Reforma del 27 de septiembre de 1866

• Páginas: 209-235

Dios, Patria y Libertad.— República Dominicana.— Convención

Nacional.

En nombre de Dios, Autor y Supremo Legislador del Universo.

Los Diputados de los pueblos de la República Dominicana,

reunidos en Convención Nacional, cumpliendo con el mandato

de sus comitentes han decretado y decretan la siguiente

CONSTITUCIÓN POLÍTICA

DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

TÍTULO I

SECCIÓN I

DE LA NACIÓN Y SU GOBIERNO

Artículo 1°. La Nación dominicana es y será siempre libre e

independiente, y su gobierno esencialmente civil, democrático,

republicano, alternativo y responsable.

SECCIÓN II

DEL TERRITORIO

Artículo 2°. El territorio de la República comprende todo el

que antes se denominaba parte española de Santo Domingo y

sus islas adyacentes. Sus límites por la parte de Haití son los

mismos estipulados entre Francia y España, en el Tratado de

Aranjuez de 3 de junio de 1777.

Único. Ni el todo ni parte del territorio de la República podrá

jamás ser enajenado.

REFORMA DEL 27 DE Septiembre DE 1866

210 | LA CONSTITUCIÓN DOMINICANA Y SUS REFORMAS (1844-2015)

Artículo 3°. El territorio de la República se divide en provincias

y distritos. Las provincias son: Santo Domingo de Guzmán,

Compostela de Azua, Santa Cruz de El Seibo, Santiago de los

Caballeros y Concepción de La Vega; y los Distritos, Puerto

de Plata y Samaná. Una ley determinará los límites de las

provincias y Distritos, así como su subdivisión en Comunes.

Artículo 4°. La ciudad de Santo Domingo es la Capital de la

República y el asiento del Gobierno.

TÍTULO I

DE LOS DOMINICANOS

Artículo 5°. Son dominicanos:

1° Todos los que al presente gozan de esta cualidad, bien sea

por nacimiento, por naturalización, o por haberse acogido a la

nacionalidad dominicana durante la guerra de independencia.

2° Todos los que nacieren en el territorio de la República, sea

cual fuere la nacionalidad de sus padres.

3° Los nacidos en países extranjeros de padres dominicanos,

ausentes en servicio o por causa de la República, tan luego

como ellos o sus encargados reclamen esta cualidad.

4° Los nacidos fuera del territorio de la República, de padre o

madre dominicanos, si vinieren a residir en el país y expresaren

su voluntad de serlo.

5° Todos los extranjeros pertenecientes a naciones amigas, que

jen su domicilio en el territorio dominicano, y que, después de

un año de residencia en él, declaren querer ejercer esta cualidad.

Artículo 6°. A ningún dominicano se le reconocerá otra

nacionalidad que la dominicana, mientras permanezca en el

territorio de la República.

Artículo 7°. Son deberes de los dominicanos:

1° Cumplir la Constitución y las leyes y respetar y obedecer a

las autoridades establecidas por ellas.

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2° Contribuir a los gastos públicos.

3° Servir y defender a la Patria.

4° Velar por la conservación de las libertades públicas.

TÍTULO III

DE LA CIUDADANÍA

Artículo 8°. Todos los dominicanos que estén en el goce de

los derechos de ciudadanos, pueden elegir y ser elegidos para

desempeñar los destinos públicos, siempre que tengan las

cualidades requeridas por las leyes.

Artículo 9°. Para gozar de los derechos de ciudadano se

requiere:

1° Ser dominicano.

2° Ser casado o mayor de diez y ocho años.

3° Saber leer y escribir; pero esta condición no será obligatoria

hasta el año 1890, y solo para los que en esta época sean menores

de veinte y un años.

Artículo 10. Los derechos de ciudadano se pierden:

1° Por naturalizarse en país extranjero, mientras dure su

residencia en él.

2° Por haber servido o haberse comprometido a servir contra la

República.

3° Por condenación a pena corporal a consecuencia de delitos

comunes.

4° Por admitir empleo, condecoración o pensión de un gobierno

extranjero, sin consentimiento del Congreso.

5° Por quiebra fraudulenta, declarada así por sentencia

judicial.

Artículo 11. Pueden obtener rehabilitación en estos derechos

aquellos dominicanos que no los hayan perdido por la causa

determinada en el segundo inciso del artículo precedente.

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TÍTULO IV

DE LAS GARANTÍAS

Artículo 12. Los dominicanos nacen y permanecen libres e

iguales en derechos.

Único. La esclavitud no existe ni podrá existir jamás en la

República.

Artículo 13. La libertad individual es un derecho sagrado e

inviolable. Ninguno puede ser encausado ni reducido a prisión,

sino por orden motivada y de juez competente.

1° Los individuos sorprendidos en agrante delito podrán ser

aprehendidos por cualquier persona, debiendo ser conducidos

inmediatamente ante el juez competente. Si la aprehensión fuere

de noche, serán presentados a éste, a más tardar, a las ocho de la

mañana del siguiente día.

2° Por causas políticas ninguno podrá estar incomunicado por

más de veinte días.

Artículo 14. Ningún dominicano podrá ser distraído de sus

jueces naturales, ni juzgado en causa alguna por comisiones

especiales, sino por Tribunal competente determinado con

anterioridad por la ley.

Único. En ningún caso podrá abreviarse ni alterarse la forma

de los juicios.

Artículo 15. Ninguna ley, ni decreto o reglamento será

obligatorio, sino después de su promulgación.

1° La ley no tiene efecto retroactivo.

2° Regirán las mismas leyes en toda la República, y no habrá

en los juicios comunes, civiles, correccionales y criminales, más

que un solo fuero para todos los dominicanos.

