Manual de Derecho Constitucional

123

número de habitantes de cada uno de ellos; y la otra (el Senado),

con un número de miembros (senadores) por igual, para los

Estados grandes y para los pequeños Estados; de tal manera, que

una cámara representaba (y representa) a los Estados federados; y

la otra, a la federación o la totalidad de la nación, en ese Estado

federal. Este último argumento ha sido copiado luego, al surgir

con posterioridad, otros Estados federales, como Suiza, México,

Brasil, etc.

Pero el bicamarismo, en realidad, ha tenido su origen en

algunas naciones en las cuales, primero surgió una cámara (sic)

aristocrática (antes de existir los sistemas electorales democráti-

cos) como medio de limitar el poder de los monarcas de antaño,

por ejemplo, la cámara de los Lords (o Lores) en Inglaterra; y la

Cámara de los Pares, en Francia. Más tarde, al surgir los sistemas

democráticos de elecciones por medio del sufragio universal,

como consecuencia del desarrollo de la doctrina de la soberanía

popular, fueron elegidas cámaras legislativas democráticas en

concurrencia con las cámaras aristocráticas, y en consecuencia

surgió, en estos casos, el bicamarismo. Es necesario hacer constar

que en Francia desapareció la Cámara de los Pares, pero subsiste

un bicamarismo de cámaras, elegidas ambas; en Inglaterra sub-

siste la Cámara de los Lords, (o Lores), pero sin tener poderes

legislativos, los cuales solamente los tiene la Cámara de las

Comunes (elegida democráticamente). En otras naciones, como

Noruega y Dinamarca, el bicamarismo ha sido sustituido por un

monocamarismo.

El bicamarismo constituido por dos cámaras elegidas

democráticamente en los Estados o naciones que no son fede-

rales, es uno de los casos que más discusiones ha dado origen.

La pretendida justiﬁcación de los partidos y de los tratadistas

y políticos conservadores, al apoyar este sistema, consiste en

considerar que, existiendo dos cámaras legislativas, las leyes

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

124

son depuradas con más calma y más serenidad, ya que después

de aprobadas en una cámara, deben pasar a la otra, para ﬁnes

de su aprobación ﬁnal. Duverger considera este argumento

extremadamente conservador, ya que él estima que uno de los

defectos más frecuentes en la mayoría de los órganos legisla-

tivos de las distintas naciones, es la lentitud en la aprobación

ﬁnal de las leyes.

Estamos totalmente de acuerdo con el criterio del Prof.

Duverger anteriormente expuesto, sobre todo en lo que se re-

ﬁere al bicamarismo del sistema constitucional dominicano, el

cual no es un sistema político federal, y que, por consiguiente,

no procede el bicamarismo. Este criterio sobre nuestro bica-

marismo lo ampliaremos, con algunos detalles nacionales, en

la segunda parte de este Manual de Derecho Constitucional,

donde trataremos sobre el sistema constitucional dominicano.

Pero consideramos necesario mencionar, que en muchos casos

de bicamarismo (sin ser federal el Estado), aún se les llama

Cámara Alta y Cámara Baja, al parecer como reminiscencia del

origen de ese bicamarismo.

19. LAS RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO

O EJECUTIVO Y ASAMBLEAS,

CONGRESOS O PARLAMENTOS

A través de la historia, los medios de acción del gobierno

o ejecutivo sobre las asambleas, congresos o parlamentos son

diversos, pero más o menos similares a los medios de acción de

las asambleas, congresos o parlamentos, sobre los gobiernos o

ejecutivos.

Manual de Derecho Constitucional

125

19.1 MEDIOS DE ACCIÓN DEL GOBIERNO

O EJECUTIVO SOBRE LAS ASAMBLEAS,

CONGRESOS O PARLAMENTOS

• Intervención en el nombramiento de sus miembros (en

los tiempos modernos, con el desarrollo de la teoría de la

soberanía popular y de los regímenes democráticos, y como

consecuencia de esto, la elección de sus miembros por me-

dio del sufragio universal, ha desaparecido esa designación

por parte del gobierno o ejecutivo).

• Intervención en la organización de las asambleas (sujeta esta

a los procedimientos de los tiempos modernos, de acuerdo

con lo explicado al ﬁnal de la letra a).

• Participación en los actos de las asambleas, congresos o par-

lamentos, por medio del ejercicio del derecho de iniciativa

en los proyectos de leyes y resoluciones; participación en los

debates; ejercicio del veto, promulgación, publicación, etc.

• Facultad de disolución de la asamblea o parlamento (esto,

vigente solamente en los regímenes parlamentarios, pero no

en los regímenes presidenciales).

19.2 MEDIOS DE ACCIÓN DE LAS ASAMBLEAS,

CONGRESOS O PARLAMENTOS SOBRE EL

GOBIERNO O EJECUTIVO

• Los parlamentos o asambleas legislativas tienen atribucio-

nes similares, pero a la inversa, sobre todo en los regíme-

nes parlamentarios. Por ejemplo: en Italia, el Parlamento,

para designar un primer ministro o jefe del Gobierno,

debe pedirle al presidente de la República que proponga

un candidato, pero luego, después del presidente haber

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

126

propuesto uno, su aprobación o rechazo, tiene que ser

sometido a discusión en el seno del parlamento, pudiendo

este rechazar al candidato propuesto. En esos regímenes

parlamentarios, el jefe del gobierno o ejecutivo es el pri-

mer ministro o el presidente del consejo de ministros o

el canciller (esto último, en Alemania). Sin embargo, en

otro régimen parlamentario, como el de Inglaterra, el jefe

de gobierno, el primer ministro, resulta ser el dirigente

máximo del partido que gana las elecciones.

En los regímenes presidenciales, la asamblea, congreso o

parlamento, tampoco elige al jefe de gobierno o presidente,

sino que este resulta electo por votación popular, mediante

un sistema electoral establecido previamente, el cual varía

según los diferentes Estados-naciones presidenciales.

• Intervención sobre las actividades del ejecutivo: gene-

ralmente, en los diversos Estados-naciones se designan

comisiones especiales, permanentes o temporales, según los

casos, las cuales estudian, conocen y deciden sobre las di-

versas actividades del ejecutivo, pudiendo esas comisiones

hacerle recomendaciones al pleno de la cámara o asamblea,

sobre dichas actividades.

En relación con todo esto, las cámaras, congresos o parla-

mentos, pueden decidir invitar a comparecer a los funcio-

narios del gobierno o ejecutivo, para ﬁnes de información,

investigación o aclaración sobre sus diversas o sobre alguna

de sus actuaciones. En los regímenes parlamentarios se pue-

de llegar, en materia de investigación de las actuaciones del

gobierno, a lo que se denomina como interpelación, la cual

puede culminar con un voto de censura o de no-conﬁanza,

y esto determinar con la obligación de parte del jefe de

gobierno y su gabinete ministerial, de renunciar o dimitir,

en virtud o de acuerdo con lo que se denomina, en esos

Manual de Derecho Constitucional

127

tipos de regímenes políticos, la responsabilidad política de

los ministros (incluyendo al primer ministro, que es el jefe

de gobierno o ejecutivo). En la práctica, en el sistema inglés

vigente, esto no sucede, en razón de que, por el sistema

electoral utilizado y por el sistema de disciplina partidaria,

el primer ministro y su gabinete pertenecen al mismo par-

tido que tiene mayoría en la Cámara de las Comunes, que

es la cámara elegida, y esta tiene respeto y consideración

hacia el primer ministro y jefe del gobierno, por ser este, al

mismo tiempo, el jefe máximo del partido mayoritario en

la Cámara de los Comunes.

20. LAS FUNCIONES DEL ESTADO

Las funciones del Estado: cuando comenzamos a tratar

sobre la Estructura Gubernamental, señalamos que la misma

estaba integrada por dos elementos esenciales; a) los órganos del

Estado; b) las funciones del Estado. Ya hemos tratado con ante-

rioridad y de manera sucinta, los diferentes y principales órganos

del Estado. Ahora trataremos también, con la brevedad que este

manual amerita, las funciones del Estado.

La idea sobre la existencia de un Estado-nación nos con-

duce a pensar que si está integrado por diversos órganos, es en

razón de que debe realizar distintas y numerosas tareas, a ﬁn de

asegurar el desarrollo de la vida social, económica y política del

núcleo humano que conforma el Estado-nación.

Acerca de las funciones del Estado, se han forjado a través

del tiempo diversas concepciones; entre ellas, las que señalan

como una simple división de trabajo, a ﬁn de asegurar la con-

vivencia del grupo humano que integra al Estado. Pero existen

consideraciones políticas que conducen a estimar las diversas

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

128

funciones del Estado como elementos esenciales para la existen-

cia del mismo, sin los cuales no existiría el Estado.

De acuerdo con la primera concepción de las funciones del

Estado, la cual es una concepción práctica o técnica, esa simple

división de trabajo entre los distintos órganos que lo integran,

da lugar a pensar que no hay una jerarquía entre esos órganos,

excepto algunas que se producen, no jurídicamente, sino simple-

mente, de hecho.

21. LA CONCEPCIÓN DE LAS FUNCIONES

DEL ESTADO COMO ELEMENTOS

CONSTITUTIVOS DEL MISMO

De acuerdo con esta concepción política, ﬁlosóﬁca, la exis-

tencia del Estado implica, necesariamente, estar formado por

tareas propias o funciones que tradicionalmente deben estar

separadas (doctrinas esparcidas desde los siglos XVII y XVIII),

por razones que vinieron a ser, en el transcurso de los siglos XIX

y XX, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Esta llamada

distinción tradicional de los poderes o funciones del Estado

fueron impulsadas por los pensadores políticos de la época:

Locke, tratadista inglés, en su obra “Tratado del Gobierno Ci-

vil”; Montesquieu, autor francés, en su obra “El Espíritu de las

Leyes”; y luego, Juan Jacobo Rousseau, francés también, en su

tratado “El Contrato Social”, difundido a través del tiempo y en

numerosas naciones.

El primero de los señalados tratadistas, Locke, en su obra

se inspiró en el sistema inglés de su época, en el cual, desde ese

entonces y aún hasta el momento actual, el Poder Judicial ha

sido y sigue siendo tan independiente que se considera que no

formaba parte de la estructura gubernamental y, por lo tanto, la

Manual de Derecho Constitucional

129

distinción de poderes o funciones por él tratada, se refería a los

poderes legislativos y ejecutivo.

En síntesis, los tres poderes o funciones de la citada distin-

ción tradicional, son los siguientes:

21.1 EL PODER LEGISLATIVO

Consiste en la facultad de dictar las reglas de derecho de

carácter general e impersonal, comúnmente llamadas leyes.

21.2 EL PODER EJECUTIVO

Consiste en dictar reglas de derecho de carácter particular o

realizar actos materiales de ejecución, a ﬁn de poner en vigencia

las reglas generales de derecho emanadas del Legislativo.

21.3 EL PODER JUDICIAL

Abarca dos actividades: 1) la función de ejercer la jurisdicción

penal, según la cual se juzga y sanciona a quienes violan las reglas de

derecho; 2) ejercer la jurisdicción civil, la cual consiste en solucionar

o dirimir los diferentes tipos de litigios que surgen entre partes.

Esta distinción tradicional de los poderes o funciones

legislativo, ejecutivo y judicial, sobre la cual aún se habla y se

escribe entre abogados, en los tribunales, entre políticos, ha ido

evolucionando lentamente en algunas naciones, dando lugar al

surgimiento de nuevas distinciones de poderes o funciones del

Estado: la distinción que los divide en:

a) Poder político del Estado

b) Poder administrativo del Estado

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

130

De acuerdo con esta primera distinción, el poder político

correspondería a los organismos supremos del Estado, los cua-

les toman las decisiones de principios; mientras que el poder

administrativo correspondería a los organismos subordinados

del Estado, los cuales adaptan las decisiones de principios a

casos particulares. Esta distinción, por ejemplo, aunque ahora

es nueva, se aplicaba en Atenas, donde la asamblea del pueblo

tenía el poder político, mientras “los magistrados” tenían o

ejercían el poder administrativo. También se aplicaba esta

distinción en la Constitución soviética del año 1936, en la

cual, en su artículo 14 se establecía: “Corresponde a la Unión

de Repúblicas Socialistas Soviéticas, encarnada en sus órganos

superiores del Poder y en los órganos de la Administración del

Estado…”; y de acuerdo con esa enunciación, el poder político

correspondería al Soviet Supremo, que era el Parlamento, y al

Presídium; mientras que el poder administrativo correspondía

a los ministros y demás funcionarios subalternos.

