Sentencia nº 40 de Suprema Corte de Justicia, del 20 de Octubre de 2004.

Fecha de Resolución:20 de Octubre de 2004
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 20/10/2004

Materia: Criminal

Recurrente(s): R.M.A..

Abogado(s):

Recurrido(s):

Abogado(s):

Intrviniente(s):

Abogado(s):

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces H.Á.V., Presidente; J.I.R., E.H.M., Dulce Ma. R. de G. y V.J.C.E., asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 20 de octubre del 2004, años 161 de la Independencia y 142 de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: Sobre el recurso de casación interpuesto por R.M.A., dominicano, mayor de edad, soltero, domiciliado y residente en Villa Progreso de la ciudad de San Pedro de Macorís, acusado, contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 12 de septiembre del 2002, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Vista el acta del recurso de casación levantada en la secretaría de la Corte a-qua el 23 de septiembre del 2002 a requerimiento del recurrente, en la cual no se invoca ningún medio contra la sentencia impugnada;

Vista la Ley No. 25 de 1991, modificada por la Ley No. 156 de 1997; La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y vistos los artículos 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar o Doméstica, y 1, 28 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos que en ella se refieren son hechos constantes los siguientes: a) que el 24 de marzo de 1998 la señora P.M.H. interpuso una querella en contra de R.M.A. y/o J.R.G. (a) Tico, por el hecho de secuestro y violación sexual armado de un cuchillo a una sobrina suya menor de edad; b) el cual fue sometido a la acción de la justicia por ante el Magistrado Procurador Fiscal del Distrito Judicial de La Romana; c) que éste apoderó al Juzgado de Instrucción del Distrito Judicial de La Romana y el 11 de mayo de 1998 decidió mediante providencia calificativa enviar al acusado al tribunal criminal; d) que la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana, apoderada en sus atribuciones criminales del conocimiento del fondo del asunto, dictó su sentencia el 15 de abril de 1999, y su dispositivo aparece copiado en el de la decisión impugnada; e) que como consecuencia del recurso de alzada interpuesto por el procesado, intervino el fallo objeto del presente recurso de casación, dictado por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 12 de septiembre del 2002, cuyo dispositivo es el siguiente: "PRIMERO: Se declara bueno y válido en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto en fecha 19 de abril de 1999, por el acusado R.M.A., en contra de la sentencia en materia criminal, dictada en fecha 15 de abril de 1999, por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana, por haber sido hecho en tiempo hábil y conforme a la ley, cuyo dispositivo se transcribe a continuación: 'Primero: Se declara culpable al nombrado R.M.A., de los hechos que se le imputan, por violación a los artículos 331, 341, 342 y 344 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97; y en consecuencia se le condena a diez (10) años de reclusión y a Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa y al pago de las costas penales; Segundo: Se declara buena y válida la presente constitución en parte civil realizada por la señora P.M.H., a través de sus abogados el Lic. D.M.J.H. y la Dra. Inmaculada B., por ser hecha de conformidad con el derecho, en cuanto a la forma; en cuanto al fondo se condena al nombrado R.M.A., al pago de una indemnización a justificar por estado; SEGUNDO: En cuanto al fondo, esta corte, obrando por propia autoridad y contrario imperio, anula la sentencia objeto del presente recurso por ser la misma contentiva de nulidades, tanto de forma como de fondo; TERCERO: Declara al acusado R.M.A., culpable del crimen de violación a los artículos 331 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97 y 341, 342 y 344 del Código Penal que tipifican la violación sexual, el encierro y detención ilegal, cometida por el acusado, en perjuicio de la menor Y.D.P.M.; y en consecuencia, lo condena a cumplir una pena de diez (10) años de reclusión mayor y al pago de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa y al pago de las costas penales del procedimiento"; En cuanto al recurso de R.M.A., acusado:

Considerando, que el recurrente R.M.A. no invocó ningún medio de casación contra la sentencia al interponer su recurso en la secretaría de la Corte a-qua, ni posteriormente por medio de un memorial, pero, como se trata del recurso del procesado es preciso examinar la sentencia para determinar si la misma es correcta y la ley ha sido bien aplicada;

