Sentencia nº 8 de Suprema Corte de Justicia, del 30 de Mayo de 2007.

Fecha de Resolución:30 de Mayo de 2007
Emisor:Segunda Sala
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Fecha: 30/5/2007

Materia: Correccional

Recurrente(s): J.C.H..

Abogado(s): Dr. J.B..

Querellante: R.R., compartes.

Abogado(s): D.. J.N.L., M.L. de B., L.. S. de J.P.C..

Intrvniente(s):

Abogado(s):

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia regularmente constituida por los jueces; J.S.I., P.; E.M.E., Segundo Sustituto de Presidente, H.A.V., J.L.V., M.T., J.I.R., E.R.P., D.R. de G., J.A.S., V.J.C.E., A.R.B.D., E.H.M., P.R.C., J.E.H.M. y D.F.E., asistidos de la Secretaria General, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, en la Sala donde celebra sus audiencias, hoy 30 de mayo del 2007, años 164° de la Independencia y 144° de la Restauración, dicta en audiencia pública, la siguiente sentencia:

Sobre el proceso seguido a J.C.H., diputado al Congreso Nacional, conjuntamente con J.A.R. y E.M., por alegada violación a los artículos 307, 309-1 y 311 del Código Penal Dominicano;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído al alguacil llamar a los imputados J.C.H., diputado; J.A.R. y E.M., de los cuales sólo J.C.H. está presente;

Oído a J.C.H. y J.A.R., imputados, en sus generales de ley;

Oído a la querellante, R.R., en sus generales de ley;

Oído al Dr. J.N.L. y L.. S. de J.P.C. por sí y por la Dra. M.L. de B. en representación de los señores E.B., F.B. y R.R., querellantes;

Oído al Dr. J.B. en representación de los señores J.H. y J.R., J.H. asistiéndose en su propia defensa;

Oído al Ministerio Público en la presentación del caso;

Resulta, que el 22 de agosto del 2006, la Procuraduría General de la República, apoderó a esta Suprema Corte de Justicia, del proceso a cargo de J.C.H., diputado, J.A.R. y E.M., en razón de que J.C.H. está amparado en las disposiciones del artículo 67 de la Constitución de la República, sobre Privilegio de Jurisdicción, al ostentar la calidad de Diputado al Congreso Nacional;

Resulta, que en atención a lo expresado anteriormente, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia fijó la audiencia del día 8 de noviembre de 2006 para el conocimiento del asunto;

Resulta, que en la audiencia celebrada el día 8 de noviembre del 2006, el representante del Ministerio Público, dictaminó: A.: Que previo a que se ordene la continuación del presente juicio, sea declarada la suspensión de la presente causa, con la finalidad de darle cumplimiento a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 278-04; la Resolución No. 2529-2006, en sus artículos 3, incisos 2, 8 y 9 y los artículos 293 al 295, 313 y 315 del CPP y además para que sea depositada la certificación correspondiente, sobre el privilegio de jurisdicción del encartado, establecida en el artículo 67 de la Constitución y 377 del CPP, en virtud de que el mismo en la actualidad se desempeña como Diputado al Congreso Nacional; Segundo: Que sea fijada la próxima audiencia en el plazo que este honorable pleno estime pertinente";

Resulta, que la Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado, falló de la siguiente manera: APrimero: Acoge el pedimento formulado por el representante del Ministerio Público, en la presente causa seguida a los imputados J.C.H., J.A.R. y E.M., en el sentido de declarar la suspensión de la presente causa, con la finalidad de darle cumplimiento a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 278-04, artículo 3 inciso 2, 8 y 9 de la Resolución No. 2529-06, de esta Suprema Corte de Justicia, y los artículos 293 al 295, 313 y 315 del Código Procesal Penal y para que sea depositada la certificación que justifique el privilegio de jurisdicción del imputado J.C.H.; Segundo: Ordena a la Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia proceder a intimar a las partes para que en el plazo de diez (10) días establecido en el artículo 3, ordinal segundo, de la Resolución No. 2529-06 citada, realicen las actuaciones propias de la preparación del debate conforme al artículo 305 del Código Procesal Penal; Tercero: Fija la audiencia pública del día diecisiete (17) de enero del 2007, a las nueve (9) horas de la mañana, para conocer del presente proceso; Cuarto: Reservan las costas para ser falladas conjuntamente con el fondo";

