Rogelio Jorge Pineda Paniagua

• Páginas: 323-354

Nació en el municipio de Haina, provincia de San Cristó-

bal, República Dominicana. Estudió derecho en la Univer-

sidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y se enfocó

en el área de derecho constitucional y derechos humanos. En el 2012

representó a la UASD en el Concurso Interamericano de Derechos

Humanos, celebrado por la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos (CIDH) y la American University School of Law en Was-

hington, D.C.

Rogelio Jorge Pineda Paniagua

Pseudónimo: Albert Einstein

324

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

“A mi generación le exhorto a que se preocupe por ser más

críticos de la realidad que se nos presenta, a que aspire

a estudiar fuera del país por 5 o diez años mínimos,

preferiblemente en un país angloparlante. También que

aprenda historia, lógica y estadística, para que desarrolle

respeto por la ciencia y la crítica lógica y cientíca.”

“La fortaleza de la Constitución descansa enteramente en la de-

terminación de cada ciudadano para defenderla. Solo si cada ciu-

dadano siente el deber de actuar para contribuir con su parte en

esta defensa se pueden resguardar los derechos constitucionales”.

Albert Einstein

1. Estado social, Estado de derecho y Estado

democrático

Los teóricos anes a tres corrientes del pensamiento político

europeo ‒liberalismo clásico, materialismo dialéctico y legalismo

constitucional‒ aun no concuerdan en una denición concreta

del Estado. No obstante, cada corriente nos ofrece principios y

componentes que nos permiten crear un marco de referencia

para examinar la ontología del Estado, sus propiedades, estruc-

tura e interacción con las personas y los grupos socio-económi-

cos. En el presente estudio, abordaré el tema de la importancia

Importancia del Tribunal Constitucional para

el desarrollo del Estado social y democrático de

derecho en República Dominicana

326

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

de un tribunal constitucional (TC) para el desarrollo de un Esta-

do social y democrático de derecho (E.S.D.D.) con la siguiente

denición de Estado como eje de referencia:

El Estado, como manifestación de la interacción humana de

los últimos siglos, es “un conjunto de instituciones” “creadas

por un orden legal nacional” y gestionadas por un personal

(gobierno) que “controla los medios de violencia y coerción”,

“monopoliza el establecimiento de normas” dentro de un “te-

rritorio geográcamente delimitado” (sociedad) y “tiende a

crear una cultura política común compartida por los ciuda-

danos”.1

Es importante apuntar, antes de proseguir con este estudio,

que esta denición del Estado emana de una conceptualización

material, económica y jurídica removida de los hallazgos cientí-

cos recientes sobre las tendencias bio-sociales2 en el ser humano,

obviando en gran medida el hecho de que, antes de la aparición

del Estado, los homo-sapiens logramos sobrevivir por miles de

años, en una ardua lucha para extraer lo necesario para subsistir,

que en lo mínimo soportó la perpetuación de la especie, y, en

algunos casos, e.g. cuando existían los recursos naturales ade-

cuados; permitió la coexistencia armoniosa de grupos étnicos

disímiles sin la prevalencia de lo “que Hobbes creía necesario

para el mantenimiento de la ley y el orden entre sus díscolos

compatriotas”.3

A sabiendas de que en su conceptualización y realidad his-

tórica, desde Maquiavelo hasta mediados del siglo pasado, el

1 Hall, J. A & Ikenberry, G. (1993). El Estado. Madrid: Alianza Editorial, pp. 10-11

2 Rifkin, J. (2010). e Emphatic Civilization: Rethinking Human Nature in the Biosphere,

Tacher/Penguin.

3 Harris, M. (1985). Jefes cabecillas y abusones, Columbia University Press.

327

Ensayos sobre Temas Constitucionales

Estado no es del todo apetecible para la mayoría de los ciu-

dadanos; los teóricos le han añadido una serie de apellidos ‒

Estado social, Estado de derecho y Estado democrático‒ que

han permitido reciclarlo y con esto ‒quizás‒ hacerlo un tanto

digerible.

Producto del “bagaje cultural político alemán”, el con-

cepto y la materialización del Estado social tiene sus raíces en

el nacimiento del Estado prusiano (1918-1947). Hoy día, está

compuesto por elementos tan variados como asistencia de salud,

educación pública, defensa del ambiente natural, asistencia so-

cial y garantía constitucional de los denominados derechos so-

ciales mediante su reconocimiento en la legislación. El Estado

social viene a formar parte de la economía social de mercado, la

cual tiene como meta “crear una economía que desde la base de

la competencia combina la libre iniciativa con un progreso social

asegurado por la capacidad económica”.4

El Estado de derecho, por su parte, nace en gran parte de

tres ideas convergentes. Una es que la actividad política es fun-

damentalmente legisladora, de origen romano, reciclada recien-

temente en la losofía política de Kant.5 La otra, que surge en

los siglos  y  de la teoría política y jurídica de Locke y

Montesquieu, argumenta (contra el Estado absolutista) que to-

dos los actores en el orden político y social deben de estar sujetos

al imperio de la ley6 y, por último, la idea del Estado constitucio-

4 Müller-Armack, A. (1976). Wirtschaftsordnung und Wirtschaftpolitik, Bern, S. 245.

5 Arendt, H. (2005). La condición humana. Barcelona. Paidos, p. 81.

6 Among the rst modern authors to give the principle theoretical foundations was

Samuel Rutherford in Lex, Rex (1644). e title is Latin for “the law is king” and reverses

the traditional rex lex (“the king is the law”). John Locke also discussed this issue in his

Second Treatise of Government (1690). e principle was also discussed by Montesquieu

in e Spirit of the Laws (1748).[19] e phrase “rule of law” appears in Samuel Johnson’s

Dictionary (1755).[20]

328

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

nal, o sea, un sistema de leyes e instituciones ordenado en torno

de una constitución.

