Sección I. Constitución del estado

• Páginas: 129-238
• Autor: Eugenio María de Hostos

129

TERCERA PARTE

SECCIÓN I

CONSTITUCIÓN DEL ESTADO

LECCIÓN XX

Qué es Constitución. — La ley. — Condiciones esenciales

de la ley. — Aplicación de esas ideas á la ley primera. — Sus

cualidades. — Por qué, siendo constitución del Estado, no debe

referirse á la Provincia ni al Municipio.

Para tener una idea exacta de lo que es la Constitución

de un Estado, no basta definirla, ni es oportuno empezar

por la definición á tener la idea correcta que ha de buscarse.

Aplacemos, pues, una definición ahora inútil, y formemos la

idea útil.

Ante todo, nótese que hablamos de la Constitución del

Estado, con lo cual queremos decir expresamente estas dos cosas:

Primera, que el Estado no es una realidad de derecho mientras

no está constituido; Segunda, que nos referimos ceñidamente al

Estado, y no á la nación ó Sociedad. Si entendemos lo primero,

para lo cual estamos ya preparados por la idea que hemos formado

del Estado, entenderemos también que la Constitución de éste

ha de ser algo que tenga fuerza de coherencia bastante para

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

130

imponer unidad y correlación á las instituciones que reconoce y

al conjunto de instituciones que establece.

Si entendemos lo segundo, esto es, que la Constitución

se refiere al Estado y no á la Sociedad ó nación, entenderemos

también que la ley constitucional no va á modificar condiciones

en una entidad viviente, sino simplemente á ajustar á la vida

de esa entidad los medios orgánicos que necesita para que el

desarrollo de su vida sea más ordenado.

Tanto más importa tener presente esta segunda advertencia,

cuanto que el olvido de ella es la explicación de los fallidos

resultados que dan constituciones muy halagüeñas por su

evidente propósito de asegurar la libertad, pero muy ineficaces

para conseguirlo, por haber confundido el Estado y sus pasivas

instituciones con la Sociedad nacional y las activas funciones de

su vida.

Una vez precavidos contra esos dos errores, utilizemos [sic]

la intuición que todos tenemos de lo que es ley constitucional.

No para todos va unida la idea de ley á la de constitución, pues

no todos saben que es un conjunto de preceptos que se impone

á todos. Pero nadie hay que ignore, al hablar de constitución,

que se refiere á algo tan íntimamente relacionado con el cuerpo

político, como lo está con nuestro cuerpo individual la que

llamamos también constitución del individuo.

Lo que también intuitivamente, llamamos constitución

individual, no es otra cosa que el conjunto de efectos que dan,

en nuestro organismo, las causas siempre efectivas de nuestra

organización particular. De un linfático decimos que tiene una

constitución linfática; al bilioso atribuimos aquella organización

que da por resultado el predominio de la bilis.

Nos atenemos al hecho sin indagar la causa, y

generalmente ignoramos que la causa es la ley de nuestra

organización individual. Somos sanguíneos ó linfáticos,

Lecciones de Derecho Constitucional

131

biliosos ó nerviosos, porque nuestros órganos obedecen á su

constitución particular.

Así mismo, cuando hablamos de la Constitución de un

Estado, sobrentendemos el conjunto de causas, peculiares á ese

Estado, que nos lo presentan con sus caracteres propios y sus

manifestaciones distintivas. Del Estado en donde observamos

los caracteres peculiares de la libertad, decimos que tiene

una constitución liberal; al que se nos manifiesta cohibido

en su derecho por la fuerza, le atribuimos una constitución

autoritaria.

En todos estos casos presuponemos una relación natural ó

fisiológica entre la causa y el efecto, y al comparar la Constitución

del Estado con la del individuo, preestablecemos mentalmente

un concurso de influencias coordenadas.

Tenemos razón: la causa opera siempre su efecto necesario,

y ya sea escrita ó no escrita, la Constitución del Estado se

manifiesta como causa en los caracteres particulares del cuerpo

político que examinamos.

Entendemos, por tanto, y con razón, que una constitución

es un concurso de influencias coordinadas que determinan un

carácter particular, ya sea fisiológico en el individuo, ya político

en el Estado. Entendiéndola así, constitución es correlación de

causas íntimas; ó si parece más claro, suma de causas íntimamente

relacionadas entre sí, que operan los órganos del individuo ó del

Estado para decidir de su carácter, y decidiendo de él. Pero si

escrutamos la significación precisa de esa correlación de causas

íntimas, veremos, en el caso del individuo, que su constitución

es la ley de su naturaleza individual; y en el caso del Estado, que

su constitución es otra ley.

Pero, ¿qué es ley? En la acepción familiar, es el

precepto dictado por quien puede. En la acepción que

le dan los jurisperitos, el derecho escrito. En la acepción

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

132

constitucionalista, el precepto dictado por los únicos

funcionarios del Estado, los legisladores, que tienen poder

para dictarlo. Todas estas acepciones, exactas en sí mismas,

como expresiones que son de una realidad experimental que

interpreta cada uno de esos grupos, el vulgo, los legistas y

los constitucionalistas, según aspectos parciales aunque

positivos, de la ley, no dan de ella, sin embargo, la idea que

ahora requerimos para que sirva de un modo racional á la

noción que con ella hemos de establecer.

La ley, precepto dictado por quien puede, es un hecho que

se impone como hecho. La ley, derecho escrito, es fórmula de un

principio que se afirma. La ley, emanación de un poder único

que funciona únicamente para darla, es una doctrina que se

invoca.

Hecho, la ley es un efecto; principio, la ley es una causa;

doctrina, la ley es un medio. Para el vulgo, es efecto de una

capacidad de hacerla, ó de un poder; para el legista, es la causa de

la efectividad del derecho; para el constitucionalista, es el medio

de apreciar su legitimidad.

Hecho, principio y doctrina, ó efecto de poder, causa de

derecho efectivo y medio del poder legítimo, la ley reúne sus tres

caracteres esenciales, que son: el de capacidad, el de facultad, el

de medio, y puede ser definida: Ley, medio de hacer efectivo el

derecho con el poder y de hacer legítimo el poder con el derecho.

Esa es, efectivamente, la idea positiva de ley. Medio, lo emplean

el derecho y el poder para efectuarse y legitimarse: medio del

derecho, es facultad que éste tiene de hacerse respetar; medio del

poder, es capacidad que éste tiene de hacer todo lo que coadyuve

á la realización ó efectividad del derecho.

Pero, en virtud de esos caracteres, se pensará, no es ley la

que emana de un poder contrario al derecho, ó la que funda un

derecho contrario al poder legítimo.

Lecciones de Derecho Constitucional

133

Sin duda que no lo es. Será un mandato que haya precisión

de obedecer, y que se deberá obedecer mientras no se substituya

con un precepto legal, pero no es ley. Será una coacción á que

haya necesidad de doblegarse mientras no venga el derecho á

anularla, pero no es ley. La ley de la fuerza, no es ley. La ley de la

injusticia, no es ley.

Ya hemos visto que el poder, para no convertirse en

fuerza bruta, ha de ser auxiliar del derecho; y que el derecho

para no degenerar en privilegio, ha de ampararse en el poder

de todos, en el poder social, que es el único legítimo. Por

tanto, no es ley el mandato de la fuerza; no es ley la iniquidad

del privilegio.

Pero la ley, para el vulgo, es un hecho, y el hecho se impone.

Sí, pero se impone por la fuerza, y la fuerza no es derecho ni

poder.

Para que la ley corresponda á la idea positiva que de ella

hemos formado, además de los caracteres que hemos enumerado,

debe reunir las condiciones que vamos á enumerar:

Ha de ser necesaria, general, clara, precisa, concreta, y

exclusivamente emanada de aquellos funcionarios de la Soberanía

que están encargados de realizar, por elección y delegación expresas,

la función de deliberar y decidir que es inherente al poder.

Necesaria, la ley no se manifiesta sino cuando una necesidad

social la reclama. Es hija de la necesidad y debe ser el único

medio jurídico de satisfacerla.

General, la ley debe abarcar al conjunto general de los

asociados, cuando la necesidad á que corresponde es nacional;

al conjunto general de los comarcanos ó provincianos, cuando

corresponde á una necesidad regional al conjunto de los vecinos,

cuando satisface una necesidad municipal.

Clara, la ley debe patentizar su objeto, como la luz del día

patentiza las realidades materiales.

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

134

Precisa, la ley debe decir exclusivamente lo que permite ó

prohíbe, sin que ninguna ambigüedad la haga incierta ó la sujete

á interpretación.

Concreta, la ley debe abarcar todo su objeto, excluyendo

escrupulosamente todo otro objeto con el cual pueda la

incertidumbre ó la malicia confundirla.

Emanación exclusiva de los encargados de ejecutar la función

legislativa del poder social, la ley debe expresar toda la extensión de

autoridad que la produce, hacer efectiva la autoridad del derecho

de que emana, y substituir [sic] con su autoridad impersonal,

toda otra pretensión de autoridad.

Si ahora concordamos lo que se ha dicho de la ley con lo

dicho de la Constitución, encontraremos íntimas afinidades

entre una y otra.

Con efecto, al desarrollar el concepto intuitivo de

constitución, vimos en el fondo del concepto una ley natural

ó fisiológica, determinándola constitución física del individuo

humano, y una ley natural de correlación determinando la

constitución del Estado político ó de derecho. Esa ley, como

constituyente del Estado, se nos presentó con los mismos

caracteres de potestad, facultad y medio con que se nos presentó

el concepto general de ley. De modo que, ateniéndonos á esa

concordancia, podríamos definir la Constitución del Estado,

diciendo: Ley por cuyo medio se efectúa la relación de derecho

y de poder en que están las partes integrantes del Estado. Y

como el Estado no es más que un conjunto de instituciones de

derecho para hacer efectivas las funciones del poder social en

cada uno de los organismos de la Sociedad, Constitución es la

ley que establece los órdenes y jerarquías del Estado, los órdenes, en

cuanto á los derechos; las jerarquías, en cuanto á los poderes.

Refiriendo ahora las condiciones de la ley en general á la

que constituya al Estado, descubriremos que la Constitución es

Lecciones de Derecho Constitucional

135

la ley primera, la ley de las leyes, puesto que es más necesaria, más

general, más concreta, más exclusivamente emanada del poder

soberano de legislar, y debe ser más clara y más precisa que otra

alguna.

Es más necesaria que ninguna otra ley, puesto que ella

organiza las funciones del poder, y ya hemos visto que no

es ley la que no emana del poder legislativo organizado. Es

más general, porque abarca todos los grupos de la Sociedad

y todas las instituciones del Estado. Es más concreta, porque

se refiere más exclusivamente que ninguna otra ley al objeto

que las abarca todas: la mediación entre el derecho y el poder.

Es más exclusiva emanación de la función legislativa de la

Soberanía, porque ésta funciona expresamente para delegar

el poder de constituir los órdenes y jerarquías que han de

servirle de norma. Debe ser más clara y más precisa, porque

toda obscuridad y toda ambigüedad en la ordenación de los

derechos y de los poderes trascenderá á la actividad general

de unos y otros.

Es, pues, la Constitución la ley primera, de donde todas las

demás se derivarán: la ley sustantiva, á la cual habrán de referirse y

concordarse las demás.

Junto á las condiciones generales de toda ley, la Constitución

ha de reunir condiciones peculiares de ella.

Debe ser breve, flexible y natural. Breve, porque ha de

limitarse á reconocer derechos absolutos, que basta mencionar,

y deberes y atribuciones, que basta enumerar. Flexible, para

que, reconociendo las evoluciones del progreso político y social,

se preste á las reformas. Natural, porque ha de fundarse en la

naturaleza real del individuo y del Estado y en la vida efectiva de

la Sociedad.

Si es breve, podrá aprenderse de memoria. Si flexible,

se adaptará al movimiento del progreso. Si natural, será

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

136

vivida, es decir, dará frutos de derecho en la vida misma de

la Sociedad.

Para ser natural, habrá de atenerse á la realidad; para ser

flexible, habrá de relacionar tan lógicamente los derechos y

deberes del individuo con los derechos y deberes del Estado, que

unos y otros encuentren siempre en ella la base de su desarrollo;

para ser breve, habrá de limitarse á la afirmación categórica

de los derechos y deberes del individuo y á las atribuciones u

operaciones del poder social.

Mas cómo, siendo Constitución del Estado, y siendo el

Estado el conjunto de instituciones que rigen á la nación, á la

provincia y al municipio, ¿se concreta y debe la Constitución

del Estado concretarse al gobierno general de la nación,

prescindiendo del particular del municipio y la provincia?

Porque, en virtud de su vida particular, esos dos organismos

sociales deben gozar de completa autonomía, ó del derecho de

darse su propia ley, y toda organización de las instituciones que

les corresponden, sería en la constitución nacional un atentado

contra esa autonomía.

Cierto es que ese derecho pleno de constituirse como

entidades autonómicas los organismos inferiores no se

reconoce sino en la federación, y que las constituciones

unitarias debieran, para ser lógicas, como alguna que otra

ha tratado serlo, incluir entre sus preceptos los relativos

al régimen provincial y municipal; pero no se hace

generalmente, bien sea por el falso concepto de que el Estado

es la mera representación de la unidad nacional, bien porque,

considerando dependencias naturales de ésta las partes

que concurren á formarla; se crea que una ley orgánica de

municipios y otra de provincias contribuyen de un modo más

expreso á patentizar la dependencia.

Lecciones de Derecho Constitucional

137

x

LECCIÓN XXI

Lo primero que debe contener una Constitución. — Los

derechos individuales como institución del Estado. —

Como medios de progresión y educación política. — Como

simplificación de la tarea de gobernar. — Influencia de ellos en

el derecho de iniciativa individual. — En qué forma. — Por qué.

— Sus varios nombres. — El mejor.

Después de definir la personalidad nacional que va á

constituirse y de afirmar la forma de gobierno que se adopta,

lo primero que debe estatuir la ley sustantiva del Estado, es la

personalidad jurídica del ciudadano. No basta, para hacerlo,

establecer el privilegio anexo á la ciudadanía: es necesario

reconocer en el ciudadano al ser humano, y en el ser humano, los

derechos y poderes que recibió de la naturaleza y que de ningún

modo convendría en perder, como positivamente perdería, si la

Constitución hiciera caso omiso de ellos.

Los perdería, porque la Constitución es un contrato bilateral,

cuyos preceptos son cláusulas en que se expresa lo que se otorga

y lo que se recibe, y ninguna de las partes contratantes tendría

derecho á reclamar lo que no han expresado en el contrato, por

obvio que fuera lo omitido, por inverosímil que, ante el derecho

natural, pareciera la omisión. Si el derecho constitucional es

necesario, es porque el derecho natural no ha sido suficiente. De

otro modo, la mejor de las constituciones sería la ley natural de

sociabilidad, ley no escrita de que se ha valido la naturaleza para

compeler al individuo á que se asocie á sus congéneres con objeto

de que realice asociado lo que no puede realizar aislado.

Pero como la naturaleza hizo racional y responsable, y por

lo tanto, libre, al ser consciente, no pudo imponerle las leyes

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

138

morales como le impuso las físicas, porque entonces, en vez de

un ser libre, que era su propósito, hubiera hecho un esclavo de

la fatalidad irreparable.

Para hacerlo completamente libre le dió á optar entre la no

realización de su destino, si prefería el goce desenfrenado de sus

fuerzas individuales, y la realización de su destino, si prefería el

goce regulado de sus facultades y capacidades.

Siendo este último su destino racional, el hombre no tiene

que pactar para aceptarlo, y la Sociedad existió desde el primer

momento como un medio natural, necesario y conveniente.

Pero la Sociedad no es el Estado. Hasta que el hombre no

se elevó á la concepción de los intereses comunes, de la cosa

pública, y concibió su primera idea orgánica del Estado, y la

realizó en la república primitiva, todas las formas embrionarias

de sociabilidad y de régimen social, inclusos [sic] el patriarcado

y el caudillaje, desconocieron el Estado. Mas tan pronto como

se vió la necesidad de reunir los varios grupos sociales bajo un

régimen común ó semejante, que les diera la unidad que no

había establecido la naturaleza, se fundó una institución general,

encargada de hacer efectivo el poder de todos sobre cada uno de

los asociados.

Mientras no se vió más que una fase del problema que

había necesidad de resolver, no se vió como necesaria más que

una institución encargada de mantener unidas, por la fuerza

del poder social, las partes integrantes de la Sociedad y el todo

social: esa institución fue el Estado de fuerza que, con una u

otra denominación, y reaccionando con frecuencia contra los

organismos provincial y municipal que, ya formados, pedían

la parte de régimen que les correspondía, ha prevalecido hasta

nuestros días.

Aun es ese Estado de fuerza el que rige á muchas sociedades;

pero ya no prevalece. Junto á él, y más fuerte que él por la

Lecciones de Derecho Constitucional

139

razón de su existencia, se ha levantado el Estado de derecho,

y á organizarlo cada vez más sólidamente, tienden muchos de

los esfuerzos prácticos y todos los esfuerzos teóricos que hace el

pensamiento occidental.

Ese Estado tiene por fundamento un pacto constitucional,

es decir, un contrato bilateral entre el individuo y la Sociedad,

expreso en una ley primera ó fundamental en la cual constan las

facultades y capacidades que se reserva para su ejercicio directo

el individuo, y los que la Sociedad se reserva para ejercerlos por

medio del Estado.

Las facultades que el individuo se reserva, son sus derechos

naturales; las capacidades, son las libertades que emanan de sus

derechos.

Derechos y poderes son también las reservas que hace la

Sociedad, pero con una diferencia. Mientras que el individuo se

reserva todos sus derechos humanos, porque sin ellos no puede

realizar su destino, la Sociedad no delega en el Estado otros

derechos que los necesarios para hacer efectivas las funciones de

poder que se le encarga realizar.

Así, en el pacto constitucional, el individuo cede poderes

y conserva intactos sus derechos; al paso que el Estado,

representante del poder social, cede derechos y conserva intactos

los poderes.

Bajo la acción del pacto, el individuo tiene todas las

facultades inherentes á su naturaleza, el Estado tiene todos los

poderes ó capacidades necesarias para proteger y auxiliar el

derecho natural del individuo, y el convencional, orgánico ó

positivo que funda la Sociedad en su propio desarrollo.

Considerada la Constitución como un pacto expreso en

que cada uno de los contratantes se reserva lo necesario para su

fin particular, subordinando lo parcial á lo total, de modo que

aquello sea tanto más integrante de esto cuanto más sólidamente

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

140

se desarrolle, los derechos inherentes á la personalidad humana

toman, en el pacto constitucional, el carácter de una verdadera

institución: instituyen la personalidad jurídica y la autonomía del

individuo, porque son el medio orgánico de que la Constitución

se vale para protegerlo en su poder, del modo mismo que emplea

como medio orgánico para relacionar los derechos y poder de

cada uno de los organismos sociales, todas y cada una de las

instituciones del Estado.

No es ese carácter institucional el único que nos manifiestan

los derechos connaturales, pues así como son medio de

organización, lo son también de educación y de progreso. Sirven

para educar, porque sirven para fortalecer el sentimiento de la

dignidad individual. Son medio de progresión social, porque el

desenvolvimiento de dignidad que promueven en el individuo,

trasciende por necesidad al todo que la suma de individuos

constituye; y una Sociedad compuesta de individuos que ejercitan

concienzudamente su derecho se elevará progresivamente á la

más alta concepción de su destino y dirigirá todas sus fuerzas,

materiales, morales é intelectuales, á la busca de medios cada vez

más racionales y más humanos para acercarse al elevado fin que

ha concebido.

La influencia de los derechos connaturales á la persona

humana es tan vasta y tan benéfica, que apenas se explica

cómo, en vez de descubrirse en ellos el principio de armonía

que contienen, se les haya atribuido el espíritu de discordia

que no tienen, y se haya combatido secularmente contra

ellos, como si el bien de la Sociedad y la eficacia del Estado

hubieran dependido y dependieran de fortalecer la torpe

tradición que los siglos de gobierno irracional han opuesto

como obstáculo al reconocimiento de una verdad tan obvia

y de una realidad tan evidente como las que entrañan los

derechos del hombre.

Lecciones de Derecho Constitucional

141

Siendo verdad que el hombre nace con derechos naturales,

y siendo realidad que esos derechos son los recursos empleados

por la naturaleza para inducir al individuo al cumplimiento de su

destino, el asalto tradicional contra esos recursos naturales debió

cesar en el momento en que un ensayo de las fuerzas orgánicas y

del espíritu armónico de los derechos recibidos de la naturaleza

por el hombre, demostró experimentalmente su eficacia.

No ha sido así. Á pesar de la manifiesta influencia del

ejercicio de los derechos humanos en el mejoramiento de las

instituciones, en la educación de las masas sociales, en el

progreso de la libertad y de la paz social, aun no puede señalarse

el reconocimiento constitucional de los derechos del hombre

como una conquista definitiva, ni siquiera general, de la ciencia

de la organización jurídica. La obstinación ó la incapacidad de

ver la realidad es tan perseverante, que resiste á la demostración

innegable de los hechos, y lo que es más todavía, á las nuevas

tendencias del espíritu contemporáneo.

Demostración innegable de los hechos, es que la

sociedad más vigorosa en su desarrollo que la Historia ha

contemplado, la sociedad de los Estados Unidos de Norte

América, debe principalmente su vigor á la fuerza de acción

que como consecuencia de la incondicionalidad de sus derechos

individuales, tiene el ciudadano americano.

La tendencia del espíritu contemporáneo, instintiva y

reflexivamente positivista, se manifiesta en la ingenuidad con

que reconoce el poder de aplicación y de transformación que

tienen las verdades de la ciencia, y en la fe sin límites que le

inspira el progreso indefinido de las fuerzas materiales.

Pues, á pesar de que ese progreso indefinido no tiene en

parte alguna la fuerza de transformación que debe en los Estados

Unidos á la fuerza de la iniciativa individual, y á pesar de que la

iniciativa individual que allí nos pasma, resulta positivamente

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

142

del ejercicio libérrimo de los derechos individuales, todavía no se

ha cedido á la realidad del hecho ni á la tendencia que nos llama

á lanzarnos en las vías del progreso.

Hay una fuerza, aun invisible para el vulgo de los estadistas,

que acabará por hacerse visible, persuasiva y convincente: es la

fuerza de simplificación que tienen los derechos connaturales

á la personalidad humana. Dotada constitucionalmente de

ellos, como lo está por la naturaleza, la individualidad humana

se reconcentra en sus derechos, y, por decirlo así, se elimina

espontáneamente del problema social. Entonces, no teniendo el

Estado que ocuparse de ella, y abandonándola á sí misma, se

reconcentra á su vez en sus propios fines, que son los colectivos,

los sociales, los humanos, y la tarea de gobernar se simplifica

súbitamente, quedando concretada á lo que en esencia es: el

régimen de los grupos por medio del derecho. Gobernándose

el individuo según sus propias facultades, cada una de las

instituciones del Estado queda desembarazada de la carga que

para cada una de ellas es el inútil enfrenamiento de las fuerzas

individuales, y todas las instituciones se fortalecen en razón de

lo que se concretan al régimen y gobierno del grupo social á que

se consagran.

Si arredra el temor de que el reconocimiento incondicional

de los derechos humanos sea perturbador, más debe arredrar

la seguridad de que las sociedades vivirán siempre perturbadas

mientras esté cohibido en su derecho el elemento que las

constituye, el individuo.

En el fondo de todo problema de organización jurídica,

hay un problema de mecánica. La Sociedad es un agregado

congruente, que resulta de la afinidad molecular de los elementos

que se agregan para organizarlo. ¿Se concibe un agregado que

tenga por destino la compresión, la depresión, la anulación,

la muerte de los elementos que lo constituyen? Pues no debe

Lecciones de Derecho Constitucional

143

concebirse una Sociedad que tenga por destino la anulación de

los individuos cuya vida sumada es su propia vida. Y si sería

absurda organización la que intentara la naturaleza al privar de

su fuerza elemental al todo que compone, absurda organización

es la social que tiene por objeto promover la vida y la armonía

de una Sociedad cuyos individuos están privados de las fuerzas

y facultades que la misma naturaleza les dió expresamente para

que, desarrollándolas, contribuyeran con ellas al desarrollo de la

Sociedad.

