Rasiel Salcedo Alcántara. El futuro del Estado Social y Democrático de Derecho: Hacia un Estado más garantista

• Páginas: 297-326
• Autor: Milton Ray Guevara

ANA MARSHALL

RASIEL SALCEDO ALCÁNTARA

Nació el 27 de junio del año 1998 en la ciudad de Santiago de los

Caballeros, sus padres, aun en vida, son Ramón Salcedo Tejada y

Elena Alcántara Trinidad. En sus primeros años sus primeros estudios

los obtuvo desde el hogar. De modo que a una edad muy temprana,

a sus siete años, se inscribe en cuarto de primaria, donde siempre

destacó por sus méritos académicos. Quizás por su tranquilidad

nunca fue una niña de muchos amigos, aunque siempre mantuvo

una buena relación con sus compañeros de estudio.

Inició sus estudios secundarios en el Politécnico Ernesto Disla

Núñez, terminando dichos estudios a sus apenas 15 años. Ese mismo

año comenzó sus estudios de grado en la Universidad Autónoma de

Santo Domingo, Recinto Santiago, decidiéndose por la Carrera de

Derecho con una especial fijación hacia el carácter humanitario que

envuelve esta carrera, lo que probablemente estuvo determinado

por su participación en organizaciones comunitarias

299

El futuro del Estado Social y

Democrático de Derecho: Hacia

un Estado más garantista

Introducción

Como consecuencia de la función política y organizativa

de la norma constitucional, este instrumento ha de propor-

cionar las bases para el mantenimiento del orden, efectuando

una división racional del trabajo político, fijando los límites al

poder y garantizando al pueblo el ejercicio de determinados

derechos.

En el caso de República Dominicana, esta organización

se resume en la expresión constitucional de Estado Social y

Democrático de Derecho, expresión que no es casual, sino que

responde necesariamente al proceso de evolución que atravesó

nuestra sociedad de cara a la consolidación del Estado Domi-

nicano, obligando al pueblo a pactar trascendentales cambios

en su esquema constitucional, a los fines de prever o contra-

rrestar la crisis e inestabilidad. Así, en República Dominicana,

la organización del actual Estado no es más que un logro de

las distintas generaciones, el instrumento considerado como

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

300

idóneo por el pueblo dominicano para fijar límites al poder y

garantizar el ejercicio de los derechos.

De ahí que para poder hablar en este ensayo acerca del

futuro del Estado Social y Democrático de Derecho, resulta

elemental presentar los factores que a través de la historia, han

dado lugar al surgimiento del mismo, argumentando que los

cambios a las normas de organización de todo Estado tienen

como génesis situaciones vividas o conocidas por los pueblos a

quienes ellas competen.

En el presente se toma el enfoque jurídico-constitucional

de la cláusula de Estado Social y Democrático de Derecho di-

reccionado hacia la realidad social y política que en la práctica

vive la República Dominicana. Esto es así, pues se parte del

significado de esta cláusula en nuestro actual sistema consti-

tucional, y una vez enfrentado este significado a distintas si-

tuaciones propias de la realidad dominicana, se analiza cuál es

el alcance real que, frente a estas situaciones, debería tener la

referida cláusula.

Este enfoque intentará responder dos preguntas esen-

ciales ¿Qué factores han determinado la consagración del Es-

tado tal y como lo conocemos al día de hoy? y ¿De qué manera

deberían estos factores influenciar el Estado Social y Democrá-

tico de Derecho en el porvenir? La búsqueda de una respuesta

a estas dos interrogantes es la brújula que guiará el desarro-

llo del presente ensayo.

Ensayos sobre Temas Constitucionales

301

Capítulo 1. NACIMIENTO DEL ESTADO

SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO

1.1

Acercamiento al concepto.

La cláusula de Estado Social y Democrático de Dere-

cho, tal como afirma Prats (2013), “es una síntesis o mezcla

de varios principios fundamentales en nuestro ordenamien-

to político-constitucional”. Principios que originalmente son

adoptados en momentos históricos distintos, pero que en la

actualidad se conjugan para formar la estructura base de nues-

tro Estado Constitucional.

Debido a las características propias del surgimiento de

los tres principios fundamentales englobados en esta cláusula,

cuyo nacimiento estuvo motivado por necesidades y situacio-

nes propias, entonces, para explicar el contenido de la cláusula

Estado Social y Democrático de Derecho se deberían tratar sus

principios de forma separada:

1.1.1 El Estado Social: Es importante destacar que a pesar

de ser este el primer principio expuesto en la cláusula, su recono-

cimiento es el último en el tiempo, no solo para nuestra Consti-

tución sino para la historia del constitucionalismo. La inclusión

de este principio en nuestra Carta Magna implica el reconoci-

miento constitucional de la obligación de intervención del Esta-

do para dar garantía a cada persona de sus derechos. Pero no se

trata de un reconocimiento vacío, sino que, para poder hablar de

un efectivo Estado Social, es imprescindible que se combinen dos

presupuestos:

Primero, un presupuesto moral: se necesita una concepción

social de reconocimiento de la obligatoriedad de la protección

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

302

de los derechos, que tome en cuenta la desigualdad natural en

la que se encuentran unos grupos con respecto a otros, es decir,

se exige “una serie de precondiciones de carácter psicológico y

una base axiológica que permita reconocer el deber moral de

hacernos cargo de las necesidades de los demás” (Carbonell y

Mc-Gregor, 2014), que sea la sociedad misma la que se encuen-

tre moralmente constreñida a crear los medios idóneos para

asegurar un ambiente de equidad.

