Sección cuarta. Alianza para el Progreso Trascendental Programa Interamericano

• Páginas: 287-319
• Autor: Vanessa Vega Acevedo de Bonnelly

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ANTECEDENTES. OPERACIÓN PANAMERICANA. COMITÉ DE LOS 21 Y ACTA

DE BOGOTÁ

Si durante la primera mitad del siglo XX el sistema regional

americano perfeccionó su mecanismo, tanto para salvaguardar la

paz hemisférica como para prevenir agresiones e intervenciones,

no había desenvuelto, sin embargo, programas adecuados para

combatir otra amenaza para la seguridad americana no contem-

plada antes –un enemigo interno que presentaba distintas fases:

hambre, pobreza, ignorancia, enfermedad y miseria.

El desafío de este viejo enemigo no podía ser ignorado por

más tiempo porque ya la resistencia de millones de americanos

en su amarga lucha contra realidades adversas había llegado a su

límite máximo.

La conciencia americana fue dramáticamente advertida de

que una acción inmediata había que tomar para combatir tantas

desgracias por el presidente del Brasil, Juscelino Kubitschek, en

el plan “OPERACIÓN PANAMERICANA” propuesto por él

en el 1958; en una carta dirigida a todos los jefes de Estado de

América, Kubitschek puso el mayor énfasis al referirse a los as-

pectos económicos, sociales, políticos y morales del continente.

“La lucha contra los enemigos de la democracia no puede ser re-

presiva sino principalmente constructiva”, manifestó. “Tenemos

que afrontar la guerra fría que ha estallado en el Hemisferio con

un desenvolvimiento ARMÓNICO de nuestras economías que

VANESSA VEGA ACEVEDO DE BONNELLY

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aliviaría los sufrimientos pacientemente soportados por millones

de seres humanos hasta ahora”. Kubitschek también expresó el

deseo de que la OEA se fortaleciera como instrumento de la

unidad continental.

La iniciativa del presidente del Brasil fue acogida con mucho

entusiasmo por los Gobiernos de los países americanos. El 9 de

agosto del citado año 1958, un programa de seis puntos presen-

tado por el Brasil concretó los principales pasos para movilizar

los recursos del continente. El Consejo de la OEA estableció

de inmediato un comité integrado por los representantes de las

21 naciones americanas que había de conocerse con el nombre

de “COMITÉ DE LOS VEINTIUNO”. Dos años de intensos

trabajos del referido Comité dieron por resultado el ACTA DE

BOGOTÁ o “MEDIDAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Y ECONÓMICO”, destinada a convertirse en menos de un

año en el fundamento en que habría de descansar el plan de la

ALIANZA PARA EL PROGRESO.

En efecto, el 20 de enero de 1961, habiendo comprobado que

el Acta de Bogotá carecía de instrumentos para operar con la ampli-

tud que el caso demandaba, el fenecido presidente norteamericano

John F. Kennedy propuso la alianza en los siguientes términos:

“A nuestras hermanas Repúblicas de allende nuestra frontera me-

ridional les brindamos una promesa especial: convertir nuestras

buenas palabras en buenos hechos mediante una nueva alianza en

aras del progreso”.

ALIANZA PARA EL PROGRESO

Con la frase “Alianza para el Progreso” fue bautizado el plan

de acción en que se unieron los países americanos para tratar de

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solucionar sus problemas económicos y sociales. Este plan fue

aceptado como programa interamericano en agosto de 1961, en

Punta del Este, Uruguay.

La Alianza para el Progreso representa el esfuerzo común

más trascendental de la larga historia de lucha por el adelanto

que ha venido librando América, desde los días de la indepen-

dencia, cuando el Libertador Simón Bolívar vislumbró la futura

unidad americana.

Con el fin de comprender el alcance del plan de la Alianza

para el Progreso, estudiaremos el contenido de los dos documen-

tos que la detallan: la Declaración de los Pueblos de América y

la Carta de Punta del Este, ambos votados en 1961 en Punta del

Este, Uruguay.

DECLARACIÓN DE LOS PUEBLOS DE AMÉRICA

Reunidos en Punta del Este, inspirados en los principios

consagrados en la Carta de la Organización de los Estados

Americanos, en la Operación Panamericana y en el Acta de

Bogotá, los representantes de las repúblicas americanas acuer-

dan entre sí constituir la Alianza para el Progreso en un vasto

esfuerzo para procurar una vida mejor a todos los habitantes

del continente.

Esta Alianza se funda en el principio de que al amparo de

la libertad y mediante las instituciones de la democracia repre-

sentativa es como mejor se satisfacen, entre otros anhelos, los de

trabajo, techo y tierra, escuela y salud. No hay ni puede haber

sistema que garantice verdadero progreso si no proporciona las

oportunidades para que se afirme la dignidad de la persona que

es fundamento de nuestra civilización.

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En consecuencia,

“Los países signatarios en uso de su soberanía se comprome-

ten durante los próximos años a:

Perfeccionar y fortalecer las instituciones democráticas en aplicación

del principio de autodeterminación de los pueblos.

Acelerar el desarrollo económico y social, a fin de conseguir un

aumento substancial y sostenido del ingreso por habitante, para

acercar en el menor tiempo posible el nivel de vida de los países

latinoamericanos al de los países industrializados.

Ejecutar programas de viviendas en la ciudad y en el campo para

proporcionar casa decorosa a los habitantes de América.

Impulsar, dentro de las particularidades de cada país, programas

de reforma agraria integral orientada a la efectiva transformación,

donde así se requiera, de las estructuras e injustos sistemas de te-

nencia y explotación de la tierra, con miras a substituir el régimen

del latifundio y minifundio por un sistema justo de propiedad, de

tal manera que, mediante el complemento del crédito oportuno y

distribución de los productos, la tierra constituya para el hombre

que la trabaja base de su estabilidad económica, fundamento de su

progresivo bienestar y garantía de su libertad y dignidad.

Asegurar a los trabajadores una justa remuneración y adecuadas

condiciones de trabajo; establecer eficientes sistemas de relaciones

obrero-patronales y procedimientos de consulta y colaboración en-

tre las autoridades, las asociaciones patronales y las organizaciones

de trabajadores para el desarrollo económico y social.

Acabar con el analfabetismo; extender, en el plazo más corto, los

beneficios de la enseñanza elemental o primaria a toda persona

latinoamericana y ampliar, en vasta escala, las oportunidades de

educación secundaria, técnica y superior.

Desarrollar programas de salubridad e higiene con miras a prevenir

las enfermedades, luchar contra las epidemias, y defender, en suma,

el potencial humano.

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Reformar las leyes tributarias para exigir más a quienes más tienen.

Castigar severamente la evasión de impuestos, redistribuir la renta

nacional a favor de los sectores más necesitados, y al mismo tiempo

alentar la inversión y reinversión de capitales y el ahorro.

Mantener una política monetaria y fiscal que, sin las calamidades

de la inflación o de la deflación, defienda el poder adquisitivo del

mayor número, garantice la mayor estabilidad de los precios, y sea

base adecuada para la promoción de las economías.