La historia se olvida por la historia. Es histórico que el

abuso de los derechos individuales ha malogrado la libertad en

algunas naciones europeas y latino-americanas; pero también es

histórico que el abuso de los poderes que se le confían han hecho

siempre del Estado un perturbador, no ya sólo del orden social,

sino de la vida misma de las sociedades. Y, sin embargo, se vé un

peligro en el reconocimiento de los derechos humanos, y no se

vé en el aumento de poder que es para el Estado la privación de

derechos del individuo.

Para insistir en esa torpe privación, se argumenta con la

historia, y se interpreta la historia, diciendo que es necesario

preparar al individuo para el ejercicio de sus derechos, si se

quiere que no abuse de ellos.

Con el mismo argumento histórico, y la misma

interpretación de los hechos históricos, debería decirse que, si no

se quiere que el Estado siga abusando de las funciones de poder

que se le confían, es necesario oponerle el dique de los derechos

individuales.

Pero la inanidad de ese argumento experimental está

patente en el hecho mismo con que se argumenta. Se ha abusado

de los derechos individuales; pero el abuso no es el uso, y lo

que la ciencia constitucional reclama es el reconocimiento de

los derechos individuales para su uso, no para su abuso. Y si el

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

144

abuso resulta de falta de preparación, la preparación se obtiene

con el uso, pues que el único modo de prepararse á usar de lo

que es útil, es usar.

Ahora bien: ¿cómo, en qué forma han de reconocerse en la

Constitución esos derechos necesarios?

En forma prohibitiva. No se trata de una declaración

constitucional. Por terminante que sea esa declaración, no es todavía

suficientemente explícito el reconocimiento de los derechos. Ellos

son absolutos, en el sentido en que Blakstone y los anglo-sajones

le aplican ese calificativo; es decir, son anteriores á toda ley escrita,

superiores á todo reconocimiento constitucional, inaccesibles á toda

acción de los poderes públicos. En ese sentido, son ilegislables, no

pueden estar sometidos á otra ley que la de su propia naturaleza, y,

por lo tanto, no pueden estar sometidos á la ley escrita.

Así, para entrar como elemento integrante de una

Constitución, deben entrar, no como reconocidos, no como

convencionales, no como sujetos á declaración que nadie puede

hacer, porque ningún poder tiene facultad para hacer concesiones

á la naturaleza; deben entrar como expresión de un poder igual

á cualquier otro poder.

Representan, efectivamente, el poder natural del individuo

ante el poder regulado de las instituciones del Estado. La

Constitución los consagra, no los reconoce. Y para que la

consagración sea positiva, debe hacerse en forma prohibitiva,

debe presentarse como límite de toda otra facultad, de todo otro

poder institucional, de toda función ó acción del Estado.

En virtud de esa significación esencial de los derechos,

naturales, no dirá la Constitución: «se reconocen»; dirá: «No

tiene el Congreso facultad para legislar acerca de los derechos

naturales del ser humano.»

Esta fue la manera, á un tiempo definitiva y profunda, que

los legisladores americanos tuvieron de consagrar para siempre

Lecciones de Derecho Constitucional

145

los derechos que la naturaleza ha puesto por encima de toda

ley escrita, de toda convención, de todo compromiso jurídico ó

político. Manera definitiva, porque vedando á los legisladores el

ocuparse de ellos puso para siempre esos derechos por encima de

toda acción, regular ó irregular, de los poderes del Estado. Manera

profunda, porque así revelaron el íntimo conocimiento que tenían

del carácter real que ha dado la naturaleza á los derechos humanos.

Considerándolos como son en realidad, la expresión del

poder que el individuo tiene y debe conservar dentro de la

organización jurídica, y reconociéndolos como tal poder, puesto

que limitan las funciones del poder social, hicieron de ellos lo

que ha querido la naturaleza que sean: un elemento de orden.

El procedimiento de los legisladores americanos estuvo tanto

más concorde con los datos suministrados por la ciencia y por la

experiencia, cuanto que fue posterior á la sabia organización que

había dado á los Estados Unidos.

La Constitución federal, según salió del cerebro de los

constituyentes americanos, no contenía declaración alguna

de derechos. Fue necesario que la experiencia patentizara

los peligros á que exponía aquella falta, y que de los Estados

ó entidades federadas, saliera un clamor universal, para que se

viera la necesidad de hacer entrar como elemento constitucional

de la nación los derechos que, acaso por creer innecesario afirmar

lo natural y necesario, habían dejado fuera de la Constitución.

Pero al oír el clamor de los Estados y al ver que aun allí era

posible pensar en reglamentar el uso de las facultades naturales

del individuo, escogieron el medio más seguro de ponerlas por

encima, y para siempre, de todo conato de reglamentación y de

toda tentativa de los poderes públicos.

Entonces redactaron en forma prohibitiva la declaración de

los derechos humanos é hicieron de la primera enmienda de la

Constitución, en que prohibían al Congreso el legislar acerca de

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

146

los derechos del hombre, una verdadera consagración del poder

individual y la base del orden constitucional y jurídico de la

nación.

Hasta qué punto se ha estado lejos, y se sigue lejos, de

esta exacta concepción de la fuerza virtual del individuo en la

organización de los derechos y poderes del Estado, lo muestra

la variedad de apellidos que se han dado por constituciones y

constitucionalistas á los derechos de la personalidad humana.

Según el egreso ó el regreso de la ola revolucionaria, los

han extendido ó restringido, empleando, para expresarlos, en

tiempos revolucionarios, las ampulosidades del entusiasmo, y

en tiempos reaccionarios, los eufemismos del temor; y pasaron

alternativamente de «sagrados derechos del hombre» á meras

«garantías constitucionales»; de «derechos inamisibles» á simples

«derechos políticos», de «consagración de la personalidad

humana», á pobres «seguridades individuales», hasta que,

demostrando poco á poco la experiencia que no son tan

peligrosos como se creía, se ha ido conviniendo en adoptarlos

como «derechos necesarios, ó individuales, ó naturales».

Si alguna vez ha importado poco el nombre, es en el

caso de estos derechos que, cualesquiera sean los distintivos

con que los invoquen, son siempre las mismas facultades

características del ser humano. Sin embargo, como la

denominación más exacta es la mejor, debería denominárseles

derechos connaturales, para expresar que son inseparables de

la naturaleza humana; ó derechos absolutos, para expresar el

carácter institucional que tienen entre las demás instituciones

del Estado, y que constituyen una esfera positiva de poder,

distinta é independiente de las otras esferas de poder, y dentro

de la cual el individuo es inaccesible á la acción caprichosa de

los demás poderes del Estado.

Lecciones de Derecho Constitucional

147

x

LECCIÓN XXII

Desarrollo histórico de los derechos absolutos.

La lucha de los derechos absolutos con los poderes del

Estado es tan antigua como el primer día del Estado.

Tan pronto como se vió la necesidad de reunir bajo una

unidad orgánica la variedad inorgánica que formaban en la

Sociedad primitiva los elementos individuales y los grupos

sociales que las afinidades económicas fueron sucesivamente

produciendo y extendiendo, los funcionarios de esa unidad se

dedicaron á sofocar la actividad de grupos y elementos; y como

estos últimos, representación de la iniciativa, la fuerza y la vida

individual, eran y tenían que ser los más rebeldes á la coacción,

porque en toda masa el átomo es lo más incompresible, todas las

fuerzas del Estado, ya fuera militar, ya providencial, se coaligaron

para reducir á violento reposo ese elemento movedizo.

El Estado providencial que, en la India y en Egipto, resumía

el régimen espiritual y temporal de la Sociedad, combatió

encarnizadamente al individuo en aquella parte de su personalidad

en que más enérgicamente se manifestaba el hambre y sed de

derechos: en la conciencia religiosa. Á la religión de Estado, que

era la base de éste, contestó tan tempranamente con sus actos

de libre creencia la conciencia individual del indo, que no hay

realidad histórica más palpable en la vida primitiva de la India

que la patente en aquellas tempranas y continuas emigraciones,

originadas, como la lingüística lo prueba, por coacciones del

Estado sobre la conciencia individual y por protestas de ella

contra los atentados que la deprimían. En tiempos relativamente

menos remotos, los de la predicación de Budah, la numerosa

emigración que se desbordó de la península gangética hacia la

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

148

altiplanicie y el archipiélago, no fue más que el resultado de la

coacción frenética que intentó el Estado contra los derechos de

la conciencia individual.

Protesta contra iguales presiones ejercidas por el Estado,

en el Egipto, fue la encabezada por aquel soberano pensador

que, tomando como punto de apoyo la conciencia de una

muchedumbre esclava, y por palanca sus derechos, de una masa

sin cohesión hizo un pueblo, y lo movió de la tierra ingrata á la

tierra prometida.

Las lecciones más fecundas que Roma da en su historia á las

posteridades todas, no son las que contiene su desenvolvimiento

de fuerzas hacia el exterior: que el Estado militar, como fue

siempre el romano, aun en el apogeo de la República, en todas

partes ha tenido siempre la misma fuerza de expansión. Las

lecciones más fecundas son las que da con sus luchas interiores,

incesante querella de los derechos humanos, personificados

en la plebe, con los poderes del Estado, representados por el

patriciado. Aquí eran derechos de la vida temporal, la seguridad,

la igualdad, la propiedad, lo que sostenían la demanda que en la

India y en Egipto sostuvieron los derechos de la vida espiritual.

El advenimiento de las razas juveniles del Norte que, para

insinuarse en la vida de los pueblos que conquistaban, tuvieron

que aceptar las formas orgánicos del Estado que había sobrevivido

á la unidad establecida por él en el Imperio de Occidente y en el de

Oriente, si fué por una parte, el advenimiento del individualismo

en toda su ingenuidad semiselvática, por otra parte fue también

el renacimiento de la lucha secular entre el individuo y el Estado,

entre los derechos individuales y los poderes sociales.

Desde el punto de vista de la historia filosófica, que no

vé en los hechos históricos otra cosa que manifestaciones

circunstanciales de la vida del mismo ser humano en diferentes

tiempos, lugares, medios y condiciones, la historia entera de los

Lecciones de Derecho Constitucional

149

siglos medios de Europa está reducida á esa lucha, tanto más

acerba, cuanto que el individualismo salvaje de los Bárbaros

era un sistema natural de derechos repeliendo de continuo

el sistema artificial del Estado decrépito en que se intentó

encerrarlo. Al fin y al cabo, si los intereses de la nueva Iglesia

no hubieran contribuido tan poderosamente á reconstruir en

Alemania el Estado militar y á preparar en el resto de Europa

el Estado providencial, bajo la forma de las monarquías

absolutas, el individualismo habría prevalecido, puesto que

el feudalismo, sistema del Estado anti-unitario, obra fue de

sus luchas y sus triunfos. Triunfo de la barbarie hubiera sido,

porque el Estado no es una institución de elementos y de

grupos, sino de elementos, grupos y sociedades ligados por el

derecho para armonizar las vidas del todo y de las partes; pero

fue una reacción tan saludable contra la acción absorbente del

Estado, que al lado de la unidad de fuerza, que éste quería

restablecer, instituyó grupos de derecho, como los gremios en

el orden económico, los municipios en el orden político, la

pequeña nobleza y el estado llano en el orden social.

Aun cuando no hubiera esbozado la organización jurídica

que trajo el factor que á la antigüedad había faltado, ese período

de tenebrosa lucha entre el derecho individual y el poder social

habría sido benéfico al progreso jurídico del mundo, porque en

él empezó de una manera concreta la reclamación de derechos. El

obscuro siglo XIII da la primera luz al derecho político moderno.

Los baronets, representantes de la pequeña nobleza, se reunieron

en 1215, reclamaron de Juan Sintierra, de la dinastía de los

Plantagenet, los derechos de vida que el caudillaje dinástico les

había arrebatado, y le impusieron la Magna charta libertatum en

la que por primera vez se presentaron como derechos sagrados

los que aseguran la vida, la persona, el domicilio y la igualdad

ante la ley, y el jurado, forma institucional de esta igualdad.

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

150

La lucha religiosa que tuvo en el siglo XVI el alto

objeto de hacer efectivo el derecho de libre examen, y que,

por desastrosa que fuera en Alemania, por traidoramente

que culminara para Francia en la aterradora noche de Saint

Barthelemy, por siniestramente que reaccionara en España

con la Inquisición, y por violentamente que se impusiera en

Inglaterra con el golpe de Estado de Enrique VIII, auguró

para el mundo occidental la libertad de conciencia, dió á los

derechos humanos el más sólido de todos sus fundamentos,

y al progreso moral del mundo la base más extensa y más

racional de evolución.

La imposición del bill of rights, — ley de derechos, —

en que la revolución inglesa del siglo XVII, consumada con

el advenimiento de los Orange, enumeró y afirmó contra el

poder del Estado las facultades naturales del ciudadano, fue un

nuevo paso adelante en el desarrollo de la personalidad jurídica

del hombre, decidió para siempre del carácter orgánico del

sistema representativo en Inglaterra, y preparó la revolución

más completa, más racional, más positiva y más fecunda que ha

hecho en el mundo la ciencia de la organización jurídica.

Cuando, á consecuencia de las persecuciones religiosas,

emigraron de Inglaterra á Holanda y de Holanda al Nuevo

Mundo, aquellas familias de Puritanos que escogieron como

asiento y asilo de su secta la roca eternamente memorable de

Plimouth, en un rincón litoral de la América del Norte, la

colonia libre que fundaron se constituyó sobre las bases recientes

del progreso jurídico de su madre patria, y fue la primera

sociedad que, aunque en pequeño, armonizó con los derechos

del ciudadano los poderes del Estado colonial.

Todavía, reaccionando contra la persecución de que había

sido víctima en Europa, aquella sociedad colonial reservó al

Estado un poder, y negó al individuo un derecho; reservó

Lecciones de Derecho Constitucional

151

al Estado colonial el poder de perseguir á los disidentes de la

creencia puritana, y negó al individuo el derecho de abrazar,

declarar y profesar la creencia que le dictara su conciencia.

Los anglicanos, por su parte, hacían en Virginia y en

la colonia de Nueva York, lo que hacían en Massachusets los

puritanos, y en medio de la libertad civil y de la organización

perfectamente constitucional que daba vigorosa vida á aquellas

colonias, el derecho de creer era sañudamente perseguido en

todas partes, hasta que Lord Carteret en Nueva Jersey, Lord

Liverpool en Maryland y Penn en Pensilvania, establecieron

la libertad religiosa é imbuyeron en la ley y la costumbre la

tolerancia mutua de los credos y los cultos.

Pero aun se estaba lejos del progreso definitivo, que, como

acontece en el mundo moral, con frecuencia se debe al exceso

del mal y á la reacción de la verdad contra el error. El progreso

definitivo no se realizó hasta que un hombre de bien y de verdad,

William (Roger) fue arrojado del Massachusets por los puritanos,

que veían en su ardiente y humanitaria oposición al espíritu de

secta, un peligro para el orden bíblico que habían establecido

en su colonia. Roger se trasladó á Rhode Island, pequeñísimo

territorio insular no ocupado por nadie, que se propuso colonizar

con los perseguidos en las demás colonias por sus opiniones

religiosas, ofreciéndoles la paz de conciencia que habían buscado

en el Nuevo Mundo y que el mismo Nuevo Mundo les negaba.

De todas las colonias y de la misma metrópoli acudieron los

llamados en nombre de la libertad de conciencia, y el generoso

filántropo que había sobrellevado la iniquidad de la persecución,

se convirtió en protector y legislador de perseguidos, dando á la

nueva colonia, además de todos los derechos consagrados ya por

la vida colonial, la libertad absoluta de conciencia, expresada en

la forma positiva; es decir, la independencia recíproca del Estado

y de los cultos.

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

152

Así fué como en una colonia recién creada por la persecución

religiosa, se resolvió á mediados del siglo XVII el problema de la

Iglesia libre en el Estado libre ó de la separación de la Iglesia y el

Estado, que aun hace vacilar en sus cimientos las viejas sociedades

europeas. Con esa admirable solución del más trascendental de

los problemas de derecho público, quedaron reconocidas las

facultades naturales del hombre como condiciones esenciales

de organización jurídica; mas como la variedad colonial era

tanto más efectiva cuanto más concienzuda y más amada la

autonomía de todas y cada una de las colonias, fue necesario

que un atentado de la metrópoli contra un derecho de todas

las sociedades coloniales revelara á todas ellas el peligro de la

variedad y la conveniencia de la unidad, para que los derechos

parcialmente reconocidos en todas ellas, y sólo totalmente

consagrados y ejercidos en Rhode Island, se incorporaran á la

vida de un todo nacional.

Esa incorporación de todos los derechos naturales á la vida

constitucional de una Sociedad, empieza en la primera enmienda

de la Constitución federal de los Estados Unidos de América, y

acaba en la enmienda XV. Empieza instituyendo el poder de la

conciencia y del pensamiento como poderes inaccesibles á los del

Estado, y concluye con el reconocimiento de la aptitud de una

raza desheredada, para ejercer con y como la raza hasta entonces

privilegiada, las funciones del poder electoral.

Si el mundo europeo no quiere saludar en la América anglo-

sajona la cuna de los derechos absolutos, y prefiere saludar en la

Revolución francesa, y en las declaraciones de su Constitución,

la alborada de los derechos del hombre, la ciencia constitucional,

que no toma por hechos los deseos ni por base de organización

el entusiasmo, declara que la inmensa conquista científica hecha

por el derecho público se debe, tanto en su forma doctrinal

como en su desarrollo experimental, á los pensadores políticos

Lecciones de Derecho Constitucional

153

más positivos que ha tenido el mundo, á los legisladores que

constituyeron la Unión americana.

La diferencia que hay entre la obra positiva de aquellos

pensadores y la tentativa de los entusiastas, es exactamente la

misma que media entre la concepción de los derechos absolutos

como un poder que limita otros poderes, y la concepción de los

derechos del hombre como una expresión ideal de la justicia.

Los unos, descubriendo la realidad positiva, instituyeron

el ciudadano americano, que es la personalidad jurídica más

completa y más sólida del mundo, y la sociedad americana, que

tiene por base el orden más fundamental que existe. Los otros,

buscando la verdad metafísica, dejaron inerme al ciudadano

y abandonaron la Sociedad al desorden de la reacción más

lastimosa.

Estos no hicieron nada. Los otros hicieron una cosa

definitiva. Los derechos absolutos que proclama la Constitución

americana serán tanto más absolutos cuanto más arraigue en la

conciencia de los hombres la noción profundamente racional y

verdadera que les dió ese carácter constitucional é institucional.

Desde entonces no ha habido progreso en este punto,

porque no podía haberlo. Todo lo por hacer quedaba hecho.

x

LECCIÓN XXIII

Clasificación de los derechos absolutos.

Hecho, efectivamente, ha quedado en las quince enmiendas

de la Constitución americana, todo lo que habían dejado por

hacer en la tarea de consagrar la personalidad jurídica del hombre,

los siglos, las evoluciones, las revoluciones y los progresos de la

ciencia constitucional.

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

154

En esas enmiendas están consagradas en la forma prohibitiva

que hace de ellas un verdadero poder del Estado, el derecho de

creer y manifestar libremente la creencia; el derecho de pensar

y de expresar, oral ó gráficamente, el pensamiento; el derecho

de reunión pacífica, y el derecho de petición ó reclamación;

el derecho de tener y llevar armas para garantía del Estado; el

derecho de inviolabilidad del domicilio aun en caso de necesidades

militares; el derecho de seguridad de las personas, el domicilio

y la correspondencia, y el derecho de reclamar la autorización ó

mandamiento judicial en los casos de la ley común; los derechos

de juicio criminal por el jurado, de no ser sometido á doble pena,

de no oficiar contra sí mismo como testigo en causa criminal, de

no ser condenado, sin previo procedimiento de ley, á pérdida de

bienes, libertad ó vida, de no ceder para uso público su propiedad

á no mediar compensación debida; el derecho de juicio pronto y

público por un jurado imparcial, y en la propia jurisdicción, en

procesos criminales; el derecho de ser notificado de la naturaleza

y causa de la acusación; el derecho de careo con testigos; el de

procedimiento obligatorio para obtener testimonios en su favor,

y el derecho de defensa y defensor; el derecho de juicio por

jurado en las causas civiles en que el valor del litigio exceda de

veinte pesos, y el derecho de hacer respetar el fallo del jurado, á

no ser que la ley común prevea y faculte la revisión del fallo; el

derecho de reclamar contra fianzas ó multas excesivas, y contra

castigos crueles y extraordinarios; el derecho de hacer valer los

derechos retenidos por el pueblo, aun cuando los haya omitido

la Constitución; el derecho de considerar reservadas al pueblo las

facultades no delegadas al Estado por la Constitución; el derecho

de jurisdicción nacional é internacional. Desde la décima tercia

hasta la décima quinta, que es la última, todas las enmiendas

tienen por objeto el reconocimiento del derecho de igualdad á la

raza de color. La única enmienda de la Constitución americana

Lecciones de Derecho Constitucional

155

que no tiene por objeto directo la consagración de un derecho,

es la duodécima, que se refiere al modo de elección de Presidente

y Vicepresidente.

Pero, como ha podido verse en este análisis de las enmiendas,

la enumeración de los derechos, como exposición que han sido de

experiencias sucesivas, no ofrece la congruencia y correlación que

los ligan en la naturaleza humana, ni las analogías y diferencias

que en ellos descubre el pensamiento científico. Sin duda que

esta confusión, cuando resulta de manifestaciones históricas de

la vida del derecho, es preferible á la enumeración metódica que

sólo corresponde á la unidad de pensamiento del legislador: y en

ese sentido, valen más los enumerandos [sic] de la Constitución

americana, y los de la Constitución chilena, correspondientes

á necesidades experimentadas por la Sociedad y satisfechas por

ellas, que las declaraciones ampulosas de las tres constituciones

francesas de 1791, 93 y 95, ó las armónicas de la Constitución de

1868 en Francia, de 1869 en España, y de muchas constituciones

inútiles de la América latina.

No por eso, sin embargo, ha de adoptarse una enumeración

de derechos en que éstos aparezcan como una especie de

conglomerado histórico, rápido cual el de los Estados Unidos

y el de Chile, secular como el de Inglaterra, pues nada se opone

á que sea metódica y armónica la exposición de derechos tan

armónicos en sí mismos como son los de que la naturaleza se

ha valido para hacer á la vez súbdito y soberano, sociable y

autonómico, al elemento de todo grupo y de toda Sociedad, el

individuo.

De todos modos, aunque las constituciones que menos

ordenadamente nos presenten el catálogo de los derechos sean las

que con más eficacia política los hayan catalogado, los derechos

absolutos se clasifican naturalmente en dos grupos que la ciencia

debe separar y conocer aisladamente para darles así un carácter

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

156

más positivo, sacándoles de la vaguedad en que se mantienen,

y para atribuirles su valor específico y relativo en la obra de

limitación del poder social que les está encomendada.

Los dos grupos en que se clasifican naturalmente los

derechos absolutos, son:

P G:

Derechos del individuo como representante de la especie.

S() G:

Derechos del individuo como una relación necesaria entre todos

los grupos de la Sociedad.

Los derechos del primer grupo son esenciales á la naturaleza

del hombre como constituyente de una especie biológica. Los

derechos del segundo grupo son esenciales á la persona humana

como elemento fundamental de sociabilidad y como factor

necesario de organización jurídica.

Los derechos del individuo como representante de la especie,

se refieren á las condiciones esenciales de su especie: la vida, la

racionalidad, la responsabilidad, la perfectibilidad.

Los derechos del individuo como relación necesaria entre

todos los grupos de la Sociedad, se refieren á las condiciones

esenciales de su dignidad: la justicia, la igualdad, la seguridad,

la propiedad.

La analogía de ambos grupos, consta en la naturaleza del

ser á quien los derechos se refieren. La diferencia entre uno y

otro grupo depende de la diferencia de funciones que el hombre

desempeña como ser humano y como asociado.

Son absolutos los derechos de ambos grupos, porque todos

ellos son condiciones esenciales para la realización de los fines

del hombre como ser en sí y como ser en sociedad.

