Sentencia nº 53 de Suprema Corte de Justicia, del 15 de Junio de 2005.

Fecha de Resolución:15 de Junio de 2005
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 15/6/2005

Materia: Criminal

Recurrente(s): M.B.B.C., Cesárea o C.A.G..

Abogado(s): L.. M.A.S.H..

Recurrido(s):

Abogado(s):

Intrviniente(s):

Abogado(s):

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces H.Á.V., Presidente; J.I.R., E.H.M. y Dulce Ma. R. de G., asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 15 de junio del 2005, años 162 de la Independencia y 142 de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: Sobre los recursos de casación interpuestos por M.B.B.C., dominicana, mayor de edad, peluquera, domiciliada y residente en la casa No. 2 de la manzana A-2 del sector Los Mina del municipio Santo Domingo Este provincia Santo Domingo, y Cesárea o C.A.G., dominicana, mayor de edad, cédula de identificación personal No. 7908 serie 44, domiciliada y residente en la calle Costa Rica No. 11 del sector Alma Rosa II del municipio Santo Domingo Este provincia Santo Domingo imputadas, contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo (hoy del Distrito Nacional), el 16 de febrero del 2000, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Vista el acta del recurso de casación levantada en la secretaría de la Corte a-qua el 21 de febrero del 2000 a requerimiento de la recurrente C.A.G., en la cual no se proponen medios de casación contra la sentencia impugnada;

Vista el acta del recurso de casación levantada en la secretaría de la Corte a-qua el 21 de febrero del 2000 a requerimiento de la recurrente M.B.B.C., en la cual no se proponen medios de casación contra la sentencia impugnada;

Vista el acta de desistimiento levantada en la secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo (hoy del Distrito Nacional), el 23 de octubre del 2001, a requerimiento de Cesárea A.G., parte recurrente;

Visto el memorial de casación suscrito por el Lic. M.A.S.H., actuando a nombre de la recurrente M.B.C., en el cual se invocan los medios que más adelante se analizarán;

Vista la Ley No. 278-04 sobre I. delP.P., que instituye la estructura liquidadora para el conocimiento de los procesos iniciados de conformidad y bajo el imperio del Código de Procedimiento Criminal de 1884, así como la Resolución de la Suprema Corte de Justicia No. 1170-2004 del 7 de septiembre del 2004;

Vista la Ley No. 25 de 1991, modificada por la Ley No. 156 de 1997; La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y vistos los artículos 4, 5 literal a y 75, párrafo II de la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana y 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes: a) que el 27 de noviembre de 1997 fueron sometidos a la acción de la justicia por ante el Magistrado Procurador Fiscal del Distrito Nacional, M.B.B.C., Cesária o C.A.G. y unos tales L.A.A. (a) M. y C. de J.E. (estos últimos prófugos), imputados de asociación de malhechores, narcotráfico nacional e internacional de drogas ilícitas, operando desde Venezuela hasta la República Dominicana; b) que el Juzgado de Instrucción de la Segunda Circunscripción del Distrito Nacional fue apoderado para instruir la sumaria correspondiente, y dictó el 7 de mayo de 1998, la providencia calificativa enviando al tribunal criminal a las imputadas; c) que apoderada en sus atribuciones criminales la Décima Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional del conocimiento del asunto, pronunció sentencia el 21 de septiembre de 1998, cuyo dispositivo aparece copiado en el de la decisión ahora impugnada; d) que la misma intervino como consecuencia de los recursos de apelación interpuestos por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo (hoy del Distrito Nacional), la cual pronunció su fallo el 16 de febrero del 2000, y su dispositivo es el siguiente: " PRIMERO: Declara buenos y válidos, en cuanto a la forma, los recursos de apelación interpuestos por: a) Dr. G.D.M.V., Abogado Ayudante del Magistrado Procurador Fiscal del Distrito Nacional, en representación del titular, en fecha 25 de septiembre de 1998; b) Dra. M.I.C., en representación de las nombradas Cesárea y/o C.A.G. y M.B.C., en fecha 29 de septiembre de 1998; y c) la nombrada Cesárea y/o C.A.G. en representación de sí misma, en fecha 30 de septiembre de 1998; todos en contra de la sentencia No. 503 dictada en fecha 31 de septiembre de 1998 por la Décima Sala del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en sus atribuciones criminales, por haber sido interpuestos de acuerdo a la ley, cuyo dispositivo es el siguiente: ´Primero: Se desglosa el expediente con relación a unos tales L.A.A. y C. de J.E., para que sean juzgados posteriormente por el procedimiento de la contumacia contenido en los artículos 230 y 334 y siguientes del Código de Procedimiento Criminal; Segundo: Se declaran culpables a las acusadas M.B.C.C. y/o C.A.G., de generales que constan, de violar los artículos 4, 7, 9, letra b; 8, 58, 59, 60, 75, párrafo II de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana, modificado por la Ley 17-95; y en consecuencia, se le condena a cada una a siete (7) años de reclusión y al pago de una multa de Doscientos Cincuenta Mil Pesos (RD$250,000.00); Tercero: Se les condena al pago de las costas penales; Cuarto: Se declara regular y válida la intervención voluntaria al proceso hecha por la señora Gloria Argentina Lora Colón, por intermedio de su abogado J.M.F., por ser justa y procedente en cuanto a la forma; Quinto: En cuanto al fondo, se ordena la devolución del inmueble marcado con el No. 9 de la calle 1ra. Esquina Boulevard, urbanización Los Caracoles Los Mameyes, a la señora Gloria Argentina Lora Colón, así como los bienes muebles que figuran en el inventario levantado por el ayudante fiscal en fecha 9 de diciembre de 1997, previa presentación de los documentos; Sexto: Se ordena el decomiso e incineración de los 130.1 gramos de heroína envueltos en el presente proceso; SEGUNDO: En cuanto al fondo, la corte después de haber deliberado y obrando por propia autoridad, confirma la sentencia recurrida en todas sus partes, por ser justa y reposar sobre base legal; TERCERO: Condena a las nombradas Cesárea y/o C.A.G. y M.B.C., al pago de las costas penales del proceso; En cuanto al recurso de Cesárea o C.A.G., imputada:

considerando, que consta en el expediente que en fecha 23 de octubre del 2001 la recurrente Cesárea A.G., compareció ante la secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo con la finalidad de desistir del presente recurso de casación; en consecuencia, sólo procede acoger dicho desistimiento; En cuanto al recurso de M.B.B.C., imputada:

considerando, que la recurrente en el memorial suscrito por su abogado, invoca los siguientes medios: "Primer Medio: Violación a la letra j del inciso 2 del artículo 8 de la Constitución de la República y los artículos 135, párrafos I y II; 217 y 218 del Código de Procedimiento Criminal; Segundo Medio: Violación de los artículos 248, 280 y 281 del Código de Procedimiento Criminal; Tercer Medio: Falta de base legal, desnaturalización grosera de los hechos, contradicción e insuficiencia de motivos, valoración errónea de las pruebas e interpretación improcedente de las evidencias";

considerando, que en el primer medio la recurrente invoca, en síntesis, lo siguiente:" que la providencia calificativa emitida por el Juzgado de Instrucción de la Segunda Circunscripción del Distrito Nacional, mediante la cual envió al tribunal criminal a mi representada, nunca le fue notificada, lo que ha impedido que haya podido recurrir en apelación la decisión; por tanto, hasta que no transcurra el plazo para recurrir un auto decisorio del juez de instrucción, no es posible ejecutar el dispositivo";

considerando, que consta en el expediente que desde la comparencia de la acusada a la primera audiencia, ésta fue asistida de su abogado defensor, por lo que estuvo en condiciones de conocer en toda su extensión la providencia calificativa mediante la cual fue enviada al tribunal criminal y conocer cuáles acusaciones pesaban sobre ella, así como los mecanismos legales de los que disponía, pues contaba con la asistencia legal para ejercerlos; que de igual modo, se evidencia que la defensa de la procesada no planteó ante la jurisdicción de primer grado ni ante la Corte a-qua, irregularidad alguna que invalidara la providencia calificativa en cuestión; en consecuencia, el presente medio carece de fundamento;

considerando, que en el segundo medio la recurrente invoca lo siguiente: "que durante el desarrollo de las audiencias de primer grado ante el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, se hicieron constar las declaraciones tanto de testigos como de las acusadas, en franca violación a las disposiciones precedentemente señaladas, las cuales sancionan dicha irregularidad con la nulidad absoluta del proceso";

considerando, que los medios invocados por la recurrente en casación deben ser dirigidos contra la sentencia impugnada y no contra la de primer grado; que lo trascrito precedentemente va dirigido contra la sentencia dictada por el tribunal de primer grado, lo que no puede hacerse valer en casación, por lo que procede declarar inadmisible el medio analizado;

considerando, que en su tercer medio invoca, en síntesis, lo siguiente: "Que el análisis hecho por el laboratorio de criminalística no hace constar el número del químico que lo realizó, ni hubo representante de la Procuraduría ni se hizo constar el lugar o procedencia de esas muestras, porque en dicha certificación no se mencionan los nombres de las personas a las cuales se les incautó eso";

considerando, que si bien el certificado de análisis expedido por el Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional es un medio de prueba "juris tantum", es decir, que admite la prueba en contrario, la validez de éste no fue impugnada por la imputada ante el tribunal de primer grado ni ante el tribunal de alzada, por lo que la Corte a-qua pudo basar su decisión en el contenido del mismo, ya que no fue cuestionado, por lo que no puede serlo ante la Corte de Casación y por lo tanto procede desestimar este último medio. Por tales motivos, Primero: Acoge el desistimiento hecho por Cesárea o C.A.G. del recurso de casación por ella interpuesto contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo (hoy del Distrito Nacional), el 16 de febrero del 2000, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Rechaza el recurso de M.B.C.; Tercero: Condena a las recurrentes al pago de las costas penales.

Firmado: H.Á.V., J.I.R., E.H.M., D.R. de G.. G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.