Prólogo

• Páginas: 15-19
• Autor: Rafael Díaz Filpo

PRÓLOGO

Las transformaciones promovidas por la reforma consti-

tucional de 2010 quedarían incompletas sin la función que

corresponde a la ley como instrumento de desarrollo norma-

tivo para concretar el programa jurídico-político del Estado

social y democrático de derecho planteado en la Constitución.

El que la Constitución sea erigida en la fuente suprema del

ordenamiento jurídico, derribando la antigua preponderancia

de la ley, no presupone que deba ignorarse la importancia que

aún conserva la ley como instrumento de ordenación general

del Estado y la sociedad, si bien subordinado a la Constitu-

ción tanto en lo que respecta a la forma de su producción

como en lo relativo a su contenido.

A pesar de que la ley ya no es la medida exclusiva de todas

las cosas en el campo del derecho, la reserva de ley permane-

ce como una de las instituciones más importantes del dise-

ño constitucional, por dos razones fundamentales. En primer

lugar, el compromiso permanente con el afianzamiento de

la Constitución como pacto de convivencia no puede enten-

derse al margen de la deliberación democrática entre visiones

diferentes de sociedad que aspiran a realizarse bajo la sombra

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RAFAEL DÍAZ FILPO

común de un conjunto de valores y principios que dejan

ciertos márgenes de acción a la política. En segundo lugar, el

Congreso Nacional es el órgano del Estado que mejor refleja

el pluralismo de la sociedad y, por ello, la Constitución lo eri-

ge en el centro del proceso de adopción de decisiones políticas

o políticas públicas, que se expresan en la ley como acto de

gobierno dotado de un especial grado de legitimidad frente al

resto de las manifestaciones del poder público.

La institución de la reserva de ley, que magistralmente

explica el magistrado Rafael Díaz Filpo en la presente obra,

tiene por finalidad hoy en día garantizar “que la regulación de

determinadas materias se realice a través del procedimiento legis-

lativo, asegurando el pluralismo democrático frente a una posible

expansión ilimitada de la potestad reglamentaria”. La discusión

pública que tiene lugar en el Congreso Nacional permite que

diversos puntos de vista puedan expresarse conforme a la di-

námica de mayoría y minorías políticas representadas, e inclu-

so –a través de las vistas públicas– pueden expresarse la mayor

diversidad de opiniones para la orientación política de la ley

en el marco de los valores y principios constitucionales. La

reserva de ley constituye, pues, la expresión más notoria del

principio democrático en el ejercicio regular del poder públi-

co, particularmente del Poder Legislativo.

El papel normativo que corresponde al Congreso es refor-

zado por la Constitución de 2010 al institucionalizar la “re-

serva de ley orgánica”, que requiere para su adopción el voto

favorable de las dos terceras partes de los legisladores presentes

en cada una de las Cámaras y ha de operar en supuestos ex-

presamente señalados por la Constitución u otros de igual na-

turaleza. La importancia de los temas que son reservados a la

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LA RESERVA DE LEY EN IBEROAMÉRICA

Ley orgánica refleja el especial consenso que la Constitución

requiere para su desarrollo normativo. En estos supuestos ya

no solo basta con apelar al principio democrático que sustenta

la función legislativa, sino que hay un plus de exigencia que

procura asegurar un mayor compromiso entre las fuerzas po-

líticas representadas en el proceso legislativo, en la esperanza

de que la regulación legal sea dotada de la mayor estabilidad

posible en el marco del orden constitucional.

Una de las reflexiones centrales de la presente obra es la

delimitación de la reserva de ley frente la potestad reglamen-

taria que puede ser confiada a determinados órganos constitu-

cionales. El autor sostiene con claridad meridiana “que la pre-

visión constitucional de una reserva de ley para un determinado

supuesto no excluye, per se, la posibilidad de que una norma de

rango reglamentario pase a completar dicha normación, aunque

el margen de actuación del legislador reglamentario, en el marco

de una reserva de ley, será realmente limitado y, en cualquier caso,

jamás podrá desarrollar aspectos principales de la materia objeto

de reserva”. Ello permite afirmar que la reserva de ley no es

absoluta, en tanto no excluye la posibilidad de la colaboración

reglamentaria de aspectos segundarios que resulten necesarios

para eficientizar la aplicación del derecho.