Resulta, que en la audiencia del 17 de enero del 2007, el Ministerio Público dictaminó: AEl Ministerio público es parte del proceso de conformidad con el nuevo Código Procesal Penal, y no tiene que notificársele si se notificó o no, lo importante es si realmente fue citado o notificado el imputado como consta en el expediente, lo que es extraño es que no está presente el imputado, como abogado y eso si es un estado que debemos de considerar y que no caiga en estado de indefensión"; a lo que se opusieron los abogados de la parte civil, al concluir: ARatificamos nuestro pedimento de la continuación de la causa";

Resulta, que la Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado, falló de la siguiente manera: APrimero: Acoge el pedimento formulado por la representante del Ministerio Público, en la presente causa seguida a los imputados J.C.H., Diputado al Congreso Nacional, J.A.R. y E.M., en el sentido de declarar la suspensión de la presente causa, con la finalidad de citar nueva vez a los imputados; Segundo: Pone a cargo de la Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia proceder a la citación de los imputados y los querellantes; Tercero: Fija la audiencia pública del día siete (7) de febrero del 2007, a las nueve (9) horas de la mañana, para la continuación de la causa; Cuarto: Esta sentencia vale citación para las partes presentes; Quinto: Reservan las costas para ser falladas conjuntamente con el fondo";

