Reforma del 17 de mayo de 1880

• Páginas: 431-459

Dios, Patria y Libertad.—República Dominicana.— La Convención

Nacional, bajo la invocación del Supremo Autor y Legislador del

Universo y por autoridad del pueblo dominicano, declara en su

fuerza y vigor la Constitución revisada por el Congreso Nacional

de 1879, con las modicaciones contenidas en el presente.

TÍTULO I

SECCIÓN I

DE LA NACIÓN Y SU GOBIERNO

Artículo 1°. La Nación Dominicana es la reunión de todos los

dominicanos asociados bajo un mismo Pacto político.

Artículo 2°. Su Gobierno es esencialmente civil, republicano,

democrático, representativo, alternativo y responsable, y para

su ejercicio se divide en Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Estos Poderes son independientes y sus encargados no pueden

salir de los límites que es ja la Constitución.

SECCIÓN II

DEL TERRITORIO

Artículo 3°. El territorio de la República es y será inajenable, y

sus límites comprenden todo lo que antes se denominaba “parte

española de la isla de Santo Domingo” y sus islas adyacentes.

Estos límites son los mismos que en 1793 la dividían por el lado

de Occidente de la parte francesa, estipulados en el tratado de

Aranjuez rmado el 3 de Junio de 1777.

Artículo 4°. Para su mejor administración, el territorio de la

República Dominicana se divide en provincias y distritos. Las

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primeras son: Santo Domingo, Azua, Seibo, Santiago y La Vega.

Los distritos son: Puerto Plata, Samaná y Monte Cristi.

§ Podrán erigirse nuevas provincias y distritos.

Artículo 5°. Una ley determinará los límites de las provincias y

distritos, así como también su división en comunes y cantones.

Artículo 6°. La ciudad de Santo Domingo es la Capital de la

República y el asiento del Gobierno.

TÍTULO II

DE LOS DOMINICANOS

Artículo 7°. Son dominicanos:

1° Todas las personas que hayan nacido o nacieren en el

territorio de la República, cualquiera que sea la nacionalidad

de sus padres.

2° Los hijos de padres o madres dominicanos que hayan nacido

en otro territorio, si vinieren y se domiciliaren en el país.

3° Todos los hijos de las Repúblicas hispano-americanas, y los

de las vecinas Antillas españolas que vengan a residir en la

República y quieran gozar de esta cualidad.

4° Todos los naturalizados según las leyes.

5° Todos los extranjeros de cualquiera nación amiga, siempre

que jen su domicilio en el territorio de las Repúblicas, declaren

querer gozar esta cualidad; tengan dos años de residencia a lo

menos, y renuncien expresamente su nacionalidad ante quien

sea de derecho.

§ Para los efectos de este artículo, no se considerarán como

nacidos en el territorio de la República los hijos legítimos de los

extranjeros que residan en ella en representación o servicio de

su patria.

Artículo 8°. A ningún dominicano se le reconocerá otra

nacionalidad sino la dominicana, mientras resida en la

República.

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Artículo 9°. Todos los dominicanos tienen el deber de servir a

la patria, conforme lo dispongan las leyes; haciendo el sacricio

de sus bienes y de la vida, si necesario fuere, para defenderla.

Artículo 10. La ley determinará los derechos que correspondan

a la condición de extranjero.

TÍTULO III

GARANTÍAS DE LOS DOMINICANOS

Artículo 11. La nación garantiza a los dominicanos:

1° La abolición de la pena de muerte por causas políticas.

§ Los crímenes cometidos so pretexto de un movimiento

político, como los de incendio, pillaje y asesinato, son crímenes

comunes, y sus perpetradores y cómplices serán, como tales,

castigados conforme a la ley.

2° La libertad del pensamiento, expresado de palabra o por

medio la prensa, sin restricción alguna.

3° La propiedad con todos sus derechos; esta solo estará sujeta

a las contribuciones decretadas por la autoridad legislativa, a la

decisión judicial, y a ser tomada por causa de utilidad pública,

previa indemnización y juicio contradictorio.

4° La inviolabilidad y secreto de la correspondencia y demás

papeles.

5° El hogar doméstico, que no podrá ser allanado sino para

impedir la perpetración de un delito y con arreglo a la ley.

6° La libertad personal; y por ella:

1° Queda proscrita para siempre la esclavitud;

2° Son libres los esclavos que pisen el territorio de la República.

3° Todos los ciudadanos tienen el derecho de hacer y ejecutar lo

que no perjudique a otro.

7° La libertad de sufragio en las elecciones populares, sin más

restricción que la menor edad de diez y ocho años.

8° La libertad de industria.

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9° La propiedad de los descubrimientos, producciones

cientícas, artísticas y literarias.

10. La libertad de reunión y asociación, sin armas, pública y

privadamente.

11. La libertad de petición y el derecho de obtener resolución.

Aquella podrá ser ante cualquier funcionario, autoridad o

corporación. Si la petición fuere de varios, los cinco primeros

responderán de la autenticidad de las rmas, y todos de la

verdad de los hechos.

12. La libertad de enseñanza, que será protegida en toda

su extensión. El Gobierno queda obligado a establecer

gratuitamente la educación primaria y de artes y ocios.

13. La tolerancia de cultos. La religión católica, apostólica, y

romana es la religión del Estado. Los demás cultos se ejercerán

libremente en sus respectivos templos.

14. La seguridad individual; y por ella:

1° Ningún dominicano podrá ser preso ni arrestado en apremio

por deuda que no provenga de fraude o delito;

2° Ni ser obligado a recibir en su casa militares en clase de

alojados o acuartelados.

3° Ni ser juzgado por tribunales ni comisiones especiales, sino

por sus jueces naturales, y en virtud de leyes dictadas antes del

delito o acción que debe juzgarse;

4° Ni ser preso, ni arrestado sin que preceda orden escrita del

funcionario que decrete la prisión, con expresión del delito que

le cause, a menos que sea cogido infraganti

5° A todo preso se le incomunicará la causa de su prisión, y

se le tomará declaración a más tardar a las 48 horas después

de habérsele privado de la libertad; y a ninguno se le puede

tener incomunicado por más tiempo que aquél que el juez

de instrucción crea indispensable para que no se impida la

averiguación del delito; tampoco podrá tenérsele en prisión por

más tiempo que el que la ley determine.

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6° Ni ser condenado a sufrir ninguna pena en materia criminal,

sino después que haya sido oído y convencido legalmente.

