Reforma del 23 de noviembre de 1881

• Páginas: 463-492

Dios, Patria y Libertad.–República Dominicana.– El Congreso

de Plenipotenciarios, bajo la invocación del Supremo Autor y

Legislador del Universo y por el mandato expreso del Pueblo

Soberano, declara en su fuerza y vigor la Constitución revisada

por el Congreso Nacional de 1879, y por la Convención de 1880,

con las reformas contenidas en la presente.

TÍTULO I

SECCIÓN I

DE LA NACIÓN Y SU GOBIERNO

Artículo 1°. La Nación dominicana es la reunión de todos los

dominicanos asociados bajo un mismo pacto político.

Artículo 2°. Su Gobierno es esencialmente civil, republicano,

democrático, representativo, alternativo y responsable; y para

su ejercicio se divide en Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Estos Poderes son independientes, y sus encargados no pueden

salir de los límites que les ja la Constitución.

SECCIÓN II

DEL TERRITORIO

Artículo 3°. El territorio de la República es y será inajenable; y

sus límites comprenden todo lo que antes se denominaba “Parte

Española de la isla de Santo Domingo” y sus islas adyacentes.

Estos límites son los mismos que en 1793 la dividían por el lado

de Occidente de la parte francesa, estipulados en el Tratado de

Aranjuez rmado el 3 de Junio de 1777.

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Artículo 4°. Para su mejor administración, el territorio de la

República Dominicana se divide en provincias y distritos. Las

primeras son: Santo Domingo, Azua, El Seibo, Santiago y La

Vega. Los distritos son: Puerto Plata, Samaná, Monte Cristi y

Barahona.

§ Podrán erigirse nuevas provincias y distritos.

Artículo 5°. Una ley determinará los límites de las provincias y

distritos, así como también su división en comunes y cantones.

Artículo 6°. La ciudad de Santo Domingo es la Capital de la

República y el asiento del Gobierno.

TÍTULO II

DE LOS DOMINICANOS

Artículo 7°. Son dominicanos:

1°. Todas las personas que hayan nacido o nacieren en el

territorio de la República, cualquiera que sea la nacionalidad

de sus padres.

2°. Los hijos de padres o madres dominicanos que hayan nacido

en otro territorio, si vinieren y se domiciliaren en el país.

3°. Todos lo hijos de las Repúblicas hispano-americanas, y los

de la vecinas Antillas españolas que quieran gozar de esta

cualidad, después de haber residido un año en el territorio de

la República.

4°Todos los naturalizados según las leyes.

5°.Todos los extranjeros de cualquiera nación amiga, siempre

que jen su domicilio en el territorio de la República, declaren

querer gozar esta cualidad, tengan dos años de residencia a lo

menos, y renuncien expresamente su nacionalidad ante quien

sea de derecho.

§ Para los efectos de este artículo, no se considerarán como

nacidos en el territorio de la República, los hijos legítimos de

los extranjeros que residan en ella en representación o servicio

de su patria.

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Artículo 8° A ningún dominicano se le reconocerá otra

nacionalidad sino la dominicana, mientras resida en la

República.

Artículo 9°. Todos los dominicanos tienen el deber de servir a

la patria, conforme lo dispongan las leyes, haciendo el sacricio

de sus bienes y de la vida si necesario fuere, para defenderla.

Artículo 10. La ley determinará los derechos que correspondan

a la condición de extranjeros.

TÍTULO III

GARANTÍAS DE LOS DOMINICANOS

Artículo 11. La Nación garantiza a los dominicanos:

1°. La libertad del pensamiento, expresada de palabra o por

medio de la prensa, sin restricción alguna.

2°. La propiedad con todos sus derechos; esta solo estará sujeta

a las contribuciones decretadas por la autoridad legislativa; a la

decisión judicial, y a ser tomada por causa de utilidad pública,

previa indemnización y juicio contradictorio.

3°. La inviolabilidad y secreto de la correspondencia y demás

papeles.

4°. El hogar doméstico, que no podrá ser allanado, sino para

impedir la perpetración de un delito y en arreglo a la ley.

5°. La libertad personal; y por ella:

1°. Queda proscrita para siempre la esclavitud.

2°. Son libres los esclavos que pisen el territorio de la República.

3°. Todos los ciudadanos tienen el derecho de hacer y ejecutar lo

que no perjudique a otro.

6°. La libertad de sufragio en las elecciones populares, sin más

restricción que la menor edad de diez y ocho años.

7°. La libertad de industria.

8°. La propiedad de los descubrimientos, producciones

cientícas, artísticas y literarias.

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9°. La libertad de reunión y asociación, sin armas, pública y

privadamente.

10. La libertad de petición y el derecho de obtener resolución.

Aquélla podrá ser ante cualquier funcionario, autoridad o

corporación. Si la petición fuere de varios, los cinco primeros

responderán de la autenticidad de las rmas, y todos de la

verdad de los hechos.

11. La libertad de enseñanza, que será protegida en toda

su extensión. El Gobierno queda obligado a establecer

gratuitamente la educación primaria y de artes y ocios.

12. La tolerancia de cultos. La religión católica, apostólica y

romana es la religión del Estado. Los demás cultos se ejercerán

libremente en sus respectivos templos.

13. La seguridad individual, y por ella:

1° Ningún dominicano podrá ser preso ni apresado en apremio

por deuda que no provenga de fraude o delito.

2° Ni ser obligado a recibir en su casa militares en clase de

alojados o acuartelados.

3° Ni ser juzgado por tribunales ni comisiones especiales, sino

por sus Jueces naturales, y en virtud de leyes dictadas antes del

delito o acción que deba juzgarse.

4° Ni ser preso ni arrestado sin que preceda orden escrita del

funcionario que decrete la prisión, con expresión del delito que

la cause, a menos que sea cogido infraganti.

5° A todo preso se le comunicará la causa de su prisión, y se

le tomará declaración a más tardar a las 48 horas después

de habérsele privado de la libertad; y a ninguno se le puede

tener incomunicado por más tiempo que aquel que el juez

de instrucción crea indispensable para que no se impida la

averiguación del delito; tampoco podrá tenérsele en prisión por

más tiempo que el que la ley determine.

6° Ni ser condenado a sufrir ninguna pena en materia criminal,

sino después que haya sido oído y condenado legalmente.

14. La igualdad, en virtud de la cual:

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1° Todos deben ser juzgados por unas mismas leyes, y sometidos

a unos mismos deberes y contribuciones.

2° No se concederán títulos de nobleza, honores y distinciones

hereditarios.

3° No se dará otro tratamiento ocial a los empleados que el de

ciudadano y usted.