Un segundo presupuesto, el institucional: donde se asigne,

a los distintos poderes públicos, responsabilidades concretas,

por tanto, de exigible cumplimiento, para la garantía de los

derechos; responsabilidades que tomen en cuenta las desigual-

dades reales y las necesidades de protección particulares a los

distintos grupos sociales.

1.1.2 El Estado democrático

Este principio democrático que rige el Estado dominica-

no se podría describir como una forma de gobierno, pero tam-

bién como una forma de organización social, donde la volun-

tad de la mayoría es asimilada como la voluntad general y por

ello se le da primacía. En un sistema democrático, el poder se

encuentra disgregado por todo el pueblo, quien pudiera actuar

por sí mismo o delegando su representación a alguna autori-

dad, dependiendo de si se tratare de una democracia directa o

de una democracia representativa.

Al hablar de una legítima representación en un sistema

democrático, esta debe ser delegada por la voluntad general

expresada por el pueblo, según Rousseau (1762). Pero para

que esto suceda así, todos los sujetos que componen ese pue-

Ensayos sobre Temas Constitucionales

303

blo soberano deben encontrarse en igualdad de condiciones,

teniendo cada uno la posibilidad tanto de delegar la represen-

tación como de asumirla. De ahí se desprenden dos elementos

esenciales para la existencia de un Estado democrático:

1ro. Soberanía popular: El poder pertenece al pueblo.

La soberanía popular expresa uno de los grandes ideales de la

democracia, debiendo entenderse por soberanía a un sistema

en el cual predomina el principio de que la voluntad es de la

mayoría pero que, a su vez, esta tiene los más amplios poderes

de acción.

Este elemento se justifica fundamentalmente en la idea

de que las decisiones pactadas por la comunidad, sin impor-

tar cuáles sean, serán adoptadas por ella misma; de modo que

se entiende que el pueblo actuará siempre en procura de su

bienestar. Esta idea consolida no solo el Estado democrático,

sino también el Estado de Derecho, ya que da legitimidad a las

normas adoptadas por la voluntad del pueblo.

2do. Igualdad como principio fundamental: No po-

dría hablarse de democracia si una voluntad particular pesara

más que otra, porque las decisiones no serían la expresión del

pueblo, sino que representarían la voluntad de determinados

sectores privilegiados; por tanto, un sistema democrático debe

siempre tener como pilar el principio de igualdad, así “La

voluntad particular no puede representar la voluntad general”.

Rousseau (1762).

En un sistema de gobierno como el dominicano, que

es democrático y representativo, según el artículo 4 de la

Constitución dominicana de 2015, el principio de igualdad

tiene distintos ámbitos de aplicación. Por un lado, cada ciu-

dadano dominicano tiene derecho a participar en la toma de

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

304

decisiones que se realizan de forma directa, por ello también

puede elegir a quienes le representarán, pero por otro lado,

el principio de igualdad también otorga el derecho a todo

ciudadano de participar en la elección para optar por ejer-

cer dicha representación, en la manera en que lo dispone la

Constitución.

Tal como lo expresa Bobbio (1998): “La igualdad política

dentro de una democracia significa que todas las personas que

pertenecen a una comunidad pueden participar en la formu-

lación de las normas jurídicas que rigen dentro de esa comu-

nidad y que todas ellas son igualmente elegibles para ocupar

los cargos públicos que se determinan por medio del sufragio

popular...”.

Es así como el carácter democrático de un Estado no pue-

de concebirse sin el principio de igualdad; no hay forma alguna

en que se pueda prescindir de uno sin que desaparezca el otro.

Siendo así, cualquier situación que menoscabe el derecho a la

igualdad política constituye un atentado hacia el carácter de-

mocrático de un Estado.

“Uno de los elementos más importantes de dicho principio es el

de la participación pública (...) de tal modo, que resulta in-

congruente con este modelo, la idea de sectores o grupos sociales

que, con exclusión de todo el resto de la sociedad, se arroguen

para sí mismos el manejo de los asuntos públicos, por el con-

trario, implica que en la medida de lo posible, cada una de

las personas tenga la posibilidad de contribuir en el manejo

de la «res publica». (...) Las autoridades públicas, siempre y

dentro de la medida de lo posible, deben promover y fomen-

tar la participación ciudadana en la toma de decisiones” (Sala

Constitucional de la Suprema Corte de Justicia, Costa Rica.

Sentencia 2003-03475).

Ensayos sobre Temas Constitucionales

305

De este criterio, reiterado por la Sala Constitucional de

la Suprema Corte de Justicia de Costa Rica, cuya constitu-

ción es de reconocida madurez respecto a la protección de los

derechos fundamentales, se evidencia la necesidad primordial

que guarda en un Estado la existencia y aseguración efectiva

de condiciones para la participación y el acceso de todos los

ciudadanos, sin distinción de raza, sexo, posición económica o

social, en condiciones de igualdad a los distintos cargos públi-

cos, para que un Estado pueda realmente estar fundado sobre

el principio democrático.