15. La igualdad; en virtud de la cual:

1° Todos deben ser juzgados por unas mismas leyes, y sometidos

a unos mismos deberes y contribuciones.

2°. No se concederá títulos de nobleza, honores y distinciones

hereditarias.

3° No se dará otro tratamiento ocial a los empleados, que el de

ciudadano y usted.

Artículo 12. Los que expidieren, rmaren y ejecutaren o mandaren

a ejecutar órdenes, decretos y resoluciones que violen o infrinjan

cualquiera de las garantías acordadas a los dominicanos, son

culpables y deben ser castigados conforme lo determina la ley.

§ Todo ciudadano es hábil para acusarles.

TÍTULO IV

DE LA CIUDADANÍA

Artículo 13. Todos los dominicanos que estén en el goce de

los derechos de ciudadano, pueden elegir y ser elegidos para

desempeñar los destinos públicos, siempre que tengan las

cualidades requeridas por la ley.

Artículo 14. Para gozar de los derechos de ciudadano se requiere:

1° Ser dominicano.

2° Ser casado o mayor de diez y ocho años.

Artículo 15. Los derechos de ciudadano se pierden:

1ª Por servir, o comprometerse a servir contra la República.

2ª Por haber sido condenado a pena corporal a consecuencia de

delitos comunes.

3ª Por admitir en territorio dominicano empleo de un Gobierno

extranjero, sin consentimiento del Congreso Nacional.

4ª Por quiebra comercial fraudulenta.

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Artículo 16. Pueden obtener rehabilitación en estos derechos,

aquellos dominicanos que no los hayan perdido por la causa

determinada en el primer inciso del artículo precedente.

TÍTULO V

DE LA SOBERANÍA

Artículo 17. Solo el pueblo es soberano.

TÍTULO VI

SECCIÓN I

DEL PODER LEGISLATIVO

Artículo 18. El poder Legislativo se ejerce por un Congreso,

compuesto de diez y seis diputados, elegidos por voto directo

a razón de dos por cada provincia y dos por cada distrito. El

cargo de diputado se ejercerá por dos años. Estos se renovarán

íntegramente y podrán ser reelectos.

§ 1° El cargo de diputado es incompatible, durante las sesiones,

con el ejercicio de cualquier otro empleo público.

§ 2° No podrán ser diputados: el presidente de la República, los

secretarios de Estado, el presidente, ministros y scal de la Suprema

Corte de Justicia, ni los gobernadores de provincia y distrito.

Artículo 19. A más de estos diputados, se nombrará igual

número de suplentes, elegidos del mismo modo que aquellos,

para que los reemplacen en caso de muerte, renuncia, destitución

o inhabilitación.

§ Los suplentes reemplazarán a los diputados de respectivas

provincias o distritos, en el orden que les señale el número de

votos que hayan obtenido.

Artículo 20. Para ser diputado se requiere:

1° Ser dominicano en el pleno goce de los derechos civiles y

políticos.

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2° Tener a lo menos veinte y un años de edad.

3° Ser natural de la provincia o distrito que le elija, o residir allí

o haber residido un año.

§ En el caso de que una provincia o distrito quede sin

representación, el Congreso, sin ceñirse a este último requisito,

procederá a reemplazar a sus diputados respectivos.

Artículo 21. El Congreso se reunirá de pleno derecho el 27 de

Febrero de cada año, y se instalará cuando estén presentes las

dos terceras partes de sus miembros. Sus sesiones durarán

noventa días, y podrán prorrogarse por treinta más a

pedimento del poder Ejecutivo, o por disposición del mismo

Congreso.

§ En circunstancias extraordinarias, el poder Legislativo podrá

decretar su reunión en cualquier otro punto de la República, o

su traslación a él si se hubiere reunido ya en la Capital.

Artículo 22. El Congreso no podrá constituirse sin que estén

presentes las dos terceras partes de sus miembros. Para

todo acuerdo, concerniente a las leyes y demás asuntos de

importancia, harán mayoría las dos terceras partes de los

miembros presentes.

Artículo 23. Las sesiones serán pública, y solo podrán ser

secretas cuando lo acuerde el Congreso.

Artículo 24. Los miembros del Congreso son irresponsables por

las opiniones que maniesten en el ejercicio de sus funciones,

sin que jamás puedan ser por ellas procesados ni molestados.

Tampoco pueden ser arrestados ni detenidos sino por crímenes

para cuyo castigo esté impuesta pena aictiva, previa autorización

del Congreso, a quien se dará cuenta con la información sumaria

del hecho. En los demás casos en que los diputados cometieren

un delito que merezca otra pena corporal, seguirá el juez la

información sumaria, no pudiendo proceder al arresto del

culpable hasta tanto que recaiga sentencia en último recurso.

Artículo 25. Es atributivo del Congreso:

1° Examinar las actas de elección del presidente de la República,

computar los votos, perfeccionar la elección que resulte del

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escrutinio electoral, proclamarle, recibirle juramento, y en su

caso admitirle su renuncia.

2° Nombrar los magistrados de la Suprema Corte de justicia, y

admitirles la renuncia que le hicieren.

3° Nombrar igualmente los miembros de la Cámara de Cuentas,

y admitirles su renuncia.

4° Decretar en estado de acusación a sus propios miembros,

al presidente de la República, a los secretarios de Estado,

magistrados de la Suprema Corte de Justicia, cuando sean

acusados legalmente y halle fundada dicha acusación.

5° Establecer los impuestos y contribuciones generales.

6° Decretar los gastos públicos con vista de los datos que le

presente el poder Ejecutivo.

7° Votar, antes de cerrar sus sesiones, la ley anual de

presupuestos. Cuando por cualquier motivo deje de votarse el

presupuesto correspondiente a un período scal, continuará

rigiendo el último votado.

8° Aprobar o desaprobar, con vista del informe de la Cámara de

Cuentas, la recaudación e inversión de las rentas públicas que

debe presentarle anualmente el poder Ejecutivo.

9° Decretar la legislación civil y criminal, modicarla y

reformarla.

10. Decretar lo conveniente para la conservación, administración,

fructicación y enajenación de los bienes nacionales.

11. Decretar la contratación de empréstitos sobre el crédito de

la nación. Ninguno será votado sin la previa declaratoria de ser

de utilidad pública.

12. Determinar y uniformar el valor, peso, cuño, tipo, ley y

nombre de la moneda nacional, y resolver sobre la admisión

de la extranjera. En ningún caso la nacional llevará el busto de

persona alguna.

