Sentencia nº 38 de Suprema Corte de Justicia, del 2 de Julio de 2008.

Fecha de Resolución: 2 de Julio de 2008
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 02/07/2008

Materia: Criminal

Recurrente(s): R.E.C.S., Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Puerto Plata

Abogado(s): L.. R.J.M.A., R.C.B.P., E.L.U.C.

Recurrido(s):

Abogado(s):

Intrviniente(s):

Abogado(s):

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces H.Á.V., Presidente; J.I.R., Dulce Ma. R. de G. y V.J.C.E., asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 2 de julio de 2008, años 165° de la Independencia y 145° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre los recursos de casación interpuestos por R.E.C.S., dominicano, mayor de edad, soltero, cédula de identidad y electoral No. 001-1217386-9, domiciliado y residente en el residencial Ortega y Gasset, edificio B-2, Apto. 304 de esta ciudad, imputado, y por la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Puerto Plata, ambos contra la sentencia dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el 4 de diciembre de 2007, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído a los Licdos. R.J.M.A., R.C.B.P. y E.L.U.C., en la lectura de sus conclusiones en la audiencia de fecha 21 de mayo de 2008, a nombre y representación del recurrente R.E.C.S.;

Oído a los Licdos. L.O.G. y D.A.G., en la lectura de sus conclusiones en la audiencia de fecha 21 de mayo de 2008, a nombre y representación de la parte recurrida Marcos Antonio Cruz Céspedes;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el escrito motivado interpuesto por los Licdos. R.J.M.A., R.C.B.P. y E.L.U.C., a nombre y representación de R.E.C.S., depositado el 18 de diciembre de 2007, en la secretaría de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, mediante el cual interpone dicho recurso de casación;

Visto el escrito motivado suscrito por la Licda. M.M.G., Procuradora Fiscal Adjunta del Distrito Judicial de Puerto Plata, depositado el 18 de diciembre de 2007, en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente (OJSAP) de Puerto Plata, mediante el cual interpone dicho recurso de casación;

Visto el escrito de contestación al recurso de casación interpuesto por el imputado R.E.C.S., suscrito por la Licda. M.M.G., Procuradora Fiscal Adjunta del Distrito Judicial de Puerto Plata, depositado el 27 de diciembre de 2007 en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente (OJSAP) de Puerto Plata;

Visto la resolución dictada por esta Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia el 8 de abril de 2008, que declaró inadmisible el recurso de casación incoado por la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata y declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el imputado R.E.C.S. y fijó audiencia para conocerlo el 21 de mayo de 2008;

Vista el escrito de solicitud de revisión de medida de coerción suscrito por el Lic. R.J.M. por sí y por los Licdos. E.L.U. y R.C.B.P., a nombre y representación del imputado R.E.C.S.;

Visto la Ley No. 25 de 1991, modificada por la Ley No. 156 de 1997;