1.1.3 El Estado de Derecho

Antes de avanzar hasta el entendimiento de lo que es un

Estado de Derecho, hay que tener en claro lo que no es, y NO

ES el mero sometimiento de las actividades del Estado a lo que

se establece por ley, diferenciándose entonces del Estado legal;

este último no toma en cuenta la naturaleza de las normas a la

que está sujeto, pero tampoco las razones por las cuales esas

normas le son imponibles.

Un E stado de D erecho , más allá del somet imient o del po-

der al derecho, implica el gobierno de la razón plasmada en la

ley y no el gobierno de hombres, la obligación del gobernante de

proteger el derecho, la separación del poder, las libertades de los

ciudadanos, los derechos del hombre y el Estado constitucional.

Ese Estado de derecho, tal como se ha descrito, corres-

ponde un Estado racional, y con él se arraiga la concepción

de que los derechos humanos existen por la sola razón de ser

humanos; consecuentemente, estos derechos son anteriores a

la conformación misma del Estado, a cuya preservación este se

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

306

encuentra obligado. No se trata solo del aspecto formal relati-

vo a la sujeción a la ley, sino del aspecto material del Estado de

derecho, basado en una concepción de justicia.

Para que se establezca un Estado de Derecho se necesita,

aparte de la sujeción a las leyes, otros requisitos elementales

como la división de los poderes, una constitución como ley su-

prema y, accesorio a ello, ha nacido, en los estados modernos,

un sistema de Justicia Constitucional.

•

Sujeción a la ley: Este es el elemento insignia del Estado

de Derecho, mismo que exige que cada una de las actuaciones

del Estado estén sujetas a las leyes que componen el ordenamien-

to jurídico. Esto abarca tanto las acciones del gobierno como

las acciones realizadas por cualquier particular. Este elemento se

encuentra reforzado por un sistema judicial que permite ejercer

algún mecanismo de coacción para los casos en que alguna ac-

tuación se salga de lo ordenado por las leyes vigentes.

•

División de los poderes con un sistema de frenos y contra-

pesos: El Estado de Derecho debe estar dotado por un sistema

de gobierno que incluya limitaciones, ya que no es un Estado

absoluto. Esta división deberá asegurar el buen manejo del po-

der y prever la arbitrariedad.

•

Constitución como ley suprema: Otro elemento clave del

Estado de Derecho es un Estado Constitucional, en el sentido

de poseer una constitución formal, que limita y legitima al

poder Estatal. Se hace necesario para la edificación de un Es-

tado de Derecho un documento donde se organice el Estado

y que sirva tanto de parámetro como de fuente de las demás

normas establecidas en el ordenamiento jurídico. En tanto que

este debe ser un Estado racional y que procure el bienestar,

entonces deben establecerse parámetros mínimos, que deban

Ensayos sobre Temas Constitucionales

307

ser cumplidos por las demás normas para así asegurar la razo-

nabilidad de los actos.

•

Justicia Constitucional: Tal como lo establece

Brewer-Carías (2007), “La justicia constitucional es la culmi-

nación de la edificación del Estado de Derecho”, porque es lo

que refuerza el principio de supremacía de la Constitución y a

la vez, garantiza su cumplimiento. Por ello, la justicia Consti-

tucional es un elemento clave del Estado de Derecho.

1.2 Evolución del Estado social y democrático de

derecho.

Para il ustr ar acerc a d e cómo las ne cesi dades de la s disti n-

tas sociedades obligan a promover cambios, se presenta aquí un

análisis de los factores históricos que han dado lugar al surgi-

miento del actual Estado Constitucional, para así poder avanzar

hacia la presentación de las necesidades presentes en la actual so-

ciedad dominicana y la forma en que estas deberían influenciar

el futuro del Estado Social y Democrático de Derecho.

1.2.1 Estado de Derecho y Estado liberal; los

derechos frente al Estado.

El Estado de Derecho, que nace simultáneamente con el

Estado liberal, viene como una conquista de los pueblos frente

al absolutismo.

Es muy cierto que los estados se organizaron desde su

origen bajo normas de Derecho, pero no todos ellos habían

regido su actuación conforme a lo que hoy se reconoce como

un Estado de Derecho, sino que vivían bajo un Estado de le-

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

308

galidad, conceptos que como se explicara anteriormente, se

encuentran distanciados.

Diversos doctrinarios coinciden en que el origen de la no-

ción de Estado de Derecho se ubica a finales del siglo XVIII

con las ideas liberales resultantes esencialmente de las revolu-

ciones norteamericana y francesa. Esto es así pues antes de este

momento de la historia, se concibe lo que era un principio de

desigualdad (Bastidas, 2009), conforme al cual unos hombres,

por naturaleza, nacían para gobernar y otros, para ser goberna-

dos, para servir a sus gobernantes. En esta desigualdad extrema

se originan grandes luchas que propugnaban por la vigencia de

un principio de igualdad real.