El Estado democrático, a diferencia de los dos anteriores,

tiene su origen en la antigüedad griega, y nace de una reinge-

niería histórica espectacular, producto del eurocentrismo que

impera en las ciencias sociales, entiéndase la redenición de la

democracia ateniense para el consumo universal.

La democracia, forma de gobierno producto de 150 años de

reformas legislativas y pugnas regionales y socioeconómicas de la so-

ciedad ateniense (600-450 a.C.), se dene en muchos diccionarios

contemporáneos como kratos: gobierno, y demos: pueblo7. Esta

denición, tan simple y directa, esconde, en realidad, más de un

engaño. Si nos acercamos brevemente a la realidad histórica, es posi-

ble comprender mejor qué fue y qué no fue esta forma de gobierno

ateniense. Quizás así entenderíamos mejor porqué su reingeniería se

ha tornado tan difícil de exportar en el tiempo y el espacio. Median-

te enfoques sesgados los teóricos del derecho y de la ciencia política

de los siglos  y  han logrado relegar a un segundo plano seis

puntos importantes sobre la democracia ateniense8:

1. La democracia ateniense fue una forma directa de gobier-

no, sin políticos, ni partidos, ni elecciones, ni burocracia.

2. Las mujeres atenienses no gozaban de derechos políticos

o civiles.9

3. La democracia ateniense fue parasitaria de la esclavitud

(tanto Platón como Aristóteles justicaban esta última).

7 Diccionario de la Lengua Española Online, Real Academia de la Lengua; Democracia.

(Del gr. ). 1. f. Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el

gobierno. 2. f. Predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado.

8 Jones, A.H.M. (1957). Athenian Democracy, Great Britain: Basil Blackwell.

9 Hughes, B. (2010). e Truth About Democracy, documentary.

329

Ensayos sobre Temas Constitucionales

4. Solo los hombres libres, hijos de padre y madre atenien-

ses, podían participar en la política, o sea, en la toma de

decisiones sobre la administración, la ley y la guerra (en-

tre un 10 y un 20 % de la población).

5. La democracia ateniense era compatible con el imperialis-

mo, al punto de que fue Esparta la que tuvo que “liberar”

a toda Grecia de la tiranía ateniense.

6. La justicia ateniense era tan injusta como la de cualquier

régimen dictatorial de la historia reciente (Sócrates fue

condenado a muerte por hacer preguntas incómodas y

por tener demasiada inuencia sobre la juventud).

La democracia, como se nos la presenta hoy día, desglosa

una agenda multiforme, de plumas como las de Sartori y Hä-

bermas, quienes añaden semanalmente más gadgets, pesos y

contrapesos para hacer la democracia representativa funcional.

Le añadimos elecciones a la democracia ateniense y creamos la

democracia representativa. Interesante, ya que la razón por la

cual los atenienses seleccionaron una forma directa de gobierno

fue porque, de todas las instituciones políticas existentes en su

tiempo, ellos vieron las elecciones como las menos democráticas,

ya que la gente está más propensa a votar por una cara conocida,

o sea, una cara con cierto poder de convocatoria, que por una

cara nueva.

En el caso de RD, las valoraciones de nuestra “joven demo-

cracia” tienden en gran medida a circunscribirse a la aparente

satisfacción de un deseo “poscolonial” de integración a las co-

rrientes y prácticas políticas fruto de la civilización occidental,

atribuyéndole al desarrollo económico y a la apertura social cau-

sales que, más que producto de cambios en el nivel colectivo de

330

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

educación o en la forma de hacer política o en logros emanados

de luchas sociales recientes por derechos fundamentales, son

cambios provenientes de elecciones presidenciales y congresuales

monopolizadas por la corrupción partidista, políticas económi-

cas neoliberales obsequiosas y la introducción de espacios so-

ciales previamente marginados a la tarima internacional gracias

a la tecnología de la información. La emigración, la televisión

por cable, la Internet, los celulares con cámaras y la conexión de

lo local a lo global por esos medios, han expuesto a los actores

sociales y políticos a ciertas restricciones que, si bien no evitan

ciertos atropellos y abusos de poder, tienden, al menos, a mini-

mizar el campo abierto del ejercicio violento del autoritarismo

estatal que caracterizó la vida política en RD hasta hace poco

más de una década.

Las “formas existentes de democracia institucionalizada”,

en países económica y materialmente desarrollados (para no

mencionar el nuestro como punto de partida), “no son lo su-

cientemente fuertes como para lidiar con el problema10” de la

relación entre el poder económico-nanciero, el poder político

y las repercusiones de los estilos de vida que promueve la coyun-

tura de estos dos para mantener al capitalismo de pie y, a la vez,

pretender promover proyectos de equidad social y económica,

desarrollo sostenible y acceso real a la justicia para reclamar cam-

bios profundos ante o mediante el aparato estatal.

¿Qué es, entonces, la democracia? ¿Cómo puede esta en-

cajar con el Estado de hoy día? Estas son preguntas claves. Por

razones obvias, es necesario para este estudio partir de alguna

concepción más o menos aceptable. Norberto Bobbio y Alain

10 Zizek, S. (2012). Don’t Act, Just ink, Youtube.

331

Ensayos sobre Temas Constitucionales

Touraine coinciden en denir la democracia por tres principios

institucionales:11

a) En primer lugar, como “un conjunto de reglas (primarias

o fundamentales) que establecen qué está autorizado a

tomar las decisiones colectivas y según determinados pro-

cedimientos”.

b) En segundo lugar, “diciendo que un régimen es más de-

mocrático cuanto mayor número de personas participan

directa o indirectamente en la toma de decisión”.

c) Por último, “subrayando que las elecciones que haya de-

ben ser reales”.

