Reforma del 9 de junio de 1934

• Páginas: 11-39

LA ASAMBLEA REVISORA

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

Después de haber introducido en los artículos comprendidos

en la ley de su convocatoria las reformas que ha considerado

procedentes, declara en vigor el siguiente texto de la

CONSTITUCIÓN

DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

TÍTULO I

SECCIÓN I

DE LA NACIÓN Y DE SU GOBIERNO

Artículo 1. Los dominicanos constituyen una Nación libre e

independiente con el nombre de la República Dominicana.

Artículo 2. Su gobierno es esencialmente civil, republicano,

democrático y representativo.

Se divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial.

Estos tres poderes son independientes en el ejercicio de estas

respectivas funciones. Sus encargados son responsables y no

pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las

determinadas por esta Constitución y las leyes.

SECCIÓN II

DEL TERRITORIO

Artículo 3. El Territorio de la República, incluso el de las islas

adyacentes, es y será inalienable.

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Sus límites, que comprenden todo lo que antes Se llamaba Parte

Española de la Isla de Santo Domingo y las islas adyacentes,

son, por lo tanto, por el lado de Occidente, los mismos que, en

virtud del Tratado de Aranjuez de 1777, lo dividían en 1793 de

la parte francesa.

Solamente por ese lado podrán ser objeto de modicaciones,

siempre que ellas sean legalmente establecidas por medio de un

Tratado con la República de Haití debidamente aprobado por el

Congreso, o por medio de un juicio Arbitral cuyo Protocolo de

Compromiso sea aprobado por el Congreso y cuya Sentencia

esté exenta de todo vicio de nulidad reconocido por el Derecho

Internacional.

§. DISPOSICIÓN TRANSITORIA. Una vez determinada,

por uno de los dos medios establecidos en el tercer acápite del

Artículo 3° de esta Constitución, y después de haber sido trazada

obre el terreno la frontera denitiva que separe el territorio de la

República del territorio de la República de Haití, quedarán ipso

facto abrogados los acápites 2° y 3° del citado artículo 3°, el cual

solamente dirá en lo sucesivo: “El territorio de la República,

incluso el de las islas adyacentes, es y será inalienable”.

Artículo 4°. El territorio de la República se divide en Provincias,

y éstas a su vez se dividen en Comunes.

§. La ley jará el número y los límites de las provincias, así

como los de las comunes en que se dividan, y podía crear

también con otra denominación divisiones políticas del

territorio.

Artículo 5°. La Ciudad de Santo Domingo es la Capital de la

República, y el asiento del Gobierno Nacional.

§. El desarrollo y el embellecimiento de la Ciudad de Santo

Domingo se declaran obra de alto interés nacional. En

consecuencia, el Estado destinará y aplicará anualmente para

este n en la Ley de Gastos Públicos, una suma no menor de la

tercera parte del Presupuesto Municipal de la Común de Santo

Domingo.

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TÍTULO II

SECCIÓN I

DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES

Artículo 6. Se consagran como inherentes a la personalidad

humana:

1.— La inviolabilidad de la vida. No podrá imponerse la pena

de muerte, ni otra pena que implique pérdida de la integridad

física del individuo.

2.— La libertad del trabajo. En consecuencia, queda prohibido

el establecimiento de monopolios en benecio de particulares.

3.— La libertad de conciencia y de cultos.

4.— La libertad de enseñanza.

5.— El derecho de expresar el pensamiento.

6.— La libertad de asociación y de reuniones para nes pacícos.

7.— El derecho de propiedad. Esta sin embargo podrá ser

tomada por causa de utilidad pública debidamente justicada

y previa justa indemnización. En caso de calamidad pública la

indemnización podrá no ser previa.

8.— La inio1abi1idad de la correspondencia y demás documentos

privados, los cuales no podrán ser ocupados ni registrados

sino mediante procedimientos legales en la substanciación de

asuntos que se ventilen en la justicia.

9.— La inviolabilidad del domicilio. Ninguna visita domiciliaria

puede vericarse sino en los casos previstos por la ley, y con las

formalidades que ella prescribe.

10.— La libertad de tránsito, salvo lo que dispusieren las leyes

penales, de inmigración o de sanidad.

11.— La propiedad exclusiva, por el tiempo y en la forma que

determine la ley, de los inventos y descubrimientos, así como de

las producciones cientícas, artísticas y literarias.

12.— La seguridad individual. Por tanto: a) No se establecerá

el apremio corporal por deuda que no proviniere de fraude o

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infracción de las leyes penales; b) Nadie podrá ser reducido a

prisión ni cohibido en su libertad sin orden motivada y escrita de

funcionario judicial competente, salvo el caso de agrante delito;

c) Nadie podrá ser juzgado dos veces por una misma causa, ni

ser obligado a declarar en contra de sí mismo, ni ser condenado

a ninguna pena, sea cual fuere la naturaleza de ésta, sin que se

le haya oído en audiencia pública, o sin que se hubiese citado

regularmente. Se exceptúan de ser oídos en audiencia pública

los casos para los cuales crea la ley los Tribunales disciplinarios;

d) Toda persona privada de su libertad será sometida al Juez o

Tribunal competente dentro de las cuarenta y ocho horas de su

detención, o puesta en libertad. Todo arresto se dejará sin efecto

o se elevará a prisión dentro de las cuarenta y ocho horas de

haber sido sometido el arrestado al Juez o Tribunal competente,

debiendo noticarse al interesado, dentro del mismo plazo, la

providencia que al efecto se dictare; e) Toda persona privada de

su libertad sin causa o sin las formalidades legales, o fuera de

los casos previstos por las leyes, será puesto inmediatamente en

libertad a requerimiento suyo o de cualquiera persona. La ley

determinará la manera de proceder sumariamente en este caso.

Artículo 7. La enumeración contenida en el Art. 6 no es

limitativa, y por tanto no excluye la existencia de otros derechos

de igual naturaleza.

TÍTULO III

DERECHOS POLÍTICOS

SECCIÓN I

DE LA NACIONALIDAD

Artículo 8. Son dominicanos:

1.— Las personas que al presente gozaren de esta calidad en

virtud de Constituciones y leyes anteriores.