Artículo 16. A ninguno se le puede obligar a hacer lo que la ley

no manda, ni impedírsele lo que la ley no priva.

Artículo 17. No podrá imponerse castigo alguno sin previa

condena de tribunal competente, y este no podrá imponer otras

penas, sino las ya establecidas con anterioridad por la ley.

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Artículo 18. No podrá imponerse jamás la pena de conscación

de bienes.

Artículo 19. Queda para siempre abolida la pena de muerte

por causas políticas, excepto en los casos de rebelión a mano

armada.

Artículo 20. Ninguno podrá ser encarcelado por deudas a

menos que estas procedan de bancarrota fraudulenta o estafa, o

que nazcan de delito.

Artículo 21. La propiedad queda garantida, y, en consecuencia,

ninguno puede ser privado de ella, sino por causa justicada

de utilidad pública, con justa, previa y segura indemnización, a

juicio de peritos:

1° También queda asegurada la libertad de industria, sin que

jamás, y por ningún motivo, pueda establecerse monopolio o

privilegio exclusivo en cosa alguna.

2° En cuanto a la propiedad de los descubrimientos o

producciones, las leyes determinarán un privilegio temporal, y

la manera de ser indemnizados, en caso de convenir el autor en

su publicación.

Artículo 22. El domicilio es sagrado e inviolable, y no podrá

ser allanado sino en los casos previstos por la ley y con las

formalidades que ella prescribe.

Artículo 23. Los dominicanos pueden imprimir y publicar

libremente sus ideas, sin previa censura ni caución, quedando

garantida la propiedad de las producciones literarias.

Único. La calicación de los delitos de imprenta pertenece

exclusivamente al jurado.

Artículo 24. La correspondencia y papeles privados son

inviolables.

Artículo 25. Los dominicanos tienen el derecho de asociarse

pacícamente y sin armas, en lugares públicos y privados,

conformándose a las leyes.

Artículo 26. Todos los dominicanos tienen el derecho de petición

sobre cualquier negocio de interés público y privado, y de emitir

214 | LA CONSTITUCIÓN DOMINICANA Y SUS REFORMAS (1844-2015)

libremente su opinión sobre la materia, sin responsabilidad

alguna; también tienen el de obtener resolución; pero ningún

individuo, ni asociación, podrá peticionar en nombre del Pueblo

ni arrogarse las facultades de éste.

Artículo 27. Todos los empleados públicos son responsables del

mal desempeño de sus funciones, y pueden ser denunciados

por cualquier ciudadano, sin previa autorización.

Artículo 28. Todo extranjero será admitido en el territorio de la

República, gozará en su persona y propiedades de las mismas

garantías que los dominicanos, estando como estos sometidos a

las leyes y autoridades del país.

Artículo 29. La religión Católica, Apostólica, Romana es la

religión del Estado. Los demás cultos solo se ejercerán en el

recinto de sus respectivos templos.

TÍTULO V

DE LA SOBERANÍA

Artículo 30. La soberanía reside en la universalidad de los

ciudadanos y se ejerce por cuatro Poderes, según las reglas

establecidas por esta Constitución.

Único. Estos Poderes son: el Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial

y el Municipal. Se ejercen separadamente, son esencialmente

independientes, y sus encargados no pueden delegarlos ni salir

de los límites que les jan la Constitución y las leyes.

TÍTULO VI

DEL PODER LEGISLATIVO

SECCIÓN PRIMERA

DEL CONGRESO

Artículo 31. El poder Legislativo se ejerce por un Congreso

compuesto de veinte y cuatro diputados, elegidos por voto directo,

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a razón de cuatro por cada provincia y dos por cada distrito. Los

diputados durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 32. A más de estos diputados se nombrará igual

número de suplentes, elegidos del mismo modo que aquéllos,

para que les reemplacen indistintamente en los casos de muerte,

renuncia, destitución o inhabilitación.

Artículo 33. Para ser diputado se requiere:

1° Estar en el pleno goce de los derechos civiles y políticos.

2° Tener por lo menos veinte y un años de edad.

3° Residir en la República.

Único. Los extranjeros naturalizados no podrán ser diputados

sino seis años después de su naturalización, y siempre que en

todo este tiempo hayan residido en el territorio de la República.

Artículo 34. No podrán ser diputados el presidente de la

República, los secretarios de Estado, los Ministros y Fiscal de

la Suprema Corte de Justicia y los gobernadores políticos. Es

incompatible durante las sesiones, el ejercicio do cualquier

empleo pib1ico con el cargo de diputado.

Artículo 35. El Congreso se reunirá de pleno derecho, en

la Capital de la República, el 27 de febrero de cada ano, y se

instalará cuando estén presentes las dos terceras partes de

sus miembros. Sus sesiones durarán noventa días, y podrán

prorrogarse por treinta más a pedimento del poder Ejecutivo o

por disposición del Congreso. En circunstancias extraordinarias

el poder Legislativo podrá decretar su reunión en cualquier otro

punto de la República, o su traslación a él, si se hubiere reunido

ya en la Capital.

Artículo 36. Las sesiones serán públicas; sin embargo, a petición

de seis miembros podrán ser secretas. La mayoría decidirá

después si a la materia que ha sido objeto de la sesión debe

dársele publicidad.

Artículo 37. El Congreso no podrá tomar resolución alguna sin

que esté presente la mayoría absoluta de sus miembros. Para

todo acuerdo concerniente a las leyes, harán mayoría las dos

terceras partes de los miembros presentes.

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Artículo 38. Los miembros del Congreso son irresponsables por

las opiniones que maniesten en el ejercicio de sus funciones,

sin que jamás puedan ser por ellas procesados ni molestados.

En el año de su nombramiento gozarán de inmunidad desde el

día de la elección hasta treinta días después de terminadas las

sesiones, y en los demás años la tendrán desde un mes antes de

la reunión del Congreso hasta un mes después de su disolución.