Resulta, que en la audiencia del 7 de febrero del 2007, los abogados de la defensa, concluyeron en forma incidental, de la siguiente manera: APrimero: comprobar y declarar que en el presente proceso se trata de una fusión de dos querellamientos penales, los cuales estaban siendo conocidos bajo el esquema procesal contenido en el Código de 1884 en donde real y efectivamente figura como querellante principal el señor J.C.H. en contra de los Sres. F.B. y E.B.; que como consecuencia de ese querellamiento Penal fueron detenidos por violación a los Arts. 307 y 311 del Código Penal, por los hechos de agresión al querellante en funciones del ejercicio de la abogacía, obteniendo su libertad mediante sendos contratos de fianza; por otra parte, estos querellados presentaron qurellamiento penal en contra del querellante inicial señor J.C.H., por las mismas pretensiones penales de que estaban acusados, estando consciente la Duodécima Sala bajo este contexto y escenario de ambos querellamientos es que produce la declinatoria en calidad de S.S. del señor J.C.H., arrastrando con ello todo el proceso que en ese momento se estaba conociendo; Segundo: Que esta Honorable Suprema Corte de Justicia tenga a bien comprobar y declarar que la declinatoria a consecuencia de la cual se produce desapoderamiento por el Juez de la Duodécima Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, no se produce únicamente con respecto del Sr. Julio C.H., sino del proceso, el cual envuelve todos los sujetos procesales mencionados precedentemente; que es en virtud de esta declinatoria en que el Ministerio Público toma conocimiento del mismo y apodera esta Honorable Sala, mutilando el presente proceso, toda vez de que solamente apodera a esta S. en cuanto al Sr. H. y para conocer de las relaciones y querellamiento presentado contra el señor J.C.H.. En ese sentido, que la Corte constate esos hechos y finalmente que tenga a bien ordenar la suspensión del proceso a los fines siguientes: 1. que se le de la oportunidad a los imputados J.C.H., J.A.R. y E.M. por las razones siguientes: a) al D.J.C.H., por haber sido notificado en un domicilio al cual él no pertenece; b) en cuanto al Dr. J.R., éste fue notificado en un domicilio diferente al que él tiene y que además para la audiencia de hoy depositara certificación donde da constancia que desde el 14 de enero hasta la fecha está fuera del país en su condición de Consultor jurídico de la Secretaría de Estado de Agricultura, tratando negociaciones sobre el permiso de dominicanas para trabajar a la isla de Puerto Rico en el área de agricultura; c) que en cuanto a E.M., éste sea citado en su domicilio, en razón de que los propios querellantes han señalado el domicilio de éste en la República de Italia, en la Vía Garibaldi No. 19, y que en ese sentido para estar en igualdad de condiciones este proceso sea suspendido por las razones alegadas"; que por su parte, los abogados de la parte civil, concluyeron: "Magistrado, vamos a referirnos a los artículos 293 y 294 de este Código que dice que el Ministerio Público debe producir sus conclusiones para el apoderamiento y estas son las conclusiones que produce el apoderamiento. Aclarado el criterio de que el Ministerio Público ha actuado correctamente de acuerdo a los artículos 293 y 294, vamos a señalarle que durante años que ha durado este litigio que es un conjunto de más de 30 demandas, el domicilio de elección de los co-imputados, J.C.H. y J.R. precisamente ha sido donde ellos recibieron la noticia de que hoy se le habían repuesto los plazos y por eso están presentes aquí, J.C.H. y si no está J.R. es que ellos dicen que hubo una causa de fuerza mayor y en 8 años y para este proceso el domicilio ha sido en la oficina del Dr. F.A.R. y el señor E.M. también hizo elección de domicilio en esta oficina. Nosotros entendemos que más importante que la notificación es que el plazo fue repuesto y por eso es que están aquí. Por qué no aportaron sus pruebas y escrito de defensa como hicimos nosotros? Porque si bien ellos figuraron con el beneficio de dos fianzas fue consecuencia de elementos materiales. Ellos quedaron citados y es un irrespeto a esta Suprema Corte de Justicia no haber comparecido, en esa virtud concluimos de manera formal solicitando el rechazamiento de la solicitud de aplazamiento de la presente audiencia, en razón de la improcedencia de dicho pedimento porque han sido bien citados y se les repuso los plazos de acuerdo al 147 y porque no han dado fiel cumplimiento a los plazos conminatorios prescritos por nuestra nueva normativa procesal, y en consecuencia ordenéis la continuidad del presente proceso tal y como ha sido planteado en el acta de apoderamiento por el Ministerio Público"; mientras que el ministerio público dictaminó en la forma siguiente: A-Resulta, Magistrados que el Código de Procedimiento Criminal ya está en desuso y eso de echarle la culpa a una parte ya en el Código Procesal Penal no existe, porque al decir que el Ministerio Público mutiló cuando existe una sentencia No. 797-06 de fecha 20 de junio del 2006, no habla de fusión de expediente y es lo que nos apodera a nosotros para nosotros actuar como actuamos y todavía están concluyendo y no concluyen sobre la fusión. Sobre los demás co-imputados se dice que no se notificó en el domicilio real, pero ellos están dando calidades por ellos y no han dicho cuál es el domicilio real. Sobre los alegatos de la parte de la defensa no nos oponemos porque se fundamenta en lo establecido en el Art. 147 del Código Procesal Penal sobre fuerza mayor, porque si una persona no está en el país y no tiene conocimiento de eso y si van a depositarla para que las partes tengan conocimiento. Sobre la fusión desde un principio expresamos a este Tribunal que en Primera Instancia se estaba conociendo dos querellas, pero que ahora lo que estamos haciendo es conociendo de una de ellas";

Resulta, que la Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado, emitió su decisión de la manera siguiente: "Primero: Reserva el fallo sobre las conclusiones presentadas por las partes, en la causa seguida a los imputados J.C.H., Diputado al Congreso Nacional, J.A.R. y E.M., para ser pronunciado en la audiencia pública del día catorce (14) de marzo del 2007 a las nueve (9) horas de la mañana; Segundo: Pone a cargo de la Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, proceder a la notificación de los co-imputados J.A.R. y E.M.; Tercero: Esta sentencia vale citación para las partes presentes y representadas; Cuarto: Reserva las costas para ser falladas conjuntamente con el fondo";

