Protección del medioambiente. Artículo 67

• Páginas: 667-704
• Autor: Geovanny Nina Cruz

ÍNDICE

667

PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE.

ARTÍCULO 67

Artículo .- Protección del medio ambiente. Constituyen deberes del Estado

prevenir la contaminación, proteger y mantener el medio ambiente en provecho

de las presentes y futuras generaciones. En consecuencia:

) Toda persona tiene derecho, tanto de modo individual como colectivo, al

uso y goce sostenible de los recursos naturales; a habitar en un ambiente sano,

ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo y preservación de

las distintas formas de vida, del paisaje y de la naturaleza;

) Se prohíbe la introducción, desarrollo, producción, tenencia, comercialización,

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares y

de agroquímicos vedados internacionalmente, además de residuos nucleares,

desechos tóxicos y peligrosos;

) El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías y

energías alternativas no contaminantes;

) En los contratos que el Estado celebre o en los permisos que se otorguen

que involucren el uso y explotación de los recursos naturales, se considerará

incluida la obligación de conservar el equilibrio ecológico, el acceso a la

tecnología y su transferencia, así como de restablecer el ambiente a su estado

natural, si éste resulta alterado;

) Los poderes públicos prevendrán y controlarán los factores de deterioro

ambiental, impondrán las sanciones legales, la responsabilidad objetiva por

daños causados al medio ambiente y a los recursos naturales y exigirán su

reparación. Asimismo, cooperarán con otras naciones en la protección de los

ecosistemas a lo largo de la frontera marítima y terrestre.

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ASPECTOS GENERALES

Palabras claves:

A. Definición de pasivo medioambiental

B. Potestad sancionadora del Ministerio de Medio Ambiente

A. Aspecto general: Definición de

pasivo medioambiental. Sentencia

TC/0055/13

11.8. Cabe indicar, además, que el pasivo

ambiental es el conjunto de los daños am-

bientales, en términos de contaminación

del agua, del suelo, del aire, del deterioro

de los recursos y de los ecosistemas, pro-

ducidos por una empresa, durante su

funcionamiento ordinario o por acciden-

tes imprevistos, a lo largo de su historia.

Mientras que el impuesto es el tributo

exigido por el Estado a los sujetos que se

encuentran en la situación descrita por ley

como hecho imponible, sin que ello con-

lleve un beneficio para el contribuyente o

una contraprestación.

(CÀTEDRA UNESCO A LA UPC TEC-

NOLOGIA, DESENVOLUPAMENT

SOSTENIBLE, DESEQUILIBRIS I

CANVI GLOBAL), Observatorio de la

Deuda en la Globalización.

B. Aspecto general: Potestad sanciona-

dora del Ministerio de Medio Am-

biente. Sentencia TC/0020/17 —La

potestad sancionadora de la Procura-

duría para la defensa del Medio Am-

biente fue abordada en el precedente

TC/0110/17—

b) Nuestra Carta Magna reconoce, en su

artículo 40.17, la potestad sancionadora

de la Administración Pública, al disponer:

“En el ejercicio de la potestad sancionadora

establecida por las leyes, la Administración

Pública no podrá imponer sanciones que

de forma directa o subsidiaria impliquen

privación de libertad”. De ese modo queda

establecido que entre las potestades que por

ley, puede tener la Administración está

la de sancionar determinadas violaciones

a las leyes, por lo que se infiere que el

legislador dispone una reserva de ley para

establecer una variedad de sanciones ad-

ministrativas, entre las que pueden figurar

multas administrativas y como es el caso

del texto legal objeto de esta acción, con la

única limitación de no imponer sanciones

administrativas que supongan una pena

privativa de libertad.

En virtud de lo anterior, constitucional-

mente el Ministerio de Medio Ambiente

tiene poder sancionador que le permite

cumplir con el mandato constitucional

de preservar y exigir reparar los daños al

medio ambiente. e) Por otro lado y en lo

relativo al debido proceso, se advierte que

los accionantes se enfocan tan solo en una

parte del artículo 167 de la citada ley

núm. 64-00, obviando el procedimiento

que se llevará a cabo al momento de

aplicar las sanciones que constan en los

ordinales atacados (1ro y 3ro). El párrafo

II de dicho artículo señala: “Las medidas

a que se refiere el presente artículo, se

adoptarán y aplicarán conforme al proceso

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administrativo correspondiente mediante

resolución motivada y hecha por escrito, la

cual deberá ser notificada mediante acto de

alguacil y podrá ser recurrida conforme al

procedimiento administrativo”. Se observa

en el texto transcrito que el legislador no se

limitó a establecer la sanción administra-

tiva, sino que dispuso el proceso a seguir

cuando se pretende dilucidar lo atinente

a la presunta violación y a la imposición

de sanciones, con todas sus características,

como la que será decidida “mediante reso-

lución motivada y hecha por escrito”, y que

lo decidido “podrá ser recurrido conforme

al procedimiento administrativo”. Además,

las garantías mínimas establecidas en el

artículo 69 de la Constitución de la Re-

pública se aplican a todo el proceso sancio-

natorio administrativo y no se advierte en

los textos impugnados que éstos establezcan

alguna prohibición a su aplicación en estos

casos.

C  T C

Palabras claves:

1. Bien de dominio público: islote de Cayo Levantado

2. Bien de dominio público: zona de pleamar

3. Contaminación sónica: necesidad de verificar denuncias por ruido

4. Facultad de construir obras en beneficio de munícipes: plaza de buhoneros

5. Facultad reglamentaria del Ministerio de Medio Ambiente: prohibir

exportación de baterías de ácido de plomo usadas

6. Inconstitucionalidad: creación de parque nacional sin conciliar intereses de

habitantes y protección del medioambiente

7. Regulación válida del derecho de propiedad privada en terrenos que se

encuentren dentro de áreas protegidas

8. Regulación válida en cuanto a la emisión de ruidos que afecten el

medioambiente y persecución de los delitos medioambientales

9. Regulación válida que limita la importación de vehículos de motor

10. Ruido ambiental: armonía entre libertad de empresa y medioambiente

11. Tasas medioambientales: facultad del Poder Ejecutivo

12. Violación a la protección del medioambiente: contaminación por ruido

ocasionada por las operaciones de un taller de fabricación de muebles

13. Violación a la protección del medioambiente: contaminación visual por

colocación de propaganda política abusiva en los espacios públicos

14. Violación a la protección del medioambiente: falta de controles, por parte

de una empresa, de los efectos adversos del proceso de industrialización de

la caña de azúcar

15. Violación a la protección del medioambiente: explotación de minerales sin

la existencia de un criterio medioambiental sostenible

16. Violación a la protección del medioambiente: extracción de minerales sin la

existencia ni aprobación de un plan de recuperación ambiental

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17. Violación a la protección del medioambiente: instalación y operación de un

aserradero sin autorización del Ministerio de Medio Ambiente

18. Violación a la protección del medioambiente: proyecto minero pendiente de

obtener los permisos mineros y medioambientales

1. BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: ISLOTE DE CAYO LEVANTADO

CRITERIO: EL ISLOTE DE CAYO LEVANTADO DEBE SER

CONSIDERADO COMO UN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO.

SENTENCIA TC/0194/13

CRITERIO 2:

El patrimonio nacional está constituido por un conjunto

de bienes de los cuales unos son de dominio privado y otros de dominio

público. Esta última categoría de bienes no es susceptible de propiedad

privada porque pertenecen a todos los dominicanos.

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que en el trans-

curso de un proceso judicial en el que se demandaba en partición un

grupo de bienes que incluía el islote de Cayo Levantado, el Tribunal

Constitucional se pronunció en torno a la naturaleza de este bien de

dominio público y anuló la decisión que había ordenado su partición

para que la Suprema Corte de Justicia conociera de nuevo este aspecto.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

4) Sin embargo, el Tribunal Constitucional

considera que, en el presente caso, a título

excepcional, en vista de que el inmueble

que se pretende partir (el islote Cayo Le-

vantado) pertenece al dominio público, la

jurisdicción ordinaria debió responder a

la cuestión planteada por la demandada

original, en lo concerniente a la naturaleza

de dicho inmueble.

5) Respecto de esta cuestión, ante todo de-

bemos resaltar que el patrimonio nacional

está constituido por una masa de bienes

de los cuales unos son de dominio privado

y otros de dominio público. Esta última

categoría de bienes no es susceptible de

propiedad privada porque le pertenece a

todos los dominicanos.

a) Según el artículo 147.9 de la Ley núm.

64-00, General de Medio Ambiente y

Recursos Naturales, del dieciocho (18) de

agosto del año dos mil (2000), se consideran

bienes de dominio público marítimo-terres-

tre: “los islotes y cayos en aguas interiores y

mar territorial, o aquellos que estén forma-

dos o se formen por causas naturales”.

b) El artículo 34 (Transitorio) de la

indicada ley dispone que el sistema na-

cional de áreas protegidas de la República

Dominicana se encuentra constituido por

las “unidades y categorías de conservación”

establecidas en una serie de leyes y decretos

(enunciadas por dicho artículo), “así como

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Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 67 | 671

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por otras piezas legales y/o administrativas

que se adopten en el porvenir”.

c) El aludido artículo 34, en su acápite 19,

incluye al decreto núm. 233-96, del treinta

(30) de julio de mil novecientos noventa y seis

(1996), que crea diversos parques nacionales,

monumentos naturales, refugios de fauna sil-

vestre y áreas nacionales de recreo. d) Entre las

áreas nacionales de recreo creadas por dicho

decreto, y ratificadas por el referido artículo

34, se encuentra el islote Cayo Levantado.

11) En los textos precedentemente trans-

critos se evidencia la enorme importancia

asignada por la Constitución y las leyes a

los bienes que pertenecen al dominio públi-

co, puesto que en dichos textos se consagra

de manera expresa su inalienabilidad, in-

embargabilidad e imprescriptibilidad. El

nivel de protección de los indicados bienes

se advierte, además, porque para que el

Congreso Nacional pueda reducir las áreas

protegidas se exige un quórum agravado: el

voto de las dos terceras partes de los inte-

grantes de ambas cámaras legislativas.

[…] dado que en el proceso está envuelto un

bien perteneciente al dominio público; omi-

sión que puede dar lugar a que, en la segunda

fase, figure el islote Cayo Levantado entre los

bienes que integran el acervo sucesoral en

cuestión, situación que este tribunal consti-

tucional subsana procurando salvaguardar

un bien perteneciente al dominio público que,

por tanto, concierne a todos los dominicanos.

2. BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: ZONA DE PLEAMAR

CRITERIO:

La franja de 60 metros denominada zona de pleamar

constituye un bien de dominio público y, por panto, su uso no puede

constituir vulneración a la propiedad privada. No se puede obstaculizar

el libre acceso a las playas, costas y riveras de la República Dominicana.

SENTENCIA TC/0485/15

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que una empresa

de inversiones ha solicitado ante el Tribunal de Tierras el desalojo de la

Asociación de Vendedores Artesanales (ASOVEPA) por considerar que

los vendedores han instalado casetas en un área de la playa que es parte

de su propiedad y obstaculizan su acceso. La demanda fue rechazada

en primer y segundo grado, así como también en la Suprema Corte de

Justicia. Ante estas decisiones, la empresa acude al Tribunal Constitucio-

nal en materia de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

10.1.1 En el presente caso, lo que plantea el

hoy recurrente, Inversiones Alana, S.A., es que

el ahora recurrido, Asociación de Vendedores

Artesanales de la Provincia La Altagracia

(ASOVEPA), le vulneró su derecho de pro-

piedad y el acceso a la misma, al ocupar una

parte dentro del inmueble de su propiedad

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ubicado en la parcela núm. 87-B-7 del D.C.

núm. 11/4ta, parte del municipio Higüey,

amparado por el Certificado de Título núm.

2006-134, expedido por el registrador de

títulos del Departamento de Higüey.

10.1.3 En ese sentido, la Tercera Sala de lo

Laboral, Tierras, Contencioso Administrati-

vo y Contencioso Tributario de la Suprema

Corte de Justicia, a través de su sentencia ob-

jeto del recurso constitucional que nos ocupa,

rechazó el recurso de casación y sustentó su

fallo en que real y efectivamente el inmueble

ubicado dentro la parcela núm. 87-B-7 del

D.C., núm. 11/4ta, parte del municipio Hi-

güey, es propiedad de Inversiones Alana, S.A.,

pero no menos cierto es que la Asociación de

Vendedores Artesanales de la provincia La

Altagracia (ASOVEPA) ocupa dentro de esa

parcela la parte que corresponde al dominio

público, conforme al informe de inspección

practicada al referido terreno por la Direc-

ción General de Mensuras Catastrales el

veintitrés (23) de junio de dos mil cinco

(2005) y a la documentación expedida por

la Secretaría de Estado de Medio Ambiente

y Recursos Naturales, hoy Ministerio, la

cual establece que las casetas se encuentran

construidas dentro de la franja de los sesenta

metros lineales (60m.) correspondiente al

dominio público, propiedad del Estado.

