La República Dominicana estrena una ley de derecho internacional privado:

 
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"La República Dominicana estrena una ley de derecho internacional privado: aproximación a la Ley 544, del 18 de diciembre de 2014"

José Carlos Fernández Rozas

Catedrático de Derecho internacional privado de la Universidad de Madrid, Asociado del Institut de Droit International

RESUMEN:

El autor reflexiona sobre la importancia de la Ley 544, describe su contenido y plantea que un obligado debate multidisciplinar sobre esta nueva norma sentará las bases del derecho internacional privado dominicano de los próximos años.

PALABRAS CLAVES:

Derecho internacional privado, codificación interna, conflicto de leyes, competencia judicial internacional, reconocimiento de decisiones extranjeras, República Dominicana.

  1. INTRODUCCIÓN:

    1. El 18 de diciembre de 2014 la República Dominicana se incorporó al selecto club de los países que han decidido regular las cuestiones de derecho internacional privado al publicar en la Gaceta Oficial la Ley núm. 544-14 de Derecho Internacional Privado, del 15 de octubre de 2014 (en adelante LDIPR-RD). Dos razones existían para ello, que fueron explicitadas en su breve preámbulo. De un lado, el "contexto de una economía cada vez más abierta, global y competitiva" exigía "el establecimiento de normas organizadoras de las relaciones del tráfico privado internacional a partir de las corrientes reguladoras vigentes en el mundo". De otro lado, el carácter obsoleto del sistema dominicano de ordenación del tráfico privado externo requería un nuevo instrumento legal que respondiese "a los requerimientos presentes y futuros de la nación, en consistencia con los acuerdos, convenios y tratados, suscritos y ratificados por la República Dominicana". Dicho instrumento, de conformidad con el legislador dominicano, sin apartarse de la tradición jurídica francesa, consustancial a este sistema jurídico, debería tener en cuenta las realizaciones practicadas en el seno de la Conferencia Especializada Interamericana y las aportaciones de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, sobre todo por la reciente incorporación de la República Dominicana a varias de sus convenciones. Por último, debía considerarse como un instrumento superador del Código Bustamante, instrumento jurídica esencial en su momento en el marco jurídico latinoamericano, pero que ha sido desbordado por la nueva dinámica de las relaciones del tráfico privado externo.

      Habida cuenta del considerable aumento de la movilidad de personas y mercancías y la "globalización" de los actos y hechos jurídicos, los operadores jurídicos dominicanos no pueden ignorar la nueva reglamentación. La Ley de 2014 es el resultado de una ambiciosa iniciativa de un grupo de especialistas procedentes de distintos sectores del mundo jurídico que se comprometieron en la delicada empresa de modificar la ordenación de un confuso sector del ordenamiento jurídico, el derecho internacional privado (DIPR), centrado en la consideración de una única norma jurídica, el artículo 3 del Código Civil que hasta la fecha ha sido fuente de complejas construcciones jurídicas, incluso para los juristas iniciados en esta materia. Por esa razón, los objetivos de la LDIPR-RD son también ambiciosos. En primer lugar, aportar en un bloque jurídico sistematizado un conjunto de materias muy diversas pero que ofrecen un denominador común: el carácter transfronterizo de la relación jurídica considerada; en segundo término, la apertura internacional del ordenamiento jurídico dominicano, llenado un importante vacío legal; por último, aportar soluciones que, dentro de la complejidad de la materia, sean lo suficientemente claras y adaptadas a los requerimientos del tráfico jurídico externo. Con ello se confía en que la percepción general y el carácter muchas veces inaccesible de las normas de DIPR varíen sustancialmente.

    2. No es el momento de describir el proceso de gestación de esta importante iniciativa legislativa, pues Gaceta Judicial publicó el pasado año un número monográfico dedicado a este tema, donde entre otros excelentes estudios sectoriales figura una modesta contribución de quien escribe estas líneas sobre la obsolescencia del sistema de DIPR anterior y sobre el contenido del anteproyecto elaborado por una docta y especializada comisión redactora sobre la que gravitaron los trabajos unificadores que se estaban llevando a cabo coetáneamente en el marco de la Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires dans le Caraïbe y que dio lugar al Proyecto de Ley Modelo de DIPR de la Ohadac de 2014. Baste decir que el legislador dominicano ha respetado en buena medida el texto de este anteproyecto, realizando ciertos cambios de esencia sistemática y modificando la denominación de algunos conceptos, pero sin modificar sustancialmente el espíritu innovador que lo animaba.