2.— Todas las personas que nacieren en el territorio de la

República, con excepción de los hijos legítimos de los extranjeros

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residentes en la República en representación diplomática o que

estén de tránsito en ella.

3.— Las personas nacidas en el extranjero de padres dominicanos

siempre que, de acuerdo con las leyes del país de su nacimiento,

no hubieren adquirido una nacionalidad extraña, o que, en caso

de haberla adquirido, manifestaren al llegar a la mayor edad,

por acto ante un ocial público remitido al Poder Ejecutivo, su

propósito de tener la nacionalidad dominicana.

4.—Los naturalizados según la Constitución y las leyes.

§. Ningún dominicano podrá alegar condición de extranjero

por naturalización o por cualquier otra causa.

§§. La mujer dominicana casada con un extranjero adquirirá

la nacionalidad de su marido, siempre que la ley de éste así

lo establezca. De lo contrario conservará la nacionalidad

dominicana.

SECCIÓN II

DE LA CIUDADANÍA

Artículo 9. Son ciudadanos todos los dominicanos varones,

mayores de diez y ocho años y los que sean o hubieren sido

casados, aunque no hayan cumplido esa edad.

Artículo 10. Son derechos de los ciudadanos:

1.— El de elegir.

2.— El de ser elegible para las funciones electivas, con las

restricciones que indica esta Constitución.

Artículo 11. Los derechos de ciudadano se pierden:

1.— Por tomar las armas contra la República o prestar ayuda en

cualquier atentado contra ella.

2.— Por condenación a pena criminal y mientras ésta dure.

3.— Por interdicción judicial.

4.— Por admitir en territorio dominicano empleo de algún

gobierno extranjero, sin autorización del poder Ejecutivo.

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5.— Por haber adoptado otra nacionalidad.

TÍTULO IV

SECCIÓN I

DE LA SOBERANÍA

Artículo 12. Solo el Pueblo es soberano.

TÍTULO V

SECCIÓN I

DEL PODER LEGISLATIVO

Artículo 13. Todos los poderes legislativos conferidos por

la presente Constitución están conados a un Congreso de

la República compuesto de un Senado y una Cámara de

Diputados.

Artículo 14. La elección de Senadores, así como la de Diputados,

se hará por voto directo.

Artículo 15. El cargo de Senador y el de Diputados son

incompatibles con todo otro empleo o cargo público permanente

con excepción de los del profesorado, los cuales no son

incompatibles con ningún oro cargo o empleo público.

Artículo 16. Cuando ocurran vacantes de Senadores o de

diputados serán llenadas por la Cámara correspondiente, la cual

escogerá el sustituto de la terna que le presentará el organismo

correspondiente del Partido Político a que pertenecía el Senador

o Diputado que originó la vacante.

§. La terna deberá ser sometida a la Cámara correspondiente

dentro de los treinta días subsiguientes a la ocurrencia de la

vacante, si estuviere reunido el Congreso; y en caso de no estarlo,

dentro de los treinta primeros días de su reunión. Si hubieren

transcurrido los treinta días, y el organismo correspondiente del

Partido no hubiere sometido terna, la Cámara correspondiente

hará la designación libremente.

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SECCIÓN II

DEL SENADO

Artículo 17. El Senado se compondrá de miembros elegidos

a razón de uno por cada provincia y su ejercicio durará un

período de cuatro años.

Artículo 18. Para ser Senador se requiere:

Ser dominicano en el pleno ejercicio de los derechos civiles y

políticos, haber cumplido treinta y cinco años de edad y ser

natural de la Provincia que lo elija, o haber residido en ella cinco

años por lo menos.

§. Los naturalizados no podrán ser Senadores, sino diez años

después de haber adquirido la nacionalidad y siempre que

hubieren residido de manera continua en el país durante los

dos años que precedan a su elección.

Artículo 19. Son atribuciones exclusivas del Senado:

1.— Nombrar los Jueces de la Suprema Corte de Justicia, de las

Cortes de Apelación, de los Tribunales o Juzgados de Primera

Instancia, de los Tribunales de Tierras, los Jueces de Instrucción

y los Jueces de cualesquiera otros Tribunales del orden judicial

creados por la Ley.

2.— Nombrar los miembros de la Cámara de Cuentas.

3.—Aprobar o no los nombramiento de carácter Diplomático

que expida el poder Ejecutivo.

4.— Conocer de las acusaciones formuladas por la Cámara de

Diputados contra los funcionarios públicos elegidos para un

período determinado, por mala conducta o falta en el ejercicio de sus

funciones. El Senado, en materia de acusación, no podrá imponer

otras penas que las de destitución del cargo o la de inhabilitación

para todos los cargos retribuidos y de honor o conanza de la

República. La persona convicta quedará sin embargo sujeta, si

hubiere lugar, a ser acusada y juzgada con arreglo a la ley.

El Senado no podrá pronunciar sentencia condenatoria sino

cuando lo acordare por lo menos el voto de las tres cuartas

partes de la totalidad de sus miembros.

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Las disposiciones contenidas en este artículo no excluyen,

respecto de los miembros del Poder Judicial, la autoridad

disciplinaria de la Suprema Corte de Justicia.

SECCIÓN III

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Artículo 20. La Cámara de Diputados se compondrá de

miembros elegidos cada cuatro años por el Pueblo de las

Provincias, a razón de uno por cada treinta mil habitantes o

fracción de más de quince mil.

§. Ninguna Provincia tendrá menos de dos Diputados.

Artículo 21. Para ser Diputado se requiere:

Ser dominicano en el pleno ejercicio de los derechos civiles y

políticos y haber cumplido veinticinco años de edad.

§. Los naturalizados no podrán ser elegidos Diputados sino ocho

años después de haber adquirido la nacionalidad y siempre que

hubieren residido de manera continua en el país durante los

dos años que precedan a su elección.

Artículo 22. Son atribuciones exclusivas de la Cámara de

Diputados:

1.— Ejercer el derecho de acusar ante el Senado a los

funcionarios públicos en los casos determinados por el acápite

4 del Art. 19. La acusación no podrá formularse sino con el

voto de las tres cuartas partes de la totalidad de los miembros

de la Cámara.