Como nos encontramos, no obstante los obstáculos, ante

el reto de elaborar y crear leyes e instituciones que nos asistan

en nuestra meta de lograr un E.S.D.D. en RD, utilizaré para mi

argumentación la denición de Bobbio y Touraine como marco

de referencia.

El Estado social y democrático, concepción de actores polí-

ticos y pensadores de los últimos dos siglos, aparece por primera

vez como producto del afán social y político europeo poco antes

de la Francia de la revolución anti-monárquica de 1848. Se le

atribuye su delimitación al pensador Louis Jean Joseph Char-

les Blanc, quien en sus panetos hizo alusión al Estado social y

democrático. Esta novedosa combinación conceptual encontró

cabida en la Constitución francesa de 1858.

Posteriormente, se le añadió el concepto legalista anglo-ale-

mán, Estado de derecho (Rechtsstaat & Rule of Law), y desde allí

11 Touraine, A. (1985). Actores sociales y sistemas políticos en América Latina. Santiago de

Chile: Prealc.

332

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

se catapultó hacia numerosos países europeos y americanos: Mé-

xico (1917), Alemania (Weimar, 1919), España (1978), Hon-

duras (1982), Brasil (1988), Colombia (1991) Paraguay (1992),

Perú (1993), Ecuador (2008), Bolivia (2009).

El E.S.D.D. arribó a RD con la reforma constitucional del

2010, en la que se estableció, artículo 7, que “[l]a República

Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, orga-

nizado en forma de República unitaria, fundado en el respeto de

la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la

soberanía popular y la separación e independencia de los poderes

públicos”.

2. El Tribunal Constitucional

Desde la creación del primer TC en Occidente, Constitu-

ción Federal de Austria (1920), concebido por el político Karl

Renner y conceptualizado por el jurista Hans Kelsen,12 más de

medio centenar de países miembros de la Organización de las

Naciones Unidas (ONU) ha reconocido la originalidad de la

idea de un sistema independiente y centralizado de judicial re-

view13 mediante la adopción de esta novedosa teoría-institución.

12 Schmitz, G. (2003). e Constitutional Court of the Republic of Austria 1918-1920,

Ratio Juris, Volume 16, Issue 2, pp. 240–265, June 2003.

13 García Belaunde, D.; Los tribunales constitucionales en América Latina. El típico modelo

de control de constitucionalidad de las leyes, surgido del célebre caso Marbury vs.

Madison de 1803, se hiciese conocido y tuviese gran inuencia. Fue así cómo los grandes

lineamientos del llamado modelo americano o judicial review fue incorporado, es cierto

que con matices, en la América Latina, desde mediados del siglo XIX. El primer país que

lo hizo fue México en 1841, y luego lo siguieron otros, en especial la Argentina en 1863,

lo que se generalizó a nes del siglo XIX y principios del siglo XX.

333

Ensayos sobre Temas Constitucionales

La creación del TC austríaco se debió, en parte, a la “presión

que emanaba de varias discusiones entre los políticos del Esta-

do nacional que motivaron a Kelsen a alejar la teoría y práctica

constitucional de su país del modelo federal alemán”.14

Como podemos ver, desde su incepción el TC juega un pa-

pel tripartito. Primero, como entidad independiente de las dis-

cusiones políticas, o sea, del Ejecutivo y del Legislativo. Segun-

do, como una entidad especializada dentro de una organización

jurídica “nacional” (en contraposición a la organización federal

político-jurídica, ej: Estados Unidos) y, tercero, como órgano de

mayor jerarquía del poder judicial garante del respeto a la orga-

nización piramidal del Estado constitucional de derecho, cuyo

objetivo es velar por la sujeción de todo el orden legal y político

al cumplimiento de lo articulado en las normas.

Al observar el organigrama de la República Parlamentaria

Democrática Representativa y Federal austríaca, sin embargo,

podemos errar al asumir que el poder judicial obedece los li-

neamientos de la organización política bajo la sombrilla federal

estándar. Esto no es así. En el sistema austríaco, el poder judicial

es de naturaleza “federal”, pero con un twist que le da su carácter

“nacional”. Esto es, “en el sistema austríaco no existen cortes

estatales”.

La concepción de una entidad constitucional indepen-

diente y especializada ha sido bastante dinámica y, desde su

creación, se ha expandido su base teórica sobre las necesidades

evidentemente impostergables a lo interno de los Estados y en

las relaciones de los sujetos del derecho internacional, como

resultado de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y

14 Ibidem.

334

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

de los estragos causados por las relaciones entre las metrópolis

europeas y sus ex colonias en los demás continentes. Para llenar

el vacío normativo, la Declaración Universal de los Derechos

Humanos (DUDH), París (1948), recogió, en 30 artículos, el

conjunto de derechos fundamentales inherentes e inalienables

a toda persona humana independientemente de su etnicidad,

género, nacionalidad, losofía política, religión o condición

social. Este documento vendría a inuir signicativamente y

a jugar un papel fundamental en la orientación política de las

reformas constitucionales y en la elaboración de convenios re-

gionales pactados en el seno de organismos integrados por Es-

tados conscientes de la interdependencia entre la participación

civil y política plena de los ciudadanos y el desarrollo hacia

una sociedad democrática, una cultura de paz y una economía

sostenible.

3. El TC dominicano, tratados regionales y derechos

fundamentales

En el caso de RD y demás naciones del hemisferio ameri-

cano, lo dicho en el párrafo anterior se tradujo en la Conven-

ción Americana sobre Derechos Humanos (CADH), San José,

Costa Rica (1969), que en sus disposiciones reeja una con-

sideración regional enfocada sobre las necesidades socio-polí-

ticas especícas que motorizan la concepción contemporánea

del Estado constitucional en la teoría política occidental y la

calidad de las relaciones y actuaciones entre el poder estatal

y el individuo, los grupos vulnerables y las “minorías” en las

Américas.