Lecciones de Derecho Constitucional

157

Con relación al primer grupo de derechos, el individuo

es una soberanía. Con relación al segundo, debe ser un poder

instituido por el Estado y dentro del Estado.

En ambos grupos se presenta como factor de orden: en

el primero, porque es corresponsable del orden general de la

naturaleza humana; en el segundo, porque es responsable del

orden del derecho. Si la naturaleza lo ha sometido á su orden

inalterable, fue porque lo dotó de las condiciones necesarias para

apreciar por sí mismo ese orden. Si el Estado lo somete á su

orden de derecho, ha de ser con la condición de que le reconozca

todas sus capacidades para concurrir libremente á ese orden, ó

incurrir en las penas del desorden.

Elemento de orden ante la naturaleza humana, para eso nace

armado de todas las facultades naturales, puesto que sobre el

individuo pesan directa ó indirectamente todas las consecuencias

de las infracciones del orden natural.

Para que responda del desorden jurídico que directa ó

indirectamente pesará sobre él, en su carácter de ciudadano,

debe el Estado reconocer el conjunto de capacidades con que le

es dado alterar ó secundar el orden que el Estado ha establecido.

Así, pues, facultades ordenadoras de la vida del individuo por

sí misma, ante la naturaleza; poder coordenador del ciudadano

con los demás poderes sociales, ante el Estado, los derechos de

ambos grupos se armonizan y á la vez se diferencian en el fin

general y particular á que concurren, y no se puede decir que

los derechos del un [sic] grupo sean más esenciales que los del

otro grupo; pero uno y otro constituyen dos grupos de derechos

complementarios los unos de los otros, y el primer grupo será el

de los derechos que concurran al fin más general.

El fin más general es el de la naturaleza humana, porque

mediante ella es que se manifiestan en el individuo los derechos

que son condiciones esenciales de la especie.

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

158

Como ya hemos dicho que los derechos absolutos son

condiciones esenciales para la realización de los fines del hombre

considerado ser humano; y como acabamos de decir que las

condiciones esenciales de la especie son la vida, la racionalidad,

la responsabilidad y la perfectibilidad, implícitamente hemos

dicho que los derechos del primer grupo abarcan todas y cada

una de esas condiciones.

Y puesto que formamos el segundo grupo de derechos

considerando al individuo como relación que es entre todos los

grupos de la Sociedad, y en virtud de esa relación necesaria se

nos presentan la justicia, la igualdad, la seguridad y la propiedad

como condiciones esenciales, todas y cada una de ellas son otros

tantos derechos absolutos.

Veamos ahora cómo se enlazan, en cada grupo, á cada una

de las condiciones esenciales de donde se derivan.

En el grupo de los derechos del individuo considerado

en su carácter específico, de la condición esencial de la vida

se deriva el derecho de inviolabilidad de la existencia; de la

condición de racionalidad, se derivan los derechos de conciencia;

de la condición de responsabilidad, los derechos de libertad; de

la condición de perfectibilidad, los derechos de educación y de

cultura.

En el grupo de los derechos que presentan al individuo

como una relación necesaria, de la condición de justicia

se derivan los derechos de ciudadanía civil, política é

internacional; de la condición de igualdad, los derechos de

libre acceso á las funciones generales de la administración

y de igual consideración ante los tribunales judiciales; de la

condición de seguridad, los derechos que abarca el habeas

corpus, y el derecho de concurrir armado á la formación de la

milicia de defensa; de la condición de propiedad, los derechos

generales del trabajo.

Lecciones de Derecho Constitucional

159

x

LECCIÓN XXIV

Análisis de los derechos absolutos. — Primer grupo. —

Condición de vida. — Derechos de inviolabilidad de la

existencia.

Hay un punto de vista positivo y un punto de vista negativo

desde donde se puede y se debe considerar esta delicada inclusión

de la inviolabilidad de la vida entre los derechos absolutos de la

persona humana.

El punto de vista positivo se desentiende de la realidad social

para sólo atender á la realidad de la naturaleza humana. El punto

de vista negativo se desentiende, al contrario, de la realidad de la

naturaleza humana, y atiende exclusivamente á la realidad social.

El primero es el punto de vista de la lógica, y se empeña con ella

en salvar al individuo; el segundo, el de la legislación penal, y se

afana en salvar la Sociedad. Ambos son puntos de vista; es decir,

modos parciales de contemplar una misma realidad.

La realidad es la misma: la naturaleza humana, que abarca

armónicamente el elemento y su compuesto, el principio y el

medio, el individuo y la Sociedad, bajo la ley ó la razón del fin.

Si el fin es el mismo, individuo y Sociedad habrán de realizarlo

según el conjunto de relaciones á que su propia naturaleza los

ha subordinado, con las facultades y capacidades á que los ha

limitado, y de modo que el fin parcial del uno sea complemento

del fin total de la otra: ó en otros términos, de modo que la

resultante final de la Sociedad sea la realización de los fines

individuales.

Esa, en todos los aspectos y en todos los problemas sociales,

es la realidad; y esa realidad es la á [sic] que hay que atender en

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

160

el problema concreto de incluir la inviolabilidad de la existencia

entre los derechos absolutos. Por lo tanto, cualquier punto de

vista que excluya un aspecto de la realidad, no la abarca. Por ese

motivo son incompletos el punto de vista positivo y el negativo

que vamos á examinar con objeto de ver si hay una relación que

comprenda á uno y otro, y de encontrar en ella la solución del

problema que se presenta al comenzar el análisis de los derechos

absolutos.

Empezaremos por el punto de vista negativo, porque desde

él observaremos una masa de hechos históricos que nos servirán

de fundamento de inducción.

La Sociedad, representada por el Estado, se ha atribuido el

poder necesario para refrenar los desmanes de los asociados. No

teniendo éstos el derecho de dañar á la asociación, ésta tiene el

de impedir el daño. Si el individuo dañó matando, la Sociedad

reprimirá matando al que mató.

Esa, desnuda de paráfrasis, es la teoría del derecho de penar:

en el fondo, es la ley del talión, transmitida de la barbarie á la

civilización por el mismo error fundamental.

El fundamento de la teoría es que la salud de todos es superior

á la salud de uno ó muchos, y que, pues las instituciones del

Estado tienen por objeto promover el bien general, cuando á ese

bien se opone el mal causado por deliberada voluntad individual,

hay que extirpar el mal: el único modo de impedir que vuelva á

matar quien ya mató, es privarlo de la vida que consagró á dar

muerte. Esa privación amonesta, y probablemente, contiene á los

que quieran seguir el mal ejemplo. Así purgado de sus miembros

malos, el cuerpo social recupera su salud.

A mayor abundamiento, la lógica y la justicia de la teoría

están sancionadas por la práctica de todos los tiempos y lugares.

En todo tiempo y lugar se ha ejercido el derecho de disponer

de la vida de los hombres, cuando éstos han alterado con sus

Lecciones de Derecho Constitucional

161

crímenes el orden social. Independientemente del ejercicio de

ese derecho en los casos de la actividad política y religiosa, el

Estado se lo ha reservado siempre, aun en los grados más altos de

civilización; y, exceptuando algunos países pequeños de Europa y

de la federación americana, ni ésta ni nación alguna, aunque haya

adoptado el sistema penitenciario de reforma y redención del

criminal, ha abolido la pena de muerte ni ha dejado de aplicarla

como una consecuencia del derecho de penar que teórica y

prácticamente se reconoce al Estado, como la institución general

de derecho, responsable de él. Por consiguiente, el Estado no

puede reconocer el supuesto derecho de la inviolabilidad de la

vida.

La teoría y las pruebas de su exactitud son negativas. No

basta negar el derecho, fundándose en que el Estado jurídico no

puede reconocer un derecho que el Estado histórico, práctico y

tradicional, no ha reconocido en tiempo ni lugar alguno. Para

que la teoría no fuera negativa, habría que probar la necesidad

natural de matar al que mata, y la imposibilidad natural de

reconocer en quien priva de la vida á otro, el derecho de vivir

que éste negó al occiso.

Siendo imposible la prueba, el derecho penal contemporáneo

apoyándose en la lógica, sale al encuentro del antiguo derecho de

penar, y á su vez, niega al Estado el derecho que se ha arrogado de

castigar con la pena de muerte los crímenes en que el individuo

ha llegado premeditadamente al homicidio ó á la comisión de

aquellos crímenes horrendos que la penalidad tradicional ha

castigado siempre con la privación de la vida.

He aquí el razonamiento lógico: La vida es por sí misma

una ley de la naturaleza, anterior y superior á toda organización

jurídica y á toda ley escrita, por lo cual no puede someterse a

preceptos sociales que, resultantes de condiciones circunstanciales,

son siempre consecuencias de convenciones humanas más ó

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

162

menos fundadas en las leyes de la naturaleza, pero reducidas del

carácter absoluto que en ella tienen al carácter relativo que les da

la Sociedad. Siendo una ley natural, y no pudiendo subordinarse,

sin violencia y trastorno á ninguna ley escrita, el Estado no puede

dictar ningún precepto que la cohíba en su esencia hasta el punto

de aniquilarla. Todo lo que las instituciones jurídicas pueden

hacer, es cohibir la capacidad nociva, la actividad siniestra que, en

ciertos individuos humanos, tiene ó toma la vida. Y eso, en virtud

del derecho que á todos los asociados da la misma ley natural de

la existencia. Este derecho de todos á resguardarse del daño que

algunos pueden hacer violentando la ley natural de existencia,

constituye el derecho de reprimir ó de penar. Pero ese derecho

es ilusorio, si teniendo por objeto el conservar toda su fuerza á

la ley de la vida, priva de ella ó de la capacidad de reformarla

y de concurrir al bien de la vida general. De aquí que el fin de

la pena sea la rehabilitación de una vida mal encaminada, para

consagrarla, después de la reforma, al aumento de fuerza y salud de

la vida general. Siendo tal el fin, no puede ser más improcedente

el medio de penar que han escogido los partidarios de la pena de

muerte, puesto que ésta invalida absolutamente para la reforma en

sí mismo, para la rehabilitación ante los otros y para la reparación

de los males causados en la vida general de la Sociedad. Por tanto,

si el Estado no tiene el derecho de privar de la vida á nadie, no

puede tampoco legislar contra la vida de nadie; por tanto si la vida

es inviolable, hay que reconocer su inviolabilidad.

Este punto de vista positivo, mucho más próximo á la

realidad que el negativo, no la comprende por entero, y no puede

dar al principio de inviolabilidad de la existencia, toda la fuerza

orgánica que debe tener el derecho en general, y el inherente á la

persona humana en particular.

Veamos si con los datos históricos y lógicos que suministran

la doctrina de la violabilidad y la de la inviolabilidad, se construye

Lecciones de Derecho Constitucional

163

una doctrina que sea efectivamente constitucional. Es exacto,

como dice la primera doctrina, que la salud de la Sociedad

peligraría si el Estado no la defendiera á toda costa contra los

homicidas y culpables de crímenes horrendos; pero no es menos

exacto, como dice la doctrina de la inviolabilidad, que ninguna

ley social puede prevalecer contra una ley de la naturaleza. Dada

la exactitud de aquel hecho y de este principio, la contradicción

que los hace inconciliables debe ser aparente, y en el fondo de la

contradicción debe haber una conciliación natural.

Todo poder tiene por límite un derecho; todo derecho tiene

por límite un deber. La organización del Estado que no establezca y

no coordine esas limitaciones, no es una organización jurídica en

la cual puedan poderes sociales y derechos individuales coexistir,

como deben, completándose mutuamente. Pero cuando esas

limitaciones se coordinan, las facultades naturales con que el

hombre individual concurre al fin social y las capacidades con

que el Estado relaciona todos los fines parciales dentro del total

de la Sociedad, que representa la vida del individuo y la colectiva,

se completan la una por la otra, y lejos de requerir coacción lo

que es principio natural en ambas, requiere acatamiento, porque

sólo acatando las leyes naturales y aproximándose cada vez más

á ellas, es como se llegará á una organización positiva y eficaz.

En el punto concreto de que tratamos, hay que coordinar el

poder que el Estado tiene de penar las extralimitaciones, con el

deber de acatar el uso legítimo de un derecho que la naturaleza

ha puesto, al derivarlo de una ley universal, por encima de

toda ley escrita, de toda función de poder, de toda acción del

Estado. Esa coordinación es inasequible mientras permanezcan

confundidas la esfera de derecho en que funciona el individuo y

la esfera de poderes en que el Estado ejerce sus funciones. Para

que ambos espacios de actividad no se obstruyan mutuamente,

la razón, interpretando la naturaleza, ha reconocido que el

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

164

abuso del derecho no es derecho y que el abuso del poder no

es una función de poder ni es poder, y, en consecuencia, ha

declarado subordinados el derecho á su ejercicio natural, y

el poder á su uso legítimo: de donde ha deducido un tercer

elemento de organización, afijo inseparable de los otros dos,

que es el deber, el cual da á la esfera de derecho su límite de

actividad, y á la esfera de poder el suyo. Toda extralimitación

es, por consiguiente, un atentado de derecho que el Estado

debe reprimir, ó un atentado de poder que la suma social de

personas jurídicas debe cohibir.

El deber de represión por parte del Estado ha de llegar

hasta donde sea necesario que llegue para reconstruir el derecho,

volviéndolo á su límite natural de acción; pero no más.

¿Se puede compeler á un criminal á que rehaga por expiación

de su crimen la vida que malvirtió en el abuso de sus derechos

naturales? Pues eso, y no más, puede el Estado; y para que lo

pueda, es necesario que complete sus instituciones orgánicas

con una serie de instituciones complementarias, que serán todas

las instituciones penales que tienen por objeto la reforma de los

criminales.

Mientras el Estado no tenga esas instituciones

complementarias, no está organizado jurídicamente, y

entonces podrá ser un Estado de fuerza, pero no es un Estado

de derecho. En ese caso, el derecho no es para él un límite,

y lo traspondrá cuando le plazca, disponiendo de la vida del

hombre como de una propiedad baldía, y contribuyendo

con cada abuso de la vida en que incurra, al aumento de

criminalidad y de desorden.

Pero cuando el Estado de derecho está organizado,

las instituciones penales funcionan como uno de tantos

complementos necesarios para hacer efectivas las relaciones

del derecho y del poder, contribuyendo al límite recíproco

Lecciones de Derecho Constitucional

165

de entrambos, haciendo innecesarias por parte del último las

violaciones de la ley natural, y concurriendo á que ésta se cumpla

aún por los mismos que la hubieran violado.

Si las estadísticas criminales demostraran que los crímenes

aumentan en razón directa del respeto que las leyes, orgánicas

ó constitucionales, manifiestan á la vida del hombre y que la

abolición de la pena de muerte ha contribuido, en Bélgica,

por ejemplo, al aumento de inmoralidad y criminalidad,

podría entonces desecharse como un ensueño la inclusión de la

inviolabilidad de la vida entre los derechos constitucionales del

individuo. Más cuando acontece, al contrario, que los Estados

que más abusan de la pena de muerte son los que más favorecen,

aunque inconscientemente, el malsano desarrollo de los crímenes

capitales, lógica y derecho penal concurren á presentar como

necesaria la consagración de la inviolabilidad de la vida como

uno, y el primero, de los derechos absolutos.

Cuanto más absoluto es el derecho, menos derecho es el

abuso de él, y más arma en su contra al poder de castigarlo.

Matar no es castigar. Las obscuras conciencias en cuyo seno

germina el error, la pasión ó el interés hasta el siniestro extravío

en que encuentran el crimen como una fatalidad provocativa,

son antros de obscuridad que piden luz. Darles la luz que piden

es imponerles el castigo que merecen. Á la luz de la solitaria

reflexión irá apareciendo poco á poco la noción de sí mismas que

no tuvieron ó perdieron, y el horror que á sí mismas se causen,

será, no ya un castigo equivalente al mal que produjeron, sino

pena tan íntima y tan continua, que no tendrá consuelo sino en

la enérgica disposición á reparar con el bien que anhelen, el mal

cuyo recuerdo las tortura.

Aquella institución penitenciaria que de por resultado esa

reconstrucción de la conciencia, ó que la intente, es, por lo que

hace al Estado, el complemento del deber de represión que tiene;

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

166

y por lo que hace al individuo, la sumisión al deber de no abusar

de su derecho.

Así, y sólo así, es como la organización de derecho cumple

su destino y puede armonizar derechos y poderes, limitando los

unos por los otros y haciendo del deber de no abusar de unos y

otros, el límite común de todos ellos.

Así, también, es como, coordinada la realidad necesaria de

la ley social, se concilia el derecho absoluto de la inviolabilidad

de la existencia con el poder de penar las extralimitaciones del

derecho.

De ese modo entendido, el derecho de inviolabilidad, lejos

de ser un derecho de impunidad, es un reconocimiento del

derecho y del poder que el Estado tiene de reprimir los abusos

del derecho absoluto de la vida.

x

LECCIÓN XXV

Continuación del análisis. — Primer grupo. — Condición de

racionalidad. — Derechos de conciencia. — Evoluciones del

Estado. — Separación de la Iglesia y el Estado.

Tal como la entendemos generalmente, la conciencia es una

vaguedad. Indefinida, como toda vaguedad, dice mucho y nada

dice.

Definámosla en dos palabras para, con escrupulosa precisión,

referir á ella los derechos de que vamos á tratar.

La conciencia es la fuente del derecho natural. Este mana

directamente de ella, porque en la organización inmaterial ó

espiritual del ser humano, entidad de razón y de responsabilidad,

el íntimo conocimiento de las verdades y los errores que fabrica

Lecciones de Derecho Constitucional

167

la razón, las inclinaciones buenas ó malas que manifiesta la

voluntad, los sentimientos armónicos ó inarmónicos que envían

ó desvían la afectividad, es lo que constituye la resultante general

de la actividad funcional de ese organismo. Constituyendo esa

resultante general de la actividad del organismo inmaterial lo

que llamamos conciencia, ó conocimiento íntimo, y teniendo

por ella la íntima noción, ó en una sola frase exacta, la intuición

de los fines reales de la existencia racional, conocemos por

intuición la necesidad, sentimos la necesidad, queremos

satisfacer la necesidad de realizar en nosotros los fines que se

nos imponen como necesarios. Al par de esos fines, conocemos

la necesidad de que se nos haya provisto de los medios que

conducen á ellos y la imposibilidad de que se nos impusieran

fines á que no correspondieran medios adecuados. El empleo

de esos medios ó la facultad de emplearlos con ese objeto,

eso, ni más ni menos, es lo que determina nuestros derechos

de conciencia, porque de ella, del íntimo conocimiento de

nuestro ser interno, dimana el de los fines, de los medios y de

las facultades naturales.

Así establecida la genealogía de los derechos de conciencia,

veamos cuáles son los que de un modo especial muy exclusivo

distinguen con esa denominación el lenguaje del vulgo y el de

la ciencia.

Aunque, según acabamos de ver, todos los fundados en

la naturaleza son derechos de conciencia, exclusivamente

se denominan así los que se refieren á aquel conjunto de

operaciones de la racionalidad por cuyo medio funciona el juicio

y se exterioriza ó manifiesta.

El juicio que formamos de los dogmas y los cultos religiosos,

de la organización y los procedimientos concretos del Estado,

de la administración y sus irregularidades, son actos internos de

conciencia que en nada afectarían al desarrollo ó entorpecimiento

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

168

del orden jurídico, si no se manifestaran por actos externos. Mas

como, al manifestarse, empieza la tentativa de coacción, para

que pueda exteriorizarse sin coacción el juicio, es para lo que hay

necesidad de considerar y consagrar como derechos absolutos los

que llamamos de conciencia.

Son el derecho de creer y profesar una creencia religiosa,

científica ó política; el de expresar por medio de la palabra

hablada nuestro juicio acerca de instituciones, cosas y hombres;

el de expresar con la imprenta, ó la palabra escrita, nuestros

juicios, opiniones, condenaciones y censuras.

Como el más íntimo entre todos los fines individuales que

conocemos es el que se refiere al presunto objeto ulterior de

nuestra vida en el planeta, se ha considerado como un derecho

especial de la conciencia el de formar y manifestar opiniones

religiosas y el de formar y manifestar juicios respecto á los

dogmas, los ritos y los cultos.

Tres evoluciones del Estado han correspondido en la historia

á las tres fases que tiene ese primer derecho de la conciencia: la

tolerancia religiosa, la libertad de cultos, la separación de la Iglesia

y del Estado.

Para apreciar el efecto jurídico de cada una de esas

evoluciones, y parar [sic] fijar de un modo científico la verdadera

y única consagración constitucional del derecho á que esas

evoluciones del poder social han correspondido, examinemos

cada una de las fases del primer derecho de conciencia y cada

una de las evoluciones realizadas por el Estado con el objeto de

incluirlo en su organización.

T,)-, R(.,. — Cuando Lutero planteó el

problema del libre examen, utilizó á la vez su decisivo ascendiente

sobre la conciencia mortificada de los pueblos germánicos y el

interés político de los pequeños Estados de Alemania, de modo

Lecciones de Derecho Constitucional

169

que, aplicando el movimiento que determinaba en el pueblo

á la conducta de sus jefes, obtuviera de éstos la declaración de

conformidad con sus propósitos, y el libre examen se impusiera

á las altas potestades de Alemania, ó por lo menos, pudiera

hacerles frente é imponerles las condiciones que requería para

deducir libremente las consecuencias de la doctrina.

No consiguió todo lo que se proponía; pero obtuvo con la

Confesión de Augsburgo (1526) una declaración suficiente para

dar á la Reforma la base política de operaciones que, después de

la tremenda guerra de los Treinta años, se convirtió en sólido

asiento del derecho de libre creencia.

Esa Confesión de Augsburgo es una declaración de tolerancia

religiosa, la primera en que el Estado ha consentido, y por medio

de la cual ha tratado de hacer compatible con su poder, el derecho

que hasta entonces había pisoteado imperturbablemente.

Enrique IV hizo en su Edicto de Nantes (1598) una nueva

declaración de tolerancia religiosa que, á no haber sobrevenido

más tarde la torpe revocación del edicto, hubiera conservado á

Francia las fuerzas vivas de que se privó al obligar á los hugonotes

á optar entre su patria y sus creencias.

Los Electorados y los pequeños Estados de Alemania,

Suiza, Holanda, Dinamarca, Inglaterra, al adoptar alguna de

las doctrinas en que se había subdividido el Protestantismo,

adoptaron también el principio del libre examen, y como medio

de aplicación, la tolerancia religiosa.

La tolerancia fue, pues, un modus vivendi, sabiamente

adoptado, á no dudarlo, pero no una solución del problema

religioso considerado como parte del problema político. La

necesidad lo impuso como medio de vivir en paz los religionarios

de las distintas confesiones y como medio de igualar ante el

derecho civil y el político los ciudadanos todos, cualesquiera

fueran el dogma y el culto que siguieran.

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

170

Esta evolución del Estado, aunque prudente, no podía ser

satisfactoria por motivos que pronto enumeraremos; y el espíritu

de las sectas aspiró á mucho más de lo que les concedía el poder

político.

L0, D C0.. — La tolerancia religiosa era una

mera concesión, y la conciencia clamaba por su libertad. ¿Qué

importaba á los religionarios, poseídos del espíritu de verdad que

atribuían á su doctrina particular, la concesión que el Estado

les hacía de no molestarlos por sus creencias religiosas, si lo

que ellos querían, lo que en verdad necesitaban, era el derecho

de controvertir públicamente, de profesar públicamente su fe,

de manifestarla á los ojos de los pueblos para así aumentar sus

prosélitos, humillar dogmas, cultos y ritos contrarios, y cumplir

su tarea de salvar, con sus medios peculiares de salvación, la

humanidad perdida por el error, por el mal y por el espíritu de

perversión? Que imbuyera el Estado, favoreciendo un culto con

exclusión de otros, ese espíritu de error, de mal y perversión

que los otros veían en él, eso era lo que ellos, los excluidos de

las prerrogativas que á uno solo había concedido el Estado, no

querían.

