Sentencia nº 15 de Suprema Corte de Justicia, del 23 de Abril de 2008.

Fecha de Resolución:23 de Abril de 2008
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 23/04/2008

Materia: Correccional

Recurrente(s): L.. W.G.C., Procuradora Fiscal Adjunta del Distrito Nacional

Abogado(s): L.. W.G.C.

Recurrido(s):

Abogado(s):

Intrviente(s):

Abogado(s):

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces H.Á.V., Presidente; J.I.R., E.H.M. y Dulce Ma. R. de G., asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 23 de abril del 2008, años 165° de la Independencia y 145° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por la Procuradora Fiscal Adjunta del Distrito Nacional, L.. W.G.C., contra la resolución del 20 de septiembre del 2007, dictada por el Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el escrito motivado interpuesto por la Licda. W.G.C., Procuradora Fiscal Adjunta del Distrito Nacional, depositado el 11 de octubre del 2007, en la secretaría del Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, mediante el cual interpone dicho recurso de casación;

Visto la resolución dictada por esta Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia el 8 de febrero del 2008, que declaró admisible el presente recurso y fijó audiencia para conocerlo el 19 de marzo del 2008;

Visto la Ley No. 25 de 1991, modificada por la Ley No. 156 de 1997;

La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y vistos los artículos 393, 399, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; 65 y 70 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; la Ley No. 278-04 sobre Implementación del Proceso Penal, y la Resolución 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 31 de agosto del 2006;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes: a) que el 22 de agosto del 2007, el Magistrado Procurador Fiscal Adjunto ante el Departamento de Investigaciones de Homicidios, presentó acusación y solicitó apertura a juicio contra D.A.P.P., por presunta violación a los artículos 309 y 310 del Código Penal Dominicano en perjuicio de J.M. de la Paz Aponte; b) que para la instrucción del proceso fue apoderado el Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el cual emitió la decisión objeto del presente recurso, el 20 de septiembre del 2007, cuyo dispositivo establece lo siguiente: “PRIMERO: Dicta auto de no ha lugar a favor del justiciable D.A.P.P., por haber sido declarada como no presentada la acusación del Ministerio Público, ordenando el cese de la medida de coerción No. 576-07-00651, de fecha tres (3) del mes de agosto del 2007, impuesta por el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ordenar, por vía de consecuencia su inmediata puesta en libertad; SEGUNDO: La presente lectura de la presente decisión vale notificación a las partes; TERCERO: Se ordena la notificación a la víctima y al Ministerio Público a los fines del inicio de los polazos del recurso de apelación”;

Considerando, que la recurrente propone contra la decisión impugnada, los siguientes medios: “Primer Motivo: Inobservancia del artículo 304 del Código Procesal Penal; Segundo Motivo: Violación de normas relativas a la oralidad (artículo 417.1 del Código Procesal Penal Dominicano); Tercer Motivo: Ilogicidad manifiesta en la motivación de la resolución; Cuarto Motivo: Quebrantamiento u omisión de formas sustanciales de los actos, que ocasionen indefensión; Quinto Motivo: Violación al artículo 24 del Código Procesal Penal; Sexto Medio: Violación al artículo 12 del Código Procesal Penal Dominicano; Séptimo Motivo: Inobservancia del artículo 1 del Código Procesal Penal Dominicano y el Pacto de San José”;

Considerando, que por la solución que se dará al caso, sólo se procederá al análisis del primer y cuarto medios propuestos por la recurrente;

Considerando, que la recurrente, en el desarrollo de su primer medio, expresa en síntesis, lo siguiente: “que la Juez a-quo, emitió su decisión, fundamentada en el hecho de que al ser declarada como retirada la acusación, por no presentarse el Ministerio Público a sostenerla, es procedente, haciendo una interpretación extensiva de la norma, proceder a la absolución del imputado, en el sentido de que cuando se tenga por retirada la acusación, procede la absolución, ya que así lo establecen los artículos 307, parte in fine, y 337, numeral 1, del Código Procesal Penal Dominicano, en consecuencia, procedió a emitir auto de no ha lugar, y ordenó el cese de la medida de coerción, a favor del imputado; que la inobservancia invocada por el Ministerio Público en el presente medio, consiste en que el artículo 304 del Código Procesal Penal, no contempla en ninguno de sus numerales, el hecho de que cuando la acusación se da como no presentada, procede dictar auto de no ha lugar; razón por la cual el Ministerio Público entiende que la Juez a-quo, sólo podía emitir un auto de no ha lugar, si se encontraban presentes una o varias de las cinco situaciones establecidas en el citado artículo 304 del Código Procesal Penal, lo cual no acontece en el presente caso, quedando evidenciado de esa manera, una inobservancia rotunda de dicho artículo”;