21.4 OTRA DIVISIÓN DE LOS PODERES DEL

ESTADO

21.4.1 EL PODER DE DECISIÓN

Es el más importante, consiste en la facultad de hacer o

realizar actos que determinan algunos derechos u obligaciones.

21.4.2 EL PODER DE EJECUCIÓN

Consiste en acatar y cumplir lo decidido anteriormente por

el poder de decisión, mediante actos materiales de ejecución o de

reglas jurídicas de carácter particular.

Manual de Derecho Constitucional

131

21.4.3 EL PODER DE CONSULTA

Consiste en la facultad que tienen algunos organismos del

Estado, para emitir opiniones o consultas cuando le son pedidas

por alguno de los poderes del Estado anteriormente citados, es

decir, que actúa con anterioridad a la acción de los poderes de

decisión y de ejecución.

21.4.4 EL PODER DE CONTROL

Actúa a la inversa del de consulta y entra en juego después

de la acción del poder de decisión o del poder de ejecución. Este

control se realiza sobre la legalidad (o de la constitucionalidad)

de los actos de esos poderes, o por medio del control de la opor-

tunidad o constitucionalidad de los actos.

De acuerdo con la evolución de la democracia y el desarrollo

del Poder Ejecutivo como organismo motor del Estado, el orga-

nismo del impulso y de organización de los planes de desarrollo

de la nación, se ha propugnado y propagado una distinción de

los poderes del Estado, que viene siendo una combinación de las

dos (2) distinciones anteriores. Esta nueva distinción divide los

poderes en dos:

21.4.5 EL PODER GUBERNAMENTAL

Este corresponde a las actuaciones modernas de las demo-

cracias, donde el Poder Ejecutivo o gobierno, es el que tiene la

iniciativa y es el organismo motor, de impulso, en el desarrollo

social, educacional y económico de las naciones.

21.4.6 EL PODER DELIBERATIVO

Es el que viene a recaer, en la época moderna, en los

parlamentos, congresos o asambleas legislativas, los cuales

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

132

actúan bajo esta distinción de poder deliberativo, bajo dos

formas o maneras:

Primero: como un poder de limitación a las actuaciones del

Poder Ejecutivo o gobierno; sirve de freno en relación con las di-

versas actuaciones y decisiones económicas, jurídicas y políticas

del gobierno o ejecutivo.

Segundo: que consiste en la facultad de poder reivindicar

(poder reivindicativo), es decir, que de todos los poderes del

Estado, donde más fácil es solucionar un problema social, eco-

nómico o político, de una parte del pueblo o de la gran mayoría

de este, es a través de los congresos, parlamentos o asambleas

legislativas, donde los diferentes grupos sociales, económicos o

políticos van a pedir que no se legisle en determinada forma por-

que esto causaría algún perjuicio, o que se legisle en determinada

forma, en beneﬁcio del pueblo o de gran parte del pueblo.

22. DIFERENTES TIPOS DE ESTRUCTURAS

GUBERNAMENTALES

Después de haber estudiado, por un lado, los diferentes

órganos de la estructura gubernamental, y por otro lado, las

distintas funciones del Estado, los cuales son o constituyen los

dos elementos que forman la estructura gubernamental, así

como los diversos tipos de cada uno de esos elementos citados,

tanto de los órganos como de las funciones, nos vamos ahora a

permitir el examen de cuáles son los diferentes tipos de estruc-

turas gubernamentales que pueden producirse como resultado

de la combinación de esos diversos elementos de la estructura

gubernamental, y de esta manera, describir la estructura de

conjunto del gobierno, luego de haberlo examinado en piezas

separadas.

Manual de Derecho Constitucional

133

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, notaremos que se

produce, en primer lugar, una tipología tradicional de las estruc-

turas gubernamentales; pero luego, por una evolución contempo-

ránea, se produce una tipología moderna de dichas estructuras.

23. LA TIPOLOGÍA TRADICIONAL

Esta tipología se fundamenta en la distinción clásica de los

poderes o funciones del Estado, los cuales hemos examinado

anteriormente, y sobre todo o de manera destacada, sobre la

oposición del poder o función legislativa y el poder o función

ejecutiva. Dependiendo de que estos poderes o funciones estén

a cargo de un mismo órgano, o de dos órganos distintos de la

estructura gubernamental, y según que estos órganos actúen

determinantemente separados o en colaboración, notamos la

existencia de tres tipos de regímenes políticos: los regímenes de

concentración de poderes, los regímenes de separación de pode-

res y los regímenes de colaboración de poderes.

23.1 LOS REGÍMENES DE CONCENTRACIÓN DE

PODERES

Dentro de estos regímenes hay los de concentración absolu-

ta de poderes y los de concentración relativa de poderes, siendo

esta segunda forma, más frecuente.

23.1.1 LOS REGÍMENES DE CONCENTRACIÓN

ABSOLUTA DE PODERES

En este tipo, hay un solo órgano del Estado que acumula o

concentra en sus manos, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo,

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

134

y con frecuencia, el Poder Judicial o jurisdiccional. A su alrede-

dor existen otros órganos que tienen un simple carácter admi-

nistrativo. Un ejemplo de este tipo de concentración absoluta de

poderes era el existente en Francia, en tiempos de la Monarquía

Absoluta del Régimen.

23.1.2 LOS REGÍMENES DE CONCENTRACIÓN

RELATIVA DE PODERES

Este tipo se ha esparcido más o ha sido más frecuente a

través de la historia; en esos regímenes han existido los distintos

órganos, legislativo, ejecutivo y judicial, que aparentemente

ejercen sus respectivas funciones o poderes, pero que, habiendo

unos fuertes lazos de subordinación de unos sobre otros, de

tal manera que en realidad, hay uno solo de ellos investido de

todos los poderes de decisión; en realidad, una multiplicidad de

órganos gubernamentales entre los cuales hay cierta repartición

de funciones o tareas, pero esa multiplicidad de órganos y esa

repartición de funciones o tareas no son más que aparentes.

Los casos más frecuentes de regímenes de concentración

de poderes que han existido a través de la historia, son los de

concentración de poderes en manos o en provecho del gobierno

o ejecutivo. Los dos regímenes que más frecuentemente han

existido, son: las monarquías absolutas y las dictaduras.

23.2 LOS REGÍMENES DE SEPARACIÓN DE

PODERES

Estos regímenes se distinguen o caracterizan, primero, por

una distinción de órganos sobre los cuales recaen los diferentes

poderes o funciones del Estado; segundo, por una especialización

Manual de Derecho Constitucional

135

funcional, es decir, que el órgano legislativo es el encargado de

elaborar y aprobar todas las reglas de derecho de carácter general

e impersonal; mientras que el órgano o Poder Ejecutivo tiene la

facultad de dictar las reglas de derecho de carácter particular y de

realizar actos materiales de ejecución, a ﬁn de poner en vigencia

las reglas de derecho de carácter general o leyes emanadas del

órgano legislativo; y uno o varios órganos judiciales, encargados

de juzgar y sancionar, si procede, a quienes violan o transgreden

las reglas de derecho y, además, juzgar y decidir sobre todos los

litigios o causas que puedan surgir entre partes; y tercero, es

la independencia orgánica, es decir, que cada órgano o poder,

actúa solamente dentro de su campo de actividades funciona-

les, sin intervenir en las de los otros poderes u órganos de la

estructura gubernamental. Naturalmente, esta característica de

independencia no es absoluta, ya que en todos los regímenes

políticos, algunas atenuaciones son posibles: por ejemplo, la

especialización funcional no es absoluta, ya que el legislativo

participa en la función ejecutiva en materia presupuestal y en

materia diplomática; interviniendo el ejecutivo en la función le-

gislativa, por medio del poder reglamentario, es decir, la facultad

o poder de elaborar actos de alcance general e impersonal, como

son los reglamentos, destinados a completar y precisar las leyes

elaboradas por el Poder Legislativo.

Los tipos de regímenes políticos que caen dentro del grupo

de separación de poderes son:

1) Las monarquías, limitadas del siglo XIX en adelante, cuan-

do se crearon las primeras asambleas o parlamentos destina-

dos, de manera principal, a limitar el poder que tenían los

monarcas de entonces;

2) Los regímenes presidenciales; y

3) Una forma antigua de separación de poderes como la que

existió en Atenas, con la Asamblea del Pueblo, por un lado, y

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

136

del otro lado, los Magistrados, y en Roma, donde existieron

los llamados “Tribunos de la Plebe”, quienes ejercían una

especie de veto o freno para la aplicación de las decisiones

de los gobernantes romanos.

23.3 LOS REGÍMENES DE COLABORACIÓN DE

PODERES

Estos regímenes se caracterizan por tres (3) ideas esenciales:

Fundamentalmente suponen una distinción de las funciones o

poderes del Estado, los cuales son conﬁados a órganos distintos.

Esos órganos no son rigurosamente especializados en sus funciones

o poderes, ya que hay campos de acción comunes; y, en ﬁn, lejos

de estar completamente aislados los unos de los otros, los órganos

disponen de medios de acción recíprocos. En resumen: Distinción

de Poderes, Colaboración Funcional y Dependencia Orgánica.

Estas tres fórmulas deﬁnen a los regímenes de “colaboración

de poderes”, oponiéndose, a la vez, a su concentración o confu-

sión y a su separación.

En la práctica, el sistema de colaboración de poderes está re-

presentado por el Régimen Parlamentario, del cual han existido

muy diversas variedades. En resumen, de lo anterior expuesto,

llegamos a la conclusión de que se llama Régimen Parlamentario

a un sistema político fundado en la colaboración de poderes o

funciones, en el cual el ejecutivo está dividido en dos elementos;

un jefe de Estado y un gabinete ministerial encabezado por el

primer ministro o jefe de gobierno (ejecutivo dualista), siendo

ese gabinete responsable ante el Parlamento; esto último es el

elemento esencial que caracteriza al Régimen Parlamentario.

A continuación, trataremos, sumariamente, algunas varie-

dades de regímenes parlamentarios:

Manual de Derecho Constitucional

137

23.3.1 EL RÉGIMEN PARLAMENTARIO CLÁSICO

Se puede deﬁnir por tres (3) caracteres fundamentales: a)

dualismo del ejecutivo; b) falta de relieve del jefe del Estado; y

c) equilibrio entre los poderes del gabinete y los del parlamento.

• El dualismo del ejecutivo se puede considerar como un

producto de la evolución histórica de la monarquía hacia la

democracia;

• La falta de prestancia o de relieve del jefe de Estado, sin

tener en cuenta que el mismo sea un rey, emperador o pre-

sidente, ya que el jefe de gobierno es el primer ministro, o

en general, el jefe del gabinete ministerial; y

• El equilibrio de los poderes entre el gabinete ministerial y el

parlamento, destacándose entre ellos dos medios de acción

recíprocos de suma importancia: la responsabilidad política

del gabinete ante el parlamento, lo cual puede dar lugar a

que el gabinete pueda ser destituido por un voto de censura

o de no-conﬁanza; y la facultad del ejecutivo, representado

por el primer ministro, de disolver al parlamento y convo-

car a elecciones para elegir otro.

23.3.2 REGÍMENES PARLAMENTARIOS DE TIPO

ORLEANISTA

Constituyen un tipo de transición entre la monarquía limi-

tada y el régimen parlamentario clásico; en estos regímenes, el

jefe de Estado conserva algunas prerrogativas. Existió este tipo

de régimen en Francia, durante el reinado de Luis Felipe, en el

cual, el gabinete debía tener la conﬁanza tanto de las Cámaras

como la del monarca.

Otro tipo de régimen parlamentario de tipo orleanista exis-

tió en Alemania, mientras rigió la Constitución de Weimar, de

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

138

1919 al 1933. Se le llamó régimen weimariano, durante el cual el

jefe de Estado era similar al de un régimen republicano y gozaba

de un gran prestigio ante la opinión pública; el presidente tenía

el derecho constitucional de despedir o destituir a sus ministros,

aunque estos conservaran la conﬁanza de las Cámaras. Además,

podía hacer uso de decretos-leyes sin la autorización previa de las

Cámaras (art. 48 de esa Constitución de Weimar).