10.1.8 La Tercera Sala de la Suprema

Corte de Justicia, a través de la sentencia

objeto del presente recurso constitucional,

delimita claramente que no se le ha ani-

quilado el derecho de propiedad a la razón

social Inversiones Alana, S.A., ya que está

legalmente avalada por un certificado de

título auténtico y con carácter erga omnes;

además, se pudo comprobar que la parte

recurrida, Asociación de Vendedores Ar-

tesanales de la Provincia La Altagracia

(ASOVEPA), no está utilizando espacio

que corresponde a dicha propiedad priva-

da, sino a terrenos que están dentro de la

franja de los sesenta metros (60m) corres-

pondientes a la denominada zona pleamar,

por lo que ha quedado evidenciado que

pertenece al dominio público, no a nadie

en particular, sino al Estado dominicano.

10.1.11 Asimismo, señalamos que tanto

las personas físicas y morales que detenten

propiedades cercanas o continuas al acceso

a las zonas correspondientes a la franja

de sesenta metros (60m) llamada zona de

pleamar, terrenos estos pertenecientes al

dominio público, por lo que, los referidos

propietarios no pueden obstaculizar el libre

acceso a las playas, costas y riberas dentro

de República Dominicana.

3. CONTAMINACIÓN SÓNICA: NECESIDAD DE VERIFICAR

DENUNCIAS POR RUIDO

CRITERIO:

Ante la ausencia de respuesta por parte de la Administración

pública (en este caso, el Ministerio de Medio Ambiente y el

Ayuntamiento del municipio de Nagua), procede ordenar la verificación

de contaminación sónica y la legalidad de la instalación de un centro

recreativo en la comunidad, solicitada por habitantes que alegan verse

afectados por el ruido.

SENTENCIA TC/0541/19

—Precedente reiterado

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

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sin mencionar mediante sentencia TC/0049/20 (en este caso se ordenó a la

Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos

Naturales del Departamento Judicial de Santiago dar respuesta a las denuncias

sobre contaminación sónica)—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que una junta

de vecinos había denunciado en varias ocasiones la instalación de

un centro recreativo en la comunidad y el exceso de ruido que

producía dicho centro. Ante la ausencia de respuesta por parte de las

autoridades competentes, la junta de vecinos, representada por un

señor, acudió a la jurisdicción constitucional en materia de amparo

de cumplimiento en procura de que se le dé cumplimiento a lo

establecido en los artículos  y  de la Ley núm. -.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] en la especie, el accionante, José de

Jesús Landesta Ventura pretende que este

colegiado ordene a las partes accionadas

(Arismendy Santos, al Centro Recreativo

Karina, Ministerio de Medio Ambiente

y Recursos Naturales, así como el Ayun-

tamiento del municipio Nagua) que

cumplan con lo establecido en los artículos

111 y 113 de la Ley núm. 64-00, y en

consecuencia, se disponga la clausura del

referido centro recreativo Karina. Para

fundar su acción, dicho accionante alega

que el funcionamiento de dicho centro vul-

nera sus derechos fundamentales a la salud,

al medioambiente, así como su derecho a

la intimidad, entre otros. Además, sostiene

que el quince (15) de junio de dos mil

doce (2012) presentó una denuncia ante

la Dirección Provincial del Ministerio

de Medio Ambiente y Recursos Naturales

en Nagua y ante el Ayuntamiento del

municipio Nagua, con el fin de que estas

instituciones efectúen las investigaciones

del lugar sobre las operaciones y acciones

que se realizan en el indicado negocio, el

cual ha sido instalado en una zona residen-

cial. También alega que el dieciocho (18)

de junio del mismo año aludido, presentó

una denuncia ante el procurador fiscal del

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos

Naturales, con los mismos fines que las

denuncias presentadas de manera previa.

Sin embargo, al verificar el contenido de

las disposiciones legales cuyo cumplimiento

se demanda por medio de la acción de am-

paro de cumplimiento que nos ocupa, este

colegiado se percata de que en las mismas

no se prescribe la medida de clausura de

un establecimiento o empresa en los casos

de posible vulneración a Ley núm. 64-

00. En efecto, las referidas disposiciones

legales se refieren a la facultad que posee

el Ministerio de Medio Ambiente y Re-

cursos Naturales, así como los distintos

ayuntamientos del país, para prohibir y

controlar que en sectores habitacionales

se establezcan industrias y empresas que

vulneren la indicada ley núm. 64-00. En

consecuencia, no procedería el amparo

de cumplimiento en la especie con el fin

de clausurar el Centro Recreativo Karina,

toda vez que dichos articulados se refieren

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

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a la facultad de prohibir y controlar, no así

a la de clausurar, pues esta última medida

constituye una sanción administrativa que,

según lo establecido en el artículo 167.4

de la indicada ley núm. 64-00, podrá

ser impuesta por el Ministerio de Medio

Ambiente y Recursos Naturales, previo ago-

tamiento de un debido proceso administra-

tivo. En efecto, en el párrafo I del indicado

artículo 167 se establece que [l]as personas

o entidades jurídicas que no cumplan con

las órdenes, emplazamientos y recomenda-

ciones emanadas de la Secretaría de Estado

de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

serán objeto del retiro temporal o definitivo

de la autorización para ejercer o efectuar

las actividades que los causaren, sin perjui-

cio de otras sanciones que pueda dictar el

tribunal competente.

f) Pero en el expediente que nos ocupa se

verifica que, ciertamente, el señor José de

Jesús Landesta Ventura, actuando en repre-

sentación de la Junta de Vecinos José María

Brito, presentó tres (3) denuncias: la primera,

dirigida al señor Estaban Jáquez, encargado

de la Oficina de Medio Ambiente de la pro-

vincia María Trinidad Sánchez, el quince

(15) de junio de dos mil doce (2012); la

segunda, dirigida al señor Ángel de Jesús

López, alcalde del Ayuntamiento Municipal

de Nagua en la misma fecha, y la tercera,

dirigida al procurador fiscal del Ministerio

de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

Raúl Quiroz, el dieciocho (18) de junio

del mismo año aludido. Además, por me-

dio del indicado Acto núm. 322/2012, el

accionante, José de Jesús Landesta Ventura,

además de intimar al Ayuntamiento del

municipio Nagua, así como a la Dirección

Provincial del Ministerio de Medio Ambien-

te y Recursos Naturales de María Trinidad

Sánchez, a cumplir con lo establecido en los

artículos 111 y 113 de la Ley núm. 64-00,

también se refirió a las indicadas denuncias

sometidas ante las instituciones intimadas el

quince (15) de junio de dos mil doce (2012)

y el dieciocho (18) de junio del mismo año,

de las cuales no ha obtenido ningún tipo de

respuesta.

g) A la luz de la argumentación expuesta, y

en virtud de lo establecido en los precitados

artículos 104 y siguientes de la referida ley

núm. 137-11, el Tribunal Constitucional

declara la procedencia de la acción de

amparo de cumplimiento presentada por el

señor José de Jesús Landesta Ventura; en con-

secuencia, ordena al Ministerio de Medio

Ambiente y Recursos Naturales, así como

al Ayuntamiento del municipio Nagua, a

cumplir con la preceptiva prescrita en los

artículos 111 y 113 de la mencionada ley

núm. 64-00 y, en esa virtud, dar curso a las

denuncias presentadas ante estas institucio-

nes por el accionante, José de Jesús Landesta

Ventura en fechas quince (15) y dieciocho

(18) de junio de dos mil doce (2012).

4. FACULTAD DE CONSTRUIR OBRAS EN BENEFICIO DE MUNÍCIPES:

PLAZA DE BUHONEROS

CRITERIO:

No vulnera el derecho a vivir en un medioambiente sano la

disposición de un ayuntamiento (en este caso, la Alcaldía de Santiago)

de utilizar un área específica para construir una obra en beneficio de

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 67 | 675

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los munícipes. Los ayuntamientos tienen la obligación de utilizar los

recursos de que disponen con una visión global, es decir, que tienen la

responsabilidad de armonizar los intereses de cada sector con los del

municipio.

SENTENCIA TC/0113/18

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que varios

residentes de un sector del municipio de Santiago procedieron a

acudir ante la jurisdicción constitucional en materia de amparo para

que se le ordene al Ayuntamiento detener la construcción que lleva

a cabo de una plaza de buhoneros, ya que la misma afectaría los

derechos fundamentales de los residentes de la zona.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

p. Los accionantes interpusieron la presente

acción de amparo, con la finalidad de que

se le ordenara a la referida alcaldía la

suspensión definitiva de los trabajos que

lleva a cabo en el sector Urbanización El

Ejecutivo, particularmente, la construcción

de “La Plaza de los Buhoneros”, en razón

de que la instalación de la misma les viola-

ría sus derechos fundamentales.

r. Este tribunal constitucional considera,

contrario a lo planteado por los accionantes,

que la instalación del mercado de pulgas, en

las condiciones establecidas, es decir, un lugar

cerrado por paredes de blocks y una parte con

malla ciclónica, con mil espacios para ven-

dedores, cubierto con gravilla, baños, oficina

administrativa, con senderos en concreto y

dos puertas, con una calle de acceso desde

la Av. Circunvalación, no constituye una

amenaza a los derechos fundamentales de las

personas que habitan en la referida urbani-

zación; todo lo contrario, la implementación

de la indicada infraestructura abre la posibi-

lidad de resolver los problemas generados por

el mercado de pulgas que funcionaba en el

sector Pueblo Nuevo, de Santiago.

s. En tal sentido, estamos en presencia

de una realidad distinta a la que existía

cuando estaba instalado el mercado “de la

pulgas” (vendedores dispersos y sin orden

en las calles), de manera tal, que aplicán-

dose una serie de medidas, las actividades

comerciales pueden realizarse sin que la

paz y la tranquilidad de los habitantes del

referido sector se vean perturbadas más allá

de lo razonable.

[…] debemos señalar que la instalación

del mercado tiene una vocación a bene-

ficiar a toda la población de Santiago

y, en particular, a quienes habitan en la

urbanización donde se encuentra ubicado

el mismo; de manera que no se corresponde

con la realidad la afirmación hecha por los

recurrentes, en el sentido de que se trata de

una obra que sólo beneficiará a munícipes

de otros sectores.

v. En lo que concierne a que el terreno don-

de se instaló el mercado debió utilizarse

para desarrollar una obra que beneficiara

a su urbanización, en particular, una

área verde, este tribunal constitucional

considera pertinente indicar que, contra-

rio a lo que establecen los accionantes y

actuales recurrentes, los ayuntamientos

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

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tienen la obligación de utilizar los recur-

sos de que disponen con una visión global,

es decir, que tiene la responsabilidad de

armonizar los intereses de cada sector con

los del municipio. En este orden, nada

impide que excepcionalmente pueda uti-

lizarse un inmueble radicado en un sector

para solucionar un problema que afecta,

principalmente, a otro sector, situación

que es la que se presenta en la especie, en

la medida que el mercado de referencia

ha sido instalado en terrenos ubicados

en la urbanización “El Ejecutivo” para

eliminar el “mercado de pulga” del sector

Pueblo Nuevo.

x. Consideramos, contrario a lo planteado,

que no resulta pertinente el cierre del re-

ferido mercado, ya que este mercado, bajo

los parámetros que lo concibieron, es decir,

la habilitación de un especio funcional y

organizado, resulta una buena alternati-

va para solucionar el grave problema que

generaba el “mercado de la pulga” instala-

do en el sector Pueblo Nuevo, de Santiago.

y. Este tribunal considera, en consecuen-

cia, que lo que conviene no es el cierre del

referido mercado, sino que el mismo sea

dotado de los medios y de los sistemas sa-

nitarios que fueren necesarios para garan-

tizar su adecuado funcionamiento. En tal

sentido, procede que el tribunal ordene al

Ayuntamiento de Santiago que tome las

medidas que se indicarán a continuación:

a. Coordinar con el Ministerio de Obras

Públicas, la Corporación de Acueducto y

Alcantarillado de Santiago (Coraasan) y

la Empresa Distribuidora de Electricidad

del Norte (Edenorte), la declaratoria de

emergencia de la Urbanización El Ejecu-

tivo e intervenirla de manera inmediata,

a fin de resolver los problemas de drenaje

pluvial, arreglos de aceras y contenes, asfal-

tado de sus calles, colocación de lámparas

e iluminación pública, en razón del grado

de deterioro y abandono que en la actua-

lidad presenta la urbanización. b. En

cuanto al funcionamiento del mercado de

pulgas, crear un protocolo sobre su manejo,

en el que se establezca entre otras cosas,

que no se permitirán vendedores más allá

de la capacidad instalada; la prohibición

de instalación de vendedores fuera del re-

cinto, en las calles adyacentes y la avenida

principal, de manera fija o ambulante;

la regulación del tipo de mercancía que

pueda venderse en el lugar, verificando

que cumplan con las normas y regulacio-

nes sanitarias emitida por el Ministerio

de Salud Pública; mantenimiento de la

higiene pública, tanto dentro como fuera

del área del mercado. c. Dotar a las ins-

talaciones de baños suficientes, conforme

a la cantidad de personas que cada jueves

acudirían a las instalaciones, tomando en

cuenta que los que actualmente están ins-

talados resultarían insuficientes, debiendo

colocar los nuevos baños en diferentes

áreas del lugar. d. Establecer vigilancia

policial, sea municipal o nacional en las

instalaciones, durante el día de mercado,

a fin de garantizar la seguridad de los

vendedores, los visitantes y los vecinos del

lugar. e. Colocar zafacones para la recolec-

ción de la basura que genere el mercado y

así como la disposición final de la misma.

f. Coordinar con el Instituto Nacional de

Transporte Terrestre (INTRANT) la regu-

larización del tránsito durante el día de

mercado o en su defecto regular el tránsito

con personal propio de la Alcaldía.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 67 | 677

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5. FACULTAD REGLAMENTARIA DEL MINISTERIO DE MEDIO

AMBIENTE: PROHIBIR EXPORTACIÓN DE BATERÍAS DE ÁCIDO

DE PLOMO USADAS

CRITERIO:

Procede ordenarle al Ministerio de Medio Ambiente la

emisión de una norma que prohíba la exportación de desechos tóxicos

provenientes de baterías de ácido de plomo usadas (BAPU) que se

generan en la República Dominicana, ya que en el país existe un

procedimiento para la eliminación y desactivación de dichos desechos.