En consecuencia, no podrán ser arrestados ni detenidos en todo

este tiempo, sino por crimen para cuyo castigo esté impuesta

pena aictiva e infamante, de lo cual se dará cuenta al Congreso

con la información sumaria del hecho. En los demás casos en

que el diputado cometiere un delito que merezca otra pena

corporal, seguirá el Juez la información sumaria, no pudiendo

proceder al arresto del culpable hasta tanto que haya cesado la

inmunidad.

Artículo 39. Es atributivo del Congreso:

1° Examinar las actas de elección del presidente de la República,

computar los votos, perfeccionar la elección, ya sea la que

resulte del escrutinio electoral o la que el Congreso en virtud

del artículo 53; proclamarle, recibirle juramento y admtir1c o

no su renuncia.

2° Nombrar los jueces de la Suprema Corte de Justicia y los de

los tribunales inferiores, y admitirles o no las renuncias que le

hagan.

3° Decretar de ocio, o por solicitud de cualquier ciudadano,

la acusación del presidente de la República, de los secretarios

de Estado y Ministros de la Suprema Corte de Justicia, por mal

desempeño en el ejercicio de sus funciones.

4° Establecer los impuestos y contribuciones generales.

5° Decretar los gastos públicos con vista de los datos que le

presente el poder Ejecutivo. El Congreso no podrá disolverse

sin haber votado antes la ley anual de presupuestos.

6°Aprobar o desaprobar la cuenta de recaudación e inversión

de las rentas públicas, que debe presentarle anualmente el

poder Ejecutivo, oyendo antes el informe de la Cámara de

Cuentas.

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7° Decretar la legislación civil y criminal, modicarla y

reformarla.

8° Decretar lo conveniente para la conservación,

administración, fructicación y enajenación de los bienes

nacionales.

9° Decretar la contratación de empréstitos sobre el crédito de la

Nación.

10. Determinar y uniformar el valor, peso, tipo, ley y nombre

de la moneda nacional. Esta no podrá llevar, en ningún caso, el

busto de persona alguna.

11. Fijar y uniformar el padrón de pesas y medidas.

12. Decretar la creación y supresión de los empleos públicos no

jados por la Constitución; señalarles sueldos, disminuírselos y

aumentárselos.

13. Interpretar las leyes y decretos en caso de duda u obscuridad,

suspenderlos y revocarlos.

14. Decretar la guerra ofensiva en vista de los motivos que le

presente el poder Ejecutivo y requerirle para que negocie la paz

cuando sea necesario.

15. Prestar o negar su consentimiento a los tratados de paz, de

alianza, de amistad, de neutralidad, de comercio y cualesquiera

otros que celebre el poder Ejecutivo. Ninguno tendrá efecto

sino en virtud de su aprobación.

16. Prestar o negar su consentimiento para el ascenso de los

ociales superiores de tierra y mar, desde teniente coronel

inclusive hasta el más alto grado.

17. Crear y promover la educación pública, el progreso de las

ciencias, artes y establecimientos de utilidad común.

18. Conceder indultos y amnistías con las excepciones que

el interés social exija; en ningún caso podrán concederse por

crímenes o delitos comunes.

19. Decretar en circunstancias únicas y apremiantes la traslación

del Gobierno a otro lugar.

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20. Prorrogar o no sus sesiones ordinarias, a petición de dos o

más de sus miembros o del poder Ejecutivo.

21. Poner a sus miembros en estado de acusación por crímenes

de Estado.

22. Dirimir denitivamente las diferencias entre los Ayunta-

mientos, y entre estos y el poder Ejecutivo.

23. Decretar todo lo relativo al comercio, puertos de importación

y exportación caminos y deslindes de las provincias, distritos y

comunes.

24. Determinar lo conveniente sobre la formación periódica de

la estadística general de la República.

25. Decretar todo lo relativo a inmigración.

26. Decretar la erección de nuevas comunes.

27. Decretar la creación y supresión de tribunales y juzgados en

los lugares en que no se hayan establecido por esta Constitución.

28. Decretar el servicio y movilización de las guardias nacionales.

29. Escoger los arzobispos y obispos de la República de la

terna que le proponga el Ejecutivo, para que estos los presente

después a Su Santidad. El Congreso no podrá elegir para Prelado

a ningún sacerdote que no sea dominicano por nacimiento.

30. Cuando los ayuntamientos de alguna provincia o distrito

soliciten establecer en su respectivo territorio legislaturas

locales, decretar la creación de estas y darles sus atribuciones

por medio de una ley expresa.

31. Reunirse de pleno derecho el 5 de febrero del año en que

deba entrar en funciones, por elección ordinaria, un nuevo

Presidente.

32. Usar en las leyes y decretos de la siguiente formula: “El

Congreso Nacional, en nombre de la República decreta:”

33. Reformar la Constitución del Estado en la forma y manera

que ella previene.

Artículo 40. El Congreso no delegará a uno o muchos de sus

miembros ni a ningún otro Poder, funcionario o persona,

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ninguna de las atribuciones que le conere esta Constitución,

sino en los casos expresamente previstos por ella.

SECCIÓN SEGUNDA

DE LA FORMACIÓN DE LAS LEYES

Artículo 41. Las leyes y decretos del Congreso tendrán

su origen en este cuerpo a propuesta de uno o más de sus

miembros. Sin embargo, el poder Ejecutivo, en los casos que

estime conveniente, podrá también presentar al Legislativo

proyectos de leyes y decretos, siempre que no versen sobre

impuesto, elecciones, guardias nacionales y responsabilidad

de los secretarios de Estado y demás agentes del poder

Ejecutivo.