Finamente, otro sistema de tipo orleanista ha existido en

Francia desde la Constitución del año 1958, en la cual se refor-

zaron los poderes o atribuciones del jefe de Estado, llamándosele

a este tipo de régimen como parlamentarismo “Gaullista”, ya

que al presidente De Gaulle se le atribuye su instauración.

En lo que se reﬁere a los regímenes parlamentarios clásicos,

como regímenes de equilibrio de poderes, llegamos a la con-

clusión de que en la época presente, este equilibrio de poderes

no es más que teórico, ya que en la actualidad, los regímenes

parlamentarios funcionan hoy en día:

I) Regímenes parlamentarios con preponderancia o destacada

inﬂuencia política del gobierno sobre el parlamento, que

es como funciona el régimen inglés, debido al dualismo de

partidos o bipartidismo (aunque es necesario aclarar que

existe un tercer partido, pero sumamente minoritario, que

es el antiguo partido liberal), de partidos disciplinados,

donde uno de ellos está en el poder, es decir, en el órgano

ejecutivo o gabinete ministerial, con el primer ministro

como jefe del gobierno, y ese mismo partido tiene la ma-

yoría en el órgano legislativo que recae en la Cámara de los

Comunes; mientras que el otro partido está en la oposición,

con una minoría de miembros en la citada cámara de los

Comunes; y

II) Regímenes parlamentarios con preponderancia o destacada

inﬂuencia del parlamento sobre el gobierno, debido princi-

Manual de Derecho Constitucional

139

palmente al multipartidismo, donde el gobierno o ejecutivo

necesita, para mantener su insegura estabilidad política, de

alianzas precarias entre varios partidos, a ﬁn de constituir

una mayoría circunstancial. Este grupo de regímenes está

constituido, en la hora actual, por la mayoría de los regí-

menes parlamentarios de Europa occidental, excluyendo al

régimen de Alemania, que es un régimen parlamentario,

pero bipartidista.

En sus orígenes, el régimen parlamentario clásico ha sido el

resultado de una evolución histórica en Inglaterra, durante los

siglos XVII, XVIII y XIX, de la monarquía absoluta a monar-

quía limitada y, ﬁnalmente, a monarquía parlamentaria. En sus

inicios surgió primero la responsabilidad penal de sus ministros

con el procedimiento de acusación penal (impeachment); luego,

se llegó a una responsabilidad político-penal; y posteriormente,

se llegó a la responsabilidad política de los ministros.

Entre los siglos XIX y XX, el régimen parlamentario se

extendió a Francia, Bélgica, los Países Bajos (Holanda), y ﬁnal-

mente a los del norte de Europa. Es necesario destacar que en

1875, Francia constituyó el primer país del mundo en instalar

una República Parlamentaria.

24. TIPOLOGÍA MODERNA DE LOS

REGÍMENES POLÍTICOS

Tradicionalmente se habla hoy en día, sobre los regímenes

parlamentarios, los regímenes presidenciales, etc.; pero ha surgido

una nueva tipología gubernamental, fundada en la tradicional,

pero combinándola con un elemento nuevo, surgido desde ﬁnes

del siglo XIX y principio del siglo XX: los partidos políticos.

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

140

La distinción fundamental consiste en la oposición de los

regímenes de partido único y los regímenes en los cuales hay dos

o más partidos; pero ante la existencia de regímenes antiguos o

arcaicos sin partidos, se podría establecer que la forma de distin-

ción, en sentido general es de “regímenes unitarios” y “regímenes

pluralistas”.

24.1 LOS REGÍMENES UNITARIOS

Estos son, de manera principal, los tipos de regímenes de

partido único, monolítico, tal como han sido los regímenes

comunistas y los regímenes fascistas.

Los regímenes propiamente unitarios: en este grupo, el tipo

moderno es el del partido único, mientras que la forma arcaica es la

de los regímenes sin partidos; ambos corresponden a los “regímenes

de concentración o confusión de poderes” en la tipología tradicional.

24.1.1 EL TIPO MODERNO

Los regímenes de partido único: creados por Lenin y Mus-

solini, constituyen nuevas posiciones políticas en el siglo XX, en

lo que se reﬁere a instituciones gubernamentales.

El partido único transforma de manera fundamental el

aspecto electoral, ya que se sustituye el sistema democrático por

la aceptación del sistema plebiscitario de candidatos únicos,

de candidatos impuestos; el cambio también es fundamental y

radical desde el ángulo de la estructura gubernamental; conlleva

una concentración absoluta de poderes a favor de ese partido

único. Algunas veces se dispone una distinción o separación de

funciones o poderes en el texto constitucional, pero esta no es

más que ﬁcticia, teórica o ilusoria.

Manual de Derecho Constitucional

141

24.1.2 EL TIPO ANTIGUO O ARCAICO

Los regímenes sin partido. Lo corriente, lo común, es que

exista un solo partido en los regímenes unitarios en los tiempos

modernos; pero también han existido regímenes unitarios sin

partido; ejemplo de esto han sido las monarquías absolutas an-

tiguas y las dictaduras personales. Esto último ha sido frecuente

en los países subdesarrollados o semi-desarrollados, donde la po-

blación, por falta de cultura y debido a situaciones económicas

de pobreza casi extrema, no ha podido adaptarse a un cuadro

político y social de tipo moderno.

24.2 LOS REGÍMENES SEMIUNITARIOS

Entre los regímenes de partido único y los regímenes plu-

ralistas o de existencia de varios partidos, han existido algunos

regímenes que constituyen un intermedio entre ambos sistemas

anteriormente citados, que son: I) los sistemas en los cuales

hay varios partidos, pero que uno de ellos se destaca de manera

notable por su tamaño en número de miembros y de organiza-

ción sobre los demás; y II) de otro lado, los sistemas de partido

único pero con una estructura ﬂexible, en cuyo interior hay un

funcionamiento que permite las tendencias o grupos disímiles

en actividad política, de tal manera que en sus actuaciones se

asemeja a un sistema de pluralismo de partidos. Un ejemplo en

América del primer sistema citado en este párrafo, es decir, de

partido dominante, lo constituye, después de varias décadas de

su revolución, el de México, con su Partido Revolucionario Ins-

titucional (PRI), pero que, en los últimos diez o quince años de

ese régimen político, ha comenzado a evolucionar por el creci-

miento o desarrollo de uno o dos partidos distintos al de carácter

dominante antes mencionado. De igual manera, constituye un

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

142

ejemplo de régimen político del segundo grupo mencionado en

este párrafo, es decir, de partido único ﬂexible en su estructura

interior, es el que existió en Turquía entre los años 1923 y 1950,

en los tiempos de la llamada “Turquía Kemalista” (a causa de

su líder o dirigente Mustafá Kemal Atatürk), cuando existía el

partido único, llamado “Partido Republicano del Pueblo”, per-

mitiéndose la existencia y el desarrollo en su interior, de dos ten-

dencias o grupos, encabezados por los dirigentes de ese partido,

Celal Bayal e Ismet Inonu.

24.3 LOS REGÍMENES PLURALISTAS

La característica común en estos regímenes es que en los

mismos existen varios partidos políticos, pero no hay preponde-

rancia o dominio destacado de ninguno de ellos sobre los demás.

Dentro de este grupo de regímenes políticos, y teniendo

en cuenta su relación con la tipología tradicional, existen dos

tipos de regímenes: 1. Los regímenes presidenciales, y 2. Los re-

gímenes parlamentarios; pero la tipología moderna considera esa

distinción combinándola con otras fundamentales o teniendo en

cuenta la naturaleza de los partidos políticos.

A ﬁn de llegar a la conclusión antes señalada, es necesario

examinar primero cuáles son los elementos que entran en juego

para llegar a una clasiﬁcación, y encontraremos, que es necesario

tomar en cuenta tres (3) tipos de elementos:

• El número de partidos,

• La estructura interior de los mismos, y

• El régimen constitucional

• La estructura y el funcionamiento de los regímenes plu-

ralistas es completamente distinto, cuando se trata de

regímenes multipartidistas o de regímenes bipartidistas.

Manual de Derecho Constitucional

143

En el primer caso, en los regímenes multipartidistas,

para el normal o aceptable funcionamiento frente al ór-

gano legislativo (Asamblea, Congreso o Parlamento), es

necesario que el gobierno recurra a formular coaliciones

partidarias, mientras en que el segundo caso, de los re-

gímenes bipartidistas, hay un solo partido con mayoría

parlamentaria en el poder, y otro en la oposición.

• La estructura interior de los partidos, es decir, si estos

son disciplinados o no, tiene notable inﬂuencia en el

funcionamiento del régimen político de que se trate.

Ejemplos determinantes de esto los podemos encontrar

en el funcionamiento de los regímenes bipartidistas de

Inglaterra y de los Estados Unidos, el primero cons-

tituido por partidos disciplinados; y el segundo, con

dos partidos cuyos legisladores no siguen una línea

disciplinaria trazada por sus respectivos partidos, por lo

cual, este segundo régimen bipartidista funciona, en la

mayoría de los casos, como un régimen multipartidista.

• El régimen constitucional es también determinante en

la clasiﬁcación de los regímenes pluralistas, de igual

modo, el sistema de partidos.

Los regímenes multipartidistas y los de bipartidismo ﬂexible

no tienen un funcionamiento normal en el grupo de los regímenes

parlamentarios, ya que tienden a que haya cierta inestabilidad en

el funcionamiento del gobierno o ejecutivo, el cual debe recurrir

a las alianzas entre varios partidos. En cambio, esos regímenes, en

lo que a sistema de partidos antes indicado se reﬁere, no tienen

una inﬂuencia grave, como la señalada anteriormente, cuando se

trata de regímenes que, constitucionalmente, funcionan como

regímenes presidenciales, a los que no afectan en la duración de

su ejercicio y su funcionamiento, como sucede en los regímenes

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

144

parlamentarios. En cambio, los regímenes parlamentarios de

bipartidismo rígido no son afectados como lo son los que tienen

el multipartidismo anteriormente expuesto.

En resumen, teniendo en cuenta todo lo anteriormente

expuesto, parece conducir a la siguiente conclusión: Existe cierta

aﬁnidad en el funcionamiento de los regímenes de bipartidismo

rígido y los regímenes parlamentarios, por un lado; y por el otro,

entre el multipartidismo o el bipartidismo ﬂexible y los regíme-

nes presidenciales.

Resumiendo lo anteriormente expuesto en relación con los

regímenes pluralistas y la aplicación de los elementos de clasiﬁ-

cación señalados, los llamados regímenes pluralistas se podrían

dividir en tres grupos:

Regímenes presidenciales

Regímenes parlamentarios bipartidistas

Regímenes parlamentarios multipartidistas

A continuación, señalaremos algunos ejemplos de estos tres

tipos de regímenes políticos:

• De regímenes presidenciales: el régimen de los Estados

Unidos de Norteamérica, y la mayoría de los regímenes de

América Latina;

• De regímenes parlamentarios bipartidistas: el régimen

de Inglaterra, los regímenes de las naciones como Australia,

Canadá y Alemania.

• De regímenes parlamentarios multipartidistas: Los

regímenes de Francia, Italia, Noruega, Suecia, Dinamarca,

Japón, etc.

Después de haber examinado los diferentes regímenes

políticos según el procedimiento o forma de elección de sus

gobernantes; y luego los diferentes regímenes políticos según su

Manual de Derecho Constitucional

145

estructura gubernamental, notaremos que hay cierta semejanza

o coincidencia en la clasiﬁcación ﬁnal de los regímenes políticos

que forman parte de cada uno de esos dos tipos de regímenes:

Según su forma de escoger Según su estructura

a gobernantes gubernamental

Regímenes autocráticos = Regímenes unidos

Regímenes democráticos = Regímenes pluralistas

25. LIMITACIÓN DEL PODER DE LOS

GOBERNANTES

Al inicio de este modesto Manual de Derecho Constitu-

cional, dijimos que el régimen político se puede deﬁnir como el

conjunto coherente y coordinado de instituciones políticas que

funcionan o existen en un país dado y en un momento deter-

minado.

Como consecuencia de esta deﬁnición, todo régimen políti-

co viene a ser el resultado de las respuestas que se den en relación

con los siguientes cuatro tipos de problemas:

- Problemas relativos al fundamento del poder de los gober-

nantes.

- Problemas relativos a la forma de escoger o elegir a los go-

bernantes.