SENTENCIA TC/0035/18

CRITERIO 2:

La iniciativa para la elaboración de normas administrativas

y planes corresponde al órgano o ente de derecho público legalmente

habilitado; no obstante, si una legislación sectorial lo contempla,

también puede ser a iniciativa privada.

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que una empresa

solicitó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales la

implementación de normas tendentes a prohibir la exportación

de baterías de ácido de plomo usadas. Ante la falta de respuesta, la

empresa acudió a la jurisdicción constitucional en materia de amparo

de cumplimiento.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

t. En lo que respecta al “Convenio de Ba-

silea sobre el Control de los Movimientos

Transfronterizos de los Desechos Peligrosos

y su Eliminación”, cabe delimitar que su

objeto impone a los Estados miembros a

tomar las medidas necesarias para que el

manejo de los desechos peligrosos y otros

desechos, incluyendo sus movimientos

transfronterizos y su eliminación, sea

compatible con la protección de la salud

humana y del medio ambiente, cual-

quiera que sea el lugar de su elimina-

ción. 9. Las Partes tomarán las medidas

apropiadas para que sólo se permita el

movimiento transfronterizo de desechos

peligrosos y otros desechos si: a) el Estado

de exportación no dispone de la capacidad

técnica ni de los servicios requeridos o de

lugares de eliminación adecuados a fin

de eliminar los desechos de que se trate

de manera ambientalmente racional y

eficiente.

u. En función de la citada disposición,

no se impone una prohibición absoluta

al movimiento transfronterizo de los

referidos desechos tóxicos, como pretende

la accionante con el presente amparo de

cumplimiento, toda vez que en una lectura

integral, los literales b) y c) permiten tales

actuaciones cuando los desechos de que se

trate son necesarios como materias primas

para las industrias de reciclado o recupera-

ción en el Estado de importación; o cuando

el movimiento transfronterizo de que se

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

678 | Art. 67

ÍNDICE

trate se efectúa de conformidad con otros

criterios que puedan decidir las Partes, y

las previsiones del citado convenio.

x. Atendiendo lo previsto en los citados

artículos 18, numeral 9, 80 y 104, con-

viene destacar que la iniciativa para la

elaboración de normas administrativas

y planes corresponde al órgano o ente de

derecho público legalmente habilitado; no

obstante, si la legislación sectorial así lo ha

establecido, también puede ser a iniciativa

privada. En todo caso ha de garantizarse la

audiencia de los ciudadanos directamente

afectados en sus derechos e intereses y, salvo

disposición legal en contrario, la participa-

ción del público en general.

Esta disposición precisamente encierra el

punto controvertido de la presente acción,

puesto que siendo la accionante una em-

presa legalmente establecida y dedicada al

reciclaje de baterías de ácido-plomo usadas

(BAPU), entiende que existe un “procedi-

miento adecuado en el país para la desac-

tivación o eliminación” de tales desechos

tóxicos y, por ende, exige que la autoridad

accionada prohíba la exportación de dichos

desechos. Esta potestad exigida por la parte

accionante no es expresamente calificada

como discrecional por la citada ley, puesto

que de la lectura del citado artículo 105 de

la Ley núm. 64-00, se infiere, realmente,

que cuando exista un procedimiento

adecuado para eliminar tales desechos se

impone la prohibición de su exportación.

z. Lo anterior conlleva a establecer lo siguien-

te: 1. La prohibición de exportación de dichos

desechos se le impone al Ministerio de Medio

Ambiente, cuando exista un procedimiento

adecuado en el país para la desactivación o

eliminación de los mismos. Esta potestad cuyo

cumplimiento se exige en la presente acción es

reglada; y 2. La indicada norma solo habilita

discrecionalmente la facultad de autorizar o

no la exportación de dichos desechos, cuando

no existiese procedimiento adecuado en el

país para la desactivación o eliminación de

los mismos.

ee. En función de todos los señalamientos que

anteceden, se evidencia que la empresa Verde

Eco Reciclaje Industrial, S.A (VERI) cuenta

con las condiciones requeridas y capacidad

necesaria para el manejo de los materiales

tóxicos peligrosos provenientes de las baterías

ácido plomo usadas (BAPU) que se generan

en el país, por lo que en vista de la existencia

de un “procedimiento adecuado en el país

para la desactivación o eliminación” de tales

desechos tóxicos, se impone la prohibición de

su exportación, tal como se desprende de las

disposiciones contenidas en el citado artículo

105 de la Ley núm. 64-00.

6. INCONSTITUCIONALIDAD: CREACIÓN DE PARQUE NACIONAL

SIN CONCILIAR INTERESES DE HABITANTES Y PROTECCIÓN

DEL MEDIOAMBIENTE

CRITERIO:

No es conforme con la Constitución la emisión de un decreto

del Poder Ejecutivo que dispone la creación de un parque nacional

sin tomar en cuenta las comunidades y familias que residen allí en

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 67 | 679

ÍNDICE

condición de propietarios, ocupantes o simples poseedores, lo que las

coloca en una grave situación de vulnerabilidad e incertidumbre. No

resulta proporcional la relación entre el fin procurado por la norma y el

medio empleado.

SENTENCIA TC/0905/18

—Ver en este sentido el criterio

relativo al principio de razonabilidad (art. 40.15 CRD)—

CRITERIO 2:

Necesidad de conciliar el interés social de la protección del

medioambiente y el derecho al mínimo vital de las familias que habitan

los extensos terrenos que habrían de ser intervenidos por el Estado, los

cuales ciertamente merecen la debida protección en un Estado social y

democrático de derecho.

Nota: Mediante esta sentencia, el Tribunal Constitucional declara inconstitucio-

nal el Decreto núm. 371-1149, dictado por el Poder Ejecutivo el trece (13) de junio de

dos mil once (2011), que crea el Parque Nacional Manolo Tavárez Justo.

Resumen del caso: Varias asociaciones ligadas a la producción

agrícola y juntas de vecinos residentes en la zona de la Cordillera

Central acudieron ante el Tribunal Constitucional para presentar

una acción directa de inconstitucionalidad en contra el Decreto

núm. - dictado por el Poder Ejecutivo. La norma atacada

establece en esencia la creación del Parque Nacional Manolo Tavárez

Justo en la vertiente norte de la Cordillera Central. Los accionantes

entienden que dicho decreto afecta a un amplio grupo de propieta-

rios de terrenos ubicados dentro del área declarada parque nacional.

49 ARTÍCULO 1: Se crea el Parque Nacional Manolo Tavárez Justo en la vertiente norte de la Cordillera

Central, con el propósito de conservar las nacientes o las fuentes acuíferas que alimentan los ríos Bao,

lnoa, Ámina Magua, Cenoví, Cidra, Mao y Guayubín, que alimentan y garantizan la producción de

agua para la Presa de Monción y múltiples proyectos futuros de la misma naturaleza, capaces de generar

riquezas y bienestar para la Línea Noroeste y toda la nación dominicana…

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] el Tribunal Constitucional procederá

a examinar si era necesario la emisión

del decreto impugnado para alcanzar los

objetivos de la preservación de las cuencas

acuíferas de la Línea Noroeste, la produc-

ción de agua del país y la preservación de

los sitios históricos denominados Las Ma-

naclas y Diferencia, recorridos por Manolo

Tavárez Justo y los compañeros de su gesta

libertadora.

11.13. En lo atinente a la preservación de

las fuentes acuíferas de la zona Noroeste,

conviene precisar que, mediante el Decreto

núm. 242-94, el Estado dominicano de-

claró de utilidad pública e interés social la

adquisición de una extensión de 131.0 km2

de terreno próximo a la cuenca del Río Mao

para la construcción de la Presa de Monción,

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

680 | Art. 67

ÍNDICE

con miras al aprovechamiento múltiple de

los ríos Mao, Jagua, Bao, Ámina y Guayu-

bín, para garantizar el abastecimiento de

agua potable en la Línea Noroeste. En igual

sentido, la Ley núm. 202-04, Sectorial de

Áreas Protegidas, del treinta (30) de julio de

dos mil cuatro (2004), declaró como reser-

vas forestales los terrenos de Alto Mao y Alto

Bao, ubicados dentro del Parque Nacional

José Armando Bermúdez, el cual fue creado

por la Ley núm. 4389, del diecinueve (19)

de febrero de mil novecientos cincuenta y seis

(1956). Con base en estos razonamientos, el

propósito de preservar amplias zonas de la

cordillera septentrional y sus fuentes acuífe-

ras ya había sido previsto, tanto por el Poder

Ejecutivo como por el legislador dominicano,

razón por la que este tribunal considera que

el decreto impugnado no era estrictamente

indispensable con esa finalidad, puesto que

el Estado podía adoptar otras medidas de

preservación de esas zonas.

11.14. En cuanto a la creación del Parque

Nacional Manolo Tavárez Justo, para

conmemorar la ruta recorrida por el héroe

nacional, este colegiado estima que el

Decreto núm. 371-11 resulta irrazonable.

Este criterio se basa en que dicha medida

afectó una extensión superficial de trescien-

tos cincuenta y uno punto ochenta y siete

(351.87) kilómetros cuadrados, sin tomar

en consideración las 40 comunidades y los

centenares de familias que habitan en ellas

desde tiempos inmemoriales, en condición

de propietarios, ocupantes o simples posee-

dores, y colocándolas en una grave situación

de vulnerabilidad e incertidumbre.

11.15. Conviene destacar al respecto, que

la afectación de dichos terrenos fue deci-

dida para la preservación de las cuencas

acuíferas ubicadas en la Línea Noroeste, pero

no incluyó, sin embargo, la integración de

la población que habita la zona a planes de

manejo rigurosamente controlados por las

autoridades que permitiera la explotación ra-

cional de los recursos forestales que garanticen

su preservación y repoblación, al igual que

la producción de agua y el caudal de los ríos,

que resultan indispensables para la supervi-

vencia y el sustento de las familias dentro del

marco del respeto a la dignidad humana que

les garantiza la Carta Sustantiva.

A diferencia del caso del Plan Sierra, que

cumplió con el objetivo de preservar la co-

bertura forestal del municipio San José de las

Matas (y de otros casos análogos), el Decreto

núm. 371-11 no tomó en consideración

la necesidad de conciliar el interés social

de la preservación del medio ambiente y el

derecho al mínimo vital de las familias que

habitan los extensos terrenos que habrían

de ser intervenidas por el Estado, las cuales

ciertamente merecen la debida protección en

un Estado social y democrático de derecho.

Tomando en consideración lo antes expues-

to, se impone señalar que para el Estado

lograr un balance entre la convivencia de

las personas y la sostenibilidad de los recur-

sos naturales, debe actuar con un sentido

de equilibrio, ponderación, equidad y pro-

porcionalidad, a fin de proteger el medio

ambiente, en armonía con los derechos

fundamentales de las personas, tal y como

lo establecen la Constitución y la Ley núm.

202-04, sobre Áreas Protegidas.