Y con razón no lo querían. Si el libre examen era un derecho

reconocido por la concesión de tolerancia, el derecho no estaba

en el privilegio de supremacía otorgado á la religión de Estado;

estaba en la abolición del privilegio y en dejar libre campo á

la actividad de las creencias todas, para que la más verdadera

pudiera imponerse por sí misma á la conciencia pública. El

libre examen era tanto como libre liza entre religiones hostiles ó

contradictorias, y el derecho que de él dimanaba requería, como

primera condición, la neutralidad absoluta del Estado en las

contiendas de las religiones entre sí. Una Iglesia privilegiada, por

el contrario, tanto era como la alianza del Estado con una religión

Lecciones de Derecho Constitucional

171

determinada; aquí con Jesús sacramentado, allí con Lutero, acá

con Calvino, acullá con Fox, mas allá con el anglicanismo, una

mera nacionalización del catolicismo anglificado.

Para que el Estado no saliera de la neutralidad que requería el

principio de libre exámen, se necesitaba que no hubiera religión

del Estado, que la Iglesia se constituyera, creciera y prosperara

fuera del amparo del poder político, y merced á su propia

virtualidad, á su espontáneo crecimiento, á la libre acción de los

bienes que derramara sobre la conciencia de las muchedumbres.

Por eso, desde la misma Confesión de Augsburgo, clamaron los

religionarios por la libertad de cultos como expresión efectiva del

derecho que habían conquistado al hacer reconocer el principio

de libre exámen.

Gracias á la situación particular de los católicos en Maryland,

al espíritu elevado de Penn, al fundar la colonia americana de su

nombre, y al tacto político de lord Carteret, al legislar para la

colonia de New Jersey, América dió á Europa el ejemplo de la

libertad de cultos, y demostró prácticamente que esa libertad

resolvía mucho más satisfactoriamente que la dolosa tolerancia,

el problema religioso; ó más exactamente, el problema de la

coexistencia de la Iglesia y del Estado.

Pero esa no era tampoco la solución correcta del problema.

S,,-1)  , I(., 2  E.0,. — Para ser

correcta, la solución había de ser definitiva. Declarar libres

los cultos, era hacerles otra concesión, y nada más. Por medio

de ella, el Estado hacía otra evolución concordando de una

manera más íntima sus poderes con el derecho primordial de

la conciencia, haciéndose un poco más neutral de lo que era,

atribuyendo y reconociendo mayor fuerza jurídica de la que

hasta entonces había atribuido y reconocido á la conciencia

individual. Pero todavía era parcial, todavía era otorgador de

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

172

concesiones, todavía era el Estado interviniendo en asuntos que

no le competían, haciendo sentir su poder en lo inaccesible por

su naturaleza á ese poder.

Era necesario que dejara en completa libertad á la

conciencia, desistiendo de toda intervención y reconociendo

como una actividad, inaccesible á su poder y á sus funciones, la

que durante tantos siglos y con tan soberana fuerza de resistencia

había resistido á la persecución, á las tentativas de conciliación

y á la merma de su derecho. Era necesario proclamar libre á la

conciencia, y ella no se creía ni se cree libre sino en la separación

absoluta de los intereses temporales y espirituales. Así como

la actividad del derecho produce el Estado, gobierno de lo

temporal, así la actividad de la conciencia produce la Iglesia,

gobierno de lo espiritual. Son dos actividades distintas que no

tienen entre sí más relación que la del común deber de respetarse.

Ese razonamiento que sirvió de fundamento al organizador de la

colonia inglesa de Rhode Island para zanjar definitivamente las

peligrosas diferencias que obstaban á la paz de las religiones entre

sí y á la tranquila coexistencia de todas ellas dentro del Estado, fue

sin duda el razonamiento en que coincidieron los representantes

del poder legislativo de la Unión americana, al prohibir en la

primera enmienda de la Constitución federal, que se dictara ley

alguna para el establecimiento de una religión ó para oponerse al

libre ejercicio de cualesquiera creencias religiosas.

Esa única solución efectiva del problema religioso en lo que

se refiere á la actividad de la conciencia en el Estado, solución

verdadera por ser la única que calma la conciencia, ha sido

también la evolución definitiva del Estado. Más allá no puede

irse, porque no hay más allá á donde ir. Consagrado el Estado á

sus fines de derecho y dejando á la conciencia en capacidad de

seguir libremente sus impulsos hacia lo desconocido ó lo infinito,

queda ella subordinada á la responsabilidad de los medios que

Lecciones de Derecho Constitucional

173

emplee para realizar su fin, y el poder político queda desligado

de una responsabilidad que no es suya.

No por eso ha sido esa evolución del Estado en Norte América

la seguida por el Estado en los demás países de Occidente. Aun

se está lejos, en casi todos ellos, de haber comprendido que la

mejor de todas las soluciones es la más científica, la que mira con

la misma imparcial observación la realidad del derecho absoluto

en la conciencia y la realidad de las funciones del poder en el

Estado. Pero la solución se impondrá al fin y al cabo. Mientras

tanto, es la única que puede aceptar la ciencia constitucional. He

aquí por qué.

F),)0 -)034-  , .,,-1)  , I(.,

2  E.0,. —La ciencia es indiferente á las concepciones

parciales de la realidad. Lo que ella busca es la realidad íntegra

y completa, según se manifiesta en la naturaleza, porque sólo

así puede acercarse á la verdad ó descubrirla en el fondo de las

realidades naturales que examina.

Impórtarle poco, en la indagación concreta que tiene por

objeto concordar los derechos absolutos de la persona humana

con los poderes necesarios del Estado, que éste, percibiendo hoy

mejor que ayer la parte de realidad que le atañe directamente,

intente, con evoluciones sucesivas y con previsoras limitaciones

de su poder, fundar un orden práctico más firme y duradero que

el orden de fuerza ó autoridad mal aplicada y mal desarrollada.

También le importa poco que la Sociedad cada vez más conscia

de su destino y de los fines que en ella, con ella y para ella realizan

los asociados, clame con clamor creciente por el reconocimiento

y consagración de los derechos que la naturaleza impuso como

condición necesaria de esos fines. Ambos, Estado y Sociedad,

no hacen otra cosa que presentar parcialmente, según el interés

inmediato que los guía, el uno, la realidad del orden por el poder

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

174

limitado en su propio objeto, la otra, la realidad del derecho

como base substancial del orden.

Lo que á la ciencia importa es la realidad positiva que abarca

una y otra concepción parcial, y dentro de la cual están el orden

verdadero y los medios naturales de establecerlo.

Atenta á la verdad, no considera las evoluciones del poder

como testimonios científicos, sino como compulsiones del

desarrollo histórico; ni las evoluciones del derecho como pura

expresión de la verdad que pide espacio, sino como simples

reacciones de la naturaleza contra fuerzas coactivas. Lo á que

atiende constantemente es á la causa de esos movimientos

históricos, de esas acciones y reacciones por ó contra los poderes

públicos, por ó contra los derechos individuales. La causa es

que, siendo Estado é individuo dos términos integrantes de

organización social, y debiendo coexistir para hacer efectiva la

organización, esa coexistencia no debe ser violenta ni forzada,

reclamando el uno lo que el otro niega y de continuo querellando

por el uso de facultades usurpadas ó por el abuso de facultades

mal ejercidas; sino coexistencia voluntaria, buscada y aceptada

para cumplir destinos comunes que no de otro modo pueden

cumplirse. Á medida que individuo y Estado perciben mejor

la razón de su coexistencia, el agente de derecho, el individuo,

reclama con más conciencia lo que necesita para someterse al

orden en que ha de ser factor, y el agente de poder, el Estado,

cede con más reflección [sic] á los clamores del derecho. Así

va constituyéndose un orden cada vez más sólido por ser cada

vez más natural. Pero no es todavía el orden natural, ni lo será

mientras no se conozca como una verdad y no se proclame como

una verdad de observación y de experiencia que los derechos

absolutos de la persona humana son condiciones esenciales de

organización jurídica y social. Entonces se habrá despejado una

incógnita; y del mismo modo que el matemático, al eliminar

Lecciones de Derecho Constitucional

175

factores ya conocidos, está seguro de haber adelantado en la

solución de sus problemas, así el constitucionalista estará seguro

de haber adelantado en la solución del problema de organización

jurídica, cuando no tenga ya que despejar, y dé por despejada, la

incógnita de los derechos absolutos. Entonces los que consagran

la libertad de la conciencia religiosa parecerán tan claros que no

se comprenderá cómo ha podido la especie humana trabajar tan

en vago como ha estado trabajando, mientras no supo, no quiso

ó no pudo reconocer como principio de organización el derecho

de la conciencia á desarrollarse libremente. Entonces, vista la

realidad tal como es, no se comprenderá cómo, para llegar á una

verdad tan obvia, ha habido que pasar por la tolerancia religiosa

y por las religiones de Estado.

La tolerancia religiosa no puede tener ningún valor

orgánico. Es un simple temperamento que se aprovecha para

calmar la justa impaciencia de un derecho desconocido y para

dar tregua á un abuso tradicional de los poderes confiados

al Estado. Conceder éste la tolerancia, es declararse con la

capacidad de no concederla ó de negarla cuando bien le plazca;

y no es organización la en que pueden quedar los derechos de

todos á merced de los funcionarios del poder. La tolerancia

es un arbitrio, no un principio, y los arbitrios no organizan,

desordenan; porque, prolongando un mal que puede extirparse

prontamente, establece como norma y compromiso un paliativo.

Si desde el punto de vista de una necesidad histórica ó política

puede reconocerse en ese arbitrio una intención benévola y una

prudente conducta por parte del Estado, de ningún modo puede

aceptarse como solución de conflicto entre derechos y poderes,

un simple aplazamiento que, como la tolerancia religiosa, tanto

más en suspenso deja la solución del conflicto cuanto que hace

optativos para el Estado el momento, el modo y los recursos

convenientes para terminarlo.

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

176

Por su parte, la libertad de cultos carece también de

la fuerza orgánica que tienen los derechos consagrados

incondicionalmente, como fuerzas naturales. La libertad de cultos

se presenta como compatible con la llamada religión de Estado,

pues que intenta conciliar el principio verdadero del derecho de

la conciencia á cultivar su propia fe, con el falso principio de que

el representante del poder social es una entidad de conciencia. La

incompatibilidad es manifiesta: los derechos de conciencia son

tales, y como tales, absolutos, porque emanan de la naturaleza

humana y corresponden á fines de esa naturaleza. El Estado es

una institución, obra del hombre para completar y realizar del

mejor modo posible la obra de la naturaleza. El Estado no tiene

conciencia, y por consiguiente, no puede tener religión. Si en

virtud de su carácter representativo, se le atribuye la capacidad

de representar á la Sociedad en las manifestaciones religiosas del

mayor número, á ese mayor número se concede un privilegio que,

como tal, es opuesto y enemigo del derecho, con el cual entablará

una lucha, creando así un principio de desorganización. Por otra

parte, como la religión que el Estado ha preferido de desarrolla

[sic] y vive á expensas de él, no de sus fieles, y en los subsidios que

recibe entran las porciones que en los impuestos generales ponen

los sectarios de otras religiones, se comete con éstas la injusticia

de hacerlas contribuir á la vida de su opuesta, minando así uno

de los principios de economía social, el de la tributación para

fines generales. Pero entre todas las inconsecuencias de la llamada

libertad de cultos, la más contraria al derecho es la que resulta

de la mutua supeditación del Estado á la Iglesia y de la Iglesia

al Estado. Cuanto más libres son, bajo ese régimen, las distintas

religiones, tanto más absurdo es el privilegio de que goza la Iglesia

oficial, puesto que la pacífica coexistencia de ella con todas las

demás y de todas bajo el mismo sistema jurídico, demuestra

experimentalmente la inutilidad de una excepción.

Lecciones de Derecho Constitucional

177

Todos los motivos contrarios al régimen de tolerancia y de

libertad de cultos, sólo aceptables como evoluciones históricas

del Estado para establecer la verdadera libertad de conciencia,

son fundamentos favorables á la separación de la Iglesia y del

Estado. Pero las dos razones que deciden de un modo terminante

en favor de la separación, bastan por sí solas para hacer de ella el

régimen de relaciones definitivo entre la Iglesia y el Estado.

La primera es una razón científica; la otra es histórica.

La razón científica está en el carácter orgánico del derecho.

El derecho, elemento efectivo de organización, contribuye

tanto mejor á ella cuanto más expreso. Toda forma evasiva para

reconocerlo es un verdadero desconocimiento de su carácter, y

tiende á hacer de un elemento de orden que virtualmente es, un

elemento de lucha. Mientras se le desconoce, lucha; hasta que se

le consagre, luchará.

Eso sucede con todos los derechos naturales: eso es lo que

ha sucedido con el derecho primario de la conciencia.

Así lo prueba la historia. La de la sociedad Norte-americana,

en su período colonial y en el período de su vida propia, patentiza

el hecho y lo eleva á la categoría de razón experimental para la

ciencia.

Mientras prevalecieron en las colonias inglesas las ideas

incompletas de organización en que basaron sus instituciones,

y cada núcleo colonial se arrogó el poder de dictar leyes á la

conciencia, la lucha de religiones y religionarios entre sí fue tan

acerba, que sólo se diferenciaba de las de Europa en la buena

fe y en la brutal ingenuidad de los perseguidores. En América,

los perseguidores eran hombres de profunda convicción, que á

ella habían sacrificado patria, hogar, bienestar y nativa sociedad,

en tanto que los perseguidores religiosos de Europa eran frías

testas coronadas que, al perseguir el libre examen, proseguían

un designio. Por lo demás, las mismas represiones, las mismas

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

178

torturas, las mismas iniquidades; y como resultado, la misma

guerra doméstica, las mismas expulsiones violentas, las mismas

forzadas emigraciones. Aquella colonia de Massachusets,

que ha traído al derecho moderno algunas de las más sólidas

bases de construcción social, violaba con tan sincera fe, y

por consiguiente, con tan fría crueldad, el derecho que había

reclamado en Europa y al cual se había sacrificado al expatriarse

á América, que la más leve disidencia del credo puritano era un

delito capital. Maryland, que en sus comienzos, y con objeto de

hacer respetado el catolicismo que profesaba, se distinguió por

la libertad de cultos que practicaba, lo abolió en el momento

en que se sintió fuerte. El anglicanismo era, en la colonia de

Nueva York y en cuantas predominaba, tan absorbente como al

imponerse en Inglaterra con Enrique VIII y al reivindicar con

Isabel su privilegio de religión de Estado.

Fué necesario que Roger Williams, más pensador y

mejor organizador, realizara en Rhode Island una sociedad

á imagen de su imparcial razón y de su espíritu justiciero,

para que se pusiera á prueba la fuerza orgánica del derecho de

conciencia, declarando separados de los intereses temporales

los espirituales de la sociedad. El resultado fue una sociedad

colonial tan superior á las demás, que en poco tiempo

atrajo hacia sí á todos los disidentes de las demás colonias y

construyó con ellos, en pequeño, el primer Estado de derecho

que ha tenido el mundo.

Ese fue el modelo que siguió la Unión federal al constituirse

y, más especialmente, al adoptar la primera enmienda de su

constitución, y el resultado es tanto más persuasivo y concluyente,

cuanto que se manifiesta en la más poderosa de las sociedades

que existen.

La prueba histórica que nos suministra la Unión americana

corrobora la razón científica. Si la separación de la Iglesia y el

Lecciones de Derecho Constitucional

179

Estado ha dado los sanos frutos que está dando en la Federación

del Norte, los da por la fuerza del derecho. Consagrado el de

todos los individuos hasta el punto de quedar vedado á los

poderes públicos el regularlos por medio de la ley, las Iglesias que

libremente se han formado, libremente se desarrollan y prosperan

sin más celos ni recelos que los sordamente producidos por la

mayor eficacia de una u otra, en estos ó esotros [sic] religionarios.

El régimen de la separación conviene á todas, porque todas

pueden, bajo él, realizar ó intentar sin veto alguno los fines de

su asociación particular. Por su parte, el Estado se desarrolla y

prospera más rápidamente, porque se consagra de un modo más

especial al cumplimiento de su propio destino.

Más libre la Iglesia, más libre el Estado bajo el régimen de

la separación, porque el uno y la otra gozan de sus facultades

y capacidades necesarias para desarrollarse, se desentienden

uno de otra, no tienen por qué ni para qué luchar, y concurren

espontáneamente al orden que, bajo cualquier otro régimen, está

siempre en peligro.

x

LECCIÓN XXVI

Continuación de la anterior. — Derechos de conciencia. —

Palabra hablada. — Palabra escrita.

La palabra, instrumento de la razón, ipso facto es instrumento

de la consciencia. Oponerse al ejercicio del instrumento es

oponerse á la actividad del agente que lo emplea. Palabra cohibida

y conciencia esclava son locuciones equivalentes. Para que sean

libres la conciencia y todas las facultades que ella subordina, es

necesario que tengan en la ley sustantiva del Estado la facultad

de expresarse que les dió la naturaleza previsora.

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

180

Esta relacionó de tal modo la palabra á la conciencia, que no

dió la capacidad de hablar sino á los seres de razón y de conciencia,

y sólo en proporción del desarrollo de la facultad distintiva y de

la potestad característica de la especie humana. Se habla á medida

que se razona y en proporción del poder que la conciencia va

adquiriendo de conocer, apreciar y dirigir la fuerza de la razón.

Ni ésta ni la conciencia, aun siendo posibles sin su

instrumento necesario, la palabra, subsistirían como elemento

de sociabilidad cuando ella les faltara, porque les faltaría el

medio de comunicación. La palabra, por lo tanto, además de un

instrumento de la razón y la conciencia, es un medio necesario

de sociabilidad. Cuando, pues, se trata de dar á la ley natural

de asociación un complemento convencional basado en los

elementos y medios de organización que suministra la naturaleza

humana, es ir contra propósito el prescindir ó proponerse

prescindir de elementos y medios naturales.

Esa es la insensatez en que han incurrido ó incurren todavía

los constituyentes y las constituciones, los legisladores y las leyes

que tratan de mutilar la razón y la conciencia, coartando la

libertad de exteriorizarlas y expresarlas.

Mientras insistan en su despropósito, la guerra jurídica

subsistirá. Cuanto más se esfuerce el Estado en cohibir el derecho

de expresar lo pensado, lo creído, lo sentido tanto más insistirán

las facultades naturales en manifestarse por medio de palabras y

de actos. No hay más que un término á la lucha, y ese término

es el que consagra de un modo incondicional las facultades

naturales del ser humano.

Así lo demuestra prácticamente la historia, y eso basta en

parte. Pero es necesario que la ciencia convenza con el exámen de

los datos experimentales que tiene á mano y que presente como

expresión de una verdad demostrable y demostrada la realidad

que la historia patentiza.

Lecciones de Derecho Constitucional

181

Basta, con efecto, ver que las más ordenadas son las

sociedades en donde la ley y la costumbre han sancionado la

libertad nativa de las facultades individuales, para saber que la

causa determinante de ese orden es el libérrimo goce del derecho.

Pero es necesario demostrar que eso es así porque es necesario

que así sea; ó en otros términos, porque esa realidad histórica

corresponde puntualmente á una verdad.

En ninguna organización suya puede la ciencia prescindir de

la verdad, so pena de sustituir con artificios inestables el sistema

de realidades más ó menos patentes que ha de tener en cuenta

al organizar. Ese principio es tan fundamental en la ciencia del

Estado como en cualquiera otra.

En vano argüirá que el sujeto á quien ella refiere sus conatos

de organización es el más móvil y el menos adaptable á un rígido

sistema de principios: que cuanto más arguya con la movilidad del

ser social, más afirmará tácitamente que la Sociedad, agregado de

seres libres, se debate contra los sistemas construidos á priori, no

por ser éstos una serie correlacionada de verdades, sino porque,

siendo libre el ser humano, las verdades que se correlacionan han

de estar fundadas en la naturaleza humana y han de ser adaptables

á su naturaleza. Podrá, sin duda, la organización del Estado

mejor fundada en la naturaleza humana ser motivo de peligrosos

desequilibrios; pero lo será durante el período de reacción contra los

vicios y los males que hubiere acarreado una organización histórica

cualquiera. No por eso se ha de desistir de la verdad; no por eso ha

de negársele la virtud que ella, y sólo ella, tiene de dar bases sólidas

á una organización jurídica. No por eso, en el punto concreto á que

estamos refiriendo estos principios, ha de desconocer la ciencia que

el reconocimiento incondicional del derecho que, como seres de

razón y de conciencia, tenemos á expresar nuestras ideas y nuestros

juicios, es una condición constitucional que, cumplida, asegura

en gran parte el orden jurídico, y que, fallida, da por resultado un

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

182

desorden proporcional á la tenacidad que el Estado ponga en

negar á la razón y á la conciencia individual el derecho de que las

dotó la naturaleza.

Lejos de desconocerlo, debe la ciencia afirmarlo como

un principio constituyente, hasta que logre convertirlo en un

axioma que nadie se atreva á poner en duda, y del que nadie se

ocupe por sabido.

Entonces cesará el vaivén de concesiones y represiones

que aun hacen esclavas de los temores y suspicacias del Estado

las ciencias, las artes de la palabra, el periodismo, en suma, la

actividad externa de la razón y la conciencia.

Mientras tanto, hay necesidad de argumentar en favor

de los derechos desconocidos, y por eso se consagra la ciencia

constitucional á demostrar lo que, en realidad, y á fuerza de ser

verdad, es indemostrable, y dedica una parte de su exámen al

análisis de los derechos de la palabra.

La palabra es expresión directa de necesidades, deseos,

afectos ó juicios, y es hablada; ó expresión indirecta ó simbólica

de nuestra actividad moral é intelectual, y es escrita.

Una y otra, instrumento como son de una misma actividad,

corresponden á la misma fuente de derecho, y podrían ser incluidas

en la misma exposición. Pero como, gracias á la invención de

la imprenta y á la verdadera institución del periodismo á que

la transformadora invención de Gutemberg ha dado origen, la

palabra escrita ha adquirido una fuerza de expansión que no

tiene la palabra hablada, se ha hecho indispensable exponerlas

como manifestaciones distintamente influyentes en las relaciones

jurídicas de la Sociedad.

P,,, H,,, . — En la práctica, los derechos

relacionados con la facultad de expresar de viva voz nuestros

pensamientos abarcan modos de asociación particular y ad hoc que

Lecciones de Derecho Constitucional

183

han requerido el reconocimiento de derechos complementarios,

como el de reunión y asociación, que generalmente se incluyen

entre los inmediatamente relativos al derecho de expresión; pero

como estos derechos complementarios forman en un grupo

distinto por corresponder á distinta condición esencial de la

naturaleza humana, nosotros no nos ocuparemos aquí sino de

aquellos derechos que emanan de fines exclusivamente asequibles

á la palabra hablada, como instrumento de razón y de conciencia.

Descartando el ya examinado derecho de expresar la creencia

religiosa, se presenta el fin más alto que podemos realizar por

medio de la palabra, y es el de exponer y comunicar nuestra

noción de la verdad. La ciencia ha sido esclava del Estado

mientras éste ha ejercido sobre ella su poder. Como esclava, ha

sido estacionaria, impotente y desorganizadora: estacionaria,

porque no podía adelantar sin lastimar errores erigidos en sistema

de ciencia, de conciencia ó de derecho; impotente, porque no

tenía el derecho de revelar la substancia de la realidad universal;

desorganizadora, porque, formándose en el misterio y el secreto,

se sustraía ó trataba de sustraerse á la autoridad que los poderes

constituidos querían ejercer sobre ella. La historia de las ciencias

ilustra con los nombres de Copérnico, de Galileo, de Savonarola,

de Giordano Bruno, de Colón y Campanella, el abuso del poder

sobre la ciencia y la esclavitud en que ésta vive todavía en donde

quiera que se niega á la palabra su derecho.

La palabra sirve de dos modos á la ciencia: exponiéndola y

enseñándola. De aquí el derecho de exponerla y de enseñarla: y

como para exponer la ciencia necesitamos discutir las verdades

que proclama; y como para enseñarla, necesitamos el libre uso

de las instituciones docentes que nos la comunican, el ejercicio

consagrado de esos derechos constituye las que llamamos libertad

de discusión, de tribuna, de cátedra, y la esencial á todas ellas, la

libertad de enseñanza.

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

184

Esta afecta dos formas: la enseñanza recibida, que

corresponde á la condición de perfectibilidad; y la comunicada,

que es relativa al derecho de expresión.