- Problemas relativos a la estructura de los gobernantes.

- Problemas relativos a la limitación del poder de los gober-

nantes.

En el presente manual ya hemos tratado, sumariamente, los

tres primeros tipos de problemas, y a continuación, trataremos

sobre el cuarto, es decir, los problemas relativos a la limitación

del poder de los gobernantes.

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

146

A través del tiempo y durante siglos, el poder de los go-

bernantes había sido limitado por obstáculos materiales, como

los grandes ríos, cordilleras, mares y océanos; pero luego, con el

desarrollo de la ciencia y las diversas técnicas, como el desarrollo

o auge de las comunicaciones, esos obstáculos materiales fueron

eliminados, poco a poco, con los viajes por tierra, mar y aire.

En realidad, esa limitación del poder de los gobernantes,

como idea, concepto o doctrina, no existía en la antigüedad,

en razón de que en esa época los gobernantes eran considerados

como dioses o que el poder les venía de Dios.

De ahí que la limitación de ese poder, como idea, doctrina

o creencia, ha surgido, en realidad, a partir del desarrollo del

Cristianismo, debido principalmente a que, por un lado, la con-

cepción cristiana le daba la primacía al hombre, al ser humano,

sobre el grupo o la sociedad; y, además, debido a que, cuando

surgieron los primeros Estados-naciones, con monarcas, reyes o

emperadores ejerciendo el poder o la autoridad, esto dio lugar

a que la iglesia católica opusiera, al poder político omnímodo

de esos gobernantes de antaño, la moral y el derecho natural

como primeros limitantes al poder de esos gobernantes, es decir,

comenzó la lucha ideológica entre el poder político y el poder de

la moral y de los derechos del hombre.

Con el surgimiento y desarrollo del Cristianismo, encon-

tramos que los teólogos católicos de la Edad Media, entre ellos

Santo Tomás de Aquino, dieron nacimiento y esparcieron la lla-

mada doctrina de la Legitimidad del Derecho de Resistencia contra

el poder arbitrario de los gobernantes, así como la idea de la lucha

necesaria contra las “leyes injustas”.

Posteriormente, los ﬁlósofos de los siglos XVIII y XIX ra-

cionalizaron las ideas de los teólogos católicos, cuyas ideas luego

sirvieron de fundamento a la creación de la célebre “Declaración

de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”, surgida después

Manual de Derecho Constitucional

147

y como consecuencia de la Revolución Francesa, a ﬁnales del

siglo XVIII.

En esas luchas por el establecimiento de las libertades

públicas, desarrolladas en los siglos XVIII y XIX, encontra-

mos como fruto de las mismas, el pensamiento de Saint Just,

ﬁlósofo francés del siglo XIX (citado por Maurice Duverger,

en su obra Instituciones Políticas y Derecho Constitucional),

quien exponía que “no se gobierna inocentemente”, ya que

él consideraba que los que ejercen el poder tratan siempre

de abusar de él, porque se llegan a considerar como dueños

absolutos del mismo.

26. LA CONCEPCIÓN DE LAS LIBERTADES

PÚBLICAS EN EL SIGLO XIX: LA

LIBERTAD-RESISTENCIA

Los pensadores liberales de ese siglo habían vivido con la

idea de un conﬂicto permanente entre el individuo y la sociedad,

bajo la concepción de que el gobierno es un mal necesario, al

cual hay que limitar, en la medida de lo posible, en el ejercicio

de sus poderes.

Esa doctrina liberal tuvo, en esa época, tres fuentes de origen:

• Fuente religiosa

• Fuente política

• Fuente económica

26.1 LA FUENTE RELIGIOSA

Esta se fundamentaba, como hemos señalado anteriormen-

te, en las ideas que venían desde el surgimiento del Cristianismo,

racionalizadas por los ﬁlósofos del siglo XVIII, y que conducían

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

148

a lo que se ha llamado la trascendencia de la moral y del Derecho

Natural, concebido este como un derecho no escrito, inmutable

y que se impone al mismo tiempo a gobernantes y gobernados.

26.2 LA FUENTE POLÍTICA

Esta se basaba, sobre todo en Europa, donde el campesi-

nado en los siglos XVIII y XIX era bastante atrasado, lo cual

no le permitía estar en condiciones de oponerse a los dictados

de los gobernantes de esa época y, consecuencialmente, sufrían

una opresión política, por un lado; y, por otro lado, la otra clase

existente en esa época en Europa era la burguesía comercial y

empresarial, que había triunfado sobre la aristocracia con la

Revolución Francesa, y la cual era económicamente fuerte, pero

padecía todavía la opresión de las decisiones políticas de los

gobernantes de esa época. Por lo tanto, ambas clases, campesi-

nado y burguesía, contribuyeron en su lucha contra la opresión

política, al desarrollo de la “Declaración de los Derechos del

Hombre”, en cuyo articulado se trata de eliminar opresiones

deﬁnidas, provenientes del Antiguo Régimen.

26.3 LA FUENTE ECONÓMICA

El liberalismo político del siglo XIX procede del libera-

lismo económico desarrollado por la Escuela de Manchester, el

cual reposaba sobre la idea fundamental de la superioridad de la

iniciativa privada sobre la acción gubernamental en materia eco-

nómica, y que consideraba la intervención de los gobiernos, en

materia económica, como un mal, el cual debería ser limitado en

la medida de lo posible. Esta última limitación tiene, de manera

principal, un carácter económico y utilitario. Es necesario destacar

Manual de Derecho Constitucional

149

que, de todos los Derechos consagrados en la “Declaración de los

Derechos del Hombre y del Ciudadano”, de manera principal se

declara como “inviolable y sagrado”, el Derecho de Propiedad.

En resumen, el ejercicio de las libertades públicas por parte

de ciudadanía, como un medio de limitar el poder de los gober-

nantes o como un medio de resistencia a su autoridad, sirve para

realizar tal limitación desde dos planos distintos:

• Forman, con el ejercicio de tales libertades, una zona particu-

lar de seguridad alrededor de cada persona, en la cual no debe

inmiscuirse o penetrar la acción o poder de los gobernantes,

es decir, crean lo que se ha dado en llamar: libertades-límites.

• Por otra parte, esas libertades pueden ser ejercidas por los

ciudadanos como un medio de evitar que la autoridad o po-

der de los gobernantes se extralimite o se salga de su campo

de acción normal, lo cual se logra por lo que se denomina:

libertades-oposición.

En el primer grupo, es decir, en el de las libertades-límites,

podemos encontrar varios de los derechos o libertades ejercidas

a los ﬁnes señalados en ese grupo de libertades, como son: I)

las libertades de la persona o libertades civiles, entre las cuales

se encuentran, por ejemplo: la seguridad de las personas contra

arrestos o detenciones arbitrarias; la inviolabilidad de domicilio

(salvo los casos previstos por la ley); la libertad de tránsito; la in-

violabilidad de correspondencia y de comunicación; las llamadas

libertades familiares, etc. II) las libertades económicas, entre las

cuales se encuentran, el derecho de propiedad; la libertad de co-

mercio y de industria, etc. III) las libertades de pensamiento no

político, entre los cuales encuentran el pensamiento cientíﬁco,

ﬁlosóﬁco, religioso, artístico, etc.

En el segundo grupo, o sea, en las llamadas libertades-opo-

sición, las cuales son ejercidas normalmente como medios de

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

150

evitar que los gobernantes se extralimiten en el ejercicio de su

poder y que se mantengan en el marco de las leyes y de la Cons-

titución, encontramos o señalamos las siguientes: la libertad de

prensa; la libertad de reuniones; la libertad de manifestaciones

pacíﬁcas; la libertad de asociación, etc.

Históricamente, se puede decir que las primeras, las llama-

das libertades-límites, han sido reconocidas y admitidas con más

facilidad y con anterioridad a las llamadas libertades-oposición,

consideradas estas últimas más “peligrosas” para el ejercicio del

poder de los gobernantes.

Ambos grupos de libertades se desarrollaron en las formas in-

dicadas, al mismo tiempo que evolucionaban las luchas históricas

del siglo XIX, a ﬁn de lograr establecer un régimen democrático.

En el siglo XX, la idea o noción sobre las libertades públicas ha

evolucionado. Hoy en día, no se considera siempre como dañina o

perjudicial la acción o poder de los gobernantes sobre la ciudadanía;

con el desarrollo de nuevos tipos de libertades o derechos, nos va-

mos a encontrar que, en algunas ocasiones o en algunos momentos,

es el Estado, o la acción de los gobernantes que viene a permitir que

los ciudadanos puedan realmente ejercer todas o gran parte de esas

libertades o derechos anteriormente mencionados.

Esa evolución tiene principalmente su desarrollo en que, al

mismo tiempo que transcurría la concepción de la libertad-resis-

tencia en el siglo XIX, se comenzó a desarrollar también otras,

contrarias a ella, que es la llamada libertad-participación, pro-

pugnada, entre otros, por J. J. Rousseau. Este desarrolló la idea

de que la libertad de los ciudadanos se puede medir según el

grado de su participación en la formación de la voluntad general,

es decir, la voluntad de la sociedad considerada en su totalidad.

Él consideraba que institucionalizar un pueblo consistía en con-

vertir a cada individuo en una parte de la voluntad general o de

la sociedad considerada en su totalidad.

Manual de Derecho Constitucional

151

Benjamín Constant (liberal de siglo XIX), citado por M.

Duverger, “expresaba que Mably, un discípulo de Rousseau, quería

que el individuo fuera esclavo para que la sociedad fuera libre”.

Constant era partidario de la idea o concepción de que la li-

bertad consiste en el goce pasivo de la independencia individual;

en este sentido, era contrario a las ideas de Rousseau y Mbly,

quienes eran partidarios de la libertad de los antiguos, la cual

descansaba sobre la concepción de que el pueblo en esa época

era libre, ya que él hacía directamente, por sí mismo, sus propias

leyes (caso del pueblo ateniense).

Esa idea de libertad-participación de Rousseau, fue tomada

en cierto sentido por Marx y Lenin, quienes consideraban que

el gobierno debe descansar en la participación del pueblo en el

poder; pero ellos confundían la concepción de pueblo con lo

que llamaban la clase trabajadora o clase explotada por parte de

la burguesía. Bajo esa concepción marxista, desarrollaron la idea

de que en los países capitalistas había dos tipos de libertades: las

reales, y las formales, entendiendo por esta últimas, las que en

esas naciones solo existían en los textos, pero que, a su entender,

no eran realmente vividas por los pueblos.

El pensamiento económico moderno, de comienzos del

siglo XX, considera que muchas de las libertades, aspiradas por

la ciudadanía, para ser gozadas, para ser ejercidas, deben contar

con ciertas actuaciones de los gobernantes, quienes tienen la

misión de estabilizar la moneda y los precios, así como dictar las

medidas necesarias en contra del establecimiento de los mono-

polios que no sean del Estado. Por ejemplo, la Constitución de

Francia del año 1946, estableció la obligación para el Estado, de

nacionalizar todo monopolio de particulares.

Desde el inicio del siglo XX, esa transformación del

concepto de las libertades públicas se ha desarrollado sin

desaparecer totalmente la concepción de libertad-resistencia,

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

152

sino que se ha llegado a una especie de combinación de la

libertad-resistencia y la libertad-participación, mediante la

creación de ciertos derechos sociales y económicos, que be-

neﬁcien a los ciudadanos, quedando estos de esa manera, en

una situación, que les permite ejercer las otras libertades o

derechos más fácilmente.

Entre los nuevos derechos económicos y sociales citados, se

han desarrollado, con distintos grados de perfección, que varían

de un país a otro, los siguientes: seguro social, seguro contra acci-

dentes de trabajo, seguro de maternidad y de ahorros familiares,

seguros de vacaciones que puedan ser disfrutadas realmente por

todas las clases económicas y sociales, etc.

27. LOS MEDIOS DE LIMITAR A LOS

GOBERNANTES

Entre los diferentes y múltiples medios de limitar el poder

de los gobernantes, hay algunos que son indirectos, es decir,

cuyos ﬁnes son otros, pero que accesoriamente realizaban tal

limitación; mientras hay otros que puedan considerarse como

directos, o sea, que sus ﬁnes principales son llevar a cabo tal

limitación sobre el ejercicio del poder de los gobernantes.