En esa lucha contra la desigualdad, la percepción de la so-

ciedad cambia, criticando la idea de que unas personas hayan

nacido destinadas a gobernar a otras.

“El poder es algo artificial, un constructo social que requiere

de una justificación. De allí se produce como resultado, con

el tiempo, el cuestionamiento de la vocación divina del poder;

este deja de asumirse con advocaciones místicas y empieza a

asumirse como expresión de la humanidad, hasta que se entien-

de que es el colectivo social el que es capaz de organizarse y de

trazar su rumbo de vida” (Bastidas, 2009).

El poder deja de concebirse como una facultad divina y

se humaniza, y es partir de esa visión humanista que se confi-

guran límites determinados para el ejercicio del poder que están

regulados por el derecho positivo y que vincula, por vía de la

ley, a los jueces.

Ahora bien, la consolidación de ese estado de Derecho

se produce con el nacimiento de un sistema de justicia cons-

titucional a comienzos del siglo XIX, en el constitucionalis-

Ensayos sobre Temas Constitucionales

309

mo norteamericano cuando, en 1803 se configuró, a través de

sentencia, el control judicial o control difuso de constitucio-

nalidad por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos,

en el famoso caso Marbury vs Madison. Más tarde, en 1920

también se afianzó el Estado de Derecho con las ideas de Hans

Kelsen, que dan paso al surgimiento de un control concentrado

de constitucionalidad y la fundación de un Tribunal Constitu-

cional en Checoslovaquia y Austria.

En cuanto a la República Dominicana, esta es, desde sus

inicios, concebida como un Estado de Derecho, dado que

desde nuestra primera Constitución del 06 de noviembre del

1844 se establece la sujeción de las actuaciones del Estado al

derecho, una división entre los poderes del Estado, y un siste-

ma de control difuso de constitucionalidad.

1.2.2 El principio democrático en República

Dominicana

Tratando universalmente el origen del principio democrá-

tico, podría hacerse mención de Rosseau o de otros autores que

jugaran un importante papel para el desarrollo de la idea de

un sistema democrático, ideas que serían posteriormente plas-

madas por distintas constituciones. Sin embargo, en el caso de

República Dominicana, hacer referencia a un concreto mo-

mento histórico de nacimiento del principio democrático en

el Estado dominicano podría resultar impreciso, ya que la lucha

por la conquista de la democratización del Estado en República

Dominicana se ha dado de forma paulatina.

Muy a pesar de lo que nominalmente establecieran algu-

nas de nuestras anteriores constituciones respecto al carácter

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

310

democrático del Estado dominicano, no existían las condicio-

nes necesarias para establecer que la República Dominicana

estaba efectivamente regida por un principio democrático,

donde todas las manifestaciones del poder emanen de la vo-

luntad popular o donde se garantice la autenticidad de dicha

voluntad, es decir, que sea una verdadera expresión de lo que

persigue el pueblo.

A los fines de sentar el principio democrático en el Estado

dominicano, ha sido necesario propiciar considerables cambios

en nuestro esquema constitucional y legal, partiendo del an-

tiguo esquema contenido en la primera Constitución domi-

nicana del 6 de noviembre de 1844, demostrando a través

de estos cambios, cómo los factores institucionales juegan un

papel preponderante en la democratización de los pueblos.

Muy a pesar de los cambios que han sido promovidos en

el Estado dominicano, conducentes a la institucionalización

de la democracia, a nuestro juicio, esta meta no se ha alcan-

zado. Hacen falta diversos cambios para hablar de un sistema

verdaderamente democrático en República Dominicana.

Tal como habíamos expresado precedentemente, el ca-

rácter democrático de un Estado no puede concebirse sin el

principio de igualdad, y sin temor a errar, podemos asegurar

que el Estado dominicano NO PROTEGE LA IGUALDAD

POLÍTICA, pues en la actualidad no existen los presupuestos

legales ni institucionales para dar garantía al acceso igualita-

rio al poder; en un sistema donde se permite la presentación

de candidaturas políticas según la decisión de un grupo muy

cerrado de delegados de un partido político y no por voto de

los miembros que lo integran y a quienes se supone ese candi-

dato ha de representar; en un sistema donde no hay ni siquiera

Ensayos sobre Temas Constitucionales

311

políticas destinadas a propiciar la transparencia de los fondos

empleados por cada partido político para su propaganda, aquí

entonces no puede hablarse de igualdad política, y mucho me-

nos, de un verdadero Estado democrático.

1.2.3

Nacimiento del Estado Social; el Estado

frente a los derechos

El principio del Estado Social, tanto en República Domi-

nicana como universalmente, surge con posterioridad al prin-

cipio de Estado de Derecho y el Estado Democrático. Las cau-

sas históricas que dan lugar al surgimiento del carácter social

del Estado son diversas, todas inherentes al contexto histórico

en el que este surge, esto es, en el desarrollo pleno de las ideas

liberales, que como se sabe, procura la no intervención del

Estado, promoviendo el desarrollo individual como garantía

suficiente del bien común.