P,,, E .-0,. — La sorprendente publicidad que la

imprenta dió á la palabra, hizo del libro un enemigo peligroso

para el Estado; no tardó éste en percibir el daño que le causaba

la pronta difusión de doctrinas é ideas entonces recluidas en el

estrecho círculo de las escuelas ó en el secreto de las comunicaciones

epistolares ó en la lenta propagación de manuscritos que apenas

circulaban, y persiguió el libro como perseguía la palabra hablada.

El Índice papal, el establecimiento de la censura previa, los autos

de fe celebrados en las plazas públicas con los libros perseguidos

y la prohibición absoluta del comercio de impresos, fueron, hasta

no ha mucho, los procedimientos empleados por el Estado para

cohibir el derecho de publicar el pensamiento. Pero como el libro,

por su estructura misma, circulaba con dificultad, y las opiniones

estaban cada vez más ganosas de darse á conocer, se imaginó el

periódico que, más manejable por su forma, más divulgable por

su contenido, más estimulante por su espíritu, más rápido en

la polémica, más universal en su propósito, satisfacía á la vez el

deseo común de tomar parte activa en los negocios públicos, y la

curiosidad, sana y mal sana, de saber con frecuencia los hechos

importantes que acaecían, y los hechos escandalosos ó ridículos que

ponían al alcance de la crítica vulgar las hasta entonces inaccesibles

autoridades del orden religioso, político y administrativo. Con

toda la incapacidad que en casi todas partes ha demostrado para

concurrir concienzudamente al orden moral, el periodismo ha sido

un poderoso demoledor, y demoliendo miserias fastuosas, grandezas

ridículas, autoridades absurdas, errores omnipotentes, privilegios

irritantes, monopolios vituperables, desigualdades inicuas, ha

sido, en su período negativo, un verdadero democratizador.

Lecciones de Derecho Constitucional

185

Esa tarea no podía ser más opuesta á los intereses del Estado

autocrático y dinástico, por lo cual, en monarquías y repúblicas

autoritarias, se declaró guerra abierta á la palabra escrita. Aun

dura esa guerra y durará; pero á medida que se percibe la

inutilidad de los rigores empleados contra ella, la invencible

fuerza de resistencia que ella opone y la eficacia que tiene en la

prolongación del período revolucionario, se percibe también la

conveniencia de ir libertando á la prensa periódica y reconociendo

que es necesidad la consagración constitucional del derecho de

manifestar por medio de la prensa el pensamiento.

Un argumento en pro y otro en contra de la palabra escrita,

suministra la historia de las luchas sostenidas en el mundo

occidental por ese derecho.

El argumento favorable lo suministran los Estados Unidos

de América, Inglaterra, y cuantos pueblos del Antiguo y Nuevo

Mundo, como Suiza, Bélgica, Francia, Chile y la República

Argentina, han seguido, más ó menos consuetudinariamente, más

ó menos constitucionalmente, el ejemplo del Norte-americano.

En la Unión del Norte y en los demás países mencionados, el

libérrimo uso de la palabra escrita no produce otro daño que el del

desenfreno escandaloso de la injuria y la calumnia cada vez que los

intereses personales trascienden en las luchas de los partidos. Pero

en éste, como en los casos de polémicas exclusivamente personales

el enfrenador de esos extravíos es el desprecio.

A falta de éste, que es el juez que mejor falla en las contiendas

de las pasiones desenfrenadas, hay un ordenador común, que es

la administración de justicia, ante la cual se puede, y alguna vez

se debe, llevar las infracciones de ley que se cometan por medio

de la prensa, como se debe y se puede llevar cualesquiera otras.

Este abuso de la imprenta ha suministrado á los

escandalizados de él, un argumento en contra de la libertad de

la palabra escrita. Considerando como faltas y delitos especiales

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

186

los que de ese modo especial pueden cometerse, han creído que

se debe establecer una legislación y una penalidad especial para

la imprenta. No se oponen á la libertad de la palabra escrita, y

desean convenir en que es expresión de un derecho natural; pero

como el daño que puede hacer es característico de ella, y no de

ninguna otra forma de delincuencia, quieren someterla á una

regulación que la incapacite para el mal.

En esa intención de buena fe hay un olvido peligroso de la

realidad. Se olvida que la reglamentación es acto de poder, que

el poder mira siempre con suspicacia á los derechos naturales, y

que el resultado natural de la reglamentación sería, en definitiva,

la coacción irremediable del derecho.

Ninguna reglamentación para los derechos naturales, más

que el precepto de la ley común. Esto es bastante para poner coto

á los abusos que se hagan del derecho. Ningún delito cometido

por medio de la imprenta deja de ser delito, penado por la

ley común. Á ésta, por tanto, corresponde la represión. Toda

otra doctrina, además de coercitiva del derecho, es contraria

al principio de igualdad ante la ley y favorece el pernicioso

procedimiento de los fueros particulares. El ciudadano es

ciudadano ante la ley, cualquiera sea su jerarquía ó su clase; el

delincuente es delincuente ante la ley común, cualquiera sea el

medio ó instrumento de delito que emplee.

Demostradas por la práctica, por la necesidad, por la

naturaleza y por el principio de igualdad, la conveniencia, la

razón y la fuerza orgánica de éste, como de todos los demás

derechos de conciencia, no se debe coadyuvar inconscientemente

á la prolongación del período revolucionario, manteniendo entre

ellos y el Estado la lucha inútil para éste que ha retardado el

establecimiento del orden jurídico en el mundo, y se debe adoptar

como un axioma constitucional el principio de libertad para los

derechos de la palabra escrita, como de la palabra hablada.

Lecciones de Derecho Constitucional

187

Así, pues, toda buena constitución debe consagrar como

ilegislables:

El uso del derecho de exponer y expresar las verdades

científicas y las opiniones políticas, consagrando así la libertad

de la cátedra, la libertad de enseñanza, la libertad del púlpito, la

libertad de la tribuna, la libertad de la palabra en cualquiera de

sus manifestaciones posibles.

El uso del derecho de expresar por escrito las opiniones

de todo orden á que dé origen el derecho de libre exámen,

consagrando así la libertad de imprenta.

Entonces, libres en sí mismas la razón y la conciencia,

y libres en el uso del instrumento con que la naturaleza ha

completado su potestad interna, no teniendo por qué ni para

qué luchar, entrarán en la esfera de los elementos ordenadores

de la Sociedad, y serán, como quiso la naturaleza, coeficientes

activos del orden jurídico del Estado.

x

LECCIÓN XXVII

Continuación del análisis. — Condición de responsabilidad. —

Derechos de libertad.

Somos responsables para que seamos libres, y somos libres

porque somos responsables. Tan íntimamente relacionadas han

sido por la naturaleza la idea de responsabilidad y la de libertad,

que todo desconocimiento de la una es desconocimiento

de la otra. Negar el principio de libertad es negar el de

responsabilidad.

No obstante esa patente correlación, el Estado histórico

ha consagrado una parte de su fuerza á negar esa evidencia.

No ha conseguido, sin duda, lo que era imposible conseguir;

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

188

pero ha retardado el progreso jurídico hasta el punto de que

aun sea necesario discutir la evidencia para fundar en ella el

procedimiento de organización natural que de ella se deriva.

En vez, pues, de empezar por afirmar sencillamente la

verdad, la ciencia constitucional ha tenido que comenzar por

discutirla.

Ya, sin embargo, va siendo innecesario hacer ese agravio

á la verdad. Gracias á los datos experimentales que la historia

suministra, basta mostrar la obra de la libertad, para que ella se

muestre tal cual es: ley del universo constructora que así fabrica

las obras portentosas de la industria, como las más portentosas

del orden jurídico y moral.

La faz, característicamente distinta de las sociedades

orientales, que presentan las occidentales en su estructura

fisiológica, es resultado manifiesto de aplicación positiva y

negativa del principio de libertad al pensamiento y al trabajo:

la aplicación positiva, restaurando en su genial actividad á la

ciencia, y al trabajo, ha hecho de la industria una incesante

generación en que, por iguales partes, concurren el trabajo

intelectual y el material, y en que ambos, modificando sin cesar

las satisfacciones, hacen cada vez más ordenadas las necesidades;

la aplicación negativa ha circunscrito en una esfera de acción cada

vez menos perturbadora los poderes del Estado, y negándole la

capacidad, que aun tiene en las sociedades orientales, de intervenir

como agente de producción, de distribución y de consumo, ha

abolido la esclavitud, ha desarraigado la servidumbre feudal, ha

desvinculado, desamortizado, descentralizado la propiedad y la

riqueza, substituido los gremios y maestrías con la asociación y

la cooperación, las tasas y los monopolios con la ley de la oferta

y el pedido, el prohibicionismo con un proteccionismo cada vez

más favorable al libre-cambio, los pósitos y los montes de piedad

con la previsión y el ahorro individuales, la caridad de Estado

Lecciones de Derecho Constitucional

189

con las instituciones de beneficencia: en suma, la intervención

oficial con la libertad industrial.

Basta abrir los ojos de la cara para ver que el régimen

económico de la libertad es infinitamente más natural y más

fecundo que el régimen económico de la autoridad.

En cuanto al orden jurídico, por deficiente que sea aún,

y en cuanto al moral, por embrionario y anárquico que por

necesidad ha de ser en una evolución tan compleja como la en que

actualmente toman parte todas las actividades de la vida en todas

las zonas de asociación, individual, municipal, regional, nacional,

internacional y humana, el régimen de la libertad ha dado ya dos

frutos que valen, por sí solos, más que juntos los frutos seculares

del régimen antiguo : esos dos frutos son la iniciativa creadora de

los individuos y la iniciativa ordenadora de los grupos sociales.

Una y otra se manifiestan en una actividad vital tan poderosa,

que dan á la vida humana, en los medios sociales en que ellas han

podido desarrollarse, una fuerza, una variedad y un movimiento

que no tuvo jamás en los períodos más dramáticos del Estado

militar, ni tiene ahora en las sociedades más civilizadas, si les

falta la libertad, que es el más activo elemento de civilización

que se conoce.

El de libertad es el derecho más simple que ha dado su propia

naturaleza al ser humano. Consiste sencillamente en la facultad

de hacer ó dejar de hacer. La moral lo limita en la esfera de la

razón; la ciencia constitucional le pone por límite el derecho

mismo; pero ni la moral ni la ciencia de la organización jurídica

pueden negarlo; y cuanto más ciencia sea la ciencia y cuanto

más se cimente en la moral, con más fuerza lo afirmará, con más

evidencia lo aplicará á su fin privativo de coordinar derechos y

poderes y de obtener por resultado el orden.

Todos los derechos son de libertad, puesto que todos ellos

se resumen en la facultad de hacer ó dejar de hacer aquello á

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

190

que todos y cada uno de ellos se refiere. Pero hay dos derechos

individuales que, por su universal aplicación al ejercicio de todos

los demás, coinciden mejor que otros cualesquiera con el carácter

de universalidad que, en el plan de la naturaleza y en el propósito

mismo de las sociedades, tiene la libertad.

Esos dos derechos son: el de reunión y el de asociación para

todos los fines de la vida.

El derecho de reunión es la facultad natural que el individuo

tiene de comunicarse con otros individuos para realizar ó tratar

de realizar un fin concreto en un momento determinado, en

un lugar determinado y con medios determinados en la misma

reunión ó previamente. Las asambleas en la plaza pública ó en

recintos cerrados, los mass-meetings, los indignation meetings,

las manifestaciones al aire libre, las procesiones electorales,

las ovaciones, las protestas colectivas, las predicaciones por la

calle, las propagandas públicas, son otros tantos aspectos de ese

precioso derecho, fecundo auxiliar del de palabra, fidedigno

criterio de opinión, medio necesario del deber y el derecho

electoral, forma estimulante de la sana actividad de los partidos

políticos, religiosos, científicos, industriales ó económicos, que

multiplica los atractivos de la vida en sociedad y que centuplica

la potencia y la eficacia de la misma sociabilidad.

La animación, un tanto desordenada, pero en extremo

sugestiva, que transforma de pronto la vida externa de las

naciones en donde acaba de substituir la libertad de reunión

á la privación de ese derecho, persuade inmediatamente la

excelencia de él. Pero aun más que persuasiva, es convincente la

actividad ordenada que el derecho de reunión despliega en las

sociedades acostumbradas á ejercerlo. En ellas funciona con toda

la tranquilidad de una función natural, con toda la seguridad

y regularidad de una función, sirviendo á la vez de exponente

de fuerza individual y de coeficiente de la fuerza del Estado.

Lecciones de Derecho Constitucional

191

Porque, en efecto, y esto es lo que la ciencia de la organización

política debe observar mejor y apreciar más, en éste, como en

todos los derechos, la completa libertad de su ejercicio redunda

en tan cierto beneficio del Estado, que no hay ningún momento

de conflicto para él, en que no sea su mejor auxiliar, el más

inteligente, el más fecundo en recursos, el de más segura acción

y el más desinteresado, la iniciativa que, merced á la costumbre

del derecho, toman y saben tomar y aplicar al apropiado objeto,

los ciudadanos adiestrados en el uso del derecho.

Lo que hace la libertad de reunión en las graves crisis de

la Sociedad y del Estado, ó en momentos de conflicto entre

los partidos que fraccionan la opinión, ó en los casos que

requieren rápidas resoluciones, ó en el ejercicio periódico del

poder electoral, lo hace la libertad de asociación en el tranquilo

progreso de la vida ordinaria de los pueblos.

No hay ninguna manifestación de la vida colectiva que no

requiera el auxilio, ó por lo menos, que no se haga más regular y

más benéfica con el auxilio del derecho de libre asociación.

Todas las funciones económicas de la Sociedad, todos los

desenvolvimientos políticos del Estado, todas las aspiraciones

estéticas, culturales y morales del ser humano propenden

espontáneamente, y con tan irresistible impulso á realizarse por

medio de asociaciones adecuadas que, aun en los tiempos de

mayor inconciencia jurídica ó en el seno de los Estados que más

han desconocido la función del individuo en la Sociedad y la

eficacia del derecho en el individuo, el espíritu de asociación se

ha hecho efectivo, ya en la formación de sectas religiosas, primer

período brahmínico de la India, ya en la formación de escuelas

filosóficas, período de florecimiento intelectual en la Grecia y la

Magna Grecia, ya en la formación de asociaciones comerciales,

como en toda la historia de la China y de las repúblicas italianas

de la Edad Media.

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

192

Pero aun más evidente se presenta en nuestros tiempos esa

tendencia. En el régimen económico de la Sociedad occidental

contemporánea, é independientemente de las sugestiones

de la ciencia económica, que sólo por medio de la asociación

y la cooperación resuelve los problemas más espinosos de

economía social, todas las grandes transformaciones industriales,

comerciales y fiduciarias se verifican actualmente por medio de

la asociación. El distintivo característico de la producción de la

riqueza es hoy resultado de la asociación de los capitalistas. El

impulso imprevisto que ha tomado la distribución, á asociaciones

comerciales ya para el cambio propiamente dicho, ya para el

transporte, ya para colonización, ya para trasmigración, lo debe

la Sociedad universal. Las instituciones de crédito, que han

transformado la circulación de la riqueza, obra son todas del

espíritu de asociación. La facilidad con que empieza á realizarse

la función del consumo en aquellos centros sociales, como

Inglaterra, Francia y Alemania, en donde parecía ya irremediable

la doble y tremenda progresión de Malthus, es un beneficio que

ha comenzado á prestar la cooperación, forma sistematizada de

la asociación.

Se pregunta: Los desarrollos de fuerza, la comunicación

de bienes, la expansión de agentes de trabajo y cambio, la

modificación de un problema pavoroso, beneficios todos que

se deben á la asociación de elementos económicos, ¿hubieran

podido obtenerse en la sociedad moderna, á no reconocer el

Estado contemporáneo el derecho de libre asociación que,

expresa ó tácitamente, ha reconocido para fines económicos?

No menos efectivo en el desenvolvimiento político del

Estado ha sido el libre ejercicio del derecho de asociación. Sin

tomar en cuenta otra forma de asociación política que aquella

por cuyo medio se constituyen y definen los partidos de doctrina

y de gobierno, basta examinar la obra de esas asociaciones para

Lecciones de Derecho Constitucional

193

reconocer el útil instrumento de gobierno que son en el sistema

representativo. Á la parte que ellos toman en el movimiento

jurídico de la Sociedad, al interés doctrinal que los mueve, á

las mismas dramáticas excitaciones que en todo momento grave

los exacerban, se debe principalmente la cautela con que se vé

forzada á proceder aquella entre todas las funciones del poder, la

ejecutiva, que generalmente decide de la marcha del Estado. Y

así acontece, porque así es necesario que acontezca. Los partidos

políticos, asociación regulada de esfuerzos individuales con

objeto de ajustar el proceder del Estado á los medios naturales

de una doctrina jurídica, de antemano reconocida como la

más conducente al propósito de conservación ó de progreso

del Estado, son fuerzas tanto más efectivas cuanto que son el

único medio de apreciar el predominio de las doctrinas en la

opinión y la probable voluntad de la mayoría. Cuando la ciencia

constitucional haya dado el paso que ha de dar para ser una

ciencia más correcta, y reconozca el poder electoral y le de bases

de organización independiente y permanente, aun serán más

positivos los servicios que, por medio de los partidos políticos,

prestará la libertad de asociación, porque entonces será mejor

exponente de opinión doctrinal que es ahora. Entonces será la

soberanía militante, que se impondrá ejercitando directamente,

por medio de ellos, la función de poder por excelencia, la

función electoral; no será la soberanía pasiva que hoy acepta, aun

en Suiza, aun en los mismos Estados Unidos de Norte América,

la incierta proporcionalidad de mayorías dudosas como criterio

de conducta para los demás poderes y las demás instituciones

del Estado.

Aun bajo un régimen electoral tan incompleto,

generalmente tan fraudulento y tan vicioso como el actualmente

adoptado por la democracia representativa, la función de las

asociaciones políticas es tan benéfica, que ha hecho el bien de

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

194

abolir la esclavitud y de asegurar la unión en Norteamérica, el

de consolidar la paz y moralizar el desarrollo del derecho en la

República Argentina, el de equilibrar en Inglaterra las tendencias

de la vida nacional con las exigencias de la vida internacional, y

el de haber insinuado en el desarrollo de la sociedad italiana la

savia vigorosa y generosa de las doctrinas liberales.

Cómo hubiera el Estado operado en esos países las

transformaciones que se puede afirmar los han transfigurado,

á no haber existido partidos políticos que llevaran al ejercicio

del poder los medios que requerían sus doctrinas, es inútil

indagarlo: lo que se sabe por experiencia es que, merced al

derecho de asociación y á la existencia y el vigor que él ha dado

á los partidos políticos, éstos han hecho lo que han hecho.

Si, pues, hay necesidad de partidos para que las opiniones

se conviertan normalmente en poder; y para que el poder se

ajuste á la opinión, hay necesidad de que sea completamente

libre ó cada vez más libre, el derecho de asociación para fines

políticos, este derecho y la libertad que consagra; son dos

necesidades que la ciencia constitucional debe reconocer y que

toda Constitución debe satisfacer.

La tendencia de los sistemas á substituir con su unidad

de forma la variedad de fondo que consta en todos los de la

naturaleza, ha hecho que muchos organizadores de Estado,

considerando un mal la variedad de opiniones, hayan tratado de

cohibir el derecho de asociación para así perturbar la formación

de partidos políticos y forzar á una sola opinión al conjunto

de asociados. La tentativa ha dado por fruto el absolutismo

ó ha engendrado el despotismo, pero no ha podido reducir

el juicio social á una sola é idéntica expresión. Por ley natural

del entendimiento humano, todo objeto de conocimiento ó

de mera apreciación, -como son generalmente los relativos á

la vida activa de las sociedades,- tiene dos fases, y á veces tiene

Lecciones de Derecho Constitucional

195

tres: la faz propia, real, positiva, natural, objetiva, y la faz ideal,

intelectiva, subjetiva; cuando vemos la primera, vemos lo que es

y como es; cuando vemos la segunda, vemos cómo quisiéramos

que fuera lo que vemos. Á veces vemos las dos fases á la vez,

y entonces aspiramos á que lo contemplado pierda su carácter

real y vaya adquiriendo el carácter ideal que le ha dado nuestro

entendimiento. Todos los que vean la primera faz del objeto que

contemplan, se buscan, se encuentran, se asocian por afinidad

tan natural como la que reúne, atrae y asocia á los que tienen

el segundo y tercer modo de percibir la misma realidad. Así se

forman los partidos religiosos, científicos, artísticos, literarios,

económicos; y así se forman los partidos políticos. Por eso en

las sociedades suficientemente avanzadas en organización para

no dar paso y vado á las meras ambiciones y concupiscencias

personales, los partidos políticos no llegan á tres sino en

aquellos momentos de falsa posición de los problemas sociales

en que los eclécticos ó armonizadores ó desapasionados que

han visto la faz objetiva y subjetiva del problema se asocian

más íntimamente para constituir una fuerza equilibrante. En

general, las doctrinas políticas que puedan dividir la opinión de

una sociedad organizada jurídicamente, son dos: la doctrina de

conservación y la de progreso. Todos los que vean la salvación

social en la conservación de los bienes adquiridos, forman un

partido; los que vean la necesidad de extender, desarrollar y

perfeccionar las fuerzas adquiridas por la sociedad, constituyen

otro partido. Así como los unos son conservadores ó partido de

orden, los otros son perfeccionadores ó partido de progreso. Son

necesarios á la conservación ó al progreso, al orden estacionario

ó al orden perfectible de la Sociedad, y es inútil oponérseles

cohibiendo el derecho y la libertad de asociación. Mientras no

gocen de ella, lucharán; mientras luchen, perturbarán. Para

que no perturben, hay que dejarlos en libertad de desarrollarse;

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

196

para que se desarrollen, hay que reconocerles el libre ejercicio

del derecho de asociación. Por eso es tan importante la libertad

de asociación.

x

LECCIÓN XXVIII

Continuación de la anterior. — Límites del derecho de

reunión y del de asociación.

Hay una forma de asociación y un ejercicio del derecho que

ella hace necesario, en los cuales se ha visto con razón un peligro

para el orden jurídico, y no por los empeñados en dificultar

ese como todos los derechos connaturales, sino por eximios

bienhechores del derecho. Esa forma viciosa de asociación, muy

semejante á la asociación secreta, originada por las persecuciones

del Estado, es la que propende á prevalecer en todos los

movimientos revolucionarios como resguardo y salvaguardia del

derecho mismo y con propósitos muy sanos en la intención de los

que la conciben y establecen, pero muy contrarios en definitiva,

tanto á la libertad, que intentan fortalecer, como al ejercicio de

los poderes del Estado, que intentan enfrenar.

El peligro de ese ejercicio del derecho de asociación está

en la misma sanidad de intención que lo inspira; su vicio, en

que substituye inconscientemente la actividad jurídica de la

Sociedad con el esfuerzo de una asociación particular, haciendo

de ella como un Estado particular, hostil ó dominador del Estado

general.

La asociación que dió á Cromwell el poder en el primer

período de la revolución de Inglaterra; la que hizo de

Robespierre un poder tan siniestro en el segundo momento de

la Revolución francesa; la que en Chile convirtió de libertador

Lecciones de Derecho Constitucional

197

en dictador á O’Higgins; la que, más tarde, contribuyó en la

República Argentina á erigir la tiranía de Rosas; la que, en todos

los movimientos revolucionarios, intenta siempre encaminar la

revolución concluyendo por monopolizar sus beneficios, no es la

libertad de asociación que se funda en el derecho natural de cada

hombre á realizar con sus afines en propósito y doctrina lo que

cree necesario para el triunfo del derecho y para la organización

normal de los poderes públicos, sino la fundada en la fuerza del

número, de la disciplina, de la unidad y ceguedad de acción;

no es la asociación de derecho en la cual forman libremente los

partidarios de un principio definido y de un sistema de conducta

regular con el fin de utilizar, en pro del mejor derecho y del

mejor gobierno, las leyes políticas cada vez más expansivas que

tratan de recabar por medio de la propagación de los principios

y aumentando progresivamente el número de funcionarios

legislativos que conviertan en ley la doctrina jurídica y los

principios que incorpora, sino la asociación perturbadora

que, excluyendo del proceso jurídico de la Sociedad todo otro

procedimiento que no sea el preconcebido por ella, intenta

imponerse al Estado y á la Sociedad; al Estado, para dirigirlo, á

la Sociedad, para dominarla.