Pero en la práctica, a continuación veremos otra clasiﬁca-

ción, de un uso más amplio y corriente, según se indica en el

cuadro No. 9:

De acuerdo a lo expuesto en dicho cuadro, los medios de

limitar el poder o autoridad de los gobernantes se clasiﬁcan en:

• Los medios que resultan de la situación socioeconómica de

un país; y

• Los medios que resultan de sus instituciones políticas.

Manual de Derecho Constitucional

153

Cuadro No. 9

1) Limitación por la

situación socio-

económica

2) Limitación por

las instituciones

políticas

{{{

{

a) Las estructuras de

la producción

b) Nivel de desarrollo

I. Capitalismo: pluralidad centros

decisión (político y económico)

II. Socialismo: concentración poder

político y económico

I. Constituciones rígidas y control

de la constitucionalidad

II. Procedimientos de democracia

semi-directa

I. Elecciones.

II. División de funciones.

III. Independencia de los tribunales.

IV. Federalismo y descentralización.

V. Pluralismo de partidos.

I. El subdesarrollo: factor de limitación

II. El subdesarrollo: obstáculo a la limitación

a) Instituciones

que organizan

gobernantes.

b) Instituciones que

constituyen técnicas

o procedimientos

especiales de

limitación.

Los medios

de limitar a los

gobernantes

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

154

27.1 LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y LA

LIMITACIÓN DE LOS GOBERNANTES

En el status o situación socio-económica de un país, que es

esencial en la limitación de los gobernantes, es necesario diferen-

ciar o distinguir, dos elementos que contribuyen a la misma: 1)

las estructuras de la producción existentes en el mismo; y 2) el

nivel de desarrollo mantenido en él.

• Históricamente, la economía de los países ha estado dividi-

da, de manera principal, en dos sistemas: el capitalismo, y

el socialismo.

En las naciones que han formado parte del grupo de regí-

menes capitalistas, se produce una separación de poderes

distinta a la tradicional (propulsada por Locke, Montes-

quieu y Rousseau), que consiste en la separación del poder

político, por un lado, y el poder económico por otro, lo

cual determina la formación de una pluralidad de “centros

de decisión”: por una parte, las decisiones e inﬂuencias

del poder político, en manos del conjunto de gobernantes

constitucionales de la nación; y por otro lado, las presio-

nes e inﬂuencias en materia económica, las cuales, con

frecuencia, son determinantes, en manos del conjunto de

grandes empresarios: bancarios, industriales, comerciales,

exportadores, etc., los cuales compiten y se enfrentan a los

detentadores del poder político, limitándolos.

Por otro lado, en los regímenes socialistas, sobre todo en los

comunistas, se produce una centralización o concentración

del poder político y del poder económico, en manos de los

gobernantes de turno, y por lo tanto, no se produce una

limitación a su poder, sino que, por el contrario, se refuerza

o fortalece el mismo.

Manual de Derecho Constitucional

155

• El nivel de desarrollo es tan importante como las estructu-

ras de la producción, en lo que se reﬁere a la limitación del

poder de los gobernantes, sobre todo, en la mayoría de las

naciones consideradas como países subdesarrollados.

Pero los estudios realizados acerca de esos países subdesa-

rrollados, determinan que el subdesarrollo actúa en forma

ambivalente en cuanto a la limitación del poder de los

gobernantes:

• Es un factor de limitación, ya que los gobernantes que no

pueden tener una buena y eﬁcaz organización de las fuerzas

de orden público; que no tienen un sistema más o menos

perfecto de comunicación con los diversos lugares (sobre

todo los alejados de los centros de poder político); que no

pueden desarrollar una eﬁciente labor de educación y de

salud pública en beneﬁcio de la población, sobre todo en

sus niveles inferiores; ven y sienten disminuidos o limitados

sus poderes institucionales, los cuales no pueden ejercer a

plenitud.

• Pero, al mismo tiempo, y por acción en contrario, ese mis-

mo subdesarrollo hace que los ciudadanos no posean las

condiciones económicas, educacionales y físicas apropiadas

para ejercer una efectiva limitación al poder de los gober-

nantes.

27.2 LA LIMITACIÓN DE LOS GOBERNANTES

POR LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS

Entre todas las instituciones políticas examinadas anteriormen-

te, algunas de ellas tienden a limitar el poder de los gobernantes, y

otras tienden a aumentar dichos poderes, aunque su ﬁn principal no

sea realizar tal limitación, ni tal extensión de dichos poderes.

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

156

Las instituciones políticas que limitan el poder de los gober-

nantes se dividen en dos grupos:

• Las instituciones políticas que de manera principal tienen

por ﬁn la organización gubernamental, y que, accesoria-

mente limitan el poder de los gobernantes; y

• Las instituciones políticas que constituyen técnicas o proce-

dimientos especiales destinados a realizar la limitación del

poder de los gobernantes.

27.2.1 LAS INSTITUCIONES QUE ACCESORIAMENTE

LIMITAN EL PODER DE LOS GOBERNANTES

a. Las elecciones o sistemas electorales

El sistema electoral o las elecciones en un país, lo cual cons-

tituye una importante institución política, ya que contribuye

a la organización gubernamental democrática, sirve al mismo

tiempo para limitar el poder de los gobernantes, sobre todo,

mientras más democráticamente se efectúan esas elecciones, más

contribuyen a la limitación del poder de los gobernantes, ya que

bajo la circunstancia de ser democráticas, conducen a que los

gobiernos se vean compelidos a cumplir los ofertados programas

de gobierno nacional y/o municipal, según fueron presentados

en su campaña electoral, ya que, de actuar en forma contraria a

lo que prometieron, corren el riesgo de no resultar electos en las

próximas elecciones.

Ante esa amenaza de no resultar reelectos, procuran cumplir,

por lo menos, con parte de lo ofrecido, pero de todas maneras,

como es fácil de comprender, las elecciones democráticas sirven

para limitar el poder de los gobernantes.

Manual de Derecho Constitucional

157

b. La división de poderes o funciones

La división tradicional de poderes o funciones, que en gran

parte es teórica, ya que, con frecuencia, hay o existen ciertos me-

dios de acción recíprocos entre unos y otros poderes, los cuales

contribuyen a la limitación del poder de los gobernantes. Con-

trario a esto, cuando hay concentración de poderes o funciones

en los regímenes dictatoriales o autocráticos, no se produce la

limitación de poderes, ya que ellos están concentrados en manos

de una persona, de un grupo, o de un partido político.

En los casos de división de poderes o funciones, es necesario

considerar tanto los regímenes presidenciales como los parla-

mentarios.

c. La independencia de los tribunales

La independencia del Poder Judicial: dentro de la división de

poderes, es necesario destacar la independencia absoluta del Poder

Judicial. Los autores sobre Derecho Constitucional, caliﬁcan al

sistema judicial inglés, hasta los presentes tiempos, como el sistema

judicial más independiente de todo el mundo. Esa independencia

contribuye en gran manera, a frenar la actuación de los gobernantes.

Maurice Duverger opina que la independencia de los jueces,

constituye un elemento esencial en la garantía del ejercicio de las

libertades públicas.

d. El federalismo y la descentralización

Son considerados como una forma vertical de limitación

de los poderes del Estado. Es considerado así, ya que, en los

estados federales la Constitución federal permite, generalmente,

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

158

que los Estados federales que existen o funcionan en su interior

(del Estado federal), tengan sus propias Constituciones y sus

propias leyes, las cuales tienen vigencia nada más al interior de

cada Estado federado, siempre y cuando no contradigan a la

Constitución federal.

En materia de federalismo, el primer Estado federal

surgido en el mundo, fue el de los Estados Unidos de Norte-

américa, por razones especiales y prácticas que más adelante

explicaremos. Pero en la actualidad, ya existen diversos Esta-

dos federales, como lo son Suiza, donde los Estados federados

se denominan Cantones, y en América Latina, los casos de

México y Brasil.

Semejante a la limitación producida por el federalismo

en diversos Estados o naciones, se han establecido ciertos

organismos o instituciones en el interior de algunos Estados,

que funcionan en forma descentralizada y que tienen cierta

autonomía e independencia en su funcionamiento, en relación

con la estructura gubernamental del Estado; ejemplos de estos

organismos en la República Dominicana son la Junta Mone-

taria; la Junta Central Electoral; el Instituto Dominicano de

Seguros Sociales, etc.

e. El pluralismo de partidos políticos:

Este pluralismo de partidos políticos contribuye a la limita-

ción del poder de los gobernantes, ya que esta situación entraña

siempre o casi siempre, que existan partidos en el gobierno, así

como partidos también, en la oposición, lo cual determina que

los que están en la oposición, con su labor política realizan una

limitación al poder o actuación de los gobernantes.

Manual de Derecho Constitucional

159

27.2.2 INSTITUCIONES POLÍTICAS QUE CONSTITUYEN

TÉCNICAS O PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

PARA LA LIMITACIÓN DEL PODER

Esas técnicas o procedimientos especiales son dos:

• El control de la constitucionalidad; y

• Los procedimientos de la democracia semi-directa.

a. El control de la constitucionalidad:

La evolución del concepto de Constitución ha conducido

a que existan dos sentidos diferentes sobre ese concepto: 1ero.:

El llamado concepto material de la Constitución, o por su con-

tenido, según el cual, la Constitución consiste en el conjunto

de las instituciones políticas que conducen a la organización

gubernamental, sin importar qué tipo de texto consagran esas

instituciones políticas, consideradas como formando parte de la

Constitución. 2do.: El concepto formal de la Constitución, el

cual consiste en un texto jurídico elaborado en una forma más o

menos solemne; por un órgano especial del Estado y que abarca

las disposiciones de la organización de la estructura guberna-

mental, así como los derechos individuales y políticos.

La idea de una Constitución escrita apareció en el siglo

XVIII, como una forma de establecer en la Constitución del

Estado, las limitaciones que eran necesarias para contrarrestar

el poder de los monarcas y emperadores de entonces. Con esos

textos constitucionales escritos, se establecieron formalmente

los llamados derechos individuales en la “Declaración de los

derechos del hombre y del ciudadano”, surgida a raíz de la Re-

volución Francesa.

A partir de ahí, se llegó a la necesidad de establecer un

control de la constitucionalidad de las actuaciones de los gober-

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

160

nantes. Se llegó a la conclusión de que así como los diferentes

órganos del Estado, y los ciudadanos, deben actuar conforme

a la Ley adjetiva según el principio de la legalidad; también se

convirtió en una necesidad que, tanto las leyes adjetivas emana-

das de los parlamentos o congresos, como los actos materiales de

ejecución y las reglas de derechos de carácter particular emana-

dos del Poder Ejecutivo, tienen que ser realizados conforme o de

acuerdo con la Constitución del Estado, en virtud del principio

de la constitucionalidad. Para llegar a esto era necesario el esta-

blecimiento de una Constitución rígida, diferente al concepto

de Constitución ﬂexible.

Constitución ﬂexible es aquella que puede ser modiﬁcada

por el mismo órgano y por los mismos procedimientos de ela-

boración de las leyes adjetivas, es decir, que con una Ley adjetiva

era posible modiﬁcar la Constitución. Este tipo de Constitución

no permite el control de la constitucionalidad, el cual solamente

es posible cuando existe una Constitución rígida.

La Constitución rígida se puede deﬁnir como un texto jurí-

dico, elaborado en una forma más o menos solemne, por un ór-

gano especial del Estado, donde constan los diversos órganos de

la estructura gubernamental y los derechos individuales, y que,

para su modiﬁcación, necesita de procedimientos especiales y

distintos a los utilizados para la elaboración de las leyes adjetivas.

En esta forma se puede establecer el control de un órgano

del Estado por otro órgano del Estado; pero para que ese control

de la constitucionalidad pueda ser ejercido por los ciudadanos,

es necesario, es imprescindible, que en la Constitución vigente

se establezcan, en general, los derechos civiles y políticos de los

ciudadanos y de las personas en general.

Desde que comenzó a establecerse y ejercerse el control de

la constitucionalidad a principios del siglo XIX, como un medio

de limitar el poder de los gobernantes, surgieron varias teorías

Manual de Derecho Constitucional

161

acerca de, ¿Cuál sería el órgano del Estado o los órganos del Esta-

do por ante el cual se podría llevar ese control?; la mayoría de los

políticos de esa época estuvieron de acuerdo que debería ser un

órgano jurisdiccional o judicial, por ante el cual se pudiera llevar

ese recurso de control de la constitucionalidad. Pero surgieron

políticos en Francia, con espíritu conservador, que sostenían que

la misión de los tribunales u órganos judiciales, era decidir con-

forme o de acuerdo a las leyes, pero, consideraban esas políticas,

que los tribunales no podían juzgar una ley, si era conforme a la

Constitución o contraria a ella.