Artículo 42. Todo proyecto de ley o decreto admitido, se debatirá

en tres sesiones distintas con intervalo de un día, por lo menos,

entre una y otra discusión.

§ Único: En caso de que el proyecto de ley o decreto, fuese

declarado de urgencia, podrá ser discutido en tres sesiones

consecutivas, aunque no ha a entre una y otra el intervalo

indicado.

Artículo 43. Los proyectos de leyes y decretos que no hayan

sido admitidos por el Congreso, no podrán volver a proponerse

hasta la próxima legislatura; pero esto no impide que alguno o

algunos de sus artículos formen parte de otros proyectos.

Artículo 44. Ningún proyecto de ley o decreto aprobado por el

Congreso tendrá fuerza de ley, mientras no sea promulgado por

el poder Ejecutivo. Si este no le hiciere observaciones, lo mandará

ejecutar y publicar como ley; pero si hallare inconvenientes para

su publicación, lo volverá con sus observaciones al Congreso en

el preciso término de ocho días, a contar de la fecha en que lo

recibió.

Artículo 45. Las leyes y decretos declarados de urgencia por el

Congreso serán objetados por el poder Ejecutivo en el término

de tres días, o mandados publicar en el mismo tiempo sin

ingerirse en la urgencia.

220 | LA CONSTITUCIÓN DOMINICANA Y SUS REFORMAS (1844-2015)

Artículo 46. Si el Congreso encontrare fundadas las observa-

ciones del poder Ejecutivo, reformará el proyecto o le archivará

dado caso que aquéllas versaren sobro la totalidad de él; mas si

el Congreso, a juicio de las dos terceras partes de los miembros

presentes, no hallare fundadas las observaciones del Ejecutivo,

le enviará de nuevo el proyecto de ley o decreto para su pro-

mulgación, sin que pueda por ningún motivo negarse a hacerla

en este caso.

Artículo 47. Si pasado el término jado en los artículos 45 y

46 no hubiere devuelto el poder Ejecutivo el proyecto de ley o

decreto, con sus observaciones, tendrá fuerza de ley, y corno tal

se mandará promulgar, a menos que corriendo aquel término,

el Congreso haya suspendido sus sesiones o puesto en receso,

en cuyo caso deberá presentarlo en los primeros ocho días de la

próxima sesión.

Artículo 48. La intervención del poder Ejecutivo en la forma

dispuesta en los artículos anteriores, es necesaria en todos los

actos y resoluciones del Congreso, excepto en los que tengan

por objeto diferir para otro tiempo o celebrar en otro lugar las

sesiones.

Artículo 49. No podrá hacerse ninguna ley contraria al espíritu

ni a la letra de la Constitución. En caso de duda el texto de esta

debe siempre prevalecer.

§ Único. Cuando se hiciere alguna ley reformando otra anterior,

se incluirá en aquélla todo lo que de esta haya de quedar en

vigor.

TÍTULO VII

DEL PODER EJECUTIVO

SECCIÓN PRIMERA

Artículo 50. El Poder Ejecutivo se ejerce por un magistrado con

la denominación de Presidente de la República.

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SECCIÓN SEGUNDA

DE LA ELECCIÓN, DURACIÓN Y CUALIDADES DEL

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Artículo 51. El presidente de la República será elegido por el

voto directo de los pueblos. Las actas de las elecciones serán

remitidas, cerradas y selladas, a la Capital de la República,

y dirigidas al presidente del Congreso, quien las abrirá en

sesión pública y vericará y computará los votos. El individuo

que haya obtenido mayor número de votos será proclamado

Presidente de la República.

Artículo 52. Para ser presidente de la República se requiere:

ser de origen dominicano; haber nacido en el territorio; tener

por lo menos treinta años de edad y las demás cualidades que

se exigen Para ser Diputado. El período Constitucional es de

cuatro años, y se contará desde el 27 de febrero subsecuente

a la elección. Ningún ciudadano que haya ejercido la Primera

Magistratura, podrá ser reelecto Presidente, sino después de

haber transcurrido el intervalo de un período íntegro.

Artículo 53. En caso de muerte, inhabilitación, renuncia o

impedimento temporal del presidente de la República, ejercerá

el poder Ejecutivo el Consejo de secretarios de Estado, presidido

por el ministro del Interior, el cual, en los tres primeros casos,

convocará dentro de cuarenta y ocho horas al Congreso para

que este se reúna en el término de treinta días, y proceda a

nombrar el presidente de la República para el resto del período

Constitucional.

Artículo 54. En las elecciones extraordinarias de Presidente,

entrará este a ejercer sus funciones ocho días, a más

tardar, después de habérsele comunicado ocialmente su

nombramiento, si estuviere en la Capital y treinta, Si estuviere

fuera.

Artículo 55. El presidente de la República antes de entrar a

ejercer sus funciones, prestará ante el Congreso, el siguiente

juramento: “Juro por Dios y los Santos Evangelios, guardar y

hacer guardar la Constitución y las leyes del Pueblo dominicano,

y respetar sus derechos y mantener la independencia nacional”.

222 | LA CONSTITUCIÓN DOMINICANA Y SUS REFORMAS (1844-2015)

Artículo 56. El presidente percibirá el sueldo que la ley le señale,

el cual nunca será aumentado ni disminuido en su período.

SECCIÓN TERCERA

DE LAS FUNCIONES, DEBERES Y PRERROGATIVAS

DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Artículo 57. El presidente es el Jefe de la Administración de la

República, y como tal le corresponde conservar el orden y la

tranquilidad interior, y asegurar el Estado contra todo ataque

exterior.

Artículo 58. Son atribuciones del presidente:

1ª Promulgar las leyes y decretos del Congreso, y expedir todos

los reglamentos y órdenes necesarias para su ejecución.

