Regl. No. 407-17 para la Aplicación de Medidas en Materia de Congelamiento Preventivo de Bienes o Activos relacionados con el Terrorismo y su financiamiento, de 16 de Noviembre de 2017

 
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con la financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, conforme las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1267 (1999) y 1989.

(2011) y sucesivas, Resolución 1988 (2011) y sucesivas, Resolución 1373 (2001) y sucesivas, Resolución 1718 (2006) y sucesivas, y Resolución 2231 (2015). G. O. No.

10897 del 20 de noviembre de 2017.

NUMERO: 407-17

CONSIDERANDO: Que el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento atentan contra bienes jurídicas de interés superior como la vida, el orden mundial, la convivencia pacífica de los pueblos, las sanas relaciones internacionales, la economía del país, la seguridad democrática y los principios rectores de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas.

CONSIDERANDO: Que el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento deben ser contrarrestados con prontitud y contundencia a través de leyes, reglamentos, políticas, Acciones, planes, medidas preventivas, cautelares y precautelares coordinadas a nivel de Estado, en colaboración ineludible con los sectores del sistema financiero y otras entidades obligadas a prevenir el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, conforme sus respectivos programas de prevención.

CONSIDERANDO: Que en República Dominicana los actos de terrorismo están tipificadas y sancionados en la Ley núm. 267-08, sobre terrorismo, del 4 de julio de 2008, la cual crea, además, el Comité, Nacional Antiterrorista y la Dirección Nacional Antiterrorista.

CONSIDERANDO: Que en materia de congelamiento de activos el artículo 49 de la referida Ley núm. 267-08 precisa que el Ministerio Publicó podrá instruir a las instituciones financieras para que impidan, por un plazo de hasta setenta y dos horas, la realización de operaciones que involucren a personas físicas (naturales) o jurídicas respecto de las cuales existan fundadas sospechas de estar vinculadas a organizaciones criminales relacionadas con los delitos cuya prevención procura la presente ley. Las decisiones deben comunicarse inmediatamente a la jurisdicción competente, la cual, consideradas las circunstancias del caso, determinar si correspondiera, sin previa notificación, en congelación de los activos de los partícipes, considerados en la presente ley".

CONSIDERANDO: Que Republica Dominicana, conforme su legislación interna atiende y aplica los estándares internacionales emanados del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFI LAT), cuyas Recomendaciones núms. 6 y 7 prevén que los poises deben implementar regímenes de sanciones financieras para cumplir con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a la prevención, represión del terrorismo, de la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento.

CONSIDERANDO: Que las Recomendaciones núms. 6 y 7 también exigen a los países Ia implementación de medidas y la designación de autoridades para el congelamiento sin demora de los bienes u activos, y que aseguren que ningún fondo o activo se ponga a disposición, directa o indirecta, de. o para el beneficio de, alguna persona o entidad designada por, o bajo la autoridad de, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dentro del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, en concordancia con las Resoluciones 1267 (1999), 1988 (2011), 1718 (2006), 2231 (2015) y sus resoluciones sucesoras: o designada por un país en virtud de Ia Resolución 1373 (2001).

CONSIDERANDO: Que en República Dominicana es miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA). De igual manera es compromisaria de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y adopta las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFlLAT) como miembro de su correspondiente Grupo Regional, para prevenir y combatir el lavado de dinero, bienes y activos provenientes de actividades ilícitas y financiamiento al terrorismo.

CONSIDERANDO: Que Ia Ley núm. 155-17, sobre lavado de activos provenientes del tráfico ilícito dc drogas y sustancias controladas y otras infracciones graves, en su artículo 91 establece que Ia Unidad de Análisis Financiero (UAF) llevara cabo investigaciones para identificar y clevar al Ministerio Publico informes de análisis financieros relativos a posibles infracciones de lavado de activos a Ia financiación del terrorismo.

CONSIDERANDO: Que el presidente de en Republica, en el ejercicio de sus atribuciones y en observancia de los principios, derechos y garantías establecidas en Ia Constitución, el ordenamiento jurídico y los instrumentos internacionales vigentes en materia de Derechos Humanos, así como aquellos relacionados con el lavado de dinero, bienes y activos provenientes de actividades ilícitas y financiamiento del terrorismo, ha instruido, como parte de Ia política criminal del Estado. Ia creación de mecanismos idóneos para perseguir de manera eficaz este tipo de acciones criminales.

CONSIDERANDO: Que mediante la Convención para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo Con ligulados en Delitos contra las Personas y la Extorsión Conexa cuando estos tengan Trascendencia Internacional, ratificada por en República Dominicana mediante la Resolución núm. 316 del 18 de marzo de 1976, Ia Republica Dominicana, como Estado Parte. se obliga a tomar todas las medidas necesarias para prevenir y solucionar los actor y atentados contra la vida y la integridad de las personas, asi como la extorción vinculada con estos delitos.

CONSIDERANDO: Que la indicada Convención tiene por objeto prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo a traces de medios compatibles con la vigencia del Estado de Derecho y las libertades públicas.

CONSIDERANDO: Que la lucha antiterrorista debe concebirse con un alto grado de eficacia y prudencia. para que afecte lo menos posible el desenvolvimiento del comercio la empresa y el turismo, así como el desarrollo de la ciencia y. la tecnología.

CONSIDERANDO: Que el artículo 4 de la Convención Interamericana contra el Terrorismo establece que cada Estado parte, en la medida en que no lo haya hecho, deberá establecer un régimen jurídico y administrativo o para prevenir, combatir, erradicar la financiación del terrorismo y lograr una cooperación internacional efectiva.

CONSIDERANDO: Que el artículo 26 de la constitución reconoce que la República Dominicana es un listado miembro de la comunidad internacional, abierto a la cooperación, apegado a las normas del derecho internacional y las relaciones internacionales, que acepta y aplica las normas de Derecho Internacional general y americano en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado.

VISTA: La Constitución de la República Dominicana, proclamada el 13 de junio de 2015.

VISTA: La Convención para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo Configurados en Delitos contra las Personas y la Extorsión Conexa cuando éstos tengan Trascendencia Internacional. ratificada por la República Dominicana mediante la Resolución núm. 316 del 18 de marzo de 1976.

VISTO: El Código Penal de la República Dominicana.

VISTA: La Ley núm. 76-02, contentiva del Código Procesal Penal, del 19 de julio de 2002, y sus modificaciones.

VISTA: La Ley núm. 267-08, sobre Terrorismo. y crea el Comité Nacional Antiterrorista y la Dirección Nacional Antiterrorista, del 4 de julio de 2008.

VISTA: La Ley núm. 107-13, sobre los Derechos y Deberes de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, del 6 de agosto de 2013.

VISTA: La Ley núm. 631-16, para el control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados, del 2 de agosto de 2016.

VISTA: La Ley núm. 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo. del 1 de junio de 2017.

VISTAS: Las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de febrero de 2012, destinadas a concebir y promover estrategias para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como también el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la República, dicto el siguiente

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE MEI)II)AS...

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