Prólogo. Cristóbal Rodríguez Gómez

• Páginas: 19-24
• Autor: Justo Pedro Castellanos Khoury

PRÓLOGO

El sábado 7 de octubre de 2023, a las 4 y 13 minutos de

la tarde, el magistrado y querido amigo Justo Pedro Castellanos

Khoury me pidió, con la respetuosa discreción que le caracteriza,

que prologara su libro Herejías y otras certezas constitucionales.

Sin pensarlo, le dije que sí. No estaba en condiciones de rechazar

un honor semejante.

Se trata de un libro monumental, en el que el autor comparte

con la comunidad jurídica sus votos salvados y disidentes sobre

todos los ámbitos que ocupan las competencias del Tribunal

Constitucional, y las variadas ramificaciones con que la casuística

las diversifica y enriquece.

Es, además, un texto a cuyo vasto contenido jurídico se le

suman el rigor académico y el cuidado por el buen decir que,

con tanto esmero, ha cultivado Justo Pedro. Un texto en el que

cristalizan las respetuosas, pero siempre sólidas razones por las

que su visión del derecho va en un sentido distinto al de la

mayoría, o las de por qué las coincidencias con el fallo lo son por

razones diferentes a esa mayoría.

Pero del contenido del texto habla, con mucha elocuencia,

por demás, el texto mismo, así que no quiero convertirme

en su intérprete ante el lector. Quisiera, en cambio, dedicar

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algunos párrafos a una breve reflexión sobre dos aspectos a mi

juicio consustanciales a la lógica de la disidencia en un tribunal

colegiado, y cuya esencia intangible recorre cada voto contenido

en este libro: la democracia jurisdiccional y la libertad de

expresión.

Voto disidente, principio democrático y democracia jurisdiccional

La concreción del ideal democrático implica la existencia

de procedimientos normativamente establecidos que regulan

la forma en que se ha de llevar a cabo el proceso público de

deliberación, el cual se caracteriza por ese continuo enfrentamiento

de las razones y argumentos que alimentan el debate público. La

deliberación racional constituye, pues, una de las dimensiones

clave del proceso democrático. Sin embargo, los problemas

políticamente relevantes de una sociedad no pueden someterse

indefinidamente a la lógica siempre apasionada del debate. Las

urgencias y necesidades de la comunidad imponen la obligación

de decidir, constituyendo la decisión el otro momento capital

del proceso democrático.

La fórmula ideada para la toma de decisiones en una

sociedad democrática es la del principio mayoritario. Desde esta

perspectiva, la democracia ha de entenderse como una forma

de organización del debate público en el que todos tienen el

derecho de participar, pero en donde la decisión queda librada

a la opinión mayoritaria expresada en el voto. Ahora bien, ni en

el proceso electoral ni en las decisiones que resultan del debate

parlamentario ni en las adoptadas mediante sentencias por los

tribunales colegiados, la decisión mayoritaria puede implicar el

desconocimiento de las razones y los derechos argumentativamente

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

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defendidos por las minorías. Ello implicaría el desconocimiento

de un principio cardinal del sistema democrático, que es el

pluralismo, el cual conlleva una preocupación permanente por

encontrar mecanismos de convivencia pacífica entre diversas, y

a veces irreductibles, formas de entender la sociedad, la justicia

y los derechos.

El respeto a las minorías, sus intereses y derechos es

consustancial a la idea de democracia. La adjudicación del

derecho mediante una decisión judicial adoptada por un tribunal

colegiado no se sustrae ni puede sustraerse de los supuestos

que informan el principio democrático y que se encuentran

estipulados en la Constitución dominicana.

Por el contrario, la decisión judicial está sometida a esos

supuestos, pues su observancia constituye uno de los mecanismos

para disciplinar la actuación de los jueces en su labor de decir

el derecho. Más aun, el voto disidente constituye una de las

manifestaciones del principio democrático: la democracia

jurisdiccional. Esto es así, puesto que la disidencia judicial es un

derecho con cuyo ejercicio se materializa el pluralismo que, a su

vez, expresa la riqueza y diversidad de concepciones necesarias

para que el derecho se renueve, se desarrolle y vivifique a favor

del perfeccionamiento del sistema de justicia y del Estado de

derecho.

El voto disidente forma parte de la sentencia, entendida

esta no como una mera decisión, sino como el conjunto de

razonamientos, argumentos y contraargumentos que, mediante

el proceso de deliberación, llevan a ella. En tal sentido, su

contenido pleno debe incorporarse a la sentencia, tal y como

ocurre en la práctica jurisprudencial comparada. Esta exigencia

de incorporación del voto disidente a la sentencia no es arbitraria,

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sino que obedece a dos razones fundamentales, que pasamos a

exponer de inmediato.