2ª Velar sobre la exacta observancia de la Constitución, y

hacer que todos los funcionarios públicos desempeñen

cumplidamente sus deberes.

3ª Convocar el Cuerpo Legislativo cuando el interés público lo

exija, exponiendo las razones en el decreto de convocatoria.

4ª Dirigir las fuerzas de mar y tierra, y disponer de ellas para la

seguridad del Estado.

5ª Disponer de las guardias nacionales para la seguridad

interior de las provincias y fuera de ellas, en caso de guerra o

conmoción interior.

6ª Declarar la guerra, previo decreto del Congreso.

7ª Nombrar y remover libremente de sus destinos a los

secretarios de Estado y demás empleados del ramo ejecutivo

que sean de libre nombramiento suyo.

8ª Nombrar con acuerdo y consentimiento del Congreso los

ociales superiores del Ejército, desde teniente coronel inc1uive

hasta el más alto grado.

9ª Nombrar con arreglo a la ley los demás ociales del Ejército.

10. Nombrar los Agentes Diplomáticos y Consulares, debiendo

el nombramiento de aquéllos recaer siempre en dominicanos

por nacimiento.

Reforma del 27 de septiembre de 1866 | 223

11. Dirigir las negociaciones diplomáticas.

12. Celebrar tratados y convenios públicos, y someterlos a la

aprobación del Congreso.

13. Nombrar jueces por comisión para llenar las vacantes que

ocurran en los tribunales , durante el receso del Congreso. Estos

jueces solo ejercerán sus funciones hasta la próxima reunión

del Congreso, el cual inmediatamente deberá proceder al

nombramiento de los titulares.

14. Nombrar los agentes scales, alcaldes de comunes y todos

los demás empleados públicos, cuyo nombramiento no conere

la Constitución o la ley a alguna otra autoridad.

15. Pedir al Cuerpo Legislativo la prórroga de sus sesiones

ordinarias por treinta días más.

16. Nombrar los Gobernadores do provincias y Distritos y los

comandantes de armas.

17. Conceder retiros y licencias a los militares, y admitir o no,

en conformidad a la ley, las renuncias quo hagan desde alférez

hasta el más alto grado.

18. Decretar la acusación de los Gobernadores Políticos por

mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, o cuando sean

legalmente acusados.

19. Conmutar la pena de muerte y conceder amnistías en casos

extraordinarios, dando cuenta al Congreso.

20. Expedir patente de navegación.

21. Recibir los Ministros públicos extranjeros.

22. Promover en todos sus ramos el fomento de la instrucción

pública.

23. Cuidar de la exacta y e1 recaudación de las rentas públicas

y de su legal inversión.

24. Cuidar de que la justicia se administre pronta y

cumplidamente, y que las sentencias se ejecuten.

25. Conceder cartas de naturalización.

26. Ejercer el patronato de la República.

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27. Conceder el pase o retener los decretos conciliares y bulas

ponticias, sometiéndolas a quien corresponda si contienen

disposiciones generales, si versan sobre negocios particulares,

gubernativos y puntos contenciosos.

28. Asistir a la apertura del Congreso en cada sesión legislativa

ordinaria, presentarle por escrito un mensaje detallado de todo

lo ocurrido en el transcurso del año anterior. En las elecciones

ordinarias este mensaje se presentará en el acto de prestar el

electo el juramento Constitucional.

29. Hacer todas las observaciones que juzgue oportunas y

necesarias acerca de las leyes acordadas por el Congreso,

devolviendo el proyecto, en el término de tres días, en las votadas

por urgencia, y de ocho en las demás. Si sus observaciones no

son acogidas deberá promulgarlas y hacerlas ejecutar.

30. Sellar las leyes y decretos del poder Legislativo y, cuando no

tenga observaciones que hacerles, promulgarlos dentro de tres

días con la siguiente formula: “Ejecútese, comuníquese por la

Secretaría correspondiente, publicándose en todo el territorio

de la República, para su cumplimiento”.

Artículo 59. Todas las providencias gubernativas del poder

Ejecutivo deberán tomarse en Consejo de secretarios de Estado.

Artículo 60. Ningún acto, decreto, reglamento, orden a providencia

del poder Ejecutivo, excepto los decretos de nombramiento y

remoción de los secretarios de Estado, será ejecutorio, si no está

refrendado por el ministro del ramo, quien por este solo hecho,

queda responsable de la medida sin que pueda escudarlo la orden

escrita o verbal del presidente de la República.

Artículo 61. El encargado del poder Ejecutivo no tiene más

autoridad ni facultades quo las que expresamente le coneren la

Constitución y las leyes, y solo en el caso do que la Capital fuese

ocupada por el extranjero, o que hubiese en ella una conmoción

a mano armada, podrá ejercer sus atribuciones desde otro punto

del territorio.

Artículo 62. Si concluido el período Constitucional, el Congreso

no se hallare reunido, el presidente cesará en sus funciones,

encargándose del Gobierno el Consejo de secretarios de Estado.

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SECCIÓN CUARTA

DE LOS SECRETARIOS DE ESTADO

Artículo 63. Para el despacio de todos los negocios de la

Administración Pública habrá cuatro secretarios de Estado, a saber:

1° De Interior y Policía.

2° De Justicia e Instrucción Pública.

3° De Hacienda y Comercio.

4° De Guerra y Marina.

§ Único. El encargado del poder Ejecutivo encomendará el

despacho de Relaciones Exteriores al ministro que juzgue más

conveniente. Aceptada la renuncia de un secretario procederá

el poder Ejecutivo a reemplazarle inmediatamente. El arreglo

y organización de las Secretarías del Despacho, así como las

atribuciones de los Ministros, serán objeto de una ley.

Artículo 64. Para ser secretario de Estado se requieren las

mismas cualidades que Para ser Diputado.