2.— Autorizar o no a los Ayuntamientos a enajenar inmuebles,

y aprobar o no los contratos que hagan cuando constituyan en

garantía inmuebles o rentas comunales.

SECCIÓN IV

DISPOSICIONES COMUNES A AMBAS CÁMARAS

Artículo 23. Las Cámaras se reunirán en Asamblea Nacional en

los casos indicados por la Constitución, debiendo para el efecto,

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estar presente más de la mitad de los miembros de cada una de

ellas.

Artículo 24. Cada Cámara reglamentará lo concerniente a

su servicio interior y al despacho de los asuntos que le son

peculiares; pudiendo en el régimen disciplinario establecer

castigos para sus miembros en proporción a las faltas que

cometan.

Artículo 25. El Senado y la Cámara de Diputados celebrarán

sus sesiones separadamente, excepto cuando se reúnan en

Asamblea Nacional

Artículo 26. En cada Cámara se hará necesario la presencia

de más de la mitad de sus miembros, por lo menos, para la

validez de las deliberaciones; y las decisiones se tomarán

por mayoría absoluta de votos, salvo los asuntos declarados

previamente de importancia, que decidirán las dos terceras

parte de los votos.

§. Las disposiciones del presente artículo en su segunda parte,

son aplicables a las reuniones de la Asamblea Nacional.

Artículo 27. Los miembros de una y otra Cámara, gozaran de la

más completa inmunidad penal por las opiniones que expresen

en las sesiones.

Artículo 28. Ningún Senador o Diputado podrá ser privado

de su libertad durante la Legislatura, sin la autorización de la

Cámara a que pertenezca, salvo el caso de que sea aprehendido

en el momento de la comisión de un crimen. En todos los casos

el Senado o la Cámara de Diputados, o si éstas no están en sesión

o no constituyen quórum, cualquier miembro, podrá exigir que

sea puesto en libertad por el tiempo que dure la Legislatura o

una parte de ella, cualquiera de sus miembros que hubiese sido

detenido, arrestado, preso o privado en cualquiera ora forma

de su libertad. A este efecto se hará un requerimiento por el

Presidente del Senado o el de la Cámara, o por el Senador o

Diputado, según el caso, al Procurador General de la República;

y Si fuere necesario, dar la orden de libertad directamente,

para lo cual podrá requerir y deberá serle prestado, por todo

depositario de la fuerza pública, el apoyo de ésta.

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Artículo 29. Las Cámaras se reunirán ordinariamente el 27 de

Febrero y el 16 de Agosto de cada año y cada Legislatura durará

noventa días, la cual podrá prorrogarse hasta por sesenta días más.

§. Se reunirán extraordinariamente por convocatoria del poder

Ejecutivo.

Artículo 30. El 16 de Agosto de cada año cada Cámara nombrará

de su seno un Presidente, un Vicepresidente y dos Secretarios

por el término de un año.

§. Cada Cámara designará sus empleados auxiliares, los cuales

permanecerán en sus puestos mientras no sean expresamente

removidos.

§. El Presidente del Senado y el de la Cámara de Diputados

tendrán durante las sesiones poderes disciplinarios; y

representarán a su respectiva Cámara en todos los actos legales.

Artículo 31. Cuando las Cámaras se reúnan en Asamblea

Nacional asumirá la Presidencia la persona a quien corresponda

en ese momento presidir el Senado; ocupará la Vicepresidencia

el Presidente de la Cámara de Diputados, y la Secretaría, los

Secretarios de ambas Cámaras.

Artículo 32. Corresponde a la Asamblea Nacional:

Examinar las actas de elección del Presidente y del Vicepresidente

de la República, proclamarlos, recibirles juramento y en su caso,

admitirles la renuncia.

TÍTULO VI

SECCIÓN I

DEL CONGRESO

Artículo 33. Son atribuciones del Congreso:

1.— Establecer los impuestos o contribuciones generales y

determinar el modo de su recaudación e inversión legal.

2.— Aprobar o desaprobar, con vista del informe de la Cámara

de Cuentas, el estado de recaudación e inversión de las rentas

que debe presentarle el poder Ejecutivo.

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3.— Conocer de las observaciones que a las leyes haga el poder

Ejecutivo.

4.— Hacer, en la Legislatura de Agosto, el Presupuesto de

Ingreso de la Nación y votar la Ley de Gastos Públicos del

Estado.

§. Cuando por cualquiera circunstancia el Congreso cierre la

Legislatura correspondiente sin haber votado el Presupuesto de

Ingresos y la Ley de Gastos Públicos, continuará rigiendo la Ley

de Gastos Públicos del año anterior.

5.— Determinar lo conveniente para la conservación y

fructicación de los bienes nacionales, y para la enajenación de

los bienes del dominio privado do la Nación.

6.— Conceder amnistía por causas políticas.

7.— Determinar todo lo concerniente a la conservación de

monumentos antiguos y a la adquisición de toda clase de

objetos prehistóricos e históricos que sirvan para constituir la

Arqueología Nacional.

8.— Crear o suprimir Provincias, Comunes u otras divisiones

políticas del territorio, y determinar todo lo concerniente a sus

límites y organización.

9.— En caso de alteración de la paz pública, suspender, donde

aquella exista, y por el término de su duración, los derechos

individuales consagrados en el Artículo 6 en sus incisos 5, 6, 10

y 12 letras b), d) y e).

10.— Disponer todo lo relativo a la Inmigración.

11.— Reglamentar cuanto convenga al servicio de las Aduanas.

12.— Aumentar o reducir el número de las Cortes de Apelación,

y crear o suprimir Tribunales ordinarios o de excepción.

13.— Votar los gastos públicos extraordinarios, para los cuales

solicite un crédito el Ejecutivo.

14.— Levantar empréstitos sobre el crédito de la República por

medio del poder Ejecutivo.

15.— Aprobar o desaprobar los traslados y convenciones

internacionales que celebre el poder Ejecutivo.

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16.— Determinar todo lo relativo a zonas marítimas, uviales

y militares.

17.— Legislar cuanto concierna a la deuda nacional.

18.— Decretar la Reforma Constitucional.

19.— Determinar todo lo relativo a la habilitación de puertos y

costas marítimas.