Artículo 12. Los que expidieren, rmaren y ejecutaren o

mandaren ejecutar órdenes, decretos y resoluciones que

violen o infrinjan cualquiera de las garantías acordadas a los

dominicanos, son culpables y deben ser castigados conforme lo

determina la ley.

§ Todo ciudadano es hábil para acusarles.

TÍTULO IV

DE LA CIUDADANÍA

Artículo 13. Todos los ciudadanos que estén en el goce de los

derechos de ciudadano, pueden elegir y ser elegidos para los

destinos públicos, siempre que tengan las cualidades requeridas

por la ley.

Artículo 14. Para gozar de los derechos de ciudadano se requiere:

1° Ser dominicano.

2° Ser casado o mayor de diez y ocho años.

Artículo 15. Los derechos de ciudadano se pierden:

1° Por servir o comprometerse a servir contra la República.

2° Por haber sido condenado a pena aictiva o infamante.

3° Por admitir en territorio dominicano empleo de un Gobierno

extranjero, sin consentimiento del Congreso Nacional.

4° Por quiebra comercial fraudulenta.

Artículo 16. Pueden obtener rehabilitación en estos derechos

aquellos dominicanos que no los hayan perdido por la causa

determinada en el primer inciso del artículo precedente.

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TÍTULO V

DE LA SOBERANÍA

Artículo 17. Solo el pueblo es soberano.

TÍTULO VI

SECCIÓN I

DEL PODER LEGISLATIVO

Artículo 18. El poder Legislativo se ejerce por un Congreso

compuesto de diez y ocho diputados, elegidos por voto directo,

a razón de dos por cada provincia y dos por cada distrito.

El cargo de diputado se ejercerá por dos años. Estos se renovarán

íntegramente y podrán ser reelectos.

§ 1° El cargo de diputado es incompatible, durante las sesiones,

con el ejercicio de cualquier otro empleo público.

§ 2° No podrán ser diputados: el presidente y vicepresidente de

la República, los secretarios de Estado, el presidente, ministro

y scal de la Suprema Corte de Justicia, ni los Gobernadores de

provincia y distrito.

Artículo 19. A más de estos diputados, se nombrarán igual

número de suplentes, elegidos del mismo modo que aquéllos,

para que los reemplacen en casos de muerte, renuncia,

destitución o inhabilitación.

§ Los suplentes reemplazarán a los diputados de respectivas

provincias o distritos, en el orden que les señale el número de

votos que hayan obtenido.

Artículo 20. Para ser diputado se requiere:

1° Ser dominicano en el pleno goce de los derechos civiles y

políticos.

2° Tener a lo menos veinte y un años de edad.

3° Ser natural de la provincia o distrito que le elija, o residir allí

o haber residido un año.

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§ En el caso de que una provincia o distrito quede sin

representación, el Congreso, sin ceñirse a este último requisito,

procederá a reemplazar a sus Diputados respectivos.

Artículo 21. El Congreso se reunirá de pleno derecho, el 27

de Febrero de cada año, y se instalará cuando estén presentes

las dos terceras partes de sus miembros. Sus sesiones durarán

noventa días, y podrán prorrogarse por treinta más a

pedimento del poder Ejecutivo, o por disposición del mismo

Congreso.

§ En circunstancias extraordinarias, el poder Legislativo podrá

decretar su reunión en cualquier otro punto de la República, o

su traslación a él si so hubiere reunido ya en la Capital.

Artículo 22. El Congreso no podrá constituirse sin que estén

presentes las dos terceras partes de sus miembros. Para

todo acuerdo, concerniente a las leyes y demás asuntos de

importancia, harán mayoría las dos terceras partes de los

miembros presentes.

Artículo 23. Las sesiones serán públicas, y solo podrán ser

secretas cuando lo acuerde el Congreso.

Artículo 24. Los miembros del Congreso son irresponsables

por las opiniones que maniesten en el ejercicio de sus

funciones, sin que jamás puedan ser por ellas procesados ni

molestados. Tampoco pueden ser arrestados ni detenidos sino

por crímenes para cuyo castigo esté impuesta pena aictiva,

previa autorización del Congreso, a quien se dará cuenta con la

información sumaria del hecho. En los demás casos en que los

diputados cometieren un delito que merezca otra pena corporal,

seguirá el juez la información sumaria, no pudiendo proceder al

arresto del culpable hasta tanto que recaiga sentencia denitiva

en último recurso.

Artículo 25. Es atributivo del Congreso:

1° Examinar las actas de elección del presidente y vicepresidente

de la República, computar los votos, perfeccionar la elección

que resulte del escrutinio electoral, proclamarles, recibirles

juramento, y en su caso, admitirles sus renuncias.

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2° Nombrar los magistrados de la Suprema Corte de Justicia,

los jueces de los tribunales y juzgados inferiores, y admitiréis

sus renuncias.

3° Nombrar igualmente los miembros de la Cámara de Cuentas

y admitirles su renuncia.

4° Decretar en estado de acusación a sus propios miembros, al

presidente y vicepresidente de la República, a los secretarios de

Estado y magistrados de la Suprema Corte de Justicia, cuando

sean acusados legalmente y halle fundada dicha acusación.

5° Establecer los impuestos y contribuciones generales.

6° Decretar los gastos públicos con vista de los datos que le

presente el poder Ejecutivo.

7° Votar, antes de cerrar sus sesiones, la ley anual de presupuesto.

Cuando por cualquier motivo deje de votarse el presupuesto

correspondiente a un período scal, continuará rigiendo el

último votado.

8° Aprobar o desaprobar, con vista del informe de la Cámara de

Cuentas, la recaudación e inversión de las rentas públicas que

debe presentarle anualmente el poder Ejecutivo.

9° Decretar la Legislación civil y criminal, modicarla y

reformarla.

10. Decretar lo conveniente para la conservación, administración,

fructicación y enajenación de los bienes nacionales.

11. Decretar la contratación de empréstitos sobre el crédito de

la Nación. Ninguno será votado sin la previa declaratoria de ser

de utilidad pública.

12. Determinar y uniformar el valor, peso, cuño y tipo, ley y

nombre de la moneda nacional, y resolver sobre la admisión

de la extranjera. En ningún caso la nacional llevará el busto de

persona alguna.

13. Fijar y uniformar el tipo de las pesas y medidas.

14. Crear o suprimir los empleos públicos no determinados por

la Constitución, señalarles sueldos, disminuirlos o aumentarlos.

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15. Interpretar las leyes y decretos y, en caso de duda u oscuridad,

suspenderlas o revocarlos.