Estimular la actividad privada para promover el desarrollo de los

países de la América Latina, con ritmo tal que sus economías puedan

absorber los excedentes de mano de obra, remediando el problema

del desempleo y al fin de que ocupen el puesto que les corresponde

entre las naciones industrializadas y modernas del mundo.

Dar rápida y duradera solución al grave problema que representa

para los países de la América Latina la variación excesiva de los

precios de los productos que de ordinario exportan y de los que aún

depende, en medida tan importante, la prosperidad de las naciones

latinoamericanas.

Acelerar la integración de la América Latina con el mismo objetivo

de vigorizar el desarrollo económico y social del continente, proceso

ya comenzado con el Tratado General de Integración Económica

Centroamericana y, en otros países, por medio de la Asociación

Latinoamericana de Libre Comercio.

Este compromiso expresa el convencimiento de las naciones de la

América Latina de que estos cambios de trascendencia económica,

social y cultural solo pueden ser el resultado del esfuerzo propio de

cada país. No obstante, para alcanzar las metas que se han señalado,

con la urgencia requerida, es indispensable complementar los es-

fuerzos internos con una ayuda externa adecuada.

Los Estados Unidos, por su parte, se comprometen a ofrecer su

cooperación financiera y técnica para alcanzar los fines de la Alianza

para el Progreso. A tal efecto, proporcionarán la mayor parte del

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financiamiento de por lo menos veinte mil millones de dólares,

principalmente fondos públicos, que la América Latina requiere de

todas las fuentes externas durante la próxima década para completar

sus propios esfuerzos.

En los doce meses contados a partir del 13 de marzo de 1961, fecha

de la primera declaración de la Alianza para el Progreso, los Estados

Unidos proveerán fondos públicos por más de mil millones de

dólares para contribuir de inmediato al progreso económico y social

de la América Latina.

Los Estados Unidos tienen la intención de que los préstamos para el

desarrollo sean a largo plazo y, cuando fuese apropiado, se extiendan

hasta cincuenta años, a interés en general muy bajo, o sin interés, de

acuerdo con los casos.

Por su parte, los países de la América Latina declaran su propósito

de dedicar una proporción cada vez mayor de sus propios recursos al

desarrollo económico y al progreso social, así como a introducir las

reformas encaminadas a asegurar una plena participación de todos

los sectores en los frutos de la Alianza para el Progreso.

Los países de la América Latina formularán programas nacionales am-

plios y debidamente estudiados para el desarrollo de sus economías

como las contribuciones de cada uno a la Alianza para el Progreso.

Expertos independientes y altamente capacitados estarán a disposi-

ción de los países latinoamericanos para ayudar en la formulación y

examen de los planes nacionales de desarrollo.

Conscientes de la importancia trascendental de esta declaración los

países signatarios proclaman que el sistema interamericano ingresa a

una nueva fase en la que, a sus logros jurídicos, institucionales, cultu-

rales y sociales, van a añadirse dentro de la libertad y la democracia,

inmediatas y tangibles realizaciones para asegurar a la presente y a las

venideras generaciones del hemisferio occidental una vida mejor”.

Punta del Este, Uruguay,

Agosto de 1961.

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CARTA DE PUNTA DEL ESTE

Establecimiento de la Alianza para el Progreso

dentro del marco de la Operación Panamericana

PREÁMBULO

Las repúblicas americanas proclaman su decisión de asociarse en un

esfuerzo común para alcanzar un progreso económico más acelerado y

una más amplia justicia social para sus pueblos, respetando la dignidad

del hombre y la libertad política.

Hace casi 200 años se inició en este Hemisferio una larga lucha por la

libertad, fuente de inspiración para los pueblos del mundo. Alentados

por la esperanza que dimana de las revoluciones ocurridas en nues-

tras jóvenes naciones, muchos hombres bregan ahora por la libertad

en tierras de vieja tradición. Ha llegado el momento de imprimir un

nuevo sentido a esta vocación revolucionaria. América se encuentra en

el umbral de una nueva etapa histórica. Hombres y mujeres de todo

el continente procuran conquistar la vida más plena que las técnicas

modernas ponen a su alcance. Están resueltos a lograr una existencia

más decorosa y cada vez más abundante para ellos y para sus hijos; a

tener acceso a la cultura y a disfrutar de igualdad de oportunidades

para todos, y a terminar con aquellas condiciones que hacen posible

el beneficio de pocos en desmedro de las necesidades y de la dignidad

de muchos. Es deber impostergable satisfacer esas justas aspiraciones

demostrando a los pobres y desamparados de este y todos los continentes

que el poder creador del hombre libre constituye la fuerza que mueve su

progreso y el de las futuras generaciones.

La certeza del éxito final descansa no solamente en la fe en sus pueblos

sino también en la convicción en que el espíritu del hombre libre es

invencible patrimonio de la civilización americana.

Inspirados por los principios de la Operación Panamericana y del Acta

de Bogotá, las repúblicas americanas han resuelto adoptar aquí el

siguiente programa de acción para iniciar y llevar adelante la Alianza

para el Progreso.

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TÍTULO PRIMERO

Objetivos de la Alianza para el Progreso

La Alianza para el Progreso, tiene como propósito aunar todas las

energías de los pueblos y gobiernos de las repúblicas americanas, para

realizar un gran esfuerzo cooperativo que acelere el desarrollo económico

y social de los países participantes de la América Latina, a fin de que

puedan alcanzar un grado máximo de bienestar con iguales oportu-

nidades para todos, en sociedades democráticas que se adapten a sus

propios deseos y necesidades.

Las repúblicas americanas por esta Carta convienen en trabajar para

alcanzar las siguientes metas principales en la presente década:

1) Conseguir en los países latinoamericanos participantes, un creci-

miento substancial y sostenido del ingreso percápita, a un ritmo que

permita alcanzar, en el menor tiempo posible, un nivel de ingresos

capaz de asegurar un desarrollo acumulativo y suficiente para elevar

en forma constante ese nivel, en relación con los de las naciones más

industrializadas, reduciendo de este modo las distancias entre los niveles

de vida de la América Latina y de los países más desarrollados. Dis-

minuir, asimismo, las deficiencias del nivel de ingreso entre los países

latinoamericanos, estimulando el desarrollo más acelerado de menor

desarrollo relativo y aportándoles máxima prioridad en la asignación

de recursos y en la cooperación internacional en general. Para evaluar

el grado de desarrollo relativo se tendrán en cuenta no solo la expresión

estadística del nivel medio del ingreso real o del producto percápita,

sino también los índices de mortalidad infantil y de analfabetismo y el

número de calorías diarias por habitante.

Se reconoce que, para alcanzar estos objetivos dentro de un plazo razo-

nable, la tasa de crecimiento económico en cualquier país de América

Latina no debe ser inferior al 2.6 por ciento anual percápita, y que

cada país participante deberá determinar su meta de crecimiento, en

consonancia con su etapa de evolución social y económica, su dotación

de recursos y su capacidad para movilizar los esfuerzos nacionales para

el desarrollo.