20.— Disponer cuanto concierna a las fuerzas armadas de la

República.

21.— Conceder autorización al Presidente de la República para

que pueda ausentarse del territorio de la República.

22.— Interpelar a los Secretarios de Estado sobre asuntos de su

competencia.

23.— Examinar anualmente todos los actos del poder Ejecutivo

y aprobarlos, si son ajustados a la Constitución y a las leyes.

24.— Aprobar o no los contratos que le someta el Presidente

de la República, en conformidad con el inciso diez del artículo

cuarenta y nueve.

25.— Crear o suprimir Consejos Provinciales o Legislaturas

locales.

26.— Crear o suprimir Secretarías y Subsecretarías de Estado,

según las necesidades de la Administración Pública.

27.— Decretar el traslado de las Cámaras Legislativas fuera de la

Capital de la República por causas de fuerza mayor justicadas,

o mediante convocatoria del Presidente de la República.

28.— Legislar acerca de toda materia que no sea de la competencia

de otro Poder del Estado o contraria a la Constitución.

TÍTULO VII

SECCIÓN I

DE LA FORMACIÓN DE LAS LEYES

Artículo 34. Tienen derecho a iniciativa en la formación de las

leyes:

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a) Los Senadores y los Diputados.

b) El Presidente de la República.

c) La Suprema Corte de Justicia en asuntos judiciales.

Artículo 35. Todo proyecto de Ley admitido en una de las

Cámaras se someterá a dos discusiones distintas, con un

intervalo de un día por lo menos entre una y otra discusión; en

caso de que fuere declarado previamente de urgencia podrá ser

discutido en dos sesiones consecutivas.

Artículo 36. Aprobado un proyecto de ley en cualquiera de

las Cámaras, pasará a la otra para su oportuna discusión,

observándose en ella las mismas formas legales. Si esta Cámara

le hiciere modicaciones, devolverá dicho proyecto con

observaciones a la Cámara en que se inició; y, en caso de ser

aceptadas, enviará la Ley al Poder Ejecutivo; pero si aquellas

fuesen rechazadas, será devuelto el proyecto a la otra Cámara

con observaciones, y si ésta las aprueba, enviará a su vez la ley

al Poder Ejecutivo; si fueren rechazadas las observaciones, se

considerará desechado el proyecto.

Artículo 37. Toda ley aprobada en ambas Cámaras será enviada al

Poder Ejecutivo. Si éste no la observare, la promulgará dentro de

los ocho días de recibida y la hará publicar, dentro de los quince

días de la promulgación; si la observare, la devolverá a la Cámara

de donde procedió en el preciso término de ocho días a contar de

la fecha en que le fue enviada, si el asunto no fue declarado de

urgencia, pues en este caso hará sus observaciones en el término

de tres días. La Cámara que hubiere recibido las observaciones las

hará consignar en la orden del día de la próxima sesión y discutirá

de nuevo la ley. Si después de esta discusión las dos terceras panes

del número total de los miembros de dicha Cámara la aprobaren de

nuevo, será remitida a la otra. Cámara, y si ésta por igual mayoría

la aprobare, se considerará denitivamente ley.

§. El Presidente de la República quedará obligado a promulgar

y publicar la ley en los plazos indicados.

§§. Los proyectos de ley que quedaren pendientes en cualquiera

de las dos Cámaras al cerrarse la Legislatura, deberán seguir

los trámites constitucionales, hasta ser convertidos en ley, en la

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Legislatura siguiente. Cuando esto no ocurriere así, se tendrá el

proyecto como no iniciado.

§§§. Todo proyecto de ley recibido en una Cámara, después de

haber sido aprobado en la otra, será jado en la orden del día.

Artículo 38. Cuando fuere enviada una ley al Presidente de la

República para su promulgación y el tiempo que faltare para el

término de la Legislatura fuere inferior al que se determina en el

precedente artículo para observarla, seguirá abierta la legislatura

para conocer de las observaciones hasta el agotamiento de los

plazos y del procedimiento establecido por el Artículo 37.

Artículo 39. Las leyes después de publicadas, son obligatorias

para todos los habitantes de la República, si ha transcurrido el

tiempo legal para que se reputen conocidas.

Artículo 40. Serán nulos de pleno derecho toda ley, decreto,

reglamento y actos contrarios a la presente Constitución.

Artículo 41. Los proyectos de ley rechazados en una Cámara no

podrán presentarse en la otra, ni nuevamente en ninguna de las

dos, sino en la Legislatura siguiente.

Artículo 42. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sino en el

caso de que sean favorables al que esté sub-judice, o cumpliendo

condena.

Artículo 43. Las leyes se encabezarán así: “El Congreso Nacional,

En nombre de la República”.

TÍTULO VIII

SECCIÓN I

DEL PODER EJECUTIVO

Artículo 44. El poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la

República, quien será elegido cada cuatro años por voto directo.

Artículo 45. Para ser Presidente de la República se requiere:

1.— Ser dominicano de nacimiento u origen y haber residido

por lo menos diez años en el país.

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2.— Tener por lo menos treinta y cinco años de edad y estar en

el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos.

Artículo 46. El Presidente de la República no puede renunciar

sino ante la Asamblea Nacional.

Artículo 47. En las elecciones ordinarias, el Presidente de la

República electo tomará posesión de su cargo al terminar

el período del saliente, exceptuándose los casos en que se

encuentre fuera del país, o de enfermedad o de cualquier otro

caso de fuerza mayor. Cuando esto ocurra tomará posesión

interinamente el Vicepresidente electo, quien a su vez podrá ser

sustituido, en los mismos casos, por el Presidente de la Suprema

Corte de Justicia.

Artículo 48. El Presidente de la República antes de entrar en

funciones prestará ante la Asamblea Nacional, el siguiente

juramento:

“Juro por Dios y por la Patria cumplir y hacer cumplir la

Constitución y las leyes de la República, sostener y defender

su independencia, respetar sus derechos y llenar elmente los

deberes de mi cargo”.

Artículo 49. El Presidente de la República es el Jefe de la

Administración Pública y el Comandante en Jefe de todas las

fuerzas armadas de la República.

Corresponde al Presidente de la República:

1.— Nombrar los Secretarios de Estado, aceptarles sus renuncias

y removerlos.