16. Decretar la guerra ofensiva, en vista de las causas que le

presente el poder Ejecutivo, y requerirle para que negocie la paz

cuando lo crea necesario.

17. Dar o negar su consentimiento a los tratados de paz,

de alianza, de amistad, de neutralidad, de comercio, y a

cualesquiera otros que celebre el poder Ejecutivo. Ninguno

tendrá efecto sino en virtud de su aprobación.

18. Promover la instrucción pública, el progreso de las ciencias,

de las artes de establecimientos de utilidad común y, cuando

lo juzgue oportuno, decretar que la enseñanza elemental sea

obligatoria; exigir cuenta circunstanciada y anualmente al poder

Ejecutivo del estado de los establecimientos de instrucción

públicos y privados.

19. Conceder indultos y amnistías generales.

20. Decretar el estado de sitio y suspender por tiempo limitado

las garantías 1ª, 3ª y 9ª del artículo 11°, y los números 4° y

5° de la 13º garantía del mismo artículo que dicen así: “1ª La

libertad del pensamiento, expresada de palabra o por medio

de la prensa, sin restricción alguna. 3a La inviolabilidad y

secreto de la correspondencia y demás papeles. 9a La libertad

de reunión y asociación, sin armas, pública y privadamente.

4° Ni ser preso ni arrestado sin que preceda orden escrita del

funcionario que decrete la prisión, con expresión del delito que

la cause, a menos que sea cogido infraganti. 5° A todo preso se

le comunicará la causa de su prisión, y se le tomará declaración

a más tardar a las 48 horas después de habérsele privado de la

libertad; a ninguno se le puede tener incomunicado por más

tiempo que aquel que el juez de instrucción crea indispensable

para que no se impida la averiguación del delito; tampoco

podrá tenérsele en prisión más tiempo que el que la ley

determina.

21. Reglamentar todo lo relativo a las Aduanas, cuyas rentas

formarán el tesoro de la República, lo mismo que las demás que

se decreten.

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22. Poner a sus miembros en estado de acusación, por crímenes

contra la seguridad del Estado.

23. Dirimir denitivamente, las diferencias que puedan suscitarse

entre dos o más provincias o distritos, entre estos y las comunes,

entre los Gobernadores y los Ayuntamientos o estos entre sí.

24. Decretar todo lo relativo a los deslindes de las provincias,

distritos, comunes y cantones.

25. Decretar todo lo relativo al comercio marítimo y terrestre, y

al de lagos y ríos.

26. Decretar cuanto tenga relación con la apertura de las grandes

vías, concesiones de ferrocarriles, apertura de canales, empresas

telegrácas y navegación de ríos.

27. Determinar lo conveniente sobre la formación periódica de

la estadística general de la República.

28. Decretar todo lo relativo a la inmigración.

29. Decretar la creación de nuevas provincias y distritos, así

como de comunes y cantones.

30. Decretar la creación de tribunales y juzgados, en los lugares

en que no se hayan establecido por esta Constitución, y la

supresión de ellos cuando fuere necesario.

31. Decretar la movilización y servicios de las guardias

nacionales.

32. Enviar al Ejecutivo una terna de sacerdotes aptos para los

Arzobispados y Obispados vacantes en la República, mientras

tanto que un Concordato no modique la manera de hacer

esta presentación, a n de que el poder Ejecutivo la proponga

a la Santa Sede del modo más conveniente. Esta terna no

podrá formarse sino de sacerdotes que sean dominicanos de

nacimiento u origen, y que residan en la República.

33. Determinar sobre todo lo concerniente a la deuda nacional.

34. Cuando las provincias o distritos, por órgano de sus

Ayuntamientos, soliciten establecer en su respectivo territorio

legislaturas locales, decretar la creación de estas y darles sus

atribuciones por medio de una ley especial.

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35. Decretar la reforma de la Constitución del Estado en la forma

y manera que ella previene.

36. Aprobar o desaprobar las concesiones que hagan el poder

Ejecutivo o los Ayuntamientos, siempre que afecten rentas

generales o comunales. Aprobar o desaprobar los arbitrios

municipales que tengan carácter de impuestos no establecidos

por la ley.

37. Decretar, en circunstancias excepcionales y apremiantes, la

traslación del Ejecutivo a otro lugar.

38. Determinar sobre todo lo relativo a la habilitación de los

puertos y costas marítimas.

39. Fijar anualmente el pie de ejército permanente en la

República, y dictar las ordenanzas de la fuerza armada de mar

y tierra.

40. Expedir la ley electoral para Presidente y demás funcionarios

de elección popular en la República.

41. Dictar las leyes de responsabilidad de todos los empleados,

por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.

42. Determinar la manera de conceder grados o ascensos

militares.

43. Dictar los reglamentos que deban observarse en las sesiones

o debates.

44. Expedir todas las leyes que sean necesarias para la buena

marcha y administración de la República.

45. Interpelar a los secretarios de Estado sobre todos los asuntos

de interés público.

46. Examinar, al n de cada período Constitucional, los actos

administrativos del poder Ejecutivo, y aprobarlos si fueren

conformes a la Constitución y a las leyes, y en caso contrario

desaprobarlos y, si ha lugar, decretar la acusación de sus

miembros individual o colectivamente.

Artículo 26. El Congreso podrá conocer y resolver en todo

negocio que no sea de la competencia de otro Poder del Estado,

o contrario al texto Constitucional.

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SECCIÓN II

DE LA FORMACIÓN DE LAS LEYES

Artículo 27. Tienen derecho de iniciativa en la formación de las

leyes:

1° El Congreso, a propuesta de uno o más de sus miembros.

2° El poder Ejecutivo.

3° La Suprema Corte de Justicia en asuntos judiciales.

Artículo 28. Todo proyecto de ley o decreto, tomado en

consideración por el Congreso, se someterá a tres discusiones

distintas con intervalo de un día por lo menos entre una y otra

discusión.

§ En caso que el proyecto de ley o decreto fuere declarado de

urgencia, podrá ser discutido en tres sesiones consecutivas,

aunque no haya entre una y otra el día de intervalo indicado.

Artículo 29. Los proyectos de leyes y decretos que no hayan sido

tomados en consideración por el Congreso, no podrán volver a

proponerse hasta la siguiente reunión ordinaria; sin embargo,

alguno o muchos de sus artículos podrán formar parte de otros

proyectos.