Al ﬁnal de cuentas, en la mayoría de los Estados, se ha esta-

blecido el control jurisdiccional o judicial, llegando a establecerse

solamente algunas diferencias en el sentido de determinar si el

tribunal que debía conocer de ese control era un tribunal espe-

cial o un tribunal ordinario. Esto conduce o determina que el

ejercicio del control de la constitucionalidad, en los casos que era

llevado por ante un tribunal especial, la acción fuera intentada

por vía de acción principal, mientras que en los casos donde el

control se pudiera llevar por ante los tribunales ordinarios, sería

intentado ese recurso, por vía de excepción.

Entre las décadas del 20 y del 30, más o menos, del siglo

veinte, es decir, a raíz de terminada la Primera Guerra Mundial,

España, Checoslovaquia y Austria, establecieron el sistema por

vía principal por ante un tribunal especial.

Con el desarrollo de los derechos del hombre y del ciudada-

no, y actualmente con la Declaración de los Derechos Humanos

proclamados por las Naciones Unidas, hay naciones, como la Re-

pública Dominicana, en la actualidad, donde constitucionalmente

tenemos un sistema mixto, es decir, que existe el sistema por vía de

excepción por ante los tribunales ordinarios; y además, el sistema

por vía principal, por ante la Suprema Corte de Justicia, existien-

do sentencias dictadas por ese alto tribunal, como la del 1ero. de

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

162

septiembre del año 1995, así como otra, del 30 de septiembre del

año 1998, las cuales sientan jurisprudencia en relación con ese sis-

tema mixto. Pero existen algunos juristas y políticos dominicanos

que consideran que sería conveniente, para descargar un poco las

múltiples labores de la Suprema Corte de Justicia, que se creara un

tribunal especial, formado por varios Magistrados, con la especial

competencia de conocer solamente de los recursos sobre inconsti-

tucionalidad, tanto los intentados por vía directa, como conocer

en último recurso sobre los intentados por vía de excepción, por

ante los tribunales ordinarios de inferior grado, el cual alto tribu-

nal podría denominarse como: “Tribunal Supremo de Garantías

Constitucionales”, o, “Tribunal Supremo Constitucional”.

• Los procedimientos de democracia semi-directa

Tradicionalmente se distinguen tres tipos de democracia o

regímenes democráticos.

La llamada democracia directa, al estilo Ateniense, en la cual

el pueblo se constituía en Asamblea, para proponer y elaborar

sus propias leyes.

La democracia representativa: que es aquella en la cual el

pueblo cede o entrega sus poderes en manos de sus representan-

tes, que son los gobiernos elegidos democráticamente por medio

de votos, para que estos ejerzan esos poderes en su nombre y

representación (del pueblo).

Las llamadas por Maurice Duverger como democracias se-

mi-directas, en las cuales el pueblo comparte sus poderes con los

gobernantes elegidos, llamadas también, por muchos políticos,

como democracias participativas.

Dentro de esta democracia semi-directa o participativa, hay

tres formas de instituciones políticas que establecen ese sistema

democrático, que son:

Manual de Derecho Constitucional

163

– El referéndum facultativo o veto;

– El referéndum obligatorio o referéndum propiamente di-

cho; y

– La iniciativa

• El referéndum facultativo:

Consiste en el establecimiento en una Constitución, que

las reformas o modiﬁcaciones constitucionales que se realicen,

o ciertas leyes adjetivas de alguna importancia especial para el

pueblo, no entran en vigencia hasta que transcurra un plazo

señalado en la Constitución, en el cual el pueblo puede pedir,

según mecanismos indicados en la misma, que esa reforma cons-

titucional o esa Ley adjetiva se someta a aprobación de un refe-

réndum ante el pueblo, para que este vote si aprueba o rechaza

dichas enmiendas constitucionales o textos legales adjetivos. En

el caso de transcurrir el plazo ﬁjado en la Constitución, durante

el cual, si el pueblo silencia o no pide ni reclama nada al respecto,

entra en vigor la reforma o la ley aprobadas; es decir que se le da

la oportunidad al pueblo para que opine si quiere o no la o las

reformas realizadas.

• El referéndum obligatorio o referéndum propiamente

dicho:

Consiste en que una reforma constitucional o una Ley

adjetiva de importancia institucional, para entrar en vigencia,

tiene necesidad imperiosa de que el pueblo la apruebe mediante

un referéndum; naturalmente que esto implica que se establezca

esto en la Ley suprema o Constitución.

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

164

• El sistema de iniciativa o de democracia participativa

Es el sistema menos común o más raro, existe en Suiza,

donde el pueblo tiene derecho a proponer, mediante un número

de ﬁrmas de ciudadanos, que se establezca una reforma constitu-

cional o una determinada Ley adjetiva. En los Estados Unidos de

Norteamérica, tenemos entendido que existe el procedimiento o

derecho de iniciativa, pero no para reforma de la Constitución

federal, sino en materia de instituciones departamentales o de

algún Estado federado.

Estos tres procedimientos de democracia semi-directa o

participativa, así como el llamado plebiscito, en conjunto, tienen

de positivo corregir en parte los defectos (o algunos defectos)

de la democracia representativa, pero con frecuencia, sirven de

medidas conservadoras para mantener situaciones que ameriten

ser modiﬁcadas; así como también, pueden servir a situaciones

demagógicas, desarrolladas en aquellos pueblos que carecen: de

una verdadera conciencia ciudadana; de una adecuada educación

social y política; así como, también, de una posición económica

que les permita con decoro la alimentación y educación de su

familia; y de esa manera, poder discernir, resistir y rechazar las

actividades de “conquista” de votos y voluntades, llevadas a cabo

por activistas políticos, debidamente entrenados a esos ﬁnes, por

diversos partidos políticos.

En relación con todo lo anteriormente expuesto sobre la

democracia semi-directa o participativa, Harold Laski, político

inglés, en su obra Introducción a la Política (traducida del inglés

por C. Sans Huelin, Ediciones Siglo Veinte, de Buenos Aires,

Argentina, de noviembre de 1960), expresa lo siguiente: "Se ha

argüido a veces que un sistema democrático requiere la incorpo-

ración de la iniciativa y del referéndum en la Constitución. Un

pueblo, se ha dicho, no rige realmente su propia vida, cuando su

Manual de Derecho Constitucional

165

única participación directa en la confección (sic) de los imperati-

vos legales queda reducida a escoger las personas responsables de su

confección (sic). Mediante la iniciativa, la voluntad popular puede

tomar forma positiva, y mediante el referéndum, el pueblo puede

evitar una actuación de sus representantes con la que no esté con-

forme. El gobierno directo constituye un suplemento necesario al

sistema representativo; de otro modo, como Rousseau dijo del pueblo

inglés, solo es libre en tiempo de elecciones" (obra citada, pág. 49).

No obstante lo anteriormente expuesto, Laski expresa también a

continuación, lo siguiente: “Pero esto es – puede decirse-equivocar

tanto la índole de los problemas que tienen que ser decididos, como el

lugar en el que la opinión popular puede obtener los resultados más

valiosos para la acción. En todos los Estados modernos, el tamaño

del cuerpo electoral es necesariamente tan grande que el pueblo en

conjunto apenas puede hacer otra cosa que dar un respuesta directa,

negativa o aﬁrmativa, a las cuestiones que el gobierno directo pue-

de plantearle… El gobierno directo es un instrumento demasiado

imperfecto para los propósitos de un gobierno moderno… En una

palabra, la opinión efectiva utilizable para la función de gobernar

es casi siempre opinión organizada y que se diferencia de la multitud

por la posesión de conocimientos especiales. La opinión popular solo

dará, por lo general, resultados negativos, (el subrayado es nuestro),

y así parece conﬁrmarlo la experiencia, muy especialmente en países

como Suiza, ﬁrmemente imbuidos en el hábito tradicional”. (Ha-

rold Laski, obra citada, págs. 49 y 50).

Pero es en Suiza, donde más desarrollado existe este

sistema de democracia semi-directa o participativa, donde,

hasta ﬁnales de la década del 70, cada vez que se sometía a un

referéndum la necesidad de otorgar el voto femenino para las

elecciones gubernamentales, los hombres, que eran los únicos

que participaban, votaban en contra; fue en 1977 o en 1978,

más o menos treinta (30) años después que la República Do-

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

166

minicana, que se estableció en Suiza, prototipo de democracia,

el derecho al voto femenino.

28. ESTABLECIMIENTO O ELABORACIÓN DE

LAS CONSTITUCIONES

Poder Constituyente Originario y Poder Constituyente

Instituido:

La Constitución de un país, como texto jurídico escrito y

elaborado en forma más o menos solemne sobre la organización

y funcionamiento de la estructura gubernamental y sobre los

derechos del individuo, puede ser establecido en dos formas

distintas:

28.1 PODER CONSTITUYENTE ORIGINARIO

Establecido en una nación donde no hay ninguna Consti-

tución vigente, bien sea porque era una colonia que se ha inde-

pendizado de una nación, o bien que había una Constitución

anterior, pero la misma fue abrogada por una revolución o por

un golpe de Estado; en ese caso, esa Constitución es elaborada

por lo que se llama el Poder Constituyente Originario, llamado

también poder creador del Estado. Por ejemplo, en la República

Dominicana, la Constitución del mes de noviembre de 1844, fue

elaborada en San Cristóbal, por un Poder Constituyente Origi-

nario, ya que la misma no fue elaborada teniendo en cuenta los

requisitos o procedimientos establecidos en una Constitución

anterior, ya que no existía ninguna.

Por ser esa la primera Constitución (sin existir ninguna otra

vigente), se le llama poder creador del Estado al organismo que se

encargó de elaborar la misma; ese poder constituyente originario

Manual de Derecho Constitucional

167

o creador del Estado, es un poder existente con anterioridad al

nacimiento del Estado y, por lo tanto, es un poder completa-

mente amplio para elaborar esa primera Constitución; socioló-

gicamente, se preguntan algunos, acerca de a quién pertenece

ese poder constituyente originario, y la respuesta aportada por

diversos tratadistas, es que ese poder pertenece al grupo revolu-

cionario que ha dado lugar al nacimiento de un nuevo Estado,

o al caudillo o dirigente maximo de una revolución, en quien se

considera sociológicamente, se aﬁrma o descansa la voluntad del

grupo social que con su acción va adar lugar al nacimiento del

nuevo Estado o nación.

En relación con este poder constituyente originario, Georges

Bourdeau, señaló en su obra “Derecho Constitucional e Institu-

ciones Políticas” (traducción del francés nuestra, de edición del

1962) lo siguiente: “… la revolución no es una ruptura del derecho,

es una transformación de la estructura del derecho. La obra del poder

constituyente originario es, pues, en primer lugar, una obra jurídica,

puesto que ella consiste en reintroducir el derecho en una organización

política y social que la parálisis de la idea de derecho antiguo había

desechado” (ídem nota anterior sobre la traducción).

28.2 PODER CONSTITUYENTE INSTITUIDO

Este es llamado también como el poder de revisión, ya que

actúa para elaborar o para modiﬁcar una Constitución, siguiendo

las pautas o los procedimientos establecidos en la Constitución

vigente que se desea modiﬁcar. Este poder, llamado de revisión

o de la reforma constitucional, permite que pueda ser intenta-

da o realizada dicha reforma constitucional, a iniciativa de los

parlamentarios o legisladores, en los regímenes parlamentarios;

y en los Congresos o Asambleas legislativas, en los regímenes

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

168

presidenciales (esta última, comúnmente llamada como Asam-

blea Revisora de la Constitución en la República Dominicana),

en algunos casos, también el derecho de iniciativa para proponer

reformas constitucionales la tiene el Poder Ejecutivo, mediante

procedimientos especiales que deben seguir los legisladores o el

Poder Ejecutivo, a ﬁn de iniciar los procedimientos conducentes

a la citada reforma constitucional.