La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y vistos los artículos 393, 394, 397, 399, 400, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; 65 y 70 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; los artículos 2, 295, 304 y 309 del Código Penal Dominicano; la Ley No. 278-04 sobre Implementación del Proceso Penal, y la Resolución 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 31 de agosto de 2006;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes: a) que el 14 de noviembre del 2006, ocurrió un incidente entre el ex-mayor de la P.N. R.E.C.S. y el 2do. Tte. P.N.M.A.C.C., en la avenida Circunvalación Norte, Malecón de Puerto Plata, frente al restaurant Jepols, donde resultó con herida de balas el 2do. Tte. P.N.M.A.C.C.; b) que ocasión de lo acontecido, el 5 de marzo de 2007, la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Puerto Plata presentó acta de acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de ex-mayor de la P.N., R.E.C.S., imputándolo de agresión física e intento de homicidio conforme a los artículos 309, 310, 2, 295 y 304 párrafo II, del Código Penal; c) que al ser apoderado el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Puerto Plata dictó auto de apertura a juicio en contra del procesado; d) que para el conocimiento del fondo del proceso fue apoderado el Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Departamento Judicial de Puerto Plata, el cual dictó sentencia el 20 de julio de 2007, cuyo dispositivo establece lo siguiente: “Primero: Declara a R.E.C.S. (Sic), culpable de violar los artículos 2, 295 y 304 párrafo II del Código Penal, tentativa de homicidio, en perjuicio de M.A.C.C.; Segundo: Condena a R.E.C.S., a cumplir doce (12) años de reclusión mayor en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe de Puerto Plata, de conformidad a las previsiones del artículo 304 párrafo II del Código Penal, y 338 y 339 del Código Procesal Penal; Tercero: Condena a R.E.C.S., al pago de las costas penales; Cuarto: Acoge como buena y válida en cuanto a la forma la constitución en actor civil de M.A.C.C. por haber sido hecha conforme al derecho, en cuanto al fondo condena a R.E.C.S. a pagar Ocho Millones de Pesos (RD$8,000,000.00), como indemnización por los daños ocasionados a M.A.C.C.; Quinto: Condena a R.E.C.S., al pago de las costas civiles con distracción a favor y provecho del L.. Domingo G. quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte”; e) que dicha decisión fue recurrida en apelación por R.E.C.S., M.A.C.C. y la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Puerto Plata, siendo apoderada la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, la cual dictó su fallo, objeto del presente recurso de casación, el 4 de diciembre de 2007, cuyo dispositivo dice lo siguiente: “PRIMERO: Se declaran admisibles en cuanto a la forma los recursos de apelación interpuestos: a) A las once y cuarenta y tres minutos (11:43) horas de la mañana, del día dos (2) del mes de agosto del año dos mil siete (2007), por el Dr. D.A.G. y L.. L.O.G.H., en representación del señor M.A.C.C.; b) a las cinco y veinticuatro minutos (5:24) horas de la tarde, del día dos (2) del mes de agosto del año dos mil siete (2007), por la Licda. M.M.G., Procuradora Fiscal Adjunta de este Distrito Judicial de Puerto Plata; y c) el interpuesto a las doce y un minuto (12:01) horas de la tarde, del día dos (2) del mes de agosto del año dos mil siete (2007), por el Dr. R.C.B.P. y los Licdos. R.J.M.A. y E.L.U.C., en representación del señor R.E.C.S. (Sic), todos en contra de la sentencia No. 00108/2007 de fecha veinte (20) del mes de julio del año dos mil siete (2007), dictada por el Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Departamento Judicial de Puerto Plata; SEGUNDO: En cuanto al fondo, acoge parcialmente el recurso de apelación, interpuesto por el imputado R.E.C.S. y esta Corte de Apelación actuando por propia autoridad y contrario imperio, revoca el ordinal cuarto de la sentencia impugnada y, en consecuencia, en cuanto al aspecto civil, condena al nombrado R.E.H.S., a pagar Cinco Millones de Pesos (RD$5,000,000.00) como justa indemnización a favor del agraviado M.A.C.C., por los daños y perjuicios recibidos a consecuencia del ilícito penal. Respecto a los demás recursos se rechazan, por los motivos expuestos en la presente decisión; TERCERO: Se compensan entre las partes las costas del proceso”;

Considerando, que el recurrente R.E.C.S., por intermedio de sus abogados constituidos, L.. R.J.M.A., R.C.B.P. y E.L.U.C., propone contra la sentencia impugnada, lo siguiente: “Sentencia manifiestamente infundada, basada en la inobservancia o errónea aplicación de disposiciones del orden legal y constitucional”;

Considerando, que en el desarrollo de su escrito de casación, el recurrente R.E.C.S., alega en síntesis, lo siguiente: “Que a la Corte a-qua le fue planteado, que el tribunal de primer grado, violó las disposiciones de los artículos 124.2, 271.2 y 122 del Código Procesal Penal; que la Corte a-qua hizo una incorrecta aplicación de los referidos artículos, así como de los artículos 83, 84, 85 y 118 del mismo código, debido a que la querella con constitución en actor civil el abogado que la suscribe no estaba provisto de ningún poder de representación; que el querellante no se adhirió a la acusación presentada por el Ministerio Público conforme a las prescripciones del artículo 296 del Código Procesal Penal, ya que no consta por escrito, sino que lo hizo vía oral; que a la Corte a-qua le fue planteado que el tribunal de primer grado violó las disposiciones de los artículos 331 y 24 del indicado código, al autorizar al querellante y actor civil replicar las conclusiones de la defensa en base al artículo 12 del mencionado código, sobre igualdad de las partes, por lo que al no aplicar el artículo 331, debió declarar inconstitucional el mismo para proceder a acoger el artículo 12 supraindicado; que la Corte a-qua al igual que el tribunal de primer grado incurrió en violación al artículo 172 al no valorar debidamente las pruebas testimoniales; que a la Corte se le planteó que el tribunal de primer grado incurrió en violación al artículo 334.3 del Código Procesal Penal al no consignar el voto de cada juez, y la respuesta dada por la Corte carece de motivos; que el imputado fue condenado por violación a los artículos 2, 295 y 304 del Código Penal, lo cual resulta contrario a lo acreditado en la acusación por el Ministerio Público; que la Corte a-qua justifica la condena del imputado bajo el alegato de que los jueces pueden condenar por un delito distinto al solicitado por la acusación, sin embargo, olvida la Corte que la condenación por un delito distinto al contenido en la acusación, está sujeto a que al imputado se le advierta sobre la posibilidad de ser condenado por un hecho distinto, cosa que no sucedió; que le fue violado el derecho de defensa porque desde el inicio del proceso ha precisado que el tipo penal era violación al artículo 309 del Código Penal; que la Corte a-qua no dio respuesta sobre la violación al principio de imparcialidad y al principio de separación de funciones en que incurrió el tribunal de primer grado; que el Ministerio Público nunca puso a disposición de la defensa las pruebas para que éstas pudieran ser examinadas, criterio sobre el cual la Corte no contestó; que la Corte tampoco dio respuesta al hecho de que los jueces del tribunal de primer grado se convirtieron en acusadores al justificar y plasmar los elementos constitutivos de tentativa de homicidio y no de los golpes y heridas, por lo que puso al imputado en un estado de indefensión…”;