Artículo 30. Ningún proyecto de ley o decreto aprobado por el

Congreso tendrá fuerza de ley, mientras no sea promulgado por

el poder Ejecutivo. Este, si no le hiciere observaciones, lo mandará

publicar y ejecutar como ley, pero si hallare inconvenientes para

su ejecución, lo devolverá con sus observaciones al Congreso en

el preciso término de ocho días, a contar de la fecha en que se

le remita.

Artículo 31. Cuando el poder Ejecutivo tenga que hacer

observaciones a las leyes y decretos declarados de urgencia por

el Congreso, las hará en el término de tres días, y en el caso

contrario los mandará publicar en el mismo tiempo sin discutir

la urgencia.

Artículo 32. Si el Congreso encontrase fundadas las

observaciones del poder Ejecutivo, reformará el proyecto o lo

archivará, dado el caso que aquellas versaren sobre la totalidad

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de él; mas si a juicio de las dos terceras partes de los miembros

presentes no las hallare fundadas, enviará de nuevo al poder

Ejecutivo la ley o decreto para su promulgación, sin que pueda

por ningún motivo negarse a hacerlo en este caso.

Artículo 33. No podrá hacerse ninguna ley contraria al espíritu

ni a la letra de la Constitución. En caso de duda, el texto de esta

debe siempre prevalecer.

Artículo 34. La ley que reforme otra se redactará íntegramente,

y se derogará la anterior en todas sus partes; exceptuándose de

esta disposición las que formen parte de un cuerpo de Códigos.

Artículo 35. Las leyes no estarán en observancia sino después

de publicadas con la solemnidad que se establezca.

§ Tampoco tendrán fuerza de ley, mientras no sean promulgadas

en el periódico ocial, las concesiones otorgadas por el poder

Ejecutivo y aprobadas por el Congreso.

Artículo 36. Las leyes no tienen efecto retroactivo sino en el

caso que sean favorables al que esté subjúdice, o cumpliendo

condena.

Artículo 37. En todas las leyes se usará de esta fórmula: “El

Congreso Nacional, en nombre de la República, decreta”.

TÍTULO VII

SECCIÓN I

DEL PODER EJECUTIVO

Artículo 38. El poder Ejecutivo se ejerce por el presidente

de la República en unión de los secretarios de Estado en los

respectivos Despachos, como sus órganos inmediatos.

Artículo 39. El presidente de la República es el Jefe nato de la

administración general, y no tiene más facultades que las que

expresamente le coneren la Constitución y las leyes.

Artículo 40. Para ser presidente de la República se requiere:

1° Ser dominicano de nacimiento u origen y residir en la

República.

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2° Tener por lo menos treinta años de edad.

3° Estar en el goce de los derechos civiles y políticos.

Artículo 41. La elección de Presidente se hará por el voto directo

y secreto de los pueblos.

Artículo 42. Las actas de elección serán remitidas cerradas y

selladas, a la Capital de la República, y dirigidas al presidente

del Congreso, quién las abrirá en sesión pública a n de que

aquel alto cuerpo verique y compute los votos. Si veinte días

después del último señalado para la elección, no se hubieren

recibido todas las actas electorales, podrá efectuarse el escrutinio

con las que se hallen en poder del Congreso, siempre que no

bajen de las dos terceras partes.

Artículo 43. Llegado el caso de efectuar la elección según

el artículo anterior, se declarará electo Presidente de la

República, al que tenga la mayoría absoluta de votos. Si

ninguno la tuviere, escogerá el Congreso entre los dos que

hubieren obtenido mayor número, y procederá por votación

secreta a la elección entre ellos, sin que ningún diputado

pueda eximirse de votar sí o no; y declarará electo al que

tuviere la mayoría absoluta del mismo Congreso. En el caso

de empate, decidirá la suerte.

§ Durante el escrutinio no podrá retirarse de la sesión ninguno

de los miembros concurrentes.

Artículo 44. El presidente de la República durará en sus

funciones dos años, a contar del día en que tome posesión de su

encargo; no pudiendo ser reelecto sino después de transcurrido

un período íntegro.

Artículo 45. Tres meses antes de cumplirse el período a que

se reere el artículo anterior, el poder Ejecutivo convocará las

asambleas electorales para la elección del presidente que deba

sustituir al que entonces se halle en ejercicio.

Artículo 46. El presidente de la República percibirá el sueldo de

doce mil pesos anuales.

Artículo 47. Habrá un vicepresidente que deberá reunir las

mismas cualidades que se requieren Para ser presidente, y será

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elegido en el mismo tiempo y con las mismas formalidades que

aquél.

Artículo 48. En caso de muerte, renuncia o inhabilitación del

presidente, el vicepresidente ejercerá la presidencia de la

República hasta cumplirse el período; y en caso de acusación

u otro impedimento temporal, la ejercerá solamente mientras

dure la causa que lo motive.

Artículo 49. A falta del presidente y vicepresidente de la

República, el Consejo de secretarios de Estado ejercerá el poder

Ejecutivo, debiendo convocar las asambleas electorales en el

término de cuarenta y ocho horas para el nombramiento de

dichos funcionarios, y al Congreso para que cumplimente lo que

establece el apartado primero del artículo 25 de esta Constitución.

Artículo 50. En las elecciones ordinarias de Presidente de la

República, entrará este a ejercer sus funciones el día que venza

el período del saliente, y en las extraordinarias, ocho días a

más tardar después de habérsele comunicado ocialmente

su nombramiento, si estuviese en la Capital; y treinta días, si

estuviese fuera.

Artículo 51. El presidente de la República, antes de entrar a

ejercer sus funciones, prestará ante el Congreso el siguiente

juramento: “Juro por Dios y los Santos Evangelios, cumplir

y “hacer cumplir la Constitución y las leyes del pueblo

dominicano, “respetar sus derechos y libertades, y mantener la

independencia y la integridad nacional”.

SECCIÓN II

DE LAS ATRIBUCIONES DEL

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Artículo 52. El presidente de la República tiene las siguientes

atribuciones:

1° Preservar la nación de todo ataque exterior.

2° Mandar ejecutar y cuidar de la ejecución de las leyes y decretos

del poder Legislativo, con la siguiente formula: Ejecútese,

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comuníquese por la Secretaría correspondiente, publicándose en todo

el territorio de la República para su cumplimiento.

3° Cuidar y vigilar la recaudación de las rentas nacionales.

4° Administrar los terrenos baldíos conforme a la ley.

5° Convocar el poder Legislativo para sus reuniones extraordi-

narias, cuando lo exija la gravedad de algún asunto.

6° Nombrar cónsules generales, particulares y vicecónsules.

7° Nombrar enviados extraordinarios, ministros plenipotencia-

rios, ministros residentes, Encargados de negocios y agentes

condenciales.