Generalmente, en el procedimiento para que el Poder Ejecuti-

vo tenga la iniciativa para proponer la reforma o revisión de la Cons-

titución vigente, debe someterla por ante el órgano legislativo para

este, por procedimientos especiales conozca de dicha proposición de

reforma. También puede ser que se utilice un sistema más democrá-

tico, cuando así conste en la vigente Constitución, el cual consiste

en que el procedimiento de revisión o reforma constitucional no se

conozca ni se decida por ante el organismo legislativo, sino por ante

una asamblea especialmente elegida, llamada Asamblea Constitu-

yente (cuando así conste en la vigente Constitución), para que rea-

lice la revisión o reforma constitucional, este último procedimiento

sería un apreciable y deseable signo de libertad y de real democracia,

pero aconsejable únicamente en las naciones donde existe, y donde

el pueblo goza de una real y sólida conciencia ciudadana, de parte de

gobernantes como de gobernados, y donde no existan condiciones

económicas que permitan la fácil “conquista” de conciencias de las

masas populares.

29. LA LIMITACIÓN DEL DERECHO DE

REVISIÓN

Algunos políticos franceses, como Sieyès, propugnaban

porque el órgano dotado del poder constituyente instituido tu-

viera una completa libertad para establecer cuantas disposiciones

Manual de Derecho Constitucional

169

quisiere sobre la Constitución a ser elaborada. Esa absoluta liber-

tad no prosperó, y a través de la historia y en diferentes países

se han establecido algunas limitaciones, por ejemplo: para tratar

de que las constituciones rígidas que permiten el control de la

constitucionalidad no puedan ser modiﬁcadas antojadizamente,

se han establecido limitaciones, ﬁjando plazos medianos durante

los cuales no se puede intentar ninguna nueva modiﬁcación.

Otras constituciones han establecido limitaciones, sobre la

forma del gobierno, en la modiﬁcación. En Francia por ejemplo,

se estableció en la Constitución del año 1946, y en la del 1958,

que la forma republicana de gobierno, no puede ser modiﬁcada

en el futuro, la cual Constitución sigue vigente aún.

En la República Dominicana, hay una disposición parecida,

en el artículo 119 de la vigente Constitución del 1994, donde se

expresa literalmente lo siguiente: “Ninguna reforma podrá versar

sobre la forma de gobierno, que deberá ser siempre civil, republica-

no, democrático y representativo”.

Hay tratadistas franceses, entre ellos Georges Bourdeau,

quienes opinan que disposiciones como las citadas anterior-

mente son inconcebibles en un sistema democrático, porque

él entiende que, el constituyente de hoy no puede maniatar o

impedir que el constituyente del futuro pueda establecer otra

forma de gobierno acorde con las condiciones sociales y políticas

de esa nueva época.

30. LOS TIPOS DE REGÍMENES POLÍTICOS

Hasta ahora hemos examinado los diferentes regímenes

políticos según los fundamentos del poder; según la forma de ser

escogidos o electos los gobernantes; según la estructura guber-

namental; y según los medios de limitar el poder de los gober-

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

170

nantes. Teniendo en cuenta esas características, hemos expuesto

acerca de los regímenes democráticos, autocráticos, parlamenta-

rios, etc.; pero ahora vamos a examinar, en forma más simple y

condensada, los regímenes políticos teniendo en cuenta, en con-

junto, todas esas características, que son: los fundamentos del

poder; la forma de escoger o elegir los gobernantes, su estructura

gubernamental; y la limitación del poder de los gobernantes.

Teniendo en cuenta esas características, los regímenes polí-

ticos se pueden dividir en dos grandes grupos:

• Los regímenes autocráticos; y

• Las democracias liberales.

30.1 LOS REGÍMENES AUTOCRÁTICOS

Son aquellos, a grandes rasgos, donde no existe una elección

de gobernantes por medio del sufragio universal libre y secreto;

no existen libertades públicas, ni limitaciones al poder de los

gobernantes al alcance de la universalidad de los ciudadanos; y a

nuestro entender, se dividen en dos grandes tipos de regímenes

políticos: los regímenes socialistas y comunistas y los regímenes

fascistas, además de las dictaduras o tiranías personales.

30.2 LAS DEMOCRACIAS LIBERALES

Todas o casi todas, coinciden con las características señaladas

de: un fundamento del poder basado en ideas democráticas; un

procedimiento de elegir a los gobernantes mediante el sistema

del sufragio universal libre y secreto, más o menos perfecto; por

medio de limitaciones al poder con la estipulación de los dere-

chos individuales, civiles y políticos en sus constituciones; donde

los gobernantes deben respetar en forma absoluta esos derechos,

Manual de Derecho Constitucional

171

por lo cual están limitados en el ejercicio de su poder; con una

estructura gubernamental donde hay diferentes organismos del

Estado con las atribuciones tradicionales legislativas, ejecutivas,

y judiciales; y todas esas democracias liberales, económica y

socialmente, descansan en regímenes capitalistas desarrollados

o en vías de desarrollo; mientras que por el contrario, y como

hemos señalado anteriormente, en los regímenes autoritarios

o autocráticos, la forma de escoger o elegir a los gobernantes,

es antidemocrática y no descansa en el sufragio universal; no

hay limitación al poder, ya que los derechos individuales, salvo

algunos derechos sociales, no son ni pueden ser ejercidos; y en

su estructura gubernamental hay una concentración de poderes,

en manos de un partido o en manos de una persona; pero en lo

económico, en estos regímenes autocráticos hay una variante, en

el sentido de que algunos de estos regímenes son o han sido capi-

talistas, como el régimen nazi de la Alemania de Hitler, mientras

que otros son autocráticos pero no son sistemas capitalistas, sino

por el contrario, son regímenes comunistas o socialistas.

Las señaladas democracias liberales, con las características

ya explicadas, todas a excepción de Suiza, que constituye un

régimen político y social único, han imitado al régimen político

inglés, pero en dos épocas distintas de ese régimen; por ejem-

plo, el régimen norteamericano, al surgir como Estado libre, al

ﬁnal de su guerra de independencia frente a Inglaterra, imitó al

régimen inglés del tiempo de las monarquías limitadas del siglo

XVIII, con la variante, al proclamar su independencia, de que en

vez de un rey, el ejecutivo estaba constituido por un presidente

de la República.

Las otras democracias liberales, sobre todo las europeas,

comenzando por Francia, imitaron al régimen inglés, pero del

siglo XIX, es decir, al régimen parlamentario inglés de ese si-

glo; aunque todas esas democracias liberales se parecen por las

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

172

características que se señalaron al comienzo. En la práctica, los

regímenes de Estados Unidos, Francia, Inglaterra y de muchos

países que han imitado constitucionalmente a esos regímenes,

son muy distintos, porque, por ejemplo, el régimen de los

Estados Unidos, es un régimen presidencial, de separación de

poderes, donde el Poder Ejecutivo no puede disolver al congreso,

ni el congreso puede por un voto de censura obligar a dimitir al

Poder Ejecutivo; mientras que en los regímenes parlamentarios

Inglés, Francés, etc., el jefe del Poder Ejecutivo, que es un primer

ministro, con títulos diferentes según los países, pueden disolver

al parlamento y convocar a elecciones nuevas, mientras que el

parlamento puede, por voto de censura o de no-conﬁanza, obli-

gar a dimitir o renunciar al jefe del Poder Ejecutivo.

Pero aún dentro de estos regímenes parlamentarios, hay di-

ferencias, como por ejemplo, Inglaterra, Alemania, y las naciones

que forman parte del llamado Reino Unido, como Canadá, Aus-

tralia, etc., son regímenes bipartidistas, es decir, con un partido

en el poder y uno en la oposición, lo que los hace más estables

que los otros, como Francia, Italia, etc., que son multipartidistas

y, por tanto, la estabilidad de sus gobernantes descansa en alian-

zas o coaliciones circunstanciales de partidos, que se rompen o

cesan con frecuencia, conduciendo a la inestabilidad política de

sus gobiernos.

De todo lo explicado anteriormente, se llega a la conclusión

de que, los regímenes de democracias liberal se pueden dividir

en tres grandes grupos:

1. Los regímenes presidenciales

2. Los regímenes parlamentarios bipartidistas

3. Los regímenes parlamentarios multipartidistas

A continuación solamente trataremos sobre los regímenes

presidenciales, ya que sobre los parlamentarios bipartidistas y los

Manual de Derecho Constitucional

173

parlamentarios multipartidistas y sus diversos tipos, ya hemos

tratado anteriormente en este manual.

30.2.1 LOS REGÍMENES PRESIDENCIALES

Estos regímenes políticos, comenzando por el primero que

surgió, que fue el de los Estados Unidos de Norteamérica, sur-

gido con la Declaración de Independencia de las antiguas trece

(13) colonias inglesas, dio lugar a que se elaborara la primera

Constitución escrita del mundo, la cual fue aprobada y puesta

en vigencia a ﬁnales del siglo XVIII. En esa Constitución de esa

nación, se llegó a que el Jefe de Estado fuera un Presidente, que

al mismo tiempo era Jefe del Gobierno y Jefe de Estado, con un

vicepresidente para sustituir eventualmente al Presidente, en los

casos que fuere necesario.

Como órgano legislativo se estableció un Congreso forma-

do por dos cámaras: el Senado y la Cámara de Representantes; y

en el Poder Judicial encabezado por una Corte Suprema Federal

y una Corte Suprema Estatal en cada Estado, así como otros

diversos tribunales Estatales y Federales.

En lo que se reﬁere a las dos cámaras legislativas, el Senado

está formado por dos (2) senadores por cada uno de los Estados

que integran la Nación; y la Cámara de Representantes, con un

número variable, de un Estado a otro, en proporción al número

de habitantes de cada Estado federado, de los que integran al

sistema federal que los abarca a todos.

Cuando se reunió la Asamblea Constituyente, al comenzar

la vida independiente de esta nación, pensaron sus integrantes

establecer un Congreso u órgano legislativo con una sola cá-

mara, pero entre las antiguas trece (13) colonias, había algunas

pequeñas en territorio y población, mientras había otras con una

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

174

extensión territorial grande y una gran población también; y am-

bos grupos tenían diferentes criterios, en el sentido de que, las

colonias pequeñas querían que el órgano legislativo unicameral a

ser creado tuviera un número de legisladores igual para cada una

de las colonias, que iban a ser los primeros Estados Federados,

mientras que las grandes colonias aspiraban a un número de

legisladores en proporción al número de habitantes de cada uno.

Luego de una discusión de varios meses, como transacción, con-

cluyeron en crear, para formar el Congreso u órgano legislativo,

dos Cámaras, una de las cuales donde cada uno de los Estados

Federados tuviera un número igual de legisladores, que vino a ser

el Senado (con dos Senadores por cada Estado federado (según

aspiraban los pequeños Estados); y la otra Cámara, llamada de

Representantes, con un número de legisladores en proporción al

número de habitantes de casa Estado, como lo propugnaban los

grandes Estados.

Más tarde, con el paso del tiempo, se ha llegado a la tesis, y

así lo han hecho diversas naciones con el sistema federal similar

al de los Estados Unidos de Norteamérica, en el sentido de que

una de las Cámaras representa a la nación federal en proporción

al número de habitantes de cada Estado federado, que es la Cá-

mara de Representantes; mientras que la otra cámara, el Senado,

con dos senadores por cada Estado federado, representa a dichos

Estados.

El presidente de los Estados Unidos, es el jefe del Poder

Ejecutivo, con numerosos y diversos poderes, elegido por cuatro

(04) años, mediante un sistema electoral dividido en tres fases:

la primera, en la cual participan todos los ciudadanos, y que le

llaman elecciones primarias, en las cuales se vota para escoger los

candidatos a Presidente y Vicepresidente por cada partido.

Una vez proclamados estos candidatos, en la primera quin-

cena del mes de noviembre de cada año electoral, los ciudadanos

Manual de Derecho Constitucional

175

americanos votan para elegir, no al Presidente y al Vicepresiden-

te, sino para elegir a los delegados electorales, en un número por

cada Estado igual a la suma de Senadores y Representantes por

cada Estado federado. Una vez elegidos los delegados electorales

en noviembre, estos son los que, dos meses después, en el mes de

enero, votan para elegir al Presidente y al Vicepresidente de los

Estados Unidos.