11.18. En este orden de ideas, el Tribunal

Constitucional estima que la relación entre

el medio y el fin del impugnado Decreto

núm. 371-11 no resulta proporcional,

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 67 | 681

ÍNDICE

puesto que honrar la memoria del héroe

nacional Manolo Tavárez Justo a través de

la creación del parque nacional que lleva su

nombre resulta irrazonable e incompatible

con sus ideales de que la población domi-

nicana alcanzara un nivel de libertad, de

dignidad y de decoro. En efecto, contrario a

las aspiraciones de este prohombre domini-

cano, la afectación de una excesiva extensión

territorial de un total de 351.87 km2 , en

una zona donde habitan más de cuarenta

(40) comunidades integrada por muchos

cientos de familias, ha producido una grave

perturbación de su entorno social, al haber

estas quedado impedidas de tener a su al-

cance los recursos naturales que requiere su

desarrollo, de forma sostenible y equilibrada

con el pleno ejercicio de los derechos de las

personas fundamentales que les asisten. En

este sentido, la creación del Parque Nacio-

nal Manolo Tavárez Justo, en detrimento de

la calidad de vida de las numerosas familias

que residen en las zonas afectadas por el

Decreto núm. 371-11, desvirtúa los ideales

que inspiraron la vida del héroe nacional

caído, el veintiuno (21) de diciembre de

mil novecientos sesenta y tres (1963), en

la sección Las Manaclas, de San José de las

Matas, procurando contribuir a la libertad

del pueblo dominicano.

Por tanto, el Tribunal Constitucional

considera que el mencionado Decreto núm.

371-11, dictado por el Poder Ejecutivo el

trece (13) de junio de dos mil once (2011),

resulta inconstitucional por ser contrario

al principio de razonabilidad previsto en

el artículo 40.15 (in fine) de la Constitu-

ción, por contener disposiciones injustas y

desproporcionadas. En consecuencia, este

colegiado tiene el criterio de que procede

declarar la inconstitucionalidad del decre-

to impugnado mediante la presente acción

directa de inconstitucionalidad.

7. REGULACIÓN VÁLIDA DEL DERECHO DE PROPIEDAD PRIVADA

EN TERRENOS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE ÁREAS

PROTEGIDAS

CRITERIO:

La regulación del derecho de propiedad privada de terrenos

que se encuentren dentro de áreas protegidas obedece a la función

social del derecho de propiedad y, además, constituye una restricción

válida para proteger áreas que responden al interés general y que,

por sus singulares características medioambientales, requieren una

administración y manejo especiales. Cuando se integra una porción

de terreno al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y se crea un

parque nacional, la autoridad sustenta su actuación en disposiciones

constitucionales como los artículos 66 y 67, con los cuales se garantiza

el cuidado de nuestro medioambiente y se protege la diversidad

ecológica.

SENTENCIA TC/0173/18

—Ver en este sentido el criterio previsto

sobre el derecho de medioambiente (art. 67 CRD)—

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

682 | Art. 67

ÍNDICE

Resumen del caso: Varias asociaciones ligadas al medioambiente

interpusieron ante el Tribunal Constitucional una acción directa de

inconstitucionalidad en contra del artículo  de la Ley núm. -

sobre Áreas Protegidas. Esta norma trata lo relativo al derecho de

propiedad privada sobre terrenos que se encuentren dentro de un

área protegida regulada. Los accionantes consideran que dicha

norma les vulnera el derecho de propiedad ya que no pueden dispo-

ner libremente de ella y su uso tienen limitaciones.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

10.6. Con respecto a la presente acción

directa de inconstitucionalidad, este Tribu-

nal Constitucional estima que el artículo

9 de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas

núm. 202-04, del treinta (30) de julio de

dos mil cuatro (2004), no resulta viola-

torio o contrario a la Constitución de la

República, en razón de que dicho precepto

legal regula, en principio, lo concerniente a

terrenos pertenecientes al Estado que están

comprendidos en el Sistema Nacional de

Áreas Protegidas, que el propio texto su-

premo en el artículo 16 establece que tales

propiedades “[…] constituyen bienes patri-

moniales de la Nación y son inalienables

e imprescriptibles. Los límites de las áreas

protegidas sólo pueden ser reducidos por ley

con la aprobación de las dos terceras partes

de los votos de los miembros de las cámaras

del Congreso Nacional”.

10.7. Con respecto a estos terrenos no puede

constituirse ningún derecho privado, salvo

aquellos que hayan estado bajo el dominio

privado y provisto de certificado de título

de propiedad, inscrito legalmente en el

correspondiente Registro de Títulos, con

anterioridad a la promulgación de la Ley

General sobre Medio Ambiente y Recursos

Naturales, del 30 de julio de 2004, los

cuales se reconocerán como tales. No obs-

tante, ese derecho, el Estado tiene dominio

eminente sobre los mismos, es decir, que en

el caso se expresa en el sentido de que este

tiene la primera opción en la eventualidad

de que el titular del derecho inmobiliario

decida transferir la propiedad, debiendo

pagar previamente a la adquisición el

justo precio. De ningún modo esto puede

significar que la persona que tiene una

posesión de un terreno de modo pacífico,

ininterrumpida y de buena fe, no conserve

sus derechos sobre las mejoras fomentadas,

pues, en lo que concierne al terreno se pre-

sume la titularidad del Estado, y para que

un particular pueda obtener la titularidad

del derecho sobre el mismo es menester

recurrir al proceso de saneamiento, única

vía existente en el ordenamiento jurídico

dominicano para usucapir, es decir, para

poder acceder válidamente a la propiedad

de derechos reales mediante la prescripción

adquisitiva.

10.8. Partiendo del examen abstracto de

la compatibilidad de la ley atacada, en su

artículo 9, con los principios establecidos

en la Constitución de la República en sus

artículos 40.15, 51.1, 51.2 y 110, así

como del análisis de los documentos que

integran el presente expediente, este tribu-

nal considera que ni el contenido, ni la

aplicación del precepto legal impugnado

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 67 | 683

ÍNDICE

en modo alguno transgrede el derecho de

propiedad o el principio de legalidad, ni

compromete el principio de irretroactivi-

dad de la ley.

[…] este tribunal debe aclarar que el ti-

tular del derecho sobre el inmueble puede,

bajo cualquier modalidad de transferencia,

ceder a terceros, a menos que el Estado

ejerza su opción preferente y prioritaria

por tratarse de bienes inmobiliarios que

revisten un interés especial para la nación,

toda vez que requieren su salvaguarda por

revestir las características propias las áreas

protegidas y, en consecuencia, estar someti-

das a un régimen de titularidad singular.

10.12. El constituyente dominicano ha

consignado en términos categóricos que,

si bien debe reconocerse y garantizarse el

derecho de propiedad, esto no constituye

óbice para que pueda hacerse en armonía

plena con la función social que también el

texto supremo le reconoce a la propiedad

como tal; de ahí que el artículo 51 de la

Carta Suprema consigne: “El Estado reco-

noce y garantiza el derecho de propiedad.

La propiedad tiene una función social que

implica obligaciones […]”.

10.13. Del análisis de los principios genera-

les comprendidos y el contenido general de

la indicada Ley Sectorial de Áreas Protegi-

das, se colige la correspondencia armónica

que existe entre esta y el texto sustantivo,

ambos instrumentos jurídicos en términos

amplios se expresan en un mismo sentido

en lo que respecta a la protección que se

debe otorgar a las áreas protegidas.

10.20. No es posible advertir en estos

preceptos, menos aún en el impugnado

artículo 9 de la Ley Sectorial de Áreas Pro-

tegidas, núm. 202-04, que haya colisión

con los citados artículos 40.15, 51.1, 51.2

y 110 de la Constitución de la República,

en razón de que la ley resulta protectora

sin excepción de todo derecho, inclusive del

derecho de la mejora edificada o plantada

sobre una propiedad inmobiliaria no regis-

trada, siempre que el titular de la misma

cumpla con los requisitos establecidos en las

leyes que regulan la materia.

10.21. No es cierto, como afirma la parte

accionante, que el artículo 9 de la Ley

Sectorial de Áreas Protegidas, núm. 202-

04, desconozca los atributos inherentes al

derecho de propiedad, pues el titular del

derecho siempre podrá gozar, disfrutar y

disponer de su bien, solo que estará sujeto

a una restricción que atiende al elevado

propósito de la utilidad pública y el interés

general de la nación, postulados jurídicos

que procuran el bien común.

10.22. En lo que respecta al argumento de la

accionante, Cámara Forestal Dominicana,

Inc. (CFD) y compartes, en el sentido de que

el referido artículo 9 de la Ley núm. 202-04,

transgrede el principio de irretroactividad y

afecta la seguridad jurídica, toda vez que

le sobreviene la condición de área protegida

a un inmueble cuya titularidad gozaba de

todos los atributos del derecho de propiedad,

tal alegato resulta inaplicable al caso, en ra-

zón de que el legislador obró con prudencia

y garantizó la subsistencia del derecho de

propiedad y sus atributos, solo que procuró

la adecuación del ejercicio de tales derechos y

atributos, en interés de preservar y conservar

áreas que, por sus singulares características

medioambientales, requieren de una espe-

cial administración y manejo.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

684 | Art. 67

ÍNDICE

10.23. Conviene precisar, que cuando se

integra una porción de terreno al Sistema

Nacional de Áreas Protegidas y se crea un

parque nacional, la autoridad sustenta su

actuación en disposiciones constitucionales

como los artículos 66 y 67 del texto sustan-

tivo, con los cuales se garantiza el cuidado

de nuestro medio ambiente y se preserva la

diversidad ecológica. Esto se contrapone al

alegato de la parte accionante, en razón de

que el hecho de que sean incorporados los

terrenos de su propiedad a un parque na-

cional, no implica la pérdida de su derecho

de propiedad concebido en los términos de

nuestra Constitución, sino que tal afectación

es la resultante del compromiso que deriva

de la función social que entraña titularidad

inmobiliaria, la cual siempre ha de implicar

la obligación de privilegiar el interés general

ante un interés particular, garantizándose,

en el caso objeto de tratamiento, la ejecución

de un plan de manejo equilibrado de la

propiedad que armonice con el medio am-

biente, cuestión que permitiría, inclusive, la

explotación económica mediante proyectos

recreativos, ecoturísticos, científicos, educa-

tivos y agrícolas.

10.25. No es cierto que el artículo 9

de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas,

núm. 202-04, desproteja a las personas

que hayan tenido posesión en terrenos

no registrados, pues el hecho de que una

propiedad inmobiliaria no figure regis-

trada en el sistema registral dominicano,

tipo Torrens, no significa que la persona

que ocupa dicha propiedad de manera

pacífica e ininterrumpida y de buena fe,

no conserve sus derechos sobre las mejoras

fomentadas, toda vez que en lo que con-

cierne al terreno se presume la titularidad

del Estado, y para adjudicarse los derechos

sobre este es indispensable recurrir al pro-

ceso de saneamiento, única vía instituida

por el ordenamiento jurídico de nuestro

país para lograr la prescripción adquisiti-

va o usucapir (acceder a la propiedad de

derechos reales).

8. REGULACIÓN VÁLIDA EN CUANTO A LA EMISIÓN DE RUIDOS

QUE AFECTEN EL MEDIOAMBIENTE Y PERSECUCIÓN DE LOS

DELITOS MEDIOAMBIENTALES

CRITERIO:

El Ministerio de Medio Ambiente es el encargado de dirigir

y coordinar la regulación en cuanto a la emisión de ruidos que afecten

el medioambiente. Para garantizar la efectividad de la persecución de

los delitos medioambientales existe la figura de la Procuraduría para la

Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, la cual es una

rama especializada del Ministerio Público. Configuración, regulación,

sanción y persecución de los delitos medioambientales en el ámbito

administrativo y penal.

SENTENCIA TC/0308/18

Resumen del caso: Varias asociaciones ligadas al sector de la venta

de equipos electrónicos, dentro de los que se encuentran los equipos

que reproducen música, acudieron ante el Tribunal Constitucional

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 67 | 685

ÍNDICE

para presentar una acción directa de inconstitucionalidad en contra

de varias normas relativas a la regulación de ruidos y contaminación

sonora. Los accionantes entienden que dichas normas otorgan facul-

tades a las autoridades para que vulneren el debido proceso e impon-

gan sanciones que violan derechos fundamentales en su perjuicio.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] a diferencia de los organismos seña-

lados en la Ley No. 64-00 para controlar

el ruido, la Ley No. 287-04 excluye a los

ayuntamientos y al Ministerio Público, por

lo que éste último solo podría actuar a reque-

rimiento de la autoridad competente. En

consecuencia, las actuaciones de control del

ruido por parte de la Policía Nacional o la

AMET, en perjuicio de los ciudadanos, care-

cen del apoyo, autorización y supervisión del

Ministerio Público —como representante de

la sociedad-, y por tanto, son ilegítimas.