2.— Preservar la Nación de todo ataque exterior.

3.— Promulgar y hacer publicar las leyes y resoluciones y

cuidar de su el ejecución. Expedir decretos, instrucciones y

reglamentos cuando fuere necesario.

4.— Velar por la buena recaudación y el inversión de las rentas

nacionales.

5.— Nombrar todos los empleados públicos cuyo nombramiento

no se atribuye a otro Poder u organismo autónomo, y a los

miembros del Cuerpo Diplomático con la aprobación del Senado.

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6.— Recibir a los Jefes de Estado extranjeros y a sus

representantes.

7.— Presidir todos los actos solemnes de la Nación, conceder

indultos por causas políticas, dirigir las negociaciones

diplomáticas y celebrar tratados con las naciones extranjeras,

debiendo someterlos a la aprobación del Congreso, sin lo cual

no tendrán validez ni obligarán a la República.

8.— En caso de alteración de la paz pública, y si no se hallaren

reunidas las dos Cámaras, podrá decretar el estado de sitio y

suspender las garantías que según el Artículo 33, inciso 9 de

esta Constitución, se permite suspender al Congreso.

9.— Llenar interinamente las vacantes que ocurran entre los

Jueces de las Cortes y los Tribunales y la Cámara de Cuentas

cuando esté en receso el Congreso, con la obligación de informar

al Senado de dichos nombramientos, en la próxima Legislatura

para que éste provea los denitivos.

10.— Celebrar contratos, sometiéndolos a la aprobación del

Congreso Nacional cuando contengan disposiciones relativas a

la afectación de rentas nacionales, a la enajenación de inmuebles

o al levantamiento de empréstitos; y sin tal aprobación en los

demás casos.

11.— Cubrir las vacantes que ocurran en los Ayuntamientos,

cuando éstos estuvieren en minoría, o se agotare el número de

suplentes.

12.— Expedir patentes de navegación.

13.— Disponer de las fuerzas permanentes en tiempo de paz o

de guerra para nes del servicio público.

14.— Declarar la guerra, previo decreto del Congreso, y

ajustar la paz, cuando fuere necesario, a reserva de obtener la

aprobación de aquél.

15.— En caso de guerra internacional, podrá hacer arrestar o

expulsar del territorio nacional a los individuos de la nación

con la cual se estuviere en guerra.

16.— Pedir al Congreso los créditos necesarios para sostener la

guerra.

Reforma del 9 de junio de 1934 | 799

17.— Cambiar el lugar de su residencia ocial cuando lo juzgue

necesario.

18.— Depositar ante el Congreso Nacional, al iniciarse la

Legislatura ordinaria el veintisiete de Febrero de cada año,

un Mensaje, acompañado de las Memorias de los Secretarios

de Estado, en el cual dará cuenta de su administración del año

anterior.

19.— Someter al Congreso, durante la Legislatura que se inicia

el dieciséis de Agosto, el proyecto de Presupuesto de Ingresos

y de Ley de Gastos Públicos correspondiente al año siguiente.

20.— Conceder autorización a los ciudadanos dominicanos

para que puedan ejercer cargos públicos extranjeros.

21.— Aprobar o no los arbitrios establecidos por los. Ayunta-

mientos.

22.— Conceder indulto total o parcial, en los días veintisiete

de Febrero, dieciséis de Agosto y veintitrés de Diciembre, a

los presos que estén cumpliendo penas en las cárceles de la

República.

Artículo 50. El Presidente de la República no podrá salir de ésta

sin autorización del Congreso.

SECCIÓN II

DEL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Artículo 51. Habrá un Vicepresidente de la Repúb1ica que será

elegido en la misma forma y para igual período de tiempo que el

Presidente, y conjuntamente con éste. Para ser Vicepresidente se

requieren las mismas condiciones que para ser Presidente.

Artículo 52. En caso de falta temporal o denitiva del Presidente

de la República éste será substituido de pleno derecho por el

Vicepresidente. Si la falta fuere denitiva, durará la substitución

hasta la terminación del período presidencial.

También por virtud de decreto del Presidente de la

República, el Vicepresidente ejercerá temporalmente el

poder Ejecutivo.

800 | LA CONSTITUCIÓN DOMINICANA Y SUS REFORMAS (1844-2015)

Artículo 53. En caso de falta temporal o denitiva del Presidente y

del Vicepresidente de la República, desempeñarán las funciones

de Presidente, sucesivamente, mientras cese la incapacidad

en caso de falta temporal, o por el tiempo que fallare para la

terminación del período si la falla fuere denitiva, el Secretario

de Estado de lo Interior y Policía, y a falta de éste, el Secretario

de Estado de la Presidencia.

Estas Secretarías de Estado deberán gurar siempre en la ley

que las instituye.

§ Para desempeñar estas Secretarías de Estado se requieren

las mismas condiciones que para ser Presidente de la

República.

SECCIÓN III

DE LOS SECRETARIOS DE ESTADO

Artículo 54. Para el despacho de los asuntos de la administración

pública habrá las Secretarías de Estado que establezca la ley.

Artículo 55. Para ser Secretario de Estado se requiere:

Ser dominicano en el pleno ejercicio de los derechos civiles y

políticos y haber cumplido la edad de veinticinco años.

§. Los naturalizados no podrán ser Secretarios de Estado sino

diez años después de haber adquirido la nacionalidad.

Artículo 56. La ley determinará las atribuciones de los

Secretarios de Estado.

TÍTULO IX

SECCIÓN I

DEL PODER JUDICIAL

Artículo 57. El Poder Judicial reside en la Suprema Corte de

Justicia, las Cortes de Apelación, los Tribunales o Juzgados

de Primera Instancia, las Alcaldías Comunales y los demás

Tribunales del orden judicial creados por las leyes.

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SECCIÓN II

DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Artículo 58. La Suprema Corte de Justicia se compondrá de

siete Jueces, por lo menos; pero podrá reunirse, deliberar y

fallar válidamente con el quórum que determine la ley, la cual

reglamentará su organización.

§. Mientras no se vote dicha ley, el quórum en referencia será de

cinco miembros.