El presidente de los Estados Unidos, dentro de sus faculta-

des, tiene las de designar miles de funcionarios federales, algunos

de ellos con la necesaria aprobación por parte del Senado, entre

ellos, todos los miembros del cuerpo diplomático y consular, así

como a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

El Presidente tiene un derecho de iniciativa para proponer

leyes por vía directa o por medio de algún congresista. Tiene

la facultad, en caso de emergencia nacional, de enviar tropas a

cualquier sitio que él juzgue necesario, debiendo informar sobre

esto, posteriormente, al Congreso; pero no puede declarar la

guerra sino con la aprobación previa del Congreso.

En caso de faltas cometidas en su ejercicio presidencial, la

Constitución establece que la Cámara de Representantes puede

actuar como un ﬁscal colectivo para investigar las mismas, y si

considera que hay indicios de culpabilidad, pasar el expediente

al Senado, el cual juzga el caso, y si lo considera culpable, pue-

de condenarlo, con una votación mínima necesaria de las dos

terceras partes (2/3) de los Senadores, ordenando su destitución

como Presidente.

El presidente, hasta el período presidencial de Franklin D.

Roosevelt, podía ser reelegido indeﬁnidamente, por varios pe-

ríodos consecutivos de cuatro años cada uno; pero después de la

muerte de ese Presidente, se estableció en una enmienda (modi-

ﬁcación) constitucional que, en lo adelante, los Presidentes nada

más podían serlo hasta dos períodos consecutivos.

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

176

El Congreso Federal está compuesto por el Senado y por

la Cámara de Representantes. Los senadores, que son dos (2)

por cada Estado son elegidos por seis (6) años, pudiendo ser

reelectos; esta cámara se renueva por tercios (de los cien Sena-

dores que la integran), cada dos años se elige una tercera parte

de la misma, formada por senadores que cumplen seis años;

para esa fecha, hay un tercio de esa Cámara que tiene cuatro

años de elegidos, así como, también, hay un tercio que tiene

dos años de elegidos.

La Cámara de Representantes es elegida en proporción al

número de habitantes de cada Estado Federado. Actualmente

son más de cuatrocientos Representantes, los cuales son elegi-

dos cada dos años (pudiendo ser reelectos), lo cual contribuye,

aparentemente, a que ellos se dediquen a realizar diversas ac-

tividades o maniobras que les permitan alcanzar su reelección.

En cada ocasión (cada dos años), en la cual hay elecciones de

Representantes, al mismo tiempo se producen las elecciones para

una tercera parte de los Senadores, los cuales, cada dos años van

cumpliendo sucesivamente (un tercio del Senado cada vez), dos,

cuatro y seis años.

El Congreso (ambas Cámaras), tienen una sesión anual, la

cual, normalmente, comienza el tres (3) de enero, y que termina

el treinta y uno (31) del mes de julio de cada año (salvo en los

casos de crisis, por Estado de guerra o Estado de crisis nacional).

El señalado Congreso Federal, además de las facultades

legislativas ordinarias, tiene facultades para modiﬁcar la Consti-

tución, por medio de enmiendas constitucionales. Para llegar a

esto, se necesita el voto de las dos terceras partes de los miembros

de cada cámara, y cuando así es aprobada la enmienda por am-

bas cámaras, no entra en vigencia la enmienda o modiﬁcación,

hasta que las tres cuartas (3/4) partes de los órganos legislativos

federados, de los cincuenta Estados, la aprueben.

Manual de Derecho Constitucional

177

Es facultad también del Congreso Federal, el poder declarar

la guerra.

El Poder Judicial es ejercido de manera principal, por la

Corte Suprema Federal, las Cortes Supremas de los Estados

Federados y por los demás tribunales federales y estatales.

La Corte Suprema Federal está integrada por un Presidente

y ocho jueces, los cuales son propuestos por el Presidente, pero

necesitando la aprobación por parte del Senado. Los jueces de

esta Corte Suprema, una vez aprobados por el Senado, son vi-

talicios en sus cargos o funciones; pero, al cumplir setenta (70)

años de edad, ellos pueden pedir su retiro y jubilación, lo cual, al

decir de Maurice Duverger, es muy raro que suceda.

Tradicionalmente, cuando ocurre una vacante por cualquier

circunstancia, el Presidente de los Estados Unidos tiene por

costumbre mantener el equilibrio entre los jueces que han sido

de los partidos republicano y demócrata, así como también, los

Presidentes, cumplen por tradición, tener en cuenta las minorías

religiosas y sociales. Por lo tanto, de los nueve (9) Magistrados

que integran ese alto tribunal, tradicionalmente, hay un católi-

co, un judío, y desde hace unos cuantos años, ﬁgura un juez de

color.

La Corte Suprema tiene también, como el tribunal más alto

del Poder Judicial, la facultad de recibir, conocer y decidir sobre

los recursos de inconstitucionalidad. Los autores franceses, entre

ellos Maurice Duverger, señalan que las sentencias dictadas en

estos casos por esa Corte Suprema han sido en el pasado bastante

conservadoras, excepto en los últimos lustros, en materia racial,

consagrando la igualdad de todos los ciudadanos, sin importar

su color o raza.

Los partidos políticos y los grupos de presión en los Es-

tados Unidos: Aparentemente, el sistema norteamericano es

bipartidista: republicanos y demócratas. Pero se considera que

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

178

funciona como si fuera multipartidista, ya que no existe una

disciplina partidaria que uniﬁque los criterios en el interior

de cada uno de esos dos partidos políticos, en el seno de sus

respectivas Cámaras.

Existe la opinión generalizada, en el sentido de que el

Congreso de los Estados Unidos actúa o funciona como si

existieran cien (100) partidos políticos: cincuenta (50) partidos

demócratas y cincuenta (50) partidos republicanos, teniendo en

cuenta los cincuenta Estados federados, y la individualidad o

independencia con las cuales actúa cada legislador de esa nación

(no existe una disciplina partidaria rígida).

En lo que se reﬁere a las presiones para obtener la aprobación

de proyectos de leyes económicas y sociales, no son los partidos

que tienen la iniciativa a ﬁn de realizar esas presiones por ante el

Congreso, sino que son algunos famosos y poderosos grupos de

presión: de hacendados, industriales, bancarios, profesionales y

sindicales, existiendo en este último caso, la poderosa AFL-CIO;

generalmente, todas estas actividades de parte de los diversos

grupos de presión, a través de las famosas oﬁcinas lobistas, las

cuales deben ﬁgurar inscritas en un registro establecido por la

Ley de la materia.

30.3 LOS REGÍMENES POLÍTICOS DE AMÉRICA

LATINA

Las naciones que constituyen lo que hoy se denomina como

América Latina, fueron hasta el siglo XIX y principios del siglo

XX, colonias de España, Francia y Portugal.

Casi todas, al adquirir su independencia, han establecido

el régimen presidencial, habiendo imitado, en su mayoría, la

Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, aunque

Manual de Derecho Constitucional

179

en la aplicación práctica de sus respectivas Constituciones, te-

nían y tienen una notable diferencia, lo cual ha dado lugar a que

algunos autores, sobre todo franceses, denominen a los actuales

regímenes de América Latina como regímenes presidencialistas,

en lugar de regímenes presidenciales, esto, debido al notable

predominio del jefe de Estado y jefe de Gobierno, el Presidente

de la República, sobre los otros poderes del Estado.

Las instituciones políticas de América Latina, han sido

consideradas, generalmente, como intermediarias entre la

democracia liberal y los regímenes autoritarios de las naciones

subdesarrolladas. En relación con lo anteriormente expuesto, un

autor francés Jacques Lambert, en su obra, Amerique Latine,

Structures Sociales et Institutions Politiques (edición 1963, pág.

19), quien expresa lo siguiente:

"Las diferencias, en relación al régimen presidencial norteame-

ricano, del régimen político que se ha formado en América Latina,

merecen que se les dé otro nombre distinto al de los Estados Unidos:

una diferencia de terminología ayudaría a comprender mejor la ori-

ginalidad. Para no alejarnos mucho de la terminología habitual, la

caliﬁcaremos aquí como régimen de preponderancia presidencial".

La mayoría de estos países tiene, como los Estados Unidos

de Norteamérica: un Presidente elegido por el voto popular; un

Congreso o Asamblea Legislativa, formado en su mayoría por

dos Cámaras, aunque en algunos de ellos, el órgano legislativo,

es unicameral o monocameral, existiendo cierta tendencia a

que aumente el grupo de países que establezcan esto, lo cual

consideramos prudente y acertado, ya que estimamos que no

existen condiciones políticas y razonables para la existencia

de dos Cámaras integrando al Poder Legislativo, sino razones

conservadoras de reminiscencia del pasado, hasta el punto de

denominarlas, con frecuencia, como “Cámara Alta” y “Cámara

Baja”. En relación con este bicamarismo, consideramos que

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

180

existen algunas excepciones, constituidas por los países que

han copiado, por razones históricas propias, del régimen esta-

dounidense, además del sistema presidencial, el sistema fede-

ral, formado en su interior por varios Estados federados, como

son México, Brasil y Venezuela. En cuanto al Poder Judicial se

reﬁere, las naciones latinoamericanas tienen un sistema más o

menos parecido en todas, en el sentido de que está formado

por diversos tribunales de distinto grado de funcionamiento,

pero todos encabezados por una Suprema Corte de Justicia o

Tribunal Supremo, en la cima de su jerarquía jurídica y pro-

cesal.

En lo que se reﬁere al Poder Ejecutivo, ejercido en la gran

mayoría de los países latinoamericanos, por un presidente, han

existido algunos pocos regímenes ocasionalmente diferentes,

como por ejemplo, en Uruguay, donde en la década del 1920

(si mal no recordamos), existió un Poder Ejecutivo ejercido por

un órgano colectivo, formado por varios funcionarios (más o

menos similar al existente en Suiza); y también en la República

Dominicana, con un ejecutivo denominado Consejo de Estado,

creado constitucionalmente y en forma provisional en reforma

hecha a ﬁnes del año 1961, el cual Consejo de Estado funcionó

desde el primero de enero del año 1962, hasta el 27 de febrero

del año 1963.

Otro sistema latinoamericano, distinto, ocasionalmente al

régimen presidencial, existió en Brasil, donde en el año 1961, se

creó un sistema parlamentario, con una reforma constitucional

producida por una crisis política con motivo de la renuncia del

presidente electo, Janio Quadros. En relación con esto, copia-

mos a continuación lo siguiente, descrito por Maurice Duverger:

"A consecuencia de la crisis provocada por la dimisión del presidente

Quadros, en agosto de 1961, y de la oposición de los elementos

conservadores, apoyados sobre una parte de las fuerzas armadas,

Manual de Derecho Constitucional

181

a la investidura de Joao Goulart, vice-presidente que debía legal-

mente sucederle, un compromiso es intervenido entre partidarios y

adversarios de este. Joao Goulart ha sido proclamado Presidente de

la República; pero el Parlamento ha modiﬁcado la Constitución,

transformando el régimen presidencial en régimen parlamentario".

(Instituciones Politiques et Droit Constitutionnel, Sixiene Edi-

tion, 1962; traducción nuestra).

En América Latina, entre los regímenes de democracias

liberales y regímenes autoritarios, han existido numerosos regí-

menes de preponderancia del Poder Ejecutivo sobre los demás

poderes del Estado, a consecuencia de la destacada inﬂuencia

de un Presidente sobre los demás funcionarios de los otros po-

deres del Estado. A continuación transcribiremos la opinión del

destacado autor y profesor universitario francés y anteriormente

citado, Jacques Lambert: “Con frecuencia, en el régimen de prepon-

derancia presidencial latinoamericano, las sucesiones presidenciales

extrañan crisis políticas, sea que el presidente cuyos poderes expiran

buscan mantenerse ilegalmente, sea que él se esfuerza, por medio de

maniobras electorales, de imponer un sucesor de su elección; esto es

un deterioro o vicio de los regímenes políticos latinoamericanos que

se llama “continuismo”" (Amérique Latine, Structures Sociales

et Institutions Politiques, autor citado, edición 1963, pág. 277,

traducción nuestra).

En ﬁn, en América Latina, además de los tipos de regímenes

brevemente citados, han existido regímenes políticos que cons-

tituyen francas dictaduras o tiranías, de derecha o de izquierda,

como lo han sido los gobiernos de Somoza, en Nicaragua; Truji-

llo, en República Dominicana, Duvalier, en Haití; Pinochet, en

Chile; y Castro, en Cuba.

Páginas	21-181
Autor	Augusto Luis Sánchez Sanlley

Primera parte. Derecho Constitucional General

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