13. Fijar y uniformar el tipo de las pesas y medidas.

14. Crear o suprimir los empleos públicos no determinados por

la Constitución, señalarles sueldos, disminuirlos o aumentarlos.

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15. Interpretar las leyes y decretos, y, en caso de duda u

oscuridad, suspenderlos o revocarlos.

16. Decretar la guerra ofensiva, en vista de las causas que le

presente el poder Ejecutivo, y requerirle para que negocie la paz

cuando lo crea necesario.

17. Dar o negar su consentimiento a los tratados de paz,

de alianza, de amistad, de neutralidad, de comercio, y a

cualesquiera otros que celebre el poder Ejecutivo. Ninguno

tendrá efecto sino en virtud de su aprobación.

18. Promover la instrucción pública, el progreso de las ciencias,

de las artes, de establecimientos de utilidad común y, cuando

lo juzgue oportuno, decretar que la enseñanza elemental sea

obligatoria, y exigir cuenta circunstanciada y anualmente al

poder Ejecutivo del estado de los establecimientos de Instrucción

públicos y privados.

19. Conceder indultos y amnistías generales o particulares.

20. Decretar el estado de sitio, y suspender por tiempo limitado

las garantías 2ª, 4ª y 10ª del artículo 11º y los números 4° y

5° de la 14ª garantía del mismo artículo que dicen así: 2ª La

libertad del pensamiento expresado de palabra o por medio

de la prensa, sin restricción alguna, 4ª La inviolabilidad y

secreto de la correspondencia y demás papeles; 10ª La libertad

de reunión y asociación sin armas, pública y privadamente;

4° Ni ser preso ni arrestado sin que preceda orden escrita del

funcionario que decrete la prisión, con expresión del delito que

la cause, a menos que sea cogido infraganti; 5° A todo preso se

le comunicará la causa de su prisión, y se le tomará declaración

a más tardar a las 48 horas después de habérsele privado de la

libertad; a ninguno se le puede tener incomunicado por más

tiempo que aquel que el juez de instrucción crea indispensable

para que no se impida la averiguación del delito; tampoco

podrá tenérsele en prisión más tiempo que el que la ley

determine.

21. Reglamentar todo lo relativo a las aduanas, cuyas rentas

formarán el tesoro de la República, lo mismo que las demás que

se decreten.

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22. Poner a sus miembros en estado de acusación por crímenes

contra la seguridad del Estado.

23. Dirimir denitivamente las diferencias que puedan

suscitarse entre dos o más provincias o distritos, entre estos y

las comunes, o los Ayuntamientos entre sí.

24. Decretar todo lo relativo a los deslindes de las provincias,

distritos, comunes y cantones.

25. Decretar todo lo relativo al comercio marítimo y terrestre, y

al de lagos y ríos.

26. Decretar cuanto tenga relación con la apertura de las grandes

vías, concesiones de ferrocarriles, apertura de canales, empresas

telegrácas y navegación de ríos.

27. Determinar lo conveniente sobre la formación periódica de

la estadística general de la República.

28. Decretar todo lo relativo a inmigración.

29. Decretar la erección de nuevas provincias y distritos, así

como de comunes y cantones.

30. Decretar la creación de tribunales y juzgados en los lugares

en que no se hayan establecido por esta Constitución, y la

supresión de ellos cuando fuere necesario.

31. Decretar la movilización y servicio de las guardias nacionales.

32. Enviar al Ejecutivo una terna de sacerdotes aptos para los

arzobispados y obispados vacantes en la República, mientras

tanto que un concordato no modique la manera de hacer

esta presentación, a n de que el poder Ejecutivo la proponga

a la Santa Sede del modo más conveniente. Esta terna no

podrá formarse sino de sacerdotes que sean dominicanos de

nacimiento u origen y que residan en la República.

33. Determinar sobre lo concerniente a la deuda nacional.

34. Cuando las provincias o distritos por órgano de sus

Ayuntamientos soliciten establecer en su respectivo territorio

legislaturas locales, decretar, silo juzgase conveniente, la

creación de éstas, y darles sus atribuciones por medio de una

ley especial.

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35. Decretar la reforma de la Constitución del Estado en la forma

y manera que ella previene.

36. Aprobar o desaprobar las concesiones que hagan el poder

Ejecutivo o los Ayuntamientos, siempre que afecten rentas

generales o comunales. Aprobar o desaprobar los arbitrios

municipales que tengan carácter de impuestos no establecidos

por la ley.

37. Decretar, en circunstancias excepcionales y apremiantes, la

traslación del gobierno a otro lugar.

38. Determinar sobre todo lo relativo a la habilitación de los

puertos y costas marítimas.

39. Fijar anualmente el pié de ejército permanente en la

República, y dictar las ordenanzas de la fuerza armada de mar

y tierra.

40. Expedir la ley electoral para Presidente y demás funcionarios

de elección popular en la República.

41. Dictar las leyes de responsabilidad de todos los empleados

por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.

42. Determinar la manera de conceder grados o ascensos

militares.

43. Dictar los reglamentos que deben observarse en las sesiones

o debates.

44. Expedir todas las leyes que sean necesarias para la buena

marcha y administración de la República.

45. Interpelar a los secretarios de Estado sobre todos los asuntos

de interés público.

46. Examinar al n de cada período Constitucional, los actos

administrativos del poder Ejecutivo, y aprobarlos si fueren

conformes a la Constitución y a las leyes; y en caso contrario

desaprobarlos y, si ha lugar, decretar la acusación de sus

miembros individual o colectivamente.

Artículo 26. El Congreso podrá conocer y resolver en todo

negocio que no sea de la competencia de otro Poder del Estado,

o contrario al texto Constitucional.

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SECCIÓN II

DE LA FORMACIÓN DE LAS LEYES

Artículo 27. Tienen derecho de iniciativa en la formación de las

leyes.

1° El Congreso, a propuesta de uno o más de sus miembros.

2° El poder Ejecutivo.

3° La Suprema Corte de Justicia en asuntos judiciales.

Artículo 28. Todo proyecto de ley o decreto, tomado en

consideración por el Congreso, se someterá a tres discusiones

distintas, con intervalo de un día por lo menos entre una y otra

discusión.

§ En caso que el proyecto de ley o decreto fuere declarado de

urgencia, podrá ser discutido en tres sesiones consecutivas,

aunque no haya entre una y otra el día de intervalo indicado.

