Lavado, S. A., La cultura corporativa del fraude

 
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"Lavado, S. A.: La cultura corporativa del fraude"

José Luis Taveras

Un efecto de confusión asalta a cualquier dominicano que transita por las rutas turísticas de la región Este, saturadas por publicidad gráfica en idioma ruso. Una presencia cultural jamás imaginada en estas tierras. No existen vínculos históricos de ningún tipo entre esta isla y la gran nación excomunista.

Un desbordante flujo de capital hace de las inversiones inmobiliarias una de las más socorridas opciones patrimoniales por la mafia rusa en el Caribe. Esto no es secreto para nadie. Información de agencias de inteligencia internacionales y a la que tiene acceso reservado Gaceta Judicial da cuenta de que familias de la mafia rusa planean construir una ciudad de diversión en el Caribe según el modelo de Las Vegas y uno de los destinos contemplados es la República Dominicana.

Las inversiones rusas están presentes en Corales de Punta Cana y en Cap Cana, cuyo complejo ha participado con una delegación del país en el "Safari Ruso–Español", organizado por el Ministerio de Turismo, considerado uno de los eventos de máxima proyección del turismo inmobiliario en las ciudades de San Petersburgo, en Rusia, y Barcelona en España. Hasta el momento, las autoridades dominicanas han anunciado un supuesto plan de rastreo del origen de estos capitales, denuncia que, como siempre, se queda en intenciones. Por su parte, el embajador ruso en Venezuela -concurrente en la República Dominicana- Vladimir F. Zaemsky, aseguró recientemente que el empresariado de su país podría realizar inversiones por el orden de los 800 millones de dólares en el sector turístico y de bienes raíces.

Paralelamente, la ciudad de Santo Domingo, en el último lustro, ha visto expandir su anatomía vertical con una extraordinaria oferta de apartamentos en torres de lujo cuyos precios son comparables con los de los mercados inmobiliarios más exclusivos del mundo. Este fenómeno de explosión inmobiliaria se produce en medio de escándalos internacionales de lavado de dinero producto del narcotráfico, en una economía que en igual periodo ha visto duplicar su producto interno bruto (PIB) de forma inexplicable. Solo en una década, el país ha atraído la atención mundial como destino de inversión de grandes fortunas producidas por corrupción pública como las del caso Marbella en España; o del lavado promovido por carteles de narcotráfico con bases operativas en el país como el de Quirino y más recientemente el de Figueroa Agosto.

Esta realidad no es fortuita. La República Dominicana se ha convertido en el puente natural del tráfico de droga procedente de Colombia, Venezuela, Perú y México hacia los Estados Unidos. Una ruta sólidamente establecida desde hace dos décadas, pero con una variante: antes, las retribuciones a los centros de distribución en el país eran con dinero; ahora, son con droga. Esto ha convertido a la República Dominicana en un destino de consumo y comercialización interna a través de redes cada vez más enmarañadas de distribución a pequeña y gran escala.

La imagen del país se asocia a la de un paraíso para el lavado; una jurisdicción sin controles institucionales eficientes y con un modelo de vida permisivo, dominado por la cultura del laisser faire. Insólitamente el Ministerio de Turismo, en la década de los noventa, afianzó esa percepción con una promoción internacional acuñada en una leyenda lo suficientemente expresiva de la marca país: "Aquí me siento libre". Hoy la República Dominicana es refugio de truhanes y fugitivos de la justicia internacional recibidos en alfombras rojas por una xenofilia ancestral. Muchos presidentes y ministros han abierto sus despachos o departido socialmente con delincuentes y no faltan algunos que reciben dinero para financiar sus campañas. Estos casos solo son investigados cuando su disimulo resulta imposible o cuando las agencias federales de investigación de los Estados Unidos activan sus dispositivos de inteligencia.

Mientras en el mundo aumentan los controles para filtrar las inversiones producidas por el crimen económico transnacional, en la República Dominicana se garantiza su libre movilidad con indiferencia y complacencia. No existe una estructura normativa ni institucional eficiente que impida o al menos dificulte la incorporación de esos capitales a la economía. Al contrario, cada vez que aisladamente se alude al tema de regulación y mecanismos de control, las reacciones de un sector económico influyente es la de intimidar a los gobiernos con la manida excusa de que tales políticas constituirían trabas a la competitividad del país y a la inversión extranjera. Al amparo de este ajado argumento se impone una cultura corporativa con base en el fraude, la evasión y la corrosión social. Sin embargo, basta examinar los índices de medición de organismos y foros internacionales para advertir que otros factores son los verdaderos escollos a la inversión y a la posibilidad de hacer negocios seguros y transparentes en la República Dominicana. Veamos los parámetros de medición del Global Competitiveness Index del Foro Económico Mundial, el más prestigioso del mundo, correspondiente al 2010-2011:

Como se advierte, el principal problema es la corrupción que arropa por igual al sector público y al privado.

Este barómetro es interesante, tanto por la diversidad de indicadores como por la muestra comparada de países: 139. Resalta, como nota curiosamente preocupante, que el país ocupa la última posición de la clasificación (139) en el favoritismo en las decisiones gubernamentales oficiales. Esto revela que el nivel de empoderamiento de la política de privilegios nos sitúa por encima de naciones con estructura social casi tribal del África central gobernadas por regímenes absolutistas, al tiempo de confirmar, en parte, nuestra sostenida percepción de que existe una simbiosis entre el sector público y privado en la preservación de un estado de corrupción sistémica y anomia social.

Sin embargo, la realidad es que la mayoría de los países, aun de tercer mundo, están adoptando medidas de filtración para estos capitales a través de un ordenamiento uniforme y completo de políticas regulatorias, que incluyen: a) la creación de sistemas sofisticados de rastreo de capitales; b) medidas en contra de los paraísos fiscales; c) reforma a las regulaciones societarias para fortalecer el corporate governance; d) controles discriminatorios para la operación de sociedades extranjeras; e) fortalecimiento de las regulaciones y supervisiones de los mercados financieros y de valores; f) sanciones penales a las personas morales; g) incremento de los factores fácticos y legales para el levantamiento del velo corporativo y el secreto bancario; h) controles para los movimientos de capital o de las transacciones financieras y bancarias internacionales; i) ampliación de los registros públicos para las sociedades e inversiones extranjeras. Esa dinámica es ajena a la República Dominicana que, sobre la base de la conjuración de estas "trabas", se ha convertido en una oferta platinum para el capital del fraude y del crimen local e internacional. Hoy el país es un gran casino insular con un aire libertino que provoca el capital ocioso.

Un aspecto muy sensible en el análisis de esta realidad es el de la transparencia, responsabilidad y ética corporativas, tema siempre omitido en el estudio de la corrupción. Solo se condena la corrupción pública como si viviéramos en una nación comunista donde el Estado controlara todos los medios de producción y centralizara la economía. Existe una...

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