TÍTULO VIII

SECCIÓN PRIMERA

DEL PODER JUDICIAL

Artículo 65. El poder Judicial se ejerce por una Suprema Corte

de Justicia, por juzgados de primera instancia, consulados de

comercio, consejos de guerra, alcaldes de comunes y demás que

establezcan las leyes.

Artículo 66. La potestad de aplicar las leves en materia civil

o criminal reside exclusivamente en 1os tribunales. Estos no

pueden ejercer más facultades que las de juzgar y hacer que se

ejecute lo juzgado.

Artículo 67. En ningún juicio habrá más de dos instancias.

1° Toda sentencia deberá darse en nombre de la República y

terminarse con el mandamiento de ejecución. Los motivos en

226 | LA CONSTITUCIÓN DOMINICANA Y SUS REFORMAS (1844-2015)

que esté fundada la ley que se aplica, deberán ir expresados en

ella, so pena de nulidad. Esta fórmula es obligatoria en todo acto

ejecutorio.

2° Las sentencias que en materia criminal pronuncien los

tribunales inferiores se consultarán con el superior inmediato.

La ley determinará los trámites de la consulta.

Artículo 68. Los jueces y magistrados del Tribunal Superior y

juzgados inferiores, durarán cuatro años en sus funciones, no

pudiendo ser suspendidos ni destituidos, sino en virtud de

acusación legalmente intentada. Pueden ser indenidamente

reelectos.

SECCIÓN SEGUNDA

DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Artículo 69. La primera magistratura judicial del Estado reside

en la Suprema Corte de Justicia, la cual se compondrá de un

Presidente y cuatro ministros elegidos por el Congreso, y de un

ministro Fiscal nombrado por el poder Ejecutivo.

§ Único. Para ser miembro de la Suprema Corte se requiere

tener por lo menos veinte y cinco años de edad y las demás

cualidades que se exigen Para ser diputado.

Artículo 70. Son atribuciones de la Suprema Corte de Justicia:

1ª Conocer de las causas que se formen contra el presidente de

la República, por delitos comunes.

2ª Conocer de las causas que se formen al presidente de la

República, a los secretarios de Estado y Agentes diplomáticos

puestos en estado de acusación por el Congreso, por mal

desempeño en el ejercicio de sus funciones y crímenes de

Estado, imponiéndoles la responsabilidad civil y criminal que

conforme a las leyes les corresponda.

3ª Conocer de las causas que se formen contra los miembros del

Congreso por crímenes de Estado.

4ª Conocer de las causas que se formen contra sus propios

miembros por delitos comunes.

Reforma del 27 de septiembre de 1866 | 227

5ª Conocer de las causas que se formen contra los gobernadores

políticos.

6ª Conocer de las causas contenciosas de los plenipotenciarios y

ministros públicos extranjeros acreditados en la República.

7ª Conocer de las controversias que se susciten en los contratos

y negociaciones que celebre el poder Ejecutivo por sí o por

medio de agentes.

8ª Conocer de los recursos de quejas contra los juzgados de

primera instancia y de Comercio, por abuso de autoridad,

denegación o retardo culpable en la administración de Justicia,

y de las causas responsabilidad contra los Jueces de estos

Tribunales.

9ª Conocer de las causas de presas.

10. Conocer del fondo y forma de todas las causas civiles o

criminales que se le sometan en apelación o en consulta y

decidirlas denitivamente.

11. Conocer del mismo modo y como Corte Marcial, de las

apelaciones de las sentencias que pronuncien los consejos de

guerra.

12. Oír las dudas de los tribunales relativas a la mejor

administración de justicia y decidir sobre ellas.

13. Celar y promover la buena administración de justicia.

14. Con el objeto de unicar la jurisprudencia, reformar de

ocio las sentencias que en materia civil den los tribunales o

juzgados inferiores, pasadas ya en autoridad de cosa juzgada,

que contengan principios falsos o adolezcan de algún vicio

radical, sin que su decisión en este caso aproveche ni perjudique

a las partes.

15. Dirimir los conictos de jurisdicción entre los tribunales de

la instancia y entre estos y los demás juzgados.

16. Presentar anualmente al Congreso una memoria del

estado de la administración de Justicia de la República y de

los inconvenientes que resulten de la aplicación de las leyes, y

proponer las mejoras que crea convenientes.

228 | LA CONSTITUCIÓN DOMINICANA Y SUS REFORMAS (1844-2015)

Artículo 71. Los miembros de la Suprema Corte son responsables

y están sujetos a juicio por ante el Congreso:

1° Por crímenes de Estado.

2° Por infracción a la Constitución.

3° Por cohecho o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 72. Las súplicas en revisión de las decisiones de la

Corte, en materia civil o criminal, solo tendrán lugar en los

casos y con las formalidades determinadas por la ley.

SECCIÓN TERCERA

DE LOS TRIBUNALES

Artículo 73. Para la mejor administración de justicia el territorio de

la República se dividirá en distritos judiciales, que se subdividirán

en comunes, cuyo número y jurisdicción determinará la ley. En

aquellos se establecerán juzgados de primera instancia y de

comercio, y estas serán regidas por alcaldes.

§ La ley denirá las atribuciones de estos juzgados, y las que

como jueces deban ejercer los alcaldes; así como también

determinará la organización de los consejos de guerra y su

jurisdicción y atribuciones.

Artículo 74. Para ser juez se requieren las mismas cualidades

que Para ser diputado.

TÍTULO IX

SECCIÓN PRIMERA

DEL PODER MUNICIPAL

Artículo 75. El poder Municipal se ejerce por los ayuntamientos

de las comunes y por las legislaturas locales que se establezcan

en las cabezas de provincias y distritos, cuando lo respectivos

ayuntamientos de unas y otros lo soliciten del Congreso, quien

por medio de una ley podrá ir creando dichas legislaturas y

jarles sus atribuciones.