8.6. Lo primero que el Tribunal destaca es

que la parte accionante confunde el conte-

nido de los textos cuestionados, ya que en

su lectura se advierte que no se refieren a la

participación del Ministerio Público, sino

que la entidad involucrada en ambas es el

Ministerio de Estado de Medio Ambiente

y Recursos Naturales (anteriormente Secre-

taría). Por tanto, mediante la legislación

que nos ocupa no se materializó el cambio

invocado.

8.7. Sin embargo, resulta pertinente indi-

car que para garantizar la efectividad de la

persecución de los delitos medioambientales

existe la figura de la Procuraduría para la

Defensa del Medio Ambiente y los Recursos

Naturales, la cual es una rama especializa-

da del Ministerio Público.

8.12. Los accionantes entienden que el

artículo 175.1 de la Ley núm. 64-00 es

inconstitucional, bajo el fundamento de

que [e]s evidente que la conducta ilícita

descrita no supera el principio de legalidad

establecido en el art. 69.7 de la Constitu-

ción, puesto que sugiere sanciones penales

a hechos y actuaciones diferentes a las

previstas en una ley. Esto supone el descono-

cimiento del ciudadano sobre el hecho pu-

nible y su sanción, ya que la consumación

delictual no está esclarecida en la ley, sino

que, a fines de enmendar los presupuestos

mínimos de punibilidad, requiere el que-

brantamiento de otras normas distintas a

las que dispone el legislador. Por ende, la

inconstitucionalidad de esta norma se

evidencia en la violación del principio de

legalidad (art. 69.7 CRD) y la seguridad

jurídica (art. 110 CRD).

8.13. En cuanto al 154.5 de la Ley núm.

42-01, la parte accionante plantea que

[…] podemos verificar que dicho texto

establece la sanción, pero la descripción

del tipo penal se deja a cargo de una

resolución administrativa. Ante esto,

además de recalcar la inexistencia de

dicho reglamento, conviene reiterar que

la configuración delictual está a cargo

del legislador, y que una actuación con-

traria resulta violatoria del principio de

legalidad (art. 69.7 CRD) y la seguridad

jurídica (art. 110 CRD), lo que vicia de

inconstitucional esta norma.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

686 | Art. 67

ÍNDICE

8.16. En cuanto al artículo 175.1 de la

Ley núm. 64-00, el Tribunal considera

que es compatible con la Constitución,

toda vez que en ningún caso se vulnera

la reserva de ley, ya que las sanciones por

delitos medioambientales se encuentran

contenidas en la Ley núm. 64-00 y el

reglamento se limita a crear mecanismos

para la aplicación de la misma.

8.17. Por la vía del reglamento solo se crean,

en el presente caso, mecanismos o estándares

de aplicación –como por ejemplo, estánda-

res de contaminación sónica de la norma

ambiental para la protección contra ruidos

NA-RU-001-03–; por tanto, salvo que

dicho reglamento se extralimite ordenando

sanciones distintas a las establecidas por ley,

el mismo puede considerarse una norma de

carácter obligatorio y, en consecuencia, lo

que sería pasible de inconstitucionalidad es

el reglamento o norma, en la eventualidad

de que no se respete el principio de legalidad.

8.19. El tribunal tiene a bien señalar que

la indicada norma no es violatoria del

principio de legalidad, en razón de que

la producción de contaminación sónica es

un delito previsto y sancionado en las leyes

siguientes: la Ley núm. 64-00, sobre Me-

dio Ambiente y Recursos Naturales; la Ley

núm. 287-04, sobre prevención, supresión

y limitación de ruidos nocivos y molestos

que producen contaminación sonora y la

Ley núm. 42-01, General de Salud. 8.20.

De manera que el legislador no delega en el

Ministerio de Salud Pública (anteriormen-

te Secretaría) ni la facultad de establecer el

delito ni la facultad de establecer sanciones,

sino que la otorga la potestad de establecer

científicamente cuándo un hecho ruidoso

constituye una contaminación sónica.

Sobre la alegada inconstitucionalidad de

los artículos 3, 4, 6 y 10 de la Ley núm.

287-04, sobre prevención, supresión y

limitación de ruidos nocivos y molestos

que producen contaminación sonora8.34.

En cuanto a este aspecto de la acción de

inconstitucionalidad, este tribunal tiene

a bien indicar que las sanciones a aplicar

serán las establecidas en las demás normas

que regulan la contaminación sonora o

delitos al medio ambiente, en particular,

la Ley núm. 64-00, ya que las normas de

limitación de ruidos nocivos o contamina-

ción sonora funcionan en conjunto y no

de forma individual, es decir, que para su

aplicación se debe recurrir a la Ley núm.

64-00, General sobre Medio Ambiente y

Recursos Naturales; a la Ley núm. 287-04,

sobre prevención, supresión y limitación

de ruidos nocivos y molestos que producen

contaminación sonora, y a los estándares

de contaminación sónica de la norma

ambiental para la protección contra ruidos.

8.35. Cabe destacar, contrario a lo esta-

blecido por los accionantes, que la norma

no “otorga facultades al Poder Ejecutivo

para disponer las sanciones correspon-

dientes en cumplimiento de la ley”, sino

que el referido artículo 4 manda a dicho

poder, a través de los órganos competentes,

a aplicar las sanciones correspondientes

por su infracción. Esto quiere decir que al

momento de aplicarse una sanción, estas

deberán hacerse conforme lo indique la

norma.

8.36. Resulta oportuno indicar, en relación

con este punto, que los tribunales serán

los encargados de determinar si hubo un

delito medioambiental, salvo que la parte

afectada o imputada de violación a la ley

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 67 | 687

ÍNDICE

medioambiental decida conciliar, en cuyo

caso el Ministerio de Medio Ambiente y

Recursos Naturales tiene la facultad de dis-

poner las medidas que le asigna el artículo

167 de la Ley núm. 64-00.

8.37. De la lectura del párrafo II del

referido artículo 167 se desprende la

aplicación de las sanciones que se indican

está condicionada a que se agote el proceso

administrativo, lo cual implica que debe

respetarse el debido proceso administrativo.

8.45. En el presente caso, los accionantes

sostienen que al existir la posibilidad de

aplicárseles sanciones administrativas y

penales se incurre en violación del in-

dicado artículo 69.5. Sin embargo, este

tribunal constitucional considera que la

norma atacada no incurre en las indicadas

violaciones, en razón de que el hecho de

se apliquen sanciones administrativas y

penales no es contrario al principio non

bis in ídem, ya que las mismas presentan

distintas naturalezas y objetos distintos, es

decir, cosa juzgada diferente.

9. REGULACIÓN VÁLIDA QUE LIMITA LA IMPORTACIÓN DE

VEHÍCULOS DE MOTOR

CRITERIO:

La limitación legal de importación de vehículos de motor

constituye una medida razonable y es cónsona con la protección del

medioambiente, así como con el ahorro de divisas por concepto de

importación de combustibles, partes y repuestos.

SENTENCIA TC/0573/19

Resumen del caso: Una asociación de importación de vehículos

usados presentó ante el Tribunal Constitucional una acción directa

de inconstitucionalidad contra el artículo  de la Ley núm. -, que

modifica el artículo  de la Ley núm. -, sobre Rectificación

Fiscal. Esta norma establece en esencia la prohibición o limitación

a la importación de vehículos que tengan más de  años de uso.

La parte accionante entiende que esa medida debe ser declarada

inconstitucional por ser irrazonable y por violar su derecho a la

libertad de empresa.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

9.1.3. En lo que respecta al primer criterio

del test de razonabilidad, el análisis del fin

buscado por la medida, este colegiado cons-

titucional estima que el fin buscado por la

medida es prohibir la entrada a República

Dominicana de vehículos livianos que

excedan los cinco (5) años de fabricación,

para proteger y conservar el medio ambiente

y disminuir el impacto ambiental que estos

suponen en virtud de tratados y convenios

de los cuales el país es signatario –como el

Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, el

Convenio de Viena para la Protección de

la Capa de Ozono y el Protocolo de Mon-

treal Relativo a las Sustancias Agotadoras

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

688 | Art. 67

ÍNDICE

de la Capa de Ozono y el Convenio sobre

Diversidad Biológica, cuyos objetivos van

encaminados a la creación y aplicación de

medidas que le hagan frente al cambio cli-

mático, asumiendo compromisos a todos los

niveles de gobierno a los fines de garantizar

la preservación de especies y ecosistemas que

se ven afectados por las actividades del ser

humano y procurando reducir las emisiones

de gases que provocan el calentamiento glo-

bal– por lo que resulta ser un fin razonable

y constitucionalmente legítimo.

9.1.4. En cuanto al segundo criterio del test

de razonabilidad, es decir, el análisis del

medio empleado, este tribunal considera que

la Ley núm. 4-07 es idónea y necesaria, pues

aunque es cierto que el Estado cuenta con

otros mecanismos para promover la protec-

ción del medio ambiente en lo que respecta

al parque vehicular en el país, es también

cierto que los vehículos nuevos conllevan un

menor consumo y quema de combustible, así

como diseños más modernos que les permiten

tener un mayor rendimiento que aquellos de

más edad, lo que se traduce en un menor

impacto ambiental por parte de estos y la

reducción de la edad de la flota de vehículos

de República dominicana.

9.1.5. En lo que respecta a los vehículos

pesados, el legislador –en consonancia con

los lineamientos del Tratado DR-CAFTA–

permite su importación con hasta cinco

(5) toneladas de peso y quince (15) años

de fabricación. En este sentido, el Tribunal

Constitucional considera que dicho permiso

se fundamenta en el hecho de que la impor-

tación de este tipo de vehículos de ninguna

manera sobrepasaría la importación de

vehículos livianos destinados a uso personal

y de transporte de pasajeros, pues el uso que

se les da es netamente empresarial y, por

lo tanto, tiene una connotación económica

que se traduce en beneficio para el país.

9.1.6. De lo anterior se concluye que con

respecto a los vehículos livianos y pesados

la norma es idónea, necesaria y razonable.

9.1.7. En cuanto al tercer criterio del test

de razonabilidad, a saber, el análisis de

la relación entre el medio y el fin buscado,

como ya se ha dicho, el fin del legislador es la

prohibición a la importación de automóviles

y demás vehículos con más de cinco (5) años

de uso y de los vehículos pesados con hasta

cinco (5) toneladas de peso y quince (15)

años de fabricación, a los fines de proteger

y conservar el medio ambiente, así como el

ahorro de divisas por concepto de la impor-

tación de combustibles, partes y repuestos y

el medio empleado para la obtención de ese

fin fue la creación de la Ley núm. 4-07.

9.1.8. En ese sentido, el Tribunal Constitu-

cional estima que, tomando en considera-

ción que [D]e la cantidad total de vehículos

de motor registrados a diciembre de 2017, el

54.6% corresponde a motocicletas, el 21.1%

a los automóviles, los vehículos de carga y

jeeps ambos con 10.2% y el 3.8% restante

se distribuye entre autobuses, máquinas

pesadas, volteos y otros, 18 es prudente la

medida tomada por el legislador, pues los

vehículos livianos y pesados representan el

segundo y tercer lugar de la flota vehicular

de República Dominicana respectivamente,

y por tanto, la reducción de la edad de

esta tiene un impacto positivo en el medio

ambiente. De ello se puede concluir que

la disposición resulta idónea, necesaria y

razonable, y por lo tanto, el argumento del

accionante debe ser rechazado.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 67 | 689

ÍNDICE

10. RUIDO AMBIENTAL: ARMONÍA ENTRE LIBERTAD DE EMPRESA Y

MEDIOAMBIENTE

CRITERIO:

No se vulnera la Constitución cuando un órgano de

la Administración pública (en este caso, el Ayuntamiento de Santo

Domingo Este) establece medidas que defiendan el derecho al

medioambiente sano con respecto al ruido producido por empresas

que se dedican al expendio de bebidas alcohólicas. Armonía necesaria

entre la libre empresa y el medioambiente.

SENTENCIA TC/0327/14

Resumen del caso: La acción directa de inconstitucionalidad

fue presentada por una empresa en contra de la Resolución núm.

-, dictada por la Sala Capitular del Ayuntamiento de Santo

Domingo Este. Dicha resolución dispone medidas restrictivas con

respecto al ruido de diferentes actividades de recreación que afectan

excesivamente el derecho al medioambiente. La empresa alega que

dicha medida vulnera su derecho a la libertad de empresa.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

11.3. Los accionantes alegan que la libertad

de empresa resulta violada, en razón de que

mediante la aplicación de la resolución de

referencia se está limitando la posibilidad de

que puedan operar libremente. Contrario a

lo alegado por los accionantes, la indicada

resolución no tiene como finalidad impedir

el funcionamiento de los establecimientos

comerciales, ya que se limita a establecer

reglas dirigidas a garantizar que en los nego-

cios donde se expendan bebidas alcohólicas

y se coloque música no se atente contra el

medio ambiente y la tranquilidad de las

personas que habitan en los lugares donde

están establecidos los mismos. 11.4. En el

presente caso, es oportuno resaltar que los

derechos y las libertades fundamentales no

son absolutos. En este sentido, si bien es cier-

to que la Constitución consagra la libertad

de empresa, no menos cierto es que también

prevé el derecho a un ambiente sano.