Ese modo de asociación, fundamentalmente vicioso porque

busca en la asociación, no el crecimiento legal del derecho, sino

su apelación violenta, se diferencia de la que sirve para organizar

los partidos políticos en el objeto, y se asemeja á la que constituye

la Iglesia privilegiada, en los medios. El objeto de los partidos

políticos es el uso legítimo de los poderes del Estado para realizar

el fin natural de una doctrina; el medio de que intenta siempre

valerse la Iglesia privilegiada, es el goce del poder para arraigarse.

Tanto como es lícito el fundamento de los partidos políticos,

porque su objeto es legítimo, tanto es ilícito el de la asociación

viciosa que interviene en la actividad política de las sociedades,

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

198

imponiéndose al Estado como necesidad y á la Sociedad como

verdad. Las asociaciones políticas á que nos referimos tienen

el vicio de los partidos religioso-políticos, y no la virtud de los

partidos doctrinales.

Washington fue el primero que vió el riesgo y el vicio de esa

forma de asociación, y el primero que, con un acto de previsora

abnegación, la condenó. Cuando, consumada la independencia

de las trece Colonias, el ejército, disgustado de la privación de

paga y beneficios que esperaba, y compelido á disolverse por

la misma firme actitud del «primero en la guerra», vió que no

le quedaba ya nada que esperar si no aprovechaba el derecho

que como ciudadanos tenían los militares, concibió el proyecto

de una asociación que, manteniendo la unión de la clase

militar y conservando los vínculos disciplinarios de la fuerza

regulada, esquivase en cierto modo la disolución del ejército

libertador y le diera en los negocios públicos la ingerencia

que iba á perder. El nombre de Cincinato que invocaron, y

el patriotismo probado de oficiales superiores tan útiles en la

guerra y en la paz como Green, Mac Dougal y todos los que

favorecían la asociación, dijo á las claras que el propósito de

ella era patriótico en la intención y propendía á fortalecer la

obra misma de la independencia. Para hacer más patente la

intención patriótica, decidieron que la presidiera el mismo

Washington, y fueron á ofrecerle la presidencia de la asociación.

Pero el primero en la guerra era también «el primero en la paz,»

y se negó á aceptar la presidencia de aquella asociación que,

por tener un objeto distinto del que debían tratar de realizar

las asociaciones políticas dentro de la organización jurídica del

Estado, le pareció, como en efecto era, un peligro para Estado

y Sociedad. Mac Dougal fue entonces electo presidente de la

asociación, pero ésta fue un cuerpo muerto, y en vez del comité

de salvación pública que hubiera podido abortar, se formaron

Lecciones de Derecho Constitucional

199

los dos poderosos partidos de federalistas y republicanos que,

de modificación en modificación, han llegado á ser el partido

republicano y el democrático, mal denominado uno y otro,

porque ninguno de esos nombres corresponde al propósito que

han ido realizando, pero que han contribuido á realizar algunas

de las más altas empresas que ha sido dado llevar á cabo por

medio de asociaciones doctrinales.

Independientemente del abuso, que es el límite natural de

todo derecho en ejercicio, el de reunión y asociación, como medio

y aplicación que son de todos los demás, se limitan expresamente

en la ley fundamental con la cláusula de «para fines pacíficos» .

Pero si se piensa que el derecho de reunión y el de asociación,

aplicables por naturaleza á todos los fines de la vida, no pueden

en derecho aplicarse más que á esos fines, siendo éstos de paz, de

bien, de vida, basta limitarlos en su propio objeto. Decir de esos

derechos que son para todos los fines de la vida, es decir que no

se puede ni se debe aplicarlos contra el orden jurídico vigente.

x

LECCIÓN XXIX

Continuación del análisis. — Condición de perfectibilidad. —

Derechos de educación y de cultura.

La religión y la educación han sido los dos recursos capitales

del Estado. Desde la organización semi providencial y semi

paternal de la China hasta la semi teocrática y semi guerrera del

Indostán; desde Persia, que absorbe al individuo en la nación,

hasta Roma, que absorbe al mundo romano en la ciudad; desde el

régimen de la cosa pública en Atenas, que dirige todas sus fuerzas á

un predominio de familia nacional, hasta el de Esparta, que todo

lo viola y lo violenta por asegurar una prepotencia local; desde el

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

200

régimen universal de la Edad Media europea, cuya única unidad

es la perceptible en la evolución del cristianismo al catolicismo y

en el sistema de pensamiento que impone la Escolástica, hasta el

Renacimiento, que es una tentativa de restauración del sistema

político y mental de la Edad antigua greco-romana, el Estado no

cesó de emplear la religión y la educación como base y resorte de

gobierno, sino cuando la lucha religiosa le arrebató en algunos

países de Europa esos recursos, y cuando el advenimiento de la

democracia representativa le arrebató en América, junto con el

poder de imponer una religión, el de imponer una dirección

intelectual.

Nada, en materia de organización jurídica, es más obvio que

la consecuencia buscada y obtenida por el Estado con esa reserva

de un poder tan trascendental como el de dirigir la conciencia

y la razón común. Director de ellas, no sólo podía aplicarlas

incondicionalmente á sus fines políticos, sino que conseguía

inmovilizarlas en la doctrina que les imponía, constituyéndolas

en dos fuerzas de inercia que resistían á todos los impulsos del

derecho y del progreso. Tan pronto como la Reforma empezó á

disputar al Estado el primero de esos dos recursos de gobierno,

empezó también el segundo á manifestarse como un derecho

personal y á clamar por su reconocimiento y libertad.

Nada más lógico: si de la conciencia emana el derecho de

interpretar el orden trascendental, de ella emana el derecho de

interpretar el orden natural; y si en virtud de aquel derecho

necesitamos y pedimos libertad para creer ó no creer, en virtud

del otro derecho necesitamos y debemos pedir libertad para

pensar y utilizar en la vida colectiva las fuerzas y recursos de

nuestro pensamiento.

La perfectibilidad es una condición de nuestra vida

individual, porque en cada individuo racional y consciente se

manifiesta el plan de la naturaleza humana, que se concreta

Lecciones de Derecho Constitucional

201

en cada ser como si de él dependiera la consumación de todos

los fines humanos. Esta es una verdad de observación y de

experiencia, que podemos observar y experimentar en nosotros

mismos, notando cómo, á medida que se desarrollan nuestras

facultades, se desarrolla con ellas nuestro afán de perfección, ó

fuera de nosotros, viendo cómo, de espíritus estacionarios, hace

la educación, ya metódica, ya empírica, hombres progresistas

que acaban por descubrir en sí mismos una serie ordenada de

fines que antes no habían columbrado y que, columbrados, se le

imponen en la razón y en la conciencia como condiciones para

seguir viviendo.

Esa condición, en virtud de la cual vivimos para

perfeccionarnos, y nos perfeccionamos realizando en nosotros

los fines de la naturaleza humana, es tanto más coactiva, cuanto

mayor el desarrollo de razón y de conciencia; y tanto más

efectiva, cuanto más asequibles los medios de alcanzar ese doble

desarrollo.

En dos grupos se clasifican esos medios: el de los que se

obtienen por la mera eficacia del derecho individual; el de los

que contribuye el Estado á facilitar. Los medios de educación

propiamente dicha forman en el primer grupo; los medios de

cultura general, en el segundo.

Una vez reconocido constitucional é incondicionalmente el

derecho de educación, la propia iniciativa individual bastaría para

utilizarlo y fecundarlo; mas, como la Sociedad tiene un interés de

vida ó muerte en que todos sus componentes conozcan los fines

para que viven, y el Estado ha sido instituido para coadyuvar con

sus poderes generales á la eficacia del derecho general, cuando

éste no alcanza á realizarse por su propia iniciativa, deben las

instituciones del Estado ayudarlo á realizarse. Hay dos escuelas,

una teórica y otra empírica, que hasta llegan á considerar ese fin

cooperativo como el definitivo, y en realidad, como el verdadero

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

202

fin del Estado; pero no es la doctrina del Estado de cultura ni la

del socialismo de Estado la en que nosotros podemos ni queremos

apoyarnos. Ambas á dos son delusivas: la primera, porque, so

color de previsión, mantiene las intervenciones del Estado en la

vida libre del derecho; la segunda, porque substituye la Sociedad

con el Estado.

La doctrina en que nosotros nos afirmamos se funda

exclusivamente en el mismo carácter jurídico del Estado y en las

funciones positivas y negativas del poder que ejerce. Como Estado

jurídico, está destinado á realizar el derecho: negativamente, cuando

lo deja en libertad de manifestarse y de iniciar; positivamente,

cuando hace lo necesario para fortalecerlo. Así, en el caso que

exponemos, el Estado funciona á la vez como poder negativo y

positivo, al consagrar como derecho natural el de educarse, y al

favorecer con instituciones complementarias el desarrollo de la

cultura general. Consagrando el derecho de educación, deja al

individuo en libertad de buscar en donde quiera sus elementos

de educación y de instrucción; instituyendo, por ejemplo, la

instrucción obligatoria y gratuita, auxilia el desarrollo del derecho.

Desde bien temprano reconocieron esta capacidad del

Estado los primeros que atinaron á dar, en el libre ejercicio de los

derechos absolutos, la base de orden que no había encontrado

el Estado histórico. Por eso, casi todas las colonias que habían

de concluir por formar los Estados federales de Norte-América,

á la par que favorecieron la educación individual, hicieron

obligatoria la enseñanza. Por eso, desde el gobierno federal, que

con la concesión de tierras ha perpetuado las rentas necesarias

para el sostenimiento y fomento de la instrucción común, hasta

los Territorios, cuyo primer acto de gobierno es la fundación

de la renta para escuelas, y desde la Constitución federal, en

cuyo mismo preámbulo se ha fundado el Congreso para dictar

leyes meramente culturales ó favorecer instituciones de cultura,

Lecciones de Derecho Constitucional

203

hasta las asociaciones particulares, que se multiplican allí para

vigorizar el desarrollo moral é intelectual de la Sociedad, toda ella

ejercita de continuo el derecho de perfeccionamiento individual

y colectivo.

Los derechos fundados en la condición de perfectibilidad, son:

Primer grupo. Derecho de educación y de cultura, que se

realiza por medio de la actividad individual. El derecho de libre

enseñanza, cuyo ejercicio constituye la libertad de enseñanza,

y el derecho de reclamar medios y recursos para la instrucción

elemental común que constituye el derecho de instrucción

elemental gratuita.

El primero de estos derechos se presenta con propiedades

orgánicas tan manifiestas, y como auxiliar tan natural de

la libertad jurídica, que casi todos los pueblos regidos por

instituciones democráticas han reconocido constitucionalmente

la facultad que el ciudadano tiene de buscar en donde quiera su

educación intelectual, y de validarla cuando lo crea conveniente

ante los tribunales docentes del Estado. Mientras éste, por

circunstancias históricas ó políticas, ó porque doctrinalmente se

reconozca que uno de sus fines es la cultura general, reglamenta la

enseñanza, dicta leyes de instrucción pública, instituye órganos

de instrucción secundaria, técnica, profesional, y monopoliza la

instrucción superior universitaria, lícito y lógico es que niegue,

desconozca ó aplaze la libertad profesional, y que pida garantías

de idoneidad y se reserve el derecho de validar estudios no

hechos en sus aulas; pero esa precaución degenera en verdadera

tiranía intelectual allí donde no se tiene el derecho de salirse de

las aulas, de los textos y de los reglamentos del Estado. Por eso es

tan importante la libertad de enseñanza, y por eso hay necesidad

de consagrarla en la Constitución.

Al hablar de los derechos de conciencia incluimos un

derecho de enseñanza, no exactamente idéntico al de que

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

204

tratamos ahora, pues se refiere á la enseñanza que se transmite

y no á la que se recibe ó puede recibirse; pero que, como base

de ésta, y complemento del derecho á que ésta se refiere, debe

definirse claramente en la Constitución, diciendo: Derecho ó

libertad de enseñanza recibida y transmitida.

La instrucción gratuita, aunque meramente convencional,

debe incluirse entre los derechos absolutos, no sólo por

ser uno de los medios de consagrar de un modo efectivo el

derecho de igualdad, sino por ser también el medio por

excelencia apropiado para distribuir entre la muchedumbre el

conocimiento del derecho. Tan clara es esta relación entre la

difusión de los conocimientos generales y la del conocimiento

particular del derecho, que ya no se concibe la posibilidad de

establecer el orden jurídico sino por medio de una educación

pública que lo de á conocer á los integrantes todos del cuerpo

social. De aquí el esfuerzo universal que hacen en todas partes

los partidos liberales para hacer cada vez más accesible al

pueblo los conocimientos que tradicionalmente se limitaban

al beneficio de una clase. De aquí el desarrollo paralelo de la

libertad y la cultura general.

Los derechos de perfectibilidad que el Estado contribuye

á favorecer, son los de cultura general propiamente dicha; es

decir, los medios complementarios de educación intelectual

que favorecen el desarrollo completo de la razón. Así es como la

Universidad, aunque lejos todavía de su verdadero fin, no otro

en realidad que el cultivo de la ciencia por la ciencia misma,

é independientemente de todo objeto que no sea el desarrollo

máximo de la razón, es una institución complementaria del

Estado, que éste provee de sus recursos, regula con sus leyes,

alienta con esfuerzos generales y debe de continuo tratar de

completar con el auxilio que dé á toda profesión de doctrina

científica, á toda exposición de nuevos conceptos de la verdad,

Lecciones de Derecho Constitucional

205

á toda indagación independiente. Así es cómo la formación

de museos, el establecimiento de bibliotecas públicas, la

celebración de exhibiciones ó exposiciones de las industrias, las

artes, las ciencias y las letras, son favorecimiento del derecho de

instrucción y educación común. Así es cómo la protección de

la propiedad intelectual, ya por medio de leyes que aseguran la

propiedad científica, literaria ó artística, ya por medio de tratados

internacionales, que universalizen la jurisdicción intelectual, ya

por medio de privilegios de invención, son recursos en que el

Estado puede y debe vigorizar el derecho individual, siempre

que la iniciativa de los individuos no alcance á hacerlo efectivo,

bien por falta de medios educacionales, bien por incapacidad

jurídica para darles la fuerza de propiedad y posesión actual.

Aquí, si nos atenemos á la Constitución federal de los

Estados Unidos de Norte América, considerándola, como en

efecto es, la consagración jurídica de la democracia representativa,

habremos de vacilar antes de atribuir al Estado esa capacidad

de cultura que le atribuimos con la mayor reserva; pues que

la Constitución americana no menciona ese poder del Estado

sino en su preámbulo, de una manera demasiado extensa para

que no sea muy vaga, y en su artículo 33, de una manera muy

limitada para que pueda abarcar la extensión que le damos. En

el preámbulo, al exponer los motivos de la Constitución federal,

que iba á substituir la Constitución de la Confederación, uno de

los mencionados es el de «promover el bien general», por donde

se da al Estado jurídico un alcance no limitado en el derecho.

Según el artículo 33, uno de los poderes del Congreso es

«promover el progreso de las ciencias y artes útiles» asegurando

por tiempo limitado, á autores é inventores «el derecho exclusivo

de sus respectivos escritos é inventos».

Guiándose por el mencionado inciso del preámbulo, el

Estado hubiera podido asumir la dirección y responsabilidad de

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

206

la cultura general en la Unión americana, puesto que la cultura

es una de las formas del bien social; pero conduciéndose según el

precepto que da el artículo 33, el Estado no podía hacer más de lo

que ha hecho, encerrándose en su capacidad negativa de proteger

los hechos consumados por la iniciativa jurídica de los asociados.

Hay, sin embargo, que tener presente un hecho. La

Constitución federal de los Estados Unidos es una organización

del Estado en cuanto entidad compleja, que ha tenido necesidad de

atender y atenerse á otras entidades ya organizadas y en uso efectivo

de poderes y derechos preestablecidos para la realización de los fines

particulares de cada uno de ellos. De aquí resultó que, cuidándose

cada Estado particular de la función que hubiera podido atribuirse

al Estado general operando como institución unitaria de elementos

y grupos, no quisieron ceder el poder de dirigir la cultura común.

Así, mientras el Estado federal no concurre á ese fin sino por el

medio indirecto de la tributación, cuando por medio de la ley

designa la porción de territorio que ha de aplicarse al sostenimiento

y renta de escuelas, ó por el medio restrictivo que el artículo 33 de

la Constitución define, los Estados particulares contribuyen y están

autorizados á contribuir de mil modos al fomento de la instrucción

pública y al desarrollo de la cultura social.

x

LECCIÓN XXX

Análisis del segundo grupo de derechos absolutos. — Condición

de justicia. — Derechos de ciudadanía.

La administración de justicia es el medio institucional de

poner en armonía, aplicando las leyes positivas, los derechos de

las personas entre sí, de ellas con el Estado, y de éste y ellas con

otros Estados ó con personas jurídicas de otros Estados.

Lecciones de Derecho Constitucional

207

Si las leyes no son aplicadas equitativamente, los

menesterosos de justicia preferirán dirimir desordenadamente

las controversias que entre ellos se susciten. Para que éste, el peor

de los males sociales, no acontezca, hay necesidad de considerar

al asociado en su triple capacidad jurídica, y en cada una de

ellas proveerle del conjunto de facultades que ha menester, si se

quiere constituir con él un elemento de orden y equilibrio.

Esto es lo que hace del individuo un ciudadano; es decir,

una persona jurídica, dotada de derechos y sujeta á deberes, ante

la ley común, así civil como penal, ante la ley fundamental, y

ante la ley internacional. Bajo estos tres aspectos debe considerar

sus derechos la Constitución, puesto que las leyes orgánicas

distinguen entre él y el extranjero, puesto que la ley fundamental

reconoce al natural ó naturalizado lo que niega al extranjero,

y puesto que la ley internacional privada regula su jurisdicción

según la ciudadanía.

Los derechos anejos á la persona humana en su carácter de

ciudadano de un Estado, se clasifican en tantos grupos cuantos

son los aspectos de la ciudadanía: el grupo de los derechos anejos

á la ciudadanía civil, que ponen al ciudadano bajo el amparo de las

leyes positivas, así civiles como penales; el grupo de los derechos

anejos á la ciudadanía política, que excluyen del goce de los

derechos políticos á ciudadanos de otro Estado; el grupo de los

derechos anejos á la ciudanía internacional, que preestablecen las

circunstancias y condiciones en que el ciudadano originario de un

Estado puede ó debe, según los casos, reclamar ó someterse á la

jurisdicción originaria.

Los derechos anejos á la ciudadanía civil y criminal, son: el

derecho de reclamar pronto y breve juicio así en las causas civiles

como en las criminales; el de no ser sometido á doble pena; el

de no oficiar como testigo contra sí mismo en causa criminal;

el de no ser condenado, sin previo procedimiento de ley, á

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

208

pérdida de libertad, bienes ó vida; el derecho de ser notificado

de la naturaleza y causa de la acusación; el derecho de careo con

testigos; el derecho de defensa y defensor; el derecho de reclamar

contra fianza, multas y castigos excesivos.

De estos derechos, merecen particular mención los referentes

á la ley penal, porque la honra, la vida y la libertad personal están

más á merced del Estado que los derechos civiles.

Los derechos anejos á la ciudadanía política, son: el de

petición, el de delegación, y el de considerar reservadas al

conjunto de los ciudadanos las facultades no expresamente

delegadas al Estado.

El de petición es uno de los derechos políticos más

trascendentales. Por medio de su ejercicio pueden los ciudadanos

contribuir del modo más efectivo á las tareas legislativas y

ejecutivas, exponiendo en tiempo oportuno la opinión común, ó

pueden contribuir á la estabilidad del orden jurídico, reclamando

á tiempo contra infracciones de ley ó abusos de poder que sean

capaces de ocasionar disturbios graves.

El derecho de delegación, á que nos referiremos extensamente

al tratar de la función electoral, es exclusivamente político y

corresponde también al conjunto de ciudadanos, por más que

en la imposibilidad de ejercerse colectivamente la facultad de

delegar, á menos que individualmente se manifieste la voluntad

de cada cual, se presenta como acto personal de cada ciudadano.

Derecho político es también el que resulta de considerar

reservadas al conjunto de los ciudadanos las facultades que la

Constitución no haya atribuido expresamente á los funcionarios

del poder. La misma vaguedad é indeterminación de este

derecho lo hace precioso. Contenido por él en sus atribuciones

predeterminadas, el Estado hallará frecuentemente un límite

indeciso de poder que, ó bastará para inducirlo á abstenerse cuando

parezca discutible su ejercicio de poder, ó servirá para entablar una

Lecciones de Derecho Constitucional

209

querella de atribuciones que, independientemente del servicio que

prestarán en la elucidación de los problemas de derecho público,

arraigarán la noción de la soberanía en la Sociedad y la fuerza del

derecho colectivo en el espíritu de los asociados.

Los derechos anejos á la ciudadanía internacional son todos

los relacionados con el estatuto personal. Así como en virtud de

su imperio, el Estado ejerce jurisdicción sobre sus ciudadanos

en todos los casos relativos á capacidad civil, casos en que la ley

los sigue y los domina aunque se hayan extrañado, así en virtud

de su jurisdicción nativa, tienen los ciudadanos el derecho de

reclamarla cada vez que, en virtud de esas leyes viageras [sic],

ellos tienen el deber de someterse á ellas.

x

LECCIÓN XXXI

Continuación del análisis. — Condición de igualdad. —

Desigualdades naturales. — Igualdad jurídica. — Derecho

de libre acceso á la administración pública. — Derecho de

igualdad ante la ley.

Todos los seres humanos son iguales: todos son racionales,

conscientes, morales, responsables y libres. Así los ha hecho la

naturaleza, y así son. En toda la escala de los seres, los únicos

libres, los únicos morales porque son conscientes, los únicos

conscientes porque son racionales, son los seres humanos. Esta

unidad de naturaleza, que los distingue en absoluto de los otros

seres, los confunde en la misma igualdad orgánica. Ni el tiempo,

ni el lugar, ni las diferencias ó peculiaridades fisiológicas, alteran

la igualdad. Menos aún la alteran las leyes, las tradiciones ó las

violencias contrarias á la naturaleza. Todos los hombres son

iguales por ser hombres.

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

210

Pero la misma institutriz de la igualdad específica de la familia

humana, estableció la desigualdad individual. Si la naturaleza hizo

los iguales, la naturaleza misma hizo los desiguales. Siguiendo

su plan general de organización, de la misma unidad dedujo la

variedad; y con una y otra preparó la armonía que se propuso.

Instituyó la igualdad para que todos los hombres vivieran

como hombres; pero estableció la desigualdad para que, mediante

el libre uso de sus aptitudes personales, cada hombre concurriera

de un modo especial al fin de todos.

La igualdad absoluta habría hecho imposible el propósito de

la naturaleza, y la desigualdad empieza en las mismas condiciones

esenciales del ser humano. Ningún entendimiento es igual á

otro, ninguna voluntad igual á otra, ninguna sensibilidad igual

á otra: la misma conciencia es desigual en su imperio sobre los

individuos, la misma razón no tiene igual fuerza ni regularidad

de funciones en los seres racionales.

Junto á las desigualdades esenciales se presentan las

accidentales, y más eficientes que cualesquiera otras, las resultantes

de la educación y la cultura: el ineducado no es igual al educado,

aun cuando el educado prescinda de su superioridad; el inculto

no puede igualarse al culto, por más que el culto intente ponerlo

á su nivel; el vicioso no puede ser igual al virtuoso, por obligado

que éste se vea á coexistir con aquél; el malo no puede igualarse

al bueno, por frecuente que sea la superioridad social del malo.

A estas desigualdades se agregan las sociales. En el seno de

la asociación humana más igualitaria, de las mismas necesidades

de su economía surgen diferencias de funciones que requieren

subordinación de las unas á las otras.

Así, pues, la igualdad uniforme y universal que han erigido

en base de organización las sociedades que, pudiendo optar

entre dos modelos, optaron por el peor y se declararon herederas

voluntarias de la Revolución francesa, cuando su herencia

Lecciones de Derecho Constitucional

211

natural la brindaba la revolución americana, es una igualdad

contra naturaleza.