Reforma del 27 de septiembre de 1866 | 229

SECCIÓN SEGUNDA

DE LOS AYUNTAMIENTOS

Artículo 76. Para el gobierno económico de las comunes habrá

ayuntamientos en todas aquéllas donde lo determine la ley. Su

elección se hará por voto directo, y su duración, así corno sus

atribuciones y las de sus empleados serán objeto de una ley.

Los ayuntamientos son del todo independientes del gobierno

político de las provincias.

§ Único. Las sesiones del ayuntamiento serán presididas

por el vocal que ellas mismas elijan, el cual, en los lugares

donde no haya gobernador, representará la primera

autoridad civil.

Artículo 77. Corresponde a los ayuntamientos reglamentar y

someter a la aprobación del Congreso lo necesario al arreglo

y mejora de la policía urbana y rural, velando siempre sobre

su ejecución, y proponerle cuanto estime conveniente para el

progreso de sus comunes.

TÍTULO X

DEL RÉGIMEN DE LAS PROVINCIAS Y DISTRITOS

Artículo 78. La Gobernación Superior de cada provincia a

distrito se ejercerá por un funcionario con la denominación

de gobernador, dependiente del poder Ejecutivo, de quien

es agente inmediato, y con quien se entenderá por el órgano

del secretario del despacho respectivo. La ley señalará las

atribuciones de estos funcionarios.

§ Único. Para ser gobernador se requieren las mismas cualidades

que para diputado.

Artículo 79. En todo lo concerniente al orden y seguridad

de las provincias y distritos y a su gobierno político, están

subordinados al gobernador todos los funcionarios públicos,

que residan en la provincia o distrito, sea cual fuere su clase

y denominación.

230 | LA CONSTITUCIÓN DOMINICANA Y SUS REFORMAS (1844-2015)

TÍTULO XI

DE LAS ELECCIONES Y DE LAS

ASAMBLEAS ELECTORALES

Artículo 80. Se establece para las elecciones el voto directo y

sufragio universal. Las Asambleas Electorales se reunirán de

pleno derecho el día 15 de noviembre del año anterior al do

la expiración de los períodos Constitucionales, y procederán

inmediatamente a ejercer las atribuciones quo la Constitución

y las leyes les asignan. En los casos en que sean convocadas

extraordinariamente, se reunirán treinta días, a más tardar,

después de la fecha del decreto de convocatoria.

Artículo 81. Son atribuciones de las Asambleas Electorales:

1ª Elegir al presidente de la Repúb1ica.

2ª Elegir los miembros del Congreso y sus suplentes.

3ª Elegir los regidores y síndicos de los ayuntamientos del lugar.

4ª Reemplazar a todos los funcionarios, cuya elección les

pertenezca, en los casos y según las reglas establecidas por la

Constitución y la ley.

Artículo 82. Las elecciones enunciadas en el artículo anterior se

harán por escrutinio secreto, por mayoría de votos, una después

de otra y en sesión permanente.

§ La ley determinará las formalidades que se han de observar

en las elecciones.

Artículo 83. En las elecciones para Presidente de la República,

las Asambleas Electorales deberán remitir inmediatamente,

después de concluidos sus trabajos, copias de las actas al

Congreso y al Ministerio del Interior; en las demás elecciones

harán lo que determine la ley.

Artículo 84. No podrán las asambleas electorales ejercer otras

atribuciones, que aquellas que les coneren la Constitución

y la 1ey; y deberán disolverse inmediatamente después de

terminadas las elecciones.

Reforma del 27 de septiembre de 1866 | 231

Artículo 85. Para ser elector se requiere:

1ª Estar en el pleno goce de derechos civiles y políticos.

2ª Residir en el territorio de la República.

TÍTULO XII

DE LA FUERZA ARMADA

Artículo 86. La Fuerza Armada es esencialmente obediente y no

tiene en ningún caso la facultad de deliberar. El objeto de ella

es defender la independencia y libertad del Estado, mantener el

orden público, la Constitución y las leyes.

1° El Congreso jará anualmente, a propuesta del poder

Ejecutivo, la fuerza permanente de mar y tierra.

2° En ningún caso podrán crearse cuerpos privilegiados.

Artículo 87. La ley establecerá las reglas de reclutamiento y

ascensos en la fuerza armada. En ningún caso podrán crearse

otros empleados militares que los que sean indispensablemente

necesarios, y no se concederá ningún grado sino para llenar una

plaza creada por la ley.

Artículo 88. Habrá además en la República una milicia nacional,

cuya organización y servicios serán determinados por la ley. La

de cada provincia o distrito estará bajo las órdenes inmediatas

del gobernador o de quien haga sus veces, y no podrá ser

movilizada sino en los casos y de la manera prevista por la ley.

Los grados en ella serán electivos y temporales.

Artículo 89. Los individuos de la Fuerza Armada serán juzgados

por consejos de guerra, según las reglas establecidas en el

Código Penal Militar, cuando los delitos que hayan cometido

estén comprendidos en los casos previstos por dicho Código;

mas en todos los demás, o cuando tengan por coacusados a uno

o muchos individuos de la clase civil, serán juzgados por los

tribunales ordinarios.

232 | LA CONSTITUCIÓN DOMINICANA Y SUS REFORMAS (1844-2015)

TÍTULO XIII

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 90. Ningún impuesto general se establecerá sino en

virtud de una ley, y no podrá imponerse contribución comunal

sin acuerdo del ayuntamiento respectivo. Las leyes que

impongan contribuciones directas se harán anualmente.