Resulta, que en la audiencia del 14 de marzo del 2007, el magistrado presidente ordena a la secretaria dar lectura a la sentencia incidental, cuyo fallo se había reservado para la fecha, la cual textualmente dice así: "Primero: Ordena la fusión de la querella presentada en fecha 4 de marzo del 2002, por J.C.H. y la querella presentada en fecha 11 de marzo del año 2002, por E.B. y F.B., por constituir dos piezas del mismo caso judicial; Segundo: Declara que la declinatoria pronunciada por la Duodécima Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, basada en el privilegio de jurisdicción que ostenta el co-imputado J.C.H., en razón de ser diputado al Congreso Nacional, aprovecha a los demás procesados; Tercero: Fija la audiencia para el 30 de mayo del 2007, a las 9:00 horas de la mañana, a fin de conocer el fondo del asunto contra los co-imputados J.C.H., E.B., F.B., J.A.R. y E.M.; Cuarto: Ordena la citación de los referidos co-imputados en sus respectivos domicilios procesales, declarados en la audiencia del 7 de febrero del 2007; Quinto: Reserva las costas para ser falladas conjuntamente con el fondo";

Resulta, que en la audiencia del 14 de marzo del 2007, el ministerio público expresó lo siguiente: "Magistrado, ambas partes desistieron de ambas querellas y llegaron a un acuerdo, de acuerdo con los artículos 271, 44.5 y 74.3. Ellos nos depositaron el desistimiento y nosotros hicimos nuestras conclusiones en base a esto. Creemos que sería procedente que el Pleno conozca de este acuerdo y de la posición del Ministerio Público"; y por su parte, los abogados de la parte querellante, expresaron: ACiertamente las partes manifestaron su intención, luego de conversaciones parece que la paz llegó a su conciencia y ambas partes han dejado sin efecto ni consecuencias jurídicas ambas querellas. Como nuestra nueva normativa contempla la posibilidad de que ambas partes pueden llegar a un acuerdo, se depositó en la persona del Magistrado Procurador General Adjunto el original legalizado de dicho acuerdo. Entendemos que debe dejarse sin efecto la nueva fijación de esa vista. Vamos a solicitar que se deje sin lugar y efecto jurídico la fijación propuesta por este Pleno y que si lo juzga oportuno se pronuncie in voce ordenando el archivo definitivo de la litis";

Considerando, que dentro de las piezas y documentos que integran el presente proceso, existe un acto de desistimiento, instrumentado por ante el Dr. P.A.S.P., N.P., el cual textualmente expresa lo siguiente: AEntre: De una parte, los señores Licdos. Julio C.H.E. y J.A.R., dominicanos, mayores de edad, casados, portadores de las Cédulas de Identidad y Electoral Nos 001-0297231-2 y 001-0715087-2, ambos domiciliados y residentes en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, quienes en lo que sigue del presente documento se denominarán por sus nombres completos, o simplemente La Primera Parte; y de la otra parte, los señores F.B., E.B. y R.R., italianos, mayores de edad, solteros, portadores de las Cédulas de Identidad y Electoral Nos. 001-1536710-4, 001-1734991-2 y 001-1536713-8, domiciliados y residentes en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, quienes en lo que sigue del presente documento se denominarán por sus nombres completos, o simplemente La Segunda Parte; Preámbulo: Por Cuanto: A que las partes se han visto involucradas en diferentes procesos legales, La Primera Parte, en su condición de abogados, y La Segunda Parte en su condición de propietarios de unidades inmobiliarias edificadas dentro del Condominio CUCAMA VILLAGGIO, y que como consecuencia de estas litis, se generó un enfrentamiento personal lamentable, que ocasión un estado violencia en donde las partes recibieron diferentes lesiones, sobre las cuales fue apoderada la Duodécima Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; Por cuanto: A que por su condición, el primero de Subsecretario de Interior y Policía y luego por su condición de Diputado el Congreso Nacional, el Licdo. Julio C.H., y en virtud del artículo 67 de la Constitución Política vigente, goza del privilegio de jurisdicción, y en esa sola condición, los expedientes Números 249-02-01089 y 02-118-01363, fueron remitidos al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, la cual está apoderada del conocimiento al fondo y en única instancia de dichos expedientes que componen el expediente No. 2006-2682; Por cuanto: A que con el devenir del tiempo, las partes se ha acercado y conciliado sus diferencias cuyos efectos han servido de base para fundamentar el presente acuerdo y del cual el presente preámbulo forma parte integral; Se ha convenido y Pactado lo Siguiente: Primero: Las partes declaran su expresa voluntad y deseo de desistir por su mutuo consentimiento de las instancias y querellas que originaron los apoderamientos de acción pública a instancia privada a la Duodécima Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional y de las cuales en la actualidad se encuentra apoderado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, mediante los expedientes Nos. 249-02-01089 y 02-118-01363, que componen el expediente No. 2006-2682; Segundo: Que ambas partes reconocen que las instancias y querellas enunciadas en el preámbulo forman parte integral del presente acto y que renuncian de manera expresa, irrevocable e incontrovertible a continuar la persecución de cualquiera de estos expedientes penales y que se conoce en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, valiendo para las partes descargos recíprocos y revistiéndolo con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada de acuerdo con el artículo 545 del Código de Procedimiento Civil Dominicano; Tercero: A que las partes acuerdan comunicarle al Lic. I.R., Procurador General Adjunto de la República, distinguido representante del Ministerio Público el contenido in extenso del presente documento a los fines que él entienda procedente de acuerdo a nuestra normativa procesal penal; Cuarto: Los abogados de ambas partes, D.. J.A.N.L., Dulce L. de B. y S. de Js. P.C., por la Primera Parte y los Licdos. J.Z. y J.B., por la Segunda Parte, concurren a la firma del presente documento firmándolo juntamente con las partes; Hecho y firmado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los seis (06) días del mes de marzo del año Dos Mil Siete (2007); Firmado: Por la Primera Parte: L.. Julio C.H. y L.. J.A.R.; Por la Segunda Parte: E.B.; F.B. y R.R.; Por los abogados de la Primera Parte: L.. J.Z. y J.B.; Por los abogados de la Segunda Parte: Dr. J.A.N.L.; Dra. Dulce L. de B. y Licdo. S.A. de Js. P.C.. Yo, P.A.S.P., Abogado Notario Público de los del número del Distrito Nacional, miembro del Colegio Dominicano de Notarios, Matrícula No. 1000, Certifico y Doy Fe, que las firmas que anteceden han sido puestas libre y voluntariamente por los señores J.C.H.E., J.A.R., E.B., F.B., R.R., J.A.N.L., Dulce L. de B., S.A. de Js. P.C., J.Z. y J.B., de generales y calidades que constan, quienes me han declarado bajo la fe del juramento que esas son las firmas que acostumbran usar en todos los actos de sus vidas. En la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los seis (06) días del mes de marzo del año dos mil siete (2007)";