Sin duda que, bajo el régimen de ella, viven muy holgadas

la ignorancia y la maldad; pero no es la igualdad del mal, es la

del bien la que trata de establecer el derecho, y lo establece de

dos modos: primero, reconociendo que la ley es la misma para

todos; segundo, declarando igualmente accesibles para todos los

ciudadanos las funciones todas de la administración pública.

De ese modo igualados ante la ley, los asociados pueden

competir en aptitud jurídica y en aptitud intelectual, sin que

privilegios de clase obsten al derecho positivo que todos tienen

de reclamar el amparo de la ley, ni al derecho moral que da el

mérito de ser cada cual juzgado por sus obras. En los pueblos

de origen sajón, la igualdad jurídica se ha perpetuado en una

institución secundaria, el Jurado, que los pueblos latinos no han

sabido imitar ó aprovechar.

El Jurado, que procede de la costumbre que los pueblos

del Norte tenían de juzgar los iguales por los iguales, era,

mientras subsistió como derecho consuetudinario, un verdadero

privilegio que parcelaba la administración de Justicia en tantos

fueros cuantos eran los órdenes, clases ó jerarquías sociales. Pero

cuando la Magna Charta incorporó la costumbre en el cuerpo

jurídico de la nación británica, el Jurado tomó el carácter de

una institución general que, ampliando el derecho primitivo

y haciéndolo común á todos los ingleses, mejoró la costumbre

tradicional de los pueblos bárbaros é hizo efectiva la igualdad

ante la ley.

La revolución americana, desde 1776, y desde 1789 la

francesa, dedujeron prácticamente la segunda consecuencia

jurídica del principio de igualdad, y aboliendo las distinciones

nobiliarias, los privilegios de clase y la especie de servidumbre

intelectual en que el mérito se veía forzado á mantenerse, dieron

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

212

libre acceso á las funciones públicas de la Administración general

á individuos de cualesquiera procedencias sociales.

El derecho de igualdad, así ceñido á su carácter propio,

coopera con los otros al fin ordenador de todos ellos. Dentro de

sus límites naturales, es una fuerza conservadora: fuera de esos

límites, una fuerza destructora.

Al tratar de la función judicial, consideraremos la institución,

el Jurado, que hace efectivo este derecho en el primer aspecto con

que se nos presenta. En cuanto al segundo aspecto del derecho

de igualdad, es decir, el acceso á las funciones u operaciones de

la Administración pública, está ya consagrado sólidamente por

la costumbre.

x

LECCIÓN XXXII

Continuación del análisis. — Condición de seguridad. —

Seguridad personal. — Inviolabilidad del domicilio y de la

correspondencia. — Derecho de usar y llevar armas.

Gobierno que no da seguridad á la vida, la libertad y la

propiedad de las personas, no es gobierno. Ya sea el legislador

quien no convierta en ley esa triple necesidad, ya el ejecutor

de la ley quien la descuide, ya el juez quien la desatienda, ya

el elector quien no la tenga en cuenta al escoger los idóneos

para satisfacerla, cuando todas ó cualesquiera de las funciones

del gobierno dejen de satisfacer esa necesidad, la sociedad

nacional tendrá mandatarios, pero no tiene gobierno. Es más:

rigorosamente considerados los fines de la asociación política,

no hay Sociedad.

Lo primero que en ella busca el individuo es la seguridad de

su persona, de su actividad y de sus bienes. Con tan predominante

Lecciones de Derecho Constitucional

213

propósito lo busca, que le sacrifica cualquier otro fin, por alto y

humano que lo considere.

Esa es la explicación esencial de las autocracias, aun las más

nefastas. Á cambio de la seguridad, se da la dignidad. Pero es claro

que no es Sociedad la agrupación en donde queda suprimido el

hombre, ni es gobierno la jefatura de uno que está en que en

medio de millares ó millones que están arrodillados.

La seguridad que en tal estado político y social tienen

las personas, está lejos de ser la seguridad jurídica. Lejos de

ser ésta incompatible con un estado superior al político que

hace necesaria la autocracia, y al social que hace inevitable la

demagogia, conviene tan exactamente con las evoluciones

más adelantadas de la Sociedad y del Estado, que, ó coincide

con ellas, ó las favorece. Las favorece, cuando sucede lo que á

principios del siglo XIII sucedía en Inglaterra. Coincide con las

evoluciones, cuando acontece lo que aconteció en las colonias

inglesas de América, al separarse de su metrópoli, á fines del siglo

XVIII. Allí, el derecho de seguridad fue base de una constitución

evolutiva. Aquí fue fautor de una constitución orgánica de

poderes iguales antes separados ó mal ligados. Fue en Inglaterra

un tan fecundo principio de evolución jurídica, que con razón

pudo decir Chattam que “los derechos afirmados en la Magna

Charta valen tanto como el derecho clásico;” es decir, como

el conjunto de seguridades civiles reconocidas por el derecho

romano.

Con efecto: la simple afirmación constitucional de que el

asociado no puede ser injuriado y perseguido en su persona, en

sus bienes, en su hogar y en sus comunicaciones epistolares, á no

mediar mandamiento expreso y razonado de juez competente

para hacerlo; la mera afirmación de la necesidad de un juicio

pronto que subsiga á toda detención preventiva; la sola

declaración del derecho de defensa armada contra toda injuria

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

214

ó persecución no expresamente decretada por autoridad judicial

preestablecida, son por sí mismas una evolución trascendental

que mejora, porque consolida, todo cuanto el derecho civil haya

establecido por su parte.

Sin el reconocimiento constitucional de los derechos de

seguridad, bien poco valen las garantías que las leyes orgánicas den

á la libertad, á la propiedad, al hogar doméstico y á las relaciones

epistolares de los asociados, puesto que siempre mediará entre

ellos y la administración de justicia el poder ilimitado del Estado

que no es entonces la suma de instituciones convergentes en el fin

mismo del gobierno, sino el gobierno arbitrario de un Ejecutivo

singular ó plural que cohíbe ó anula la acción de la justicia

regular. El reconocimiento constitucional de los derechos de

seguridad fortalece, por el contrario, la administración de justicia,

porque arma al individuo con el poder de reclamar del juez el

cumplimiento de la ley común, y de los funcionarios del poder

legislativo y ejecutivo la eficacia de la facultad constitucional que

se le niega. Esto era lo que el mismo citado Chattam quería decir

cuando declaraba rey de su choza al leñador inglés porque, sin su

permiso, no podía penetrar en ella el mismo rey de la Gran Bretaña.

Independientemente de las circunstancias más ó menos azarosas

en que lo coloque el estado social, no puede gozar de la seguridad

de su persona un ciudadano, sino dentro del orden político que

constitucionalmente lo autorice á armarse de su derecho para

hacer frente á quienquiera atente ilegalmente contra su libertad,

su hogar u otra de aquellas extensiones de la personalidad que,

como la correspondencia epistolar, completan la persona social.

La seguridad personal, que consagra el habeas corpus, consiste

esencialmente en el derecho de no ser detenido ó encarcelado

sino en virtud de acto judicial conforme con el procedimiento

preestablecido por la ley. «Ningún hombre libre sea aprehendido

ni encarcelado sino previo juicio de iguales suyos», fue la

Lecciones de Derecho Constitucional

215

fórmula de la Magna Charta para reconocer ese derecho. En

las Constituciones contemporáneas se agrupan ese derecho, y

la llamada inviolabilidad del domicilio y la correspondencia,

así como el de defensa ó de llevar armas, porque, en efecto, los

unos son secuela de los otros; pero generalmente se suprime el

reconocimiento del jurado como forma obligatoria de la garantía

de esos derechos.

El jurado, que efectivamente ha sido la mejor garantía de

ellos en Inglaterra y en las sociedades de su origen, no es, sin

embargo, tan absolutamente necesario para garantizarlos, que

no pueda conseguirlo la administración de justicia colegiada que

es usual.

Lo que importa es reconocer constitucionalmente el

derecho que tiene el ciudadano á no ser ilegalmente privado de

su libertad; á no dejar violar su domicilio sino á la justicia; á

perseguir ante ella á los que violen su correspondencia epistolar;

á no ceder su propiedad sino por causa de utilidad pública,

previa indemnización, y á repeler con las armas al que usa de la

fuerza para privarlo de esos derechos.

Entre todos los que constituyen el derecho de seguridad

personal, ninguno ocasiona tantas ambigüedades de

interpretación y peligrosos extravíos en su ejercicio, como el

de usar armas para repeler la fuerza que arbitrariamente quiera

cohibir la seguridad personal.

Para establecer de un modo preciso el alcance y carácter

propio de este derecho, detengámonos á considerarlo y discutirlo.

El derecho de tener y llevar armas para garantía, seguridad y

defensa del derecho común y del Estado, es una de las facultades

individuales más torpemente interpretadas y de un modo más

contraproducente ejercidas por el ciudadano. Países de nuestro

origen y triste educación moral y política hay, en los cuales se

ha interpretado y puesto en práctica este derecho como facultad

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

216

de andar y vivir armados, hasta el punto de no estar seguro el

inerme que confía en sus derechos y en su dignidad individual

más que en las armas. Facultado cada cual para usar de ellas, en

vez de reservarlas para concurrir, en los conflictos del derecho

ó del Estado, á cumplir con el deber de defenderlos, se arman

los ciudadanos en defensa propia, amenazándose todos á todos,

todos dispuestos á emplearlas al menor agravio, mal usándolas

siempre ó casi siempre, contribuyendo á sabiendas á la peor

educación de la ignorancia pública, concurriendo sin saberlo al

régimen de fuerza, y cooperando inconscientemente á la pérdida

de aquel noble valor, único efectivo en las relaciones de derecho,

que tiene por arma la ley común y por baluarte la dignidad

individual.

El error que en tales países se comete, sirve de un modo tan

eficaz como penoso para rellenar las estadísticas del crimen, pero

no aumenta en un solo grado el valor individual y el colectivo.

Por lo contrario, disminuye el colectivo hasta el punto de hacer

incapaz al pueblo, así educado en el abuso de la fuerza bruta,

de toda honrosa sublevación colectiva contra el mal gobierno,

y mengua el valor personal hasta el extremo de reducirlo á

verdadera cobardía, que este vicio, y no aquella virtud, es lo

que demuestra la falta de confianza en sí mismo y la confianza

irracional en los instrumentos de fuerza, de crimen y de muerte.

No es ese el derecho que debe consagrar una Constitución:

ese es un innoble abuso de derecho que la ley, la educación y las

instituciones correccionales y penales deben reprimir con energía.

El derecho de tener y usar armas para seguridad del derecho y del

Estado, tiene tres aspectos igualmente considerables:

Primero, el de derecho de repulsión contra agresiones no

autorizadas por la ley.

Segundo, el de derecho de defensa colectiva.

Tercero, el de derecho de rebelión.

Lecciones de Derecho Constitucional

217

En su primer aspecto, la facultad de usar y llevar armas es un

último recurso, una última garantía del derecho contra violencias

de hecho ó violaciones de forma que infrinjan los preceptos de

la ley escrita. Así, una agresión de particulares ó de autoridad

no judicial contra nuestra libertad ó nuestra propiedad, justifica

una repulsión armada. Esta, en resumen, no es más que una

ampliación del derecho de legítima defensa, consagrado de

antiguo por la legislación consuetudinaria y positiva de todos los

tiempos, y por la moral universal.

En su segundo aspecto, el derecho de usar y llevar armas

consiste en la facultad que los ciudadanos ejercitan cuando

concurren con sus personas y sus armas á la formación de la

milicia ciudadana, al voluntario aprendizaje del arte militar,

con el fin de dar soldados al derecho y al Estado, y á la libre

adquisición de la disciplina y el ordenado proceder colectivo y

cooperativo que, en un momento inopinado, pueden requerir el

derecho en conflicto con la tiranía ó el despotismo, y el Estado

en conflicto con Estados usurpadores ó agresivos.

Puede asegurarse que todos los abusos sistemáticos del

poder y todos los vencimientos preconcebidos y preparados del

derecho, han resultado del no reconocimiento de esta facultad

política, ó de su no ejercicio por los ciudadanos que descuidan la

formación de milicias voluntarias y disciplinadas; pues obvio es

que los funcionarios del poder respetarán tanto más el derecho

público cuanto más pronto á defenderlo esté la colectividad

armada.

En cuanto á la defensa nacional, también será más eficaz

cuanto mejor preparados á ella estén los ciudadanos de un

Estado; y lo estarán mejor, cuanto más habituados estén á la

disciplina colectiva que establece una milicia regular.

El tercer aspecto de la facultad de usar y llevar armas, que

es el que nos la presenta como derecho de rebelión, sería el que

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

218

á más detenidas consideraciones nos llamara, si los peligros que

deja entrever fueran tan positivos como á primera vista nos

parecen.

A no dudarlo, en una sociedad desorganizada, ó no

organizada todavía, que ha perdido ya la fuerza cohesiva del

derecho, ó que aun no ha logrado constituirla, es un peligro el

reconocimiento del derecho de rebelión. Mas no porque el cuerpo

social esté siempre dispuesto á provocar ó sufrir las convulsiones

revolucionarias, sino porque el coeficiente de esos estados de

debilidad social es el frenesí de las ambiciones personales. Ellas

son, en definitiva, las que gobiernan esas sociedades; y para

imponerse, no es extraño que apelen á ese derecho. No por eso

pierde éste su fuerza natural, pues así como, abusando de él,

engañan y se imponen las ambiciones frenéticas, así, usando

de él, puede enfrenadas la Sociedad. Pero si en realidad no

es peligrosa en sí misma la declaración constitucional de una

facultad que se reserva como recurso supremo el conjunto de

los asociados, hay para la ciencia dos consideraciones que deben

obstar al reconocimiento del derecho de rebelión como derecho

individual. Es la primera, que ese derecho no es una de aquellas

condiciones esenciales para los fines de la vida individual en

el Estado. Es la segunda que, requiriendo para su ejercicio el

concurso voluntario de la universalidad de los asociados, no es

tanto un derecho individual, cuanto un derecho colectivo, no

es tanto un derecho que ha de reconocerse, cuanto una parte

de poder social que el todo soberano se reserva para emplearlo

contra los delegados de la Soberanía, cada vez que estos alteran

las condiciones constitucionales con que han aceptado el

encargo de concurrir á la organización de la libertad por medio

del derecho. Y si es una reserva de poder, tácitamente se afirma

con la mera distribución de poderes delegados, puesto que es la

parte de poder que es imposible delegar.

Lecciones de Derecho Constitucional

219

x

LECCIÓN XXXIII

Conclusión del análisis. — Condición de propiedad. —

Derechos generales del trabajo.

La propiedad es una condición tan esencial de la sociabilidad

y del trabajo, que no se sabría á cual de estas dos leyes sociales

referirla. Por esa su íntima dependencia de dos órdenes parciales

de la Sociedad que tanto difieren uno de otro en apariencia,

la propiedad es todavía un problema no resuelto. Los unos,

atribuyendo á la entidad social las aptitudes económicas que

niegan á la entidad individual, sólo reconocen en el Estado,

representante de la Sociedad, la capacidad de los hechos de

apropiación. Los otros, analizando los elementos del trabajo y

de la producción de la riqueza, consideran la propiedad como

un derecho individual. Aquéllos constituyen la escuela socialista,

y éstos la individualista, que de la esfera económica han pasado

á disputarse en la política la primacía militante, junto con la

primacía doctrinal. La ciencia de la organización jurídica tiene,

por tanto, que plantearse el problema y resolverlo hasta donde

sea necesaria su solución para fundar lógicamente al derecho que

reconoce.

La sociabilidad es un principio de orden natural en cuya

virtud existe, subsiste y se conserva la Sociedad; y el trabajo es otro

principio de orden social en cuya virtud la suma de los esfuerzos

individuales es igual á la cantidad de riqueza producida y de

necesidades satisfechas. Esos dos órdenes, parciales como son, no

contienen toda la realidad social, sino que están contenidos dentro

de ella y concurren con otros órdenes ó aspectos fraccionales (la

libertad y el progreso, por ejemplo) al orden general, natural y

necesario de la Sociedad. Partes, pues, del todo armónico que

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

220

contribuyen á formar, la sociabilidad y el trabajo no difieren sino en

cuanto los hechos que determina cada uno de esos dos principios

corresponden á medios particulares del mismo fin de asociación

natural. Así, la sociabilidad, que es el principio de existencia de

la Sociedad, tiene en la misma naturaleza humana los medios de

hacerse efectiva, y aplica á ese fin el instinto de conservación, el

de reproducción, el de familia, las pasiones sexuales, el interés, la

conveniencia, la utilidad, etc., que son sus medios privativos. Así,

también el trabajo, que es el principio de estabilidad social, tiene

sus medios peculiares de realizarse en los instintos orgánicos del

hombre y en las necesidades físicas, morales é intelectuales que

sólo por medio del trabajo se pueden satisfacer. Mas no por tener

su órbita propia cada una de esas dos leyes sociales dejan las dos

de tener puntos de contacto; y cuando menos, tienen dos: uno,

el fin común á que concurren, la vida y el orden de la Sociedad;

otro, el de la comunidad de algunos de sus medios. Y, con efecto,

si los instintos son el instrumento empleado por la naturaleza

para compeler al individuo á vivir en sociedad, y las necesidades

son el procedimiento fisiológico seguido para obligarlo á trabajar,

las dos leyes sociales están ligadas entre sí por los medios que les

son comunes, y hasta pueden llegar á presentarse confundidas

á los ojos de los que no distingan claramente los dos órdenes

parciales que establecen una y otra.

Partiendo de la noción de que la Sociedad existe como una

entidad orgánica que subordina todas las existencias particulares

que en ella y con ella se realizan, podemos llegar al extravío

mental de creer que la Sociedad es todo, el individuo nada, y de

que los hechos y resultados del trabajo, como los resultados y los

hechos de todos los fenómenos sociales, son efecto exclusivo de

la actividad del todo, en modo alguno de las partes constitutivas

de ese todo, y, como consecuencia, que al todo corresponde lo

que sólo él ha tenido virtualidad para efectuar.

Lecciones de Derecho Constitucional

221

Partiendo, al contrario, del hecho de que el trabajo social,

con todas sus resultancias, se descompone en la suma de todos los

esfuerzos individuales realizados de continuo para la satisfacción

de necesidades fisiológicas y económicas que sólo llegan á ser

sociales después de haber sido individuales, se puede incurrir en el

error de inferir que el principio general del fenómeno económico

que se examina es exclusivamente el individuo. Mas si se atiende

á la realidad, desentendiéndose de toda tendencia doctrinal

exclusivista, se notará que, en la ley de sociabilidad, funciona el

individuo como factor indispensable, y que, en la ley del trabajo,

funciona la Sociedad como consecuencia necesaria. Siendo esa

la realidad, los exponentes de ambas leyes coparticiparán del

carácter de una y otra, y ni serán exclusivamente sociales ni

exclusivamente individuales, sino á la vez individuales y sociales,

como factor y consecuencia que son en ambos órdenes. Así, la

propiedad, hecho individual en cuanto el individuo, solicitado

por sus necesidades, es el factor general en los hechos de

apropiación, es un hecho social en cuanto consecuencia de los

instintos afectivos que determinan la formación de la familia,

primer hecho de sociabilidad.

Hecho complejo, la propiedad es á la vez un derecho y

una capacidad. Como derecho, se refiere al individuo; como

capacidad, al Estado. Derecho, se funda en la naturaleza que,

al compelernos por las necesidades al trabajo, nos faculta á

beneficiar el producto del trabajo. Por eso no reconoce la

ciencia económica otra propiedad que la fundada en el trabajo.

Capacidad, los hechos de apropiación están subordinados á

necesidades sociales, como la constitución de la familia por la

responsabilidad de sostenerla y conservarla, la perpetuación de

la familia por la transmisión y la herencia del capital acumulado.

Es, pues, la propiedad un derecho; y en cuanto derecho, es una

condición esencial de existencia para el individuo en sociedad.

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

222

Los derechos que de esa condición necesaria se derivan,

están íntimamente relacionados con el trabajo, puesto que toda

apropiación, tanto ante la ciencia económica como ante la ley,

se justifica en él.

Para que sea efectiva la facultad económica y legal que

tenemos de apropiarnos el fruto de nuestro trabajo, es necesario,

por una parte, que tengamos completa libertad de trabajar; por

otra parte, que seamos asistidos por el Estado en aquellos casos

de pública calamidad ó fuerza insuperable que nuestra propia

iniciativa no pueda reprimir.

La libertad industrial y el derecho de asistencia son las dos

manifestaciones generales que en sus efectos jurídicos tiene para

el asociado el trabajo, y ambas deben constar como derechos

positivos en la Constitución del Estado.

Hasta qué punto pueda extenderse el derecho de asistencia,

dicho está por las condiciones en que puede reclamársele. Y

que la libertad industrial tiene también un límite de hecho en

la organización económica de las sociedades contemporáneas,

lo dice el sistema de cambio internacional establecido por el

proteccionismo. Mientras éste prevalezca, la libertad industrial no

será completa.

x

LECCIÓN XXXIV

Deberes constitucionales.

Aun cuando la correlación de derechos y deberes es tan

evidente, que un derecho no tiene verdadera realidad mientras

no lo sanciona un deber correspondiente, ni el deber es verdadera

sanción sino cuando corresponde á un derecho positivo; y aun

cuando, en virtud de esa correlación, todas las afirmaciones

Lecciones de Derecho Constitucional

223

positivas de derechos son afirmaciones positivas de deberes, hay

necesidad de indagar si una constitución política es completa

cuando no hace declaraciones de deberes; si hay deberes

característicamente constitucionales que la ciencia haya de

incluir entre sus medios de organización jurídica, y si al hacerlo,

invade la esfera de la moral, trasponiendo inútilmente la suya,

ó se mantiene en ésta, realizando en forma positiva la relación

teórica que liga el derecho á la moral. Antes de proceder á la

indagación, y como previo antecedente de ella, comprobemos

con el mismo derecho constituyente la correspondencia entre

derechos y deberes.

En términos generales, podríamos decir que todo el derecho

público comprueba esa correlación, puesto que su objeto final

es ligar en la misma tarea de organizar y vivir la libertad, al

individuo y á la Sociedad, al ciudadano y al Estado, limitando

la actividad del Estado en la del ciudadano y las capacidades ó

poderes de la Sociedad en las facultades ó derechos del individuo,

de modo que el derecho de la parte integrante sea deber del todo

integral, y recíprocamente, deber de la parte el derecho del todo.

De otro modo, ningún valor objetivo tendría la declaración

constitucional de los derechos absolutos del individuo. Mas

como la declaración se hace porque conlleva la limitación de

los poderes relativos del Estado, éste tiene el deber preciso de

respetar en su ejercicio todos y cada uno de esos derechos.

Recíprocamente, el individuo, independientemente del deber

general de hacer efectivos sus derechos, tiene tantos deberes

cuantas son las capacidades reconocidas al Estado.

La fuerza objetiva de esta doble eficacia, del derecho

individual en el deber del Estado, y del derecho del Estado en el

deber del individuo, se manifiesta como un hecho real y positivo

en las sociedades mejor organizadas. Por tanto, podemos

considerar ese como un hecho en que fundar nuestra indigación.

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

224

A primera vista, y puesto que es un hecho la correspondencia

de los derechos y los deberes en la vida práctica del individuo

y del Estado, parece innecesaria una declaración de deberes

constitucionales, y hasta es pleonástica la afirmación de deberes

de tan positiva realidad que, aun sin mención ni invocación

expresa, se objetivan por sí mismos en virtud de la fuerza lógica

que los liga á los derechos. Siendo estos y aquellos como son

entre sí el anverso y el reverso, un deber invertido el derecho,

derecho á la inversa el deber, no hay para qué esforzarse en

corroborar preceptivamente una dependencia tan natural. Mas

cuando se atiende escrupulosamente á la realidad activa del

hombre en sociedad, se nota que el cumplimiento del deber no

es consecuencia tan continua del derecho como sería necesario

que fuera para que la declaración efectiva del uno compeliera á

la práctica del otro. El hecho mismo de existir en toda Sociedad

algunos individuos que se singularizan por su austera devoción

al deber, demuestra la universalidad del hecho opuesto; y

la coexistencia de la aptitud positiva de unos pocos, junto á

la aptitud negativa de la generalidad de los asociados, es una

prueba de la necesidad de compeler al inmenso mayor número á

proceder como el reducido menor número.