Sin embargo, la visión liberal del Estado había olvidado

la desigualdad natural en la que se encontraban unas personas

o grupos de personas con respecto a otras, de donde las causas

que dieron lugar al surgimiento del Estado Social podrían re-

sumirse de la manera siguiente:

a.

“El individuo es incapaz de satisfacer por sí solo o con

ayuda de su entorno social más inmediato, sus necesida-

des básicas

b.

Surgen riesgos sociales que no pueden ser enfrentados

por las vías tradicionales basadas en la responsabilidad

individual

c.

Se desarrolla la convicción social de que el Estado debe

asumir la responsabilidad de garantizar a todos los

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

312

ciudadanos un mínimo de bienestar; si el Estado no

cumpliera con esa obligación, se pondría en duda su

legitimidad” (Contreras, 1996).

Dada esta realidad, se presenta la necesidad de que surjan

políticas que procuren la garantía de los derechos a los sectores

menos agraciados, siendo así que el Estado social, como Estado

constitucional, comprende la consagración del derecho a inter-

vención del Estado, siendo a su vez esta la única vía para poder

dotar a las normas constitucionales de los presupuestos necesa-

rios para garantizar la eficacia práctica de los derechos sociales.

Capítulo 2. CAMINO A UN ESTADO MÁS

GARANTISTA: HACIA LA CONSOLIDACIÓN

DE UN VERDADERO ESTADO SOCIAL Y

DEMOCRÁTICO DE DERECHO

Tras lo argumentado en el capítulo anterior, se evidencia

que cada uno de los tres principios fundamentales objeto de

análisis no solo tienen un origen distinto, generado por situa-

ciones históricas muy particulares, sino que también constan

de sus propios presupuestos o elementos esenciales. A pesar

de todo ello, en nuestro actual esquema constitucional estos

se encuentran estrechamente vinculados, de forma que no se

concibe la existencia de unos sin la de otros.

Así, por ejemplo, no puede hablarse de un Estado de De-

recho sin un régimen democrático, donde es el pueblo quien

pacta las leyes y con ello le da su legitimidad, asegurando el

respeto a las normas, y garantizando efectivamente la supre-

Ensayos sobre Temas Constitucionales

313

macía de la Constitución. Pero tampoco es posible hablar de

un efectivo Estado de Derecho donde no hay un Estado Social

o un deber de protección por parte del Estado, pues sería un

Estado cuya labor se limitaría a reconocer derechos a través de

las normas y a crear utopías legales que no tendrían aplicabili-

dad práctica.

Por ello es indispensable que sea analizada la situación

actual de cada uno de los factores que determinan la existen-

cia de los principios fundamentales expresados en la cláusula

de Estado Social y Democrático de Derecho, para definir los

cambios necesarios en el porvenir. Para lograrlo, se identifi-

carán los aspectos más críticos en nuestra actual sociedad, los

que necesitan inmediata intervención por parte del Estado, pa-

sando luego a un enfoque propositivo, donde serán expuestas

algunas posibles soluciones para contrarrestar las situaciones

planteadas.

2.1

Necesidad de institucionalización del Estado

Social y Democrático de Derecho frente a los

grupos vulnerables.

La Constitución dominicana, en su artículo 8, estable-

ce como función esencial del Estado “La protección efectiva de

los derechos de la persona (…) de forma igualitaria, equitativa y

progresiva”. Ahora bien, un Estado Social, como dice ser Re-

pública Dominicana a través de su Constitución, es el que in-

terviene para garantizar que esa protección efectiva sea realmente

igualitaria, equitativa y progresiva, pero no solo porque así lo

indique su Constitución, sino porque en la práctica así sean

garantizados los derechos.

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

314

Volvemos a caer entonces en la necesidad de un presu-

puesto institucional para la existencia de un Estado Social

-donde se le asignen a los distintos poderes públicos responsa-

bilidades concretas, por tanto, de exigible cumplimiento, para

la garantización de los derechos; responsabilidades que tomen

en cuenta las desigualdades reales y las necesidades de protec-

ción particulares a los distintos grupos sociales-. Un Estado

Social no puede conformarse con la mención vacía del princi-

pio de igualdad; deben crearse las bases legales e institucionales

para que ello encuentre asiento en la realidad.

A continuación, se presenta la situación que viven dis-

tintos grupos vulnerables en la República Dominicana, y lo

alejada que se encuentra su realidad de los principios y dere-

chos consagrados en nuestro ordenamiento constitucional y

legal; disposiciones que no representan para ellos más que una

utopía.

2.1.1 Los discapacitados

La Organización Mundial de la Salud (2016) define la

discapacidad como “un término genérico que abarca deficien-

cias, limitaciones de la actividad y restricciones a la participa-

ción”, de modo que de su propia definición podemos decir

que estamos frente a un grupo con necesidades especiales de

protección.

Es por ello que la Constitución dominicana, en su artícu-

lo 58 dispone que: “El Estado promoverá, protegerá y asegurará

el goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales

de las personas con discapacidad, en condiciones de igualdad, (...)

adoptará las medidas positivas necesarias para propiciar su inte-

Ensayos sobre Temas Constitucionales

315

gración familiar, comunitaria, social, laboral, económica, cultu-

ral y política”.