Considerando, que la normativa procesal penal plantea que cuando el ejercicio de la acción pública depende de una instancia privada, el ministerio público sólo está autorizado a ejercerla con la presentación de la instancia y mientras ella se mantenga; que esa instancia privada se produce con la presentación de la denuncia o querella por parte de la víctima;

Considerando, que, de igual forma, el Código Procesal Penal permite que el querellante pueda desistir de la misma en cualquier momento del procedimiento; que, en la especie, existe constancia de un acuerdo amigable entre las partes envueltas en el presente litigio tal y como se colige del documento trascrito precedentemente;

Considerando que como consecuencia del referido desistimiento, el artículo 44.5 del Código Procesal Penal señala que la acción penal se extingue por la revocación o desistimiento de la instancia privada, siempre y cuando la acción pública dependa de aquella; que una vez verificado el desistimiento por el acuerdo de las partes, resulta procedente, dar acta pura y simple del mismo y ordenar el archivo del caso.

Por tales motivos y vistos los artículos 67 de la Constitución de la República; 31, 44.5, 124, 271 y 272 del Código Procesal Penal; y los artículos 307, 309 y 311 del Código Penal, después de haber deliberado.

Falla:

Primero

Da acta del desistimiento de la instancia privada realizada por las partes de manera recíproca; Segundo: Declara extinguida la acción penal en el presente proceso, por los motivos expuestos; Tercero: Ordena el archivo definitivo del caso; Cuarto: Ordena que la presente sentencia sea notificada al Magistrado Procurador General de la República y a las partes, así como publicada en el Boletín Judicial para su general conocimiento.

Firmado: J.S.I., E.M.E., H.A.V., J.L.V., M.T., J.I.R., E.R.P., D.R. de G., J.A.S., V.J.C.E., A.R.B.D., E.H.M., P.R.C., D.F.E., J.E.H.M., G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la Cámara de Consejo del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.