La religión, en la parte fundamentalmente buena de toda

religión, ha intentado esa obra; pero sólo de un modo parcial

la ha realizado. La moral, cuyo fundamento y fin coinciden en

propósito y objeto, puesto que su propósito es la dirección de

la actividad y el objeto final de la actividad es el bien, encamina

por su parte hacia el deber la facultad que rige, y cuanto más

se desentiende del fin trascendental de las religiones, mejor la

rige; pero no ha logrado que sus preceptos se hagan eficaces en

la esfera del derecho público. Omisiones, faltas y delitos que en

la vida de relación individual y civil arredrarían, se consuman

impunemente en las relaciones políticas. Un hombre en ese estado

Lecciones de Derecho Constitucional

225

indefinido de moralidad que llamamos honradez, se consideraría

deshonrado, si, en sus relaciones privadas, faltara al compromiso

que, tácita ó expresamente, hubiera contraído de contribuir con

parte de su peculio al sostenimiento de una asociación particular,

y cree acto jurídico y expresión de sus enérgicas convicciones

el negarse, por ejemplo, á tributar en servicio del Estado. En

millares de individuos, la religión, la moral y la ley civil han

imbuido la noción del deber de los padres para con los hijos,

logrando hacer de ellos lo que en la esfera de la vida civil ha de

ser el padre de familia; y, sin embargo, ese buen padre ante la

sociedad civil y en el hogar, lejos de creerse delincuente, se tiene

por hombre de su derecho cuando esquiva el cumplimiento del

deber de obligar á su hijo á recibir la instrucción fundamental.

Por buenos ciudadanos pasan los hombres de miedo que se

llaman hombres de orden cada vez que quieren lisonjear una

autocracia que se arraiga, una oligarquía que se extiende ó una

demagogia que se desenfrena, y creen deber de prudencia el

hábito de indiferencia ó de cobardía que los aleja de las filas

de los partidos militantes. Las abstenciones sistemáticas que en

todas partes alejan de los comicios una porción considerable

de los ciudadanos que debieran componer el cuerpo electoral,

se consideran como acto de derecho, cuando son una flagrante

violación del deber electoral.

En casi todas las sociedades latino-americanas hay millares

de ciudadanos naturales que, usando de su ciudadanía nativa

para todos los casos de conveniencia personal, se abroquelan

en su ciudadanía de extracción cada vez que la patria nativa los

necesita, sin que lo que podría llamarse su vida fraudulenta les

noticie siquiera la vergüenza de esa existencia sin deberes públicos.

Contra esas omisiones, que la repetición convierte en faltas y las

circunstancias incluyen á veces en la categoría de los delitos, nada

pueden las leyes religiosas ni las morales ni las civiles.

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

226

Y sin embargo, por la extensión de sus consecuencias,

que abarcan á todo el cuerpo social en todo su presente y

porvenir, el no cumplimiento de esos deberes es un peligro

colectivo tan grave como el que accidentalmente puede

producir cualquiera calamidad pública. Es por sí mismo una

calamidad social.

Modo de conjurarla, hasta ahora no hay ninguno; de

remediarla por completo, jamás lo habrá. Pero ya es tiempo de

conjurarla, si queremos que la organización jurídica sea eficaz, y

de oponerle algún remedio, si queremos que el resultado de la

organización jurídica sea, como puede y como debe ser, además

del orden jurídico, el moral.

Ahora bien, si los tres consejeros de deber, ley civil, moral

y religión, ninguna fuerza ejercen para obligar al asociado al

cumplimiento de sus deberes de ciudadano, hay que apelar á la

ciencia que armoniza derechos con poderes, para que el remedio

del mal que en la vida política se deplora más pasivamente de lo

que conviene, llegue algún día á ser eficaz.

Como todo deber, por su misma naturaleza, es voluntario,

y para que la voluntad se doblegue á él, hay necesidad de elevarla

á un grado tan alto de moralidad que baste por sí sólo para

moverla en el sentido del deber, la ciencia de la organización

jurídica no podría, con simples preceptos, lograr lo que con

los suyos no ha logrado la moral. Si, pues, la consagración

constitucional de los deberes políticos ha de tener realidad

jurídica, es indispensable que tengan fuerza penal, y que la ley

orgánica que sanciona y castiga las infracciones del derecho,

castigue y sancione las infracciones del deber. No cabiendo en la

ley fundamental esa sanción, tocará á la ley penal completar de

un modo positivo el precepto de la Constitución que declare los

deberes necesarios para hacer efectivos, ordenados y orgánicos

los derechos connaturales. Sólo así, completando con la ley

Lecciones de Derecho Constitucional

227

penal la fundamental, se logrará ese importante fin, así como

sólo será completa la constitución del Estado cuando, junto á

los derechos que consagran la persona humana, aparezcan los

deberes que compelan al ejercicio de los derechos esenciales de

la ciudadanía política.

Si por acaso es nueva esta concepción teórica de los

deberes constitucionales, la idea de obligar al ciudadano

al cumplimiento de sus deberes políticos consta ya en la

legislación antigua. Toda la urdimbre del sistema anormal de

Licurgo consiste en los medios que el legislador de Esparta

escogió para convertir en deberes compulsivos los derechos que

negaba á la personalidad y trasladaba al Estado espartano. El

precepto de las leyes de Solón que obligaba á los atenienses á

declararse expresamente por una u otra de las fracciones que

se disputaban la gobernación del Ática era una tentativa en el

sentido de afianzar el derecho en el deber. La expresa obligación

que todas las constituciones, tradicionales ó formadas ex-

profeso, imponen de responder al llamamiento de la nación en

sus conflictos interiores ó exteriores, es un precepto fundado

en la relación de deber y derecho. La Constitución del Brasil

declara deber el llamado derecho del sufragio. La Constitución

francesa de 1848, queriendo establecer los deberes recíprocos

de los ciudadanos y la República, incluyó multitud de preceptos

de moral entre los mandamientos constitucionales, creyendo

con ese esfuerzo de buena fe y de nobilísima intención que así

aseguraba ó contribuía á asegurar la estabilidad del gobierno

del pueblo por el pueblo.

Pero esa afirmación de deberes morales está fuera de

lugar en una Constitución política. No son los que enseñan la

moral social los deberes que convienen á la finalidad jurídica

que intentamos darles. Y no porque la moral sea incompetente

para influir en el derecho, ó porque la actividad jurídica sea

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

228

independiente de la moral, que este es un error de irreflexión,

ignorancia ó mala fe, sino porque los deberes que encaminan en

el hombre al ciudadano, tienen dos caracteres peculiares que los

exceptúan de la ley moral. Por una parte, son compulsivos; por

otra parte, se refieren concretamente á una actividad humana

que por sí sola realiza un fin de vida.

Considerados en su primer aspecto, esos deberes se

distinguen de todos cuantos la moral establece, porque éstos

no compelen á cumplimiento, y ellos sí. Deber y compulsión

son términos contradictorios en moral, porque la moral dirige

la voluntad por medio de la razón y la conciencia, las dos

únicas actividades del hombre que no consienten coacción. Por

eso emplea como recurso supremo en su tarea la educación de

esas dos fuerzas, para que libre y espontáneamente hagan por

convencimiento y dignidad, por amor á la verdad y la justicia,

los sacrificios que demanda el bien.

Considerados en su segundo aspecto, los que llamamos

deberes constitucionales son concretos. Lejos de tener la

universalidad de aplicación que tienen los morales, que por sí

mismos son fin, y hasta fin definitivo en todas las actividades

menos en la del derecho, los deberes constitucionales se refieren

concretamente al propósito orgánico del derecho. No son medios

directos para el bien, sino para el bien por medio del derecho; no

tienen por objeto el bien por el bien mismo, sino el bien útil que

resulta de hacer efectiva la coexistencia armónica de derechos y

poderes en la sociedad política.

Así distinguidos de los que estatuye la moral social, y

así concretados á un propósito de bien jurídico, los deberes

constitucionales pueden concurrir á la organización del Estado,

y deben tener un lugar en la Constitución.

Lecciones de Derecho Constitucional

229

x

LECCIÓN XXXV

División y enumeración de los deberes constitucionales.

Los deberes políticos se dividen naturalmente según el

sujeto y según el objeto del deber. Según el sujeto, se refieren al

ciudadano ó al Estado. Según el objeto propenden á hacer eficaz

la función del Estado ó la función del ciudadano.

Los deberes individuales ó relativos al ciudadano son los de

que vamos á ocuparnos. Los deberes colectivos ó que asume el

Estado, se establecen por sí mismos en el análisis de atribuciones

que corresponden á cada una de las funciones del poder social.

Los deberes constitucionales del individuo son cinco:

Deber de educación ó de aprendizaje obligatorio;

Deber de contribución;

Deber de partido político ó de opinión activa;

Deber del voto;

Deber de servicio militar.

Del cumplimiento de esos deberes depende concretamente

el funcionar ordenado del Estado en todas y cada una de sus

instituciones primarias (municipio, provincia, nación,) y en

todas y cada una de las instituciones secundarias que, con el

nombre colectivo de Gobierno, forman las funciones de poder:

electoral, legislativa, ejecutiva y judicial.

No siendo otra cosa el gobernar que la aplicación de los

poderes delegados á la conservación de la libertad por el derecho,

al establecimiento del orden por el desarrollo ó progreso de

las fuerzas materiales, mentales y morales de la Sociedad, y al

perfeccionamiento de la sociedad nacional por el dominio

creciente de su vida, así interior como exterior, es innegable

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

230

que el ciudadano, cada ciudadano, todo ciudadano, coopera

de un modo activo, aunque negativo, en la tarea de gobernar,

puesto que cada ciudadano, todo ciudadano, puede simplificar ó

complicar la tarea del gobierno, según que sea ó no sea elemento

de libertad, orden y perfeccionamiento.

Es tal elemento, cuando está dispuesto al sacrificio

por la patria, cuando concurre con su voto de buena fe al

acto de delegar los poderes de la Soberanía, cuando declara

varonilmente su opinión y coadyuva á la formación de doctrinas

de gobierno, cuando contribuye concienzudamente al pago

de los servicios que el Estado le presta, y cuando hace cuanto

de su voluntad y entendimiento ha dependido para iniciarse

en el conocimiento de aquellas verdades fundamentales y de

aquellos procedimientos de universal aplicación que sirven para

el desarrollo y fortalecimiento de la razón. No es tal elemento

de libertad, orden y perfeccionamiento, cuando no cumple

con todos y cada uno de esos deberes. Obstáculo, en este caso,

de la tarea positiva del gobierno, obsta al derecho del Estado,

al derecho que la Constitución le reconoce de usar con ese

fin las funciones de poder que le han sido delegadas. En este

caso, sirviendo de rémora al gobierno, el ciudadano que se cree

con el derecho de faltar á sus deberes contribuye lentamente

á la ineficacia de su propio derecho, á la desvirtuación de las

funciones del poder público, al relajamiento de las relaciones

jurídicas entre la Sociedad y el Estado, á la tenebrosa substitución

de la libre actividad de aquélla con la depresiva fuerza de éste,

y á la formación de esos híbridos sistemas de gobierno que en

apariencia descansan sobre la voluntad social y que en realidad

se basan en la inmoralidad de los ciudadanos explotada por la

inmoralidad de los funcionarios del Estado.

Largo tiempo de educación del entendimiento público

y de la voluntad colectiva costará el llegar á un momento

Lecciones de Derecho Constitucional

231

de lucidez común y á un estado de sanidad social en que

no sea posible, ó en que, al menos, no sea frecuente la

usurpación de poderes del Estado alentada por el abandono

de derechos y deberes. Acaso no llegue nunca por completo;

pero ya es tiempo de que la ciencia, aconsejándolo, y las

leyes fundamentales y penales, preceptuándolo, preparen

por medio de una efectiva relación jurídica entre derechos y

poderes mutuamente copulados por deberes constitucionales,

el advenimiento de ese momento.

Visto el modo de ser eficaces que tienen esos deberes y el

por qué de su eficacia, resta ver en qué consisten.

El primero de los deberes constitucionales ó políticos que

hemos mencionado, el de aprendizaje obligatorio, consiste en la

compulsión que la ley primera y la penal han de ejercer sobre

padres y tutores para obligarlos á que aprovechen, en favor de

aquellos sobre quienes ejercen la tutela natural ó la legal, el

beneficio de la enseñanza. El deber de aprender en el individuo,

corresponde al deber de enseñar en el Estado. Cuando éste

funciona por el derecho y para él, tiene interés capital en que

todos los ciudadanos posean los elementos del saber, y en ese

interés común se ha fundado la obligación de atender, con

recursos comunes que el Estado administra, á la enseñanza

elemental común. Para que la obligación se cumpla por ambas

partes, la ley compele á los padres de familia á someter á sus hijos

al régimen de esa educación común.

Pero como se ha creído que esas leyes de compulsión

expresaban solamente, ora un mayor grado de libertad social,

ora un mayor desarrollo de cultura pública, los países que han

seguido ese noble ejemplo de los Estados Unidos no han creído,

como éstos no creyeron, que la institución del aprendizaje

obligatorio para el ciudadano y de la enseñanza obligatoria para

el Estado, correspondía á la ley fundamental; y no creyéndolo,

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

232

la establecieron en leyes orgánicas ad hoc. Eso no basta: la ley

orgánica instituirá las responsabilidades; pero la constitucional

es la que ha de establecer el deber.

El segundo de los deberes enumerados es el de tributación,

que consiste en hacer práctico el principio de la mutualidad de los

servicios. Los que presta el Estado no deben ser exclusivamente

recompensados con aquellas contribuciones indirectas que,

además de tener el grave inconveniente de pesar sobre el consumo,

tienen el funesto efecto de desligar los deberes funcionales del

Estado de los deberes cooperativos del ciudadano. Ese sistema

tributario favorece el error y la ignorancia; la ignorancia de la

porción más considerable de la Sociedad que, no contribuyendo

con parte proporcional de su peculio á las cargas públicas, no

sabe de donde salen los recursos con que el Estado subviene á las

necesidades públicas; el error del mayor número, que no se cree

obligado á pagar ó contribuir á pagar los servicios que le presta

el Estado y que no se puede pagar sino con impuestos que pesen

sobre todos.

La institución de este deber por la ley fundamental, que

es especialmente urgente para los pueblos jóvenes, tiene suma

importancia para todos. En todos es base de tributación la

aduana, órgano de vejámenes para el comercio local, nacional

é internacional, para la fortuna pública y la privada, para la

libertad de industria y para el progreso de la conciencia pública.

Deteniéndose en este último efecto funesto de la tributación

indirecta, la reflexión científica descubre en él la causa de la

mortal indiferencia y del criminal egoísmo que ha concluido

por divorciar, en casi todas partes, los intereses privados de los

intereses públicos, amortiguando la conciencia nacional, que

no vé la pérdida de riqueza y de prosperidad privada y pública

que cuesta el no contribuir directamente á los gastos comunes

y á la formación de las rentas nacionales, y que, mientras las

Lecciones de Derecho Constitucional

233

circunstancias permiten no acudir directamente al ciudadano

en demanda de cooperación pecuniaria, permanece indiferente

é impasible.

La institución del deber de tributación directa: está llamada

á disminuir la cantidad de males económicos, políticos y morales

que hoy nacen de la general ignorancia en muchas partes, y de la

resistencia al cumplimiento de ese deber en otras muchas.

El tercero de los deberes constitucionales no es menos

importante ni menos trascendente que los otros. Si todos los

ciudadanos contribuyeran en todo tiempo á la formación de

partidos doctrinales, nunca, probablemente, lograrían imponerse

las banderías personales. Mas como los deberes políticos

están subordinados á la noción personal del derecho que cada

ciudadano está en libertad y se supone en aptitud de formar,

los intereses individuales preponderan sobre los colectivos, y

cada cual se atribuye el derecho de cumplir ó no cumplir con

su deber, según que el interés egoísta lo persuada ó lo disuada.

No es este torpe empleo de la libertad moral el que organizará

jamás la libertad política. Cada dejación individual del derecho

de opinar, y cada abandono del deber de afirmar la opinión, es

una verdadera sustracción de Soberanía, porque es una verdadera

exclusión de elementos esenciales para la constitución de la

soberanía militante. Á medida que se efectúa la sustracción de

soberanía natural, compuesta de la suma de asociados, se efectúa

inversamente la usurpación de soberanía por los funcionarios del

Estado; en tanto que, de exclusión en exclusión, los componentes

de soberanía se restan, las usurpaciones de poder se suman,

hasta que llega el día no pensado en que, no habiendo soberano

natural, asuma la Soberanía efectiva un grupo que la burla ó un

individuo que la pisotea.

Este doble proceso, descendente el uno, ascendente el

otro, se puede seguir analíticamente en todas las sociedades

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

234

democráticas que han podido y no han querido ó sabido utilizar

los principios de organización en que descansan. Son sociedades

democráticas, no principalmente porque todas las entidades que

componen el agregado social sean iguales, sino porque todas

esas entidades son jurídicas. Y puesto que están armadas del

derecho, no para lisonjearse pasivamente de tenerlo, sino para

ejecutarlo activamente, claro es que irán perdiendo la capacidad

de gobernarse por sí mismas á medida que vayan abandonando

el deber de hacer efectivo su derecho. Y puesto que faltan

sistemáticamente á ese deber cuantos, teniendo el derecho de

opinar é influir en los negocios públicos, descuidan su derecho,

ora por egoísmo, ora por pesimismo, ya por desatender la relación

que hay entre los intereses individuales y los públicos, ya por

desconfianza de su propia iniciativa, claro es que el gobierno de

todas por todos irá necesariamente, degenerando hasta que se

convierta en el mando de todos por unos pocos, ó en jefatura de

uno sobre todos.

Todos son remedios contra ese mal en la democracia

representativa; pero acaso, hecha excepción del deber electoral,

ningún remedio es tan seguro como el cumplimiento del deber

de concurrir á formar partidos de principios y doctrinas.

Para hacer compulsivo ese deber es un obstáculo la libertad

individual que, uso como es de todos los derechos absolutos,

queda desnaturalizada cuando, aun en beneficio del derecho

y de ella misma, está cohibida. Pero el obstáculo es aparente.

No hay contradicción entre un derecho reconocido y el deber

de practicarlo obligatoriamente. Si la hubiera, el aprendizaje

obligatorio y el derecho de conciencia á que corresponde, serían

contradictorios: lo serían también el deber de servir militarmente

á la nación y el derecho de seguridad individual que él cohíbe. Y

no lo son. En el primer caso, porque el Estado tiene el derecho

de exigir á los gobernados que se eduquen é instruyan para mejor

Lecciones de Derecho Constitucional

235

concurrir á los fines colectivos. En el segundo, porque la sociedad

nacional tiene el derecho de reclamar de sus componentes los

últimos servicios y los mayores sacrificios de seguridad, en

reciprocidad de los servicios continuos que les presta.

Independientemente, pues, de los motivos doctrinales en

que hemos fundado la declaración de deberes políticos, el deber

de partido se justifica por la misma razón de necesidad y de

servicio mutuo que justifica el deber de educación y el de servicio

militar. Mas, para que no subsista el obstáculo de contradicción

que se nos presentó, restablezcamos dos nociones que resuelven

esa aparente contradicción.

Dijimos que el derecho, elemento orgánico, y el poder,

elemento orgánico también, tienen en el deber un término medio

necesario, una cópula que los liga y los limita mutuamente.

No ha mucho hemos dicho que la correlación entre el derecho

y el deber es tan esencial que, en realidad, son términos

convertibles. Pues bien, si unimos por su vínculo lógico estas

dos nociones, tendremos que, siendo correlativos derechos y

deberes, y correspondientes entre sí las facultades individuales

ó derechos y las capacidades sociales ó poderes, puesto que

unas y otras son elementos de organización social, no hay

contradicción entre el libre ejercicio de un derecho y el deber

compulsivo de ponerlo en práctica, porque el deber, además de

correlación del derecho, es el medio de correspondencia entre

las facultades del individuo y las capacidades de la Sociedad. Y

ya que, en la realidad humana, para que el deber sea efectivo es

necesario que sea compulsivo, así como se compele á él en las

relaciones civiles del derecho civil, así debe compelerse en las

del político.

En la misma noción descansa el deber electoral. Pero como

tenemos necesidad de considerarlo especialmente al analizar la

naturaleza de la función electoral, bástenos aquí afirmar que la

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

236

declaración constitucional de este deber es más urgente que otra

alguna, porque de ella depende la organización de la primera

entre todas las funciones del poder.

El deber de servicio militar, que es hasta ahora el único

establecido por todas las constituciones políticas, corresponde

al derecho que el Estado, representante de la sociedad nacional,

ejerce en casos de conflicto, interior ó exterior, sobre todos los

nacionales, obligándolos á tributarle su sangre y su existencia.

Aislado, como se presenta en las leyes fundamentales ese

deber, más aparece como una fuerza ejercida discrecionalmente,

que como una facultad ejercitada legítimamente. Casos hay,

como el de las guerras internacionales, que casi siempre son

guerras de injuria contra la humanidad, la civilización, el derecho

y el progreso, en que la imposición de ese deber es un aumento

de iniquidad. Pero el dulce deber de sacrificarse por la patria no

ofrecerá objeción ninguna, cuando, como en esta enumeración

doctrinal de los deberes, se presenta coronando la obra de ligar

entre sí individuos con individuos, Sociedad y Estado, facultades

y poderes, todo y parte, que es la tarea encomendada á los deberes

jurídicos, políticos ó constitucionales.

237

RECAPITULACIÓN

Los conocimientos adquiridos en esta tercera parte se

resumen con facilidad y brevedad. Están reducidos á definir la

constitución política, á clasificar y analizar los derechos absolutos,

y á enumerar y exponer los deberes constitucionales.

Como, además de derechos y deberes, toda constitución

contiene especialmente la organización de los llamados poderes

del Estado, la tercera debiera ser la última parte de este tratado,

y presentar el análisis de cada una de las funciones del poder y

la exposición y razón de todas y cada una de las atribuciones en

todas y cada una de las ramas de poder. Pero el método aconseja

la división de ese análisis en dos secciones: una, para los derechos

y deberes del individuo; otra, para las capacidades y deberes del

Estado.

Aun cuando esto bastaría para resumir lo expuesto en la

primera sección de esta tercera parte, la trascendental importancia

de la materia obliga á una recapitulación más minuciosa.

Hemos dicho:

1° Lo que es Constitución y cómo debe ser;

2° Lo que debe contener en primer lugar, con qué carácter

y en qué forma;

3° Que los derechos que, ante todo, ha de declarar una

Constitución, han de presentarse con el carácter de absolutos,

y por qué;

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

238

4° Que los derechos absolutos se clasifican en dos grupos,

que corresponden á dos grupas [sic] de condiciones esenciales;

5° Que en el grupo de los derechos derivados de las

condiciones específicas, han de incluirse la inviolabilidad de

la vida y las libertades de conciencia, los que por antonomasia

llamamos derechos de libertad, y los de educación y de cultura;

6° Que en el grupo de los derechos derivados de la condición

sociológica, han de incluirse el triple derecho de ciudadanía, el

de igualdad ante la ley y la administración pública, los derechos

que abarca el habeas corpus, y los de asistencia y propiedad;

7° Que una Constitución política no es completa en tanto

que no contiene una declaración de deberes;

8° Qué deberes son los que ha de declarar una Constitución,

y cómo han de llegar á tener los deberes jurídicos la eficacia que

no tienen los morales;

9° Que no hay contradicción entre deberes compulsivos y

derechos absolutos.

Si completamos con un resumen sintético el analítico

que acabamos de hacer, tendemos que el objeto de esta parte

del estudio es el de presentar como bases de Constitución, los

derechos, los deberes y los poderes: los derechos, como una

necesidad de la naturaleza, que es inútil y peligroso no declarar;

los poderes, como una necesidad de nuestra sociabilidad; los

deberes, como medio necesario entre ambos elementos.