11.5. Como se advierte, la finalidad de

las autoridades que dictaron la resolución

cuestionada es garantizar el ejercicio armó-

nico de la libertad de empresa y el derecho

a un ambiente sano, lo cual es coherente

con los principios y valores del estado social

y democrático de derecho.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

690 | Art. 67

ÍNDICE

11. TASAS MEDIOAMBIENTALES: FACULTAD DEL PODER EJECUTIVO

CRITERIO:

No es contraria a la Constitución la creación de tasas

medioambientales por parte del Poder Ejecutivo en resarcimiento de la

explotación medioambiental realizadas por empresas autorizadas. La tasa

medioambiental tiene como finalidad mitigar el pasivo medioambiental

y garantizar el cumplimiento del artículo 67.4 de la Constitución sobre

protección del medioambiente.

SENTENCIA TC/0055/13

Resumen del caso: Una empresa fabricante de bloques de hormigón

interpone una acción directa de inconstitucionalidad contra un

decreto que crea una tasa medioambiental por la remoción, dragado

o extracción de componentes de la corteza terrestre. La empresa

plantea que el Poder Ejecutivo no tiene facultad para crear lo que

denomina un impuesto —que por mandato constitucional le corres-

ponde al Congreso Nacional— y que al crearlo viola los principios

del régimen tributario previsto en el artículo  de la Constitución.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] la contribución que ha sido creada

por el referido decreto es una tasa. Especí-

ficamente una tasa ambiental retributiva,

que es el pago del uso del medio ambiente,

cuya finalidad es la reparación del medio

ambiente dañado, por la extracción de

materiales de la corteza terrestre, lo que en

materia del uso de medio ambiente, no es

más que la contribución que realiza quien

explota el medio ambiente por la concesión

otorgada por dicha explotación.

11.5. En esta línea de pensamiento, cabría

indicar que el artículo 17 de la Constitu-

ción de la República dispone, entre otras co-

sas, que los particulares pueden aprovechar

los recursos naturales renovables de manera

racional con las condiciones, obligaciones y

limitaciones que disponga la ley, de lo que

resulta que la Empresa Khoury Industrial,

S.A. está realizando una actividad en la

cual hace uso de recursos naturales que son

patrimonio de la Nación, en la que dicho

contribuyente recibe una ventaja o benefi-

cio particular.

11.6. Siendo el Ministerio de Medio Am-

biente y Recursos Naturales y el Ministerio

de Finanzas, dependencias gubernativas del

Poder Ejecutivo, cuya máxima autoridad

es ejercida por el presidente de la República,

el Decreto No. 145-03, antes indicado, no

contraviene la Constitución, por cuanto es

ella que remite a la ley, en la especie, a la Ley

de Medio Ambiente, la que autoriza a los

indicados órganos a establecer lo relativo al

pago de tasas por usos, emisiones de vertidos

y contaminantes en cuerpos receptores.

11.7. Que el cobro de una tarifa ambiental

por el uso único que equivale al valor de

cuatro pesos dominicanos (RD$4.00), por

metro cúbico, es una tasa la explotación

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 67 | 691

ÍNDICE

de recursos; son gravámenes que se aplican

sobre actividades extractivas o de explota-

ción de bienes que tienen impacto sobre el

medio ambiente, como lo es la extracción

de material de la corteza terrestre.

11.10. En el caso de la especie, el hecho

imponible de la tasa ambiental que se crea

mediante el Decreto No. 145-03,tiene su

fundamento en la Ley de Medio Ambiente,

de ahí se debe de colegir que al no tener

el grado de coacción jurídica propia de un

impuesto, es muy relativo el grado que la

voluntad o el libre albedrío que intervienen

o dejan de intervenir por el uso de servicios

o por el beneficio recibido de la explotación,

de ahí que pueden ser reguladas por decreto,

como ha ocurrido en la especie.

11.11. De conformidad con lo antes descri-

to, es evidente que la regulación ambiental

consignada en el Decreto 145-03, tiene

como finalidad el reparo del daño ambien-

tal, cuestión esta que debe de ser preservada,

como se establece en el artículo 67, numeral

4, de la Constitución.

12. VIOLACIÓN A LA PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE:

CONTAMINACIÓN POR RUIDO OCASIONADA POR LAS

OPERACIONES DE UN TALLER DE FABRICACIÓN DE MUEBLES

CRITERIO:

Constituye una afectación al derecho de vivir en un

ambiente sano la contaminación por ruido ocasionada por las

operaciones de un taller de fabricación de muebles que había recibido

una recomendación por parte del Ayuntamiento de mudarse a un lugar

adecuado.

SENTENCIA TC/0384/16

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que dos personas

que alegan verse afectadas por las operaciones de un taller dedicado

a la fabricación de muebles procedieron a acudir a la jurisdicción

constitucional en materia de amparo invocando vulneración al

medioambiente sano debido a la contaminación por ruido ocasio-

nada por dicho taller.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

f) Ahora bien, este tribunal, analizando

la sentencia impugnada, ha determinado

que el juez de amparo hizo una correcta

aplicación de la norma constitucional y

actuó con un elevado sentido de justicia al

decidir como lo hizo; y, en la especie, se evi-

denció, además, una acertada ponderación

de los derechos involucrados: derecho al

trabajo, a la libre empresa, el derecho a la

salud y a un medioambiente sano.

g) Conviene precisar que al respecto, existe

un informe del Departamento de Gestión

Ambiental del Ayuntamiento del municipio

Bonao, el cual establece la necesidad de que

el taller de la referida fábrica de muebles,

ubicado en sus niveles segundo y tercero, de

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

692 | Art. 67

ÍNDICE

la avenida Libertad de la ciudad de Bonao,

sea trasladado a un lugar adecuado, pues

el ruido que produce alcanza más de 70

decibeles, y en el municipio Bonao todos

los talleres de esta naturaleza están en las

afueras de la ciudad.

h) El informe citado, cuya credibilidad y

certeza no ha sido puesto en duda, indica que

en el ambiente donde opera la referida fá-

brica de muebles, existe una contaminación

ambiental a un grado tal que puede afectar a

las personas que residan en sus inmediaciones.

13. VIOLACIÓN A LA PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE:

CONTAMINACIÓN VISUAL POR COLOCACIÓN DE PROPAGANDA

POLÍTICA ABUSIVA EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS

CRITERIO:

Constituye una vulneración al derecho a vivir en un

medioambiente sano cuando se tolera la colocación de propaganda

política abusiva y fuera de tiempo en los espacios públicos. El

Ayuntamiento y la Junta Municipal (ambos del municipio de Santiago)

deben velar por que se cumpla lo previsto en las regulaciones electorales

y evitar la contaminación visual.

SENTENCIA TC/0307/16

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que una funda-

ción acudió ante la jurisdicción constitucional en materia de amparo

en contra del Ayuntamiento y la Junta Electoral (ambos del munici-

pio de Santiago de los Caballeros), debido a que estas instituciones

han tolerado que los candidatos coloquen propaganda política de

manera abusiva y extemporánea antes de que sea proclamada la

campaña electoral.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] la Presidencia de la Cámara Civil

y Comercial del Juzgado de Primera Ins-

tancia del Distrito Judicial de Santiago

motivó la decisión, hoy recurrida en revi-

sión constitucional, basándose, entre otros,

en los siguientes puntos: En este caso, ha

quedado demostrado, que en los espacios

del dominio público de la ciudad de San-

tiago, se ha colocado propaganda política,

específicamente, en el área del monumento,

los Pepines, Fortaleza San Luis, Nibaje,

avenida Francia, avenida Estrella Sadhalá,

autopista Duarte, avenida Rafael Vidal,

avenida 27 de febrero, avenida Juan Pablo

Duarte, avenida República de Argentina y

avenida Las Carreras; que dicha propagan-

da política no cumple con lo dispuesto por

la Resolución No.2719- 05 sobre el Regla-

mento Municipal de Publicidad Exterior,

especialmente en su artículo 8 y que ha

sido realizada, de manera extemporánea,

es decir, antes de la proclama electoral que

dictará y hará publicar la Junta Central

Electoral.

n. Tal como se ha podido evidenciar, al

momento de la interposición de la acción

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 67 | 693

ÍNDICE

de amparo [el nueve (9) de marzo de dos

mil quince (2015)], todavía no se había

abierto oficialmente el período electoral

para las elecciones de dos mil dieciséis

(2016), en República Dominicana, tal

como lo dispone el artículo 87 de la Ley

núm. 275-97, Electoral de la República

Dominicana.

p. Asimismo, este Tribunal Constitucional

cree oportuno señalar, en cuanto a la ale-

gación del hoy recurrido, aduciendo que la

excesiva propaganda vulnera el medio am-

biente, que el artículo 66 de la Constitución,

de los derechos colectivos y difusos, consigna:

El Estado reconoce los derechos e intereses

colectivos y difusos, los cuales se ejercen en

las condiciones y limitaciones establecidas

en la ley. En consecuencia, protege: 1. La

conservación del equilibrio ecológico, de

la fauna y la flora; 2. La protección del

medio ambiente; 3. La preservación del

patrimonio cultural, histórico, urbanístico,

artístico, arquitectónico y arqueológico.

q. Además, este tribunal considera que

debe indicar lo prescrito en el artículo 67

de nuestra Carta Magna, en cuanto a la

protección del medio ambiente: Constitu-

yen deberes del Estado prevenir la conta-

minación, proteger y mantener el medio

ambiente en provecho de las presentes y

futuras generaciones. En consecuencia: 1)

Toda persona tiene derecho, tanto de modo

individual como colectivo, al uso y goce

sostenible de los recursos naturales, a ha-

bitar en un ambiente sano, ecológicamente

equilibrado y adecuado para el desarrollo

y preservación de las distintas formas de

vida, del paisaje y de la naturaleza. […]

5) Los poderes públicos prevendrán y con-

trolarán los factores de deterioro ambiental,

impondrán las sanciones legales, la respon-

sabilidad objetiva por daños causados al

medio ambiente y a los recursos naturales

y exigirán su reparación. Asimismo, coope-

rarán con otras naciones en la protección

de los ecosistemas a lo largo de la frontera

marítima y terrestre.”

r. República Dominicana figura entre los

países suscribientes de la Convención Ame-

ricana de Derechos Humanos; por tanto, se

acoge a los términos de su Protocolo Adicio-

nal en Materia de Derechos, Económicos,

Sociales y Culturales, el cual expresa en el

artículo 11: “Toda persona tiene derecho a

vivir en un medio ambiente sano y a contar

con servicios públicos básicos. […] Los Esta-

dos partes promoverán la protección, preser-

vación y mejoramiento del medio ambiente”.

t. En consecuencia, queda claramente

delimitado que el fallo adoptado por la

Presidencia de la Cámara Civil y Comer-

cial del Juzgado de Primera Instancia del

Distrito Judicial de Santiago fue correcto,

ya que todavía la institución encargada de

autorizar el inicio de la campaña electoral

correspondiente al año dos mil dieciséis

(2016), la Junta Central Electoral, no ha-

bía realizado la proclama en ese sentido y

que, además, la saturación de propaganda

política ocasiona contaminación visual

y afecta la salud de los habitantes, vulne-

rando sus derechos a un ambiente sano y

a la salud, por lo que fue correcto el fallo

adoptado por el juez de amparo, de acoger

la acción de amparo objeto de la sentencia

hoy recurrida en revisión constitucional y,

por consiguiente, ordenar al Ayuntamiento

del municipio Santiago y a la Junta Muni-

cipal Electoral de Santiago el retiro de las

mismas, hasta la fecha de la proclama.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

694 | Art. 67

ÍNDICE

14. VIOLACIÓN A LA PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE: FALTA

DE CONTROLES, POR PARTE DE UNA EMPRESA, DE LOS EFECTOS

ADVERSOS DEL PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN DE LA CAÑA

DE AZÚCAR

CRITERIO:

Constituye una vulneración al medioambiente sano la falta

de controles, por parte de una empresa, de los efectos adversos del

proceso de industrialización de la caña de azúcar.

SENTENCIA TC/0598/15

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que el presidente

de una junta de vecinos acudió ante la jurisdicción constitucional en

materia de amparo para invocar vulneraciones a los derechos funda-

mentales de la comunidad por la contaminación producida por una

empresa en el proceso de industrialización de la caña de azúcar.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

f ) Este tribunal constitucional ha advertido,

del estudio de los documentos depositados

en el expediente y del descenso realizado

por una comisión de magistrados al Ingenio

Porvenir, el veintinueve (29) de junio de

dos mil quince (2015), que efectivamente

existen las irregularidades denunciadas por

la accionante, es decir, los daños al medio

ambiente y a la población causados por el

proceso de industrialización del azúcar del

Ingenio Porvenir.

g) Sin embargo, también comprobó este

tribunal que los referidos problemas han

sido corregidos en un elevado por ciento.