8° Recibir los ministros públicos extranjeros.

9° Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar toda especie

de tratados con otras naciones, sometiendo estos al poder

Legislativo.

10. Dar a las bulas y breves que traten de disposiciones generales

el pase correspondiente, siempre que no sean contrarias a la

Constitución y a las leyes, a las prerrogativas de la Nación, o la

jurisdicción temporal.

11. Solicitar de la Santa Sede, la celebración de un Concordato

para el arreglo de los negocios de la Iglesia, impetrando a la vez

la conrmación del patronato.

12. Celebrar contratos de interés general, con arreglo a la ley, y

someterlos al poder Legislativo para su aprobación.

13. Nombrar y remover los secretarios de Estado.

14. Nombrar, cuando lo creyere necesario para el mejor

servicio público, delegados que ejerzan funciones ejecutivas

en las provincias y distritos, ajustándose estrictamente a la

Constitución y a las leyes; los cuales, en caso de extralimitación

u otras faltas, serán juzgados por la Suprema Corte de Justicia.

15. Nombrar los Gobernadores civiles y militares, los jefes

comunales y cantonales, y aceptarles sus renuncias.

16. Nombrar los procuradores scales, y aceptarles sus

renuncias.

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17. Nombrar, en comisión, ministros de la corte y jueces de los

tribunales y juzgados inferiores, cuando ocurran vacancias de

dichos funcionarios durante el receso del Congreso.

18. Nombrar los alcaldes de comunes y cantones y sus

respectivos suplentes, y aceptarles sus renuncias.

19. Nombrar los empleados de hacienda, cuyo nombramiento

no se atribuya a otro poder o funcionario.

20. Remover y suspender a los empleados de nombramiento

suyo, y mandarles enjuiciar si hubiere motivo para ello.

21. Expedir patente de navegación a los buques nacionales.

22. Declarar la guerra en nombre de la República, cuando la

haya decretado el poder Legislativo.

23. Conceder licencias y retiros a los militares.

24. Conceder indultos particulares.

25. Perdonar o conmutar la pena capital, cuando hubiere recurso

en gracia.

26. Disponer de la fuerza permanente de mar y tierra, así

en tiempo de paz como de conmoción a mano armada, o de

invasión extranjera.

27. Disponer de las guardias nacionales para la seguridad

interior de las provincias y distritos.

28. Conceder cartas de nacionalidad conforme a las leyes.

29. En los casos de guerra extranjera podrá:

1° Arrestar, o expulsar a los individuos que pertenezcan a la

Nación con la cual se esté en guerra.

2° Pedir al Congreso los créditos necesarios para sostenerla.

3° Someter a juicio, por traición a la Patria, a los dominicanos

que sean hostiles a la dignidad y defensa nacionales.

4° Expedir patente de corso y represalia, y dictar las reglas que

hayan de seguirse en caso de apresamiento.

Artículo 53. Con el n de restablecer el orden Constitucional

alterado por una revolución a mano armada, si no se

480 | LA CONSTITUCIÓN DOMINICANA Y SUS REFORMAS (1844-2015)

hallare reunido el Congreso, podrá decretar el estado de

sitio y suspender mientras dure la perturbación pública, las

siguientes garantías del Título III, artículo, 11, la 1ª, 3ª y 9ª,

y los números 4° y 5° de la 13ª garantía del mismo artículo

que dicen: 1°. La libertad del pensamiento expresada de

palabra o por medio de la prensa, sin restricción alguna. 3ª

La inviolabilidad y secreto de la correspondencia y demás

papeles. 9ª La libertad de reunión y asociación sin armas,

pública o privadamente. 4° Ni ser preso ni arrestado sin que

preceda orden escrita del funcionario que decrete la prisión,

con expresión del motivo que la cause a menos que sea cogido

infraganti. 5° A todo preso se le comunicará la causa de su

prisión, y se le tomará declaración a más tardar a las 48 horas

después de habérsele privado de la libertad; y a ninguno se le

puede tener incomunicado por más tiempo que aquel que el

Juez de Instrucción crea indispensable para que no se impida

la averiguación del delito; tampoco podrá tenérsele en prisión

por más tiempo que el que la ley determina.

Artículo 54. En los casos de rebelión a mano armada, el poder

Ejecutivo, además de las garantías que le faculta suspender

el artículo anterior, podrá decretar otras medidas, de carácter

transitorio, que sean necesarias al restablecimiento del orden

público.

Artículo 55. En circunstancias excepcionales y apremiantes, el

poder Ejecutivo podrá trasladarse a otro punto cualquiera de

la República, aunque el Congreso no se hallare reunido para

decretar su traslación.

§ El poder Ejecutivo dará cuenta al Congreso, por medio de un

Mensaje, del uso que haya hecho de las facultades acordadas en

los artículos anteriores.

Artículo 56. El poder Ejecutivo asistirá el veinte y siete de

Febrero de cada año a la apertura del Congreso, y presentará

un Mensaje detallado de su administración en el transcurso del

año anterior.

§ El Mensaje ira acompañado de las Memorias de los secretarios

de Estado sobre los asuntos de sus respectivas Carteras.

Reforma del 23 de noviembre de 1881 | 481

Artículo 57. El presidente de la República, al concluir su

período, dará cuenta al Congreso de sus actos administrativos

para los efectos de la atribución 46ª del artículo 25.

SECCIÓN III

DE LOS SECRETARIOS DE ESTADO

Artículo 58. Habrá para el despacho de todos los negocios

de la Administración, cinco secretarios de Estado, a saber: de

Interior y Policía, de Relaciones Exteriores, de Justicia, Fomento

e Instrucción Pública, de Hacienda y Comercio y de Guerra y

Marina.

Artículo 59. Para ser secretario de Estado se requiere: ser

dominicano de nacimiento u origen, y tener veinte y cinco años

de edad a lo menos.

§ Los extranjeros podrán ser secretarios de Estado a los cuatro

años de su naturalización.

Artículo 60. Todos los actos del poder Ejecutivo serán

refrendados por los respectivos secretarios de Estado, y sin tal

requisito no serán cumplidos por las autoridades, empleados o

particulares, excepto el nombramiento de los Ministros, como

acto personal del presidente de la República.

Artículo 61. Todos los actos de los secretarios de Estado deben

arreglarse a esta Constitución y a las leyes, y serán responsables

de ellos, aunque reciban orden escrita del presidente, quien por

este hecho queda también responsable.

Artículo 62. Los negocios que sean privativos de los secretarios,

se resolverán en Consejo, y la responsabilidad de ellos recaerá

sobre el ministro o ministros que los refrenden.

