Prólogo
| Páginas | 11-15 |
| Autor | Wilson Gómez Ramírez |
PRÓLOGO
El Derecho de Propiedad, estuvo entre los principales
derechos que consignaron los revolucionarios franceses en
su solemne Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano de 1789. La propiedad fue proclamada por la bur-
guesía revolucionaria en el artículo 17 de dicha Declaración
como un “derecho inviolable y sagrado”, el único de este género.
Del mismo modo fue considerada la propiedad en el Mani-
fiesto de Separación de Haití del 16 de enero de 1844 (“Las
propiedades serán inviolables y sagradas”). El padre fundador
de la República, Juan Pablo Duarte, reconoció en su proyecto
de Constitución la importancia del derecho de propiedad al
consagrarla en sus artículos 12-bis y 20. De la toma de La
Bastilla en París hasta la toma de la Puerta del Conde aquella
noche memorable de febrero del 1844, la propiedad al igual
que la libertad y la igualdad, han sido nobles aspiraciones de
los pueblos que reclaman con dignidad su independencia y
soberanía.
La cuestión va mas allá y desde el Derecho Romano, se
apreciaba la propiedad como una especie de derecho absoluto
o una verdadera suma de derechos. En efecto, el mismo in-
cluía el uso de la cosa (ius utendi), recibir los frutos (fruendi);
el de abusar, de esencia indeterminada (abutendi), el de poseer
12 Wilson Gómez Ramírez
(possidendi); el de enajenar (alienandi), el de disponer (dispo-
nendi) y el de reivindicar (vindicandi).
Todos tenemos conocimiento de los debates en cuanto
al origen del derecho propiedad, Locke considerándolo como
un derecho natural integrado a la dignidad humana y anterior
al Estado, los denominados contractualitas como nacido del
pacto social, pensemos en Rousseau y en Hobbes; el anarquis-
mo con Proudhom bautizándola como un robo o el marxis-
mo-leninismo reconociendo la propiedad colectiva.
Pues no sólo el derecho de propiedad, fue el motor funda-
mental de las revoluciones independentistas, sino que ya conso-
lidada la democracia, constituye un factor clave en el desarrollo
social, político y económico. El laureado premio nobel de eco-
nomía y reputado intelectual norteamericano, Milton Friedman
decía que: “Los derechos de propiedad no son únicamente una
fuente de libertad económica. También son una fuente de libertad
política”. Esta frase sin duda, pone de relieve la importancia de
reconocer y garantizar el derecho de propiedad en el desarrollo
económico y la estabilidad política de la sociedad moderna.
Como se puede apreciar, el derecho de propiedad es un
tema apasionante y de relevante interés su estudio profundo.
Es por ello que resulta una encomienda gratificante para mí,
prologar esta magnífica obra titulada “La Constitucionalidad
del Derecho de Propiedad y el Sistema Inmobiliario Registral
en la República Dominicana” de la autoría del magistrado del
Tribunal Constitucional, Wilson Gómez Ramírez, un consu-
mado experto en derecho inmobiliario, de vasta experiencia
en materia registral inmobiliaria, por sus años de servicio en
el Registro de Títulos, y una exitosa trayectoria, profesional,
gremial y académica.
Esta interesantísima contribución doctrinal, está subdivi-
dida en cinco (5) capítulos en los cuales se aborda el derecho
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La constitucionalidad del derecho de propiedad y el
sistema inmobiliario registral de la República Dominicana
de propiedad desde distintas perspectivas. En su primer capí-
tulo, el autor nos hace una lúcida reseña histórica del origen y
evolución de la propiedad y de los sistemas inmobiliarios regis-
trales que fungen como sólida garantía del reconocimiento y
efectividad de este importante derecho fundamental. La obra
hace un cautivante viaje histórico desde los orígenes remotos
de la propiedad y sus rudimentarios métodos de registro y
publicidad en el antiguo Egipto con su célebre Archivo de
Alejandría; pasando por Roma y la España medieval con su
Registro de Censos, Tributos, Imposiciones e Hipotecas.
En la isla de Santo Domingo, el Consejo de Indias impu-
so -al igual que a todas las colonias del imperio español- , una
Contaduría de Hipotecas; con la invasión haitiana en 1822,
empezó a regir en la isla el Código Civil Napoleónico y su
sistema ministerial francés de registro inmobiliario; posterior-
mente, se aprueba la Ley de Terrenos Comuneros en 1911
hasta que producto de la invasión norteamericana, se dicta en
1922, la Orden Ejecutiva No. 511 sobre Registro de Tierras,
que instituyó en el país el Sistema Torrens; esta disposición
fue derogada por la Ley No. 1542 de 1947 y esta a su vez, por
la Ley No. 108-05 del 2005 de Registro Inmobiliario, la cual
rige en la actualidad.
