Sentencia nº 67 de Suprema Corte de Justicia, del 23 de Junio de 2010.

Fecha de Resolución:23 de Junio de 2010
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 23/06/2010

Materia: Criminal

Recurrente(s): R.G.P.J.

Abogado(s): Dr. H.F.C.M.

Recurrido(s):

Abogado(s):

Intrviniente(s): Inversiones, Negocios, S.A., INESA

Abogado(s): L.. Félix Moreta Familia

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los J.J.I.R., en funciones de Presidente; Dulce Ma. R. de G. y V.J.C.E., asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 23 de junio de 2010, años 167° de la Independencia y 147° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por R.G.P.J., dominicano, mayor de edad, soltero, vendedor, cédula de identidad y electoral núm. 001-1465965-9, domiciliado y residente en la calle Santa Ana núm. 13 del ensanche Altagracia, H., municipio Santo Domingo Oeste, imputado y civilmente responsable, contra la sentencia dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 22 de octubre de 2009, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído al Dr. H.F.C.M., en la lectura de sus conclusiones, actuando a nombre y representación del recurrente;

Oído al Lic. F.M.F., en la lectura de sus conclusiones, en representación de la parte interviniente;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el escrito motivado suscrito por el Dr. H.F.C.M., a nombre y representación de R.G.P.J., depositado el 7 de diciembre de 2009, en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interpone dicho recurso de casación;

Visto el escrito de contestación suscrito por el Lic. F.M.F., a nombre y representación de la interviniente Inversiones & Negocios, S.A. (INESA), depositado el 9 de febrero de 2010, en la secretaría de la Corte a-qua;

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 19 de abril de 2010, que declaró admisible el recurso de casación citado precedentemente, fijando audiencia para conocerlo el 19 de mayo de 2010;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y vistos los artículos 65 y 70 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 393, 394, 397, 400, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; la Ley núm. 278-04 sobre Implementación del Proceso Penal, instituido por la Ley núm. 76-02; la Resolución núm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 31 de agosto de 2006;

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes: a) que en fecha 23 de enero de 2009, la Procuradora Fiscal Adjunto del Distrito Judicial de Santo Domingo, presentó formal acusación y solicitud de apertura a juicio, por ante el Juez Coordinador de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Judicial de la provincia de Santo Domingo, contra R.G.P.J., por presunta violación a las disposiciones de los artículos 379 y 386-3 del Código Penal Dominicano; b) que el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo acogió dicha acusación y dictó el 3 de abril de 2009, auto de apertura a juicio contra el imputado R.G.P.J.; c) que apoderado para la celebración del juicio, el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo resolvió el fondo del asunto mediante la sentencia del 16 de julio de 2009, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Se declara al procesado R.G.P.J., dominicano, mayor de edad, no porta cédula de identidad y electoral, domiciliado y residente en la calle S.A., número 3, ensanche Altagracia, H.. Teléfono 809-747-3123, quien actualmente se encuentra en libertad, culpable del crimen de abuso de confianza, por más de Cinco Mil Pesos (RD$5,000.00), en perjuicio de la sociedad jurídica Inversiones y Negocios, S.A., en violación de las disposiciones establecidas en el artículo 408 del Código Penal Dominicano, por el hecho de éste durante se desempeñaba como vendedor de la compañía víctima en el presente proceso (Inversiones y Negocios S. A.), del dinero que le pagaban, haber hecho uso personal de la suma de Trescientos Sesenta y Cinco Mil Setecientos Trece Pesos con Sesenta y Un Centavos (RD$365,713.61); hecho ocurrido en los años 2007 y principios de 2008, en la provincia de Santo Domingo, República Dominicana; en consecuencia, se le condena a cumplir la pena de dos (2) años de reclusión menor en la Cárcel Pública de La Victoria, y al pago de las costas penales del proceso; SEGUNDO: Se admite la querella con constitución en actor civil interpuesta por la razón social Inversiones y Negocios, S.A., por haber sido presentada de conformidad con la ley; en consecuencia, se condena al procesado R.G.P.J., a pagarle una indemnización de Quinientos Mil Pesos (RD$500,000.00), a favor y provecho del reclamante, como justa reparación, por los daños económicos y morales ocasionados por el imputado con su hecho personal, que constituyó una falta penal, del cual este tribunal lo ha encontrado culpable, pasible de acordar indemnización civil a favor y provecho del reclamante; TERCERO: Se condena al procesado R.G.P.J., al pago de las costas civiles del proceso, ordenando su distracción a favor y provecho del L.. F.M.F., abogado concluyente, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; CUARTO: Se rechazan las conclusiones de la defensa por falta de fundamento legal; QUINTO: Se fija la lectura íntegra de la presente sentencia para el día 23 de julio de 2009, a las nueve (9:00 a. m.) horas de la mañana; vale notificación para las partes presentes y representadas”; d) que con motivo del recurso de alzada interpuestos intervino la decisión ahora impugnada, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 22 de octubre de 2009, y su dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el Dr. H.F.C.M., actuando en nombre y representación del señor R.G.P.J., por los motivos expuestos precedentemente; SEGUNDO: Dispone que la presente decisión sea anexada al proceso y notificada a las partes”;