CÁTEDRAS DE DERECHO INTERNACIONAL AMERICANO

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2) Poner los beneficios del progreso económico a disposición de todos los

sectores económicos y sociales, mediante una distribución equitativa del

ingreso nacional, elevando con mayor rapidez los ingresos y niveles de

vida de los sectores más necesitados de la población, y tratar, al mismo

tiempo, de que los recursos dedicados a la inversión representen una

posición mayor del producto nacional

3) Lograr una diversificación equilibrada en las estructuras económicas

nacionales, en lo regional y en lo funcional y alcanzar una situación que

dependa cada vez menos de las exportaciones de un reducido número de

productos primarios, así como de la importación de bienes de capital, al

par de conseguir estabilidad en los precios o en los ingresos provenientes

de estas exportaciones.

4) Acelerar el proceso de una industrialización racional para aumentar

la productividad global de la economía, utilizando plenamente la

capacidad y los servicios tanto del sector privado como del público, apro-

vechando los recursos naturales del área y proporcionando ocupación

productiva y bien remunerada a los trabajadores total o parcialmente

desocupados. Dentro de este proceso de industrialización, prestar aten-

ción especial al establecimiento y desarrollo de las industrias productoras

de bienes de capital.

5) Aumentar considerablemente la productividad y la producción agrí-

cola, y mejorar asimismo los servicios de almacenamiento, transporte y

distribución.

6) Impulsar, dentro de las particularidades de cada país, programas

de reforma agraria integral, orientada a la efectiva transformación de

las estructuras e injustos sistemas de tenencias y explotación de la tierra

donde así se requiera, con miras a substituir el régimen latifundista y

minifundista por un sistema justo de propiedad de tal manera que,

mediante el complemento del crédito oportuno y adecuado, la asistencia

técnica, y la comercialización y distribución de los productos, la tierra

constituya para el hombre que la trabaja base de su estabilidad econó-

mica, fundamento de su progresivo bienestar y garantía de su libertad

y dignidad.

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7) Eliminar el analfabetismo en los adultos del hemisferio y para 1970,

asegurar un mínimo de seis años de educación primaria a todo niño de

edad escolar de la América Latina; modernizar y ampliar los medios

para la enseñanza secundaria vocacional, técnica y superior; aumentar

la capacidad para la investigación pura y aplicada, y proveer el personal

capacitado que requieren las sociedades en rápido desarrollo.

8) Aumentar en un mínimo de cinco años la esperanza de vida al

nacer y elevar la capacidad de aprender y producir mejorando la salud

individual y colectiva.

Para lograr esta meta se requieren, entre otras medidas, suministrar

en el próximo decenio agua potable y desagüe a no menos del 70 por

ciento de la población urbana y del 50 por ciento de la rural; reducir

la mortalidad de los menores de cinco años, por lo menos a la mitad de

las tasas actuales; controlar las enfermedades transmisibles más graves,

de acuerdo con su importancia como causas de invalidez o muerte;

erradicar aquellas enfermedades para las cuales se conocen técnicas

eficaces, en particular la malaria; mejorar la nutrición; perfeccionar y

formar profesionales y auxiliares de salud en el mínimo indispensable;

mejorar los servicios básicos de salud a nivel nacional y local; intensi-

ficar la investigación científica y utilizar plena y más efectivamente los

conocimientos derivados de ella para la prevención y la curación de las

enfermedades.

9) Aumentar la construcción de viviendas económicas para familias de

bajo nivel de ingreso, con el fin de disminuir el déficit habitacional;

reemplazar con viviendas de igual clase las inadecuadas o deficientes y

dotar de los servicios públicos necesarios a los centros poblados urbanos

y rurales.

10) Mantener niveles de precios estables, evitando la inflación o la

deflación y las consiguientes privaciones sociales y la mala distribución

de los recursos, teniendo siempre en cuenta la necesidad de mantener un

ritmo adecuado de crecimiento económico.

11) Fortalecer los acuerdos de integración económica, con el fin de llegar,

en último término, a cumplir con la aspiración de crear un Mercado

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Común Latinoamericano que amplíe y diversifique el comercio entre los

países de la América Latina y contribuya de esta manera al crecimiento

económico de la región.

12) Desarrollar programas cooperativos, con el fin de evitar los efectos

perjudiciales de las fluctuaciones excesivas de los ingresos en divisas

procedentes de exportaciones primarias, de vital importancia para el

desarrollo económico y social y adoptar las medidas que sean necesarias

para facilitar el acceso de las exportaciones latinoamericanas a los

mercados internacionales.

TÍTULO SEGUNDO

Desarrollo económico y social

Capítulo I

Requisitos básicos para el desarrollo

Las repúblicas americanas reconocen que para alcanzar los objetivos

antes expuestos se requerirán las siguientes condiciones:

1) Que se ejecuten, de acuerdo con los principios democráticos, pro-

gramas nacionales de desarrollo económico y social, amplios y bien

concebidos, encaminados a lograr un crecimiento autosuficiente.

2) Que tales programas se apoyen en el principio del esfuerzo propio

–como se estableció en el Acta de Bogotá– y del máximo empleo de

los recursos nacionales, tomando en consideración las circunstancias

especiales de cada país.

3) Que en la elaboración y ejecución de esos programas, la mujer esté en

pie de igualdad del hombre.

4) Que los países latinoamericanos obtengan suficiente ayuda financiera

del exterior, incluyendo una parte substancial en condiciones flexibles

con respecto a plazos y términos de amortización y modos de utilización,

para complementar la formación del capital nacional y reforzar la

capacidad importadora de dichos países; y que, en apoyo de programas

bien concebidos, que comprendan las reformas estructurales necesarias

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y las medidas para la movilización de recursos nacionales, se ponga a

disposición de los países latinoamericanos un aporte de capital de todas

las fuentes exteriores, durante los próximos diez años, de por lo menos

20,000 millones de dólares, dando prioridad a los países de menor de-

sarrollo relativo. La mayor parte de esta suma deberá estar constituida

por fondos públicos.

5) Que las instituciones, tanto en los sectores públicos como en los priva-

dos, inclusive las organizaciones laborales, cooperativas e instituciones

comerciales, industriales y financieras, sean fortalecidas y mejoradas

para la creciente y eficaz utilización de los recursos nacionales; y que se

efectúen las reformas sociales necesarias para permitir una distribución

equitativa del fruto del progreso económico y social.

Capítulo II

Programas nacionales de desarrollo

1) Los países latinoamericanos participantes convienen en implantar

o en fortalecer sistemas para la preparación, ejecución y revisión perió-

dica de los programas nacionales de desarrollo y requisitos contenidos

en este documento. Los países latinoamericanos participantes deberán

formular, dentro de los próximos 18 meses, si fuera posible, programas

de desarrollo a largo plazo. Tales programas deberán abarcar, según

las condiciones propias de cada país, los elementos esbozados en el

apéndice.