Artículo 91. No se extraerá del tesoro público cantidad

alguna para otros usos, sino para los determinados por la

ley, y conforme a los presupuestos que, aprobados por el

Congreso, se publicarán precisamente todos los años. Tampoco

podrán depositarse fuera de las áreas públicas los caudales

pertenecientes a la Nación.

Artículo 92. El presupuesto de cada Secretaría de Estado se

dividirá en capítulos. No podrán trasladarse su más de un ramo

a otro ni distraer los fondos de su objeto especial, silo en virtud

de una ley.

Artículo 93. Habrá una Cámara de Cuentas permanente,

compuesta de cinco ciudadanos nombrados por el Congreso

para examinar las cuentas generales y particulares de la

República, y dar al Congreso, al principio de cada Legislatura,

el informe correspondiente respecto a las del año anterior. Los

miembros de este cuerpo durarán cuatro años en el ejercicio de

sus funciones.

§ La ley determinará las atribuciones de esta Cámara.

Artículo 94. Se prohíbe la fundación de toda clase de censos a

perpetuidad, tributos, capellanías, mayorazgos y toda clase de

vinculaciones.

Artículo 95. Ninguna plaza ni parte del territorio de la República

podrá ser declarada en estado de sitio, sino en los casos de

invasión extranjera, efectuada o inminente, o de conmoción

interior. En ambos casos la declaratoria toca al Congreso, pero

si este no estuviese reunido, la hará el poder Ejecutivo, dando

cuenta al Legislativo en su próxima reunión. La Capital no será

en ningún caso declarada en estado de sitio sino por una ley.

Reforma del 27 de septiembre de 1866 | 233

Artículo 96. En ningún caso podrá suspenderse la ejecución

de una parte ni del todo de la Constitución. Su observancia y

exacto cumplimiento queda conado al celo de los Poderes que

ella establece, y al valor y patriotismo de todos los dominicanos.

Artículo 97. Se celebrarán anualmente con la mayor solemnidad

en toda la República, los días 27 de febrero, aniversario de la

Independencia, y el 16 de agosto, aniversario de la Restauración,

únicas estas nacionales.

Artículo 98. El pabellón nacional mercante se compone de

los colores azul y rojo, colocados en cuarteles esquinados y

divididos en el centro por una cruz blanca, de la mitad del ancho

de uno de los otros colores, que toque en los cuatro extremos.

El pabellón de guerra llevará además las armas de la República.

Artículo 99. El escudo de armas de la República es una cruz,

a cuyos pies está abierto el Libro de los Evangelios; y ambos

sobresalen de entre un trofeo de armas en que se ye el símbolo

de la Libertad, enlazado con una cinta en que va el siguiente

lema: “Dios, Patria y Libertad”.

Artículo 100. Todo juramento debe ser exigido en virtud de la

Constitución y la ley, y ningún funcionario ni empleado público,

podrá entrar en el ejercicio de sus funciones, si no lo hubiere

prestado ante la autoridad competente.

TÍTULO XIV

DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

Artículo 101. Para proceder a la reforma del todo o de algunos de

los artículos de la presente Constitución, se hace indispensable

que en dos sesiones distintas, con intervalo de tres días, por lo

menos, entre una y otra, reconozcan la necesidad de la reforma

las dos terceras panes de la mayoría absoluta de los miembros

del Congreso.

Artículo 102. Declarada por el Congreso la necesidad de la

reforma, se redactará el proyecto correspondiente, para que en

la próxima legislatura sea discutido, y pueda ser sancionado en

234 | LA CONSTITUCIÓN DOMINICANA Y SUS REFORMAS (1844-2015)

la misma forma que las leyes, publicándose entre tanto por la

imprenta.

Artículo 103. La facultad que tiene el Congreso para re

formar la Constitución, no se extiende a la forma de gobierno,

que será siempre republicano, democrático, alternativo y

responsable.

TÍTULO XV

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 104. La próxima legislatura se ocupará en dar una

ley regularizando el crédito público de la Nación, debiendo

precisamente establecer al efecto las garantías que han de ser

necesarias a cualquiera emisión de papel moneda.

Artículo 105. La Convención Nacional elegirá por esta vez los

funcionarios que sean de nombramiento del poder Legislativo,

los cuales durarán en sus funciones hasta que el Congreso, en

su próxima reunión, nombre denitivamente los que deban

reemplazarles.

Artículo 106. Los ayuntamientos continuarán en sus respectivos

puestos hasta que las Asambleas Electorales, en noviembre

próximo, elijan los funcionarios que deban sustituirlos.

Artículo 107. Se declaran en su fuerza y vigor todas las leyes,

reglamentos, disposiciones y decretos que no sean contrarios a

la presente Constitución.

Dada en la sala de Sesiones de la Convención Nacional

de la República Dominicana, a los veinte y siete días del

mes de Septiembre del año de gracia de mil ochocientos

sesenta y seis, vigésimo tercero de la Independencia y

cuarto de la Restauración.— El presidente, José G. García.—

El Vicepresidente, J. E. Aybar, diputados por Santo Domingo;

Pedro Valverde y José de I. Castro, diputados por Santo Domingo;

Rafael Ma. Leyba, Miguel Antonio Román y Luciano Hernández,

diputados por Santiago; Juan Bautista Tejeda, Tomás Pimentel

y Olegario Pérez, diputados por Azua; Hilario Carvajal y José

Reforma del 27 de septiembre de 1866 | 235

del Ro. Bernal, diputados por La Vega; José M. Morales y J. F.

Travieso, diputados por El Seibo; Federico M. Leyba y Cherí Cohen,

diputados por el Distrito Marítimo de Puerto Plata; Antonio D.

Madrigal, diputado por el Distrito Marítimo de Samaná.— Los

secretarios: José Antonio Bonilla y España, diputado por El Seibo,

Juan L. Zafra, diputado por Santiago.