Considerando, que el recurrente R.G.P.J., en su escrito de casación, invoca en síntesis, lo siguiente: “Sentencia infundada, toda vez que la Corte a-qua viola el debido proceso, al declarar la inadmisibilidad del recurso que es un aspecto de forma, y nunca debe ser tocado el fondo. En la especie, la propia Corte de Apelación dice por un lado que analizó los medios del recurso contra la sentencia impugnada, pero por otro lado la declara inadmisible por la formalidad de la misma. Que es el criterio constante de esa Suprema Corte de Justicia, que la inadmisibilidad de los recursos en materia penal, surgen por la falta generada en cuanto a las formalidades del mismo, y que en modo alguno está vedado de que conozcan situaciones sobre el fondo de la misma. Que en este tenor, cuando la Corte a-qua indica que la sentencia no presenta los vicios argüidos en el recurso de apelación, y de la ponderación de los medios de pruebas, como son las pruebas testimoniales, ya descritas, y que del examen que dicen haber observado, se estila que conoció del fondo del recurso, y por lo cual no podía declarar la inadmisibilidad del recurso, por lo que esa decisión luce totalmente alejada de su realidad única, debe ser revocada de pleno derecho. Por otro lado, esta Suprema Corte de Justicia debe ponderar, que al hoy recurrente se le acusa de dos delitos, violación a los artículos 379 y 386 numeral 3, y 408 del Código Penal Dominicano, y que fuera variado por el crimen de abuso de confianza. Que al establecer y retener una falta penal, ante los hechos ya expresados, y observando cada una de las piezas del presupuesto de pruebas documentales y testimoniales presentadas por los acusadores, en el mismo no se hace constar más allá del testimonio de E.G.S.G., quien dijo ser contadora pública, la presencia de un informe contable o una auditoria financiera, que refleje la referida distracción de valores que R.G.P.J., en su accionar supuestamente le había causado a la empresa. A que era de suma importancia ese informe o peritaje, y no la existencia de recibos que supuestamente fueron cobrados por el imputado, quien desde un principio, al negar la existencia, estaba en la obligación de aplicarse la prueba en contrario, o sea, que no era a él que le correspondía presentar ese informe, sino que por el principio fundamental de la presunción de inocencia, su negativa endilga una fe pública a la verdad, la cual debía destruirse por la incorporación legal de la señalada prueba de contaduría”;

Considerando, que, en la especie, tal y como lo plantea el recurrente en el primer aspecto de su recurso de casación, la Corte a-qua al examinar la admisibilidad del recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo el 16 de julio de 2009, expresó lo siguiente: “Que la sentencia no presenta los vicios argüidos por el recurrente tomando en cuenta la suficiencia de los medios de pruebas a cargos: testimonio de J.E.R.M. y E.G.S. y los recibos originales de pagos que no reportó el imputado. Que del examen de las actuaciones recibidas esta corte ha podido determinar que la sentencia carece de las faltas argüidas por el recurrente, la cual incluso de manera libre, voluntaria e inteligente admitió la comisión de los hechos sustentadas en las razones que la llevaron a cometerla, motivos por los cuales el referido recurso de apelación deviene en inadmisible”; con lo cual, evidentemente, la Corte a-qua tocó aspectos sustanciales y el fondo mismo del caso, en franca violación a las disposiciones del artículo 420 del Código Procesal Penal; por consiguiente, procede acoger este alegato, sin necesidad de analizar los demás aspectos del recurso;

Considerando, que cuando una decisión es casada por una violación a las reglas cuya observancia esté a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas.

Por tales motivos, Primero: Admite como interviniente a Inversiones & Negocios, S.A. (INESA), en el recurso de casación interpuesto por R.G.P.J., contra la sentencia dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 22 de octubre de 2009, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Declara con lugar el referido recurso de casación, en consecuencia casa la sentencia impugnada y ordena el envío del asunto por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, para que su Presidente aleatoriamente elija una de sus Salas, para una nueva valoración de los méritos del recurso de apelación de que se trata; Tercero: Compensa las costas.

Firmado: J.I.R., Dulce M.R. de G., V.J.C.E., G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.