Artículo 29. Los proyectos de leyes y decretos que no hayan sido

tomados en consideración por el Congreso, no podrán volver a

proponerse hasta la siguiente reunión ordinaria; sin embargo,

alguno o muchos de sus artículos podrán formar parte de otros

proyectos.

Artículo 30. Ningún proyecto de ley o decreto, aprobado por el

Congreso, tendrá fuerza de ley, mientras no sea promulgado por

el poder Ejecutivo. Este, si no le hiciere observaciones lo mandará

publicar y ejecutar como ley; pero si hallare inconvenientes para

su ejecución, lo devolverá con sus observaciones al Congreso en

el preciso término de ocho días a contar de la fecha en que se le

remita.

Artículo 31. Cuando el poder Ejecutivo tenga que hacer

observaciones a las leyes y decretos declarados de urgencia por

el Congreso, las hará en el término de tres días, y en el caso

contrario, los mandará publicar en el mismo tiempo sin discutir

la urgencia.

Artículo 32. Si el Congreso encontrase fundadas las

observaciones del poder Ejecutivo, reformará el proyecto o lo

archivará, dado el caso que aquellas versaren sobre la totalidad

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de él; mas si a juicio de las dos terceras partes de los miembros

presentes no las hallare fundadas, enviará de nuevo al poder

Ejecutivo la ley o decreto para su promulgación, sin que pueda

por ningún motivo negarse a hacerlo en este caso.

Artículo 33. No podrá hacerse ninguna ley contraria al espíritu

ni a la letra de la Constitución. En caso de duda, el texto de esta

debe siempre prevalecer.

Artículo 34. La ley que reforme otra se redactará íntegramente,

y se derogará la anterior en todas sus partes; exceptuándose

de esta disposición las que formen parte en un cuerpo de

Códigos.

Artículo 35. Las leyes no estarán en observancia sino después

de publicadas con la solemnidad que se establezca.

§ Tampoco tendrán fuerza de ley mientras no sean promulgadas

en el periódico ocial, las concesiones otorgadas por el poder

Ejecutivo y aprobadas por el Congreso.

Artículo 36. Las leyes no tienen efecto retroactivo.

Artículo 37. En todas las leyes se usará de esta fórmula: “El

Congreso Nacional, en nombre de la República, decreta”.

TÍTULO VII

SECCIÓN I

DEL PODER EJECUTIVO

Artículo 38. El poder Ejecutivo se ejerce por el presidente

de la República en unión de los secretarios de Estado en los

respectivos Despachos, como sus órganos inmediatos.

Artículo 39. El presidente de la República es el jefe nato de la

administración general, y no tiene más facultades que las que

expresamente le coneren la Constitución y las leyes.

Artículo 40. Para ser presidente de la República se requiere:

1° Ser dominicano de nacimiento u origen y residir en la

República.

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2° Tener por lo menos treinta años de edad.

3° Estar en el goce de los derechos civiles y políticos.

Artículo 41. La elección de Presidente se hará por el voto directo

y secreto de los pueblos.

Artículo 42. Las actas de elección serán remitidas, cerradas y

selladas, a la Capital de la República, y dirigidas al presidente

del Congreso, quien las abrirá en sesión pública a n de que

aquel alto cuerpo verique y compute los votos. Si veinte días

después del último señalado para la elección no se hubieren

recibido todas las actas electorales, podrá efectuarse el escrutinio

con las que se hallen en poder del Congreso, siempre que no

bajen de las dos terceras partes.

Artículo 43. Llegado el caso de elección según el artículo anterior,

se declarará electo Presidente de la República al que tenga la

mayoría absoluta de votos. Sin ninguno la tuviere, escogerá el

Congreso entre los dos que hubieren obtenido mayor número,

y procederá por votación secreta a la elección entre ellos, sin

que ningún diputado pueda eximir de votar sí o no; y declarará

electo al que tuviere la mayoría absoluta del mismo Congreso.

En el Caso de empate decidirá la suerte.

§ Durante el escrutinio, no podrá retirarse de la sesión ninguno

de los miembros concurrentes.

Artículo 44. El presidente de la República durará en sus

funciones dos años, a contar del día en que tome posesión de

su cargo; pudiendo ser reelecto únicamente para el periodo

inmediato.

Artículo 45. Tres meses antes de cumplirse el período a que

se reere el artículo anterior, el poder Ejecutivo convocará las

Asambleas electorales para la elección del presidente que deba

sustituir al que entonces se halle en ejercicio.

Artículo 46. El presidente de la República percibirá el sueldo de

doce mil pesos anuales.

Artículo 47. En caso de muerte, inhabilitación, renuncia

o impedimento temporal del presidente, ejercerá el poder

Ejecutivo el Consejo de secretarios de Estado. Este, en los tres

Reforma del 17 de mayo de 1880 | 445

primeros casos de muerte, inhabilitación o renuncia, convocará

dentro de cuarenta y ocho horas a las Asambleas Electorales y

al Congreso, a n de que se reúnan las primeras en el término

de treinta días, y procedan a nombrar el primer Magistrado de

la Nación para un nuevo período, y el Congreso tiene el voto

del § 1º del artículo 25 de esta Constitución.

Artículo 48. En el caso de acusación del presidente de

la República, si el Congreso ha declarado que ha lugar a

formación de causa, y la mayoría del Ministerio resultare

también culpada, el presidente de la Suprema Corte

de Justicia ejercerá la presidencia de la República. Este

Ejecutivo continuará en el ejercicio del período presidencial,

ínterin se ventile el proceso, si faltasen más de tres meses

para terminarse dicho período; mas si para ello solo faltase

un trimestre o fuese condenado el presidente, procederá a

convocar las Asambleas Electorales para la elección del

presidente, y al Congreso para que cumplimente lo prescrito

en el artículo 25 de esta Constitución.

Artículo 49. En las elecciones ordinarias de Presidente de la

República, entrará este a ejercer sus funciones el día que venza

el período del saliente, y en las extraordinarias ocho días a

más tardar después de habérsele comunicado ocialmente

su nombramiento si estuviere en la Capital, y treinta días si

estuviese fuera.

Artículo 50. El presidente de la República, antes de entrar a

ejercer sus funciones, prestará ante el Congreso el siguiente

juramento: “Juro por Dios y los Santos Evangelios, cumplir y

hacer cumplir la Constitución y las leyes del pueblo dominicano,

respetar sus derechos y libertades, y mantener la independencia

y la integridad nacional”.

