¿Los sacrificios fiscales son derechos fundamentales del pueblo dominicano?

• Fecha: 01 Febrero 2025

 A propósito de que en el pasado mes de octubre del 2024 convergieron en el Congreso Nacional el proyecto de ley de modernización fiscal y el proyecto de ley que declara “la necesidad” de una reforma constitucional, tuvimos la oportunidad de escuchar, leer y observar conversaciones paralelas sobre estos temas. Cada sector de la sociedad enarboló su opinión cual atalayero de los intereses que les ocupan, avisando, especialmente en el ámbito fiscal, la ausencia de movimientos en el combate de la evasión y elusión fiscal para el sustento “necesario” de las cargas públicas y el peligro de anular el catálogo de exenciones fiscales habilitado. Al mismo tiempo se cuestionó la necesidad de la reforma Constitucional por los aspectos que tocaba.Nos proponemos unir los dos temas, aunque no se vincularon materialmente, en la respuesta a la pregunta ¿los sacrificios fiscales son derechos fundamentales del pueblo dominicano? Toda vez que ha sido retirado por el Poder Ejecutivo el proyecto de ley de modernización fiscal y que se concretó la reforma constitucional el 27 de octubre del 2024, nos resta utilizar la experiencia del proceso y analizar si la Constitución dominicana tolera los sacrificios fiscales.El sacrificio fiscal al que aludimos no es más que el gasto tributario del Estado al otorgar incentivos, exoneraciones y privilegios fiscales. El Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT)¹ define el gasto tributario como los recursos dejados de percibir por el Estado por la existencia de incentivos o beneficios que reducen la carga impositiva que deberían enfrentar determinados contribuyentes en relación con el sistema tributario que predomine.En el caso de la República Dominicana, el constituyente constitucionalizó la tributación, apartó el capítulo II de la carta sustantiva para dedicarlo a las finanzas públicas —en el título XI—, con especial énfasis en la sección III, y elaboró el artículo 243 sobre los principios del régimen tributario. Este indica que dicho régimen estará basado en los principios de legalidad, justicia, igualdad y equidad para que cada ciudadano pueda cumplir con el mantenimiento de las cargas públicas. Al mismo tiempo dispuso como un deber constitucional en el artículo 75 el tributar “de acuerdo con la ley y en proporción a su capacidad contributiva, para financiar los gastos e inversiones públicas”. A la vez, dispuso como deber fundamental del Estado “garantizar la racionalidad del gasto público y la promoción de una Administración pública eficiente”.Por eso, nuestro sistema tributario cuenta con el mandato constitucional adjetivo y sustantivo de tributar; es decir, todos los ciudadanos tienen la obligación de imponer tributos de acuerdo a la ley, con el objeto de cumplir con el mantenimiento de las cargas públicas y, por tanto, cada recurso dejado de percibir por el Estado debido a la excepción a la regla constitucional o el crédito fiscal ofrecido para incentivar mercados sectoriales es un gasto tributario. Por consiguiente, el Estado sacrifica a la generalidad de obligados por los que no contribuyen, pues el ingreso fiscal tiene y debe cumplir con las expectativas programadas para las inversiones y el mantenimiento de la deuda pública².El “sacrificio fiscal” es un término que entendemos adecuado y que debe ser asimilado en su dimensión certera: el sacrificado no es el Gobierno, que no percibirá el ingreso fiscal, sino el resto de contribuyentes que mantendrán la carga que no asumió el beneficiado de la excepción o incentivo. Así, el Estado no tiene de qué vivir y debe procurar autosatisfacer sus gastos básicos, como se analizará más adelante.Lo anterior no puede asumirse con negatividad a ultranza. Desde la doctrina dominicana clásica de Edgar Barnichta³ se asume que el objetivo principal de las exenciones tributarias es cooperar con el cumplimiento del mandato constitucional de tributar de acuerdo con la ley y en proporción a la capacidad contributiva individual. Al mismo tiempo, estas sirven de instrumento de modulación de desarrollo económico y social de un Estado en constante crecimiento, ya que a través de ellas se puede incentivar y procurar dirigir hacia dónde va la inversión...