En el segundo capítulo de esta obra, el autor explica con
diestra maestría los orígenes y características del Sistema To-
rrens, creado por el político irlandés Robert Richard Torrens
(1814-1884) mientras se desempeñaba como director de
aduanas y del registro de propiedad de Australia, cuando este
país fue colonia de Inglaterra. La genialidad del señor Torrens
al crear su sistema, es relatada magistralmente por el autor de
la presente obra: se tomaron aspectos de distintos sistemas re-
gistrales de la antigüedad, como el sistema de censos feudales;
los sistemas de Prusia, Holanda y Baviera; así como también
14 Wilson Gómez Ramírez
la ley inglesa de buques de 1854. El autor además, va expli-
cando los distintos elementos del Sistema Torrens; los efectos
jurídicos de la inmatriculación de la propiedad inmobiliaria
y, finalmente, un juicioso y responsable análisis de las criticas
que la doctrina hace de este sistema.
En el capítulo tercero, se hace una breve pero muy bri-
llante comparación entre el sistema Torrens que impera en
República Dominicana y el sistema ministerial francés que
contempla el Código Civil Napoleónico; se abordan además
con profundidad, distintos aspectos del referido sistema To-
rrens, como la fuerza probatoria del Certificado de Título; el
mecanismo de transferencia de los derechos reales; los efectos
de la inscripción registral bajo el influjo del principio de legiti-
mación, lo que sin duda aporta garantía y seguridad jurídica al
tráfico inmobiliario; la publicidad registral que impide que se
puedan ocultar las cargas, litis y gravámenes que pesan sobre
el inmueble, así como la doble transferencia de propiedades
respecto de un mismo inmueble; finalmente, se hace una pon-
deración sobre la fe pública registral.
El autor desarrolla en el cuarto capítulo de este libro,
un tema relevante y valioso para los estudiosos del derecho
constitucional dominicano: aborda la constitucionalización
del derecho de propiedad, desde una perspectiva histórica,
analizando su evolución en el período anterior a la indepen-
dencia nacional; la presencia del derecho de propiedad en
documentos históricos relevantes como el Manifiesto del 16
de enero de 1844 y el proyecto de Constitución de Duarte, así
como un análisis de cómo ha ido evolucionando el derecho
de propiedad en las distintas reformas constitucionales desde
1844 hasta el 2015.
En el último y quinto capítulo de esta obra, se presentan
las sentencias paradigmáticas que en materia de derecho de
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La constitucionalidad del derecho de propiedad y el
sistema inmobiliario registral de la República Dominicana
propiedad ha dictado el Tribunal Constitucional en el periodo
2012-2019, del cual el autor es uno de sus ilustres y honora-
bles jueces; además de abordar varios tópicos que destacan la
importancia de esta jurisdicción constitucional y el impacto
de sus precedentes para el desarrollo del derecho de propiedad
inmobiliaria en el país.
El autor, tuvo la gentileza también de destacar mi par-
ticipación en el “Seminario sobre Derechos Humanos”, ce-
lebrado en la ciudad de Higüey el 23 de enero de 1971, en
la que el prologuista en su calidad de integrante hablando en
su condición de profesor de la Universidad Católica Madre y
Maestra (PUCMM) abogó, por la creación de un Tribunal de
garantías constitucionales en el país. Este pronunciamiento
concitó el apoyo y solidaridad de notables personalidades de
la vida jurídica dominicana.
El autor de esta obra exhibe en la misma, una pulida
redacción y corrección gramatical; una rica y enjundiosa bi-
bliografía nacional e internacional; un dominio magistral de
los conceptos propios del derecho inmobiliario en razón de su
sólida formación y depurado dominio de la materia. El libro
tiene una estructuración lógica y una argumentación jurídica
impecable, lo que la hace una obra altamente recomendable
y de lectura obligatoria por parte de la comunidad jurídica
dominicana, por lo cual auguramos que la misma ocupará
un sitial privilegiado en el acervo bibliográfico de la literatura
jurídica dominicana.
Milton Ray Guevara
Magistrado Presidente
Santo Domingo, 16 de septiembre de 2020
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