§§. Al designar los Jueces de la Suprema Corte de Justicia, el

Senado elegirá cuál de ellos deberá ocupar la Presidencia y un

primero y un segundo sustituto para reemplazar al Presidente

en caso de falta o impedimento.

§§§. El Procurador General de la República es el Jefe de la

Policía Judicial y del Ministerio Público y lo representa ante

la Suprema Corte de Justicia; tiene las atribuciones, deberes y

prerrogativas que le coneren las leyes, y la misma categoría

que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Artículo 59. Para ser Juez de la Suprema Corte de Justicia o

Procurador General de la República se necesita ser dominicano

de nacimiento u origen, en el pleno ejercicio de sus derechos

civiles y políticos, haber cumplido la edad de treinta y cinco

años y ser Licenciado o Doctor en Derecho con ocho años

cuando menos en el ejercicio de la profesión, o haber sido Juez

de algún Tribunal o Corte, o Procurador General durante cuatro

años.

Artículo 60. El cargo de Juez de la Suprema Corte de Justicia

es incompatible con todo otro destino o empleo público,

permanente o accidental.

Artículo 61. Corresponde exclusivamente a la Suprema Corte

de Justicia, sin perjuicio de las demás atribuciones que le

conere la ley:

1.— Conocer en primera y última instancia de las causas seguidas

al Presidente, Vicepresidente de la República, Senadores,

Diputados, Secretarios de Estado, miembros de la Suprema

Corte de Justicia, el Procurador General de la República, los

802 | LA CONSTITUCIÓN DOMINICANA Y SUS REFORMAS (1844-2015)

Jueces y Procuradores Generales de las Cortes de Apelación y a

los miembros del Cuerpo Diplomático Nacional.

2.— Conocer de los recursos de casación de conformidad con

la ley.

3.— Conocer en primera y última instancia de los asuntos que

litiguen entre si el Estado y los Municipios.

4.— Conocer en último recurso de las causas cuyo conocimiento

en primera instancia competa a las Cortes de Apelación.

5.— Decidir en último recurso sobre la constitucionalidad de las

leyes, decretos, resoluciones y reglamentos en todos los casos

que sean materia de controversia entre partes.

6.—Ejercer la más alta autoridad disciplinaria sobre todos

los miembros del Poder Judicial, pudiendo imponer hasta la

suspensión o destitución, en la forma que determine la ley.

7.— Trasladar provisional o denitivamente de una jurisdicción

a otra, cuando lo Juzgue útil, los Jueces de Primera Instancia y

los Jueces de Instrucción.

SECCIÓN III

DE LAS CORTES DE APELACIÓN

Artículo 62. Habrá, por lo menos, tres Cortes de Apelación para

toda la República; el número de Jueces que deben componerlas

así como los Distritos Judiciales que a cada Corte corresponda

se determinará por la ley.

Artículo 63. Solo podrán ser Jueces de la Corte de Apelación los

dominicanos mayores de veinticinco años de edad, que estén en

el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y que sean

Abogados de los Tribunales de la República.

§. Los naturalizados no podrán ser Jueces de las Cortes de

Apelación, sino ocho años después de adquirir la nacionalidad

dominicana.

Artículo 64. En cada Corte de Apelación funcionará un

Procurador General que deberá reunir las mismas condiciones

que los Jueces que la componen.

Reforma del 9 de junio de 1934 | 803

Artículo 65. Son atribuciones de las Cortes de Apelación:

1.— Conocer de las apelaciones de sentencias dictadas por los

Tribunales y Juzgados de Primera Instancia y de las apelaciones

de las sentencias de los Consejos de Guerra mientras no se

establezca una Corte Marcial de Segundo Grado.

2.— Conocer en primera instancia de las causas seguidas a

los Magistrados y Fiscales de los Tribunales y Juzgados de 1ª

Instancia y Gobernadores de Provincias.

3.— Conocer de los demás asuntos que determinen las leyes.

SECCIÓN IV

DE LOS TRIBUNALES INFERIORES

Artículo 66. Para cada Distrito Judicial habrá Tribunales o

Juzgados de Primera Instancia, con las atribuciones que les

conera la ley.

§. La ley determinará el número de los Distritos Judiciales, el

número de Jueces de que deban componerse los Tribunales o

Juzgados y el número de las Cámaras en que puedan dividirse.

Artículo 67. Para ser Juez de un Tribunal o Juzgado de Primera

Instancia se requiere:

Ser dominicano en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y

políticos, tener veinticinco años de edad y ser Abogado de los

Tribunales de la República.

Artículo 68. Los Conjueces en los Tribunales Colegiados, los

Procuradores Fiscales y Jueces de Instrucción, necesitarán las

mismas condiciones que se requieren para ser Presidente o Juez

de primera Instancia, menos la de ser abogado.

§ Una ley podrá hacer obligatoria la condición de abogado para

el ejercicio de esos cargos.

SECCIÓN V

DE LAS ALCALDÍAS

Artículo 69. En cada Común habrá uno o más Alcaldes con dos

suplentes, respectivamente, nombrados por el poder Ejecutivo.

804 | LA CONSTITUCIÓN DOMINICANA Y SUS REFORMAS (1844-2015)

Artículo 70. Para ser Alcalde o Suplente se requiere: Ser

dominicano, tener por lo menos veinticinco años de edad y

estar en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos.

§. Tendrán las atribuciones que determine la Ley y estarán

sometidos a los requisitos de capacidad que ella prescriba.

TÍTULO X

SECCIÓN I

DE LA CÁMARA DE CUENTAS

Artículo 71. Habrá una Cámara de Cuentas permanente,

compuesta de tres o de cinco ciudadanos nombrados por el

Senado, escogidos de las ternas que le presente la Cámara de

Diputados.

Artículo 72. Sus atribuciones serán, además, de las que le

conere la ley:

1.— Examinar las Cuentas generales y particulares de la

República.

2.— Presentar al Congreso en la primera Legislatura ordinaria

el informe respecto de las Cuentas del año anterior.

Artículo 73. Los miembros de la Cámara de Cuentas durarán en

sus funciones cuatro años.

Artículo 74. Para ser miembro de la Cámara de Cuentas se

requiere ser dominicano en el pleno ejercicio de los derechos

civiles y políticos, y haber cumplido treinta y cinco años de

edad.

