PROYECTO DE LEY SOBRE DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO Y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

 
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"PROYECTO DE LEY SOBRE DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO Y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO"

LEGISLACIÓN:

EL CONGRESO NACIONAL

En nombre de la República

CONSIDERANDO PRIMERO: Que actualmente la República Dominicana se encuentra inmersa en un proceso de mejora regulatoria enmarcado en la promoción y adopción de políticas públicas que propendan a la conformación de un marco normativo funcional, la institucionalización de mecanismos de acceso a la información pública y rendición de cuentas que transparenten la gestión de la administración, lo cual conduce a la erradicación de la corrupción administrativa que ocasiona serios perjuicios a la democracia, a la gobernabilidad y a la economía nacional.

CONSIDERANDO SEGUNDO: Que el Estado Dominicano está comprometido con la ética pública, por tanto, debe garantizar un comportamiento íntegro de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, para lo cual se hace imprescindible dotar al ordenamiento jurídico dominicano de las herramientas legales que den seguridad al cumplimiento del pacto de los poderes públicos con los ciudadanos en el seno de la democracia dominicana.

CONSIDERANDO TERCERO: Que las tecnologías de la información ofrecen a la administración un instrumento para la simplificación administrativa, la prevención, detección y persecución eficaz de actos de corrupción en el seno de la administración pública que degeneren enriquecimiento ilícito de los servidores públicos.

CONSIDERANDO CUARTO: Que el correcto desempeño de los funcionarios públicos y la transparencia en sus actuaciones solamente pueden ser garantizados a través de disposiciones legales eficientes, provistas de un sistema sancionador que comprometan la responsabilidad de quienes ejercen la función pública, y que a su vez garantice la ejecución de las sanciones, lo cual asegurara la efectividad y cumplimiento de la norma promoviendo la buena gestión pública.

CONSIDERANDO QUINTO: Que la Ley 82 de 1979 sobre Declaración Jurada de Bienes no establece un mecanismo eficiente para la presentación del inventario de bienes, por tanto dificulta la detección de casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, tampoco contempla sanciones para los casos en que el funcionario falsee información.

CONSIDERANDO SEXTO: Que el Estado dominicano está compuesto por los tres Poderes característicos de una república, además de que cuenta con diversas instituciones autónomas y descentralizadas que pueden estar afectadas por actos de corrupción. En ese sentido, la actual legislación ha sido ignorada por diferentes estamentos bajo el argumento de la dependencia institucional del órgano receptor.

PROPUESTA DE CONSIDERANDO SEPTIMO: Que el Estado dominicano se ha comprometido a nivel internacional para combatir la corrupción a través de la configuración en su sistema legal de un tipo penal sobre enriquecimiento ilícito que pueda aplicarse en forma independiente para la persecución y sanción del incremento patrimonial desproporcionado, y que posibilite la recuperación de los bienes que hayan sido distraídos de la administración.

VISTA: La Constitución de la República de fecha 26 de enero de 2010.

VISTA: La Convención Interamericana Contra la Corrupción, aprobada en Caracas, Venezuela, en fecha 29 de marzo del 1996, ratificada por el Congreso Nacional mediante Resolución No. 489-98 del 20 de noviembre del 1998.

VISTA: La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.

VISTA: La Ley 10-04 de fecha 10 de enero de 2004, sobre la Cámara de Cuentas de la República Dominicana;

VISTA: La Ley 82-79 de fecha 16 de diciembre de 1979, sobre Declaraciones Juradas de Bienes.

VISTO: El Decreto No. 287-06 de fecha 17 de julio de 2006, sobre el Sistema Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Bienes.

VISTO: El Decreto No. 322-97 de fecha 24 de julio del año 1997, que crea el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, reformado por el Decreto No. 324-07 de fecha 03 de julio de 2007, que le otorga la categoría de Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa y modifica sus atribuciones.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY.

Artículo 1. Objeto. Instituir el Sistema Nacional Automatizado y Uniforme Nacional de Declaraciones Juradas de Bienes coherente con las disposiciones constitucionales relativas a la materia, establecer las instituciones responsables

de su aplicación y jerarquizar su autoridad, facilitar la coordinación institucional, promover la gestión ética, y proveer a los órganos públicos de control e investigación de la corrupción administrativa las herramientas normativas que le permiten ejercer su función de manera eficiente.

Artículo 2.- Obligación de declarar. Los funcionarios indicados en el Artículo 3 de esta Ley estarán obligados antes de la toma de posesión a levantar un inventario detallado, jurado y legalizado por Notario Público, de los bienes que constituyen en ese momento su patrimonio y el de su cónyuge, sin el cual no se hará efectivo su designación o elección. Igualmente, deberán cumplir a los dos años de su desempeño y en un plazo no mayor de quince (15) días después de haber cesado sus funciones.

Artículo 3. Funcionarios Públicos obligados a declarar. Quedan obligados a la exigencia de la presente Ley:

  1. El Presidente y Vice- Presidente de la República;

  2. Los Senadores y Diputados; así como los Secretarios Administrativos del Senado de la República y la Cámara de Diputados;

  3. Los...

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