335

Ensayos sobre Temas Constitucionales

La adopción y raticación, por parte de los Estados signa-

tarios de dicho instrumento, signica un compromiso a respetar

los derechos y libertades reconocidos en la CADH y, consecuen-

temente, el deber de adoptar “con arreglo a sus procedimientos

constitucionales y a las disposiciones de [dicho instrumento], las

medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para

hacer efectivos tales derechos y libertades…”.15

Mediante la reforma a la Constitución dominicana, pro-

mulgada el 26 de enero de 2010, el Estado acogió de mane-

ra explícita las disposiciones de la CADH (hasta cierto punto

ya existentes como principios en la constitución previa) y otros

tratados raticados en las últimas décadas. En dicha reforma,

también se incluyeron los artículos 184 y siguientes, el control

de constitucionalidad y la creación del TC. Por supuesto, previo

a la creación del TC, en RD ya contábamos con un tribunal que

dirimía todo lo relativo al control de constitucionalidad, a saber,

la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

4. La importancia y necesidad del TC en RD:

Interrogantes y justificaciones

Varias interrogantes surgen naturalmente de esta novedad

constitucional dominicana para el desarrollo de la argumenta-

ción en el presente estudio. Existen dos conjuntos de preguntas

15 Artículo 8. Garantías judiciales, Convención Americana sobre Derechos Humanos

suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos San

José, Costa Rica, del 7 al 22 de noviembre de 1969 Convención Americana sobre Dere-

chos Humanos (Pacto de San José).

336

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

vinculadas entre sí que debemos plantear y tratar de responder

para determinar y “predecir” la importancia de un TC para el

desarrollo de un E.S.D.D. en RD.

El primer conjunto es aquel compuesto por preguntas

relacionadas con el desempeño de otros TC y cómo dicha

experiencia ha contribuido o no al desarrollo de un E.S.D.D.

Necesitamos entender: a) ¿Cuáles son los casos de inconsti-

tucionalidad con repercusiones sociopolíticas que fomentan

la conanza en la imparcialidad y efectividad de la justicia

constitucional al alcance de las personas de los grupos margi-

nados? b) ¿Cuáles características sociales contribuyen, directa

o indirectamente, al desarrollo de un E.S.D.D. mediante un

TC?

El segundo conjunto, estaría integrado por preguntas

sobre la sociedad y la justicia dominicana, la necesidad de

un TC y sus posibles frutos. Una de estas sería: a) ¿Cómo

manejaba la SCJ el control de la constitucionalidad y qué ca-

racterísticas de dicho manejo podemos citar como evidencia

para justicar la enajenación de esa facultad del ámbito de su

competencia?

La argumentación y justicación de la creación de un TC

independiente de injerencias políticas, constituido por jueces

imparciales, con acceso a recursos económicos y humanos ópti-

mos para desempeñar un papel vital y trascendental en el desa-

rrollo de un E.S.D.D. fue acogida y elogiada ampliamente por

juristas y políticos dominicanos por igual.

Con este conjunto de rasgos como elementos constituti-

vos de su perl, se opinó en los medios de comunicación y,

mediante correspondencia dirigida por numerosos abogados

337

Ensayos sobre Temas Constitucionales

y magistrados al Congreso de la República16, dicha alta corte

podría ejercer su autoridad y competencia, con base en el prin-

cipio de legalidad del Estado de derecho, creando y fortale-

ciendo paulatinamente con sus fallos un marco de orden cons-

titucional que garantice la primacía de las normas sustantivas y

su adecuada interpretación en conictos sobre competencia de

poderes, control preventivo de tratados internacionales, consti-

tucionalidad de ordenanzas, resoluciones, reglamentos, decre-

tos, leyes, reformas a normas existentes y la aplicación lógica y

motivada de todo esto por parte de instituciones del Estado y

tribunales inferiores en relación con la soberanía nacional, los

derechos fundamentales de las personas, el medio ambiente y

la proporcionalidad equitativa de las políticas públicas para el

desarrollo cultural y económico.

Abordaremos cada una de estas interrogantes y justicacio-

nes, y con esto evaluaremos nuestra realidad constitucional (en

la acepción integral de esta palabra) y así arribaremos a conclu-

siones que ilustren la importancia del TC para el desarrollo de

un E.S.D.D.

16 Un grupo de juristas calicó como prioritaria la creación de una Sala Constitucional,

como está contemplada en el proyecto de reforma constitucional sometido por el presi-

dente Leonel Fernández, con miras a la consolidación del sistema constitucional, pro-

fundizar la democracia, hacer prevalecer los derechos y libertades y aanzar el adecuado

funcionamiento de las instituciones públicas. La posición está contenida en una carta

remitida a la Asamblea Nacional, rmada por los juristas Eduardo Jorge Prats, Milton

Ray Guevara, Alejandro Moscoso Segarra, Franklyn García Fermín, Víctor Joaquín Cas-

tellanos Pizano, Cristóbal Rodríguez Gómez, Jottin Cury hijo, José Ricardo Taveras, Eric

Raful Pérez, Carlos Salcedo, Lino Vásquez, Rosalía Sosa Pérez, Nassef Perdomo Cordero,

Santiago Rodríguez Tejada, Félix Damián Olivares, Félix Tena, Alberto Fiallo, Miguel

Valera, Rosina de Alvarado, Leila Mejía, Omar E. Victoria Contreras, José Luis Taveras,

Justo Pedro Castellanos, José María Cabral Arzeno, Pedro Durán, Mariel León Lebrón y

Agustín García Pérez. Periódico Hoy, Santo Domingo, 2010.

338

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

5. La importancia del TC

Entender las relaciones de un TC con otros sujetos sociales

y políticos es tarea prioritaria para entender la importancia de

un TC para el desarrollo de un E.S.D.D. La evaluación de dicha

importancia la realizaremos analizando los frutos de algunos de

los TC existentes en las Américas. Partiendo de estos datos, ela-

boraremos un currículum vitae con los aportes más trascenden-

tales en materia de derechos humanos (DDHH), la protección

del medio ambiente y la sujeción de los funcionarios públicos al

imperio de la ley.