Artículo 63. Los secretarios de Estado estarán obligados a dar

todos los informes escritos o verbales que se les pidan por el

Congreso.

Artículo 64. Dentro de los ocho primeros días de la apertura del

Congreso, presentarán el Presupuesto de gastos públicos y la

Cuenta general del año anterior.

482 | LA CONSTITUCIÓN DOMINICANA Y SUS REFORMAS (1844-2015)

Artículo 65. Los secretarios de Estado tienen el derecho de usar

de la palabra en el Congreso, y están obligados a concurrir

cuando sean llamados a informar.

TÍTULO VIII

DEL PODER JUDICIAL

Artículo 66. El poder Judicial reside en la Suprema Corte de

Justicia y en los tribunales y juzgados inferiores.

SECCIÓN I

DE LA SUPREMA CORTE

Artículo 67. La primera magistratura judicial del Estado reside

en la Suprema Corte de Justicia, la cual se compondrá de un

presidente y cuatro ministros elegidos por el Congreso, y de

un ministro scal nombrado por el poder Ejecutivo, con las

cualidades que se expresan:

1° Ser dominicano en el ejercicio de sus derechos.

2° Haber cumplido treinta años de edad, y ser abogado de los

tribunales de la República.

§ Los extranjeros naturalizados no podrán ser magistrados

de la Suprema Corte, sino cuatro años después de su

naturalización.

Artículo 68. Los magistrados , cuando estén en el ejercicio de sus

funciones, no podrán admitir empleo alguno de nombramiento

del poder Ejecutivo.

Artículo 69. Los magistrados de la Suprema Corte de

Justicia durarán en sus destinos cuatro años, pudiendo ser

indenidamente reelectos. La ley determinará las diversas

funciones de aquéllos y del Procurador general.

Reforma del 23 de noviembre de 1881 | 483

SECCIÓN II

ATRIBUCIONES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Artículo 70. Es de la competencia de la Suprema Corte de

Justicia:

1° Conocer de las causas civiles y criminales que se formen a los

empleados diplomáticos en los casos permitidos por el derecho

de gentes.

2° Conocer de las causas de responsabilidad del Presidente y

vicepresidente de la República y de los secretarios de Estado,

cuando sean acusados según los casos previstos en esta

Constitución. En el caso de ser necesaria la suspensión del

destino del Ministro o Ministros, la pedirá al Presidente de la

República que la concederá.

3° Conocer de las causas de responsabilidad que, por

mal desempeño de sus funciones, se formen a los agentes

diplomáticos, acreditados ante otra Nación.

4° Conocer de las causas criminales o de responsabilidad que

se formen a los delegados o comisionados, gobernadores y

Jueces de los tribunales y juzgados de primera instancia de las

provincias y distritos.

5° Dirimir las controversias que se susciten entre los

gobernadores y jueces de primera Instancia en materia de

jurisdicción y competencia.

6° Declarar cual sea la ley vigente cuando alguna vez se hallen

en colisión.

7° Conocer de las apelaciones de los tribunales y juzgados de

primera instancia.

8° Conocer de las causas de presas marítimas.

9° Conocer como Suprema Corte Marcial en las apelaciones de

los juicios militares.

10. Presentar al Congreso las ternas de los jueces de primera

instancia.

484 | LA CONSTITUCIÓN DOMINICANA Y SUS REFORMAS (1844-2015)

11. Conocer de las causas contencioso-administrativas, durante

el receso del Congreso.

12. Ejercer las demás atribuciones que determine la ley.

TÍTULO IX

DE LOS TRIBUNALES INFERIORES

Artículo 71. Para la buena administración de Justicia, el

territorio de la República se dividirá en distritos Judiciales,

que se subdividirán en Comunes cuyo número y jurisdicción

determinará la ley. En aquellos se establecerán tribunales

o juzgados de primera instancia, y estas serán regidas por

alcaldes.

§ 1°La ley determinará las atribuciones de estos tribunales o

juzgados, .y las que corno Jueces deberán ejercer los alcaldes;

así como también determinará la organización de los Consejos

de Guerra, su jurisdicción y sus atribuciones.

§ 2°Queda a cargo de los tribunales de primera instancia el

conocimiento de los negocios comerciales que ocurran en

sus respectivas jurisdicciones; sujetándose en esos casos a las

disposiciones del Código de Comercio.

Artículo 72. Para ser juez en los tribunales o juzgados inferiores

se requiere:

1° Ser dominicano en el ejercicio de sus derechos.

2 Haber cumplido veinte y cinco años de edad por menos.

§ Los extranjeros naturalizados no podrán ser Jueces de los

tribunales o juzgados de Primera Instancia, sino un año después

de su naturalización.

§ § Los Jueces de primera instancia durarán en sus funciones

cuatro años, pudiendo ser reelectos.

Reforma del 23 de noviembre de 1881 | 485

TÍTULO X

DE LOS AYUNTAMIENTOS

Artículo 73. Para el gobierno económico de las comunes y

cantones, habrá Ayuntamientos en todos aquellos que lo

determine la ley, y la duración de su ejercicio será de dos años.

Su elección se hará por voto directo; y sus atribuciones y las de

sus empleados serán objeto de una ley.

Artículo 74. Los Ayuntamientos votarán anualmente el

presupuesto de sus ingresos y egresos, y según la ley tienen

el derecho de reglamentar cuanto convenga al progreso en

todos sentidos en sus respectivas localidades, siempre que no

contraríen las leyes decretadas por el poder Legislativo o las

disposiciones que emanen del poder Ejecutivo, cuando para

ello esté debidamente autorizado.

Artículo 75. Los Ayuntamientos, en lo relativo al ejercicio

de sus atribuciones administrativas ordinarias, son

independientes, y solo están sujetos a rendir las cuentas de

recaudación e inversión de los fondos, con arreglo a la ley.

Los Ayuntamientos pueden votar toda clase de arbitrios

comunales, cuyo pago se reera a usos o consumos vericados

en el radio de sus comunes. Para que sean obligatorios, deben

tener la aprobación del poder Ejecutivo. Para la imposición de

los arbitrios municipales que tengan carácter de impuestos no

establecidos en la ley, pedirán la aprobación del Congreso por

órgano del ministro de lo Interior.

TÍTULO XI

DEL RÉGIMEN DE LAS PROVINCIAS Y DISTRITOS

Artículo 76. El gobierno de cada provincia o distrito se ejercerá

por un ciudadano con la denominación de Gobernador Civil

y Militar, dependiente del poder Ejecutivo, de quien es agente

inmediato, y con quien se entenderá por órgano del secretario

de Estado en el Despacho del Interior.