En efecto, tanto de las observaciones he-

chas por los magistrados, así como de las

afirmaciones hechas por la accionante y los

técnicos citados, se estableció lo siguiente:

1) que las emisiones de humo, cenizas y

cachipas arrojadas al medio ambiente

han sido contraladas en alrededor de un

80%, debido a las trampas instaladas en

el Ingenio Porvenir; 2) que los ruidos y

vibraciones producidas por las maquinas

han disminuido en un 70%; 3) que hay

un cese en las contaminaciones de las aguas

provenientes del ingenio que desembocaban

en la Laguna de Mallén y el Mar Caribe.

n) En virtud de lo anterior, este tribunal

constitucional otorga un plazo de dos (2)

meses, contado a partir de la notificación

de la presente sentencia, para que se ter-

minen de corregir las irregularidades de

que adolece el proceso de producción del

referido ingenio.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 67 | 695

ÍNDICE

15. VIOLACIÓN A LA PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE:

EXPLOTACIÓN DE MINERALES SIN LA EXISTENCIA DE UN

CRITERIO MEDIOAMBIENTAL SOSTENIBLE

CRITERIO:

Constituye una vulneración del derecho al medioambiente

sano la realización de un proyecto minero (en este caso, la

explotación de minerales en Loma Miranda) sin la existencia de

un criterio medioambiental sostenible (deficiencias del estudio de

impacto ambiental). Cuando se demuestra que un proyecto minero

generaría un impacto negativo en el medioambiente, la protección

del medioambiente como derecho colectivo debe prevalecer sobre la

libertad de empresa y el derecho al trabajo. Procede la paralización

inmediata.

SENTENCIA TC/0167/13

—Precedente reiterado mediante

sentencia TC/0458/21 (extracción de materiales en el paraje de Palmarejo

sin contar con un plan de manejo y adecuación ambiental (PMAA))

CRITERIO 2:

Al tener los derechos de libre empresa y el derecho al

trabajo componentes individuales frente al derecho colectivo y difuso

que representan las medidas para la protección del medioambiente, los

dos primeros derechos deben ceder en su ámbito de protección frente

al último, siempre y cuando quede evidenciado que una actuación

particular pueda tener o tenga un efecto adverso e irreversible en el

mantenimiento del equilibrio ecológico, máxime cuando la actuación

a largo plazo de los particulares pudiere poner en riesgo la seguridad y

la subsistencia de seres humanos.

CRITERIO 3:

Las medidas destinadas a la protección del medioambiente,

al tener un alcance general que traspasa el ámbito nacional, por propugnar,

como parte del sostenimiento ecológico del planeta, la protección de

los recursos ecosistémicos, hidrológicos y de biodiversidad existentes

en cada Estado, configuran un derecho colectivo y difuso que tiene

un alcance supranacional, que encierra el compromiso de que cada

nación le otorgue preponderancia a su aplicabilidad en aquellos casos

en que una actividad pueda o esté afectando de forma negativa ese

sostenimiento, o ponga en riesgo el resguardo ecológico del país.

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a la exploración

puesta en ejecución por una empresa minera con miras a la explo-

tación de minerales en Loma Miranda. Esta operación encontró

resistencia de técnicos, ecologistas y entidades de la sociedad civil,

los cuales acudieron a la jurisdicción constitucional en materia de

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

696 | Art. 67

ÍNDICE

amparo. El planteamiento realizado es que dicha operación minera

generaría efectos negativos en el medioambiente de la zona y del país.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

10.29. Efectivamente, si bien los derechos a

la libre empresa y al trabajo en su ámbito

de protección buscan resguardar el impacto

positivo que tiene en el sostenimiento eco-

nómico-social, el cual resulta de alto interés

para cada Estado, su configuración única-

mente va destinada a resguardar derechos

de carácter particular e individual, no así

los derechos de carácter general o derechos

difusos.

10.30. En ese sentido, al tener los derechos

de libre empresa y el derecho al trabajo

componentes individuales frente al dere-

cho colectivo y difuso que representan las

medidas para la preservación del medio

ambiente, el cual, como indicamos antes,

tiene además un alcance supranacional, los

dos primeros derechos deben ceder en su

ámbito de protección frente al último siem-

pre y cuando quede evidenciado que una

actuación particular pueda tener o tenga

un efecto adverso e irreversible en el mante-

nimiento del equilibrio ecológico, máxime

cuando la actuación a largo plazo de los

particulares pudiere arriesgar la seguridad

y la subsistencia de seres humanos.

10.31. En el presente caso se trata de la

concurrencia de derechos cuya restricción,

por un lado, pudiera estar afectando los

derechos laborales y de empresa de un

determinado número de personas, inclu-

yendo al propio Estado, que pudiera verse

privado de percibir ingresos económicos

por concepto de exploración y explotación

minera; y por otro lado, la posibilidad de

que resulten afectados derechos e intereses

colectivos o derechos de tercera generación

que procuran el bienestar de la comunidad

a través de la preservación de la ecología,

la fauna, la flora y del medio ambiente,

elementos estos que constituyen parte esen-

cial de la riqueza natural, del patrimonio

público y del propio futuro del pueblo

dominicano.

10.32. En este punto, debemos precisar que

las medidas destinadas a la preservación

del medio ambiente, al tener un alcance

general que traspasa el ámbito nacional,

por propugnar, como parte del sostenimien-

to ecológico del planeta, la protección de los

recursos eco sistémicos, hidrológicos y de

biodiversidad existentes en cada Estado, la

misma deviene en configurar la existencia

de un derecho colectivo y difuso que tiene

un alcance supranacional, que encierra

el compromiso de que cada nación le

otorgue preponderancia a la aplicabilidad

de la misma en aquellos casos en que una

actividad pueda o esté afectando de forma

negativa ese sostenimiento, o ponga en

riesgo el resguardo ecológico del país.

10.33. Si bien la explotación de los yaci-

mientos mineros puede constituir una im-

portante actividad generadora de riqueza

que contribuye con el impulso del desarrollo

económico, no es menos cierto que la nece-

saria protección del medio ambiente entra-

ña tomar en cuenta los efectos devastadores

que con frecuencia produce esta actividad,

y cuando los estudios relativos al impacto

ambiental de estos arroja resultados de

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 67 | 697

ÍNDICE

tan alta negatividad, como expresan los

informes expuestos por el Programa de Na-

ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),

capítulo República Dominicana, y por

la Academia de Ciencias de la República

Dominicana, es preciso concluir que se ha

pretendido la exploración y explotación de

yacimientos mineros (recursos naturales no

renovables) sin la existencia de un criterio

medio ambiental sostenible.

10.34. Resulta evidente al tener las medi-

das destinadas a la preservación del medio

ambiente un carácter general supranacio-

nal que propugna por la protección del

bienestar de todos los seres humanos, estas

hacen que los derechos de libertad de em-

presa y de trabajo queden limitados en su

aplicación y efectos para permitir la plena

ejecución de dicha preservación.

16. VIOLACIÓN A LA PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE:

EXTRACCIÓN DE MINERALES SIN LA EXISTENCIA NI

APROBACIÓN DE UN PLAN DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL

CRITERIO:

Constituye una violación al derecho de vivir en un

medioambiente sano la extracción de minerales sin la existencia ni

aprobación de un plan de recuperación ambiental. Si bien el Ministerio

de Medio Ambiente y Recursos Naturales posee la facultad de otorgar

permisos de explotación minera, siempre debe evaluar los efectos

devastadores que con frecuencia produce esta actividad, máxime

cuando los estudios de impacto ambiental arrojan resultados negativos.

SENTENCIA TC/0402/16

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que varias perso-

nas acudieron a la jurisdicción constitucional en materia de amparo

invocando vulneración al medioambiente sano debido a la extrac-

ción de materiales realizada por una empresa minera que, aunque

contaba con el permiso medioambiental provisto por el Ministerio

de Medio Ambiente, no contaba con un plan de recuperación reque-

rido a esos fines.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

d) En ese sentido, el juez de amparo estableció,

en su página 22 de la Sentencia núm. 514-

15-00478, que: Así las cosas, del Informe

Pericial ha quedado evidenciado que el Mi-

nisterio de Medio Ambiente no ha cumplido

con las atribuciones que le son conferidas por

La ley 64-00, sobre Medio Ambiente y Re-

cursos Naturales, específicamente, la de exigir

antes de otorgar la autorización ambiental

núm. DP (25SN)-1938-15, de fecha 10 de

abril del 2015, a favor de la empresa Equipos

y Construcciones del Cibao, S.R.L., un plan

de minado y de recuperación ambiental; así

como la de supervisión con posterioridad a la

expedición de la autorización, tal y como esta

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

698 | Art. 67

ÍNDICE

lo indica cuando establece a cargo del benefi-

ciario entre otras obligaciones: la de recuperar

el área ya minada y rellenar y la de reforestar

el área que ha sido minada. (sic)

e) Para este tribunal, los fundamentos

jurídicos de la sentencia recurrida son

precisos y apegados a los cánones constitu-

cionales y legales, en virtud de que se pudo

comprobar que el Ministerio de Medio

Ambiente no cumplió con lo estipulado por

la Ley núm. 64-00, sobre Medio Ambiente

y Recursos Naturales, referente al plan de

recuperación ambiental.

f) En relación con casos sobre explotación

de yacimientos de mina, este tribunal

constitucional, estableció, en los numerales

10.33 y 10.34 de su Sentencia TC/0167/13

que: 10.33. Si bien la explotación de los

yacimientos mineros puede constituir una

importante actividad generadora de rique-

za que contribuye con el impulso del de-

sarrollo económico, no es menos cierto que

la necesaria protección del medio ambiente

entraña tomar en cuenta los efectos devas-

tadores que con frecuencia produce esta

actividad, y cuando los estudios relativos al

impacto ambiental de estos arroja resultados

de tan alta negatividad, como expresan los

informes expuestos por el Programa de Na-

ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),

capítulo República Dominicana, y por

la Academia de Ciencias de la República

Dominicana, es preciso concluir que se ha

pretendido la exploración y explotación de

yacimientos mineros (recursos naturales no

renovables) sin la existencia de un criterio

medio ambiental sostenible. 10.34. Resul-

ta evidente al tener las medidas destinadas

a la preservación del medio ambiente

un carácter general supranacional que

propugna por la protección del bienestar

de todos los seres humanos, estas hacen que

los derechos de libertad de empresa y de

trabajo queden limitados en su aplicación

y efectos para permitir la plena ejecución

de dicha preservación.

g) Del citado precedente se desprende que,

si bien el Ministerio de Medio Ambiente

y Recursos Naturales posee la facultad para

otorgar los permisos de explotación minera,

siempre debe evaluar los efectos devastado-

res que con frecuencia produce esta activi-

dad y máxime cuando los estudios relativos

al impacto ambiental arrojan resultados

negativos, como en la especie.

h) Para ordenar la suspensión, el juez de

amparo tomó como base para la suspensión

del permiso medioambiental, el informe

pericial realizado por el Ing. Osiris de León,

quien determinó que en la extracción de

materiales de la mina no se llevan a cabo

los criterios básicos que deben ser exigidos,

decisión que es cónsona con los precedentes

emitidos por este tribunal, referentes a la

protección del medio ambiente.

i) Es preciso indicar que en el Pleno del

día dieciocho (18) de enero de dos mil seis

(2016), fue creada una comisión para ins-

peccionar la mina de Jacagua, a los fines de

comprobar si la extracción de materiales en

dicha mina ha ocasionado daños ecológicos

en la localidad, por la erosión del terreno.

Además, si el tamaño de la mina se ha

reducido a un paso alarmante.

j) Al realizar la inspección del lugar, el

viernes veintinueve (29) de enero de dos

mil seis (2016), la comisión comprobó

que no se ha puesto en marcha el plan de

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 67 | 699

ÍNDICE

recuperación ambiental, como lo establece

el numeral tercero de la Sentencia núm.

514-15-00478, sino que solamente se ha

efectuado la reforestación de una pequeña

porción de la mina; por consiguiente, se

incurre en violación del artículo 67 de la

Constitución y de la Ley núm. 64-00, sobre

el Medio Ambiente y Recursos Naturales.

17. VIOLACIÓN A LA PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE:

INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE UN ASERRADERO SIN

AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

CRITERIO:

Constituye una vulneración al medioambiente la instalación

y operación de un aserradero sin autorización del Ministerio de Medio

Ambiente; procede levantar acta de servicio de vigilancia e incautar los

equipos de una industria de procesamiento forestal que no contaba

con el permiso para operar en esa comunidad.