2) Los programas nacionales de desarrollo deberán incorporar esfuerzos

propios encaminados a:

a) Mejorar los recursos humanos y ampliar las oportunidades, median-

te la elevación de los niveles generales de educación y salud; el per-

feccionamiento y la expansión de la enseñanza técnica y la formación

profesional, dando relieve a la ciencia y tecnología; la remuneración

adecuada al trabajo realizado, estimulando el talento del administra-

dor, el empresario y el asalariado; las ocupaciones más productivas para

el trabajo subempleado; el establecimiento de sistemas eficientes para

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las relaciones de trabajo y procedimientos de consulta y colaboración

entre las autoridades, las asociaciones de empleadores y las organiza-

ciones laborales; el fomento para que se creen y expidan instituciones

locales de investigación científica y aplicada; y normas más eficaces de

administración pública.

b) Desarrollar más ampliamente y utilizar con mayor eficacia los

recursos naturales, en particular los que en la actualidad no se explotan

o se aprovechan poco, inclusive medidas para la elaboración de materias

primas.

c) Robustecer la base agrícola, extendiendo los beneficios de la tierra en

forma cada vez mayor a quienes la trabajan; y asegurando en los países

con población indígena, la integración de ésta al proceso económico,

social y cultural de la sociedad moderna.

Para la realización de estos propósitos deberán adoptarse, entre otras,

medidas tendientes al establecimiento o mejoramiento, según el caso,

de los siguientes servicios: extensión, crédito, asistencia técnica, inves-

tigación y mecanización agrícolas; salud y educación; almacenamiento

y distribución; cooperativas y asociaciones campesinas, y programas de

desarrollo comunal.

d) Movilizar y utilizar en forma más eficaz, racional y justa los recursos

financieros, mediante la reforma de la estructura de los sistemas tribu-

tarios, que incluye impuestos adecuados y equitativos sobre los ingresos

elevados a los bienes raíces, así como la aplicación estricta de medidas

para mejorar la administración fiscal. Los programas de desarrollo

deberán comprender la adaptación de las erogaciones presupuestarias a

las necesidades del desarrollo, medidas que cuiden el mantenimiento de

los precios estables, la creación de facilidades esenciales de crédito a las

tasas razonables de interés y el fomento del ahorro individual

e) Promover las condiciones que estimulen el flujo de inversiones

extranjeras que contribuyan a un aumento en los recursos de capital de

los países participantes que lo requieran, mediante medidas apropiadas

que incluyan la celebración de convenios con el propósito de reducir o

eliminar la doble tributación.

VANESSA VEGA ACEVEDO DE BONNELLY

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f) Mejorar los sistemas de distribución y ventas para hacer más compe-

titivo el mercado, neutralizando las prácticas monopolistas.

Capítulo III

Medidas de acción inmediata y a corto plazo

1) Reconociendo que algunos países de América Latina, a pesar de sus

mejores esfuerzos, pueden necesitar ayuda financiera de emergencia,

los Estados Unidos proporcionarán esta ayuda de los fondos que están

establecidos o que se establezcan para estos fines. Los Estados Unidos

están dispuestos a tomar acción rápida sobre las solicitudes para tal

ayuda. Las solicitudes que se refieran a situaciones existentes deberán ser

presentadas dentro de los próximos sesenta días.

2) Los países latinoamericanos participantes deberán aumentar inme-

diatamente los esfuerzos para acelerar su desarrollo, prestando atención

especial (además de crear o reforzar sus organismos para la programa-

ción del desarrollo a largo plazo) a los siguientes puntos:

a) Terminar los proyectos ya iniciados, e iniciar aquellos para los que

ya han hecho estudios básicos, a fin de acelerar su funcionamiento y

ejecución.

b) Ejecutar nuevos proyectos que tengan por objeto:

I. Satisfacer necesidades económicas y sociales imperiosas y que

beneficien directamente al mayor número de personas;

II. Concentrar los esfuerzos en las zonas menos desarrolladas o más

deprimidas en que existan problemas sociales especialmente graves en

cada país;

III. Utilizar capacidades o recursos inactivos, especialmente mano

de obra subempleada; y

IV. Estudiar y evaluar los recursos naturales.

c) Facilitar la preparación o ejecución de los programas a largo plazo,

con medidas encaminadas a:

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I. Adiestrar a maestros, técnicos y especialistas;

II. Proveer adiestramiento acelerado obrero y campesino;

III. Mejorar las estadísticas básicas;

IV. Establecer los medios necesarios de crédito y distribución; y

V. Mejorar los servicios y la administración.

3) Los Estados Unidos ayudarán a llevar a la práctica estas medidas

a corto plazo con miras a resultados concretos de la Alianza para el

Progreso, a la mayor brevedad posible. En relación con las medidas

señaladas anteriormente, y de acuerdo con la declaración del Presidente

Kennedy, los Estados Unidos suministrarán ayuda, dentro de la Alian-

za, incluyendo asistencia financiera para las medidas a corto plazo, por

una suma superior a mil millones de dólares en el año que termina en

marzo de 1962.

Capítulo IV

Ayuda externa para apoyar los

programas de desarrollo

1) El desarrollo económico y social de la América Latina ha de requerir

una gran ayuda financiera adicional, tanto pública como privada, por

parte de los países exportadores de capitales, incluso los miembros del

grupo de asistencia para el desarrollo y de las entidades internacionales

de crédito. Las medidas que prescribe el Acta de Bogotá y las nuevas

medidas que se establecen por esta Carta, están destinadas a crear la

estructura dentro de la cual se otorgará esa ayuda adicional y se la

utilizará eficazmente.

2) Estados Unidos ayudarán a los países participantes, cuyos programas

de desarrollo establezcan medidas de ayuda propia y política económica

y social acordes con los principios y objetivos de esta Carta. Para com-

pletar los esfuerzos propios de esos países, Estados Unidos está dispuesto

a destinar recursos que, junto con aquellos que se prevé obtener de otras

fuentes externas, serán de una naturaleza y magnitud adecuadas para

realizar los fines contemplados en esta Carta. Esa ayuda se destinará

VANESSA VEGA ACEVEDO DE BONNELLY

302

tanto a promover el progreso social como el económico y, según corres-

ponda, tomará la forma de subvención o de préstamos cuyos términos y

condiciones sean flexibles.

Los países participantes solicitarán el apoyo de otros países exportadores

de capital y de las instituciones competentes para que otorguen ayuda

con el fin de lograr esos objetivos.

3) Los Estados Unidos contribuirán a financiar proyectos de asistencia

técnica propuestos por un país participante o por la Secretaría General

de la Organización de los Estados Americanos, destinados a:

a) La contratación de expertos, de acuerdo con los gobiernos y al

servicio de estos, inclusive para la preparación de proyectos específicos

de inversión y el fortalecimiento de los mecanismos nacionales para

la elaboración de proyectos, utilizando cuando sea pertinente, firmas

especializadas en ingeniería.

b) La realización de conformidad con los acuerdos de cooperación

existentes entre la Secretaría General de la Organización de los Estados

Americanos, la Comisión Económica para América Latina y el Banco

Interamericano de Desarrollo, de estudios e investigaciones en el propio

lugar, incluyendo los problemas relativos de desarrollo, la formación de

organismos nacionales para la preparación de programas de desarrollo,

reforma agraria y desarrollo rural, salud, cooperativas, viviendas, ense-

ñanza y formación profesional, tributación recaudación de impuestos; y

c) La celebración de reuniones de expertos y funcionarios sobre desarro-

llo y problemas conexos. Los gobiernos o las organizaciones antes men-

cionadas solicitarán, siempre que sea apropiado, la cooperación de las

Naciones Unidas y de sus organismos especializados para la realización

de esas actividades.