A pesar de lo que expresan nuestro texto constitucional

y otras convenciones relativas a la protección e inclusión de

las personas discapacitadas, las investigaciones realizadas por

distintos organismos nacionales e internacionales acerca de la

condición real de los discapacitados en República Dominicana

ponen en evidencia lo alejada que se encuentra esta realidad de

lo establecido por nuestra Carta Magna.

Tal es el caso del estudio presentado por el Observatorio

para la implementación de la Convención sobre los Derechos

de las Personas con Discapacidad (OPCD) en el 2014, donde

se hace un estudio de los obstáculos existentes para lograr la

integración de las personas con discapacidad en los distintos

sectores.

Una de las áreas identificadas por este estudio que necesita

mayor atención es la inclusión de la persona discapacitada en

el sector educación, porque la imposibilidad para obtener for-

mación académica es muchas veces una de las causas que dan

origen a la dificultad de desarrollo independiente por parte de

la persona con discapacidad.

Estas exclusiones se evidencian en prácticas tales como el re-

chazo a niños y niñas en los niveles primarios de la educación

por el hecho de vivir con una discapacidad; la falta de diseños

arquitectónicos para el desplazamiento en los centros de en-

señanza públicos y privados; el reducido número de personas

educadoras que manejen el lenguaje de señas; así como la casi

nula implementación del sistema Braille (OPCD, 2014).

Y como si no fuera suficiente, la exclusión de las personas

discapacitadas trasciende al mercado laboral, reflejándose aquí

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

316

las dificultades que estos enfrentan para integrarse a la activi-

dad productiva del Estado.

“A pesar de que la mayoría se encuentra en edad para ser econó-

micamente productiva, se le excluye de la producción económi-

ca del país. La exclusión del mercado laboral formal genera que

muchas personas con discapacidad se incorporen en el mercado

informal o caigan en la mendicidad” (OPCD, 2014).

Hay que destacar que este rechazo al trabajador con algu-

na discapacidad no proviene exclusivamente de la negativa del

empleador de contratar a la persona discapacitada. La realidad

es que muchas veces, verdaderamente no puede contratarlo,

porque no existen las condiciones de infraestructura necesarias

para integrar a las personas con discapacidad en los puestos de

trabajo, simplemente porque no le son exigidas tales condicio-

nes.

“No existe actualmente un sistema de sanciones que penalice la

discriminación por motivos de discapacidad en todas las cues-

tiones relativas a cualquier forma de empleo (...) ni acciones

que busquen promover el empleo de personas con discapacidad

en el sector público y privado” (OPCD).

Hemos llegado a un punto donde vemos como héroes a

aquellas personas discapacitadas que, a pesar de su condición,

han podido continuar su vida con cierto grado de normalidad

con respecto a las personas no discapacitadas, y es que, de he-

cho, subsistir e integrarse a la sociedad dominicana teniendo

alguna discapacidad, es un acto heroico.

Si bien es cierto que un discapacitado podría acudir a la

protección jurisdiccional de su derecho a la igualdad o del de-

recho a la inclusión como persona discapacitada, no es menos

cierto que no se debe convertir en una responsabilidad exclu-

Ensayos sobre Temas Constitucionales

317

siva de la persona discapacitada, pues no es a ella a quien se le

debe delegar la función de hacer cumplir sus derechos ante la

jurisdicción, es a través de políticas que procuren la inclusión

de las personas discapacitadas, de la imposición de obligacio-

nes que se sometan a la vigilancia de un organismo estatal, para

asegurar que efectivamente sean cumplidas.

Es por ello que el Estado dominicano deberá avanzar ha-

cia la garantización de los derechos y la inclusión de las per-

sonas con discapacidad, pudiendo lograrse esto con distintas

medidas como:

•

Exigir condiciones de infraestructura que permitan a

las personas discapacitadas integrarse a los distintos

sectores como educación o el mercado laboral.

•

Concientizar a la sociedad acerca de las consecuen-

cias de la discriminación y del rechazo de las perso-

nas discapacitadas, a los fines promover una cultura

de inclusión.

•

Desarrollar un régimen de consecuencias efectivo

para el incumplimiento de las disposiciones que tie-

nen por objetivo proteger a las personas discapacita-

das.

•

Llevar a efecto políticas enfocadas a crear nuevas

fuentes de trabajo que permitan la participación de

las personas discapacitadas a través de instrumentos

como la tecnología.

•

Promover iniciativas específicas de formación profe-

sional para desarrollar las cualificaciones, destinadas

a integrar a la persona discapacitada a las actividades

productivas.

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

318

2.1.2

La niñez

Según lo dispuesto por la Constitución dominicana res-

pecto al niño, en su artículo 56 “La familia, la sociedad y el

Estado (...) tendrán la obligación de asistirles y protegerles para

garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de

sus derechos fundamentales”.

De donde nace la interrogante: ¿Qué tan efectiva es la ga-

rantía del “ejercicio pleno de sus derechos fundamentales” para

los niños, niñas y adolescentes en República Dominicana? La

respuesta a ello nos la proporciona el informe de UNICEF

(2016), titulado “Estado Mundial de la Infancia 2016: Una

oportunidad para cada niño”, donde se abunda acerca de los

desafíos pendientes de cara a la aseguración igualitaria de los

derechos de los niños en el país.