486 | LA CONSTITUCIÓN DOMINICANA Y SUS REFORMAS (1844-2015)

Artículo 77. Las comunes y cantones serán gobernados por

comandantes de armas y jefes cantonales. Estas autoridades,

dependen directamente del Gobernador de la provincia o

distrito respectivo.

§ Para ser Gobernador se requiere: Tener por lo menos veinte y

cinco años de edad y las demás cualidades que para Diputado.

La ley señalará las atribuciones de estos funcionarios.

Artículo 78. En todo lo concerniente al orden y seguridad de las

provincias y distritos y a su gobierno político, están subordinados

al gobernador todos los funcionarios públicos que residan en la

provincia o distrito, sea cual fuese su clase y denominación.

TÍTULO XII

DE LAS ELECCIONES Y DE LAS

ASAMBLEAS ELECTORALES

Artículo 79. Se establece para las elecciones, el voto directo

secreto, y sufragio universal. Las asambleas electorales se

reunirán de pleno derecho el día 15 de noviembre del año

anterior al de la expiración de los períodos Constitucionales,

y procederán inmediatamente a ejercer las funciones que la

Constitución y las leyes determinan. En los casos en que sean

convocadas extraordinariamente, se reunirán treinta días a

más tardar después de la fecha del decreto de convocatoria.

Artículo 80. Son atribuciones de las asambleas electorales:

1ª. Elegir al presidente y vicepresidente de la República.

2ª. Elegir los miembros del Congreso y sus respectivos Suplentes.

3ª. Elegir los regidores y síndicos de los Ayuntamientos.

Artículo 81. Las elecciones enunciadas en el artículo anterior

se harán por escrutinio secreto y por mayoría de votos. La ley

determinará las formalidades que se han de observar en ellas.

Artículo 82. En las elecciones para presidente y vicepresidente

de la República, las Asambleas Electorales deberán remitir

inmediatamente después de concluidos sus trabajos, copia de

Reforma del 23 de noviembre de 1881 | 487

las actas al Congreso, y al Ministerio de lo Interior; en las demás

elecciones obrarán como lo determina la ley.

Artículo 83. Las asambleas electorales no podrán ejercer otras

atribuciones que las que les coneren la Constitución y la ley, y

deberán disolverse tan luego como se terminen las elecciones.

Artículo 84. Para ser elector se requiere:

1° Estar en el pleno goce de los derechos civiles y políticos.

2° Residir en el territorio de la República.

3° Hallarse inscrito en el registro de orden, que debe abrir cada

Ayuntamiento, de los ciudadanos hábiles para elegir, lo cual

debe ser objeto de una ley especial.

TÍTULO XIII

DE LA FUERZA ARMADA

Artículo 85. La fuerza armada es esencialmente obediente, y

no tiene en ningún caso la facultad de deliberar. El objeto de su

creación es defender la independencia y libertad de la República,

mantener el orden público, la Constitución y las leyes.

§ El Congreso jará anualmente la propuesta del Ejecutivo, la

fuerza permanente de mar y tierra en tiempo de paz.

§ § En ningún caso podrán crearse cuerpos privilegiados.

Artículo 86. La ley establecerá las reglas de reclutamiento y

ascenso en la fuerza armada. En ningún caso podrán crearse

otros empleos militares que los que sean indispensablemente

necesarios, y no se concederá ningún grado ni empleo sino para

llenar una plaza vacante creada por la ley.

Artículo 87. Habrá, además, en la República una milicia

nacional, cuya organización y servicios serán determinados por

la ley. La de cada provincia o distrito estará bajo las inmediatas

órdenes del Gobernador o de quien haga sus veces, y no podrá

ser movilizada sino en los casos y de la manera previstos por la

ley. Los grados en ella serán electivos y temporales.

488 | LA CONSTITUCIÓN DOMINICANA Y SUS REFORMAS (1844-2015)

Artículo 88. Los militares serán juzgados por Consejos de

Guerra, según las reglas establecidas en el Código Penal militar,

cuando los delitos que hayan cometido estén comprendidos en

los casos previstos por dicho Código; pero en todos los demás,

o cuando tengan por coacusados a uno o muchos individuos de

la clase civil, serán juzgados por Tribunales ordinarios.

TÍTULO XIV

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 89. Ningún impuesto general se establecerá sino en

virtud de una ley, ni podrá imponerse contribución comunal

sino por el Ayuntamiento respectivo y con arreglo a la ley.

Artículo 90. Los fondos que procedan de estos impuestos, y

cuantos formen el haber de las comunes, son sagrados, y no serán

aplicados a otra atención que aquella que la ley le señala. En el

caso en que, por una circunstancia cualquiera, fuesen distraídos

de ese objeto indebidamente, serán reintegrados por quien los

haya distraído, sin perjuicio de las demás responsabilidades

legales.

Artículo 91. Queda para siempre prohibida la emisión de papel

moneda.

Artículo 92. No se extraerá del tesoro público cantidad

alguna para otros usos sino para los determinados por la

ley, y conforme a los presupuestos que, aprobados por el

Congreso, se publicarán precisamente todos los años. Tampoco

podrán depositarse fuera de las áreas públicas los caudales

pertenecientes a la Nación.

Artículo 93. El Presupuesto de cada Secretaria de Estado se

dividirá en capítulos. No podría trasladarse sumas de un ramo

a otro ni distraer los fondos de su objeto especial, sino en virtud

de una ley.

Artículo 94. Habrá una Cámara de Cuentas permanente,

compuesta de cinco ciudadanos nombrados por el Congreso,

Reforma del 23 de noviembre de 1881 | 489

para examinar las Cuentas generales y particulares de

la República, y dar a aquél, al principio de cada Sesión

legislativa, el informe correspondiente respecto de las del

año anterior.

§ Los miembros de la Cámara de Cuentas durarán cuatro años

en el ejercicio de sus funciones, y no podrán ser reducidos a

prisión sino previa acusación ante el Congreso y en su receso

ante la Suprema Corte de Justicia.

§ § La ley determinará las atribuciones de esta Cámara.

Artículo 95. Se prohíbe la fundación de toda clase de censos a

perpetuidad, tributos, capellanías, mayorazgos y toda clase de

vinculaciones.

Artículo 96. Se celebrarán anualmente con la mayor solemnidad

en toda la República, los días 27 de Febrero, aniversario de la

Independencia, y 16 de Agosto, aniversario de la Restauración,

únicas estas nacionales.