SECCIÓN II

DE LAS ATRIBUCIONES DEL

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Artículo 51. El presidente de la República tiene las siguientes

atribuciones:

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1ª Preservar la nación de todo ataque exterior.

2ª Mandar, ejecutar y cuidar de la ejecución de las leyes y decretos

del poder Legislativo, con la siguiente fórmula: “Ejecútese,

comuníquese por la Secretaria correspondiente, publicándose

en todo el territorio de la República para su cumplimiento”.

3ª Cuidar y vigilar la recaudación de las rentas nacionales.

4ª Administrar los terrenos baldíos conforme a la ley.

5ª Convocar el poder Legislativo para sus reuniones

extraordinarias, cuando lo exija la gravedad de algún asunto.

6ª Nombrar cónsules generales, particulares y vicecónsules.

7ª Nombrar enviados extraordinarios, ministros plenipoten-

ciarios, ministros residentes, encargados de negocios y agentes

condenciales.

8ª Recibir los ministros públicos extranjeros.

9ª Dirigir las negociaciones diplomáticas, y celebrar toda

especie de tratados con otras naciones, sometiendo estos al

poder Legislativo.

10. Dar a las bulas y breves que trate de disposiciones generales

el pase correspondiente, siempre que no sean contrarias a la

Constitución y a las leyes, a las prerrogativas de la Nación, o la

jurisdicción temporal.

11. Solicitar de la Santa Sede la celebración de un Concordato

para el arreglo de los negocios de la Iglesia, impetrando a la vez

la conrmación del patronato.

12. Celebrar contratos de interés general con arreglo a la ley, y

someterlos al poder Legislativo para su aprobación.

13. Nombrar y remover los secretarios de Estado.

14. Nombrar, cuando lo creyere necesario, para el mejor

servicio público, delegados que ejerzan funciones ejecutivas

en las provincias y distritos, ajustándose estrictamente

a la Constitución y a las leyes; los cuales, en caso de

extralimitación u otras faltas, serán juzgados por la Suprema

Corte de Justicia.

Reforma del 17 de mayo de 1880 | 447

15. Nombrar los Gobernadores civiles, y los jefes comunales y

cantonales, y aceptarles sus renuncias.

16. Nombrar los procuradores scales, y aceptarles sus

renuncias.

17. Nombrar los empleados de hacienda, cuyo nombramiento

no se atribuye a otro Poder o funcionario.

18. Remover y suspender a los empleados de nombramiento

suyo, y mandarles enjuiciar si hubiere motivo para ello.

19. Expedir patente de navegación a los buques nacionales.

20. Declarar la guerra en nombre de la República, cuando la

haya decretado el poder Legislativo.

21. Conceder licencias y retiros a los militares.

22. Disponer de la fuerza permanente de mar y tierra, así

en tiempo de paz como de conmoción a mano armada, o de

invasión extranjera.

23. Disponer de las guardias nacionales para la seguridad

interior de las provincias y distritos.

24. Conceder cartas de nacionalidad conforme a las leyes.

25. En los casos de guerra extranjera podrá:

1° Arrestar o expulsar a los individuos que pertenezcan a la

nación con la cual se esté en guerra.

2° Pedir al Congreso los créditos necesarios para sostenerla.

3° Someter a juicio, por traición a la patria, a los dominicanos

que sean hostiles a la dignidad y defensa nacionales.

4° Expedir patentes de corso y represalia, y dictar las reglas que

hayan de seguirse caso de apresamiento.

Artículo 52. Con el n de restablecer el orden Constitucional

alterado por una revolución a mano armada, podrá suspender

mientras dure la perturbación pública, las siguientes garantías

del título 3°, artículo la 2ª; de la 2ª, 4ª y 10ª y los números 4° y 5°

de la 14ª garantía del mismo artículo, que dicen: “2ª la libertad

del pensamiento, expresada de palabra o por medio de la

prensa, sin restricción alguna; 4ª la inviolabilidad y secreto de la

448 | LA CONSTITUCIÓN DOMINICANA Y SUS REFORMAS (1844-2015)

correspondencia y demás papeles; 10ª la libertad de reunión y

asociación sin armas, pública o privadamente; 4° Ni ser preso

ni arrestado sin que preceda orden escrita del funcionario

que decreta la prisión, con expresión del delito que la causa,

a menos que sea cogido infraganti; 5° a todo preso se le

comunicará la causa de su prisión y se le tomará declaración a

más tardar a las 48 horas después de habérsele privado de la

libertad; y a ninguno se le podrá tener incomunicado por más

tiempo que aquel que el juez de instrucción crea indispensable

para que no se impida la averiguación del delito; tampoco

podrá tenérsele en prisión por más tiempo que el que la ley

determina”.

§ La suspensión de estas garantías no podrá hacerse, sino por

medio de un decreto.

§ § El poder Ejecutivo dará cuenta al Congreso, por medio de

un Mensaje, del uso que haya hecho de las facultades acordadas

en el artículo anterior.

Artículo 53. El poder Ejecutivo asistirá el veinte y siete de

Febrero de cada año a la apertura del Congreso, y presentará

un Mensaje detallado de su Administración en el transcurso del

año anterior.

Artículo 54. El presidente de la República, al concluir su

período, dará cuenta al Congreso de sus actos administrativos

para los efectos de la atribución 46° del artículo 25.

SECCIÓN III

DE LOS SECRETARIOS DE ESTADO

Artículo 55. Habrá para el Despacho de todos los negocios

de la Administración, cinco secretarios de Estado, a saber: de

Interior y Policía, de Relaciones Exteriores, de Justicia, Fomento

e Instrucción Pública, de Hacienda y Comercio y de Guerra y

Marina.

Artículo 56. Para ser secretario de Estado se requiere: ser

dominicano de nacimiento o de origen, y tener veinte y cinco

años de edad a lo menos.

Reforma del 17 de mayo de 1880 | 449

§ Los extranjeros podrán ser secretarios de Estado a los cuatro

años de su naturalización.

Artículo 57. Todos los actos del poder Ejecutivo serán

refrendados por los respectivos secretarios de Estado, y sin tal

requisito no serán cumplidos por las autoridades, empleados o

particulares, excepto el nombramiento de los Ministros, como

acto personal del presidente de la República.

Artículo 58. Todos los actos de los secretarios de Estado deben

arreglarse a esta Constitución y a las leyes, y serán responsables

de ellos, aunque reciban orden escrita del presidente, quien por

este hecho queda también responsable.

