Sentencia nº 61 de Suprema Corte de Justicia, del 16 de Diciembre de 2009.

Fecha de Resolución:16 de Diciembre de 2009
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 16/12/2009

Materia: Criminal

Recurrente(s): M.R.Á.

Abogado(s): L.. U.S.

Recurrido(s):

Abogado(s):

Intrviniente(s):

Abogado(s):

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces H.Á.V., J.I.R., E.H.M., Dulce Ma. R. de G. y V.J.C.E., asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 16 de diciembre de 2009, años 166° de la Independencia y 147° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por M.R.Á., dominicano, mayor de edad, casado, cédula de identidad y electoral núm. 001-0062439-4, domiciliado y residente en la calle Puerto Rico núm. 152, edificio A.M., apartamento B-2, del sector Alma Rosa I del municipio Santo Domingo Este, imputado y civilmente demandado, contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 14 de agosto de 2009, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de República;

Visto el escrito suscrito por el Lic. U.S.S., en representación del recurrente, depositado el 7 de septiembre de 2009, en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interpone dicho recurso de casación;

Visto la resolución dictada por esta Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia el 25 de septiembre de 2009, que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente, y fijó audiencia para conocerlo el 4 de noviembre de 2009;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1977;

La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y vistos los artículos 393, 394, 397, 400, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; la Ley núm. 278-04 sobre Implementación del Proceso Penal, instituido por la Ley núm. 76-02; la Resolución 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 31 de agosto de 2006, y el artículo 66 de la Ley 2859 sobre Cheques;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, son hechos constantes los siguientes: a) que en fecha 25 de junio de 2008, A.G., presentó formal acusación, querella y constitución en actor civil en contra de M.R.Á., por presunta violación a la Ley 2859 sobre C., en su perjuicio; b) que para el conocimiento del asunto fue apoderada la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la cual dictó su sentencia el 23 de marzo de 2009, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara al imputado M.R.Á., culpable de infracción al artículo 66 de la Ley 2859, sobre C., y sus modificaciones, se le condena a cumplir una pena de quince (15) días de prisión, y al pago de las costas penales del procedimiento; SEGUNDO: Condena al imputado M.R.Á., al pago de la suma de Ciento Ochenta Mil Pesos (RD$180,000.00), a favor del actor civil y querellante, señor J.A.G.R., monto igual al valor del cheque núm. 308 de fecha veinticinco (25) del mes de junio del año dos mil ocho (2008), del Banco Popular, emitido por el imputado M.R.Á., sin la debida provisión de fondos; TERCERO: En cuanto a la forma, declara buena y válida la constitución en actor civil, interpuesta por el señor J.A.G.R., en contra del señor M.R.Á., por haberse hecho conforme a la ley; CUARTO: En cuanto al fondo de la indicada constitución en actor civil, condena al imputado M.R.Á., al pago de una indemnización de Ochenta Mil Pesos (RD$80,000.00), a favor y provecho del señor J.A.R., como justa reparación por los daños y perjuicios que la conducta del imputado M.R.Á., le ha causado al hoy querellante y actor civil, señor J.A.G.R.; QUINTO: Condena al imputado M.R.Á., al pago de las costas civiles del proceso, ordenando su distracción a favor y provecho del abogado del actor civil y querellante, L.. F.O.G.; SEXTO: Ordena la notificación de la presente sentencia al Juez de la Ejecución de la Pena del Distrito Nacional, para los fines legales correspondientes; SÉPTIMO: Difiere la lectura íntegra de la presente sentencia, para el día veinticinco (25) del mes de marzo del año dos mil nueve (2009), a las once horas de la mañana (11:00 a. m.); OCTAVO: Vale citación para las partes presentes y representadas”; c) que con motivo del recurso de alzada interpuesto intervino la decisión ahora impugnada, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 14 de agosto de 2009, y cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Desestima el recurso de apelación interpuesto por el imputado M.R.Á., por órgano de su abogado el Lic. U.S.S., en fecha 2 del mes de abril del año 2009, contra la sentencia núm. 20-2009 de fecha 25 del mes de enero del año 2009 (Sic), dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la decisión recurrida, por las razones expuestas en el cuerpo de la presente decisión; TERCERO: Condena al imputado al pago de las costas penales causadas en grado de apelación”;