4) Los países latinoamericanos participantes reconocen que cada uno de

ellos, en distintos grados, está en condiciones de ayudar a las repúblicas

hermanas, proporcionándoles ayuda técnica y financiera. Reconocen,

también, que se hallarán en condiciones aún mejores, a medida que

desarrollen sus economías. Afirman por tanto, su intención de ayudar

CÁTEDRAS DE DERECHO INTERNACIONAL AMERICANO

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a las repúblicas hermanas de manera creciente, cuando lo permitan sus

circunstancias individuales.

Capítulo V

Organización y procedimiento

1) A fin de proporcionar asistencia técnica para formular los pro-

gramas de desarrollo, según lo soliciten las naciones participantes, la

Organización de Estados Americanos, la Comisión Económica para

América Latina y el Banco Interamericano de Desarrollo, continuarán

y fortalecerán sus acuerdos de coordinación en esta materia para tener

a disposición un grupo de expertos en programación cuyos servicios

puedan utilizarse para facilitar el cumplimiento de esta Carta. Los

países participantes, asimismo, harán las gestiones para lograr que se

intensifique, con igual propósito, la ayuda técnica de los organismos

especializados de las Naciones Unidas.

2) El Consejo Interamericano Económico y Social, (CIES), a propuesta

conjunta del Secretario General de la Organización de los Estados Ame-

ricanos, del Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, (BID) y

del Subsecretario de las Naciones Unidas, a cargo de la Comisión Econó-

mica para América Latina, designará una nómina de nueve expertos de

alto nivel, teniendo en cuenta exclusivamente su experiencia, capacidad

técnica y competencia en los distintos aspectos del desarrollo económico y

social. Dichos expertos podrán ser de cualquier nacionalidad, si bien en

los de origen latinoamericano se procurará una adecuada distribución

geográfica y estarán adscritos al Consejo Interamericano Económico y

Social, gozando, no obstante, de completa autonomía en el desempeño

de sus funciones, y no podrán ejercer ningún otro cargo remunerado. La

designación de los expertos se hará por un periodo de tres años, pudiendo

ser renovada.

3) Cada gobierno, si así lo desea, podrá presentar su programa de

desarrollo económico y social a la consideración de un comité ad hoc

que estará integrado hasta por tres miembros de la nómina de expertos

VANESSA VEGA ACEVEDO DE BONNELLY

304

a que se refiere el numeral precedente y por un número igual de expertos

ajenos a dicha nómina. Los expertos que integren el comité ad hoc serán

designados por el Secretario General de la Organización de los Estados

Americanos, a solicitud del gobierno interesado y con su consentimiento.

4) El comité estudiará el programa de desarrollo, intercambiará opinio-

nes con el gobierno interesado respecto a posibles modificaciones y, con

el consentimiento del mismo gobierno, hará conocer sus conclusiones al

Banco Interamericano de Desarrollo y a otros gobiernos e instituciones

que puedan estar dispuestos a otorgar ayuda financiera y técnica exterior

para la ejecución del programa.

5) Al estudiar el programa de desarrollo que se le someta, el comité ad

hoc examinará la compatibilidad del programa con los principios del

Acta de Bogotá y los de esta Carta, para lo cual tendrá en cuenta los

elementos del apéndice.

6) La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos

proveerá el personal que, para el cumplimiento de sus tareas, necesiten

los expertos a que se refieren los numerarios 1 y 2 de este capítulo. Ese

personal podrá ser contratado especialmente para ese fin, o pondrá su

personal permanente de la Organización de los Estados Americanos,

de la Comisión Económica para América Latina y del Banco Intera-

mericano de Desarrollo, con arreglo a los actuales acuerdos de enlace

entre los tres organismos. La Secretaría General de la Organización de

los Estados Americanos podrá gestionar acuerdos con la Secretaría de

las Naciones Unidas, sus organismos especializados y los de la Organi-

zación de los Estados Americanos, para proporcionar temporalmente el

personal necesario.

7) El gobierno cuyo programa de desarrollo haya sido objeto de reco-

mendaciones por parte del comité ad hoc en cuanto a sus necesidades de

financiamiento externo, podrá someterlo a la consideración del Banco

Interamericano de Desarrollo a fin de que éste efectúe las gestiones

necesarias para obtener dicho financiamiento externo, incluyendo

la organización de consorcios de instituciones a crédito y gobiernos

dispuestos a contribuir al financiamiento, continuado y sistemático, a

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plazos adecuados, del programa. No obstante, el gobierno tendrá entera

libertad para recurrir por otra vía a toda fuente de financiamiento, con

el objeto de obtener, en todo o en parte, los recursos requeridos.

El comité ad hoc no interferirá con el derecho de cada gobierno de

formular sus propias metas, prioridades y reformas en sus programas

nacionales de desarrollo.

Las recomendaciones del comité ad hoc serán de gran importancia para

determinar la distribución de los fondos públicos de la Alianza para el

Progreso que contribuyan al financiamiento externo previsto en dichos

programas. Tales recomendaciones tendrán especialmente en cuenta lo

expresado en el Numeral 1.o, del Título I.

Asimismo, los gobiernos participantes harán gestiones para que tales

recomendaciones sean también aceptadas como un factor de gran

importancia en las decisiones que, para estos mismos efectos, tomen las

instituciones interamericanas de crédito, otras agencias internacionales

de crédito y gobiernos de países amigos que sean proveedores potenciales

de capital.

8) El Consejo Interamericano Económico y Social examinará todos los

años los progresos logrados en la formulación, realización nacional y

financiación internacional de programas de desarrollo y someterá al

Consejo de la Organización de los Estados Americanos, las recomenda-

ciones que estime pertinentes.

APÉNDICE

Elementos de los programas de desarrollo nacional

1) El establecimiento de metas compatibles para lograr, durante el

periodo del programa, el aumento de la capacidad de producción en

la industria, la agricultura, la minería, los transportes, la energía y

las comunicaciones y el mejoramiento de las condiciones de vida en las

zonas urbanas y rurales, incluso el progreso en materia de vivienda,

educación y salud.

VANESSA VEGA ACEVEDO DE BONNELLY

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2) La asignación de prelaciones y la descripción de métodos para alcanzar

los fines que se persiguen, incluso las medidas específicas y los proyectos

principales. Los proyectos concretos de desarrollo deberán justificarse en

términos de la relación entre sus costos y beneficios, inclusive su aporte a

la productividad social.

3) Las medidas que se adoptaren para dirigir las operaciones del sector

público y para estimular la acción privada en apoyo del programa de

desarrollo.

4) El costo estimado, en moneda nacional y extranjera, de los proyectos

principales y del programa de desarrollo en su conjunto, año por año,

durante el periodo que abarque el programa.

5) Los recursos nacionales, públicos y privados que se consideran dispo-

nibles para ejecutar el programa.