En primer lugar, lo impone el principio de transparencia

con que debe manejarse la práctica jurisdiccional. La comunidad

jurídica en particular, y la ciudadanía en general, tienen derecho

a saber qué concepciones del derecho tienen los jueces que

deciden la suerte de sus pretensiones, qué criterios interpretativos

los orientan, qué supuestos de filosofía moral y política, qué

prejuicios condicionan su voto al momento de la decisión.

En segundo lugar, la decisión judicial funda una verdad

interina sobre el significado del derecho en una situación concreta,

mas no agota la discusión. Esta discusión continúa abierta y se

renueva cada vez que situaciones similares se presentan como

objeto de controversia para ser decididas en los tribunales. Y

nada impide que las razones que en un momento no lograron

concitar el voto mayoritario, en las nuevas circunstancias,

puedan hacer que la decisión se oriente por la idea del derecho

en ellas sustentada, revirtiendo de esta manera el precedente

establecido. Como acertadamente ha dicho el viejo profesor

Jürgen Habermas:

Así por ejemplo, el voto de una minoría desviante, que se añade a la

fundamentación de una sentencia de un tribunal en última instancia,

tiene el sentido de retener argumentos que en casos similares podrían

convencer a la mayoría de los miembros de un tribunal futuro.

Voto disidente, libertad de expresión y transparencia

Todo juez integrante de un tribunal colegiado tiene derecho

a pretender que su concepción del derecho y su parámetro de

interpretación de la Constitución y la ley orienten la decisión

del fallo que ha de emitirse para la resolución jurisdiccional

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de la controversia de que se trate o, como se ha indicado más

arriba, a que dicha concepción se pueda hacer valer en el futuro

cuando se presente la posibilidad de revocar el fallo en que su

posición fue derrotada. Estas pretensiones solo se pueden ver

satisfechas en la medida en que el juez pueda expresar libremente

sus opiniones y consideraciones. Desde este punto de vista, la

disidencia deviene en una de las manifestaciones del derecho a

la libertad de expresión, cuya base constitucional se encuentra

reforzadamente establecida en nuestro ordenamiento, en virtud

de la propia Ley Fundamental, de su reconocimiento por la

jurisprudencia constitucional y del amplio repertorio de tratados

internacionales suscritos y ratificados por el Estado dominicano

que lo reconocen.

La libertad de expresión en materia de voto disidente no

se reduce a que se deje constancia, en el reseco laconismo de un

considerando, de que existen opiniones contrarias a la opinión

mayoritariamente adoptada. Se extiende a que los argumentos

que motivan la disidencia queden íntegramente consignados

en la misma, como sucede en la práctica de nuestro Tribunal

Constitucional.

Pero si bien la libertad de expresión, como se ha dicho,

es un derecho de configuración constitucional autónoma, en

materia de voto disidente cobra un nuevo sentido, en tanto que

su eficaz realización sirve de instrumento para la realización de

uno de los supuestos básicos del derecho general a la justicia:

la transparencia. Efectivamente, los ciudadanos no solo tienen

derecho a acceder a la justicia y los tribunales, la obligación de

servirla, sino que esa obligación, que redunda en la satisfacción

del derecho a la justicia, debe ser cumplida en estricto apego

a las reglas de transparencia sin las cuales la ciudadanía queda

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impedida de ejercer cualquier nivel de control sobre las

actuaciones jurisdiccionales.

El libro que el lector tiene en sus manos es, en el sentido

antes indicado, un robusto alegato a favor de la democracia

jurisdiccional y de la libertad de expresión. Es, además, una

muestra de que se puede discrepar en un clima de tolerancia, por

parte de la mayoría hacia la minoría discrepante y con civilizado

respeto hacia la mayoría, como lo atestigua cada uno de los votos

del magistrado Justo Pedro Castellanos Khoury.

Herejías y otras certezas constitucionales es un aporte singular

en la cultura jurídica dominicana, no solo por el ingente

esfuerzo reflexivo que se deja sentir en cada una de las materias

abordadas en los votos en él contenidos. Lo es, además, porque

es una suerte de crónica jurisprudencial, en clave discrepante, de

uno de los más destacados integrantes de la primera generación

de magistrados del Tribunal Constitucional de la República

Dominicana.

Cristóbal Rodríguez Gómez

Santo Domingo, D. N.

18 de octubre de 2023.