Considerando, que el recurrente invoca en su recurso de casación, los medios siguientes: “Primer Medio: Inobservancia y errónea aplicación de la Ley 2859 y el artículo 405 del Código Penal. Que del análisis de la sentencia impugnada se puede establecer con mucha certeza que la misma no cumple con los principios fundamentales del Código Procesal Penal, en especial el artículo 417, toda vez que el J. a-quo, no estableció ni los motivos del fallo evacuado ni las razones de su decisión, ya que sólo se limitó a darle aquiescencia a unas pruebas violatorias de la ley, que de haberlas valorado como tal, estaba compelido a declararla inadmisible, ya que al tratarse de la violación a la Ley 2859, el juez no observó los plazos que tenía el querellante actor civil para interponer su querella previo al protesto del cheque emitido sin la provisión de fondo acorde con lo dispuesto en el artículo 26 de la referida ley de cheques; que de este artículo se desprende que al analizar el acto del protesto del cheque y la fecha de su emisión habían transcurrido 6 meses por lo cual le había caducado el plazo para exigir el pago del cheque en la forma que ordena el artículo 52 de la misma ley; que del análisis de los artículos 40 y 41 se desprende el siguiente razonamiento: Efectivamente A.G. recibió como garantía de un préstamo que le otorgara en fecha 25 de junio de 2008 a M.R.Á., un cheque por la suma de RD$180,000.00, lo que explica que los plazos transcurrieran y no fuera hasta el mes de diciembre que el referido cheque se presentó al cobro por ante la institución bancaria, ya que durante todo ese periodo se mantuvo cobrando los intereses del préstamo habiendo cobrado alrededor de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00); Segundo Medio: Mala interpretación del artículo 449 del Código Procesal Penal. Que la Corte a-qua, hace una mala interpretación del artículo 449 del Código Procesal Penal, toda vez que si bien es cierto que a la entrada en vigencia plena del Código Procesal Penal, su aplicación es general, mas sin embargo la Ley 2859 no fue derogada y su aplicación es materia constante en el quehacer judicial dominicano, en razón de que dicha ley en nada es contraria a las disposiciones del Código Procesal Penal, pues los plazos contenidos en el artículo 26 y 52 que alude la corte como derogados más bien le dan fuerza a las disposiciones del Código Procesal Penal sobre los plazos de los cuales se disponen para el conocimiento de los procesos”;

Considerando, que la Corte a-qua para fallar como lo hizo, razonó lo siguiente: “1) Que al examinar lo alegado por el recurrente constatamos que el Código Procesal Penal en su artículo 449 numeral iii, deroga las disposiciones de leyes especiales, por lo que las disposiciones del artículo 26 y 52 de la Ley 2859 sobre Cheques, quedaron derogados por el Código Procesal Penal; 2) Que en tal virtud procede confirmar la sentencia impugnada, por haber hecho el J. a-quo una correcta interpretación de la norma que rige la materia; c) Que la corte ha ponderado y examinado todos y cada uno de los documentos que obran como piezas de convicción en el expediente, los que fueron leídos en audiencia durante la instrucción de la causa y que figuran debidamente inventariados en él”;

Considerando, que esta Cámara actuando como Corte de Casación ha podido comprobar de lo precedentemente transcrito, que la Corte a-qua erró doblemente, primero al establecer que el Código Procesal derogó los artículos que regulan el delito de la emisión de cheques sin la debida provisión de fondos, y segundo al confirmar la decisión dictada por el Tribunal a-quo que condenó al imputado a 15 días de prisión, al pago de las costas penales, así como también al pago de la suma de Ciento Ochenta Mil Pesos (RD$180,000.00), monto igual al valor del cheque, Ochenta Mil Pesos (RD80,000.00) como justa reparación por los daños y perjuicios y al pago de las costas civiles, toda vez que ha sido juzgado que el artículo 29 de la Ley 2859 sobre Cheques establece un plazo de dos (2) meses contados a partir de la fecha de emisión del cheque para ser presentado para su pago, estableciendo además que de no cumplirse con este plazo el tenedor perdería los recursos a que se refiere el artículo 40 de dicha ley, el cual a su vez indica lo siguiente: “El tenedor puede ejercer sus recursos contra los endosantes, el librado y los otros obligados si el cheque presentado dentro del plazo legal no ha sido pagado, o no ha sido pagado parcialmente y si la falta de pago se ha hecho constar por auto auténtico (protesto)”; asimismo el artículo 41 establece que el protesto debe hacerse antes de que expire el término de presentación del cheque; ahora bien el artículo 52 de la ya mencionada ley dispone que: “Las acciones de los tenedores contra los endosantes y los otros obligados prescriben a los seis meses a partir de la expiración del plazo de la presentación (dos meses)”; sin embargo, continúa el texto señalado: “en caso de caducidad o prescripción de las acciones previstas anteriormente subsisten acciones ordinarias en contra del librador y los otros obligados que se hayan enriquecido ilícitamente”;

Considerando, que en la especie que se examina, el cheque fue girado por M.R.Á., a favor de A.G., el 25 de junio de 2008 y fue protestado el 17 de diciembre de 2008, es decir, fuera del plazo de dos meses establecido por el artículo 29 de la Ley 2859 sobre Cheques, para su presentación y protesto a partir de la emisión del mismo; pero fue presentado antes de los seis meses subsiguientes, por lo que obviamente el actor civil perdió por caducidad las posibilidades que le confiere el artículo 40 de esa ley, pero es claro que en virtud de la parte in fine del artículo 52 conserva las acciones ordinarias, como sería la acción civil accesoriamente a la acción pública, ya que como hemos dicho no está configurado el delito que se pretende, pero sí puede retenerse una falta civil, generadora de daños y perjuicios, toda vez que como dice el texto de referencia no se puede convalidar su enriquecimiento ilícito;

Considerando, que cuando la sentencia es casada por la inobservancia de reglas procesales cuyo cumplimiento esté a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas.

Por tales motivos, Primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por M.R.Á., contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 14 de agosto de 2009, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Casa la referida sentencia en el aspecto civil y envía el asunto por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, para que el presidente de dicha corte apodere mediante el sistema aleatorio una de sus Salas, excepto la Segunda, para una nueva valoración del recurso de apelación en el aspecto delimitado; Tercero: Compensa las costas.

Firmado: H.Á.V., J.I.R., E.H.M., Dulce M.R. de G., V.J.C.E., G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.