6) Los efectos directos e indirectos del programa sobre la balanza de

pagos y el financiamiento externo, público y privado, que se estime

necesario para ejecutar el programa.

7) Las orientaciones básicas de la política fiscal y monetaria que han de

seguirse para permitir la realización del programa dentro de un sistema

de estabilidad de precios.

8) El mecanismo de la administración pública –inclusive las relaciones con

los gobiernos locales, organismos descentralizados y organizaciones no guber-

namentales, como las laborales, cooperativas y organizaciones comerciales e

industriales– que se utilizará para ejecutar el programa, adaptándolo a los

cambios de circunstancias y evaluando el progreso realizado.

La Carta de Punta del Este tiene dos títulos más: el Título

tercero, que se refiere a la integración económica de América

Latina y dicta medidas para su realización; y el Título cuarto,

que se refiere a los productos de exportación, recomendando

medidas nacionales o internacionales para aumentar los ingresos

en divisas que de la exportación se derivan.

CÁTEDRAS DE DERECHO INTERNACIONAL AMERICANO

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Después de analizar detalladamente el contenido de los

dos documentos antes transcritos hemos logrado desentrañar

el verdadero sentido del Plan de la Alianza para el Progreso.

Ahora sabemos que no se trata de una política particular del

“Grande de América”, sino del acuerdo común de todos los

Estados signatarios de la Carta de Punta del Este. Comprende-

mos que el triunfo de este plan no será el resultado del esfuerzo

de un solo país, sino que depende del esfuerzo solidario de

todos los países, puesto que la Alianza para el Progreso no

constituye una limosna del pueblo más rico de América a sus

hermanos menos ricos, sino que es un plan de trabajo que ha

unido a pobres y a ricos en el logro del bien común de todos

los pueblos.

Estudiado el asunto y por los motivos antes expuestos, es

lógico que concluyamos creyendo que una acción que compro-

mete la responsabilidad de todo un continente en el logro de tan

nobles fines tiene, forzosamente, que redundar en el beneficio de

ese mismo continente.

Solo tenemos que esperar que los representantes de los

pueblos americanos tengan muy bien definido el verdadero

significado del vocablo responsabilidad. Roguemos a Dios que

así sea.

Apéndice:

El Mercado Común Latinoamericano, artículo de Daniel

Vázquez Diago, publicado en “Cuadernos Latinoamericanos de

Economía Humana”.

VANESSA VEGA ACEVEDO DE BONNELLY

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I) Generalidades

El Tratado de Montevideo, firmado en febrero de 1960,

concreta una primera realización en el proceso tendiente a la

creación del Mercado Común Latinoamericano. En la promo-

ción de esta idea ha jugado un rol primordial la CEPAL, a través

de sus estudios y proyectos. Ha sido además este organismo

técnico quien ha formulado, en definitiva, la tesis que funda-

menta la necesidad de crear el Mercado Común entre los países

latinoamericanos.

Hoy, el tema del Mercado Común desborda los cuadros de

los técnicos y de los especialistas y se abre al interés de la opinión

pública y de los dirigentes de los diversos sectores de nuestras

comunidades nacionales. Resulta pues oportuno intentar una

reflexión, lo más amplia posible, sobre este tema.

II) El porqué del Mercado Común.

Decíamos que la CEPAL es quien ha formulado con ma-

yor precisión la tesis que fundamenta el porqué del Mercado

Común. En los lineamientos generales esta fundamentación se

expresa en la forma siguiente:

América Latina afronta la imprescindible necesidad de su

crecimiento económico, de su desarrollo. Los actuales 193 mi-

llones de habitantes serán dentro de quince años 300 millones.

Luego de la segunda guerra mundial, el producto neto por habi-

tante, dentro de la región, creció a razón de un 2.7% anual, pero

este índice ha ido empeorándose después de 1955 a la fecha.

Lo que en el fondo está en discusión, frente a tales cons-

tataciones, es la veracidad de la teoría clásica del comercio

CÁTEDRAS DE DERECHO INTERNACIONAL AMERICANO

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internacional, en materia de especialización de las respectivas

producciones nacionales. De hecho se comprueba que la rela-

ción de precio de intercambio entre los países latinoamericanos

y los países industrializados, sigue una tendencia netamente

desfavorable para Latinoamérica, con la sola excepción de los

breves periodos que corresponden a los años de conflictos bélicos

internacionales.

Latinoamérica no puede pues buscar la solución de su de-

sarrollo a través del incremento de las exportaciones de materias

primas y productos agropecuarios. Su desarrollo requiere su

industrialización.

Esta industrialización no puede limitarse al sector de los

bienes de consumo, no es suficiente. El desarrollo requiere

capitalización y son bienes de capital los que América La-

tina necesita, es este sector industrial el que debe establecer

y crecer, para que esta sea posible, el Mercado Común es

imprescindible.

No puede desarrollarse una industria de bienes de capital

(maquinarias, automotores, etc.) si no cuenta con un mercado

amplio que posibilite una producción económica de este tipo

de bienes.

En forma esquemática queda así ubicado el Mercado

Común Latinoamericano como un medio necesario para el

desarrollo económico de la región y la tónica de su campo de

acción se sitúa en el de la producción de bienes de capital.

Así precisado el asunto en sus grandes líneas, se comprende

por qué el tema ha pasado a ocupar la atención de la opinión

pública. El desarrollo económico se inscribe dentro de la as-

piración de elevación de nuestros pueblos y no puede a ellos

resultarles indiferentes las perspectivas del Mercado Común y

VANESSA VEGA ACEVEDO DE BONNELLY

310

paralelamente no puede tampoco dejar de preocupar la cuestión

a los responsables de la dirección política de nuestros países, así

como también a los industriales y a los empresarios.

El tema entraña un conjunto grande de problemas impor-

tantes que es preciso tener en cuenta y que nosotros trataremos

de considerar brevemente.

III) El desarrollo económico de los países latinoamericanos

La economía de nuestros países ha sido motivo de análisis

en los factores fundamentales en otros números de estos Cua-

dernos. (1)

Economías extremadamente vulnerables, dependientes de

uno o dos productos, tributarios de su comercio exterior, con

bajo índice de productividad, con una población en expansión

donde el sector activo es proporcionalmente reducido en razón

del gran volumen de población no adulta, con gran predominio

del sector primario y en especial del agro, con índice importante

de desocupación, con graves problemas de educación y alto

índice de analfabetismo, con serias deficiencias alimenticias,

habitacionales y de asistencia médica.

Transformar estas economías débiles en sólidas y expansivas

es el objeto del desarrollo económico, a efectos de promover a

los pueblos, a los grandes sectores sumidos en condiciones mise-

rables, infrahumanas, a mejores niveles de vida, posibilitando su

ascensión humana.

¿Cómo lograrlo? He ahí una pregunta no solo plena de

interés para los técnicos, sino también y fundamentalmente

repleta de la angustia y las aspiraciones de millones de hombres

y mujeres de nuestro continente.