Considerando, que por la solución que se le dará al caso se procede a examinar dentro del medio presentado por el recurrente, sólo el aspecto relativo a la calificación jurídica y a la indemnización, sin necesidad de observar los demás argumentos expuestos por el recurrente;

Considerando, que la Corte a-qua para fallar el tercer medio propuesto por el recurrente en torno a la indemnización y al hecho de que la calificación jurídica del caso debió ser violación al artículo 309 del Código Penal Dominicano, que sanciona los golpes y heridas, dijo lo siguiente: “Que debe dársele la razón a los recurrentes en lo que se refiere a su reclamo sobre la fijación de la indemnización civil que hace en sentencia, la cual ciertamente está ayuna de fundamentación, pues se observa en el fallo apelado que, para imponer la sanción económica referida, los jueces a-quo (pese a que indica en su sentencia haber tomado en cuenta los daños recibidos por el agraviado, no especifica el por qué de una cuantía tan elevada como la fijada de Ocho Millones de Pesos RD$8,000,000.00; con respecto a la imposición de la pena al condenado, dejó claramente establecido que obró en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 y 295 del Código Penal sin emitir puntualizar cuáles circunstancias de hecho y de derecho los llevaron a fijar la pena en 12 años de reclusión mayor de prisión, y no en un monto diferente, por aplicación de haber obrado en legítima defensa. Como es sabido por todos los tribunales penales tienen la facultad de imponer la pena dentro de los límites señalados por el legislador, pero esa facultad discrecional debe ser debidamente motivada en la sentencia, pues solo así las partes, los particulares y la Corte podrán apreciar los fundamentos que tuvieron los jueces para escoger una determinada pena y fijar su extensión, con el interés de controlar que los mismos no incurran en arbitrariedad. En la especie el a-quo estableció la pena de conformidad con lo establecido en los artículos 304 párrafo II del Código Penal y 338 y 399 del Código Procesal Penal, por lo que no incurrió en arbitrariedad al aplicar la pena al ahora imputado recurrente R.E.C.S.”;