Es importante resaltar, además, que el amplio catálogo

de materias que la Constitución de 2010 sujeta a la reserva de

ley, imponen la necesidad de que el Congreso Nacional asuma

fielmente la obligación de adoptar, de manera continua y sis-

temática, las normativas legales que han de asegurar la integri-

dad del ordenamiento jurídico. La adopción de la normativa

expresamente sujeta a reserva legal no solo es una necesidad

lógica, al imperio del principio de supremacía constitucional,

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RAFAEL DÍAZ FILPO

sino que es una exigencia funcional en la medida que resul-

ta necesaria para que la eficacia normativa y directiva de la

Constitución pueda desplegar todas sus potencialidades en el

ordenamiento jurídico y político.

La presente obra hace propicio recordar la necesidad de

una agenda legislativa priorizada para regular las reservas de ley

que contiene la Constitución. Las omisiones legislativas termi-

nan por constituir, a la larga, una lesión a la supremacía cons-

titucional tan perjudicial como la adopción consciente de leyes

inconstitucionales: en ambos casos la función dirigente de la

Carta Magna es quebrada con consecuencias nefastas para la

paz social y el bienestar general de la ciudadanía. El espíritu

pactista que presidió la Constitución de 2010 debe resurgir

para completar la obra del constituyente con una legislación

constitucionalmente adecuada que integre los precedentes

constitucionales y nos siga acercando a las puertas del Estado

social y democrático de derecho que proclama la Constitución.

Esta obra tiene un valor agregado importante para la co-

munidad jurídica nacional, pues visualiza la reserva de ley en

perspectiva comparada, enriqueciendo el acervo doctrinario

nacional al contrastar la incidencia de esta institución en los

ordenamientos jurídicos de Iberoamérica, especialmente en

España a partir de la Constitución de 1978. La perspectiva

comparada que reivindica esta obra permiten al lector vislum-

brar los elementos de derecho constitucional común que en

relación a la reserva de ley existen en la región y ayudan a la

mejor comprensión de la función que debe desempeñar en el

contexto dominicano. Este trabajo, por tanto, está llamado a

ser un referente obligatorio para el estudio de la reserva de ley

en el país.

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LA RESERVA DE LEY EN IBEROAMÉRICA

Esta importante investigación del magistrado Rafael Díaz

Filpo merecer ser reconocida, no sólo por la novedad del tema

en la bibliografía nacional, sino especialmente por el extraor-

dinario esfuerzo investigativo desplegado en la estructuración

de su contenido, que recoge lo mejor doctrina, así como los

precedentes que se han ido produciendo en este tribunal, con

un lenguaje que rehúye de la erudición innecesaria, que la

hace propicia para la comprensión del más amplio público de

profesionales del derecho, pero al mismo tiempo hace gala del

mayor rigor posible en profundidad doctrinal.

Debemos destacar que el magistrado Díaz Filpo, como

todo matemático, tiende a ser exacto, preciso y lógico, lo cual

se refleja en sus escritos y fundamentaciones de sentencias. En

este campo, es un exponente singular de superación personal

que lo lleva de notable matemático y profesor, a jurista y juez,

con una extraordinaria memoria y dedicación al trabajo y de-

seos de aprender que rivalizan, dando paso a excelentes resul-

tados. Eso se refleja año tras año en sus aportes y rendimien-

to mayoritarios en la producción de sentencias del Tribunal

Constitucional. Es un trabajador infatigable.

Esta obra del magistrado Díaz Filpo, cuyo prólogo me

honra y satisface, se une a la colección que este Tribunal Cons-

titucional impulsa con las producciones de sus magistrados.

¡Enhorabuena!

Milton Ray Guevara

Magistrado Presidente del Tribunal Constitucional

Santo Domingo, 26 de enero de 2018