CÁTEDRAS DE DERECHO INTERNACIONAL AMERICANO

311

Dijimos ya que la respuesta clásica de la especialización

productiva, resultó carente de vigencia concreta en la realidad

de nuestras economías. Nuestro intercambio con los países

industrializados no ha confirmado las ventajas de la especializa-

ción internacional y ya señalamos el ejemplo que al respecto nos

brinda la relación de precios de intercambio.

Nuestros países comprendieron pronto esto y comenza-

ron una política de industrialización, fundamentalmente en

el sector de bienes de consumo, esto permitió una sustitución

de importaciones, pudiendo dedicarse las divisas producidas

por la exportación al aprovisionamiento de los renglones más

imprescindibles.

Esta política, a la que necesariamente han debido recurrir la

mayor parte de los países latinoamericanos, no ha estado exenta

de la implantación de industrias de baja productividad, cuyos

altos costos son soportados por el consumo interno.

A esta altura de la cuestión, la solución del Mercado Co-

mún viene a proponer nuevas posibilidades. Industrializar, pero

al nivel de una mayor productividad, ampliando el mercado y

permitiendo así una producción a gran escala y menor costo.

Industrializar, pero sin necesidad de abarcar todas las líneas de

productos necesarios, ya que podría lograrse una especialización

por países, según sus mejores posibilidades, compensándose

entonces las necesidades recíprocas a través de un intercambio

regional en el plano de la producción industrial.

La política de sustitución de importaciones adquiere así

nuevos cauces positivos, pudiendo contribuir en forma eficaz al

desarrollo de la región.

Más aún, el Mercado Común es propuesto como premisa

necesaria de una industrialización de la región en el sector de

VANESSA VEGA ACEVEDO DE BONNELLY

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los bienes de capital y duraderos de consumo (maquinarias,

automotores, equipamiento, etc.). En este sentido el Mercado

Común aparece fundamentalmente abriendo las perspectivas

de implantación de nuevas industrias, que aportarán los bienes

imprescindibles para el desarrollo económico de la región.

¿No puede proveerse el desarrollo económico latinoameri-

cano por vías diversas a la del Mercado Común?

Veamos primero teóricamente cuáles podrían ser esas otras

vías.

a) el incremento de su producción actual.

b) la ayuda exterior.

Promover el desarrollo de los países sub-desarrollados

implica en definitiva (aunque sabemos que no exclusivamente)

capitalizarlos, es decir, dotarlos de ese conjunto de bienes de ca-

pital (preparación científica y técnica, equipamiento, maquina-

rias, etc.) que multiplican el rendimiento del esfuerzo humano,

brindando una mayor cantidad de bienes y servicios.

¿Cómo pueden capitalizarse las economías latinoamericanas?

No vemos sino esas dos vías que indicamos: aumento de la

producción actual y ayuda exterior.

IV) El cómo del Mercado Común

También la CEPAL en colaboración con otros organismos y

con grupos de expertos, ha ido definiendo las líneas sustanciales

del Mercado Común.

El esquema general es el siguiente:

El objetivo del Mercado Común es en definitiva el de con-

tribuir a acelerar el desarrollo de la región, a fin de promover la

elevación del nivel de vida de los pueblos latinoamericanos.

CÁTEDRAS DE DERECHO INTERNACIONAL AMERICANO

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Esto es proponer lograr a través de la progresiva industria-

lización, la tecnificación de la agricultura y demás actividades

primarias.

Los medios que se postulan son la creación de un sistema

preferencial para el intercambio regional y el crecimiento del

comercio exterior –tanto regional como con el resto del mundo–

por la expansión de la exportación industrial, agrícola y de otros

productos primarios.

La forma jurídica será la de una zona de libre comercio con

vistas a su transformación en una unión aduanera (que implica

una tarifa aduanera común frente al resto del mundo).

La zona se irá realizando mediante etapas sucesivas de reduc-

ción arancelaria y eliminaciones de otros tipos de restricciones,

de modo de llegar a liberalizar sustancialmente el intercambio

regional. Se proyecta como la reunión de los países que deseen

actualmente comenzar la experiencia, quedando abierta la puerta

a la incorporación de nuevos países.

Los países de menor desarrollo relativo recibirán un trata-

miento diferencial, tendiente a reforzar sus economías.

El principio dominante del Mercado será el de recíproco

beneficio de todos los países participantes en él.

La cláusula de nación más favorecida tendrá vigencia a favor

de los integrantes del Mercado frente a cualquier concesión que

efectúe uno de sus miembros a otro país perteneciente o no al

Mercado.

Un sistema multilateral de pagos deberá acompañar la

marcha del comercio inter-regional.

Se proveen cláusulas de salvaguardia frente a perturbacio-

nes que pueda sufrir un país (desocupación, desequilibrios de

la balanza comercial), acuerdos especiales para solventar tales

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VANESSA VEGA ACEVEDO DE BONNELLY

situaciones, la necesidad de una política comercial coordinada

frente al resto del mundo, así como un común esfuerzo en el

plano de la ayuda financiera y la asistencia técnica. La situación

de la agricultura originará un tratamiento especial dentro del

funcionamiento del Mercado.

El Mercado constituye un cuadro de condiciones determi-

nadas. Como tal no es un elemento dinámico suficiente. ¿Cuáles

serán las fuerzas que actúan en él como elemento motor? Cito

para responder esta pregunta textos tomados de las “Bases para la

formación del Mercado Regional” (Reunión del Grupo de Tra-

bajo del Mercado Regional, Chile, 1958): “La especialización de

industrias y otras actividades que persigue el Mercado Regional

deberá ser el resultado del libre juego de las fuerzas económicas

dentro de las condiciones generales que establezcan el acuerdo y

sin perjuicio de orientar la política de inversiones en forma que

favorezca el mejor cumplimiento de los fines de aquel”. (base V)

“La formación del mercado regional requiere el acuerdo

de los gobiernos. Pero su realización dependerá en alto grado

de la iniciativa privada, de su comprensión del problema y de

su aptitud para aprovechar las enormes ventajas que el merado

regional ofrece para la industrialización, la tecnificación de la

agricultura y el desarrollo económico general”. (base XII)

Y finalmente un párrafo del informe de Secretaría Ejecutiva

sobre “Significación del Mercado Común en el desarrollo eco-

nómico de América Latina”.

“La solución concreta a que se ha llegado después de cui-

dadoso análisis, se asienta en este principio fundamental: los

gobiernos participantes deberán crear las condiciones propicias

para que la iniciativa privada actúe eficazmente dentro del

Mercado Común. Se eliminarán las restricciones al intercambio,

CÁTEDRAS DE DERECHO INTERNACIONAL AMERICANO

315

se reducirán o suprimirán derechos aduaneros, pero será la ini-

ciativa privada la que en última instancia decidirá qué industrias

establecer, en qué países hacerlo y a qué grado de especialización

se llegará en ellos”.

En síntesis el Mercado Común resulta ser un conjunto de

condiciones establecidas por los gobiernos como estímulo para

un crecimiento económico a cargo de la iniciativa privada.