Considerando, que la Corte a-qua, dijo en síntesis, de manera motivada, haber dado por establecido, mediante la ponderación de los elementos probatorios aportados a la instrucción de la causa, lo siguiente: "a) Que los hechos así presentados por la querellante, víctima, y testigos del caso, les fueron también presentados al acusado recurrente, quien con la intención de defenderse, simplemente niega la comisión de los mismos, pero admite no conocer al testigo enviado a buscar para socorrer a las damas que él tenía acorraladas, sin haber tenido por tanto ningún problema con él; por lo tanto, esta corte de apelación descarta que quisieran hacer un daño; admite conocer a las demás partes del proceso e insiste en que la menor agraviada era su novia, y que nunca la secuestró como quieren decir, si no que se la llevó con él, entrando el acusado en muchas contradicciones a preguntas que les hicieran tanto su propio abogado defensor, como los jueces y el ministerio público; b) Que de los hechos y circunstancias de la causa, los cuales unos resultan controvertidos y otros fijados, es decir ya establecidos y no discutidos por las partes, esta corte de apelación ha formado su íntima convicción valorando las pruebas suministradas en el juicio con una suma crítica racional, unida a la experiencia de los Magistrados Jueces que componemos este tribunal, de que éstos sucedieron en la forma como fueron presentados, quedando comprobado lo siguiente: Que el imputado R.M.A. y/o J.J.G. (a) Tico, fue sometido a la acción de la justicia vía Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de La Romana, el día 26 del mes de marzo del año 1998, como sospechoso de éste, a eso de las 20:00 horas (8:00 P. M.) del día 25 de marzo de 1998 haber interceptado a la niña Y.D.P.M. de 13 años de edad, armado de un filoso machete de aproximadamente 18 pulgadas de largo en el momento en que ella se dirigía por mandato de su tía Pelagia Marte (a) C., quien la envió a cenar donde otra tía suya de nombre J., con el propósito de que éste no la molestara, pues el mismo se encontraba en la casa armado, de forma amenazante y agresiva intentando sustraerla de su vivienda, como ya lo había hecho, hacía aproximadamente 4 meses, y en la misma actitud con que se había presentado la tarde y la noche anterior, volvió ya a altas horas de la madrugada; que el día de los hechos, cuando el justiciable vio que la niña salía de la vivienda, la persiguió amenazándola con cortarle la cabeza, por lo que fue necesario la intervención de algunos moradores del sector, por cuya intervención fue posible su captura y posterior entrega a la Policía Nacional, no sin antes éste amenazarlos y decirle que eran dichosos que no le volaba el cuello y la cabeza a algunos de ellos; que la entrega del acusado fue difícil, pues éste quería herirse a sí mismo con los cristales del taxi en donde era conducido, lo cual se comprueba por el certificado legal que obra en el expediente y porque esas fueron declaraciones en la dotación policial; que dicho imputado estaba obsesionado con la referida menor, con quien aseguraba tener amores, y a la cual secuestró y violó sexualmente, conforme se extrae del certificado médico legal que reposa también en el expediente, y que ese secuestro duró 4 días de abusos físicos y psicológicos, pues la amenazaba con quemarle la casa y desaparecer a la madre; c) Que no obstante las preguntas de la madre y de sus familiares, éste negó rotundamente saber en donde se encontraba y de acuerdo a sus propias declaraciones la devolvió por consejos de un amigo, a quien le apodan "C."; que los hechos que dieron lugar a que este crimen fuera juzgado como ahora se hace, fue por el hecho de la menor se mantuvo tranquila por el período de esos 4 meses, ya que el acusado se encontraba preso por un hecho distinto, y tan pronto como obtuvo su libertad regresó en su búsqueda; que de acuerdo a las declaraciones del propio imputado, tanto en la policía como en instrucción, éste ha sido sometido a juicio en dos ocasiones anteriores por causa de homicidios y demuestra en el plenario una excesiva violencia y agresividad";

Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamente por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado recurrente, el crimen de violación sexual contra una adolescente, previsto y sancionado por el artículo 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, con las penas de diez (10) a quince veinte (20) años de reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo que, al condenar a R.M.A. a diez (10) años de reclusión mayor y a Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa, le aplicó una sanción ajustada a la ley.

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por R.M.A. contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 12 de septiembre del 2002, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas penales.

Firmado: H.Á.V., J.I.R., E.H.M., Dulce Ma. R. de G.V.J.C.E.. G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.