Artículo 97. El pabellón de la República se compone de los

colores azules y rojo, colocados en cuarteles esquinados, y

divididos en el centro por una cruz blanca del ancho de la mitad

de uno de los otros colores, y lleva en el centro el escudo de

armas de la República.

§ El pabellón mercante es el mismo que el del Estado sin llevar

el escudo.

Artículo 98. El escudo de armas de la República es una cruz,

a cuyo pie está abierto el Libro de los Evangelios, y ambos

sobresalen de entre un trofeo de armas en que se ye el símbolo

de la libertad, enlazado con una cinta en que va el siguiente

lema: Dios, Patria y Libertad.

Artículo 99. Todo juramento debe ser exigido en virtud de la

Constitución y la ley, y ningún funcionario ni empleado público

podrá entrar en el ejercicio de sus funciones, si no lo hubiere

prestado ante la autoridad competente.

Artículo 100. Los Poderes encargados por esta Constitución

de declarar la guerra, no deberán hacerlo sin antes proponer el

arbitramiento de una o más potencias amigas.

490 | LA CONSTITUCIÓN DOMINICANA Y SUS REFORMAS (1844-2015)

§ Para aanzar este principio deberá introducirse en todos los

tratados internacionales que celebre la República, esta cláusula:

Todas las diferencias que pudiesen suscitarse entre las partes

contratantes, deberán ser sometidas al arbitramiento de una o

más naciones amigas, antes de apelar a la guerra.

Artículo 101. Toda autoridad usurpada es inecaz, y sus actos

son nulos. Toda decisión acordada por requisición de la fuerza

armada o de reunión de individuos en actitud subversiva, es

nula de derecho y carece de ecacia

Artículo 102. Se prohíbe a toda corporación o autoridad el

ejercicio de cualquiera función que no le esté conferida por la

Constitución y las leyes.

Artículo 103. Todo ciudadano podrá acusar a cualquier fun-

cionario o empleado público, ante sus respectivos superiores o

ante las autoridades que determine la ley.

Artículo 104. Los empleados de la República no deberán admitir

dádivas, cargos, honores o recompensas de Nación extranjera,

sin permiso del Congreso.

Artículo 105. El Derecho de gentes hace parte de la Legislación

de la República; en consecuencia puede ponerse término a

la guerra civil por medio de tratados entre los beligerantes,

reconocidos como tales, quienes deberán respetar las prácticas

humanitarias de los pueblos cristianos y civilizados.

Artículo 106. A ninguno se le puede obligar a hacer lo que la ley

no manda ni impedírsele lo que la ley no priva.

TÍTULO XV

DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

Artículo 107. Esta Constitución podrá ser reformada, Si lo

solicitare la mayoría absoluta del Congreso, y aprobaren la

reforma las tres cuartas partes de sus miembros.

§ Los puntos cuya modicación, adición, o supresión se pidan,

serán los únicos que deberán discutirse.

Reforma del 23 de noviembre de 1881 | 491

Artículo 108. Para proceder a la reforma se hace indispensable

que en tres sesiones distintas, con intervalo de tres días por lo

menos entre una y otra sesión, reconozcan la necesidad de la

reforma las dos terceras partes de los diez y ocho miembros del

Congreso.

Artículo 109. Declarada por el Congreso la necesidad de la

reforma, se redactará el proyecto correspondiente y se discutirá

en tres sesiones, como las demás leyes.

Artículo 110. La facultad que tiene el Congreso para reformar

la Constitución, no se extiende a la forma de gobierno, que será

siempre republicano, democrático, bajo la forma representativa,

alternativo y responsable. Tampoco podrá versar la reforma

sobre la dilatación del periodo presidencial.

Artículo 111. La presente Constitución empezará a regir desde

el día de su promulgación ocial en la República.

TÍTULO XVI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 112. Todas las leyes actuales, no contrarias a la presente

Constitución, continuarán en vigor mientras no sean abrogadas

por otras nuevas.

Artículo 113. El actual presidente de la República continuará

en sus funciones hasta terminar el período Constitucional,

que principió a contarse desde el 1 de Septiembre de 1880;

debiendo prestar nuevo juramento ante el actual Congreso de

Plenipotenciarios.

§ El nombramiento del vicepresidente de la República, a que se

reere el artículo 47, tendrá lugar en las próximas elecciones de

1882.

Artículo 114. Los miembros de la Suprema Corte de Justicia,

los de la Cámara de Cuentas y los Jueces de los tribunales y

juzgados inferiores, continuarán también en sus funciones

hasta nueva elección Constitucional en reemplazo de dichos

funcionarios.

492 | LA CONSTITUCIÓN DOMINICANA Y SUS REFORMAS (1844-2015)

§ Los regidores y síndicos de los Ayuntamientos continuarán en

el ejercicio de sus cargos, hasta las próximas elecciones de 1882.

Artículo 115. Ocho días después de promulgada esta Consti-

tución, el poder Ejecutivo convocará las asambleas electorales,

para que, conforme al Decreto expedido en fecha 19 de Mayo de

1880 por la Convención Nacional, procedan a elegir los miem-

bros del poder Legislativo.

Artículo 116. La presente Constitución será promulgada por el

poder Ejecutivo de la República.

Dada en la Ciudad de Santo Domingo, Capital de la República,

en el Palacio donde celebra sus sesiones el Congreso de

Plenipotenciarios, a los 23 días del mes de noviembre de

1881, 38° de la Independencia y 19° de la Restauración.— El

presidente, Fco. Aybar, diputado por la provincia de Azua.— El

vicepresidente, M. Castellanos, diputado por el distrito Marítimo de

Puerto Plata.— Pedro Antonio Casimiro, diputado por la provincia

de La Vega.— Mariano R. Objío, diputado por la provincia Capital.—

Ramón S. Escoboza, diputado por la provincia de Santiago.— Daniel

Henríquez, diputado por la provincia Capital.— I. Guerra, diputado

por el Distrito Marítimo de Monte Cristi.— S. Beauregard, diputado

por el distrito de Samaná.— El secretario, Emilio Morel, diputado por

la provincia de El Seibo.

Promúlguese.—Santo Domingo, noviembre 24 de 1881, — El

presidente de la República.— Fernando A. de Meriño.— El secretario

de Estado en los Despachos de lo Interior y Policía, U. Heureaux.—

El secretario de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores,

Cro. N. de Moya.— El secretario de Estado en los Despachos de

Justicia, Fomento e Instrucción Pública, Eliseo Grullón.— El

secretario de Estado en los Despachos de Hacienda y Comercio.— R.

R. Boscowitz.— El secretario de Estado en los Despachos de Guerra y

Marina, Francisco Gregorio Billini.