Considerando, que la Corte a-qua también dio por establecido lo siguiente: “Finalmente, por los hechos comprobados, según se extraen de las declaraciones de los testigos que lo presenciaron, esta Corte de Apelación, ha podido determinar y comprobar que, en el presente caso, se trata de la infracción de tentativa de homicidio y golpes y heridas que producen lesiones permanentes, previstas y sancionadas, por los artículos 2, 295, 304 párrafo II y 309 del Código Penal, en razón de que se encuentran reunidos los elementos constitutivos del mismo como son: El hecho material de que el imputado haya producido una herida a la víctima, el hecho de que las heridas hayan producido lesión permanente a la víctima, y el elemento moral que es la intención, que se deriva de que el imputado actuó de manera libre y voluntaria, en ocasión de haber inferido las heridas a la víctima, por lo que al J. a-quo, otorgar la calificación jurídica de tentativa de homicidio, previsto y sancionado por los artículos 295 y 304 del Código Penal, ha hecho una correcta apreciación de los hechos y justa aplicación de una norma jurídica. Por otro lado, en lo que se refiere a los medios invocados por el recurrente, consistentes en golpes y heridas voluntario y legítima defensa, establecidas en los artículos 309 y 328 del Código Penal, esta Corte de Apelación, por la ponderación de los testimonios vertidos ante el Juez a-quo, por los testigos que declararon en la audiencia oral, pública y contradictoria, no ha podido determinar, que de parte de la víctima, haya provenido, provocación o agresión, por cuanto quien llegó a la mesa en que compartía la víctima en compañía del M. de la P.N.J.A.S.R., lo fue el imputado y ahora recurrente R.E.C.S., quien fue la persona que inició la agresión verbal y física, según declaración de los testigos, esto no constituye una provocación, ya que para que se admita la excusa legal de la provocación, es necesario que la víctima haya incitado al imputado a que ejecute un hecho contra él y en cuanto a la amenaza, haya ejercido violencia morales contra el imputado, atentatoria a su libertad individual, excusas, que no han podido ser comprobadas, mediante las pruebas aportadas al proceso, por lo que dichos medios deben de ser rechazados por improcedentes e infundados… que la pena de reclusión mayor de 12 años impuesta por los jueces sentenciadores del Tribunal a-quo, se enmarca dentro de la cuantía establecida por el artículo 18 del Código Penal, por lo que tomando en cuenta los parámetros establecidos por los artículos que han sido citados del Código Procesal Penal, la Corte la considera justa y adecuada; que procede a revocar el ordinal primero de la sentencia impugnada, en cuanto a la calificación jurídica otorgada por el Juez a-quo a los hechos cometidos y comprobados, por el imputado, los cuales fueron calificados por el mismo como previsto y sancionado por el artículo 295 y el artículo 304, párrafo II del Código Penal, por la infracción prevista y sancionada por el artículo 309, parte in fine del Código Penal, por los motivos expuestos”;

Considerando, que de lo expuesto anteriormente se advierte que la Corte a-qua incurre en contradicción de motivos que no permiten determinar una correcta aplicación de la ley, debido a que por un lado confirma la pena de 12 años de reclusión mayor por haber aplicado el tribunal de primer grado la legítima defensa; por otro lado, refiere, que no hubo legítima defensa ni excusa de la provocación, sino que el Juez a-quo hizo una correcta apreciación de los hechos al calificarlos de tentativa de homicidio, sin embargo, no determina los elementos constitutivo de dicha figura jurídica, así como tampoco expone si al imputado luego de iniciar la ejecución de la infracción se le impidió concluir la misma, y por otro lado, la Corte señala, que procede modificar el ordinal primero en cuanto a la calificación jurídica de 2, 295 y 304 del Código Penal, por la de 309 del mismo código, como se ha establecido anteriormente, sin embargo, sólo modifica el ordinal cuarto de la sentencia de primer grado, en torno al aspecto civil, y confirma los demás aspectos; por lo que, tal como señala el recurrente, la sentencia impugnada es manifiestamente infundada; en consecuencia, procede acoger dicho medio;

Considerando, que el imputado R.E.C.S. solicitó a esta Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, la revisión de la medida de coerción;

Considerando, que en efecto y en buen derecho debe entenderse como preventiva, la medida cautelar adoptada por las autoridades competentes, cuya finalidad es evitar que alguien, contra quien existen indicios serios de ser presunto autor o cómplice de un hecho delictivo grave, pueda escapar, de resultar culpable, a la condenación de que es merecedor y cuya naturaleza provisional cesa tan pronto se dicte una sentencia definitiva, aunque no irrevocable;

Considerando, que en la especie, reposan dos sentencias condenatorias contra el imputado por lo que no se encuentra guardando prisión en base a una medida de coerción como pretende establecer la defensa del recurrente, sino por la condena establecida por los tribunales de fondo; en consecuencia carece de fundamento la instancia depositada por la defensa del imputado, sobre variación de medida de coerción;

Considerando, que cuando la sentencia es casada por la inobservancia de reglas procesales cuyo cumplimiento esté cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas.

Por tales motivos, Primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por R.E.C.S. contra la sentencia dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el 4 de diciembre de 2007, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior del presente fallo; en consecuencia casa la referida sentencia; Segundo: Envía el presente proceso por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, a fin de que realice una nueva valoración de los méritos del recurso de apelación del recurrente R.E.C.S.; Tercero: Rechaza el escrito de solicitud de revisión de medida de coerción, por los motivos expuestos; Cuarto: Compensa las costas.

Firmado: H.Á.V., J.I.R., Dulce M.R. de G., V.J.C.E., G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.