En nuestra región, existen ‒a la fecha‒ nueve tribunales

constitucionales. Estos son (en orden alfabético): Bolivia, Chile,

Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perú,

y RD. Consideraremos los aportes y las garantías de dos de ellos

que ya existían, previos al de RD.

6. El TC y los derechos humanos

¿Cuáles son los casos de inconstitucionalidad con matices

sociopolíticos que fomentan la conanza en la imparcialidad y

efectividad de la justicia al alcance de las personas de los grupos

marginados?

Para responder esta pregunta analicemos los aportes del

TC de Colombia en materia de DDHH. Especícamente, tra-

taremos tres tangentes de la aplicación de la constitucionalidad

como garante de los derechos y libertades fundamentales de las

339

Ensayos sobre Temas Constitucionales

personas y de grupos vulnerables en nuestras realidades “posco-

loniales”, entiéndase, los fallos más importantes en relación con:

i) las personas afro-descendientes, ii) las mujeres y iii) las parejas

del mismo sexo.

Sin duda alguna, el TC colombiano (en realidad es Corte y

no tribunal; para mantener la uniformidad, utilizaremos tribu-

nal) ha calado profundo en la conciencia de la población de esa

nación, a raíz de su independencia judicial e intelectual de jure y

de facto. Desde dicha independencia el TC colombiano ha po-

dido examinar los alegatos de inconstitucionalidad que se le han

presentado sobre temas espinosos. Los magistrados de esa alta

corte han desplegado consistentemente capacidades argumenta-

tivas elevadas y vanguardistas al realizar sus análisis y al motivar

sus conclusiones. Evidencia de esto es el hecho de que, tras nu-

merosas solicitudes de profesores de ciencias políticas y jurídicas,

y estudiantes no hispanoparlantes, el TC colombiano ordenó,

como primer paso, la traducción al idioma inglés y publicación

en su página web de los resúmenes de sus más importantes de-

cisiones en diversas materias, y así compartir su trabajo con un

público más amplio en un mundo cada día más pequeño.

Amparándose en “lo dispuesto en el artículo 243 de la Carta

Política, las sentencias [de dicha alta corte] proere[n] en ejercicio

del control abstracto de constitucionalidad, [que] producen efec-

tos erga omnes y, por tanto, son obligatorias, generales y oponibles

a todas las personas, sin excepción de ninguna índole”.17

Sobre la base de la competencia atribuida en la carta políti-

ca, y en particular el artículo 243, el TC colombiano se ha podi-

17 La Corte informa a la opinión pública; página web de la Corte Constitucional de

Colombia. http://www.corteconstitucional.gov.co/

340

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

do enfrentar a recursos de inconstitucionalidad sobre realidades,

derechos, libertades y concepciones controversiales. Ni la iglesia,

ni los partidos políticos, ni los sectores más renuentes al cambio

hacia el respeto de los derechos y libertades de todos y todas,

han podido inuenciar sus determinaciones. La consistencia de

los fallos del TC colombiano ha contribuido, de manera tras-

cendental, al desarrollo del E.S.D.D. en esa hermana nación. El

acogimiento de amplios sectores de la población y, en particular,

de los ciudadanos más vulnerables, demuestran que un compro-

miso ético y una independencia intelectual y jurídica sí pueden

contribuir al desarrollo de un E.S.D.D.

El TC colombiano no sólo ha aplicado el control de cons-

titucionalidad, sino que ha ido más allá, y ha generado, como

legislador negativo, la necesidad de reformar algunas leyes sus-

tantivas y adjetivas.

En relación con la discriminación étnica basada en prejui-

cios, tenemos la Sentencia T-1090, de 2005. Marco y desenlace

del caso:

En diciembre de 2004, dos hermanas afrocolombianas estu-

diantes de Derecho, Lena y Johana Acosta, quisieron entrar

a una discoteca de la avenida Arsenal, zona colonial de Car-

tagena. Se les negó la entrada, no obstante el hecho de que

minutos antes dos amigas canadienses, de ascendencia euro-

pea, entraron sin problema a la misma discoteca. Las Acosta

interpusieron una tutela en defensa de sus derechos por discri-

minación basada en prejuicios. Se les negó la petición en pri-

mera instancia. Apelaron. En segunda instancia, la tutela fue

acogida. El joven abogado que representó a las Acosta, Edwin

Salcedo, abordó a los medios de comunicación y llegó hasta

el TC, el cual concluyó con la Sentencia T-1090 / 2005. En

dicha sentencia, el TC condenó las actuaciones de la discoteca

341

Ensayos sobre Temas Constitucionales

e instó al Poder Legislativo a elaborar una ley anti-discrimi-

nación. En el 2011, mediante la iniciativa del senador Carlos

Alberto Baena, se promulgó la Ley 1482 / 2011. Esta ley mo-

dicó el Código Penal de Colombia, tipicando la discrimi-

nación basada en prejuicios como un delito castigable entre

tres y ocho años de cárcel y una multa cuantiosa a quienes

incurran en esas prácticas. La Ley Antidiscriminación protege

a todos los colombianos, quienes por su fenotipo, preferencia

sexual, condición económica o género, pueden ser víctimas de

tales atropellos a la dignidad humana.