Considerando, que el presente caso se enmarca dentro de las actuaciones del Juez de la Instrucción, durante el desarrollo de la audiencia preliminar; que en la especie hubo una solicitud del aplazamiento de la misma por parte del Ministerio Público, para dar la oportunidad a la víctima de que se constituyera en querellante, ya que la acción pública se puso en movimiento por denuncia de una tercera persona, y ante la negativa del Juez de acoger dicho aplazamiento, el Ministerio Público se retiró del estrado, procediendo el Juez a ordenar notificar al superior inmediato del Ministerio Público para que éste compareciera o fuera sustituido y se procediera a presentar la acusación; lo cual no ocurrió, por lo que el J. a los treinta minutos de haber otorgado el plazo, declaró como no presentada la acusación y emitió auto de no ha lugar en provecho del imputado;

Considerando, que el artículo 304 del Código Procesal Penal, establece: “Art. 304. Auto de no ha lugar. El juez dicta el auto de no ha lugar cuando: 1. El hecho no se realizó o no fue cometido por el imputado; 2. La acción penal se ha extinguido; 3. El hecho no constituye un tipo penal; 4. Concurre un hecho justificativo o la persona no puede ser considerada penalmente responsable; 5. Los elementos de prueba resulten insuficientes para fundamentar la acusación y no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos. El auto de no ha lugar concluye el procedimiento respecto al imputado en cuyo favor se dicte, hace cesar las medidas de coerción impuestas e impide una nueva persecución penal por el mismo hecho. Esta resolución es apelable”;

Considerando, que ciertamente, tal y como alega la recurrente, dentro de las causales para la emisión de un auto de no ha lugar, no se encuentra la situación de que la acusación se dé por no presentada; por lo que la Juez a-quo incurrió en errónea interpretación de la ley al emitir un auto de no ha lugar por esta causa, y en consecuencia procede acoger el medio propuesto;

Considerando, que la recurrente, en el desarrollo de su cuarto medio de casación, alega en síntesis, lo siguiente: “que la Juez a-quo con su decisión ha provocado una indefensión rotunda a la víctima en el presente caso, puesto que a la misma no les fueron respetados sus derechos, los cuales han sido establecidos de manera expresa por nuestra normativa procesal penal, ya que a la misma no se le dio la oportunidad de constituirse en querellante, tal y como lo establece el artículo 85, el cual le otorga la posibilidad de constituirse, y lo cual no fue observado por la Juez a-quo, ocasionando que la víctima se vea asumida en una desprotección rotunda de sus derechos, lo cual se aparta a todas luces del espíritu de la normativa procesal penal; que los artículos 84, 85, 267, 268 y 269 del Código Procesal Penal Dominicano, todos fueron omitidos por la Juez a-quo en desmedro de la víctima; que la Juez a-quo establece de manera errónea en la pág. 2 de la resolución recurrida, que los plazos para la presentación de la querella por parte de la víctima, ya habían transcurrido, por lo cual el pedimento del Ministerio Público, en el sentido de que se le otorgara un plazo para tales fines, era improcedente, sin embargo, la normativa procesal penal vigente, no establece un plazo para la presentación de la querella, sino que la misma está sujeta a una condición, es decir, que sólo debe presentarse antes de que se dicte auto de apertura a juicio, y bajo las formalidades de ley, de lo cual resulta absurdo e irracional que dicha J. establezca que existe un plazo, cuando realmente no lo hay”;

C., que la recurrente alega además, que se le violaron los derechos a la víctima, al no permitírsele, dentro de la audiencia preliminar que en ese momento se celebraba, un plazo para poder presentar su querella con las formalidades exigidas por la ley;

Considerando, que ciertamente, tal y como alega la recurrente, el artículo 270 del Código Procesal Penal, establece que la querella puede presentarse antes de que se dicte auto de apertura a juicio y si es presentada en la audiencia preliminar, deben cumplirse todas las condiciones de forma y de fondo previstos en esa etapa; que por otro lado, el artículo 12 del Código Procesal Penal establece que las partes intervienen en el proceso en condiciones de igualdad. Para el pleno e irrestricto ejercicio de sus facultades y derechos, los Jueces deben allanar todos los obstáculos que impidan la vigencia o debiliten este principio; por lo que en el presente caso, la Juez a-quo, en cumplimiento de la parte in fine del precitado artículo 12, debió otorgar a la víctima un plazo razonable para que ésta redactara su querella con las formalidades exigidas por la ley, y así salvaguardar el principio de igualdad entre las partes y no dejar a la víctima en estado de indefensión, al emitir un auto de no ha lugar en provecho del imputado; por lo procede acoger este medio;

Considerando, que cuando la sentencia es casada por la inobservancia de reglas procesales cuyo cumplimiento esté cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas.

Por tales motivos, Primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la Procuradora Fiscal Adjunta del Distrito Nacional, L.. W.G.C., contra la resolución del 20 de septiembre del 2007, dictada por el Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior del presente fallo, en consecuencia, casa la referida decisión; Segundo: Ordena el envío del presente caso por ante la juez coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, para que mediante el sistema aleatorio designe un Juzgado de la Instrucción, con exclusión del Quinto Juzgado; Tercero: Compensa las costas.

Firmado: H.Á.V., J.I.R., E.H.M., Dulce M.R. de G., G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.