TÍTULO XI

SECCIÓN I

DE LOS AYUNTAMIENTOS

Artículo 75. El gobierno de las Comunes estará a cargo de los

Ayuntamientos, cuyos miembros, en número determinado por

Reforma del 9 de junio de 1934 | 805

la ley proporcionalmente al de habitantes, serán elegidos por

voto directo.

Artículo 76. Los Ayuntamientos son independientes en el

ejercicio de sus atribuciones, salvo las restricciones y limitaciones

que establezcan las leyes en materia económica.

Artículo 77. Los Regidores y Síndicos de los Ayuntamientos

durarán cuatro años en el ejercicio de su cargo. Cuando

ocurriesen vacancias en los cargos de Regidores o Síndicos, los

sustitutos durarán en sus funciones hasta completar el período

para el cual fueron elegidos sus antecesores.

§. Los extranjeros varones mayores de edad y con una

residencia de más de cinco años en la Común que los elija

pueden ser Regidores en las condiciones que establezcan las

leyes.

TÍTULO XII

SECCIÓN I

DEL RÉGIMEN DE LAS PROVINCIAS

Artículo 78. Las Provincias serán gobernadas del modo y en

la forma prevista por la ley. Habrá en cada Provincia, elegido

por voto directo, un Gobernador, que durará cuatro años en el

ejercicio de su cargo.

§. En caso de renuncia, inhabilitación o muerte del Gobernador,

será nombrado un sustituto por el poder Ejecutivo para que

cumpla el período del anterior.

§§. Para ser Gobernador se requiere: ser dominicano, mayor

de veinticinco años de edad y estar en el pleno ejercicio de los

derechos civiles y políticos.

Artículo 79. Las atribuciones del Gobernador, así como todo lo

demás relativo al régimen de las Provincias, serán determinadas

por la ley.

806 | LA CONSTITUCIÓN DOMINICANA Y SUS REFORMAS (1844-2015)

TÍTULO XIII

SECCIÓN I

DE LAS ASAMBLEAS ELECTORALES

Artículo 80. Todos los ciudadanos tienen derecho al sufragio

con las siguientes excepciones:

1.— Los que hayan perdido los derechos de ciudadanos por

virtud del Art. 11 de esta Constitución.

2.— Los pertenecientes a las fuerzas armadas y cuerpos de

policía.

Artículo 81. Las Asambleas Electorales se reunirán de

pleno derecho tres meses antes de la expiración del periodo

constitucional y procederán a ejercer las funciones que la

Constitución y la ley determinan. En los casos de convocatoria

extraordinaria se reunirán sesenta día a más tardar después de

la fecha de la ley de convocatoria.

Artículo 82. Corresponde a las Asambleas Electorales: elegir

el Presidente y Vicepresidente de la República, los Senadores y

Diputados, Gobernadores de Provincias, Regidores, Síndicos y

Suplentes de los Ayuntamientos, y a cualquier otro funcionario

que se determine por una ley.

Artículo 83. Las elecciones se harán por voto directo con

inscripción de los electores; y con representación de las minorías

cuando hayan de elegirse más de dos candidatos.

Artículo 84. Las elecciones serán dirigidas por una Junta

Central Electoral y por Juntas dependientes de esta, las cuales

tienen facultad para juzgar y reglamentar de acuerdo con la

ley.

§ La Junta Central Electoral asumirá la dirección y el mando de

la fuerza pública en los lugares en donde dichas votaciones se

veriquen.

Reforma del 9 de junio de 1934 | 807

TÍTULO XIV

SECCIÓN I

DE LA FUERZA ARMADA

Artículo 85. La Fuerza Armada es esencialmente obediente

y no tiene en ningún caso facultad para deliberar. El objeto de

su creación es defender la independencia e integridad de la

República, mantener el orden público, la Constitución y las leyes.

§. En ningún caso podrán crearse cuerpos privilegiados.

Artículo 86. Para pertenecer a cualquier cuerpo armado de la

República es necesario ser dominicano en el pleno ejercicio de

los derechos civiles y políticos.

TÍTULO XV

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 87. A ninguno se le puede obligar a hacer lo que la ley

no manda, ni impedírsele lo que la ley no prohíbe.

Artículo 88. Toda autoridad usurpada es inecaz y sus actos

son nulos. Toda decisión acordada por la requisición de la

fuerza armada, es nula.

Artículo 89. No estando capacitada ninguna institución del

Estado para conceder exoneración de impuestos, contribuciones

o derechos scales o municipales en benecio de particulares,

tal exoneración no puede ser objeto de contrato.

Artículo 90. Ninguna erogación de fondos públicos será válida,

si no estuviere autorizada por la ley y ordenada por funcionario

competente

Artículo 91. Anualmente, en el mes de Abril, se publicará la

Cuenta general de los ingresos y egresos de la República hechos

en el año anterior

Artículo 92. Las relaciones de la Iglesia y el Estado, seguirán

siendo las mismas que son actualmente, en tanto que la religión

808 | LA CONSTITUCIÓN DOMINICANA Y SUS REFORMAS (1844-2015)

Católica, Apostólica, Romana, sea la que profese la mayoría de

los dominicanos.

Artículo 93. Queda por siempre prohibida al Estado la emisión

de papel moneda

Artículo 94. La moneda nacional no podrá llevar egie de

persona alguna y deberá expresar su valor, peso y año de la

acuñación en el anverso y en el reverso el escudo de armas de

la República.

Artículo 95. Los días 27 de Febrero, aniversario de la

Independencia y 16 de Agosto, aniversario de la Restauración,

son de esta nacional.

Artículo 96. El pabellón nacional se compone de los colores

azul y rojo en cuarteles esquinados y alternados, separados por

una cruz blanca del ancho de la mitad de cada cuadro, y lleva

en el centro el escudo de armas de la República.

§ El pabellón mercante es el mismo que el del Estado, sin el

escudo.

Artículo 97. El escudo de armas de la República lleva los colores

nacionales; en el centro el Libro de los Evangelios, abierto, con

una cruz encima, surgiendo ambos de entre un trofeo de lanzas

y banderas con ramos de laurel y de palma exteriormente y

coronado con una cinta en la cual se lee este lema: Dios, Patria

y Libertad; y en la base otra cinta con estas palabras: República

Dominicana.