Uno de estos desafíos es el sector educativo, donde solo

un 69.7 % de los niños en condiciones económicas menos

favorables logra culminar el octavo grado, mientras que en sec-

tores más pudientes un 95.5 %. termina dicho grado.

Viendo esto y tomando en cuenta que según lo estableci-

do por el artículo 63 de la Constitución, “El Estado garantiza

la educación pública gratuita y la declara obligatoria en el ni-

vel inicial, básico y medio”, está claro que no hay una garantía

igualitaria del derecho a la educación entre los niños de recur-

sos más bajos, con respecto los de un mayor poder adquisitivo.

Una situación similar se presenta respecto al trabajo in-

fantil, mismo que según este informe de la UNICEF,

“Es más elevado en los niños y niñas que viven en zonas urba-

nas que en zonas rurales. Los niños más pobres son también los

más explotados. El trabajo infantil es tres veces mayor entre los

Ensayos sobre Temas Constitucionales

319

niños de hogares del quintil más pobre (20.2 %) que entre los

de los hogares del quintil más rico (7.4 %) (UNICEF, 2016).

De donde es obligación del Estado subsanar la grave des-

igualdad que existe respecto a la aseguración de los derechos,

tomando en cuenta no solo mantener o incrementar la oferta

de educación u otros servicios públicos, sino también trabajan-

do en las causas por las que los niños de escasos recursos tienen

mayor dificultad para acceder a estos servicios.

2.1.3

Los envejecientes

Otro grupo que genera interés, por la condición de vulne-

rabilidad en que se encuentra, es el de los envejecientes o perso-

nas de la tercera edad. La protección a este grupo en República

Dominicana es de interés constitucional, al establecerse, en el

artículo 57, que “La familia, la sociedad y el Estado concurrirán

para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad

y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El

Estado garantizará los servicios de la seguridad social integral y el

subsidio alimentario en caso de indigencia”.

Esta, otra fantasía que no ha trascendido más allá de la

imaginación y la buena intención del constituyente, ya que en

República Dominicana, el escenario para aquellos que llegan a

la tercera edad no se torna tan optimista, mucho menos cuan-

do se trata de personas con recursos económicos muy limita-

dos, pues a pesar de lo que al respecto pueda disponer nuestra

Constitución, sus derechos son continuamente vulnerados.

“Y es que llegar a la vejez sin una pensión digna, sin seguro

médico y mucho menos beneficios sociales, es “el pan nuestro de

cada día” de miles de envejecientes desamparados por el Estado,

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

320

el mismo que ha creado políticas para beneficios de estos, pero

que muy pocas veces se cumplen” (Periódico HOY, 2015).

Ahora bien, no hacen falta datos estadísticos ni un estudio

muy exhaustivo para darse cuenta de las condiciones deplorables

en que vive una gran cantidad de envejecientes en República

Dominicana; basta con una vista superficial a las principales

avenidas, donde se observan ancianos mendigando, indefensos,

expuestos a toda clase de peligros, dada la imposibilidad de sa-

tisfacer sus necesidades más básicas por otras vías.

Concluimos así en que para avanzar hacia la garantización

de derechos tan fundamentales como salud, alimentación o

vivienda a las personas de tercera edad se necesitan cambios

inmediatos, como:

•

Un reenfoque de la inversión destinada al desarrollo

de políticas sociales en el país, que permita destinar

los recursos financieros necesarios a programas de

protección, inclusión y garantía del resto de Dere-

chos Fundamentales a la población envejeciente de

República Dominicana.

•

Trabajo del Gobierno en coordinación con distintas

ONG para el desarrollo de programas de concienti-

zación al resto de la población acerca de la necesidad

de brindar protección a las personas envejecientes.

•

Un cambio de cultura respecto al derecho de las per-

sonas mayores a la participación social, formando

organizaciones de diversa índole.

•

Restructuración del sistema de salud y de seguridad

social, que permitan a las personas mayores acceder

verdaderamente a los servicios de salud.

Ensayos sobre Temas Constitucionales

321

2.2 Inmigrantes haitianos

El caso discriminación más palpable y crítico en la Repú-

blica Dominica lo representa la situación de los inmigrantes

haitianos. De manera general, la Coalición por los Derechos

de las Personas Migrantes (CPDM), a través del informe titu-

lado “Derechos de las personas Migrantes en República Do-

minicana” presenta algunas conductas registradas respecto al

tratamiento a las personas migrantes haitianas, como:

“Actos de violencia, incendios en los hogares, intimidaciones,

detenciones arbitrarias en calles o en lugares de trabajo, en-

carcelamiento arbitrario, violaciones de residencias, repatria-

ciones colectivas, separaciones de familias, obstrucción en el

acceso a la justicia, prohibición de la recuperación de bienes,

sueldos o efectos personales; explotación laboral, trata y tráfico

de personas y menores; todo esto en un contexto de discrimi-

nación por parte de agentes del Estado y sectores de la pobla-

ción dominicana, como un elemento de prejuicio” (CPDM,

2015).

