Requerimiento de una política criminal

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"Requerimiento de una política criminal"

Fausto Rosario Adames.

Hace apenas unas semanas que el Procurador General de la República, doctor Abel Rodríguez del Orbe, se proclamó jefe de la Política Criminal del Gobierno, y al hacer lo no sospechaba que los propios funcionarios gobernarentales y estatales serían los que desmentirían con sus acciones la penosa realidad de que en un Estado personalizado como el dominicano es imposible hablar de una política criminal y menos de un jefe de la misma.

La compartición, la actuación aislada, la defensa de pequeñas islas de poder, los engreimientos y la visión desestriturada del conjunto de los funcionarios públicos, del actual y de pasados gobiernos, han sido tradicionales enemigos de la existencia de una política criminal del Estado dominicano.

Los organismos responsables de ejecutar esa política han sido rivales consuetudinarios, y a su vez, esa falta de coordinación ha sido y sigue siendo responsable de una parte de los delitos y crímenes de delincuentes que han operado con impunidad por la ausencia de controles eficientes y oportunos de parte del Estado.

Una política criminal es una línea definida de trabajo coordinado de inteligencia, prevención y control contra el crimen, de modo que los hechos que no puedan ser evitados resulten sancionados eficientemente por el sistema judicial y penitenciario. La política criminal podría ser resumida como el resultado de la acción armónica entre los aparatos preventivos y represivos del país.

La ausencia de una política criminal no es la única responsabilidad de las autoridades del actual gobierno. Una virtud del Procurador General de la República ha sido decir que él es el jefe de una política criminal inexistente, porque por lo menos ha dado la alerta sobre el tema y con ella apunta la necesidad de que pueda ser pensada en el actual ambiente de cambios y modernización de las instituciones del país.

Entre las instituciones responsables de poner en marcha una política criminal del Estado se encuentra en primer orden la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Interior y Policía, la Policía Nacional, las procuradurías fiscales y el Ministerio Público como conjunto, la Suprema Corte de Justicia y otros organismos colaboradores como la Dirección General de Migración, la Junta Central Electoral y los organismos de seguridad del Estado, como el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) y los demás órganos investigativos de las diversas ramas de las Fuerzas Armadas Dominicanas.

Sin embargo, ninguna de esas instancias actúa con la mira integracionista y coordinadora correspondiente a todo órgano estatal.

Trabajan y actúan en competencia, en rivalidad, como islas de poder, sin asumir como parte de su trabajo las...