SENTENCIA TC/0372/19

—Ver en este sentido el criterio relativo al debido proceso administrativo

(art. 69.10 CRD)—

CRITERIO 2:

La carta de ruta para el transporte de productos forestales

no sustituye al permiso de instalación y operación de un aserradero.

Mientras la carta de ruta pretende garantizar que los productos

forestales transportados provengan de plantaciones que dispongan de la

correspondiente autorización de manejo, los aserraderos, además de llevar

un control estricto sobre la procedencia de la materia prima que utilizan,

requieren una autorización administrativa previa, la cual se concede luego

de comprobarse el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos

por la legislación ambiental aplicable a este tipo de instalaciones.

Resumen del caso: El conflicto se origina a raíz del acta de servicio de

vigilancia, monitoreo e inspección ambiental levantada por el Minis-

terio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en las instalaciones de

una empresa de procesamiento forestal ubicada en la comunidad de

Pinar Quemado, del municipio de Jarabacoa, en donde fueron incau-

tados productos forestales, equipos y herramientas. Ante esta situación,

el propietario de la empresa acudió a la jurisdicción constitucional en

materia de amparo invocando vulneración al debido proceso.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] este tribunal ha podido compro-

bar que dentro de los documentos que

integran el expediente se encuentra el

Certificado de instalación y operación de

aserradero núm. 208, emitido el cuatro

(4) de agosto de dos mil seis (2006) por

la entonces llamada Secretaría de Estado

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

700 | Art. 67

ÍNDICE

de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

mediante la cual se autoriza al señor

Ramón Eduardo Ureña “a operar un (1)

equipo de aserrío, con sede en el Paraje

El Dajao, sección Villa Los Almácigos,

Provincia Santiago Rodríguez”. Esta au-

torización señala expresamente que “esta

certificación podría ser dejada sin efecto,

al momento en que el beneficiario incu-

rriere en violación de la Ley 64-00, a las

normas de industrias forestales y/o a las

especificaciones contenidas en la misma”.

En el expediente no se hace mención ni

consta ninguna otra autorización para la

instalación y operación de aserradero.

10.4. En este orden, el Ministerio de

Medio Ambiente y Recursos Naturales

sustenta sus pretensiones en el presunto

incumplimiento de las disposiciones

contenidas en los literales c), d) y e) del

numeral 7) de la Norma para el Funcio-

namiento de la Industria Forestal, que

textualmente expresa: “toda industria

forestal debe presentar cada año la fuente

de abastecimiento de materia prima con

base en la capacidad de aserrío”; “en caso

de venta, arrendamiento o traspaso de un

equipo de aserrío el nuevo adquiriente

deberá notificarlo a las autoridades fo-

restales en un plazo máximo de 30 días,

después de realizada la transacción”;

“para el cambio de lugar de una industria

autorizada deberá contarse con el visto

bueno de las autoridades”.

10.5. Al hilo de las exigencias que estable-

ce el ordenamiento jurídico en relación

con las autorizaciones de instalación y

operación de aserraderos, este tribunal ha

podido advertir que es correcta la com-

probación que hace constar el acta del

servicio de vigilancia, monitoreo e inspec-

ción ambiental levantada el trece (13) de

septiembre de dos mil dieciocho (2018)

por el Ministerio de Medio Ambiente y

Recursos Naturales, relativa a que el ase-

rradero ubicado en la comunidad Pinar

Quemado, del municipio Jarabacoa, de

la provincia La Vega “no tiene permiso

de operación donde se encuentra localiza-

do”. En efecto, tal como ha sido apuntado

previamente, de conformidad con la letra

e), numeral 7), de la Norma para el

Funcionamiento de la Industria Forestal,

para el cambio de lugar de una industria

autorizada deberá contarse con el visto

bueno de la autoridad o autoridades

que concedieron la autorización. A este

respecto, el accionante no ha aportado

prueba alguna de haber notificado este

cambio de localización al Ministerio de

Medio Ambiente y Recursos Naturales, en

su calidad de administración que expidió

la Certificación núm. 208, que autoriza

a operar un (1) equipo de aserrío. Tam-

poco dicha certificación fue emitida a

favor del accionante, y no consta en el

expediente que éste haya acreditado ante

la administración autorizante el cambio

de titularidad.

10.6. Al respecto, la parte accionante en

un esfuerzo por acreditar la legalidad de

sus actuaciones en el aserradero ubicado

en la comunidad de Pinar Quemado

alega: “y si el señor WILLI DELGADO,

no contaba con la debida autorización

para operar su aserradero, como es que le

emitían las Cartas de Rutas para trans-

portar las Trozas para ser aserradas?”. En

relación con estos argumentos es necesario

precisar que una cosa es el permiso de

instalación y operación de aserradero y

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 67 | 701

ÍNDICE

otra distinta, es la carta de ruta para el

transporte de productos forestales. Aun-

que tanto una como la otra se enmarcan

en una misma estructura organizativa

que pretende “contribuir al desarrollo

sostenible del bosque natural y plantado

y al fomento de la reforestación comercial

y con fines de protección en la República

Dominicana”, cada una se encarga de

proteger una situación concreta de la in-

dustria forestal: mientras la carta de ruta

pretende asegurar que los productos fores-

tales trasladados provengan de plantacio-

nes que dispongan de la correspondiente

autorización de manejo, los aserraderos,

además de llevar un control estricto sobre

la procedencia de la materia prima que

utiliza, su instalación requiere de la

previa autorización administrativa, la

cual se concede luego de comprobarse el

cumplimiento de los requisitos técnicos

exigidos por la legislación ambiental

aplicable para este tipo de instalaciones.

10.7. Es decir que, aunque la carta de

ruta para el transporte de productos fo-

restales y los certificados de instalación y

operación de aserraderos se inscriben en el

conjunto de técnicas de desarrollo sosteni-

ble de los bosques dominicanos, cada uno

de ellos actúa en momentos distintos del

proceso de industrialización forestal y su

finalidad también es distinta: mientras

en el caso de los aserraderos es obligatorio

que estos conserven las cartas de rutas

correspondientes al transporte de todos los

productos forestales que procesan, como

parte de los procesos previos al aserrío

de los mismos, en el caso de las cartas de

ruta lo importante es comprobar la pro-

cedencia sostenible del producto forestal.

De ahí que, en las cartas de ruta para

el transporte de productos forestales no se

exige información sobre el aserradero al

cual se dirige el producto forestal de que

se trate, lo cual explica que le hayan sido

otorgadas las cartas de rutas sin verificar

si quiera los datos relativos al aserradero,

por lo que tampoco los relativos a la lega-

lidad de sus actividades.

10.9. Es así que la orden de paralización

de las operaciones y la incautación de

los equipos y madera encontrados que

establece el acta de inspección levantada

por el Ministerio de Medio Ambiente y

Recursos Naturales en las instalaciones

del aserradero propiedad del señor Willi

Delgado Peralta son conforme a la ley, ya

que dichas actividades, tal como ha sido

apuntado, se desarrollan sin contar con

la autorización exigida por la normativa

dominicana para el desarrollo de dichas

actividades, razón por la que no resultan

violatorias de los derechos fundamentales

invocados por el accionante…

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

702 | Art. 67

ÍNDICE

18. VIOLACIÓN A LA PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE:

PROYECTO MINERO PENDIENTE DE OBTENER LOS PERMISOS

MINEROS Y MEDIOAMBIENTALES

CRITERIO:

Procede ordenar la paralización de un proyecto minero

hasta tanto obtenga los permisos mineros (Ministerio de Energía

y Minas) y medioambientales (Ministerio de Medio Ambiente)

requeridos. Armonización del derecho al medioambiente, a la libertad

de empresa y al debido proceso administrativo.

SENTENCIA TC/0482/19

—Precedente reiterado mediante sentencia TC/0553/19, en la que se ordenó

la paralización de la construcción de una terminal de autobuses que pretendía

ejecutar el Ministerio de Obras Públicas hasta que las autoridades competentes

se pronunciaran sobre los permisos medioambientales e informes de impacto

ambiental y uso de suelo solicitados—

CRITERIO 2:

La paralización provisional ordenada hasta tanto se

gestionaran las licencias ambientales y de explotación minera es

cónsona con el respeto al debido proceso administrativo que debe

serle garantizado a la empresa y con el respeto a las facultades de las

autoridades competentes de otorgar o negar los referidos permisos.

CRITERIO 3:

En caso de no ser posible armonizar los derechos en

conflicto, se debe hacer prevalecer el derecho más afín al derecho

al medioambiente.

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que un grupo

de personas y asociaciones decidieron acudir a la jurisdicción

constitucional en materia de amparo para detener las pretensiones

de una empresa minera de realizar una explotación en el Proyecto

Romero, ubicado en la localidad de Hondo Valle, distrito municipal

de Sabaneta del municipio de San Juan de la Maguana, donde según

alegan se causarían daños irreversibles al medioambiente ya que la

explotación de la mina afectaría gravemente la hidrografía y el ecosis-

tema de dicha zona y, en consecuencia, el medioambiente general de

la República Dominicana.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

m. El Tribunal Constitucional, luego

de celebrado el descenso y analizado los

argumentos de las partes, ha podido veri-

ficar que está en presencia de un conflicto

sobre derechos colectivos y difusos, que

atañe al medio ambiente, frente al derecho

a la libre empresa; en este caso, de una

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 67 | 703

ÍNDICE

empresa extranjera que invoca el debido

proceso administrativo y las facultades de

las autoridades para otorgar una concesión

de explotación minera.

p. Los accionantes en amparo solicitaron la

protección del derecho al medioambiente y

la producción de agua, ante la amenaza por

la explotación de la mina de oro en la zona

Los Romeros, por lo cual solicitaron al juez

el desmantelamiento de toda la instalación

en la zona por parte de la empresa minera y

la paralización definitiva de toda actividad

o trabajo relacionado con la mina.

q. De las pretensiones solicitadas mediante

la acción de amparo, el juez a-quo acogió, en

parte, la acción, ordenando la paralización

de los trabajos que se estuvieran llevando

a cabo en la zona minera por la empresa

accionada, hasta tanto se decidiera sobre la

solicitud de la licencia de explotación mine-

ra y la licencia ambiental, a los fines de evi-

tar que se pueda afectar el medioambiente,

especialmente el agua, hasta tanto se hagan

los estudios medioambientales pertinentes y

se obtenga la permisologia necesaria.

r. Los recurrentes argumentan que esta

decisión del juez constituye una medida

cautelar o un amparo provisional, condicio-

nando la explotación minera a la obtención

de las licencias requeridas de conformidad

con la ley, lo que no decide definitivamente

el fondo del amparo, por lo que consideran

que el juez debió disponer la paralización

definitiva y el desmantelamiento total de

las obras que la empresa accionada hubiese

levantado en el lugar…

w. Así las cosas, este tribunal considera que

la paralización provisional ordenada por el

juez, hasta tanto se decidiera lo de las licen-

cias ambientales y de explotación minera,

es cónsono con el respeto al debido proceso

administrativo que debe serle garantizado

a la parte accionada y con el respeto de-

bido a las facultades de las autoridades

competentes, de otorgar o no, los referidos

permisos.

y. En consecuencia de lo anterior, este tri-

bunal considera que la actuación del juez

de amparo, en aras de proteger el medioam-

biente del riesgo o la amenaza que pudiera

producirse a consecuencia de los trabajos

del proyecto minero, tomó la decisión

preventiva de paralizar toda actividad que

pudiera llevarse a cabo amparados en una

licencia de exploración, hasta tanto culmi-

ne el proceso llevado a cabo por la empresa

GoldQuest ante el Ministerio de Medio

Ambiente, a los fines de realizar el estudio

de impacto ambiental y ante el Ministerio

de Energía y Minas para la obtención de

la licencia de explotación, que a juicio de

este tribunal debe estar precedida de la

ponderación del carácter supranacional del

derecho al medioambiente en protección de

los seres humanos.

dd. Este tribunal considera que lo decidido

por el juez no configura -como alegan los

recurrentes- una omisión de estatuir frente

a su pretensión de que la paralización fuera

definitiva y acompañada del desmantela-

miento total de las obras ejecutadas en la

zona por la empresa accionada, en virtud

de que el juez motivó su decisión en base

al criterio constitucional de armonización

concreta entre los derechos fundamentales

en conflicto, de manera tal que no resultara

afectado más de lo indispensable el conte-

nido esencial de los derechos enfrentados,

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

704 | Art. 67

ÍNDICE

preservando su máxima efectividad y en caso

de no ser posible, hacer prevalecer el derecho

más afín al derecho al medio ambiente.

ee. Al hilo de lo anterior, el juez de amparo

procuró, de una parte, respetar el derecho

a la libre empresa de la parte accionada,

resguardando el debido proceso adminis-

trativo en tanto culminara la gestión de

obtener los permisos correspondientes de las

autoridades competentes y en su pondera-

ción preservó el derecho al medio ambiente

invocado por los accionantes mediante la

acción de amparo.