Terminemos este bosquejo del cómo del Mercado Común,

con esta cita de la exposición del Sr. Raúl Prebisch (Panamá

1959):

“He insistido más de una vez que hay una fórmula simple en mate-

ria de Mercado Común. Desgraciadamente no estamos en presencia

de un problema que cabría resolver de una vez por todas con una

fórmula afortunada. Nuestra convicción es que no podrá llegarse

a una fórmula de esa índole, sino que lo más y lo muy valioso que

podríamos sostener es una serie de instrumentos, entre ellos el

instrumento de carácter preferencial para el intercambio latinoame-

ricano, que permita a los gobiernos ir trabajando paulatinamente

hacia la realización de este objetivo fundamental.

Puestos en manos de personas que no estén persuadidas de las ne-

cesidades vitales del Mercado Común, esos instrumentos llevarían

al fracaso y ello quiere decir que deberán supeditarse al cumpli-

miento de una política extremadamente difícil, hay que confesarlo

desde ahora. No será fácil la realización del Mercado Común, como

tampoco lo serán el logro de un sistema multilateral de pagos en

América Latina, ni la tarea de ajustar las relaciones comerciales lati-

noamericanas, con las relaciones con los demás países del mundo”.

V) La Zona de Libre Comercio

En esta introducción que vamos haciendo al tema del

Mercado Común, hemos necesariamente de agregar una breve

VANESSA VEGA ACEVEDO DE BONNELLY

316

referencia a la etapa cumplida mediante el Tratado de Mon-

tevideo, que crea la Zona de Libre Comercio y la Asociación

Latinoamericana de Libre Comercio.

No vamos a reiterar aquí el contenido del tratado, ya que su

texto se encuentra en otra parte de este Cuaderno, nos interesa

solamente dejar constancia de la solución concreta que implica

dicho tratado del proceso de implantación del Mercado Común.

El antecedente más inmediato de la zona de libre comercio

de la América del Sur lo constituyen las reuniones de consultas

sobre Política Comercial, tenidas en Santiago de Chile (agosto

1958 y abril 1959) con participación de Argentina, Brasil, Chile

y Uruguay. La idea de zonas de libre comercio sub-regionales,

de integraciones parciales, se vio en dichas reuniones como una

efectiva posibilidad de avanzar hacia la integración total de la

región en el Mercado Común.

Algunos países no participantes en las negociaciones de la

Zona de Libre Comercio han formulado objeciones en el sentido

de que la misma pueda transformarse en un impedimento a la

integración total de Latinoamérica en el Mercado Común.

Tales objeciones han sido rechazadas por los países parti-

cipantes en el acuerdo, como también por la propia Secretaría

de la Cepal. Se ha afirmado categóricamente el carácter abierto

del acuerdo, el deseo de que los demás países se integren en él,

así como la intención de incorporarse a un acuerdo más am-

plio sobre las bases que los gobiernos latinoamericanos logran

establecer.

Queda así establecido el carácter de etapa transitoria, hacia

una integración más amplia, que estos acuerdos sub-regionales

pretenden ser. En tal sentido el Tratado de Montevideo contiene

una declaración expresa en su artículo 54.

CÁTEDRAS DE DERECHO INTERNACIONAL AMERICANO

317

Podrá además apreciarse que las líneas generales de la zona

de libre comercio creado por el tratado que comentamos, son

conformes a los lineamientos del Mercado Común, tal como se

señala en el apartado IV (El cómo del Mercado Común).

VI) Conclusiones

Hemos buscado en lo precedente de ir señalando el con-

junto de elementos que nos permitan formar un criterio frente

al problema del Mercado Común. Demás está decir que nos

hemos limitado a destacar los puntos más importantes dejando

de lado un sinnúmero de elementos –algunos técnicamente muy

complejos– pero que no alteran las líneas generales de la cuestión

propuesta.

Ya en otros cuadernos hemos tenido oportunidad de ir

estudiando el problema demográfico y la estructura económica

de Latinoamérica. En particular al tratar las características del

comercio latinoamericano.

Señalábamos en forma genérica los inconvenientes, los

factores adversos, que era necesario superar para llegar al Mer-

cado Común. Nos hacíamos entonces, como resumen de una

inquietud que nos preocupaba, esta pregunta: “¿Hasta dónde el

proceso social y económico de los países latinoamericanos posi-

bilita un Mercado Común?” Aclaremos el sentido de la pregunta

a través de algunas consideraciones:

Estamos convencidos que teóricamente no tiene Latinoa-

mérica otra salida para su desarrollo económico que el Mercado

Común; nuestra duda versa sobre la capacidad efectiva y real de

implantar tal mercado. Nuestra duda se refiere a capacidad de los

países latinoamericanos de llevar a cabo la empresa del Mercado

VANESSA VEGA ACEVEDO DE BONNELLY

318

Común. Compartimos el objetivo final que se asigna al Mercado

Común (la elevación del nivel de vida de los pueblos del conti-

nente a través de la aceleración del desarrollo de la región), pero

creemos que no se ha entrado a fondo en la consideración de las

fuerzas motoras de la empresa del Mercado Común.

Vimos ya que, en las reuniones y en los documentos oficia-

les de la Cepal, el rol motor se entrega a la iniciativa privada; se

confía al “libre juego de las fuerzas económicas”.

Creemos que con tales afirmaciones escamotea gran parte

del problema, del problema que se conecta con la interrogante

que dejamos antes planteada.

Sabemos que la empresa del Mercado Común, en su di-

námica implica una tarea de promoción del bien común conti-

nental que el sistema capitalista latinoamericano no es capaz de

cumplir. Porque no tenemos suficiente cantidad de empresarios,

porque en nuestro ambiente atrae dominantemente la especula-

ción frente a la producción, porque no podemos ser tan ingenuos

de creer que los trusts internacionales nos permitirán tal tarea.

La puesta en valor del continente africano ha sido encarada

de muy diversa manera, ¿es que puede confiarse al empresario

privado la promoción de los países sub-desarrollados, a esta

altura de la coyuntura internacional?

En definitiva, ¿en qué desemboca nuestra duda fundamen-

tal con respecto a la empresa del Mercado Común?

Dice Myrdal que la tarea del desarrollo económico es impo-

sible, agregando que: “Debe hacerse, sin embargo, una reserva

para lo imponderable: la fe y devoción de sus líderes intelectuales

y políticos”. Y más aún, “la esperanza de desarrollo económico

de los países sub-desarrollados depende mucho de que el Estado

pueda planear, dirigir y aun invertir y producir”.

CÁTEDRAS DE DERECHO INTERNACIONAL AMERICANO

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C. Dávila, en la obra ya citada, escribe: “No cabe duda que

los pueblos de la América Latina están listos para una federación

y siempre lo han estado. Un plebiscito libre expresaría este ínti-

mo anhelo. Tal plebiscito, desde luego, tendría que ser libre de

intervención gubernamental, de maquinaciones de los políticos,

de engaño demagógico y de pasión de los intereses creados.

Naturalmente, esto es imposible. Tal libertad no existe”.

La empresa del Mercado Común necesaria e imprescindible,

se juega en definitiva en el plano de los gobiernos latinoamerica-

nos y es allí donde no descubrimos la calidad política necesaria

para afrontar tal empresa.