Veamos ahora la Sentencia C-355 / 2006, sobre el derecho

a la autodeterminación y el aborto. En resumen (entre comillas

palabras del Tribunal):

La ciudadana Mónica del Pilar Roa López (expediente

D-6122), el ciudadano Pablo Jaramillo Valencia (expediente

D- 6123), y las ciudadanas Marcela Abadía Cubillos, Juana

Dávila Sáenz y Laura Porras Santillana (expediente D-6124),

“en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad,

presentaron demandas contra los Arts. 122, 123, 124 y 32

numeral 7 de la Ley 599 del 2000”, Código Penal “modica-

dos por el Art. 14 de la Ley 890 de 2004” alegando que “la pe-

nalización del aborto sin consideración de las circunstancias

mitigantes era violatorio” del “derecho a la vida, a la dignidad,

a la integridad física, a la igualdad, la libertad, el desarrollo li-

bre, la autonomía reproductiva, la salud y demás provisiones”,

consagradas en las leyes y los tratados internacionales sobre los

derechos de la mujer.

El Tribunal Constitucional arribó a la siguiente conclusión:

El aborto no puede ser considerado un crimen cuando:

1. Un doctor certique que el embarazo pudiese constituir

una amenaza a la vida de la madre.

342

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

2. Un doctor arribe a la conclusión de que el feto sufre

malformación que, eventualmente, pondrá en peligro su

vida.

3. El embarazo sea producto de una violación, incesto o in-

seminación articial no consentida, siempre que el acto

criminal fuera legalmente reportado ante las autoridades.

Por último, aunque no de menor importancia, tenemos la

Decisión C-029, de 2009, en la cual el Tribunal colombiano dijo

que la unión civil entre parejas del mismo sexo, por cualquier

nombre que se le designe, se establece por ley para proveerles

a estas parejas de los mismos derechos, benecios y responsa-

bilidades similares a los de parejas de sexo opuesto. El Tribunal

Constitucional colombiano repitió su línea jurisprudencial con

base en: (i) la constitución prohíbe toda forma de discriminación

basada en orientación sexual; (ii) existen diferencias claras entre

las parejas homosexuales y las heterosexuales y, por ende, no hay

requisito constitucional para darles tratamiento igualitario; (iii)

el Congreso tiene la responsabilidad de denir las medidas para

establecer la protección y cuidado de los diferentes grupos socia-

les que se encuentran en situaciones de marginación; (iv) cual-

quier diferencia en trato es constitucionalmente permisible, si y

solo si obedece al principio de razón suciente.

En un país como Colombia, que cuenta “con un adecuado

nivel de institucionalidad… [en el cual]… ejerce su poder un tri-

bunal constitucional y sus funciones están adecuadamente enca-

jadas en el funcionamiento normal de las instituciones, esta [alta]

corte desarrolla un papel ecaz e incluso imprescindible…”.18

18 Villasana, L. (2010). “No al Tribunal Constitucional, Con el Tribunal Constitucional

se retrasaría la solución de los casos en perjuicio de las personas”. Periódico Hoy.

343

Ensayos sobre Temas Constitucionales

Los casos y las sentencias arriba citadas son evidencia de

esto y de la importancia de un TC con el perl adecuado para

el desarrollo de un E.S.D.D. Pero, ¿de dónde se desprende

todo esto? ¿Cómo ha logrado Colombia erigir un TC que

genera mediante sus fallos la conanza en los ciudadanos que

acuden ante él para exigir sus derechos en el marco de un

E.S.D.D?

Las respuestas a estas interrogantes las podemos encontrar

en una de las preguntas que nos hicimos arriba.

¿Cuáles características sociales contribuyen, directa o indi-

rectamente, al desarrollo de un E.S.D.D. mediante un TC?

En torno a las características sociales que contribuyen direc-

tamente al desarrollo de un E.S.D.D. mediante un TC, aborda-

remos sólo una de ellas: la relativa al nivel de educación de los

miembros de los grupos marginados. Esta característica, como

demostraremos a continuación, es la más importante, a nues-

tra estimación, de las que sirven de base para ejercer la facultad

subjetiva del derecho, o sea, del entendimiento de la potestad

real y canalizable para exigir el respeto de derechos conculcados.

Desde esta característica también se construye la conanza de la

ciudadanía por la vinculación existente entre el nivel de prepara-

ción de los magistrados del TC y la lucidez losóco-jurídica de

argumentación en sus decisiones.

Las sociedades que han desarrollado grandes sistemas legales

lo han logrado, más que por su virtuosidad técnica, por la

riqueza conjunta de su entendimiento del universo normativo

que han acordado. La relación entre el aparato legal formal y

la gama de comportamientos que se exhiben en la sociedad,

nos brinda material analizable para determinar si dicha socie-

dad es funcional o no.

344

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

De los fallos del TC colombiano arriba citados, tomemos

como ejemplo ilustrador el primer caso, el caso de las hermanas

Acosta, Sentencia T-1090. Con este ejemplo podemos ver que el

aparato legal colombiano sí es funcional. Este caso es, además,

emblemático de la relación que existe entre el nivel de educa-

ción que se posee y la capacidad para actuar en reclamo ante la

justicia. Como apuntamos arriba, estas dos jóvenes colombia-

nas, de ascendencia africana, eran en aquel entonces estudiantes

meritorias de derecho. Sin duda alguna, esto inuyó de manera

decisiva en las acciones que las Acosta tomaron luego de ser dis-

criminadas con base en prejuicios por su fenotipo. Esto nos lleva

a preguntarnos si es necesario tener conocimiento en derecho

para reclamar el respeto de derechos y libertades. La respuesta es

que sí: conocimiento básico, al menos. Claro, saber de derecho

es algo a lo que cada ciudadano debería de aspirar. Sin embargo,

no deja de tener relevancia el hecho de que los estudiantes de

derecho y abogados/as provenientes de grupos marginados son o

deberían ser los agentes ideales para poner n a ciertas prácticas

que violan la igualdad y la dignidad humana.