Artículo 59. Los negocios que sean privativos de los secretarios,

se resolverán en Consejo, y la responsabilidad de ellos recaerá

sobre el ministro o Ministros que los refrenden.

Artículo 60. Los secretarios de Estado estarán obligados a dar

todos los informes escritos o verbales que se les pidan por el

Congreso, reservando solamente lo que no convenga publicar

en negociaciones diplomáticas o de guerra.

Artículo 61. Dentro de los ocho primeros días de la apertura del

Congreso, presentarán el Presupuesto de gastos públicos y la

cuenta general del año anterior.

Artículo 62. Los secretarios de Estado tienen el derecho de usar

de la palabra en el Congreso, y están obligados a concurrir

cuando sean llamados a informar.

TÍTULO VIII

DEL PODER JUDICIAL

Artículo 63. El poder Judicial reside en la Suprema Corte de

Justicia y en los tribunales y juzgados inferiores.

SECCIÓN I

DE LA SUPREMA CORTE

Artículo 64. La primera magistratura judicial del Estado reside

en la Suprema Corte de Justicia, la cual se compondrá de un

450 | LA CONSTITUCIÓN DOMINICANA Y SUS REFORMAS (1844-2015)

presidente y cuatro ministros elegidos por el Congreso, y de

un ministro scal nombrado por el poder Ejecutivo con las

cualidades que se expresan:

1° Ser dominicano en el ejercicio do sus derechos.

2° Haber cumplido treinta años de edad por lo menos.

§ Los extranjeros naturalizados no podrán ser magistrados de la

Suprema Corte, sino un año después de su naturalización.

Artículo 65. Los magistrados cuando estén en el ejercicio de sus

funciones, no podrán admitir empleo alguno de nombramiento

del poder Ejecutivo.

Artículo 66. Los magistrados de la Suprema Corte de Justicia

duran en su destino cuatro años, pudiendo ser indenidamente

reelectos. La ley determinará las diversas funciones de aquellos

y del procurador general.

SECCIÓN II

ATRIBUCIONES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Artículo 67. Es de la competencia de la Suprema Corte de Justicia:

1° Conocer de las causas civiles y criminales que se formen a los

empleados diplomáticos, en los casos permitidos por el derecho

de gentes.

2° Conocer de las causas de responsabilidad del presidente de la

República y de los secretarios de Estado, cuando sean acusados

según los casos previstos en esta Constitución. En el caso de ser

necesaria la suspensión del destino del ministro o Ministros, la

pedirá al presidente de la República que la concederá.

3° Conocer de las causas de responsabilidad, que por

mal desempeño de sus funciones, se formen a los agentes

diplomáticos, acreditados ante otra nación.

4° Conocer de las causas criminales, o de responsabilidad que

se formen a los delegados o comisionados, gobernadores, y

Jueces de los tribunales y juzgados de primera instancia de las

provincias y distritos.

Reforma del 17 de mayo de 1880 | 451

5° Dirimir las controversias que se susciten entre los

gobernadores y jueces de primera instancia en materia de

jurisdicción y competencia.

6° Declarar cual sea la ley vigente cuando alguna vez se hallen

en colisión.

7° Conocer de las apelaciones de los tribunales de primera

instancia.

8° Conocer de las causas de presas marítimas.

9° Conocer, como Suprema Corte marcial, en las apelaciones de

los juicios militares.

10. Presentar al Congreso las ternas de los jueces de primera

instancia.

11. Conocer de las causas contencioso-administrativas, durante

el receso del Congreso.

12. Ejercer las demás atribuciones que determine la ley.

TÍTULO IX

DE LOS TRIBUNALES INFERIORES

Artículo 68. Para la buena administración de justicia, el

territorio de la República se dividirá en distritos judiciales,

que se subdividirán en comunes; cuyo número y jurisdicción

determinará la ley. En aquellos se establecerán tribunales o

juzgados de primera instancia y de Comercio, y estas serán

regidas por alcaldes.

§ La ley determinará las atribuciones de estos tribunales o

juzgados, y las que como jueces deberán ejercer los alcaldes; así

como también determinará la organización de los Consejos de

guerra, su jurisdicción y atribuciones.

Artículo 69. Para ser juez en los tribunales o juzgados inferiores

se requiere:

1° Ser dominicano en el ejercicio de sus derechos.

2° Haber cumplido veinte y cinco años de edad por lo menos.

452 | LA CONSTITUCIÓN DOMINICANA Y SUS REFORMAS (1844-2015)

§ Los extranjeros naturalizados no podrán ser jueces de los

tribunales o juzgados de primera instancia, sino un año después

de su naturalización.

§ § Los jueces de primera instancia durarán en funciones cuatro

años; pudiendo ser reelectos.

TÍTULO X

DE LOS AYUNTAMIENTOS

Artículo 70. Para el gobierno económico de las comunes y

cantones, habrá Ayuntamientos en todos aquellos que lo

determine la ley, y la duración de su ejercicio será de dos años.

Su elección se hará por voto directo; y sus atribuciones y las de

sus empleados serán objeto de una ley.

Artículo 71. Los Ayuntamientos votarán anualmente el

presupuesto de sus ingresos y egresos, y según la ley tienen

el derecho de reglamentar cuanto convenga al progreso en

todos sentidos en sus respectivas localidades, siempre que no

contraríen las leyes decretadas por el poder Legislativo o las

disposiciones que emanen del poder Ejecutivo, cuando para

ello esté debidamente autorizado.

Artículo 72. Los Ayuntamientos, en lo relativo al ejercicio

de sus atribuciones administrativas ordinarias, son

independientes, y solo están sujetos a rendir las cuentas de

recaudación e inversión de los fondos con arreglo a la ley.

Los Ayuntamientos pueden votar toda clase de arbitrios

comunales cuyo pago se reera a usos o consumos vericados

en el radio de sus comunes. Para que sean obligatorios deben

tener la aprobación del poder Ejecutivo. Para la imposición de

los arbitrios municipales que tengan carácter de impuesto no

establecidos en la ley, pedirán la aprobación del Congreso por

órgano del ministro de lo Interior.

Reforma del 17 de mayo de 1880 | 453

TÍTULO XI

DEL RÉGIMEN DE LAS PROVINCIAS Y DISTRITOS

Artículo 73. El gobierno de cada provincia o distrito se ejercerá

por un ciudadano con la denominación de Gobernador civil,

dependiente del poder Ejecutivo, de quien es agente inmediato,

y con quien se entenderá por órgano del secretario de Estado en

el Despacho de lo Interior.