      El presente estudio es una secuela del anteriormente referido y se ha redactado con la pretensión de colaborar en el inicio de una obligada reflexión multidisciplinar a la que indudablemente dará lugar esta nueva ordenación; una reflexión mucho más madura y reposada, que deberá incluir distintos colectivos del mundo jurídico dominicano (jueces, abogados y académicos) y sentará las bases del derecho internacional privado dominicano de los próximos años.

  2. CUESTIONES DE TÉCNICA LEGISLATIVA:

    1. Completitud del sistema: opción por una "ley especial"

    2. Bien sea por no haberse alcanzado la plenitud de la unificación del DIPR, bien por cuestiones de tradición o de necesidad de cada Estado, lo cierto es que en los últimos años los legisladores estatales no han dejado de seguir implementando su propio DIPR. El último período de cincuenta años ha sido uno de los más productivos de la historia del DIPR por haber dado lugar a más de sesenta codificaciones estatales y más de un centenar de convenciones internacionales, reglamentos y otros instrumentos similares, que se caracterizan por conferir un mayor protagonismo a los jueces respecto a los instrumentos anteriores.

      Un examen de los modelos en presencia de la codificación estatal del DIPR obliga a referirse, en primer término, a los sistemas basados en una ley especial, que se han desarrollado preferentemente en Europa aunque han tenido una favorable acogida en América Latina, concretamente en Venezuela, más recientemente en Panamá y en Argentina (aunque en este caso dentro del Código Civil y Comercial ) y, como tendremos ocasión de detallar, ahora en la República Dominicana. Esta alternativa codificadora registra el hecho de que las normas relativas a los "conflictos de leyes" desaparecen paulatinamente de los códigos civiles para irse a integrar en un cuerpo normativo autóctono. Es una tendencia que va a extenderse y a generalizarse a otros círculos jurídicos y a figurar en los proyectos de codificación finalizados o en fase de elaboración. Al lado de las experiencias en Luisiana y Quebec, dentro de Europa occidental destacó, en efecto, una marcada tendencia a la especialización en orden a la reglamentación del tráfico jurídico externo con independencia de la sede elegida para llevarla a cabo como demostró la ley austriaca del 15 de junio de 1978, la ley turca sobre DIPR y el procedimiento internacional del 20 de mayo de 1982 y, sobre todo, los paradigmas de la moderna codificación provenientes de Suiza, Bélgica, Italia y Polonia.

      A partir del cauce de la ley especial, el DIPR no solo gana autonomía material, sino que se posibilita una reglamentación minuciosa de materias que, hasta la fecha, habían quedado en la órbita de la elaboración jurisprudencial.

      En este contexto comparativo, existen en América Latina distintos modelos de reglamentación de DIPR. Un primer grupo se caracteriza por la dispersión del sistema de DIPR en distintos cuerpos legales. Es el caso de Colombia, Cuba y México y, hasta la LDIPR-RD, de la República Dominicana. Al lado del grupo descrito, otro en franca expansión, en el que figuran Argentina, Venezuela, Panamá y ahora la República Dominicana, se ha inclinado por abandonar la regulación contenida en el Código Civil y, al igual que ha acontecido en otros círculos jurídicos, regular esta materia a través de una ley especial.

    3. Esta opción legislativa ni renuncia al marco convencional que obliga a la República Dominicana, a excepción del Código de Bustamante, ni excluye la posibilidad que la República Dominicana suscriba nuevos convenios internacionales en la materia regulada por la LDIPR-RD. Es más, su propio artículo 3 dispone que: "Las disposiciones de esta Ley se aplicarán en la medida en que sean cónsonas con lo establecido en los tratados internacionales de los que la República Dominicana sea parte", estableciendo a continuación la supremacía de estos últimos y la necesidad de que sean interpretados teniendo en cuenta "su carácter internacional y la exigencia de su aplicación uniforme".

      La presencia de normas de origen convencional en el orden jurídico dominicano permitirá una mejor coordinación con los derechos extranjeros; ello se refuerza en determinadas materias, como en la relativa a la incapacitación y de medidas de protección de la persona o de los bienes de los menores, al establecer el artículo 15 una "incorporación por referencia" al Convenio de La Haya del 19 de octubre de 1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños. Lo mismo acontece con el artículo 51 al establecer la ley aplicable a la responsabilidad parental.

      En el contexto de su entorno, la relación de convenios internacionales de DIPR suscritos por la República Dominicana es relativamente importante y cubren tanto el marco universal como el propiamente latinoamericano, a saber:

      i) Uncitral: Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Convención de Nueva York) de 1958 (2002); Convención sobre la prescripción en materia de compraventa internacional de mercaderías de 1974 (2011)...

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