El nivel de educación inuye en el sentido de la persona

para actuar ante la ley en casos como estos. Pero el nivel de edu-

cación no lo es todo. Ejemplo de esto, son dos casos idénticos

al caso de las Acosta, que les sucedieron a dos jovencitas domi-

nicanas, Holly Reinoso y Blanca Rosario, en la ciudad de Santo

Domingo, publicados en sus respectivos blogs en Internet.19 A

ambas, por separado, se les denegó la entrada a bares abiertos al

19 http://actividadesartisticas.blogspot.com/2009/11/increible-racismo-en-cool-bar-de-

la.html

http://santodomingodespierta.blogspot.com/2010/03/racismo-en-republica-

dominicana-en.html

345

Ensayos sobre Temas Constitucionales

público, por su fenotipo o por el fenotipo de su acompañante.

Sin embargo, estas no acudieron a la justicia, no obstante el he-

cho de que ambas poseen un nivel de educación por encima de

la media, y solo se limitaron a ventilar su frustración, vía una

página de Internet.

La ciudadanía necesita desarrollar un cierto nivel de con-

anza en la justicia, y esto no sería tarea fácil. La impunidad y

la corrupción imperantes tienden a desanimar a muchos ciuda-

danos que entienden que las repercusiones negativas serían más

que el benecio social que su audacia generaría. Es necesario

que el Estado, quizás mediante el mismo TC, realice campañas

y fomente la conciencia constitucional de manera más agresiva

que como lo hace hasta el momento. Quizás así las personas

desarrollen el coraje para exigir sin temor a repercusiones que en

realidad serían insignicantes, si las comparamos con las reper-

cusiones psicológicas que generan las violaciones a la dignidad

de la persona no enfrentadas mediante la justicia.

7. El TC y la protección del medio ambiente

El TC de Costa Rica (ojo, es en realidad Sala Constitucio-

nal) ha sostenido “que la protección de los recursos naturales es

un medio adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de

todos…” Con estas palabras, el TC costarricense hace eco de lo

que el mismo pueblo ha declarado importante y prioritario: “el

derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.

El Estado costarricense ha tomado muy en serio lo de la pro-

tección del medio ambiente como fuente de riqueza y desarrollo

346

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

sostenible. El TC de esa hermana nación ha sido, sin duda, la

institución clave en la correcta interpretación de la constitución

política en materia medioambiental. En su Sentencia 4480/94,

el TC costarricense dijo: “[l]a protección del medio ambiente

es una tarea que corresponde a todos por igual.” Esta sentencia

estableció, sin duda, la necesidad del trabajo integral interminis-

terial para que ese conjunto de instituciones gestionadas por un

personal elegido para esos nes lograse implementar las políticas

públicas que de hecho instituyan los mecanismos de protección

medioambiental. Aquí, el TC reconoció que es necesaria “la in-

tervención de los poderes públicos sobre los factores que puedan

alterar el equilibrio de los recursos naturales”. Esto se traduce

en directrices claras y contundentes que colocan sobre todos los

demás principios el principio de prevención, lo cual el TC costa-

rricense acentúa al establecer que “[e]l Estado costarricense está

en el deber de actuar en forma ecaz y anticipada, para evitar la

ocurrencia de eventos que degraden el medio ambiente y com-

prometan su sostenibilidad”.

Con un poco más de dos décadas, el TC de Costa Rica se

ha convertido en parte de la cultura jurídica y nacional de esa

nación. Entre aciertos y desaciertos, sus logros han impactado de

manera substancial en el desarrollo de una participación amplia

de ciudadanos y la sujeción de todas las demás instituciones y

tribunales a sus interpretaciones de la Constitución. De hecho,

entre los desaciertos que se le adjudican al TC costarricense se

encuentra el de ir más allá de su competencia al emitir opinio-

nes sobre materia electoral, algo que es objetado por juristas y

magistrados de ese país. Otros puntos débiles han sido sus fallos

relacionados con tratados internacionales de comercio, particu-

larmente el DR-CAFTA. Todo esto es, por supuesto, bastante

347

Ensayos sobre Temas Constitucionales

controvertido. Y nos parece que esa es otra de las contribuciones

importantes del TC costarricense al desarrollo de un E.S.D.D.:

crear diálogos nacionales sobre los temas constitucionales de ma-

yor relevancia.

8. El TC y la corrupción política

La aplicación de la justicia por parte del Estado en RD ha

sido deciente a lo largo de nuestra historia republicana.20 Si

existe un área de aplicación de la ley en la cual encontramos

serias deciencias es la relativa a la impunidad en los actos de co-

rrupción por parte de funcionarios públicos. En las estadísticas

internacionales encontramos información que, elegida con pre-

juicio, puede confundir. Por un lado, está el hecho de que RD

es uno de los pocos países en el mundo que han llevado ante la

justicia y han encarcelado a un ex presidente por enriquecimien-

to ilícito: el caso de Salvador Jorge Blanco, del Partido Revolu-

cionario Dominicano, durante el gobierno de Joaquín Balaguer

1986-1990. Mientras que, por otro lado, existen bastantes datos

conables sobre el escandaloso nivel de corrupción que alcanza

hoy día la administración pública en RD, provenientes de enti-

dades imparciales como Transparencia Internacional y algunas

ONG a nivel local.

No obstante el hecho de que la corrupción es una realidad

de la política dominicana desde sus inicios, ésta no ha logrado

llamar la atención de los legisladores a la hora de realizar refor-

20 Vega, W. (2008). Historia del derecho dominicano, Santo Domingo,

348

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

mas a la Constitución. Si bien es cierto que hemos tenido casos

como el de Salvador Jorge Blanco, no es menos cierto que estos

han sido la excepción desde 1990 hasta nuestros días. En algu-

nos casos, la justicia ha hecho su trabajo: caso Plan Renove y,

para sorpresa de todos, el presidente de la República indultó a

los culpables miembros de su partido. Interesantemente, nues-

tro récord de encarcelación por crímenes de cuello blanco en el

sector privado ha aumentado, gracias a la aplicación de la justicia

a unos cuantos banqueros responsables de debacles nancieras

que han puesto en peligro la gobernabilidad y la existencia mis-

ma del Estado.