Artículo 74. Las comunes y cantones serán gobernados por

jefes comunales y cantonales. Estas autoridades, en cuanto al

ejercicio de sus funciones, son puramente civiles, y dependen

directamente del Gobernador de la provincia o distrito

respectivo.

§ Para ser Gobernador se requiere: tener por lo menos veinte y

cinco años de edad y las demás cualidades que para diputado.

La ley señalará las atribuciones de estos funcionarios.

Artículo 75. En todo lo concerniente al orden y seguridad

de las provincias y distritos, y a su gobierno político, están

subordinados al Gobernador todos los funcionarios públicos

que residan en la provincia o distrito, sea cual fuere su clase y

denominación.

TÍTULO XII

DE LAS ELECCIONES Y DE LAS

ASAMBLEAS ELECTORALES

Artículo 76. Se establece para las elecciones, el voto directo,

secreto y sufragio universal. Las Asambleas electorales se

reunirán de pleno derecho el día 15 de noviembre del año

anterior al de la expiración de los períodos Constitucionales,

y procederán inmediatamente a ejercer las funciones que la

Constitución y las leyes determinan. En los casos en que sean

convocadas extraordinariamente, se reunirán treinta días a más

tardar después de la fecha del decreto de convocatoria.

454 | LA CONSTITUCIÓN DOMINICANA Y SUS REFORMAS (1844-2015)

Artículo 77. Son atribuciones de las Asambleas electorales:

1° Elegir al presidente de la República.

2° Elegir los miembros del Congreso y sus respectivos suplentes.

3° Elegir los regidores y síndicos de los Ayuntamientos.

4° Elegir los alcaldes de comunes y cantones, y sus respectivos

suplentes.

Artículo 78.- Las elecciones enunciadas en el artículo anterior,

se harán por escrutinio secreto y por mayoría de votos. La

ley determinará las formalidades que se han de observar en

ellas.

Artículo 79. En las elecciones para Presidente de la República,

las Asambleas electorales deberán remitir inmediatamente

después de concluidos sus trabajos, copia de las actas al

Congreso y al Ministerio del Interior: en las demás elecciones

obrarán como lo determina la ley.

Artículo 80. Las Asambleas electorales no podrán ejercer otras

atribuciones que las que les coneren la Constitución y la ley, y

deberán disolverse tan luego como se terminen las elecciones.

Artículo 81. Para ser elector se requiere:

1° Estar en el pleno goce de los derechos civiles y políticos.

2° Residir en el territorio de la República.

3° Hallarse inscrito en el registro de orden, que debe abrir cada

Ayuntamiento, de los ciudadanos hábiles para elegir, lo cual

debe ser objeto de una ley especial.

TÍTULO XIII

DE LA FUERZA ARMADA

Artículo 82. La fuerza armada es esencialmente obediente,

y no tiene en ningún caso la facultad de deliberar. El objeto

de su creación es defender la independencia y libertad de la

República, mantener el orden público, la Constitución y las

leyes.

Reforma del 17 de mayo de 1880 | 455

§ El Congreso jará anualmente a propuesta del Ejecutivo, la

fuerza permanente de mar y tierra en tiempo de paz.

§ § En ningún caso podrán crearse cuerpos privilegiados.

Artículo 83. La ley establecerá las reglas de reclutamiento y

ascenso en la fuerza armada. En ningún caso podrán crearse

otros empleos militares que los que sean indispensablemente

necesarios, y no se concederá ningún grado ni empleo sino para

llenar una plaza vacante creada por la ley.

Artículo 84. Habrá, además, en la República una milicia

nacional, cuya organización y servicios serán determinados por

la ley. La de cada provincia o distrito estará bajo las inmediatas

órdenes del Gobernador o de quien haga sus veces, y no podrá

ser movilizada sino en los casos y de la manera previstos por la

ley. Los grados en ella serán electivos y temporales.

Artículo 85. Los militares serán juzgados por Consejos de

guerra, según las reglas establecidas en el Código penal militar,

cuando los delitos que hayan cometido estén comprendidos en

los casos previstos por dicho Código; pero en todos los demás,

o cuando tengan por co-acusados a uno o muchos individuos

de la clase civil, serán juzgados por los tribunales ordinarios.

TÍTULO XIV

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 86. Ningún impuesto general se establecerá sino en

virtud de una ley, ni podrá imponerse contribución comunal

sino por el Ayuntamiento respectivo y con arreglo al artículo 72

de esta Constitución.

Artículo 87. Los fondos que procedan de estos impuestos, y

cuantos formen el haber de las comunes, son sagrados, y no serán

aplicados a otra atención que a aquella que la ley le señala. En el

caso en que, por una circunstancia cualquiera, fuesen distraídos

de ese objeto indebidamente, serán reintegrados por quien los

haya distraído, sin perjuicio de las demás responsabilidades

legales.

456 | LA CONSTITUCIÓN DOMINICANA Y SUS REFORMAS (1844-2015)

Artículo 88. Queda para siempre prohibida la emisión del papel

moneda.

Artículo 89. No se extraerá del tesoro público cantidad alguna

para otros usos sino para los determinados por la ley, y conforme a

los presupuestos que, aprobados por el Congreso, se publicarán

precisamente todos los años. Tampoco podrán depositarse fuera

de las arcas públicas los caudales pertenecientes a la nación.

Artículo 90. El presupuesto de cada Secretaria de Estado se

dividirá en capítulos. No podrá trasladarse sumas de un ramo

a otro, ni distraer los fondos de su objeto especial, sino en virtud

de una ley.

Artículo 91. Habrá una Cámara de Cuentas permanente,

compuesta de cinco ciudadanos nombrados por el Congreso,

para examinar las cuentas generales y particulares de la

República, y dar a aquél, al principio de cada sesión legislativa,

el informe correspondiente respecto de las del año anterior.

§ Los miembros de la Cámara de Cuentas durarán cuatro años

en el ejercicio de sus funciones, y no podrán ser reducidos a

prisión sino previa acusación ante el Congreso, y en su receso,

ante la Suprema Corte de Justicia.

§ § La ley determinará las atribuciones de esta Cámara.

Artículo 92. Se prohíbe la fundación de toda clase de censos a

perpetuidad, tributos, capellanías, mayorazgos y toda clase de

vinculaciones.

Artículo 93. Se celebrarán anualmente con la mayor solemnidad

en toda la República, los días 27 de Febrero, aniversario de la

Independencia, y 16 de Agosto, aniversario de la Restauración,

únicas estas nacionales.