De seguro leer acerca de estas conductas no resulta para

nada sorpresivo desde la óptica de un dominicano, dado que

esto es precisamente lo más dramático de la situación con los

inmigrantes haitianos, el hecho de que no se trata de ataques

aislados, sino de una concepción generalizada y profundamen-

te arraigada en la sociedad dominicana, la de concebir al nacio-

nal haitiano como una persona de menos valor.

En la República Dominicana existe un contexto de dis-

criminación estructural hacia dominicanos de origen haitiano

y migrantes extranjeros haitianos. Esta situación se demuestra

en la existencia de prácticas generalizadas en todo el territo-

rio, sistemáticas cada cierto tiempo, dirigidos hacia el mismo

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

322

grupo de personas antes indicadas, en diferentes violaciones a

derechos humanos.

Si bien es cierto que el conflicto entre las naciones haitia-

na y dominicana tiene un matiz histórico social muy vivo, que

por lo pronto, no les permite convivir de forma totalmente

armónica, sin embargo, no es posible que esta sea razón sufi-

ciente para justificar el maltrato y las groseras violaciones de

derechos realizadas a los inmigrantes haitianos por parte de los

dominicanos.

En otras ocasiones, estas violaciones son defendidas por

un discurso nacionalista, pero hay que saber que al margen

de lo que pueda concernir a la política migratoria del Estado

dominicano, no se puede esconder la realidad, y esta es que la

sociedad dominicana no se siente moralmente obligada a reco-

nocer a los inmigrantes haitianos como lo que son, un grupo

social sensible, con necesidad de protección.

Y ni siquiera estamos discutiendo el reconocimiento de la

nacionalidad, estamos hablando de que no le son garantizados

derechos más esenciales como la dignidad humana, el dere-

cho a la igualdad, seguridad e integridad personal, derecho a

la seguridad social... Derechos que deberían asegurarse a toda

persona, sin embargo, hace mucho dejamos de ver a los inmi-

grantes haitianos como personas.

En el porvenir, el Estado dominicano tiene una gran la-

bor, de cara a la concientización del ciudadano dominicano,

misma que debe tratar el problema de rechazo a los haitianos

como un fenómeno sociocultural profundamente arraigado,

pero que amerita una solución.

Ensayos sobre Temas Constitucionales

323

Conclusiones

En el paso del Estado clásico o absolutista al liberalismo,

se concibe a la ley, como el marco de referencia para la orde-

nación jurídica del poder. Con ello se logró imponer límites

al ejercicio del poder político. En el Estado liberal prima la

protección de las llamadas libertades contra el Estado, y estas

libertades son concebidas como la ausencia de interferencia

del Estado en la autonomía de la persona; la única igualdad

protegida es la igualdad formal ante la ley. En este Estado nace

la democracia que es aquí entendida, ante todo, como un pro-

cedimiento que limita la arbitrariedad del poder para asegurar

los derechos de las personas.

Pero es con el nacimiento de la idea de que el principio

democrático y de derecho debían estar asegurados por la idea

de un Estado social, o sea, con el surgimiento del Estado So-

cial y Democrático de Derecho que hoy conocemos, se busca

la vigencia de un principio de igualdad y justicia no solo en lo

formal, sino en lo material. Para lograr este objetivo, el Estado

dominicano debe avanzar hacia la aseguración de derechos que

en la actualidad se encuentran desprotegidos.

La República Dominicana deberá perfilarse hacia un Es-

tado más garantista. Crear las bases institucionales para la pre-

servación y consolidación del Estado Social y Democrático de

Derecho. Se deberán enfocar todos los esfuerzos del Estado

para dar solución a las problemáticas planteadas, logrando así:

• Crear condiciones de equidad real y alcance igua-

litario de los derechos fundamentales, una vez

sean atendidas las necesidades de los distintos

grupos vulnerables.

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

324

•

Asegurar la inclusión de sectores como la mujer, los

niños, discapacitados y envejecientes a las activida-

des estatales.

•

Cambiar la visión de la sociedad respecto de los in-

migrantes, sensibilizando acerca de la condición de

vulnerabilidad en que estos se encuentran.

•

Promover un cambio en la sociedad dominicana

hacia una cultura constitucional, consolidando una

base axiológica que conciba la necesidad de protec-

ción especial de distintos sectores para una efectiva

garantización de sus derechos.

Estas son solo algunas de las variaciones necesarias en

nuestro Estado, las que fueron elegidas por ser consideradas

como situaciones críticas y necesitadas de intervención inme-

diata. Sin embargo, no se puede dejar de mencionar que hay

otras problemáticas que aquejan el actual Estado, en procura

de las cuales debe producirse su evolución, como la falta de

institucionalidad, la decadencia del sistema de frenos y contra-

pesos entre los poderes que conforman el gobierno, la corrup-

ción administrativa, los alcances pendientes de cara a la insti-

tucionalización de la democracia, entre otros. Estos resultan

temas sensibles, cuyo tratamiento es también indispensable, si

se quiere hablar de la consolidación del Estado Social y Demo-

crático de Derecho.

Ensayos sobre Temas Constitucionales

325

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