Las estadísticas a lo largo del tiempo nos proveen evidencia

de la conanza que la gente tiene en la justicia dominicana y

cómo dicha conanza va transformándose con el tiempo.

Una encuesta de Mercadesa S.A., citada en R-C2000, en-

contró que para 1993, el 33 % de los dominicanos consideraba

a la justicia viciada por la corrupción. Otra encuesta, (Duarte,

Brea, Holguín, 2000) reveló que en 1998 un 40 % de la pobla-

ción pensaba que la inuencia de droga y política corrompía a la

justicia. No es tan necesario realizar una encuesta para armar,

al menos, una cosa: la cifra de 40 % de 1998, hoy día, a nales

del 2012, es mucho más alta.

Semanalmente, sale en la prensa de RD que algún ocial de

la policía o de las fuerzas armadas ha sido destituido por relación

con el narcotráco. Menos comunes, pero en crecimiento, son

las noticias sobre jueces corruptos.

La penetración del narcotráco en la sociedad dominicana,

en las elecciones de los partidos, en las actividades comerciales

y nancieras, es bastante profunda. En un cable revelado por

Wikileaks, enviado a Washington desde la Embajada americana

349

Ensayos sobre Temas Constitucionales

en Santo Domingo, en el 2009, el entonces embajador america-

no estimó que un 2 % del PIB dominicano es lavado de dinero

del narcotráco y otros crímenes. Estamos hablando de mucho

dinero.

¿Cómo manejaba la SCJ el control de constitucionalidad y

qué características de dicho manejo podemos citar como eviden-

cia para justicar la enajenación de esa facultad del ámbito de su

competencia?

La sujeción de los funcionarios públicos al imperio de la

ley es, sin duda, el mayor reto al que se enfrenta la sociedad

dominicana en la actualidad. Hablar de un E.S.D.D. es hablar

de igualdad ante la ley, la justicia, la libertad y el pluralismo

político. El E.S.D.D. requiere de una transformación radical del

aparato estatal y político dominicano. El primer paso de esta

transformación es en dirección hacia la impunidad en la corrup-

ción política. La corrupción política incide signicativamente en

el desarrollo de un E.S.D.D. De hecho, es imposible pensar en la

consecución de las exigencias del imperio de la ley, la democracia

contemporánea y el desarrollo sostenible bajo el manto autori-

tario, la concentración del poder y la corrupción que de ellos se

desprende.

Desde la reforma a la Constitución dominicana de 1994, la

SCJ tenía, entre sus funciones, la del control de la constitucio-

nalidad. Es debido a esta facultad que la SCJ vino a tener que

analizar y opinar en el caso de constitucionalidad del empréstito

de la Sunland Corporation, realizado por el expresidente Leonel

Fernández. El PRD introdujo una acción directa en inconstitu-

cionalidad, en relación con la violación de prescripciones cons-

titucionales para la formalización de empréstitos entre entidades

extranjeras o internacionales y el Estado dominicano.

350

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

Era bastante obvio que el Poder Ejecutivo había violado la

Constitución al dar por válido un préstamo que no había sido

visto por el Congreso, como exige la Constitución en su artículo

55.

En su fallo, la SCJ

[d]eclara inadmisible, por falta de calidad, las acciones en

inconstitucionalidad intentadas…contra el contrato de cons-

trucción de obras prioritarias para el Estado dominicano, su-

ministro de materiales y equipos, suscrito entre el Gobierno

de la República Dominicana y e Sunland Corporation,

R.D., S.A., y sus documentos complementarios, de fecha 15

de mayo de 2006.

Esta sentencia generó las peores críticas que se han dirigido

a la SCJ, desde 1966. La sentencia demostró, más que cualquier

otra cosa, la debilidad institucional en RD. En 1998, la SCJ

había interpretado la noción de parte interesada de una manera

menos restringida que otra denición previa de 1995. Con la

sentencia del caso Sundland, la SCJ revirtió su postura anterior:

la postura lógica y razonable dentro del marco de E.S.D.D. Pos-

terior a esta sentencia, se realizaron cambios sustanciales en la

composición de la SCJ y, por supuesto, se creó el TC. Dichos

cambios fueron realizados por el Consejo Nacional de la Magis-

tratura.

En su libro, El lado oscuro de la Sunland, páginas 177

y siguientes, el autor, Jaime Aristy Escuder, argumenta que

varios jueces que fueron retirados de la SCJ fueron los que

realizaron un análisis del caso y motivaron su posición de que

era evidente la violación a la Constitución de la República.

Se teoriza con esto que hubo motivaciones políticas en la sen-

351

Ensayos sobre Temas Constitucionales

tencia de la SCJ en ese caso, y que, como repercusión, varios

jueces fueron removidos injustamente de su servicio público

en la SCJ.

Conclusión

Un proyecto de promoción de los derechos fundamentales

Un proyecto efectivo y eciente de promoción de los de-

rechos fundamentales sería aquel que desarrolle programas cu-

rriculares sobre educación cívica, constitucional y legal, a nivel

pre-universitario. Un proyecto de esta naturaleza no solamente

educaría a los jóvenes sobre sus derechos y libertades y sobre

cómo reclamar mejores políticas públicas, sino que también ‒y

esto es lo más importante‒ mantendría un monitoreo real del

uso de dichas herramientas, por parte de los jóvenes, mediante

encuestas sobre la utilidad y viabilidad de la educación que pro-

veen y los casos reales en los que se les ha dado uso.

Con proyectos que instrumenten a los ciudadanos, el TC

contribuiría a “crear una cultura [constitucional] política común

compartida”, motivando también a que los grupos marginados

se sientan como que verdaderamente existe democracia, o sea,

“una participación directa de un amplio número de personas” en

la creación de un E.S.D.D.

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