Artículo 94. El pabellón de la República se compone de los colores

azul y rojo, colocados en cuarteles esquinados, y divididos en

el centro por una cruz blanca del ancho de la mitad de uno de

los otros colores, y lleva en el centro el escudo de armas de la

República.

§ El pabellón mercante es el mismo que el del Estado sin llevar

el escudo.

Reforma del 17 de mayo de 1880 | 457

Artículo 95. El escudo de armas de la República es una cruz,

a cuyo pie está abierto el libro de los Evangelios, y ambos

sobresalen de entre un trofeo de armas en que se ve el símbolo

de la libertad, enlazado con una cinta en que va el siguiente

lema: “Dios, Patria y Libertad”.

Artículo 96. Todo juramento debe ser exigido en virtud de la

Constitución y la ley, y ningún funcionario ni empleado público

podrá entrar en el ejercicio de sus funciones, si no lo hubiere

prestado ante la autoridad competente.

Artículo 97. Los Poderes encargados por esta Constitución de

declarar la guerra, no deberán hacerlo sin antes proponer el

arbitramiento de una o más potencias amigas.

§ Para aanzar este principio, deberá introducirse en todos los

tratados internacionales que celebre la República, esta cláusula:

“Todas las diferencias que pudiesen suscitarse entre las partes

contratantes, deberán ser sometidas al arbitramiento de una o más

naciones amigas, antes de apelar a la guerra”.

Artículo 98. Toda autoridad usurpada es inecaz, y sus actos

son nulos. Toda decisión acordada por requisición de la fuerza

armada o de reunión de individuos en actitud subversiva, es

nula de derecho y carece de ecacia.

Artículo 99. Se prohíbe a toda corporación o autoridad el

ejercicio de cualquiera función que no le esté conferida por la

Constitución y las leyes.

Artículo 100. Todo ciudadano podrá acusar a cualquier

funcionario o empleado público, ante sus respectivos superiores

o ante las autoridades que determine la ley.

Artículo 101. Los empleados de la República no deberán admitir

dádivas, cargos, honores, o recompensas de nación extranjera,

sin permiso del Congreso.

Artículo 102. El derecho de gentes hace parte de la legislación

de la República: en consecuencia puede ponerse término a

la guerra civil por medio de tratados entre los beligerantes,

reconocidos como tales, quienes deberán respetar las prácticas

humanitarias de los pueblos cristianos y civilizados.

458 | LA CONSTITUCIÓN DOMINICANA Y SUS REFORMAS (1844-2015)

Artículo 103. A ninguno se le puede obligar a hacer lo que la ley

no manda ni impedírsele lo que la ley no priva.

TÍTULO XV

DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

Artículo 104. Esta Constitución podrá ser reformada, si lo

solicitare la mayoría absoluta del Congreso, y aprobaren la

reforma las tres cuartas partes de sus miembros.

§ Los puntos cuya modicación, adición, o supresión se pidan,

serán los únicos que deberán discutirse.

Artículo 105. Para proceder a la reforma se hace indispensable que

en tres sesiones distintas, con intervalo de tres días por lo menos

entre una y otra sesión, reconozcan la necesidad de la reforma las

dos terceras partes de los diez y seis miembros del Congreso.

Artículo 106. Declarada por el Congreso la necesidad de la

reforma, se redactará el proyecto correspondiente y se discutirá

en tres sesiones, como las demás leyes.

Artículo 107. La facultad que tiene el Congreso para reformar

la Constitución no se extiende a la forma gobierno, que será

siempre republicano, democrático, bajo la forma representativa,

alternativo y responsable. Tampoco podrá versar la reforma

sobre la dilatación del período presidencial.

Artículo 108. La presente Constitución empezará a regir desde

el día de su promulgación ocial en la República.

TÍTULO XVI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 109. Todas las leyes actuales, no contrarias a la presente

Constitución, continuarán en vigor; mientras no sean abrogadas

por otras nuevas.

Artículo 110. Los miembros de la Suprema Corte de Justicia, los

de la Cámara de Cuentas, y los jueces de los tribunales inferiores

Reforma del 17 de mayo de 1880 | 459

continuarán interinamente en el ejercicio de sus funciones, hasta

la próxima elección Constitucional de dichos funcionarios.

§ Las Asambleas electorales procederán a elegir en los cuatro

primeros días del próximo mes de Julio, a los Regidores y

Síndicos de Ayuntamiento, y a los Alcaldes y sus suplentes.

Artículo 111. La presente Constitución será promulgada por el

poder Ejecutivo de la República.

Dada en la Ciudad de Santo Domingo, Capital de la República,

en la sala de sesiones de la Convención Nacional, a los 18 días

del mes de Mayo de 1880, año 37 de la Independencia y 17 de

la Restauración.— El presidente, Fernando A. de Meriño, diputado

por el distrito de Puerto Plata.—El vicepresidente, Francisco Gregorio

Billini, diputado por la provincia de Azua.— Rafael M. Leyba,

diputado por la provincia de Santiago.—J. B. Morel, diputado por la

provincia de El Seibo.— P. R. Vanderhorst, diputado por el distrito

de Samaná.—S. Beauregard, diputado por el distrito de Samaná.—

Modesto Rivas, diputado por el distrito de Monte Cristi.—Juan José

Cestero, diputado por el distrito de Monte Cristi.—Jorge Curiel,

diputado por el Distrito de Puerto Plata.—Galo Monzón, diputado por

la provincia de Azua.—S. Emilio Valverde, diputado por la provincia

de Santiago.—F. A. Gómez y Moya, diputado por la provincia de La

Vega.—Daniel Henríquez, diputado por la provincia de La Vega.—

Juan Tomás Mejía, diputado por la provincia de Santo Domingo.—

Federico Henríquez y Carvajal, diputado por la provincia de Santo

Domingo.—El secretario, Pedro A. Pérez, diputado por la provincia

de El Seibo.

Promúlguese.—Puerto Plata, Mayo 28 de 1880.—El presidente

Provisional de la República, Gregorio Luperón.—El ministro de

lo Interior y Policía, Alfredo Deetjen.—El ministro de Relaciones

Exteriores, encargado de la Cartera de Guerra y Marina, Federico

Lithgow.—El ministro de Justicia e Instrucción Pública, Eliseo

Grullón.—El ministro de Hacienda y Comercio, R. R. Boscowitz.