Artículo 98. La persona designada para ejercer una función

pública deberá prestar juramento de respetar la Constitución

y las leyes, y de desempeñar físicamente su cometido. Este

juramento se prestará ante cualquier funcionario u ocial

público.

Artículo 99. Los poderes instituidos por esta Constitución no

podrán declarar la guerra sin proponer antes el arbitraje.

Artículo 100. El ejercicio de todos los funcionarios electivos,

sea cual fuere la fecha de su elección, termina uniformemente el

día dieciséis de Agosto cada cuatro años, fecha en que se inicia

el período constitucional; y en consecuencia, necesitarán haber

Reforma del 9 de junio de 1934 | 809

sido objeto de nueva elección para poder ejercer válidamente

sus funciones.

§ Cuando un funcionario electivo cualquiera cese en el ejercicio

del cargo por muerte, renuncia, destitución, inhabilitación u

otra causa, el que le sustituya permanecerá en el ejercicio hasta

completar el período.

Artículo 101. La Ley de Gastos Públicos se dividirá en

Capítulos que correspondan a los diferentes servicios de la

Administración, y no podrán trasladarse sumas de un ramo

a otro, ni distraerse los fondos de su objeto especial, sino en

virtud de una ley. Esta ley, cuando no sea iniciada por el poder

Ejecutivo, deberá tener el voto de las dos terceras partes de la

Totalidad de los miembros de cada Cámara.

§. No tendrá efecto ni validez ninguna ley que ordene o autorice

un pago o engendre una obligación pecuniaria a cargo del

Estado, sino cuando esa misma ley crea fondos especiales para

su ejecución o disponga que el pago se haga de las entradas

calculadas del año y de éstas quede, en el momento de la

publicación de la ley, una proporción disponible suciente para

hacerlo.

§§. El Congreso no podrá votar válidamente ninguna

erogación, a menos que esté incluida en el proyecto de Ley

de Gastos Públicos sometido por el poder Ejecutivo, en

virtud del Art. 49 de la Constitución, o que sea solicitada por

el poder Ejecutivo después de haber enviado dicho proyecto,

sino en el caso de que la Ley que ordene esa erogación haya

sido apoyada por las dos terceras partes de la totalidad de

los miembros de cada Cámara; y todo, sin derogación de la

regla general establecida en el párrafo primero del presente

artículo.

§§§. El Congreso no podrá modicar las partidas quo guren

en los proyectos de leyes que eroguen fondos o en la Ley de

Gastos Públicos sometidos por el poder Ejecutivo, sino con el

voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros

de cada Cámara; y de acuerdo con las disposiciones contenidas

en el párrafo primero de este artículo.

810 | LA CONSTITUCIÓN DOMINICANA Y SUS REFORMAS (1844-2015)

Artículo 102. La Justicia se administrará gratuitamente en todo

el territorio de la República.

TÍTULO XVI

DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES

Artículo 103. La Constitución no podrá ser reformada sino

cuando lo acordaren dos tercios de una y otra Cámara.

Artículo 104. Declarada la necesidad de la reforma el Congreso

ordenará por una ley, que no podrá ser observada por el poder

Ejecutivo, la reunión de una Asamblea Revisora para que

resuelva sobre aquella. En la Ley de convocatoria se insertarán

los artículos cuya reforma se propone.

Artículo 105. La elección de los miembros de la Asamblea

Revisora se hará por el voto directo del Pueblo de las Provincias,

en la misma proporción que para la elección de Diputados.

§. Ninguna Provincia tendrá menos de dos representantes.

§§. Para poder ser elegido miembro de la Asamblea Revisora,

se requieren las mismas condiciones que para ser Diputado.

§§§. Los miembros de la Asamblea gozarán de las mismas

inmunidades que los miembros de ambas Cámaras.

Artículo 106. Ninguna reforma podrá versar sobre la forma

de Gobierno que deberá ser siempre civil, republicano,

democrático y representativo.

Artículo 107. La reforma de la Constitución solo podrá

hacerse en la forma que indica ella misma, y no podrá jamás

ser suspendida ni anulada por ningún poder ni autoridad ni

tampoco por aclamaciones populares.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Para ser Juez de los Tribunales de Tierras se requieren las mismas

condiciones exigidas a los Jueces de las Cortes de Apelación.

Reforma del 9 de junio de 1934 | 811

DADA y proclamada en la Ciudad de Santo Domingo, Capital

de la República Dominicana, el día nueve de Junio del año mil

novecientos treinta y cuatro.

El Presidente de la Asamblea Revisora, Jacinto B. Peynado, representante

por la provincia de Santo Domingo.— El Vice-Presidente: Federico C.

Álvarez, representante por la provincia de Santiago.— Ramón Ma.

Valdés Sánchez, representante por la provincia de Santo Domingo.—

Representantes por la provincia de Santiago. J. R. Cordero Infante,

Juan Tomás Lithgow, Pedro I. Batista C. Representantes por la

provincia de La Vega.— Rafael Rincón, Pedro M. Harvey, José Pérez

Nolasco, Francisco José Álvarez, representantes por la provincia

Duarte.— Américo Castillo G., Alfredo Conde, Ramón Fernández

Ariza, representantes por la provincia de Azua: Esteban S. Mesa,

Enrique C. Stridales, José A. Ramírez. Representantes por la provincia

del Seibo: Almanzor Beras, Carlos Rafael Goico. Representantes por

la provincia de Puerto Plata: Armando Rodríguez Victoria, Félix M.

Nolasco. Representantes por la provincia de Monte Cristi: Leonidas M.

Grullón, Olegario Helena Guzmán. Representantes por la provincia

de Barahona: Ángel Salvador González, Alcibíades Alburquerque.

Representantes por la provincia Espaillat: Juan M. Contín, Ramón

Peralta. Representantes por la provincia de San Pedro de Macorís:

Federico Nina hijo, Santiago Lamela Díaz. Representante por la

provincia de Samaná: Temístocles Messina. Los Secretarios: H. Cruz

Ayala, H. Herrera Billini, representantes por la provincia de Santo

Domingo.